Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

AUGUSTO MONTERROSO  (Escritor  guatemalteco)

La memoria suele ser corta y selectiva. Solo recordamos lo que nos conviene y tranquiliza. Del estallido social que vivió Colombia en 2021 recordamos su finalización de alguna manera. También, los numerosos muertos, desaparecidos y heridos; una economía más lastimada que cuando ocurrió el confinamiento por el Covid (es posible explicar parte de la alta inflación en alimentos por lo ocurrido en aquellos días que estremecieron nuestro mundo); y el surgimiento de una lucha de clases cuyo resentimiento y miedo perviven: insistimos en mencionar a los jóvenes vándalos de la primera línea y a los fascistas camisas blancas de Cali. 

No obstante, el levantamiento de las barricadas y los escombros no significó la solución de muchos asuntos. Sabemos que el gobierno Duque ninguneó a los organizadores originales y su acotado pliego de 135 puntos y en cambio improvisó  una «Gran conversación nacional» con 150.000 personas quienes presentaron 13.000 peticiones. Se conversó con todos en general y con nadie en particular. Y el gobierno salvó su pellejo hasta la llegada del nuevo. 

Resaltar como un gran logro la reversión de la reforma tributaria del ministro Carrasquilla es una exageración: en realidad no afectaba gran cosa a los sectores populares, como dijeron los huelguistas, sino a la clase media. Tan solo fue la excusa perfecta para liberar la rabia contenida, como había ocurrido meses antes en Chile en donde el estallido explotó por el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro y terminó en un complejo proceso para cambiar la Constitución y en el triunfo del gobierno izquierdista de Boric. Los impuestos y los pasajes solo fueron disparadores para sacar a flote el hartazgo social. 

Hay similitudes entre ambos casos. No hay consenso en la determinación de  las demandas centrales de los movimientos ni en la identificación de los líderes sobresalientes. Algo tan generalizado y con tan diversas peticiones desbordó las mesas de negociación. Fue una rabia contra todo por parte de una heterogénea población (no solo de izquierdistas porque no son tantos en ninguna parte del mundo: jóvenes pobres, desempleados y sin educación, grupos violentos, madres pobres, universitarios, delincuentes, indígenas y negros, fracciones lumpescas, artistas, profesores, y un extenso etcétera de personas indignadas). Su agenda era difusa, maximalista y contradictoria. Aprovecharon el momento para vociferar su desagrado y desánimo. Por supuesto, también surgió la hipótesis de que fueron levantamientos populares mangoneados por una Internacional Socialista. No es descartable una cuota de conspiración mundial.

Entonces ¿cuáles fueron los problemas concretos planteados por los protestantes? ¿Cuáles fueron sus exigencias? Difícil resumirlo en pocas líneas. Se plantearon todo tipo de reivindicaciones. Al menos los chilenos se decantaron por un accidentado cambio de Constitución aún en curso. Pero en Colombia, ¿qué cambios se esperaban como consecuencia de esta revuelta? 

Hay una posible respuesta poco tranquilizadora. La protesta fue contra un estado de cosas, contra un orden social, contra la manera como el sistema no está funcionando para todos por igual. Una parte importante de la población no la está pasando bien —según un estudio de Gallup, si pudiera, la mitad de los colombianos se iría del país—. Y no se trata de explicar —porque sería mentira— que es debido a que el país no ha progresado en los últimos treinta años: todos los indicadores sociales y económicos mejoraron (acceso a educación, vivienda, servicios públicos, salud, mayores ingresos, en fin). Sin embargo, ha sido insuficiente para esa parte de la población cuyas expectativas son crecientes y ha perdido la paciencia para esperar. Aspiran a un Estado eficaz, legítimo y más preocupado por su bienestar, a mayor movilidad social, a una mejor educación, a más trabajos dignos, a la esperanza de tener pensión, entre muchas cosas. 

Y obviamente como eso no se logró en la mesa de conversación con un gobierno menospreciativo, se produjo el triunfo electoral de Petro, un candidato de izquierda atizador del levantamiento. Quizás por eso Alejandro Gaviria afirmó que fue positivo para el país el triunfo de Petro, porque podría controlar la explosión social. 

No debe ser liviano el peso de las expectativas de los votantes que carga el presidente sobre sus espaldas. Eso explicaría su intención de reformar todo lo que pasa por su mente delirante y agorera, sin priorizar ninguna idea, ni liderar la gestión de su inexperto equipo. Se percibe su falta de claridad para definir por dónde empezar porque sueña con atender —cual hombre providencial— las 13.000 peticiones del estallido social. Con el agravante de sus falencias para construir consensos con otros sectores y dejar sembrados avances reformistas, como exige un trámite democrático. En esas arenas movedizas está pataleando.

Y este apuro no debería producir satisfacción ni sosiego en quienes están en la otra orilla política. Hay que bajarse de esa nube: el fracaso de Petro no amainará la tormenta social. Por el contrario. Si el gobierno no soluciona ni cambia nada, confirma la vigencia de las causas del estallido. Por ahora, los datos disponibles no dan lugar al optimismo: pobreza (casi 40%), desempleo (10%), inflación (9% o más) e informalidad laboral (sinónimo de marginalidad y precariedad, superior al 55%). Cabe agregar la presencia de grupos armados por todo el país listos con su plata y pólvora para ayudar a crear el caos, la proliferación de bloqueos de carreteras por cualquier motivo y una economía en problemas. 

Ante semejante panorama, produce desazón la parsimonia de las élites y de los ciudadanos en mejor situación ante la magnitud de la desigualdad y la frustración social. Se está dejando a merced del populismo este torrente de descontentos. Están subestimando el asunto. Descartan que la explosión social puede estar en modo pausa. Más allá de eso, creo más en la fraternidad que en el miedo para movilizar acciones de mayor justicia social.

Por suerte, hay otros análisis más adecentados. Según un estudio del Dane, el 3,4 % de la población es clase alta, el 39,9 % es clase media, el 23,1 % es clase vulnerable y el 39,5 % es clase pobre. Tampoco es para sentirnos orgullosos pero al menos no es una versión tan rústica como la primera. 

Mal contadas pueden haber alrededor de 30 millones de personas que no deben sentirse cómodas con que sean retratadas como abusadas, víctimas de todo, esclavas en pleno siglo XXI, como si en los últimos 20 años no hubiera pasado nada positivo por sus vidas. Como si sus esfuerzos y méritos no hubieran valido la pena. Se menosprecia el hecho de que millones accedieron a vivienda digna, a educación para sus hijos, a servicios de salud, a la posesión de un vehículo o moto, al consumo de bienes materiales y culturales que en otras épocas eran exclusivos de pocos. (De hecho, el Dane acaba de informar que la pobreza multidimensional llegó al 12,9 %, el nivel más bajo de la historia).

Obviamente no significa que viven en el paraíso ni son todos. Pareciera, sin embargo, que para el gobierno estos sectores sociales o no existen o, peor aún, hacen parte de la jauría que se opone a sus reformas.

En conclusión, no hay que tragarse enteros estos discursos gubernamentales. El análisis de las sociedades bajo la lupa de la confrontación de clases es algo anacrónico. Por encima de todos los países han pasado muchas cosas: la globalización, la desindustrialización, la deslocalización de sectores económicos, el surgimiento masivo de empleos en sectores de servicios, el acceso a consumos materiales y culturales, la explosión de las identidades y segmentos sociales, la acelerada urbanización. Ha cambiado tanto el mundo que es posible que no pasen del 20 % las personas empleadas que puedan catalogarse como obreros.

No se trata de negar la persistencia de las grandes desigualdades de ingresos y patrimonio. Sino de que hay un nuevo universo de desigualdades múltiples que complejiza el asunto: género, sexo, edad, trabajo formal, informal o desempleo, etnia, nativo o inmigrante, bilingüe y no bilingüe, arrendatario o arrendador, universitario y no educado. En realidad, pocos se comparan con el 1 % de los más ricos o con el 10 % más pobre. Lo hacen con las personas que hacen parte de su entorno, y se esfuerzan por diferenciarse: un mejor colegio, un buen barrio, ropa diferente… 

Todo parece indicar que la intención del Presidente con estas simplificaciones consiste en construir emociones tristes como la ira y el resentimiento en quienes perciben algún tipo de desigualdad o injusticia social. Encender una especie de lucha de clases. Al fin y al cabo es un precepto central del ideario de la izquierda. Señalar víctimas y culpables de todo (la jauría, el 1 % de los ricos, los bisnietos de los esclavistas, los neoliberales). Y elaborar un relato conspirativo y paranoico que tenga eco en sectores indignados (ya lo han hecho exitosamente Boric y Trump).

Esa puede ser una estrategia legítima para lograr la justicia social. Su escenario es el motín y no los mecanismos institucionales para el trámite de los conflictos sociales. Meter miedo en unos y rabia en otros. Pero de esa combinación nada bueno puede esperarse.

Un camino más pragmático y efectivo hacia la igualdad puede ser trazado desde la promoción de sentimientos de solidaridad y fraternidad. Y no en un sentido religioso ni filantrópico ni regresando a antiguas formas de sociedad. No. Se trata de estimular un proceso de construcción de sentido de comunidad, de preocupación por los demás. En otros términos, de construir capital social, que hace referencia a elementos tales como cohesión social, confianza en las instituciones y en todas las personas, respeto por normas y reglas, predisposición para ofrecer y recibir apoyo de los otros, promover sentimientos de generosidad, tolerancia, honestidad, confianza. 

Las reformas económicas y políticas son insuficientes para crear una mejor sociedad. Hace falta ese elemento emocional, mítico, imaginario: el cultivo del aprecio de unos por otros y por la sociedad de la que formamos parte. Eso es capital social, y es el que crea capital humano (habilidades, conocimientos, competencias). Y quizás sea una base más sólida para promover el bienestar social.

El Presidente construye capital social cuando hace llamados a la unidad y evoca el sufrimiento de los más pobres; y lo destruye cuando promueve hostilidad contra los que juzga culpables. Ambivalencia que genera incertidumbre e inacción.

La escasez de capital social aquí no es por causa exclusiva de Petro. La historia nacional ha sido un continuo proceso de deterioro —o de no construcción— de capital social. Así lo indican los bajos índices de confianza en las instituciones, los políticos, los vecinos, los empresarios, los sindicatos, el poco acatamiento de normas y la falta de sanciones por su incumplimiento. En síntesis, no nos percibimos como semejantes y ligados los unos a los otros. Solo confiamos, ¡y eso!, en los familiares. 

El bajo nivel de capital social del país es una de las razones que explican la indiferencia por la desigualdad extrema. No es la maldad de algunos. 

Estamos, pues, frente a dos visiones: la lucha de clases o el desarrollo de un elemental sentido de la fraternidad, que podría ser un buen comienzo de búsqueda de la igualdad social. Y no es una decisión que solo competa al gobierno. 

Para seguir la pista

Dubet, Francois, La época de las pasiones tristes, 2021. Siglo Veintiuno Editores.

Dubet, Francois, ¿Por qué preferimos la desigualdad?, 2015. Siglo Veintiuno Editores.