Las flores de las orquídeas del género Dracula se asemejan a animales fantásticos. Esta particularidad las pone en el centro de un comercio internacional con dificultades para comprobar que los ejemplares tienen un origen legal. Este es el hallazgo central del artículo Dracula bajo amenaza: demanda persistente de un taxón de orquídeas amenazado y de distribución restringida, publicado en junio pasado en la revista Biological Conservation.

“Sabemos que las Dracula son de las orquídeas más deseadas entre los coleccionistas”, dice Edicson Parra-Sánchez, autor principal del artículo e investigador senior del Christ’s College de la Universidad de Cambridge. Además de la apariencia, su nombre fantástico, que viene del latín y significa “pequeño dragón” –no hace referencia directa al famoso vampiro de la ficción de Bram Stoker–, y su amplia gama de colores están entre las características que las vuelven atractivas, de acuerdo con el especialista.

El género Dracula comprende 133 especies que se distribuyen desde México por Centroamérica y hasta Perú. Sin embargo, la diversidad se concentra en Colombia y Ecuador. Solo este último país alberga 62 especies.

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Parra-Sánchez y un equipo de especialistas de Ecuador, Colombia, Costa Rica y el Reino Unido analizaron 34 087 registros de comercio reportados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) entre 1977 y 2022.

Los autores encontraron datos que indican irregularidades e incluso tráfico ilegal. Más especies amenazadas por la extracción que las reportadas como comercializadas, países de exportación no nativos, altos volúmenes reportados como propagados artificialmente cuando se trata de especies difíciles de reproducir en laboratorio y venta incluso antes de que la especie exista formalmente para la ciencia son algunas de las alertas.

Para Marco Monteros, especialista en orquídeas, el trabajo de sus colegas permite corroborar con datos algo que para los orquideólogos es evidente desde hace años. “Las personas que trabajamos en la parte taxonómica nos damos cuenta de que existen muchas especies nuevas floreciendo en el extranjero”, dice el director ejecutivo de Fundación Ecominga, una organización no gubernamental ecuatoriana.

Lo anterior quiere decir que los ejemplares salieron de manera ilegal e irregular de los países de origen, con graves impactos para la conservación de especies únicas que están restringidas a pequeñas zonas geográficas de bosques nublados y bosques húmedos de montaña, precisa Monteros.

Exportaciones con volúmenes sospechosos

Según el estudio, entre 1981 y 2022 se exportaron 112 083 individuos vivos de 121 especies de Dracula, lo que equivale al 91 % de especies del género. Sin embargo, un porcentaje mayor, el 93 % está amenazado por la sobreexplotación, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El volumen anual pasó de 29 plantas en 1982 a un pico de más de 8200 en 2004, cuando Taiwán envió a Bélgica un solo cargamento de 4650 ejemplares de Dracula cordobae, una especie que hasta ahora solo ha sido registrada en el suroccidente de Ecuador.

“Si hubieran salido de Ecuador, tendría algo de sentido”, dice Luis Baquero, biólogo especialista en el género Dracula y coautor del artículo. Aun así, el volumen le parece sospechoso, pero no solo en este caso. En todos los registros de la base de datos se reportó que los ejemplares fueron propagados artificialmente.

Obtener permisos del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador para colectar ejemplares en la naturaleza es “sumamente difícil”, asegura Baquero. De conseguirlos, después aparece otro reto, que es domesticar la planta y hacer varios ensayos hasta lograr la reproducción en laboratorio. Obtener una planta con flor puede tomar al menos cinco años.

Además, dice, las Dracula no son especies comerciales, es decir, no es común encontrarlas en las perchas de los supermercados como sí sucede con las del género Phalaenopsis o Cymbidium. “Es un nicho más específico, quienes compran Dracula son gente que sabe cultivarlas”, asegura Baquero.

“Se sospecha que bajo el nombre de Dracula cordobae deben haberse exportado muchas más especies, considerando que es muy difícil distinguir la mayoría de especies cuando se encuentran sin flor”, dice sobre el caso de Taiwán.

Pasar una especie por otra es lo que estaría sucediendo de manera general en el comercio de orquídeas, pues las autoridades portuarias no están capacitadas para corroborar que lo que se declara corresponde a lo que se exporta o importa, explican los especialistas.

Este caso ilustra uno de los principales hallazgos del artículo: el 49 % del comercio registrado se originó en países donde la especie no crece de manera natural.

Ecuador controló el 64 % del total de las exportaciones, lo que señala que desde el país también están saliendo especies no nativas, de acuerdo con Baquero. Le sigue Colombia, con el 18 % de las exportaciones. Mientras tanto, Alemania recibe el 68 % de todos los individuos importados. Estados Unidos desempeña un papel clave como intermediario al conectar con los principales países exportadores e importadores.

Especies no conocidas para la ciencia, a la venta

Los autores encontraron que el 89 % de las especies del género, 118 de 133, fueron descritas a partir de plantas que ya estaban en viveros. De esos casos, el 69.2 % de los especímenes usados para la descripción estaba fuera del país donde la especie crece de manera silvestre, principalmente en Estados Unidos.

“La mayoría de las especies Dracula estaban disponibles comercialmente sin que se conociera su identidad taxonómica, sus requerimientos de hábitat natural o incluso antes de que sus identidades estuvieran debidamente establecidas”, se lee en el artículo. Parra-Sánchez hace una analogía: esto es como si un niño sin documento de identidad saliera de su país de nacimiento.

En relación al momento de la descripción formal, los investigadores revelaron que D. fuligifera fue comercializada antes, D. tsubotae fue comercializada el mismo año y otras 20 especies fueron comercializadas menos de dos años después. Juntas representaron el 18 % de la base de datos.

Los investigadores identificaron algunas de estas especies a través de imágenes que promocionan su comercialización en redes sociales y páginas web. Los orquideólogos también identifican especies nuevas, todavía no descritas para la ciencia, en ferias y exposiciones internacionales, añade Baquero.

“A los pocos años de descubrir una Dracula no puede ser exportada. No hay forma en la que se haya tenido un número [de plantas cultivadas en laboratorios] para exportarla, necesitas volumen”, asegura Parra-Sánchez. Aquí es importante precisar que los ejemplares colectados de la naturaleza no pueden ser comercializados porque pertenecen al patrimonio natural de cada país.

Solo los reproducidos en laboratorio pueden ser comercializados, pero como explica Baquero, para pedir permisos de colecta, la especie debería estar descrita científicamente y, si es que se lo realiza de manera regular, los ejemplares para la venta deberían salir al menos cinco años después. Por eso, se sospecha que muchos de los ejemplares comercializados estén siendo extraídos de la naturaleza.

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El estudio también documenta que cerca del 10 % de todo el comercio internacional de Dracula, más de 11 000 individuos, se registró bajo identidades inciertas o incompletas. Por ejemplo, se registraron exportaciones bajo la etiqueta “Dracula sp.”, sin especificar a qué especie exacta pertenecía cada planta.

“Deberían cambiar las leyes para que la exportación suceda con nombres completos”, sugiere Parra-Sánchez. La regulación actual estaría permitiendo que los exportadores comercialicen diferentes especies con un solo permiso, sin necesidad de obtener autorizaciones nuevas, explica el investigador.

A Monteros le preocupan las implicaciones de este comercio ilegal. Muchas especies son endémicas y algunas incluso microendémicas, lo que significa que existen en espacios bastante reducidos. El director ejecutivo de Ecominga ha acompañado casos en los que las personas involucradas en la extracción de vida silvestre no solo remueven individuos aislados, sino que extraen poblaciones enteras. “Se genera un grave riesgo para su permanencia en estado silvestre e incluso se puede conducir a extinciones locales”, asevera.

Otro problema, señala Baquero, es que los países de origen están perdiendo el control sobre sus recursos genéticos, principalmente en los casos en los que la reproducción en viveros extranjeros está establecida. Esto implica la distribución desigual de los ingresos generados en la comercialización, afectando a los países de origen de las orquídeas.

Propuestas para disminuir la ilegalidad y la irregularidad

Todas las especies de Dracula están listadas en el Apéndice II de CITES, que permite el comercio regulado. Esto sucede a pesar de que el 71.5 % de las especies evaluadas por la UICN están catalogadas como amenazadas y que la sobreexplotación es señalada como la principal amenaza para cerca del 90 % de ellas.

Por eso, los autores proponen que el género pase al Apéndice I, que prohíbe el comercio a excepción de que se haya verificado que los especímenes fueron propagados en cautiverio. La medida “proporcionaría protección crítica para especies recién descritas, cuyas poblaciones silvestres permanecen completamente desprotegidas durante el periodo entre la descripción científica y el establecimiento de stocks cultivados verificables”, se lee en las conclusiones.

Además, proponen cuatro acciones regulatorias. En primer lugar, eliminar reportes a nivel de género, lo que Baquero considera que podría ayudar a la trazabilidad.

Como segundo punto, plantean documentar el hábitat natural de origen de las especies que todavía carecen esta información; tercero, usar código de barras genético/metabolómico para verificar si se trata de plantas silvestres o cultivadas; y, cuarto, establecer periodos de espera obligatorios entre la descripción de nuevas especies y su autorización comercial.

“No son acciones demandantes, son esfuerzos que se pueden hacer a pequeña escala y que van a tener una repercusión en toda la red de comercialización”, dice Parra-Sánchez. Aunque reconoce que el puente entre investigación e implementación es largo, este es el primer paso para proteger a las especies del género Dracula.

REFERENCIA

Parra-Sánchez, E., Baquero, L., Ordóñez-Blanco, J. C., Gil-Amaya, K., Edwards, D. P., & Morton, O. (2026). Dracula under siege: Persistent demand for a threatened and range-restricted orchid taxa. Biological Conservation, 321, Article 111986. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111986

*Imagen principal: la orquídea Dracula cordobae es especie endémica de Ecuador. Los autores del informe encontraron irregularidades en su comercio internacional. Foto: cortesía Luis Baquero.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la Reserva Natural El Dorado, un equipo de ornitólogos esperaba el anochecer para comenzar la búsqueda de un pequeño búho. En cada punto de conteo, se separaban unos 20 metros entre sí y reproducían una grabación del canto de la especie. Luego esperaban en silencio. Si un búho respondía desde algún lugar del bosque, orientaban sus brújulas hacia el origen del sonido para determinar su posición. De punto en punto, los recorridos se extendían hasta la madrugada. Así estudiaron a Megascops gilesi, el búho de Santa Marta, la única ave rapaz endémica de Colombia, con una distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, buscaba comprender cómo responde esta especie a la transformación del hábitat y así entender qué tipo de bosque necesita para vivir. Para hacerlo, los investigadores compararon tres ambientes dentro de la reserva: bosques primarios, que conservan buena parte de su estructura original; bosques secundarios antiguos, que llevan años recuperándose; y pastizales con árboles dispersos.

La diferencia apareció con claridad. En los bosques con mejor estado de conservación —tanto primarios como secundarios antiguos— encontraron alrededor de diez veces más búhos que en los pastizales con árboles.

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“Pudimos confirmar que el búho es una especie especialista de interior de bosque”, explica Sergio García-Murcia, ornitólogo colombiano e investigador del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. “Eso quiere decir que su hábitat óptimo es un bosque con árboles grandes, con una cobertura de dosel abundante, y que todas sus funciones ecológicas no las puede llevar a cabo en un pastizal porque no encuentra las condiciones para realizar su vida”.

El estudio también permitió identificar qué características del bosque estaban asociadas con una mayor presencia del búho. Los registros fueron más frecuentes donde había árboles altos, un follaje más cerrado y bromelias. En cambio, había menos búhos en lugares con sotobosque abierto, pendientes pronunciadas y cerca de carreteras, viviendas y bordes del bosque.

Pero el estudio tiene un alcance concreto: describe únicamente lo observado en una reserva, por lo que todavía no permite calcular cuántos individuos existen en toda la Sierra Nevada ni cómo ha cambiado su población con el tiempo.

Un búho que había escapado a las investigaciones

El búho de Santa Marta fue descrito como especie en 2017. Es pequeño, presenta un plumaje en tonos rojizos o grises y habita los bosques montanos de la Sierra Nevada. Su distribución restringida a esta región contribuye a que esté clasificado como especie Vulnerable a escala internacional. Pese al interés que despertó su descripción, hasta ahora faltaban estudios detallados sobre las condiciones del hábitat que necesita.

“Es una especie desconocida en todos sus aspectos, en su ecología básica”, explica García-Murcia, autor principal del artículo. “A partir de esa información es que uno puede tomar medidas de conservación”.

Para encontrar las respuestas, el equipo primero recorrió sus distintos ambientes y registró cómo era la vegetación: midió el tamaño de los árboles, su grosor, la cobertura del bosque y las características del terreno. Después regresó durante la noche para buscar al búho en diferentes puntos de conteo.

“Salía a buscarlos a las siete de la noche, empezaba mis muestreos y en los puntos más lejanos terminaba hasta a las tres de la mañana”, relata García-Murcia.

El método de búsqueda empleado, utilizando grabaciones del búho, permite detectar aves nocturnas que pueden ser difíciles de encontrar solo con la vista. A partir de la dirección de los llamados, los investigadores podían ubicar a los animales y registrar dónde aparecían con mayor frecuencia.

García-Murcia destaca un detalle de los registros obtenidos en pastizales arbolados: las respuestas venían de pequeños fragmentos de bosque cercanos a quebradas o ríos. “Nosotros nunca vimos al búho en un árbol aislado en un potrero o en un pastizal. Siempre provenían de pequeños fragmentos”, señala. Esta observación, dice, ayuda a explicar por qué dejar árboles dispersos en un área abierta no parece sustituir las condiciones que ofrece el bosque con una estructura más completa.

El bosque que necesita

La diferencia entre ambientes no significa que únicamente los bosques primarios puedan albergar al búho. En El Dorado, los bosques secundarios antiguos también registraron una densidad alta, aunque el estudio no evaluó si bosques secundarios más jóvenes ofrecerían condiciones semejantes. García-Murcia considera necesario conservar tanto los bosques mejor preservados como los que llevan más tiempo recuperándose.

“Lo que nos muestran estos resultados es que hay que conservar el bosque —no solo los bosques prístinos o en muy buen estado de conservación— sino esas sucesiones vegetales avanzadas que en la Sierra Nevada de Santa Marta son muy comunes”, dice.

Los árboles altos y el follaje cerrado forman parte de esa estructura. También las bromelias, plantas que crecen sobre los árboles y pueden ofrecer refugio a anfibios. García-Murcia plantea una posible relación con la alimentación del búho, aunque el estudio no demuestra que la presencia de bromelias aumente su densidad por proporcionar más presas. Existen registros de que come anfibios y cangrejos, pero faltan investigaciones para establecerlo con mayor detalle. Conocer aspectos como este permitiría entender mejor qué ocurre cuando un bosque pierde árboles grandes, cobertura o continuidad.

Jorge Luis Gutiérrez-Guillén, coautor del estudio e investigador de Otus Conservation, coincide en que el conocimiento sobre esta ave empezó a construirse recientemente. Antes de esta investigación, él y otros colegas habían trabajado sobre su uso del hábitat. Entre los aspectos que aún requieren estudio están precisamente su reproducción y el papel de distintas presas en su alimentación.

“Es una especie que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema al fungir como controlador de las poblaciones de sus presas”, describe Gutiérrez-Guillén. “Estamos hablando de una especie endémica que se está alimentando de especies endémicas también. Eso habla de la importancia de la Sierra Nevado de Santa Marta como centro de endemismo”.

El estudio también halló una relación negativa entre la densidad del búho y la cercanía a carreteras, casas y bordes forestales. Por ello, los autores recomiendan conservar los bosques primarios y secundarios antiguos, mejorar la conexión entre fragmentos y evitar que nuevas aperturas degraden los que permanecen.

“Es decir, al búho no le gusta la presencia humana, es muy susceptible a eso”, explica García-Murcia. “Además, en las regiones que son más escarpadas encontramos menos búhos porque allí el bosque es mucho más simplificado, no tiene muchos elementos. El búho prefiere los bosques estructuralmente mucho más complejos que se dan en las zonas más planas”.

Lo que falta conocer fuera de El Dorado

La investigación ofrece datos sobre una zona concreta de la cara noroccidental de la Sierra Nevada. Guido Spinelli, biólogo de Otus Conservation que ha trabajado con el búho pero no participó en este artículo, considera que estos resultados son una base para orientar nuevas búsquedas. Advierte, sin embargo, que hace falta estudiar otros sectores antes de asumir que las densidades observadas en El Dorado se repiten en toda la montaña.

“Uno lo que esperaría es que en el resto de bosques conservados estuviera la misma situación de la estancia del búho”, comenta. Se trata de una expectativa, no de una estimación de sus poblaciones fuera de la reserva. Entre las tareas que propone está explorar otras zonas mediante monitoreo acústico para confirmar la presencia de la especie y evaluar las condiciones de los bosques donde se encuentre.

García-Murcia y Gutiérrez-Guillén cuentan que el equipo trabaja en otra investigación sobre la distribución del búho y su riesgo de extinción, pero esos análisis aún no forman parte de los resultados publicados en este artículo. Para García-Murcia, también hacen falta planes de manejo que reúnan investigación, educación ambiental y decisiones de conservación tomadas con quienes habitan la Sierra.

“Algo muy importante también es involucrar a las comunidades: la conservación no solo se hace con un artículo científico, la conservación se tiene que dar desde los territorios”, afirma el investigador. Gutiérrez-Guillén coincide en que proteger el hábitat y ampliar el conocimiento de la especie son pasos complementarios porque permitirían identificar qué áreas requieren atención y seguir sus cambios a futuro.

Conservar estos bosques es también una forma de proteger el hábitat de otras especies de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grandes centros de endemismo de aves del mundo, explica García-Murcia.

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una joya no solo para las aves, sino para muchos otros organismos”, concluye el ornitólogo. “Es como una isla en el cielo donde solo las especies que están ahí se encuentran en ese pedacito de territorio”.

*Imagen principal: el búho de Santa Marta (Megascops gilesi) es un ave rapaz endémica de Colombia, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: cortesía Jorge Luis Gutiérrez-Guillén.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

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Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

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Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

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Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

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En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

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«Desde 2010 tenemos más de 40 crímenes de personas indígenas pertenecientes a los pueblos pemón, warao, jivi, yanomami, piaroa y wayúu que han sido asesinados por las fuerzas públicas o actores no estatales», afirma Óscar Murillo, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea). Lo dice luego del asesinato de Julio Rodríguez, capitán –máxima autoridad de comunidad o pueblo– del pueblo indígena jivi ekunay, quien fue secuestrado el 2 de agosto y hallado muerto días después.

El hecho ocurrió en Bolívar, un estado con intensa actividad minera, en su mayoría ilegal, que forma parte del Arco del Orinoco -una extensa área minera creada por el presidente Nicolás Maduro- y tiene fuerte presencia de grupos armados. “Es un territorio donde se explota el oro, pero también el estaño y el coltán. Y está cerca a la comunidad donde Julio Rodríguez ejercía como capitán», señala el antropólogo Aimé Tillett, integrante de Wayamoutheri, un programa de promoción de los derechos indígenas en Venezuela.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa la situación de amenaza para los líderes indígenas en los territorios venezolanos ocupados por actividades mineras ilegales. Según un informe de SOS Orinoco, publicado en julio de 2026, “el estado Bolívar constituye el principal núcleo de actividad criminal, concentrando la mayor cantidad de grupos armados”. El reporte señala que por lo menos 26 grupos armados operan en cuatro estados del sur venezolano: Amazonas, Bolivar, Delta Amacuro y Esequibo (zona en disputa con Guyana). Según el informe, estos grupos están presentes en 20 de los 21 municipios que existen en esta zona.

La investigación también sostiene que estos grupos armados actúan “como estructuras de gobernanza de facto que regulan la vida económica y social de amplias zonas del territorio”. En los lugares donde actúan, “predominan los mecanismos de control territorial, administración informal de justicia, extorsión sistemática, control de corredores fluviales y fronterizos, regulación de la actividad minera y provisión de servicios básicos a comunidades donde la presencia estatal es débil o inexistente”.

También se menciona que la expansión criminal no se explica solo por la fortaleza de los grupos armados ante la ausencia del Estado, sino que apunta a “la existencia de un sistema de gobernanza criminal híbrida caracterizado por distintos niveles de tolerancia, coexistencia, facilitación y presunta colaboración entre actores estatales y organizaciones armadas”.

“Estos grupos armados operan cobrando ‘vacunas’ –extorsión–, regulando la vida cotidiana, ‘administrando justicia’ en las minas y realizando otras tareas que corresponden a las instituciones del Estado, como el pago de salarios a maestros y médicos, e incluso repartiendo alimentos y medicinas”, precisa el documento.

“Hay muy poca presencia del Estado venezolano. No hay contacto permanente. Son comunidades que además padecen falta de medicamentos y alimento, se ha trastocado absolutamente sus modos de subsistencia. El caso de Julio es el espejo de una crisis más profunda que se ha venido acelerando y que no habíamos calculado”, agrega Murillo.

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Pueblos indígenas dentro del Arco Minero

“Como indígenas que vivimos dentro del Arco Minero podemos decir que nada ha cambiado desde el 3 de enero, específicamente en las zonas mineras del sur del estado de Bolívar, municipio de Sifontes, mientras aumenta la contaminación por mercurio en los principales ríos como Cuyuni, Yuruari, Chicanán, afectando la salud materna de las mujeres y de los niños”, dice la lideresa indígena del pueblo pemón y defensora ambiental Lisa Henrito al iniciar su participación durante el 196 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en agosto. Allí representantes de Venezuela expusieron los impactos de la minería y otras actividades extractivas.

Henrito habló sobre lo que ocurre con las comunidades indígenas en Bolívar por la presencia minera y la criminalidad organizada. Dijo que “la contaminación de los ríos por mercurio está afectando la salud materna de las mujeres y niños”. Además, alertó sobre “el consumo de estupefacientes por parte de menores de edad en las comunidades”.

“Desde diciembre de 2025 hasta esta fecha se han registrado varios y diversos tipos de crímenes de los cuales resaltan tres por la crueldad con la que fueron ejecutados”, agrega para luego describir asesinatos cometidos por jóvenes indígenas bajo los efectos de las drogas.

El panorama que describe incorpora casos de tráfico de menores y divisiones dentro de los pueblos indígenas. “Hay conflictos entre los propios pueblos indígenas, entre quienes defienden los valores ancestrales frente a quienes apuestan por la minería como único mecanismo de subsistencia, situación que conviene al sistema de gobernanza criminal que reina en nuestra zona y al gobierno de turno”, cuestiona.

“El despojo territorial es una de las mayores amenazas vigentes y graves que podemos vivir como comunidades indígenas”, dice Henrito y continúa su discurso para adentrarnos en la inseguridad y violencia impuesta por los remanentes de los grupos armados de Colombia y los sobrevivientes de las bandas criminales que “siguen generando brotes de violencia intermitente” en medio de disputas y ofrecimientos económicos a las comunidades indígenas para tomar el control de las zonas mineras.

Tampoco deja de lado al Gobierno, por entregar “zonas ricas en oro y otros minerales a grandes empresas y grupos con poder económico y político sin implementar medios de vida para la población local”.

En la audiencia, Javier Palummo Lantes, relator especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, informó que pese a haber sido convocado, el Estado venezolano no respondió ni participó en la audiencia. No obstante, Palummo señaló que continuará monitoreando la situación en ese país.

Mongabay Latam solicitó al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas información sobre las acciones realizadas para la protección de los pueblos indígenas en las zonas mineras con presencia del crimen organizado, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta.

“Han habido ejecuciones, desapariciones, reclutamientos forzados, desplazamiento masivo de comunidades indígenas y todo esto operando con la anuencia de las autoridades civiles y militares de Venezuela”, dice Cristina Burelli, directora ejecutiva de SOS Orinoco, sobre lo que se vive en los pueblos indígenas ubicados en los estados mineros.

Burelli señala que es muy difícil documentar las amenazas y asesinatos en la Amazonía venezolana por el temor que tienen las personas de contar lo que sucede, por tanto, “se quedan callados”, y solamente se conocen los crímenes “muy visibles” como el caso de Virgilio Trujillo, del pueblo indígena uwottuja, asesinado en 2022.

Trujillo se oponía a la minería ilegal y a la presencia de grupos armados que entraban a su territorio comunal en el estado de Amazonas. “Sabemos que los yanomami, los pemón, los piaroa, los yekwana están siendo amenazados”, agrega Burelli.

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Vivir en medio de disputas violentas

El estudio de SOS Orinoco identifica a los 26 grupos armados que operan en los cuatro estados del sur de Venezuela, que incluye al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos derivados de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La lista también suma al Primeiro Comando da Capital (PCC), al Tren de Aragua y a Tren de Guayana, entre otros.

Según esta investigación, los grupos armados con mayor presencia fueron el ELN y las disidencias de las FARC, los mismos que están presentes en 16 de los 21 municipios que hay en toda esta zona. Otras organizaciones locales como la Organización 3R, el Tren de Guayana y varios de los ‘sindicatos mineros’ tienen un dominio focalizado sobre enclaves estratégicos de extracción aurífera.

“Las amenazas que rodean a las comunidades indígenas venezolanas están en manos de grupos armados ilegales, tanto extranjeros como nacionales”, comenta Murillo, de Provea. “Hay una combinación letal en el país donde grupos armados de criminalidad urbana migraron a los yacimientos mineros y ahora coexisten con grupos armados internacionales como las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y la guerrilla colombiana del ELN [Ejército de Liberación nacional]”, dice Murillo sobre el panorama de violencia en las zonas mineras del sur de Venezuela.

El asesinato de Julio Rodríguez no ha sido esclarecido. “No se saben los detalles”, dice Murillo, pero explica que el año pasado hubo una ruptura de lo que era una especie de alianza de entendimiento entre las disidencias de las FARC y el ELN. “Entraron en una disputa más violenta de esos territorios y en medio están las comunidades indígenas, absolutamente vulnerables y abandonadas”.

“Allí hay muy poca presencia del Estado venezolano. El último contacto con representantes del Estado, nos dicen ellos, fue hace más de un año.”, comenta Murillo.

El antropólogo Tillett comenta también sobre otros asesinatos ocurridos en las zonas mineras. Menciona el caso de un indígena warao, en el estado de Bolívar, así como el caso de dos indígenas piaroas, en la misma zona.

Los crímenes de la población indígena en Venezuela no son esclarecidos. El informe de Provea sobre Derechos de los Pueblos Indígenas 2025 incluye tres casos de asesinatos que permanecen impunes. El caso de Virgilio Trujillo es uno de ellos, también está el de Joaquín Hernández, indígena ye’kwana de la comunidad de Tencua, en el estado de Amazonas, considerado un guardián de su territorio, asesinado en septiembre de 2024 por individuos que no han sido identificados. Un tercer caso es el de Franklin Fernández, indígena yukpa, a quien mataron en la plaza central de Machiques, estado de Zulia.

*Imagen principal: un trabajador usa agua para comprobar cuánto oro absorbe una placa de cobre cubierta de mercurio en El Callao, estado de Bolívar. Foto: AP/Matías Delacroix.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los países de Latinoamérica enfrentan un escenario complejo en la degradación de la tierra. Por un lado, la conversión de los suelos para monocultivos o ganadería extensiva está provocando desertificación. Por otro lado, la crisis climática y fenómenos climáticos como El Niño intensifican los efectos por la degradación de los suelos. Los resultados ya se ven directamente en la vida diaria: menor acceso al agua y menos producción de alimentos, más riesgos de incendios y con ello el desplazamiento de personas y comunidades.

En medio de este escenario, la región tiene la oportunidad de abordar estas realidades en la sesión 17 de la Conferencia de las Partes (COP17) de la Convención de las Naciones Unidas de la Lucha contra la Desertificación (UNCCD) que se realiza en Ulán Bator, Mongolia, desde este lunes hasta el 28 de agosto, con el objetivo de encontrar caminos para restaurar de los suelos. 

Se trata del único tratado internacional que obliga a los 197 países que son parte a comprometerse en la gestión sostenible de la tierra para proveer alimentación, agua y oportunidades económicas para todas las personas. Además es una de las tres Convenciones de Río —junto con la biodiversidad y el cambio climático—, los grandes acuerdos internacionales firmados en la Cumbre de la Tierra de 1992 en Río de Janeiro, Brasil, las cuales también sesionarán a finales de 2026.

Este año, los países también pondrán sobre la mesa las alternativas y posibles soluciones a la degradación de la tierra. Los pastizales tendrán un rol protagónico al ser considerados ecosistemas aliados y estratégicos para gestionar de forma sostenible los suelos de regiones impactadas por la desertificación.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los acuerdos y mecanismos clave a seguir en esta COP17, los escenarios que enfrentan los países más vulnerables de Latinoamérica a la desertificación, así como las alternativas que ya se construyen en nuestra región.

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Perder alimentos por la desertificación

La degradación de la tierra y la desertificación tienen uno de sus impactos más visibles en la alimentación, pues se traducen en la pérdida de cultivos e inseguridad alimentaria para quienes dependen de la agricultura.

Esto es importante para América Latina y el Caribe, donde la agricultura familiar representa cerca del 50 % de la superficie destinada a productos como hortalizas, frutas, cereales y raíces y tubérculos, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Yasna Palmeiro Silva, investigadora y consultora en cambio climático y salud, explica que en la región la amenaza se exacerba por la combinación de procesos de degradación del suelo con fenómenos naturales y climáticos como El Niño, que históricamente se ha traducido en menores lluvias y aumento de las temperaturas en ciertas regiones del continente.

“Se combinan las vulnerabilidades sociales que tenemos en Latinoamérica, donde uno de los principales sectores económicos es la agricultura. En el Corredor Seco en Centroamérica desde hace bastante tenemos afecciones a la seguridad alimentaria y al agua. Hay poblaciones que se han tenido que desplazar dejando su casa debido a esta escasez”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Palmeiro agrega que esta combinación de agravantes del suelo ya se dan también en otras regiones de Latinoamérica, como la de Cerrado -en la sabana brasileña-, la Amazonía, la región del Chaco sudamericano o Coquimbo, al norte de Chile.

“En estas zonas en particular, las personas han tenido que estar dependiendo de camiones aljibe que llevan agua para consumo porque ya no llueve, no tienen agua en las capas subterráneas y eso genera una inseguridad hídrica importante”, dice la investigadora y agrega que hay un desplazamiento de comunidades ante la sobreexplotación de los suelos.

La agricultura y las actividades económicas, sostiene, “se han ido desplazando y la gente ha tenido que cambiar completamente de actividad económica, porque la agricultura en particular no sirve ni para comer ni para generar ingresos”.

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El Niño: un detonador de riesgos en Latinoamérica

Las sequías, los aumentos de temperatura y los incendios que muestran el avance de la desertificación se están combinando con la variabilidad del clima y con las consecuencias de las actividades humanas, como la transformación de los suelos.

Especialistas explican que aunque siempre hemos interactuado con los efectos de El Niño, al combinarse con otros factores sus impactos crecen y representan mayores riesgos. Para 2026, por ejemplo, se estima un aumento de incendios severos en ciertas zonas asociados a este fenómeno, de acuerdo con un análisis de la red de científicos World Weather Attribution.

Los vínculos de El Niño con las inundaciones y sequías en Latinoamérica están históricamente identificados por científicos e investigadores. Por ejemplo, suelen implicar mayores temperaturas y lluvias intensas en el norte de México, Perú, Ecuador y en algunas zonas de Chile y Uruguay, mientras que las sequías tienden más a impactar Centroamérica, el norte de Brasil, Colombia y Venezuela.

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“Además de esos procesos climáticos y meteorológicos de variabilidad natural que están ocurriendo estamos cambiando un suelo debido al uso que le damos. Estas tres cosas confluyen para un desastre perfecto”, sostiene Palmeiro, quien agrega que donde se viven más los efectos de la crisis climática, se intensifican los fenómenos naturales.

Belén Valenzuela, oficial del programa de Bosques y Pastizales de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) América del Sur, coincide en que estos fenómenos impactan en conjunto en las zonas más vulnerables con sequías más intensas y temperaturas que afecta las productividad de la vegetación. Esto expone a estas regiones a incendios.

“Es importante entender que estos factores no actúan de manera aislada, sino que se refuerzan entre sí. Se produce un círculo bastante preocupante”, explica la especialista. “Tienes un ecosistema degradado que responde peor a una sequía o a una crisis climática extrema y que puede acelerar aún más su degradación”, explica.

Palmeiro agrega que esta combinación de efectos ya está teniendo un impacto en la salud y el bienestar de las personas. De acuerdo con un comentario científico elaborado por la investigadora, durante el fenómeno de El Niño 2023-2024, Latinoamérica registró su peor temporada de dengue de la historia, con un aumento del 600 % en los casos de países andinos y del Cono Sur, especialmente en Brasil y Paraguay. También se reportaron cerca de 8436 muertes más de las esperadas, asociadas a olas de calor.

“Las lesiones y las muertes las vamos a ver de inmediato, pero hay un cierto rezago de otro tipo de enfermedades que empiezan a aumentar a las semanas o inclusive meses después del evento”, dice la investigadora a Mongabay Latam.

También menciona que los sistemas de los países de la región no están preparados para estos efectos acumulados. “Son sistemas que se hicieron bajo un clima que no existe más. Estamos ante un escenario completamente nuevo, lo vamos a seguir estando dependiendo de las decisiones que tomemos”, puntualiza.

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Instrumentos clave para la COP17

Uno de los esquemas clave que Naciones Unidas ha implementado contra la desertificación es el concepto de neutralidad en la degradación de la tierra (LDN, por sus siglas en inglés) y busca impedir la erosión de los suelos y revertir el impacto que ya existe en el 70 % de todas las tierras libres de hielo para 2030, de acuerdo con el organismo internacional.

Para ello, la mayoría de los países firmantes se han comprometido a diferentes medidas que forman parte de este esquema, como restaurar 1000 millones de hectáreas para 2030.

Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca que uno de los temas pendientes a seguir será el recién instaurado Fondo de Inversión para la Resiliencia a la Sequía, que busca respaldar la agricultura sostenible, mejora el acceso al agua y promover soluciones basadas en la naturaleza.

“Veremos algún primer reporte en la agenda cuando aborden sequías, si ya han podido acceder a fondos, en qué estado está toda la la cuestión operativa, si efectivamente ya están implementando o todavía están en el proceso de definir proyectos o firmar contratos, todo lo burocrático que suele estar asociado a ello”, advierte la abogada ambientalista.

Di Pangracio explica que a nivel político también está pendiente definir un instrumento vinculante que permita atender mejor el tema de las sequías y que no pudo traducirse en un acuerdo político desde la COP de Desertificación pasada, en 2024, en Arabia Saudita.

“Se listaron una serie de instrumentos que van desde una simple declaración hasta un protocolo. Desgraciadamente no se dio el acuerdo político para definir qué instrumento. Veremos si prospera en esta COP17, va a estar más difícil por toda la situación geopolítica, por lo polarizado que está todo”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Por otro lado, Valenzuela, de UICN América del Sur, sostiene que esta COP17 será importante para la participación de pueblos indígenas y comunidades locales porque se buscará avanzar en la creación del Caucus, espacios donde líderes indígenas eligen a representantes que expresan inquietudes y necesidades en los altos espacios de negociación política.

“Esto es significativo justamente porque permite pasar de una lógica en la que los pueblos indígenas y los comunidades locales participan a través de eventos o consultas a tener un espacio institucional propio, articular posiciones, influir en las negociaciones y dar seguimiento a la implementación”, explica Valenzuela a Mongabay Latam.

Aunque estos mecanismos no toman decisiones directas en las negociaciones, la especialista advierte que pueden convertirse en una especie de plataforma para que las prioridades latinoamericanas sobre derechos territoriales, restauración, gobernanza, conocimiento tradicional y financiamiento tengan mayor peso dentro de la COP.

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Pastizales y sabanas, aliados estratégicos y poco vistos

Mientras los bosques han concentrado buena parte de la atención de las políticas de conservación y cambio climático, los pastizales y sabanas siguen siendo ecosistemas subestimados pese a sus beneficios en los suelos y en la producción de alimentos. Así lo considera Gabriel Quijandría, director regional de UICN para América del Sur, región que puede encontrar un aliado en estos ecosistemas.

“El hecho de que en América Latina cerca del 33 % de todos los biomas que hay son pastizales y sabanas, te das cuenta de este del rol enorme que deberían tener en términos de captación de carbono, de todas estas posibilidades de apoyar al esfuerzo de conservación o de recuperación de la naturaleza”, dice a Mongabay Latam.

Los pastizales son fundamentales, explica Valenzuela, porque sostienen funciones ecológicas, productivas y sociales que no suelen verse a simple vista. “Protegen y forman suelos, almacenan carbono, regulan el agua, reducen la erosión y sostienen también una gran diversidad de especies”, expone.

Los especialistas de UICN precisan que además cumplen un rol clave para la seguridad alimentaria y la economía de cerca de 30 millones de personas.

“Los pastizales y las sabanas muchas veces son la base de sistemas ganaderos y pastoriles y sostienen los medios de vida de millones de personas. No son tierras vacías y tampoco son tierras degradadas por definición, son ecosistemas naturales que tienen una enorme capacidad de contribuir a la biodiversidad, al clima, al agua y a la producción”, insiste.

Como parte de un esfuerzo de articulación con gobiernos, sociedad civil y organizaciones, UICN
elaboró un documento regional que identifica tres grandes riesgos a la salud de estos ecosistemas: la expansión agropecuaria y el cambio de uso de suelo; manejo de ganado inadecuado y sobrepastoreo; y la crisis climática.

“La amenaza más estructural es la conversión. Hay pastizales y sabanas naturales que están siendo transformados en cultivos. Hay presiones fuertes que están enfrentando paisajes como las Pampas, el Cerrado y el Gran Chaco y cuando ocurren este tipo de transformación, no perdemos solamente vegetación, sino tenemos fragmentación de hábitat, degradación del suelo, pérdida de funciones que estos ecosistemas prestan para el agua, la biodiversidad o la producción”, detalla Valenzuela.

Por esta razón, los representantes de UICN consideran que la COP17 es una buena oportunidad no solo para posicionar el tema pastizales y sabanas, sino para también posicionar a América Latina como un liderazgo en adaptación y soluciones.

“Poner este tema sobre la mesa le abre a América Latina esta potencialidad precisamente porque tenemos estas extensiones tan grandes, pero tan importantes también en términos económicos, vinculados a la cultura”, señala Quijandría.

*Imagen principal: el Corredor Seco de Centroamérica es de las regiones más vulnerables a la desertificación y la sequía. Foto: cortesía José Hernández/FAO

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“Super El Niño” es uno de los nombres con los que los medios han bautizado a la versión 2026 de este fenómeno climático, pero definirlo es mucho más complejo de lo que parece, explica a Mongabay Latam el doctor Ken Takahashi Guevara, investigador científico principal en el Instituto Geofísico del Perú, en esta entrevista para conocer lo que debemos saber sobre El Niño.

Este fenómeno climático, que ya le resta horas de sueño a las autoridades, empresarios y organizaciones científicas, está comenzando a tener sus efectos en países como Chile, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia.

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Takahashi Guevara nos adentra en la historia, el origen del nombre, los impactos y lo que debemos esperar durante los próximos meses, con un pico de efectos entre octubre y febrero, según autoridades de varios de los países latinoamericanos que podrían verse afectados. Aquí, los pormenores explicados por uno de los expertos que mejor conoce el fenómeno.

—¿Cómo definiría al fenómeno de El Niño?

—Es una pregunta más compleja de lo que parece porque El Niño como fenómeno tiene muchos aspectos. La definición tiende a intentar reducir toda esa complejidad en algo sencillo. Lo principal que se ha tomado como definición es el calentamiento del océano Pacífico. A grandes rasgos, un calentamiento anormal por encima del promedio. A nivel internacional, a propósito de los impactos, se ha priorizado el monitoreo de la temperatura del océano en la superficie de la región del Pacífico Central, en la región que se le llama “Niño 3.4”. No es la única forma de medir El Niño, pero digamos que es la más prevalente, la más común a nivel internacional, aunque cada país debería definir o considerar una definición adecuada a sus necesidades, es decir, a qué aspectos del fenómeno lo afectan. No necesariamente siempre va a ser “Niño 3.4” el mejor lugar para monitorear y para definir El Niño.

Entonces, en el caso de Estados Unidos, que propuso esa región “Niño 3.4”, esa es la mejor. En el caso de Perú, que estamos en la costa del Pacífico, la zona 3.4 sí es relevante para ciertos aspectos de lo que pasa en nuestro territorio. Por ejemplo, cuando se calienta esa región del océano, hay mayor probabilidad de déficit de lluvias en el país, sobre todo en la región andina y amazónica. Pero cuando se calienta la costa de Perú, puede resultar en grandes inundaciones en la región costera.

Entonces, en Perú oficialmente se define El Niño en las dos regiones. En la región que le llamamos “Niño uno más dos”, que es la región que está en la costa de Perú, y la región “Niño 3.4”. Por eso hablamos de El Niño en el Pacífico Oriental, y en el Pacífico Oeste y el Niño del Pacífico Central. Esto quiere decir que tenemos dos definiciones diferentes para El Niño, que nos afectan de diferente manera.

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En la mayoría de los casos y países, lo que define va a ser la temperatura superficial del mar, porque históricamente El Niño se refería a una corriente oceánica cálida que venía a lo largo de la costa norte de Perú, desde el norte hacia el sur. El Niño tiene que ver más que nada con la temperatura del mar. Pero los impactos pueden ser, como mencionaba, muy diferentes, puede ser lluvias fuertes o sequías.

Sobre la temperatura: el océano varía en forma más lenta, o sea, sus variaciones son más lentas que las atmosféricas. Entonces un índice basado en la temperatura del mar es más estable que el de un índice basado en la circulación de la atmósfera. Permite ver mejor las variaciones lentas asociadas a este fenómeno que es, en principio, lento pero que tiene otros fenómenos encima que pueden generar “ruido” en el índice si es que se tomara otro tipo de variable atmosférica. Entonces por eso también en términos prácticos se utiliza la temperatura del mar y no los vientos o las lluvias.

—El Niño y el cambio climático son dos fenómenos separados, pero, ¿cómo se relacionan?

—En paralelo a El Niño tenemos el proceso de calentamiento global. Lo que vemos son dos fenómenos diferentes, ambos incidiendo sobre ese índice de aumento de la temperatura del mar. Es importante diferenciar los impactos de El Niño y los impactos del cambio climático. Se vienen actualizando los índices a nivel internacional para remover la señal del cambio climático, del calentamiento global, es decir que se le está restando la señal del cambio climático para que no se confundan, para que no parezca que El Niño es más caliente de lo que en realidad es porque el calentamiento global le está ayudando.

En la medida en que no se esté corrigiendo, eso puede estar sobredimensionando la magnitud del evento. Lo que sí es también importante es que ambos pueden amplificar impactos y algo que ocurrió en 2023-2024 es que la señal de El Niño y el cambio climático, ambos, contribuyeron a una tremenda sequía en la Amazonía, lo que ha resultado en un número récord de incendios forestales.

En la costa norte de Perú, durante El Niño, el calor tiende a ser y está siendo bastante intenso, y eso puede producir impactos en la salud humana. Si tenemos el calentamiento global más El Niño, entonces la situación puede ser mucho más severa. Ambas señales deben separarse para poder entender bien, diferenciar bien los impactos. Pero una vez que se separan, uno tiene que ver también como es la interacción entre sí.

—¿Cuál es la diferencia con La Niña, otro fenómeno climático?

—Viene del concepto original de El Niño. A finales del siglo XIX, en Perú tuvimos un evento que llamamos El Niño. Fue en 1891. La corriente cálida del norte hizo que la costa norte de Perú tuviera fuertes lluvias e inundaciones. Un par de años después se identificó que ese calentamiento está asociado a esta corriente de El Niño. A la corriente de El Niño se le llamaba así porque ocurría normalmente después de Navidad y por lo tanto se asoció al niño Jesús.

Cuando a lo largo del siglo XX se empezó a desarrollar más la investigación sobre el fenómeno se encontró que sobre todo en la región del Pacífico Central había fases cálidas y fases frías que eran más o menos similares en cuanto a su magnitud. Y teníamos un nombre para la fase caliente, pero no para la fase fría. En los años 80 algunos investigadores empezaron a plantear algunos posibles nombres para la fase fría. Empezaron a pensar qué cosa es lo opuesto al niño. Alguien propuso “el viejo”, otro propuso un “antiniño”, que no era el nombre más afortunado.

Finalmente el que quedó fue La Niña. El Niño es el caliente, La Niña es la fría, según esa lógica. Ahora, en cuanto a las variaciones en el Pacífico Central, efectivamente es más o menos simétrico lo que pasa con la fase caliente y la fría, solamente que los efectos tienden a ser los opuestos. Es decir, a grandes rasgos, si El Niño produce lluvias mayores en una región, La Niña produciría lluvias reducidas.

En el caso de Perú, La Niña no es tan simétrica porque el enfriamiento de la costa nunca va a ser tan intenso como el calentamiento que se puede presentar durante El Niño. Entonces aquí si no es tan equivalente.

—¿Por qué los científicos informan que hay sequías debidas a El Niño en ciertos países o ciertas zonas de ciertos países y en otros hay inundaciones por el mismo fenómeno?

—En primer lugar, cualquier lugar del mundo va a tener variabilidad en su clima, que responde a una diversidad de factores. La ventaja de El Niño o La Niña es que son predecibles. Es decir, debido a que conocemos muy bien cómo funciona, somos capaces de simular su comportamiento con estas herramientas que llamamos modelos climáticos. Y debido a que es un fenómeno de gran escala espacial, o sea, que ocupa todo el océano Pacífico tropical, y el océano es mucho más lento que la atmósfera, eso da una capacidad de hacer predicciones con varios meses de anticipación y las predicciones, a grandes rasgos son bastante buenas.

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El Niño es la señal de variabilidad climática, quizás una de las más grandes, sino la más grande en cuanto a sus impactos a nivel global y que además es predecible. Pero si nos fijamos en un lugar cualquiera en el mundo, no todas las variaciones se deben a El Niño.

Ahora, habiendo dicho eso, ¿cómo funcionan los impactos de El Niño? Básicamente es que si se calienta la región del Pacífico Central, el llamado “Niño 3.4”, facilita que las regiones de máximas lluvias, las tormentas que normalmente están más en el oeste del Pacífico se desplacen hacia el este, hacia la región central.

Esas zonas de tormentas son zonas donde las corrientes atmosféricas están ascendiendo, es decir, de la superficie hacia la parte más alta. Entonces, normalmente hay una circulación de la atmósfera que asciende en el oeste del Pacífico y desciende en el este, y toda esa circulación se desplaza un poco hacia el este.

Está generando un ascenso del aire donde antes no había ese ascenso, y eso produce este tipo de perturbaciones. Eso tiende a producir ondas en todas las direcciones. Como el planeta Tierra es una esfera y está rotando, esas ondas no son circulares, sino que tienen una geometría bastante compleja que hace que la distribución de la presión atmosférica y los vientos se alteren de manera distinta en todas partes del mundo.

Entonces, en ciertas zonas vamos a tener que hay más viento que viene desde la zona cálida de los trópicos y en otras zonas de repente va a tener más aires que vienen de las zonas polares. Es bien complejo y cada región va a tener un impacto diferente, dependiendo de dónde está. En algunos casos sequías o inundaciones, otro caso puede ser más caliente, más frío.

En el caso de Perú, ese desplazamiento en el Pacífico central de las aguas calientes puede producir mayores sequías en los Andes y la Amazonía. En el noreste de Brasil también tiende a producir más sequías. Lo que quizás es más homogéneo en los impactos de El Niño es que la región tropical tiende a calentarse en promedio. Pero los que son cambios en los vientos, en las lluvias, en las sequías, etcétera, eso sí es mucho más heterogéneo.

—Entonces los impactos pueden ser muy distintos dependiendo de la ubicación geográfica…

—El Niño tiene sus particularidades que hacen que también sus propios impactos sean distintos. Algo que es muy importante es esta diferencia entre el calentamiento en el este y el centro del Pacífico. Entonces ahora la comunidad científica empieza a hablar de El Niño del Pacífico Central, el Niño del Pacífico Oeste.

En Perú, las diferencias entre ambos son muy grandes. Esa misma lógica la puede aplicar al resto del mundo y va a encontrar que puede haber ligeras diferencias. El Niño más caliente en el este que en el centro o viceversa.

—¿Existe un “Súper El Niño” para 2026 y el verano de 2027? ¿Vendrá un Niño recargado en su intensidad e impactos?

—Científicamente, no manejamos ese nombre. Este “súper” creo que empezó en algún momento frente a los resultados de las simulaciones de ciertos modelos climáticos de europeos que empezaron a proyectar un calentamiento bastante intenso, pero no es un concepto que se maneje científicamente. Cada año que va a ocurrir un evento hay un nuevo nombrecito. Existió “El Niño Godzilla”, recuerdo, hace unos años.

El “súper” hace pensar a la gente en los impactos. Y los impactos no son necesariamente proporcionales al nivel de calentamiento que se dé en el mar. Entonces podemos tener un «súper calentamiento», pero no una «súper lluvia». No necesariamente. Y en particular, en Perú se está proyectando que lo más probable es que sí haya fuertes lluvias, como ocurrió en 1998 en la costa norte de Perú. Pero tampoco es que esté garantizado al 100 %. El calentamiento es más predecible. Las lluvias son más complejas. No se puede asegurar que va a haber súper impactos, pero obviamente tenemos que prepararnos para esa posibilidad.

—¿Existen ya mapas de dónde puede llegar a haber más lluvia y dónde menos, dónde podría haber sequía?

—Hay muchos mapas estadísticos y es lo que normalmente uno toma como referencia para evaluar la posibilidad de esos impactos. Pero esos mapas no son determinantes y normalmente lo que ocurrió un año dado no coincide necesariamente con el mapa de ahora. Hay aspectos que sí son recurrentes: reducción de lluvias en Colombia o noreste de Brasil, o quizás las lluvias en el norte de Argentina. Eso es algo que podríamos decir que es lo más esperable, pero no necesariamente se va a dar. Los pronósticos de clima se hacen en términos de probabilidades.

—Después de los últimos fenómenos de El Niño que se vivieron, ¿cree que hemos aprendido a prepararnos para los impactos?

—Puedo hablar un poco más sobre Perú. Y yo diría que no, no hemos aprendido realmente mucho. Lo digo porque muchas de las lecciones que se recogen de los eventos recientes son lecciones que se han recogido hace ya 100 años y sin embargo todavía no se ponen en práctica. Hay lecciones identificadas pero no necesariamente aprendidas.

La prevención es algo que se hace años antes, no cuando el pronóstico nos dice que tal cosa puede ocurrir. Entonces el pronóstico no debería ser lo que nos lleve a las acciones. En Perú, por ejemplo, en nuestra costa norte, aún no tienen un drenaje pluvial en las ciudades que son afectadas típicamente por las lluvias. Hace 100 años ya se sabía que era necesario, pero todavía no se implementa.

Hay una particularidad con el periodo de recurrencia: no es suficientemente corto, es decir, toma tiempo entre un evento de lluvia y otro, y mientras tanto cambiaron las autoridades. Entonces nunca se hace bien. Es un problema que los impactos de El Niño no sean más recurrentes porque no nos obligan a tomar acción. Pero obviamente hay un montón de otros factores que condicionan que no estemos haciendo lo que sabemos que deberíamos estar haciendo para prevenir esos impactos.

*Imagen principal: una carretera destruida por las fuertes lluvias que provocaron inundaciones en Arequipa, Perú, el lunes 23 de febrero de 2026. Foto: AP/José Sotomayor

El artículo original fue publicado por Emilia Delfino en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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