El lunes 19 de enero, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que el país prevé un aumento en la producción de oro de por lo menos el 30 % para 2026. Al mismo tiempo, hizo un recuento de cómo estuvo el sector minero el año anterior cuando, según la mandataria, el país alcanzó una producción de 9.5 toneladas de explotación aurífera. Rodríguez también dijo que la producción de hierro aumentaría en un 50 % y la de carbón, en un 100 %.

Durante su reunión de trabajo con el sector de Industrias Básicas y Minería también informó que la Asamblea General tiene en agenda la aprobación de una nueva Ley Orgánica de Minas y Minerales, que de concretarse permitiría la captación de inversiones internacionales.

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“Estos planes los estuvimos trabajando con el presidente Maduro el año pasado. Un plan para el incremento de la producción de oro, hierro, bauxita y los minerales estratégicos para el desarrollo de Venezuela y para la generación de divisas”, dijo Rodríguez durante su exposición.

De esta forma, Delcy Rodríguez marca el camino que seguirá Venezuela en su política de extracción de recursos naturales, un rumbo que para varios especialistas entrevistados por Mongabay Latam no se distancia de la política que Nicolas Maduro siguió durante su mandato.

Una política extractivista que en el sector petrolero está siguiendo los mandatos del Gobierno de Estados Unidos, luego de que el pasado 3 de enero Donald Trump ordenara una incursión militar en el país sudamericano y la captura del entonces presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Siguiendo las demandas de Estados Unidos, el 29 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que permitirá mayor participación de inversionistas privados en la industria petrolera. Estos cambios en la norma ofrecerían a las compañías internacionales facilidades para invertir en conjunto con la firma estatal PDVSA, además de un mayor control sobre los proyectos y acceso más directo a las ganancias de las ventas de petróleo.

Ahora, tras el ingreso de Estados Unidos a Venezuela, surgen interrogantes sobre cuál será el rumbo en las políticas ambientales y en la explotación de recursos naturales que asumirá la mandataria Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como la vicepresidenta en el último gobierno de Maduro, además de cargos como ministra de Relaciones Exteriores y de Economía.

Según un informe publicado recientemente por las organizaciones SOSOrinoco y World Heritage Watch, “Rodríguez no es una funcionaria ajena a las operaciones extractivas, sino una de las principales arquitectas y ejecutoras de un modelo económico basado en la minería ilegal”.

El reporte de estas instituciones también señala que la actual presidenta interina de Venezuela “habría supervisado la consolidación del Arco Minero del Orinoco mediante decretos considerados ilegales, sin consulta previa a los pueblos indígenas y en violación de tratados internacionales, incluida la Convención del Patrimonio Mundial”.

“No hay política ambiental en Venezuela”

“Debemos resaltar que ha habido continuidad y que no hay una ruptura. Se extrajo al presidente [Maduro] y a la primera dama pero la estructura de gobierno, prácticamente, es la misma”, comenta el sociólogo Emiliano Teran-Mantovani, investigador de la Universidad Central de Venezuela.

Teran-Mantovani comenta que pese al poco tiempo transcurrido —poco más de un mes— luego de la incursión estadounidense, empiezan a asomar algunas posibilidades sobre el rumbo de Venezuela en su política ambiental. Lo primero que destaca el experto es que cuando habla de continuidad en Venezuela se refiere a que el país mantiene una estructura con “el mismo régimen político” anterior, aun cuando se cuente con un nuevo gobierno. Eso implica que se mantiene la misma “estructura económica y de poder”.

En ese régimen, dice Teran-Mantovani, se dio la “más clara destrucción de la política ambiental venezolana, que siempre estuvo subordinada a la industria petrolera y a los designios del petroEstado”. En ese sentido, el sociólogo precisa que durante décadas los impactos de la industria petrolera “fueron tremendos y se mantuvieron en una gran impunidad”.

Teran-Mantovani añade que esto ocurrió desde la llamada Cuarta República de Venezuela —desde 1958 hasta 1999—, que luego continuó en el periodo de Hugo Chávez (1999-2013) y se mantiene hasta hoy. “Hay una continuidad y queda claro que la política ambiental no es una prioridad para el Gobierno”.

Si bien Teran-Mantovani menciona que durante el Gobierno de Chávez surgió un discurso sobre el ecosocialismo y se “habló de un proyecto político con la naturaleza”, nada de ello se sustentó en la realidad. “La devastación que generó la industria petrolera, la deforestación, la contaminación por mercurio en la Amazonía, la impunidad en torno a los conflictos ambientales se mantuvieron de forma no solo permanente, sino intensa”.

Es más, para el investigador los problemas ambientales en Venezuela se agudizaron con la crisis política, económica y social que empezó en 2013, por tanto, “lo poco que hubo en relación a una política ambiental terminó destruida”.

En su análisis, el sociólogo venezolano acota que el Gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando los acuerdos económicos en la reorganización del país. “Es sacar más petróleo, acelerar los cambios legislativos para que sean favorables a las inversiones extranjeras y no a la protección ambiental ni a los intereses nacionales”, agrega.

“La continuidad de la que hablo se intensifica porque se formaliza la indolencia ambiental con las leyes que regulan claramente la liberalización y el favorecimiento del capital extranjero antes que la protección ambiental”, comenta Teran-Mantovani y agrega otro factor a su evaluación: la política estadounidense actual. “Trump ha sido muy claro en su política antiambiental en los Estados Unidos, en los acuerdos globales sobre el clima. Este factor es importante porque si la democracia ni siquiera está sobre la mesa, lo ambiental está oculto, ni se menciona”.

Alejandro Álvarez, coordinador general de la organización Clima 21, también asegura que en Venezuela “no hay una política ambiental” y menciona que durante todo el período denominado bolivariano —que empieza con el gobierno de Chávez— había una gran diferencia entre lo que se decía y lo que pasaba en términos ambientales en el país. “Eso ha sido una tendencia general a lo largo de estos casi 30 años que llevamos de este periodo”.

Álvarez dice que, en los últimos diez años, ha ocurrido una diferenciación cada vez mayor entre el discurso y la práctica, y menciona, específicamente, el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco, el 24 de febrero de 2016. “Desde un inicio se sabía que iba a ser dañino para el ambiente, pero se presentó como un gran aporte social y económico y que iba a respetar completamente el tema fiscal y los derechos mineros”.

Otro tema que aborda Álvarez es la total inacción del Gobierno en temas climáticos. “Llevamos once años asegurando que se elaborará el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y hasta este momento no se concreta, mientras el 60 % de la población venezolana no tiene acceso al agua potable de manera regular”.

Álvarez agrega que el cambio de la ley de hidrocarburos es para permitir que empresas de Estados Unidos puedan operar con enorme facilidad. “Algunas personas en el país piensan que una empresa que en su país de origen, Estados Unidos, cumple con regulaciones ambientales posiblemente aplicaría lo mismo en Venezuela, pero yo no estoy seguro de eso, por dos razones: son empresas petroleras cuyo interés, para nada, es la protección ambiental y, adicionalmente, porque Donald Trump desprecia completamente cualquier regulación ambiental”.

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¿Hacia dónde va la política ambiental de Rodríguez?

Cristina Burelli, fundadora de SOSOrinoco, también se une a las voces que no ven cambios en las decisiones ambientales. “El único anuncio, digamos, oficial por parte de Delcy Rodríguez fue que aumentará la producción, obviamente, de petróleo, pero también de los minerales, aunque no está muy claro si el 30 % que ha anunciado es de oro o en general de la minería”, comenta sobre el reciente anuncio de la presidenta de Venezuela.

En ese sentido, Burelli cuestiona que la mandataria de Venezuela no mencionara “absolutamente nada sobre la minería ilegal”. Por el contrario, dice que “en las últimas semanas, todo sigue igual en las minas ilegales del sur de Venezuela, sigue llegando maquinaria pesada, siguen las dragas en los ríos, el flujo de gasolina a las minas, que es monopolio de las Fuerzas Armadas”.

Burelli habla de lo caótica que es la minería en el sur del país, “con pequeños mineros controlados por grupos armados organizados”, sin ningún respeto por las leyes ambientales ni atención a las condiciones de trabajo. “Cada vez estamos viendo más accidentes mineros porque hay más minería y más mineros trabajando en la zona en condiciones infrahumanas, sin ningún control», afirma.

Explica, además, que hasta que no haya un anuncio por parte del Gobierno de que van a empezar a limitar y cerrar las minas ilegales, «todo seguirá igual y no tenemos ninguna esperanza de que ocurran cambios”.

Burelli responsabiliza a Delcy Rodríguez por la política minera que existe en Venezuela porque la supervisión del arco minero ha estado bajo su responsabilidad cuando era ministra y vicepresidenta. “Ella ha permitido la cohabitación entre el Estado y los grupos armados organizados que controlan estas minas y que ejercen una gobernanza criminal en todas estas minas”.

Ella tiene responsabilidad directa, asegura Burelli, porque “conoce muy bien lo que está ocurriendo” en esa zona. Además, asegura que fue responsabilidad de Rodríguez que la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que tenía el encargo de visitar las minas en septiembre de 2022, no lograra su cometido. “Todos los años la Unesco pide que se defina una fecha para la visita, pero hasta hoy el Gobierno de Venezuela la sigue postergando”.

Para Burelli la política ambiental en Venezuela está impactada por el decreto del Arco Minero del Orinoco, una decisión que convirtió a la pequeña minería “en una máquina de extracción violenta patrocinada por el Estado y controlada por autoridades civiles y militares que se benefician de toda la cadena de suministro.

En ese sentido, la investigadora coincide en que Delcy Rodríguez está siguiendo la misma línea en política ambiental marcada por los gobiernos que la precedieron.

De acuerdo con el informe Una mirada a la minería ilegal de oro en el hemisferio occidental, publicado por Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT) Coalition, la mayor parte del oro de Venezuela se lava internacionalmente a través de empresas ficticias y cadenas de suministro poco transparentes, incluso en Estados Unidos.

En un artículo publicado en Mongabay Latam, en octubre de 2025, se explica que estas operaciones suelen estar controladas por élites militares, grupos guerrilleros y bandas transnacionales que explotan las lagunas y brechas en los sistemas financieros y comerciales de Estados Unidos.

Mongabay Latam contactó a miembros del equipo de Rodríguez para preguntar sobre los anuncios en temas de minería y petróleo, las decisiones en política ambiental y los problemas presentes en el Arco Minero del Orinoco, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta.

Teran-Mantovani plantea algunos escenarios futuros de la política ambiental de Delcy Rodríguez. Por un lado, “que se mantenga una continuidad total con el autoritarismo, sin democracia y con el desastre ambiental”. Un segundo escenario apunta a “algunas medidas paliativas”, pero sin cuestionar el modelo o las políticas ambientales de fondo. Sin embargo, “podrían aparecer algunas medidas, más bien, cosméticas sobre lo ambiental para refrescar un poco la imagen en relación al medioambiente”.

El sociólogo piensa que Rodríguez podría intentar “un contraste con el Gobierno de Maduro” e iniciar algunas medidas ambientales que calmen las críticas nacionales e internacionales y muestren “una imagen más verde”, como un incentivo para que ingresen inversiones climáticas a Venezuela.

En ese camino, dice Teran-Mantovani, el Gobierno podría formalizar algunas minas en el Arco Minero del Orinoco y despejar un poco el crimen organizado para “dar una apariencia de un camino hacia la legalidad”, que ha sido parte de la propuesta de la oposición. “Esto ya estuvo sobre la mesa, incluso en grandes conferencias mineras, la propuesta que llevaba la oposición era: vengan, inviertan que nosotros vamos a garantizar todo”.

Estos son los dos escenarios que plantea el sociólogo, pero en ninguno de ellos vislumbra “una política ambiental que aborde la restauración del desastre ambiental que ha ocurrido en Venezuela”. Lo que le queda claro, sin embargo, es que continuarán los procesos de facilitación y de regulación para las inversiones petroleras y mineras.

Imagen principal: en las últimas semanas, la explotación minera y petrolera ha estado en la agenda de la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Ariana Cubillos/AP.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pregunta del millón es si el gobierno de los Estados Unidos era el indicado para hacer esa tarea.

Nicolás Maduro tendrá que responder judicialmente en los Estados Unidos por el delito de narcotráfico y pare de contar; de modo que a las víctimas del régimen no habrá quien las repare, entre otras cosas porque a Donald Trump le importan poco las personas que resultaron afectadas por los años de dictadura en Venezuela.

Sí, señores: a Donald Trump no le importan las víctimas de Nicolás Maduro. De ser así, habría entregado al dictador en manos de la Corte Penal Internacional y no a un tribunal de los Estados Unidos.

Tampoco le importa la democracia, porque ¿cómo se explica que no haga nada por Haití, Nicaragua y Cuba, y además por El Salvador, donde Nayib Bukele está incubando una dictadura, aunque sea de derecha?

Lo que le importa a Donald Trump es el petróleo y, para hacerse a los petrodólares, hará todo lo que esté en sus manos para controlar su compra y venta.

De modo que quienes se alegraron en Colombia —hablo de los políticos de la derecha que deliran cuando se les pone una cámara y un micrófono de algún medio de comunicación, y que se valen de las redes sociales para expresar cuanta tontería se les ocurre y demostrar la mediocridad con la que se ha abordado la oposición a Gustavo Petro— pueden ir haciendo nuevas cuentas, pensar mejor y analizar qué tan bueno para nuestro país es tener a Donald Trump de vecino.

Por supuesto, no faltó tampoco quien, en medio de la euforia y el fanatismo desmedido, se le ocurriera proponer una intervención militar de los Estados Unidos en nuestro país, sin pensar primero que, si Trump entra en Colombia, de aquí no lo saca nadie, y que el próximo presidente se vería obligado a ser una especie de peón del mandatario norteamericano.

Así mismo sucederá en Venezuela. Dudo que ese supuesto período de transición sea corto; esto durará años, por lo menos mientras Donald Trump permanezca en la Casa Blanca.

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Algo similar podría ocurrir en nuestro país en caso de que, tras un ataque a campamentos del ELN, de las disidencias o del Clan del Golfo en territorio venezolano, se dé una persecución en caliente y los militares estadounidenses se vean obligados a ingresar a territorio colombiano. De aquí no los saca nadie, y ahí sí los calenturientos de la extrema derecha, como Abelardo de la Espriella y Lina Garrido, podrán entender un refrán que dice, a la letra:
“Cuidado con lo que deseas, porque se te puede cumplir.”

En la lucha titánica por mitigar los cambios del clima, los reflectores se han centrado mayoritariamente en la protección de bosques tropicales como las selvas de la Amazonía, importantes sumideros de carbono que pueden almacenar entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea en bosques primarios.

Sin embargo, en Latinoamérica, hay otros ecosistemas que permanecen olvidados y relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial, a pesar de que la ciencia reconoce su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y que muchos de ellos almacenan incluso más carbono que los bosques tropicales.

Un equipo de Mongabay Latam recorrió diversos países de la región para visibilizar a los olvidados: páramos, humedales costeros, turberas, manglares y pastos marinos, ecosistemas clave y depósitos invaluables de carbono. A pocos meses de la versión 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, Brasil, estas seis historias muestran cómo comunidades, organizaciones y científicos se unen para conservar y estudiar estos ecosistemas vitales en la lucha contra el cambio climático y cuyo potencial aún no es completamente valorado.

Darle protagonismo a páramos, humedales costeros y pastos marinos

En la lucha contra el cambio climático todo ecosistema cuenta. Cada emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y demás gases de efecto invernadero que no llegue a la atmósfera es crucial para evitar, o al menos contener y limitar, el calentamiento global.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C (grados Celsius) por encima de los niveles preindustriales, con un esfuerzo por mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Sin embargo, el progreso hacia esta meta no va en el camino esperado.

Muchos países han presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las evaluaciones han mostrado que los compromisos actuales no son suficientes.

Desde 2023, cuando se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedó claro que se requiere una acción mucho más ambiciosa para lograr las reducciones necesarias a 2030. “Urge tomar medidas más ambiciosas. Si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, dijo en ese momento Hoesung Lee, presidente del IPCC.

Esas medidas podrían incluir empezar a ver –y a proteger– ecosistemas clave para la mitigación de carbono. Algunos estudios sugieren, por ejemplo,  que una hectárea de suelo en el páramo puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En turberas dentro del páramo, la captura de carbono puede alcanzar incluso las 2000 toneladas.

En las zonas Boquilla de Oro y La Mancha, en Veracruz, México, se han encontrado que las selvas inundables pueden capturar hasta el doble de carbono (869 toneladas por hectárea) que los manglares contiguos (482), mientras que los humedales herbáceos capturan 692, según comparaciones realizadas por Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (Inecol).

Los pastos marinos, aunque solo cubren el 0.1 % del fondo oceánico, pueden almacenar hasta el 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que hay un despertar en el interés de los países en estos ecosistemas, pero hay varios obstáculos que se deben superar para vincularlos dentro de los NDC. Uno de ellos es que aún falta mucho por estudiar, en algunos casos ni siquiera se cuenta con un mapa detallado de su ubicación. Otro obstáculo son las extenuantes discusiones políticas para que los gobiernos tomen en cuenta el trabajo y los resultados de la ciencia. Priman demoras y trabas que impiden que los hallazgos lleguen oportunamente a los altos niveles gubernamentales que toman decisiones.

La “fijación” por los bosques

“Nuestras autoridades políticas y técnicas tienen una gran fijación en los bosques y tratan de lidiar con ellos, entonces no les queda tiempo para pensar en otras cosas”, dice el profesor Juan Carlos Benavides, coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana en Colombia y quien tiene un largo historial de investigación en páramos y humedales.

Y no es que Benavides le reste importancia al papel de los bosques en el secuestro de carbono, sino que considera que hay un sesgo arraigado en la gente porque la educación ambiental en Colombia se ha enfocado en los bosques. “Aún hay mucho desconocimiento sobre el papel de los suelos, las sabanas, los pastos, los páramos. Como que nos da miedo mirar más allá. Romper con esas barreras y paradigmas es muy difícil”.

Benavides se ha acercado a los creadores de políticas públicas en el país para que comprendan, por ejemplo, la importancia de los páramos, no solo en términos de agua sino de captura de carbono.

Aunque comenta que los funcionarios públicos comprenden que es necesario avanzar en el conocimiento y conservación del páramo, es frustrante que los procesos sean tan lentos y que se tenga que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno.

“El desafío más grande que tenemos es lograr la articulación entre los instrumentos técnicos del Estado y los instrumentos políticos que producen los documentos de política pública como los NDC, los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, las estructuras de pago por servicios ambientales y sus mecanismos de gobernanza y salvaguardas sociales”, comenta Benavides, y sustenta su afirmación con un ejemplo contundente.

Según comenta, cerca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados del territorio colombiano son páramos y un 20 % de esa cifra son humedales. Unas 300 000 hectáreas de humedales en páramo están degradadas pero, asegura, si se manejan y se recuperan se podría retener entre un 10 % y un 15 % de las emisiones del país. “Pero, como esos humedales ni siquiera están en los inventarios, no importa lo que usted les haga, el país no los puede utilizar para sus reportes porque no tiene metodologías que los reconozcan”.

A pesar de esto, existen iniciativas de conservación que intentan proteger el páramo. Por ejemplo, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, en el centro de Colombia, se han implementado procesos de restauración ecológica desde hace más de dos décadas. Esto ha permitido conocer mejor la capacidad del páramo para hacer frente al cambio climático.

En esta iniciativa trabajan de la mano comunidades, organizaciones como WWF y Conservación Internacional y academia. El grupo de investigación del profesor Benavides desde 2017 estudia allí los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

No son “malezas” acuáticas

Desde México, Patricia Moreno comparte opiniones similares a las de Benavides, aunque su trabajo se centra principalmente en humedales costeros de agua dulce. “Lo importante es que las autoridades, sobre todo las federales, se den cuenta de que también los humedales de agua dulce capturan muchísimo carbono. Y si realmente los incluimos, así como se está haciendo con los manglares, tendríamos una participación internacional mucho más fuerte contra el cambio climático”, asegura.

Moreno comenta que la superficie disponible de humedales costeros de agua dulce se ha reducido históricamente y continúa en descenso principalmente por la pérdida de hábitat causada por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Este problema se agudiza con la falta de registros confiables, pues “desafortunadamente, estos ecosistemas no están contabilizados por la mayoría de los países”, explica, y agrega que en el caso mexicano la situación es tan crítica que se suele confundir a los humedales de agua dulce con los manglares, lo cual se refleja en los mapas y datos disponibles.

A esto se suma, dice Moreno, un desconocimiento histórico sobre estos ecosistemas. “Por ejemplo, muchos ingenieros hidráulicos les siguen llamando ‘malezas acuáticas’ porque históricamente se drenaban los desagües hacia estos ecosistemas incomprendidos en muchas partes del país y por eso se degradaron mucho”.

En medio de este panorama, en el estado de Veracruz se logró crear hace varios años el parque estatal Ciénaga del Fuerte, que busca proteger una extensa área de humedal. Además, en el sector de La Mancha, en ese mismo estado, campesinos lograron restaurar un potrero a su estado original de selva inundable con el apoyo de científicos.

El potencial de almacenamiento de carbono de los pastos marinos también es un mundo por descubrir. En países como Venezuela recién empiezan a explorar el potencial que tiene este ecosistema en las costas del país. “En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta Mayré Jiménez, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Aunque las investigaciones sobre almacenamiento de carbono en pastos marinos aún se encuentran en etapas iniciales en Venezuela, gracias a ellas han podido detectar graves problemas. Por ejemplo, que la industria del turismo arrasa con estas plantas porque “afean” las costas y que un coral invasor proveniente del Indo-Pacífico está acabando con su hábitat natural y reduciendo su cobertura.

Con todo, las crisis políticas y económicas por las que atraviesa el país, y que han afectado a la academia, no han sido obstáculo para científicos como Jiménez, quien se las ingenió para crear un laboratorio en el garaje de su casa, donde estudia con detalle los pastos marinos y su potencial de secuestro de carbono.

Las sorpresas detrás de las turberas

Un sorprendente hallazgo en Perú es uno de los principales responsables de que las turberas comiencen a tener el protagonismo que les corresponde en la lucha contra la crisis climática en América Latina.

Las turberas del Abanico del Pastaza fueron descubiertas gracias a exploraciones científicas y estudios ambientales realizados en las últimas décadas, y su estudio y reconocimiento como un ecosistema de gran importancia comenzó a destacar en los años 2000, gracias a investigaciones de instituciones científicas peruanas y extranjeras que identificaron su riqueza en biodiversidad y su papel en el ciclo del carbono.

Se trata de uno de los complejos de humedales más profundos a nivel global: la tercera turbera tropical más profunda, con 8.1 metros, después de Central Kalimantan, en Indonesia, y Cuvette Centrale, en el Congo. Se creía que en Sudamérica no existía un ecosistema como este.

Un estudio publicado en 2024 comprobó la fascinación científica con este ecosistema y encontró que el stock de carbono en la vegetación de las turberas del Datem del Marañón, que forma parte del Abanico del Pastaza, es de 80 toneladas de carbono por hectárea en promedio. En el suelo de turba las estimaciones llegan incluso a 1700 toneladas, por lo que puede almacenar entre tres y cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas tropicales.

Comunidades nativas del Datem del Marañón, en la región de Loreto, fusionan saberes ancestrales con conocimiento científico para proteger las turberas que se encuentran en esta área de la Amazonía peruana. De esta manera protegen la palma de aguaje (Mauritia flexuosa), que es parte de su sustento alimenticio y vital en la conservación de las turberas. “Antes cosechábamos tumbando, ahora realizamos el escalamiento, o sea, ya no la tumbamos, aprovechamos la palmera cuando está de pie. Ese ha sido el principal cambio en estos años”, dice Segundo Chanchari, escalador de la comunidad nativa Puerto Díaz.

La investigación de las turberas del Abanico del Pastaza motivó nuevas investigaciones en países como Colombia. Un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Environmental Research reveló que las turberas colombianas podrían ser una herramienta importante para combatir el cambio climático, pero que primero deben identificarse y ubicarse con precisión.

Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz, llevó a cabo tres años de extenso trabajo de campo para desarrollar el primer mapa basado en datos de turberas recientemente documentadas y previstas en los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana.

Entre los principales hallazgos destaca que estas dos regiones probablemente contienen entre 7370 y 36 200 kilómetros cuadrados de turberas, que podrían estar secuestrando actualmente una cantidad de carbono equivalente a 70 años de emisiones del país provenientes de combustibles fósiles e industrias.

Los resultados de Winton y sus colegas sugieren que la densidad promedio de carbono en estas turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva amazónica. Los investigadores identificaron dos tipos específicos de turberas colombianas, incluidas las turberas de arena blanca que no se habían documentado previamente en Sudamérica, lo cual es un fiel reflejo de la necesidad de estudiar más estos ecosistemas.

“Las turberas son una masa de carbono gigante. Las estadísticas nos dicen que cubren entre el 3 % y el 5 % de la superficie de la Tierra pero tienen dos veces más carbono que los bosques del mundo”, dice Winton, y agrega que, a diferencia de los bosques, que pueden restaurarse y ayudar a recuperar el carbono, cuando se pierde turba se requieren cientos y hasta miles de años para recuperar lo que se ha perdido del suelo. “Por eso se considera casi como una pérdida irrecuperable”.

Un escudo de manglares

El manglar también es un ecosistema trascendental: es capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, reportando valores promedio de 432 toneladas de carbono por hectárea, con rangos promedio cercanos a 1000 toneladas por hectárea, especialmente en manglares maduros y conservados.

Sobre este ecosistema también faltan muchos más estudios, pero es quizás, después de los bosques tropicales, el que más reconocimiento y protagonismo tiene en este momento en Latinoamérica.

“Los manglares, en particular, absorben y almacenan grandes cantidades de carbono mediante la fotosíntesis y la retención de sedimentos por sus complejas estructuras radiculares, lo que provoca una lenta descomposición de la materia orgánica en suelos húmedos”, asegura Julie Shahan, investigadora de la Universidad de Stanford que trabaja con manglares en Ecuador.

Shahan destaca que además de la mitigación del cambio climático, los manglares son importantes para la adaptación climática al proporcionar control de la erosión, prevención de inundaciones, garantizar la calidad del agua y mantener la biodiversidad. También menciona que hay avances positivos, ya que 97 países, entre ellos varios latinoamericanos, incluyen actualmente soluciones basadas en la naturaleza costera y marina en sus planes nacionales de mitigación del cambio climático.

Ecuador, en particular, ha tomado medidas adicionales para proteger los manglares, brindando a las comunidades locales la capacidad de conservar y restaurar los manglares locales y comprometiéndose a no convertir los manglares para la acuicultura de camarones. De hecho, aunque muchas veces los esfuerzos gubernamentales son vistos con escepticismo, la estrategia del gobierno ecuatoriano en gestión de manglares se ha convertido, según los expertos, en un verdadero caso de éxito.

A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el recientemente desarmado Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.

El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país, de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil. Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo en su protección.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia [de concesionar zonas de mangle] ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Esto no es un dato menor, ya que Molina recuerda que en 37 años (entre 1969 y 2006) se perdió el 27 % de los manglares del país, lo que equivale a unas 56 000 hectáreas.

En general, los científicos coinciden en que hay que prestarle más atención a los humedales, ya sean costeros, de manglar o turberas. “Los humedales tropicales se encuentran entre los ecosistemas de secuestro de carbono más eficientes del planeta. Si bien ocupan una pequeña área de la superficie terrestre, tienen el potencial de contribuir significativamente al secuestro de carbono a largo plazo debido a sus altas tasas de acumulación y almacenamiento de carbono”, asegura Shahan.

*Este especial hace parte de un trabajo colaborativo entre Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora y Runrun.es

**Imagen principal: En Perú, Segundo Chanchari y Kietre Gonzales unen fuerzas para el aprovechamiento del aguaje y la conservación de la palmera. Foto: Leslie Moreno Custodio

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un letrero apaisado que tapa un ángulo de un pequeño centro comercial en el cruce de dos calles de Upata, estado Bolívar, despliega el nombre de Alibaba Gold Center C.A. El edificio de dos plantas, entre las calles Ricaurte y Van Pragg de la capital del municipio Piar, no solo aloja una sucursal de esa empresa, sino toda una retahíla de pequeños comercios de compraventa de oro y de avalúos de la calidad del metal. Más que como un mall precario, el inmueble sirve como una aspiradora que succiona y acumula el oro extraído en el sur selvático de esta región de la Guayana venezolana.

Las taquillas con vidrieras polarizadas no permiten ver al interior de los comercios. En el estrecho vestíbulo, dos dependientes sentados hacen scroll a su celular. Sin levantarse de los bancos de plástico, responden con desgano que “el gramo de oro está a 90 dólares”. El encargado del negocio contiguo se acerca a los pocos clientes con algo más de ímpetu, para recordarles que también se analiza la pureza del metal en el piso superior. Es finales de mayo de 2025 y la modorra de un mediodía de días laborables prevalece en el lugar.

Pero aquí no siempre fueron tan aletargados los días. Hasta 2023, las calles del centro de la ciudad, ubicada a 173 kilómetros al este de Ciudad Bolívar, capital del estado, bullían con el caos y el ruido superpuesto de carros, motos, clientes y compradores de oro, conocidos como pescadores. Estos abanicaban fajos de reales brasileños y bolívares en plena vía, mientras gritaban como una letanía:  “¡Compro oro, compro oro!”.

Con el empuje del Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería decretado por Nicolás Maduro en 2016, la extracción de minerales y su comercialización a pequeña escala pasó a ser la actividad más floreciente de una región de tradición ganadera y agrícola, reconocida por su actividad maderera y por la producción de quesos blancos, entre ellos el popular queso guayanés, casi una denominación de origen.

Similar a uno de los cuentos contenidos en Las mil y una noches, en el que un leñador pobre se apropia de la guarida donde 40 ladrones esconden un tesoro robado, el nombre de Alibaba Gold Center encubre, más que la fachada de un edificio, una operación a gran escala de comercialización ilegal y lavado de oro que involucra a Brasil y Venezuela, descubierta por la Policía Federal de Brasil y ejecutada por una organización criminal integrada por una docena de venezolanos (al menos dos de ellos oriundos de Upata), 14 compañías fantasma y una acaudalada ánfora de 4362,4 millones de reales brasileños, equivalentes a 771,61 millones de dólares transados entre febrero de 2023 y marzo de 2024, según los documentos judiciales del caso.

La investigación penal emprendida desde 2023 por la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños sobre la comercialización ilegal de oro y lavado de dinero revela que Alibaba Gold Center, con registro mercantil en Ciudad Guayana, a 55 kilómetros al oeste de Upata, y sede principal en Tumeremo, a 120 kilómetros al sureste, es una de las 14 empresas, y la única en Venezuela, que sirvieron ad hoc para el tráfico y blanqueo del oro proveniente de Brasil.

Upata, puerta de entrada al Arco Minero, cobijó la fiebre del oro bajo la administración de Yulisbeth Josefina García González, La Tata, quien fue alcaldesa del municipio Piar desde 2017 hasta 2025. La proyección que le dio esa gestión, en convivencia con el comercio informal del metal precioso, le ofreció réditos políticos: en mayo reciente fue electa como la primera mujer gobernadora del estado Bolívar -el más grande de Venezuela, y uno de los más ricos- para el período 2025-29, cargo que asumió en junio en un acto al que asistió el propio Nicolás Maduro.

La controversial trayectoria de La Tata en el gobierno municipal se impulsó desde Upata, donde conquistó la alcaldía justo un año después del decreto de Maduro que formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Orígenes humildes, destino dorado

Hasta mayo de 2025 y fuera de Upata, a la mayoría de los habitantes del extenso estado Bolívar no les resultaba familiar el nombre Yulisbeth Josefina García González. Tres meses después es la persona más poderosa de la región.

En efecto, puede que el nombre de pila resultase ajeno, anónimo. Pero no el mote con que carga desde niña y con el que se hizo famosa: La Tata.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le reservó grandes planes, vio en ella un liderazgo disruptivo y muy funcional a los intereses gubernamentales. A su militancia sin torceduras y su lealtad tanto a la memoria de Hugo Chávez como a las políticas de Nicolás Maduro, sumaba una ascendencia sobre la población local de mujer del pueblo, una líder natural, caracterizada por la estridencia de su verbo y percibida entre sus partidarios como diligente y resolutiva. El perfil arquetípico de una chavista.

Los orígenes de García, nacida en 1979, se hallan en El Pao, una pequeña población rica en hierro y la segunda más importante del municipio Piar, después de Upata.

Venida de “un hogar muy humilde”, como describe una fuente disidente del chavismo en el estado Bolívar, esos primeros años de vida fueron determinantes para forjar su sentido de familiaridad.

“Es una muchacha que viene de una familia compuesta. No es que sufrió un abandono o que se sintió relegada, rechazada. No, ella es de una familia muy humilde pero su papá, su mamá, sus hermanos, [estaban y] están muy unidos”, confía otra fuente que durante años trabajó al lado del exgobernador Francisco Rangel Gómez, general retirado de Ejército, muy cercano a Hugo Chávez e integrante también del PSUV.

Rangel Gómez fue gobernador del estado Bolívar durante tres periodos, de 2004 a 2017, y se despidió del poder tras fraguar un fraude electoral después del cual el PSUV entronizó a otro general, este de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, como su sucesor. A pesar de ese revés momentáneo, Rangel Gómez es una figura clave en el ascenso político de La Tata.

‘Manu militari’

Aunque sin cargos públicos o dentro del propio partido, Yulisbeth García destacó como líder comunitaria. El exgobernador Rangel Gómez vio en ella el potencial político que necesitaba el PSUV.

“En las nacientes bases del PSUV era una mujer que se había ganado esos sectores de Upata que ella pateaba y promovía. Y, bueno, muy cercana al equipo del gobernador. Porque tenía ese don de mover gente, de dirigirle un discurso que llegara, de decir lo que la gente quería escuchar. Se fue ganando ese sitial político en Upata”, recuerda la fuente cercana a Rangel Gómez.

Boletines en la prensa oficialista rememoran que, en 2014, García fue elegida delegada al Congreso Nacional del PSUV. Después, fue jefa regional del programa gubernamental de distribución de alimentos Mercal. El entonces ministro de Alimentación y posterior gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegó a elogiar el trabajo de García González.

La estrella ascendente de La Tata por su trabajo de base le permitió desplazar en Upata el liderazgo del exalcalde de Piar, Gustavo Muñiz (2008-2013), que parecía contar con un apoyo firme en el PSUV.

“De hecho, ella lo ha dicho en su discurso: era la que entregaba papelitos al gobernador; se refiere a los papelitos de la gente para comunicar los problemas. Y esos los recibíamos los asistentes de Rangel Gómez y había que analizarlo siempre. Y ella se encargaba de eso”, continúa la fuente privilegiada. La Tata terminó por ganarse la confianza del general, quien le encomendó la planificación de sus visitas oficiales a Upata. En ocasiones, el mismo alcalde Muñiz no era notificado de esas visitas. Todo se canalizaba a través de García, algo que reflejaba tanto el crepúsculo de Muñiz como el favor que La Tata conquistó en Ciudad Bolívar, la capital del estado. “En efecto, ella era la que coordinaba las idas del gobernador a Upata. Era normal llamar a La Tata, incluso en paralelo que al [sic] alcalde chavista. Ella era una simple militante. Pero siempre estuvo en la militancia dura”, recalca.

Con esas credenciales, García fue ascendiendo y cobrando relevancia. “Ella le decía a Rangel Gómez que era su jefe, y él siempre le decía Tata con toda confianza. Y ella ha dicho que Rangel es su padre político. Lo ha dicho mucho”. La relación política y casi filial entre Francisco Rangel Gómez y Yulisbeth García se hizo tan estrecha que el general, durante una etapa en la que debió salir a un exilio voluntario que comenzó en México, tras dejar la gobernación en 2017, siguió como entusiasta promotor de la campaña de la hoy gobernadora.

Como alcaldesa, García dejó muy en claro que su gobierno era un gobierno de marcada raigambre chavista y peso en la movilización de los grupos de base. Como trofeo que cosechó en ese rol de comandante de células regionales y administradora de la violencia. La Tata puede exhibir la agresión de la que en Upata fue objeto la dirigente opositora María Corina Machado, quien en octubre de 2018 fue recibida con piedras, palos, insultos y hasta robos al llegar de gira a la ciudad.

En un comunicado, Vente Venezuela, la agrupación partidista de Machado, denunció que la alcaldesa había teledirigido el ataque: “Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías La Tata, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea”.

También ese año un dirigente local del partido de Machado, Octavio Robles, fue puesto bajo arresto por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El activista de Vente Venezuela venía haciendo denuncias contra “las mafias del oro desde Upata hasta el sur”, y atribuyó la campaña de descrédito e intimidación de la que era víctima a las críticas con que mortificaba a la alcaldesa de Piar.

También célebre es el episodio de 2024 en el que García ordenó la detención de los manifestantes que salieron a las calles del municipio Piar a protestar contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que se desconoció el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Tres fuentes consultadas afirman que La Tata estuvo al mando de esa operación represiva. “Ha sido una perseguidora de la gente que protesta, de la gente de oposición. Después del 28 de julio, ella misma señaló gente que quería mandar para La Pica [un infame centro penitenciario en el estado Monagas], a las peores ergástulas. Tengo información de que los policías al final liberaron a esas personas a través de acuerdos económicos con las familias”, insiste una de las fuentes.

El terror es rentable

Mientras tanto, García dejaba hacer al comercio del oro que, a la vez y según denuncias, la recompensaba.

Américo De Grazia, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional y excandidato a gobernador de Bolívar, en la actualidad detenido como preso político, fue de los primeros en señalar a García como la dueña final de la mina La Justicia, a pocos kilómetros al sur de Upata.

Esa versión cuenta con el aval de otra fuente que accedió a conversar con Armando.info para este trabajo, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada. De acuerdo con esta persona, García ordenó tomar la mina, considerada en los predios como una de las mejores minas del estado Bolívar, pues por ella pasaría, asegura otra fuente en el pueblo, una veta de oro de 70 metros de ancho por tres kilómetros de largo.

“Esa mina”, continúa la fuente, “se la invadieron a una familia que tenía productivo el lugar con actividad agrícola. Pero ella y una empresa de nombre Berakah invadieron la mina y no ha habido manera de moverlos de ahí”. La pelea en tribunales de los herederos de la mina, dice, no ha dado resultado alguno.

En Upata, la minería y tráfico de oro ilegal se han solapado con la tradicional economía agropecuaria, aunque no hay reportes con estadísticas confiables que lo certifiquen. Pese al crecimiento del sector, tan vigoroso como anárquico, la capital de Piar no dispone de una cámara independiente de comercio o de minería, o de alguna asociación similar que agrupe a los negocios vinculados a la actividad aurífera, algo que se encuentra otros pueblos de cultura minera centenaria, como El Callao y Tumeremo. De hecho, la Cámara de Comercio e Industrias de Pïar está cooptada por García, hasta el punto que sus representantes participaron de manera abierta en la reciente campaña de García para la gobernación.

En Upata no existe una normativa para el sector del oro, algo en buena medida sorprendente y hasta irregular, porque se trata de un “material estratégico” que, en el contexto del Arco Minero, quedó sujeto a controles rígidos por parte del Estado.

Recién asumido su cargo municipal, en 2018, La Tata promulgó un decreto que se proponía evitar la proliferación de los comercios de compra y venta de oro. “Todo el mundo sabe que son ilegales”, respondía ese mismo año Yulisbeth García a los requerimientos de reporteros de Runrunes y Connectas sobre los pequeños comercios que comenzaban a ocupar cuadras enteras de la ciudad, “yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”.

Pero, o se trató de apenas un saludo a la bandera o la alcaldesa cambió de opinión en el camino, como pronto se encargaría de demostrar el boom del sector informal de comercialización del oro que, en los hechos y ante las narices de todos, invadió las calles y comprometió cualquier planificación urbana que se hubiera querido hacer.

En contraste, Yulisbeth García, mientras fue alcaldesa de Piar, se mostró diligente en imponer  normativas para otras y muy lucrativas actividades comerciales, como una ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas y su carga impositiva. Con idéntico celo llegó a prohibir en 2018 la compra y venta ambulantes de dinero en efectivo (bolívares y dólares) en el centro de la ciudad.

Aunque el municipio Piar se encuentre dentro de la poligonal del Arco Minero, en cuyo seno en teoría se promueve la actividad aurífera, esta se mantiene como una economía subterránea. Y no de manera literal porque algunos yacimientos requieran de excavación, sino porque quienes ejercen la actividad, sobre todo en su vertiente artesanal, prefieren el perfil bajo y no llamar la atención.

La codicia por el oro les fuerza a llevar una dinámica distinta a la de cualquier otro mineral, por valioso que este sea.  Tal dinámica se refleja hasta en los niveles institucionales: por ejemplo, en mayo de 2024, el régimen de Maduro anunció por boletines oficiales el inicio en el municipio Piar de la explotación de la mina La Caranta, un yacimiento de bauxita, mineral que sirve de base para la producción industrial de aluminio y que, por lo tanto, resulta indispensable para la economía global. Pero nada semejante ocurrió cuando, no muy lejos de La Caranta,  se supo de un par de bullas (vetas de oro), ambas al suroeste de Upata y en dirección al Embalse del Guri: la primera, a pocos kilómetros del caserío Santa María, y la otra en las inmediaciones de la carretera de El Manteco. En casos como estos, la voz corre por la cuenca aurífera de Piar, animando a muchos -individuos, funcionarios del Estado o corporaciones- a embarcarse en una carrera de la que lo único que se puede dar por sentado es que quien llega primero tendrá las de ganar. Pero la mayoría se quedan con las ganas.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Durante los dos periodos de Yulisbeth García como alcaldesa de Piar se consolidó una red de negocios que sirvieron para lavar el oro brasileño. Uno de ellos fue Alibaba Gold Center. Crédito: Instagram @tatachavista.

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Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba al norte de Brasil, al verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó a último minuto, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por un valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Méndez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro en los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023, también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño que fue apresado cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red criminal de comercio ilegal y lavado de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron apresados. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. En efecto, el flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras de oro que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, actualizadas en mayo de 2025.

La más reciente evidencia de este flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro valorados en unos 111,7 millones de dólares que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro vía terrestre.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. La también llamada Villa del Yocoima es considerada como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un largo letrero con su nombre, escrito con letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa la fachada de una edificación de dos plantas sobre la esquina donde se cruzan las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte, en Upata.

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia (que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta aún más la movilización para los mineros). Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no queda solo en una condición meteorológica o en un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos en el sector, sin trayectoria ni aparente experiencia en lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad. Se nota además que sus firmas aparecen escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres los que figuran en registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, aspirando a un mejor monitoreo de la cadena de comercialización.

Una de las principales banderas de su administración es la de “acabar con la minería ilegal”. En la línea de combate contra el crimen organizado, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar con eficacia la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando captando a venezolanos que se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará —considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña—, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que se exhiben en Upata no muestran, sin embargo, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no está registrado en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela).

Además, sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, se ve en letra pequeña otro nombre: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poco alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil.

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la red hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río del mismo nombre, vecina al llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Composición fotográfica. Crédito: Mongabay Latam.

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Laura Carpintero perdió casi todo cuando el Huracán Beryl pasó cerca de las costas venezolanas: su casa, su hija Dayana de 17 años, su hermana, su primo, su sobrino y su empleo. Esa madrugada del 2 de julio de 2024 la tormenta alcanzó la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, con vientos cercanos a los 270 kilómetros por hora. Las lluvias del huracán aumentaron el caudal del río Manzanares e inundaron gran parte de la ciudad de Cumanacoa, la capital del municipio Montes en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela.

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Mientras las lluvias se intensificaban, Laura —una maestra de 48 años— y sus familiares veían cómo el agua y el lodo se apoderaban cada vez más de la casa familiar que fue construida a pulso por su padre en La Fragua, uno de los seis caseríos más afectados en el municipio Montes. El caudal del río Manzanares se incrementaba y arrastraba todo a su paso: paredes, enseres, personas.

A las 02:00 a.m., el caudal llegó a su máximo. La familia de Laura se refugió en el techo de la casa. El agua, el lodo y las piedras entraron a la sala. Dunia Carpintero, enfermera y hermana de Laura, vio cómo la corriente se llevó a cuatro familiares. Todos desaparecieron.

Al amanecer el agua había bajado, pero los cimientos de la casa cedieron. Laura y Dunia tuvieron que desplazarse 8,4 kilómetros aproximadamente para buscar un refugio.

No fueron las únicas en esa situación. De acuerdo con las cifras oficiales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: 80 % de la ciudad quedó afectada por el huracán. Murieron al menos seis personas, otras 31 mil quedaron damnificadas y 336 casas fueron totalmente destruidas. La gobernación de Sucre solo dio una actualización sobre los desaparecidos: para el 14 de julio de 2024 se contaron cinco. Las cifras gubernamentales tampoco establecen cuántas personas se desplazaron dentro y fuera de Cumanacoa, pero el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (CMDI), una institución adscrita a las Naciones Unidas, establece que al menos 1700 venezolanos se desplazaron internamente por el Huracán Beryl.

Según las Naciones Unidas, el huracán tuvo una rápida intensificación por el cambio climático. No era la primera vez que una tormenta inundaba la casa de la familia Carpintero, ya que en 2012 la fuerza del huracán Isaac los obligó a desplazarse. Pero es la primera vez que llevan el título de desplazados climáticos, según los estándares de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

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Impacto mental aún después del huracán

Laura dijo que no abandonaría por completo Cumanacoa, no sin antes saber dónde está su hija Dayana. A casi un año de solicitar a Protección Civil que la busquen, no ha tenido respuesta. La institución tampoco respondió las preguntas de la prensa ni a las solicitudes de entrevista para este reportaje.

Mientras tanto, se adapta a su nueva rutina: debe recorrer más de 5 kilómetros para trabajar como profesora en un colegio en San Lorenzo, un poblado cercano a Cumanacoa. No hay transporte público: las vías aún siguen dañadas. El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares (ó 1.3 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para mayo de 2025): eso es lo que recibe Laura.

Por ello tampoco puede irse muy lejos. Está en un estado depresivo y aún le cuesta hablar de lo que vivió.

Dunia, su hermana, aseguró que ninguno de los miembros de su familia tuvo acceso a asistencia psicológica por parte de los entes gubernamentales después del desastre. Tampoco sabían si las organizaciones independientes ofrecían este tipo de apoyo. “Yo sé que es importante que reciban atención psicológica, soy enfermera y lo entiendo, pero no supe con certeza si ofrecieron esos servicios aquí”, comentó.

Nueve de cada diez venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad psicológica, según el estudio Psicodata de 2024, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El informe resalta que en Venezuela no hay información epidemiológica sobre la salud mental ni los centros de atención disponibles, por lo que sus datos provienen de encuestas levantadas por la academia. Entre los factores de vulnerabilidad sobresale el acceso limitado a la asistencia psicológica o psiquiátrica.

En Latinoamérica, la falta de mediciones y estadísticas públicas enfocadas en los efectos asociados al cambio climático han condicionado que, hasta ahora, no existan reportes estandarizados de afectaciones en salud mental en torno a este tema, asevera Carolina Quiñones, psicóloga ambiental y consultora del Banco Mundial (BM) sobre adaptación climática.

No obstante, la especialista refiere que las personas resultan afectadas ante una exposición directa e inmediata a un evento climático extremo, como el huracán Beryl, “aunque eso no implique que se desencadene un desorden psicológico o un desorden psiquiátrico”.

“Sin embargo, no es solamente estar expuesta una única vez, sino estar expuesta a todas las consecuencias que vienen después asociadas al paso de un huracán”, agregó. “Esa es una de las dificultades que se experimentan a nivel global: la incapacidad que tenemos para encontrar esa asociación [entre salud mental y cambio climático]. No porque no se dé, sino porque nuestros sistemas no preguntan si esa es la causa”.

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La misma amenaza pero con intensidad aumentada

Las crecidas de ríos por lluvias no son nuevas en la localidad. El 23 de agosto de 2012 hubo un desastre similar, cuando el huracán Isaac pasó por la misma zona, pero como tormenta tropical. El desbordamiento del río Manzanares dejó dos muertos y 35 familias damnificadas, según las cifras oficiales de Protección Civil y la gobernación del estado Sucre.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, prometió -en una alocución televisada- la construcción de casas. En una de las comunidades afectadas, en el caserío La Peña, se construyeron solo 15 casas a unos 3 kilómetros del pueblo de Cumanacoa. Vecinos de la zona, que pidieron reservar sus identidades por temor a represalias, denunciaron que esas casas no tenían servicios de agua potable, electricidad ni calles. La construcción también estaba incompleta: faltaban techos y pisos.

El huracán Beryl fue diferente. La ONG internacional Climate Central advirtió en un informe del 14 de agosto de 2024  que la temperatura superficial del mar Caribe ese 2 de julio estaba 1.8 °C por encima del promedio registrado entre 2001 y 2020, lo cual “facilitó el desarrollo temprano e intenso del huracán Beryl”, un escenario que, según el informe, era 400 veces más probable debido al cambio climático.

En cuanto a las condiciones que facilitaron el desarrollo del evento meteorológico, Orlando Aurquia, meteorólogo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de Telemundo 48 en el área de la Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos), explicó que “un ambiente mucho más cálido en el mar Caribe, en la zona por donde se movió el huracán, y condiciones atmosféricas completamente favorables”, ayudaron a que se desarrollara un proceso rápido de intensificación del huracán, “con un incremento de los vientos que en 24 horas fue incluso superior a los 56 km/h”.

Y ese calor “extra” fue impulsado por el cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte en un informe publicado en 2022 que existe una “alta confianza” de que la intensidad media de los huracanes en el mundo aumentaría un 5 % respecto a los registros de 1980 si el planeta se calienta dos grados centígrados. La tendencia ya la están observando en la Universidad de Berkeley, donde han registrado al menos cinco huracanes con una intensidad mayor a la categoría 5 entre 2012 y 2021.

“Estos procesos de intensificación podrían ocurrir tanto en las zonas cercanas a las costas y a las ciudades, lo que daría menos margen a las autoridades y a los ciudadanos de establecer procesos de preparación para enfrentar estos fenómenos y minimizar las pérdidas humanas y materiales”, explicó Aurquia.

Once meses han pasado desde el desastre del huracán Beryl en Venezuela y, pese al tiempo, las zonas de Cumanacoa más cercanas al río Manzanares, y que tenían mayor actividad agrícola, siguen en los escombros. Las rocas y detritos transportados por las lluvias siguen allí. Algunas personas prefieren montarse en un burro, en lugar de un automóvil, para ir sobre la tierra y el fango. Las ruinas no se han limpiado.

Más de 100 personas en “refugios” temporales, ubicados en colegios de primaria, denunciaron bajo confidencia a este equipo periodístico que los refugios tienen una tasa alta de hacinamiento.

Alejandro Álvarez, biólogo y director del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, apuntó que este escenario de vulnerabilidad meses después de un desastre socioambiental ocurre con frecuencia en Venezuela. Según dice, los programas no se adaptan a las necesidades de la población, principalmente porque no existe un levantamiento público de las personas afectadas más allá de los reportes de la prensa y la sociedad civil a nivel local.

Según la base de datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que trabaja en conjunto con la OIM, Venezuela acumuló aproximadamente 52 000 casos de desplazamiento interno producto de eventos climáticos extremos, principalmente inundaciones, entre 2020 y 2024.

“Nosotros hacemos un registro continuo de noticias ambientales, y la mayor parte se obtiene porque un periodista llega al sitio, pregunta a la gente, y ellos les dicen su percepción de lo que está pasando, una percepción del impacto momentáneo sobre su familia. Pero las autoridades sacan a los periodistas de la zona”, dijo Álvarez.https://flo.uri.sh/visualisation/22856656/embed

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Desplazarse entre ruinas

Alejandro y Osdalys Rodríguez construyeron su vida alrededor del río Manzanares, en el caserío La Peña, que con los años se transformó en balneario. Allí tenían un pequeño negocio de víveres en el que atendían a vecinos y turistas. Él tenía un automóvil con el que trabajaba trasladando pasajeros desde Cumanacoa hacia La Peña, a unos tres kilómetros de distancia.

“En la medianoche [del 2 de julio de 2024] empezó a llover muy fuerte. Nos dimos cuenta de que el agua venía con fuerza y se metió en la casa. Nos subimos al techo unas diez personas, entre familiares y vecinos”, cuenta Osdalys, una profesora jubilada.

Subieron alimentos y enseres a la azotea de la casa. Estuvieron allí unas diez horas rezando un rosario, con el sonido del agua de fondo y el lodo arrasando la ciudad. Vieron cómo el río, crecido por las lluvias del huracán, arrastró el carro de Alejandro.

Sobrevivieron, pero la casa quedó en ruinas: solo quedó una tubería de aguas blancas. Al ver que ni el gobierno local ni nacional les brindaron un refugio, decidieron irse a unas casas sin terminar que el Ejecutivo nacional construyó en 2012 como parte de las viviendas otorgadas a los damnificados por las inundaciones ocasionadas por el huracán Isaac.

Se trató de unas estructuras entregadas sin sistema cloacal ni de aguas blancas. Tampoco tenían ventanas completas y los pisos estaban descubiertos. Hace 12 años la familia Rodríguez se había negado a habitar esa zona; pero ahora lo hacen porque, afirman, no han conseguido otra opción.

Desde allí, los Rodríguez viajan tres kilómetros a su antiguo hogar para conseguir agua potable entre las ruinas.

La pensión de Osdalys también ronda los 130 bolívares. Su esposo, Alejandro, está ahorrando para recuperar su auto y volver al trabajo. Ellos no son los únicos con ingresos bajos: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2024, otro instrumento de medición de la UCAB frente a la carencia de datos gubernamentales, estudió 16 212 hogares en más de 10 ciudades del país y concluyó que más de un tercio de la muestra se encuentra en pobreza extrema y solo el 1 % tiene una póliza para cubrir pérdidas por desastres socioambientales.

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Factores de riesgo en ascenso

Para Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorologista de la Universidad Central de Venezuela, el municipio Montes está situado en una zona de riesgo por ser una planicie que la hace susceptible a inundaciones producto de las ondas tropicales y huracanes. “Y cuando comienza la gente a vivir en esas zonas de riesgo, ya aparece la vulnerabilidad”, apuntó.

Pero no es el único factor antrópico que favorece el desplazamiento climático en la región. Álvarez comentó que la región situada al sur de Cumanacoa, en las cuencas del río Manzanares y Neverí, ha sido deforestada “fuertemente” en los últimos años, aumentando el riesgo debido a la falta de contención de los árboles en las cuencas.

Según el proyecto MapBiomas Venezuela, entre los años 1985 y 2022 se deforestaron 9200 hectáreas de cobertura vegetal en la cuenca del río Manzanares. La mayor parte de las actividades de deforestación se desarrollan alrededor de la siembra, ya que Montes es catalogado como uno de los municipios agrícolas del estado de Sucre.

Andrade agregó otra arista: la ocupación del territorio de alta exposición frente a la inacción del gobierno venezolano para mitigar los desastres. “Entonces comienzan a generarse los desplazados climáticos y las autoridades carecen de la capacidad económica para solventar, construir viviendas y reubicar a los desplazados”, afirmó.

El ingeniero no descarta que estos escenarios se repitan en el futuro, a menos que las autoridades elaboren mapas de riesgo hidrológico, tanto de crecidas como de deslaves. “Y si hay población dentro de esa zona, bueno, buscar mecanismos de reubicación”.

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Sin acceso a cifras oficiales

Seis días después de las inundaciones, el 8 de julio de 2024, la administración de Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo especial de un millón de dólares para atender a los sectores económicos afectados.

La autoridad única del municipio Montes, Nayade Lockiby Belmontes, ha desarrollado proyectos de infraestructura para la reconstrucción del municipio, dentro del denominado “Plan Hugo Chávez Frías para el Renacer de Cumanacoa”. Sin embargo, el acceso a cifras oficiales por parte de la prensa independiente ha sido restringido.

Aunque se intentó contactar al funcionario para conocer la cantidad de viviendas que estiman construir en la municipalidad o la cifra actual de personas afectadas y ubicadas en refugios, no fue posible obtener información. Las restricciones en el acceso a la información también dificultan conocer cuántas personas buscaron, por su cuenta, un sitio donde vivir ante la pérdida de sus hogares.

Habitantes de la zona indicaron que a inicios de marzo de este año, personas que residían en caseríos devastados por las inundaciones, como La Fragua o Las Trincheras, aún permanecían en refugios.

Once meses después de perderlo todo, Alejandro y Osdalys avanzan por su cuenta. Sus hijos, que viven fuera del estado de Sucre, les envían dinero para que puedan, poco a poco, volver a instalar una pequeña tienda de víveres, esta vez en la sala de su casa.

Por su parte, Laura Carpintero sigue con su trabajo como docente en una escuela en San Lorenzo mientras espera noticias de su hija, que el 4 de octubre cumplió 18 años, aún cuando las búsquedas de desaparecidos en las inundaciones cesaron oficialmente cuatro semanas después del siniestro. “El Gobierno sólo dio una o dos bolsas de comida”, dijo su hermana Dunia. También recibió un colchón y un par de prendas de vestir. Las semanas siguientes al desastre los afectados recibieron comida de instituciones religiosas y de la sociedad civil.

Dunia admite que todos en su familia necesitan ayuda psicológica para lidiar con el trauma de la tragedia. “Ella [Laura] quiere encontrar a su hija, aquí o en Japón, y darle sepultura si está muerta. Eso es lo único que siempre dice. Yo sé que necesita ayuda, terapia, pero no hay cómo hacer eso”.

Aunque ya no residen en La Fragua, tanto Dunia como Laura y algunos de sus familiares regresan de vez en cuando a su antiguo hogar. “Fui en moto, en el camino de lejos uno puede ver todo el caserío y ver los escombros. Cada vez que voy me dan ganas de llorar al ver toda la destrucción”, dijo Dunia.

Mientras tanto, el IPCC advierte que tormentas tropicales intensas se pueden volver más frecuentes si la temperatura media global llega a los 2 grados centígrados o más. La situación se vuelve más complicada si se considera que, según la ONG Clima21, el gobierno venezolano, hasta ahora, no ha publicado un plan de mitigación para eventos extremos potenciados por el cambio climático.

*Este reportaje periodístico forma parte del especial “Desterrados Climáticos: Nuevas Migraciones Venezolanas” al que puede acceder aquí.

**Imagen principal: el caserío La Peña, un proyecto habitacional abandonado por el gobierno venezolano, que los desplazados de Cumanacoa por el Huracán Beryl usan como refugio. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

El artículo original fue publicado por Joshua de Freitas y Nayrobis Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¿De cuál Pueblo hablamos?

Entonces llegamos al interrogante crucial de la democracia: ¿Quién define al pueblo soberano? Más aún, ¿Expresa ese pueblo soberano una voluntad política inequívoca? Y la respuesta a dichos interrogantes no es sencilla. Pues el pueblo, como esa voluntad soberana que invocan ambas partes, no existe más allá de la mente de Rousseau, ya que en la realidad es siempre una multitud plural, anónima, compleja, forjada con múltiples tradiciones, intereses, identidades y conflictos en torno a sus condiciones de vida. Pero, sobre todo, porque ese pueblo solo es real cuando política e históricamente sus líderes le confieren una voluntad y hasta una identidad política precisa.

De allí la disputa histórica de todos los partidos políticos y sus líderes por apropiarse las figuras míticas forjadoras de pueblos y naciones, como Simón Bolívar, del cual Hugo Chávez logró erigirse como su heredero político. Impronta que jamás podrá reeditar Maduro y toda su cleptocracia electoral.

M-19 y la Espada de Bolívar

Por la misma razón, el M-19 surge a la vida pública el 17 de enero de 1974, sustrayendo la espada de Simón Bolívar de la Quinta de Bolívar de Bogotá[i]. Espada que se convierte en el momento de máxima tensión en la posesión presidencial de Gustavo Petro, pues la incorpora a la puesta en escena de su investidura con un significado polémico: “Esta es la espada del pueblo, y por eso la queríamos aquí”, y agregó: “Que solo se envaine, como dijo su propietario, el Libertador, cuando haya justicia en este país…Que sea del pueblo. Es la espada del pueblo”[ii].  

Giro retórico que no deja de ser inquietante, pues proclama una fusión del pueblo con las armas, asunto que el mismo libertador repudió una vez alcanzada la independencia de la corona española, en su célebre discurso ante el Congreso de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 3 de octubre de 1821: “Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un gobierno popular: es una amenaza inmediata a la soberanía nacional. Yo quiero ser ciudadano para ser libre, y para que todos lo sean. Prefiero el título de ciudadano al de libertador, porque éste emana de la guerra, aquel emana de las leyes. Cambiadme, señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano”[iii].

Un pueblo de ciudadanos

Exactamente todo lo contrario de lo que es, hace y representa Nicolás Maduro, pues su título de presidente no emana de las leyes. Su título emana de lo que más fustigaba Bolívar en dicho discurso, las armas: “Esta espada no puede servir de nada el día de la paz, y éste debe ser el último de mi poder; porque así lo he jurado para mí, porque lo he prometido a Colombia, y porque no puede haber república, donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades”. De manera que la pomposa República Bolivariana de Venezuela ya no existe, pues ella ha sido degradada a una auténtica cleptocracia electoral autoritaria, sustentada en la lealtad de militares que han deshonrado la memoria de Bolívar e incluso de Hugo Chávez, quien optó por los votos en lugar de las armas como fuente y sustento del poder político estatal.

La deliberación ciudadana

Por lo anterior, la principal lección y mayor desafío para el pueblo venezolano es reinventar la democracia en clave ciudadana, vale decir como ejercicio de derechos y deliberación sin dejarse arrastrar por líderes políticos que apelan a un imaginario pueblo para negar dichos derechos a sus adversarios a quienes fustigan como enemigos de la Nación.  Un desafío que es casi planetario, pues los líderes de extrema derecha en todas las latitudes son siniestros en la manipulación de las voluntades ciudadanas. Para ello invocan la grandeza nacional, como America First y MAGA; la persecución contra migrantes, como AFD, Alternativa para Alemania, que promueve la expulsión de millones de migrantes[iv] para ganar votos en las elecciones del próximo 23 de febrero.

“Democracias” excluyentes

La concepción de democracia que predomina en estos líderes es la de la exclusión social y la negación de derechos, ya sean políticos, socioeconómicos o culturales, por lo cual sus estrategias electorales no son la argumentación y la persuasión, sino la manipulación, la mentira, el odio y la deslegitimación de sus adversarios. Para ello hacen uso intensivo de las redes sociales, los bulos y ahora la inteligencia artificial. Para contrarrestar estas dinámicas maniqueas que se presentan en todas las campañas electorales como una confrontación inevitable de “buenos” contra “malos”; de la derecha contra la izquierda; la “gente de bien” contra la “chusma”, en fin, del “pueblo” contra los “oligarcas” o viceversa, hay que rescatar la capacidad de deliberación ciudadana. Deliberación que siempre deberá tener presente que la democracia precisa para su existencia y consolidación más del  estímulo de la concertación que el de la confrontación; de los acuerdos parciales sobre los consensos unánimes; de las transacciones sobre las imposiciones. En fin, de la política entendida y asumida como la transformación creativa de los conflictos, en lugar de la persecución, intimidación y aniquilación violenta de sus portadores, como lamentablemente ha sucedido en Colombia y ahora en Venezuela.

[i]https://www.elespectador.com/politica/el-robo-de-la-espada-de-bolivar-y-los-50-anos-del-m-19-la-guerrilla-de-gustavo-petro/

[ii] https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/palabras-presidente-republica-gustavo-petro-urrego-tomar-posesion-jefe-estado

[iii] https://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Bol%C3%ADvar_en_C%C3%BAcuta

[iv] https://elpais.com/internacional/2024-01-10/politicos-de-la-ultraderechista-afd-hablaron-con-neonazis-de-un-plan-para-expulsar-de-alemania-a-millones-de-inmigrantes.html

“Mi silencio les estorba. Yo era como botella al revés cuya agua no puede salir porque la botella está demasiado llena”: León Tolstói, escritor ruso (1828-1910).

Escena 1

Cuando Missis Ruth entraba al salón su primera frase era siempre la misma: “Silence, please”. Y todo el 602 se callaba. Así está el país y así está el mundo: todos cotorreando, del verbo parlotear: “hablar mucho y sin sustancia, por diversión o pasatiempo”, dice el diccionario. O por falta de oficio, digo yo.

A mí también me cae mal Nicolás Maduro y no quisiera ver más su figura larguirucha aplastada en el poder, como no quise ver aquí, en Colombia, acaballado sobre la silla presidencial, a Álvaro Uribe Vélez cuando pretendió reelegirse a las malas por tercera vez, después de convertir nuestra Constitución en moneda de cambio: el trueque de un articulito por notarías. Cuando le hicieron entender que el Solio de Bolívar no se escrituraba, quiso gobernar en cuerpo ajeno: en el de Juan Manuel Santos primero y en el de Iván Duque después, aunque antes de aquellos estaba Uribito, Andrés Felipe Arias, al que le cambiaron Casa (de Nariño) por cárcel.

Sí, a los adictos al poder toca recordarles que el Eterno está en los cielos.  

Escena 2

“Silencio pulgas que la noche es larga”.

Las redes sociales estuvieron alborotadas, porque el presidente Gustavo Petro no se pronunció al mismo tiempo que otros mandatarios de la región sobre los resultados de las elecciones en Venezuela. ¿Quién entiende a la oposición? “Malo si sí, malo si no”, ¿cierto Aterciopelados?

Han criticado al presidente por trinar como loco y gobernar desde su cuenta de X. Hasta encontraron pasatiempo en sumar cuánto trinaba por hora, por día, por mes, y lo llamaron al orden por entrometerse en el conflicto Israel-Palestina.

Hay silencios prudentes y quizás el de esta semana fue uno de ellos. Ya veremos por qué. Mientras tanto, toca calmarnos o sufriremos de un infarto colectivo.

“Que si vengo, que no voy.

Que si estoy, que me pierdo

Que si tengo, que no doy

Que si estoy, que me vengo.

Te dije no más, y te cagaste de risa”.

(Bolero falaz, Héctor Buitrago y Andrea Echeverry).

Escena 3

Trinó Fernando Carrillo, ex Procurador General de la Nación: “¿Quién se gana la medalla de oro en las olimpiadas del silencio ante la crisis venezolana?  ¿Será diplomacia, será cobardía o será pusilanimidad ante la tiranía?”.

Trina, como loco, Daniel Samper Ospina: “Berto habló con su silencio: nada que hacer”. Y volvió a trinar. “¿Y Berto sigue son datos? Y a esta hora sigue trinando como desesperado.

Sé quién es Daniel Samper hijo pero no sé quién diablos es Berto. Es una de las razones por las cuales uno no puede tomarse en serio a ciertos opinadores. El día que trinen sin hacer chiste de todo tal vez hasta el presidente de la República los tome en serio.

Trinó el abogado Ramiro Bejarano, uno de mis columnistas favoritos: “Petro no puede guardar silencio frente al robo en Venezuela. Ante este atropello solo queda la insurrección. Bienvenida. Se equivocan gravemente quienes asumen posiciones tibias y promueven la solución de que el pueblo acate el resultado del CNE, eso sería indigno”.

Trinó el escritor Juan Carlos Botero: “Se robaron otra vez las elecciones en Venezuela, y lo hicieron con el apoyo y los aplausos de @petrogustavo y su canciller @LuisGMurillo”.

Me gustaría ver las pruebas de esta acusación, como mínimo el video de ambos funcionarios aplaudiendo.

Trinó Felipe Zuleta Lleras, nieto de un ex presidente: Trino 1: “La posición del gobierno de Colombia frente a lo que está pasando en Venezuela es una vergüenza. Y sigue el silencio cómplice”. Trino 2: “Me dicen que el presidente @petrogustavo guarda silencio porque está enfermo”. Trino 3: “Si el presidente @petrogustavo está tan enfermo como me dicen mis fuentes, no haré un chiste de eso”. Trino 4: “¡Por qué continua el silencio?”.

¿En qué quedamos entonces, en que son o no son confiables las fuentes del nieto del expresidente Alberto Lleras Camargo?

Pacho Santos dijo que la única salida que tienen los venezolanos es tomarse el Palacio de Miraflores y el Parlamento.

Escena 4

Hay silencios necesarios.

Bien lo dijo Jenócrates, el filósofo griego: “Me he arrepentido muchas veces de haber hablado; jamás de haber callado”. Y lo corroboró su colega chino Lao Tzu: “El silencio es una fuente de gran poder”. Yo, que no conozco al presidente Petro, aplico el sentido común para no ceder a las especulaciones. Yo especulo, tú especulas, todos nos empeliculamos.

Tan fácil que es escribir bobadas, tan difícil que es argumentarlas. “Lo digo pero no lo sostengo”, decíamos en mi época.

Habló el gobierno, a través del Canciller Murillo y del Ministro Cristo. Al ex ministro Alejando Gaviria ese le pareció “un comunicado insulso, tibio, cómplice”. Es fácil juzgar estando por fuera del gobierno.

Los dos altos funcionarios pidieron reconteo de votos y verificación independiente de actas, y por fin el presidente rompió el silencio para insistir en lo mismo y calmar el pulguero alborotado.  

 “Dios es el silencio. Ahora, si el hombre sólo pudiera callarse”: (Woody Allen)

Los colombianos debemos respetar la soberanía de los otros países para que respeten la nuestra. Los venezolanos deben hacerse cargo de su realidad, porque éste ya no es el Reino de la Nueva Granada que en tiempos virreinales despachaba órdenes desde Santafé de Bogotá.

No es hora de entorpecer las relaciones con Caracas porque hay demasiado en juego: para empezar la vida de más de 28 millones de venezolanos. En mucho ha mejorado su situación gracias, precisamente, a Petro, con la reapertura de la frontera, lo que ha permitido dinamizar la economía de ambas naciones. El cierre fronterizo decretado por Iván Duque, no olvidemos, condenó a la miseria a miles de personas. No sobra recordar las escenas de horror de familias que cruzaban el río Táchira para comprar medicinas y alimentos en Colombia, hambrientos, soportando temperaturas de hasta 35 grados centígrados y pagando vacuna. Varias personas se ahogaron. Refresquemos la memoria con estas imágenes.

Aplaudieron al presidente de Chile, Gabriel Boric, también de Izquierda, por hablarle duro a Maduro, pero se les olvida que aquel no tiene que lidiar con una frontera de 2.200 kilómetros, la cual Colombia debe cuidar, pues allí, de lado y lado, hay criaturas humanas.

A todo lo anterior, súmele la macro-delincuencia, que no se puede combatir sin la ayuda del país donde se origina; eso sin contar que la Paz Total pasa por territorio venezolano, que ha sido refugio de guerrilleros del ELN y las FARC.

El presidente Petro debe acudir al guante de seda (diplomacia que llaman), sin los acaloramientos de las redes sociales, donde nadie mide las consecuencias de sus palabras. Los odios de hoy sólo buscan réditos políticos de cara a las elecciones del 2026.  Ninguna opinión en esta Colombia polarizada es gratuita, mucho menos altruista.

El domingo anterior, El Espectador informó, con cifras de la DIAN, que pasamos de tener exportaciones por US$96 en 2019 (cuando gobernaba Iván Duque, a US$673 millones en 2023 y US$344 millones en lo corrido de 2024 (es decir, durante el gobierno de Gustavo Petro).

Hay que tener tacto y pensar en las miles de familias, cuya subsistencia depende de una frontera activa. ¡Sensatez, por favor! Que las autoridades hagan lo propio para establecer la legitimidad de las elecciones.

Una declaración de Gustavo Petro, salida de tono, puede resultar peor, no necesariamente para Nicolás Maduro, sino para quienes viven del comercio binacional.

Ojalá a nadie se le ocurra pedirle al presidente cerrar otra vez el paso fronterizo, lo cual sería un suicidio económico, pues cualquier sanción termina siendo una medida inhumana.

Se descuenta que el país de Rómulo Gallegos será tema obligado en las elecciones del 2026. Independientemente del rumbo que tome Venezuela en las próximas horas o semanas; ojalá aquí no elijamos un gobierno que castigue, ¡otra vez!, a los venezolanos de a pie, cerrándoles el tránsito hacia Colombia, porque de paso castigarán a los colombianos que dependen de ese país.

La frontera es el cordón umbilical de venezolanos y colombianos. Estamos de acuerdo en que el malo de la película se llama Nicolás Maduro, así que no deberían pagar justos por pecadores.  

Tal vez sea hora de callarnos todos a ver si por fin nos escuchamos. Que el silencio no nos estorbe…  Hagámosle caso a mi teacher de inglés: “Silence, please”.