Algo se movió en Colombia en los últimos años. Y no, no fue solo la “rebelión de gobernadores” reclamando autonomía territorial frente al viejo centralismo. También hubo otra: la de la toga (2025). Más sutil —no siempre—, quizás, pero igual de política.

Congresos, foros, declaraciones, comunicados, micrófonos y más micrófonos. De repente, la judicatura —en cabeza de sus presidentes de cierre— salió en masa a hablar de Estado de derecho, de regresión democrática, de constitucionalismo abusivo, de Constitución en reversa y de autonomía judicial.

Expresiones que, en el contexto colombiano, aludían a una posible afectación de la independencia y autonomía de las tres ramas del poder público —ejecutiva, legislativa y judicial—, pero, de manera especial, a las tensiones entre la rama judicial y la figura presidencial.

Todo muy propio de un escenario complejo y en abierta disputa: un Ejecutivo que, por momentos, exhibe visos populistas mientras impulsa una agenda social que lo llevó a encarnar el primer gobierno de izquierda en la historia política del país; y, del otro lado, una justicia incómoda, reactiva —incluso por momentos desbordada—, que se siente interpelada por el gigantismo del poder presidencial, propio de nuestro sistema de gobierno. Una justicia que se ha caracterizado por su rol garantista en materia de dogmática y derechos, pero mucho menos generosa cuando esos mismos lentes deben aplicarse a lo económico, lo fiscal, lo minero e incluso a lo social.

La llamada “rebelión de la toga” dejó varias lecciones. La más evidente: la autonomía judicial no es solo presupuesto, ni autogobierno, ni garantías estatutarias y formales. Es también —y, sobre todo— independencia real. Y esa independencia se pone a prueba no solo frente al poder político, sino frente a todos los poderes.

Sí, todos.

Porque el problema no se agota en las indebidas presiones del Ejecutivo. También opera —muchas veces con mayor sigilo— desde los gremios, las élites económicas, los círculos académicos cerrados, los grandes bufetes, las redes de influencia, el mundo del arbitraje e incluso el litigio estratégico.

Para pensar en esta última idea, acudí a un libro breve pero sustancioso: La independencia de los magistrados, del profesor francés Fabrice Hourquebie (Tirant lo Blanch). Allí se desarrollan elementos que, a mi juicio, quedaron por fuera de la “rebelión de la toga” vivida recientemente en Colombia.

El autor analiza la independencia judicial desde tres aristas: (i) la independencia de la institución judicial; (ii) la independencia sustentada en garantías estatutarias; y (iii) la independencia como cuestión de conducta personal.

Insisto: los dos primeros aspectos fueron ampliamente debatidos en 2025. Pero vale la pena detenernos en el tercero.

La independencia de los magistrados como cuestión de conducta personal abre interrogantes incómodos, pero necesarios. Como señala Hourquebie, cabe preguntarse si la teoría de la separación de poderes no ha sido, en ocasiones, más un ideal que una realidad, considerando los procedimientos de nombramiento, las presiones del poder ejecutivo, los escándalos que han marcado la historia de la justicia y los intereses que subyacen en su funcionamiento.

• ¿Están realmente los magistrados distanciados del poder? Y cuando hablamos de poder, este no se agota en lo público: incluye también el poder económico, gremial y simbólico.
• ¿Cuántos premios reciben nuestros magistrados?
• ¿Quién se los entrega?
• ¿Quién los invita a hablar? ¿A quiénes invitan a hablar?
• ¿Quién financia los escenarios donde hoy opinan con tanta soltura?
• ¿Estos escenarios responden a un poder en particular o están realmente libres de intereses?
• ¿Aplican “el deber de ingratitud”?
• ¿Y después de los ocho años, qué? ¿A dónde van? ¿A qué puertas tocan o les abren?

Porque la independencia no se declama: se practica. Y, sobre todo, se percibe.

Como bien lo recuerda Hourquebie, la independencia judicial no es solo institucional ni estatutaria. También es personal: es conducta, es ética, es estética, es moral y, ante todo, es distancia. Distancia del poder. De todos los poderes.

Estas preguntas sugieren la necesidad de una investigación jurídica y socio-jurídica seria sobre prácticas que podrían estar afectando la independencia judicial, no solo desde la estructura del Estado y la posible vulneración del Estado de derecho, sino desde la conducta.

Aquí aparece la llamada imparcialidad subjetiva, atravesada por convicciones políticas, filosóficas, religiosas e ideológicas. Son seres humanos, no dioses. Lo liberal, lo garantista, lo conservador —incluso lo espiritual— conviven en una misma Corte. Y ello, en buena medida, es inevitable.

Pero ser magistrado implica también resistir las presiones de la opinión pública, del corporativismo y de la demagogia. Implica, como bien lo señala Hourquebie, preferir una verdad incómoda antes que la facilidad de la complacencia. La independencia judicial es, en últimas, un acto de valentía.

El texto reabre un viejo debate: la tradición francesa, que concibe al juez como “boca de la ley”, frente a la anglosajona, que lo entiende como un “oráculo vivo”. Entre ambas, se despliegan las discusiones sobre activismo judicial, tribunales constitucionales y el papel de la judicatura en sociedades complejas. El juez que mira con lentes de compasión el dolor y la vulnerabilidad, antes que con lentes de complacencia frente a los ricos y poderosos. Pero ese es asunto de otra columna.

Cierro retomando el título: “Asociación de magistrados alérgicos a las condecoraciones”. Una figura irónica —creada en Francia en 2016— que cuestiona la práctica de otorgar y recibir medallas, distinciones y honores, especialmente desde el poder ejecutivo, pero también desde otros poderes, incluidos el económico y el mediático.

“No hay almuerzo gratis”.

Favores, regalos, cenas, reconocimientos… todo ello puede exacerbar la vanidad en un ámbito que exige sobriedad.

Dicho en términos más directos: ¿provenir del arbitraje, aspirar a él, tener vínculos con partidos políticos, con grandes gremios, firmas de abogados o con litigios estratégicos puede afectar la independencia judicial? Lo dejo como pregunta.

En Colombia, ocho años de magistratura pasan rápido. Pero la pregunta persiste: ¿qué viene después? ¿Se retiran nuestros magistrados a la contemplación? El libro de Hourquebie invita a la prudencia, a la mesura. A una judicatura que hable a través de sus sentencias. Menos expuesta, menos mediática, menos tentada por la política y los micrófonos.

Tal vez ha llegado el momento de abrir esa discusión: de mirar de frente esa tercera arista que también debería integrar la llamada “rebelión de la toga” —así he querido nombrarla—. Un punto incómodo, pero ineludible, que interpela de manera directa la independencia y la autonomía de la justicia en Colombia.

Pero fue el testimonio de la madre de Ana María, Ximena Céspedes, lo que me hizo reflexionar profundamente. En un podcast, ella planteaba un camino que, aunque doloroso, podría ofrecer un atisbo de redención. Sabiendo que el agresor podría enfrentar una condena de hasta 70 años, la madre sugirió que si él aceptara su responsabilidad, podría recibir beneficios y, algún día, tener la oportunidad de ayudar a otros hombres a no cometer el mismo error. Él era un joven brillante, primero en su clase, graduado del colegio con honores, con un futuro prometedor, y aun así se autodestruyó y destrozó la vida de otra familia. La propuesta de la madre no era un perdón, sino un llamado a la verdad. Ella entendía que la única forma de sanar es enfrentando lo ocurrido.

Este caso, por dramático que sea, es solo un espejo de un problema mucho más profundo que plaga nuestra sociedad: la incapacidad de asumir la responsabilidad.

La huida de la verdad

Vivimos en una cultura de la negación. Nos han enseñado a “negar hasta el final” como la mejor estrategia para salir del paso. Lo vemos en las relaciones de pareja: si una persona es sorprendida en una infidelidad, su primera reacción es negarlo, sin importar cuán abrumadoras sean las pruebas. La mentira se convierte en un escudo, no para proteger a la otra persona, sino para evitar la confrontación, para salir del “lío” y mantener una fachada de inocencia. Esta negación es más destructiva que el acto mismo, porque rompe la confianza de manera irreparable y anula cualquier posibilidad de perdón y crecimiento.

Este patrón se repite en el ámbito público y en la justicia. Recordarán a la influencer Epa Colombia, que subió videos destrozando las instalaciones de Transmilenio en Bogotá. A pesar de que ella misma documentó su delito, la primera vez que fue capturada se negó a aceptar los cargos, me imagino por recomendación de su abogado. Es la misma lógica: si no lo acepto, no pasó, o al menos no es mi culpa. La justicia se ve obligada a gastar recursos y tiempo en demostrar lo que es evidente, en lugar de enfocarse en cómo la persona puede reparar el daño y reintegrarse, si es que es posible, a la sociedad.

La negación se ha vuelto tan prevalente que incluso parece que el sistema judicial, en lugar de buscar la verdad y la justicia, se dedica a negociar con la mentira, creando un ciclo vicioso donde la irresponsabilidad se premia con atajos y beneficios.  “Vamos bien, pero si puede vuélese”. Lo vemos en casos como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), más de uno se terminará volando y los abogados a defender lo indefendible. 

Recordarán que el pasado 7 de junio cuando detuvieron al asesino de Miguel Uribe Turbay, la noticia fue que el sicario “no aceptó los cargos”. Cientos de celulares lo grabaron cometiendo el magnicidio y aún así “no aceptó cargos”. ¿A qué juegan los abogados? A ganar un caso a pesar que saquen de la cárcel a un hombre que lo haría de nuevo?. Yo me pregunto: ¿Cómo miran a la sociedad dejando libre a un asesino, a un violador o a un ladrón?   

El alto costo de la evasión

No asumir la responsabilidad no solo daña a los demás, también nos destruye a nosotros mismos. La persona que se niega a enfrentar sus errores queda atrapada en un ciclo de mentiras y evasión que le impide crecer. 

En lugar de aprender de la equivocación, se hunde más en la oscuridad. El joven que asesinó a Ana María Serrano tenía un gran futuro, pero al negarse a reconocer su crimen, solo se asegura un futuro de resentimiento y cárcel, sin posibilidad de redención. La propuesta de la madre era un camino para que él pudiera, tal vez, encontrar un propósito en el dolor, una forma de enmendar algo de la ruina que dejó. Pero sus padres, como en muchos otros casos que hemos visto a lo largo de los años en las noticias, tratan de ocultar los hechos y sacar del problema a su hijo en vez de ayudarlo a ser una mejor persona enfrentando sus acciones.  Nos estamos acostumbrando a normalizar mentiras: “No lo crié”, “no lo dije”, “no me despertaron”, siempre echándole la culpa a otros, negando lo evidente. Y después nos quejamos de por qué estamos como estamos. 

El mundo sería un lugar diferente si, en lugar de intentar escapar de nuestros errores, aprendiéramos a mirarlos de frente. Si una persona es infiel, debería ser capaz de admitirlo. Si alguien comete un delito, debería aceptar las consecuencias. Si alguien comete un error, reconozca sus acciones.  La asunción de responsabilidades, aunque difícil, es el primer paso hacia la sanación, tanto para el que sufre el daño como para el que lo causa.

La irresponsabilidad es una epidemia que carcome la confianza, corrompe la justicia y nos impide madurar como individuos y como sociedad. La única forma de salir de este círculo vicioso es enseñar y practicar la verdad, por dolorosa que sea. Porque al final, la verdadera libertad no se encuentra al evadir la culpa, sino al aceptar las consecuencias para poder reconstruir algo valioso a partir de la ruina.

“El heroísmo es la capacidad de asumir la responsabilidad por tu vida sin culpar a nadie por lo que te ha pasado.”
— Joseph Campbell

Andrea Villate – mavillateg@gmail.com

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INTRODUCCIÓN: NUESTRO PROPÓSITO

Explicar cómo opera realmente el sistema penal económico en Colombia, más allá de los formalismos legales.

Alertar sobre prácticas riesgosas que pueden comprometer a abogados, contadores y directivos.

Orientar sobre acciones concretas para enfrentar investigaciones penales-económicas.

¿Es usted profesional independiente, directivo, asesor o miembro de junta directiva? Este espacio es para usted.

I. LA FICCIÓN JURÍDICA QUE TODOS CONOCEN (PERO NADIE RECONOCE)

Este primer artículo expone una paradoja central: aunque la doctrina jurídica colombiana sostiene que “las sociedades no pueden delinquir” (societas delinquere non potest), los tribunales nacionales aplican cada vez con mayor frecuencia sanciones a personas jurídicas que, aunque no se catalogan formalmente como “penales”, tienen idéntica naturaleza y producen los mismos efectos.

La gran contradicción del sistema colombiano

El Código Penal colombiano continúa negando capacidad delictiva a las empresas. Sin embargo, la realidad práctica demuestra una situación mucho más intrincada, reflejando una auténtica contradicción jurídica. Analicemos cómo se manifiesta este fenómeno:

El artículo 91 del Código de Procedimiento Penal: una condena penal disfrazada

Cuando un juez ordena la cancelación de la personería jurídica de una empresa por lavado de activos, ¿qué está haciendo sino imponer una “pena de muerte corporativa”? 

Este mecanismo —presentado como medida cautelar— tiene efectos idénticos a una condena penal: extingue la capacidad jurídica, paraliza operaciones y conlleva pérdidas económicas irreversibles. Sin embargo, el sistema se niega a llamarlo por su nombre.

Ley 1778 de 2016 y su impacto en las sanciones penales a empresas en Colombia

Multas de hasta el 200% del beneficio ilícito (más gravosas que muchas penas pecuniarias del Código Penal).

Inhabilitación perpetua para contratar con el Estado (equivalente funcional a la interdicción de derechos).

Disolución forzosa (análoga a la pena de disolución en sistemas como el español).
¿En qué radica la diferencia con la responsabilidad penal? Únicamente en el término empleado, ya que los efectos materiales pueden ser tan graves —o incluso más— que los previstos en las sanciones penales tradicionales.

Ley 2195 de 2022: El Escudo y la Espada contra la Corrupción Empresarial en Colombia

Esta norma representa un punto de inflexión en el derecho sancionatorio empresarial colombiano. Con un enfoque dual, establece:

Un sistema preventivo robusto:

Exige a las empresas implementar Programas de Transparencia, Ética Empresarial y Debida Diligencia (PTEE), transformando el compliance de un mero trámite a una herramienta estratégica de gestión de riesgos.

Un régimen sancionatorio sin precedentes:

Las consecuencias por incumplimiento son contundentes:

• Multas que pueden alcanzar los 200,000 SMMLV.
• Inhabilitación para contratar con el Estado.
• Publicación de las sanciones (daño reputacional irreversible).
• Responsabilidad solidaria de administradores y profesionales.

Lo que pocos saben:

La ley introduce el concepto de “beneficio indirecto”, permitiendo sancionar a empresas que, sin participación directa, se hayan beneficiado de actos corruptos. Esto elimina el clásico “yo no sabía” como defensa válida.

Impacto real:

Contadores, revisores fiscales y abogados societarios ahora tienen una responsabilidad aumentada. Un balance mal firmado, una auditoría negligente o una estructura societaria opaca pueden desencadenar no solo procesos disciplinarios, sino también administrativos contra la empresa. En este contexto, resulta fundamental comprender cómo operan las sanciones penales a empresas en Colombia y sus efectos prácticos.

Jurisprudencia ambiental: la Corte Constitucional avanza donde el legislador no se atreve

Sentencias como la C-843/99 se han expresado en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia. Al respecto, llama la atención la declaración expresa de la Corte, indicando: “nada en la Constitución se opone a que la ley prevea, en ciertos casos, formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas.” Sin embargo, es indiscutible que no basta con esta manifestación de la Corte. Es necesario desarrollar una normatividad penal empresarial coherente y sistemática y no un sistema de colcha de retazos, como el que tenemos hoy. En este contexto, resulta fundamental comprender cómo operan las sanciones penales a empresas en Colombia y sus efectos prácticos.

Al margen de lo anterior, tampoco puede negarse que estos pronunciamientos jurisprudenciales han permitido:

• Decomiso de maquinaria usada en minería ilegal (similar a la extinción de dominio).
• Órdenes de reparación con efectos económicos devastadores.
• Restricciones operativas permanentes.

Todo esto, sin necesidad de demostrar dolo directo de personas naturales, rompiendo el principio tradicional de culpabilidad.

Los tres grandes mitos que sostienen la ficción ‘societas delinquere non potest’

“Las empresas son ficciones jurídicas”

Pero pagan impuestos, firman contratos y demandan ante tribunales. Si tienen derechos, ¿por qué no responsabilidades plenas?

“Castigar empresas afecta la economía”

Los datos desmienten esto: países con responsabilidad penal corporativa (EE.UU., Reino Unido, España) tienen economías más sólidas que la nuestra. La impunidad, no la justicia, es lo que realmente desalienta la inversión.

“Ya existen mecanismos suficientes”

La realidad muestra lo contrario: mientras el sistema mantenga esta fragmentación (un poco de CPP aquí, algo de Ley 1778 allá), las empresas seguirán explotando vacíos. El caso Odebrecht lo demostró: sanciones administrativas millonarias, pero ni un solo directivo colombiano en prisión.

Hacia un modelo coherente: lo que este blog propondrá

En próximas entregas, analizaremos:

Cómo operan los “delitos de cuello blanco” en sectores clave (bancario, salud, contratación estatal)

Los fracasos del compliance en Colombia: ¿Por qué tantos programas son meros trámites?

Comparativos internacionales: ¿Qué podemos aprender de Italia (que aplica penas de prisión a empresas) o de México (con su sistema de ‘probation’ corporativo)?

El mensaje central es claro: Colombia necesita dejar atrás debates teóricos y regular lo que ya existe en la práctica. Cuando una empresa puede ser disuelta por un juez, multada hasta la quiebra por la Superintendencia o vetada de contratos públicos, ya estamos hablando de responsabilidad penal, aunque no usemos ese nombre. En este contexto, resulta fundamental comprender cómo operan las sanciones penales a empresas en Colombia y sus efectos prácticos.

Este blog será la voz que señale estas contradicciones, con casos concretos y propuestas audaces. Porque en economía, como en derecho, las ficciones prolongadas siempre terminan en crisis.

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De nuevo: los argumentos y la evidencia están ahí. Si quieren disputar seriamente el fallo, primero conózcanlo bien. Es alrededor de los argumentos y de las pruebas presentados por la jueza que cualquier discusión acerca la condena de Uribe debe circunscribirse. El resto es bulla, propaganda, fanatismo o más mierda politiquera.

La calidad de un sistema en el que el poder político está uniformemente distribuido depende en parte de la calidad de los estados mentales de aquellxs entre quienes este poder se distribuye. Concluyo que si el revanchismo, la soberbia y el encono, que son pasiones que por su propia naturaleza tienden a ocultarnos el verdadero bien público, prevalecen sobre la ecuanimidad y la prudencia, la nuestra seguirá siendo una democracia disfuncional, inarmónica, errática, confundida.

IG: @pater_doloroso

Introducción
Como les prometí, iba a esperar pasar el calor mediático para hablar sobre la pena de muerte en Colombia. Decidí hacerlo en el marco de las reflexiones desordenadas sobre el tema basadas en la estampida mediática y política causada por la propuesta y para eso hoy voy con una introducción, cinco párrafos que resaltan lo que entendí continúo con un párrafo que explica por qué considero que no es un tema a blanco o negro. Simplemente no estamos en un mundo ideal y cierro con la nota final.

Es crucial hablarlo

• Día a día, cientos de víctimas alrededor del mundo nos demandan una respuesta efectiva y es crucial abordar el tema. Soy consciente de que los recursos económicos, psicosociales y políticos invertidos en esos infelices deberían ser usados en las familias enteras donde hay niños, niñas y personas de buena voluntad con tendencia a la bondad y a la justicia, que no tienen garantías de derechos y trabajan muy duro para conseguir un desayuno y sobrevivir el día a día. No hay recursos en este país para la gente con tendencia a la bondad, eso lo tengo claro y da mucha rabia que sí existan recursos para tratar de reformar lo irreformable, porque seres así de despreciables no los reforman ni todos los dioses y diosas de este mundo.
• No hay hechizo que alcance para rehabilitar a esa gente que no es capaz de reprimir su voracidad por cometer actos inhumanos.
• Aún así, tengo que decir que estoy en contra de la pena de muerte por las implicaciones.

El sistema que tenemos no garantiza que se acabe la impunidad teniendo implementada la pena capital.

Si estuviera en mis manos, abogaría por una cadena perpetua donde estas personas puedan tomar el sol y vivir lejos de la sociedad civil, que se les diera lo necesario para evitar el mundo y que se ganaran el pan con el sudor de su frente haciendo trabajos que desde ese lugar pudieran mover la economía del país que les paga sus gastos.

La razón por la cual apoyo la cadena perpetua es porque hay algo que hacer frente a los hechos y no podemos ser indiferentes. En cuanto a la pena de muerte, no la respaldo simplemente por un sentido de justicia; no tiene nada que ver con garantizarles el derecho a personas que jamás debieron venir a habitar este mundo.

La Inviolabilidad del Derecho a la Vida

Tenemos conciencia que la pena de muerte contradice el principio fundamental de la inviolabilidad del derecho a la vida, consagrado en la Constitución colombiana. Este argumento es sólido desde una perspectiva legal y ética, ya que la Constitución es clara en su postura. Sin embargo, es importante considerar si este principio debe ser absoluto o si hay circunstancias extremas que podrían justificar una excepción.

Eficacia y Justicia de la Pena de Muerte

Deberíamos cuestionar la eficacia de la pena de muerte como medida disuasoria y su aplicación justa, dado el riesgo de errores judiciales y la posibilidad de condenar a inocentes. Este es un punto crucial, ya que la justicia debe ser infalible cuando se trata de la vida humana. No obstante, algunos podrían argumentar que, con un sistema judicial más robusto y transparente, estos riesgos podrían minimizarse.

Alternativas a la Pena de Muerte

Hay quienes proponen fortalecer las penas existentes y mejorar el sistema judicial para asegurar que los delincuentes reciban castigos justos y proporcionales sin recurrir a la pena de muerte. Esta es una propuesta sensata, sin embargo, también debemos considerar si las penas actuales son suficientes para delitos extremadamente graves, como el asesinato y la tortura de menores.

La Cadena Perpetua como Solución
En lugar de la pena de muerte, algunos abogan por la cadena perpetua para los crímenes más atroces. La cadena perpetua garantiza que los delincuentes peligrosos no vuelvan a la sociedad, sin embargo, también plantea preguntas sobre la capacidad del sistema penitenciario para manejar a estos individuos a largo plazo. Además, la cadena perpetua debe ser revisada periódicamente para evaluar la posibilidad de rehabilitación, lo que añade otra capa de complejidad.

La discusión sobre la pena de muerte y la cadena perpetua es compleja y multifacética. Es crucial considerar todas las perspectivas y buscar un equilibrio entre justicia, seguridad y derechos humanos.

La solución no es sencilla, sin embargo, el debate es necesario para avanzar hacia un sistema judicial más justo y efectivo.

Nota Final
No estoy del todo de acuerdo con los argumentos que he leído en contra de la pena capital , aunque jurídicamente muchas veces son impecables y podrían resultar hasta indiscutibles. Moralmente, el debate es más amplio y siempre estaré de la mano de las víctimas. Nunca tendré más compasión por un devorador y depredador sexual o por un pederasta que por sus víctimas. Esta escribidora se despide como siempre, agradecida con el tiempo invertido en la lectura de sus textos. Me comprometí a anunciar que estoy usando la inteligencia artificial para organizar mis textos. Ella redacta todas mis ideas y yo soy el ojo rector para asegurarme de que ustedes reciban el mensaje que quiero transmitir. Todo esto está justificado en mi dislexia y disgrafía.

No me explico cómo en un grupo de más de cinco personas que conforman una unidad de trabajo legislativo, que es pagada con recursos públicos, es decir, con los impuestos de los colombianos, no haya alguien que sea capaz de decir al congresista que no es mediante la estrategia de difundir odio y destilar veneno como se gana el corazón de los colombianos. Puede que esto aumente los like en las redes sociales y genere aplausos que duran menos dos minutos, pero esto mis queridos amigos no siempre se traduce en el aumento de votos.

En los últimos días hemos visto al senador Miguel Uribe Turbay, decir que el presidente Gustavo Petro quiere garantizar impunidad a los violadores de menores de edad en Colombia, a través del proyecto de reforma a algunos temas que tienen que ver con la aplicación de justicia.

Por lo que veo ni el senador Uribe Turbay ni mucho menos sus asesores se han dado cuenta que la iniciativa no es propiamente del Gobierno Petro. Que fue un proyecto concertado y redactado a través de mesas de trabajo en donde participó la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación.

No en vano en el acto de radicación del proyecto estuvieron presentes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra Castro; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el presidente del Senado, Efraín Cepeda; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago y el nuevo procurador, Gregorio Eljach.

Será que estas personalidades del Estado que explicaron al país los pormenores del texto radicado, ¿también quieren garantizar impunidad a los violadores de menores? Es decir, de acuerdo con las palabras del congresista Uribe Turbay, ¿el Estado en su conjunto se ha unido para asegurar la falta de aplicación de justicia a quienes agreden sexualmente a los niños y niñas?

No es posible que un proyecto que cuenta con el respaldo de diferentes organismos del Estado pretenda ser minimizado por la falta de rigor de un senador de oposición y de su equipo de trabajo qué, no se sí es que no analizan bien las situaciones o desconocen las realidades del país.

Miguel Uribe Turbay podrá no estar de acuerdo con la rebaja de penas para quienes cometan estos delitos, y hasta ahí le doy la razón porque tampoco comparto esa idea, pero me sorprende que en lugar de pronunciar discursos fáciles llenos de odio, veneno y ese nivel de insidia que la sabe poner a sus palabras, no sea capaz de proponer fórmulas para una mejor aplicación de la justicia en estos casos, especialmente en los territorios donde el violador es el patrón del mal, es decir, aquel que no se puede tocar ni mencionar, donde corren peligro no solo las víctimas y sus familiares sino además los fiscales, los jueces y también los policías.

Hablo de los lugares donde la justicia es precaria no solo por la poca capacidad que tiene para operar sino además por las condiciones que durante décadas enteras han impuesto los grupos armados ilegales y el narcotráfico, donde reina el silencio y el mal se pasea por las calles con total tranquilidad.

Son estos los problemas que tiene la justicia y por donde se cuela la impunidad, y es aquí donde se requieren propuestas e ideas que ayuden a mejorar los textos. No es a través del discurso fácil lleno de frases hirientes y mentiras como se trabaja para que este país supere este tipo de temas que no se deben tolerar.

En cambio, si vemos a Miguel Uribe Turbay apoyar marchas convocadas por políticos cristianos que critican una circular de la Superintendencia de Salud que ordena el acceso a un servicio médico integral a menores trans, asegurando que con esto se permite que se le cambie el sexo a niños incluso de tres años. Reto a los marchantes a que mencionen un caso de cambio de sexo a tan corta edad.

¿No dizque que los niños se respetan? Sí esto es cierto, les exijo entonces a la concejal, Clara Lucía Sandoval y demás acompañantes a la marcha, y por supuesto a las personas como el senador Uribe Turbay que apoyaron la manifestación, no instrumentalizar a los menores de edad a favor de una ideología, en este caso de cristianismo extremo.

Es bueno que el senador Miguel Uribe Turbay nos diga sí, así como rechaza esta circular, rechaza también la práctica de conversión que está basada en procesos de tortura psicológica, que como bien sabido, es utilizada por muchas iglesias cristianas, quienes aún no han dado las explicaciones del caso.

A esta legislatura le queda año y medio, y en serio que por el gran aprecio que siento hacia el senador Miguel Uribe Turbay, espero qué, o cambien a los asesores que a todo momento le dicen lo que hace está bien así este mal, o reflexione el mismo y cambien esos discursos polarizantes, llenos de odio, y de insidia, porque de seguir así, dudo que aumente su capacidad electoral, y sería una lástima porque es un hombre con una admirable entrega laboral, pero por lo visto… mal asesorado.

Oscar Sevillano

En el marco de sus operaciones, el 25 de febrero de 1994 el comandante de la policía de Yarumal, Juan Calos Meneses, y el patrullero, Alexander Amaya Vargas (miembro “los doce apóstoles”), asesinaron a Camilo Barrientos Duran, conductor de un autobús que viajaba entre Campamento y Yarumal, porque había rumores que transportaba guerrilleros de las FARC. Los dos asesinos fueron condenados por homicidio y se inició un proceso penal contra Santiago Uribe Vélez por la autoría intelectual en el crimen y su participación en el grupo

23 años después, el 13 de octubre de 2017 se inició el juicio contra Santiago Uribe. Aunque estuvo preso, en marzo de 2018 quedó en libertad por vencimiento de términos. Según los fundamentos que estableció la Fiscalía, existieron patrones de macrocriminalidad que configuraron el delito como de lesa humanidad. Igualmente, determinó que tres elementos le dan ese carácter: i) la existencia de un fenómeno paramilitar con el grupo “doce apóstoles” que contaba con una estructura de mando y generó el exterminio de sectores de la sociedad al catalogarlos como pertenecientes a la insurgencia; ii) la constante violación de Derechos Humanos favorecida por la acción u omisión de la Fuerza Pública en connivencia con el grupo paramilitar; y iii) una evaluación material probatoria de los hechos en la que se cuenta, entre otros, con acuerdos criminales, aniquilamiento y limpieza social e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

Las pruebas de la Fiscalía en el juicio contra Santiago Uribe fueron contundentes. Entre las de tipo documental, se encuentran informes de la Personería y Fiscalía de Yarumal que dan cuenta de la existencia del clan doce apóstoles, la estigmatización de personas y el asesinato de alrededor de 30 personas entre julio de 1993 y noviembre de 1994. Al tiempo, audios transcritos y actas notariales de testigos que dan cuenta del liderazgo de Santiago Uribe en los “doce apóstoles” y las ordenes que daba desde la finca La Carolina con el objetivo de hacer “limpieza social” para eliminar integrantes de subversión y delincuentes. Nueve fueron los testimonios que complementaron el acervo probatorio. Cuatro de los cuales fueron contundentes en asegurar que Santiago Uribe hizo parte y lideró el grupo criminal, entre ellos los dos policías que cometieron el asesinato de Camilo Barrientos.

A pesar de que el 9 de febrero de 2021 culminó la exposición de evidencias y se llegaron a los alegatos de conclusión, el juez del caso -Jaime Herrera Niño- señaló que, por ser un caso complejo, se demoraría cuatro meses. Ya van para tres años y, por distintas razones expuestas por el juez que Daniel Coronell sintetiza en su reporte de ayer, aún está en vilo la decisión judicial.

Es entendible que se trata del hermano del expresidente Álvaro Uribe, quizás el representante de derecha más poderoso del país, pero la justicia no se puede politizar. El juez Jaime Herrera debe tomar una decisión pronta sobre el caso así exista una presión mediática y social, pues las dilaciones, además de generar una afectación a las victimas frente al conocimiento de la verdad y la reparación que se les debe garantizar, generan implicaciones que están pasando al ámbito de lo político. Se está generando una politización de la justicia, pues claramente hay intereses políticos en este proceso judicial.