Jennifer Pedraza: la fuerza de una trayectoria de lucha

Empiezo celebrando una victoria que constituye un acto de higiene institucional y un respiro para la salud de nuestras instituciones: la llegada de Jennifer Pedraza al Senado. Mi voto por ella, del cual fui orgullosa divulgadora en mis espacios de construcción —humildes, jamás modestos—, no es un hecho menor. Estamos hablando de una mujer que, antes de cumplir 40 años, ya es senadora, tras una vida entera dedicada al activismo desde los 14 años. Su carrera ha sido coherente, valiente y situada. Conquistar la única curul de izquierda que se mantiene firme fuera del petrismo es una hazaña histórica que marca un precedente para la izquierda que no se vende. Quitarles esas sillas a la vieja guardia de los conservadurismos abstractos y a los corruptos de siempre es una ganancia directa para las ciudadanías. Esta victoria me llena de alegría y orgullo, pues representa la apuesta por liderazgos que, desde la juventud y la técnica, disputan el poder con manos limpias; un fenómeno que me recuerda a Hannah Arendt, quien en su obra La condición humana sostiene que la acción política es el espacio donde los individuos se revelan en su singularidad. Desde esa mirada académica, confirmo que lo de Jennifer es un renacimiento de la acción política genuina frente a la burocracia deshumanizante que tanto nos ha costado erradicar.

2. El voto no es discipular: la tensión por el trabajo sexual

Es fundamental aclarar que mi apoyo a Jennifer es un voto coyuntural que reconoce tensiones inevitables, pues la política no es un ejercicio de idolatría, sino de confrontación honesta. Nunca seré una feminista abolicionista; es una postura que he sustentado por casi dos décadas y que me llevará, seguramente, a dar debates profundos con ella. Como alguien que honra la memoria y el legado de Maya Angelou, me sumo a su voz y a su historia de vida. Angelou fue una mujer que habitó la experiencia del trabajo sexual en su juventud y la reconoció con una honestidad brutal, negándose a ser definida por el estigma. Su legado es un recordatorio de que la dignidad humana es innegociable. Me inspira profundamente su convicción de que “hacemos lo que podemos con lo que sabemos, y cuando sabemos más, lo hacemos mejor”. Desde esta ética, entiendo que la reglamentación del trabajo sexual no es un capricho, es una justicia histórica necesaria; el activismo que transforma debe mirar la realidad de frente, sin la venda del prejuicio que tanto daño ha causado a las mujeres que, como Angelou, supieron sobrevivir y elevarse por encima de la mirada que intentaba silenciarlas.

3. La ética del activismo frente al poder

En primera vuelta voy con Fajardo .No tengo reparo en decirlo: mi distancia con Iván Cepeda es total. Su ambigüedad frente a la tiranía de Maduro —esa puesta en escena de “comillas” con los dedos al hablar de dictadura—, su apertura a una Constituyente y el respaldo de grupos alzados en armas al modelo de gobierno, comprometen la paz real. En este escenario, mi voto coyuntural busca elegir el menor mal posible para el próximo periodo presidencial de cuatro años. La disputa es entre una democracia participativa imperfecta versus la posibilidad de una tiranía, donde los activismos terminan siendo moneda de cambio para las “jugaditas” dentro del poder. El petrismo ha instrumentalizado las causas sociales, y esto es más evidente que nunca. Defiendo que los activismos deben ser multipartidistas y transversales; no pueden ser una moneda de cambio, pues son el ADN de nuestras luchas. El activismo que transforma es el que llega al poder para servir. Mi postura dialoga con Chantal Mouffe, politóloga belga que propone el “pluralismo agonístico”, concepto que explica cómo la democracia sana debe permitir el conflicto genuino entre adversarios, evitando que los partidos coopten las causas sociales para convertirlas en mercancía electoral; por eso insisto en que el activismo no puede ser una simple estrategia de validación de los mismos de siempre.

4. Dictaduras modernas y la urgencia de la cívica

En Colombia, nuestra educación cívica es deficiente; olvidamos en el cansancio del diario vivir que nuestra democracia se sostiene sobre el equilibrio de los cuatro poderes fundamentales. Las dictaduras modernas ya no nacen de guerras, sino de estrategias de manipulación que se apalancan en la legalidad para cooptar instituciones desde el Congreso, tal como vimos en Venezuela. Un presidente de la misma línea que la mayoría del Congreso puede hacer lo que quiera, mientras una presidenta —por extrema que sea— no podrá imponerse ante un Legislativo contrario. Mi postura es pragmática: quiero un país en democracia, donde podamos construir escuelas cívicas —lejos del adoctrinamiento— y vivir sin miedo. En primera vuelta, mi apuesta es Sergio Fajardo, quien representa mis valores; suplico al universo el milagro de su elección. En segunda vuelta, no votaré por quien respalde el modelo actual. Mi reflexión se apoya en Boaventura de Sousa Santos, sociólogo que analiza las democracias en crisis desde el Sur Global; él nos recuerda que el peligro inminente es la “desdemocratización” que ocurre cuando las instituciones pierden su independencia. Nos toca ser coyunturales; mientras los extremos se culpan, nos falta una fuerza política sobria, intelectualmente capaz de reconocer lo bueno de sus contrarios y lo malo de sus semejantes.

5. Habitar el mundo como una mujer putamente libre

Finalmente, hablo amparada en los artículos 18, 19 y 20 de nuestra Constitución. Siguiendo a Rita Segato, antropóloga fundamental que nos invita a un feminismo “de territorio” y no de escritorio, entiendo que mi mayor objetivo en la vida es ser una mujer putamente libre, y mi mayor deseo para todas las mujeres, enfáticamente en Colombia, es que podamos vivir así. Segato explica que el poder patriarcal se sostiene en la capacidad de controlar los cuerpos y los proyectos de vida; por eso, el feminismo debe ser un pensamiento que libera al territorio del miedo. Defiendo la democracia coyunturalmente. Estoy convencida de que si el Congreso es mayoritariamente petrista, lo lógico para el equilibrio es que la presidencia no lo sea. Es difícil y tensionante escoger entre un hombre de izquierda y una mujer de derecha; la realidad es que el riesgo de perder los derechos por una deriva autoritaria es un precio que no podemos pagar. Ante este panorama, les pregunto: ¿estamos dispuestas y dispuestos a proteger la arquitectura de nuestra democracia, o dejaremos que la idolatría política nos ciegue hasta perder el derecho a disentir?

El centro Colombiano

Nos repiten en los extremos una y otra vez ” el centro no existe” ¿Si no existimos porque nos “dan lora” por el voto? El ejercicio del sufragio en el actual panorama político trasciende la mera simpatía partidista para convertirse en un acto de defensa institucional y soberanía popular. Al analizar la dispersión de las fuerzas de centro, resulta evidente que la incapacidad de figuras como Sergio Fajardo y Claudia López para consolidar una coalición robusta generó una fragmentación que afecta la coyuntura nacional. No obstante, la participación activa en primera vuelta por opciones que representen la moderación —como la candidatura de Fajardo— sostiene la promesa de una democracia plural. Este compromiso se fundamenta en el Artículo 3 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo; por tanto, el voto no es un símbolo vacío, sino la herramienta jurídica para evitar el ascenso de modelos de gobierno con tintes autoritarios o simpatías hacia regímenes dictatoriales.

La decisión de quienes integran el centro político, ante la posibilidad de un escenario de segunda vuelta, debe orientarse hacia un pragmatismo ético que priorice la estabilidad del Estado social de derecho sobre las imposiciones morales de los extremos. Siguiendo el Artículo 40 constitucional, la participación política constituye el núcleo de la democracia y exige elegir alternativas que, aunque se consideren imperfectas, aseguren la continuidad del trabajo social y la inclusión simbólica. En conclusión, votar a conciencia significa rechazar las narrativas que validan figuras vinculadas a ideologías totalitarias, como las representadas por Iván Cepeda en su afinidad con modelos externos, para proteger la esencia de la participación ciudadana y la libertad de pensamiento en todas las personas.

Hoy día, a menos de un año del siguiente ciclo electoral, creo prudente afirmar que lo que muchxs como yo pensamos hace tres años y pico no estará tan lejos de lo que terminará por suceder. Sin embargo, existen logros de la administración Petro (la reforma laboral y la pensional, en particular) que, en lo personal, nunca pensé que podría tramitar. Me alegra haberme equivocado. Falta aún ver qué sucede con las reformas al tributo y a la salud, así como las últimas entregas de la más bien malograda Paz Total. Pero dada la inminencia de las elecciones presidenciales y el remezón ministerial por venir, no estoy convencido de que mucho se pueda avanzar en esos frentes. Espero equivocarme otra vez.

Ahora bien, al margen de lo que pueda o no cosecharse en estos frentes, creo que existe algo importante que decir acerca del legado de este gobierno que no es común encontrar abordado en la arena pública. Y no es común porque no es algo como una reforma, una ley o una desmovilización, que son cosas más o menos tangibles y que pueden ser señaladas o cuantificadas. Es algo más sutil, más abstracto, pero que, a mi juicio, marca un hito en la historia política del país.

Con esta administración, las fuerzas de izquierda han tenido por primera vez la plataforma para generar políticas públicas que les permitieran probarse ante toda la nación como una opción de gobierno constructiva, y para configurar instituciones que buscan impactar positivamente la calidad de vida de muchxs colombianxs, sean éstxs o no votantes del Pacto Histórico. Ejemplos de estas iniciativas son el nuevo régimen laboral, que vuelve a poner el acento en la protección del trabajo y revierte el proceso de precarización que se había acelerado desde el gobierno Uribe, y un nuevo sistema de pensiones que pretende ampliar la cobertura básica de nuestrxs ancianxs más desprotegidxs y reducir el número de personas en situación de pobreza extrema. Podremos diferir acerca de sus pormenores o de su implementación, pero es difícil argumentar (al menos seriamente) en contra de lo bien fundado de estas reformas.

Por otro lado, el gobierno Petro, ya próximo a su salida, confirma que las fuerzas de izquierda pueden llegar al poder por vías democráticas, y que su permanencia en y salida del mismo no implican ninguna perturbación del orden institucional. Al caer el telón, Colombia, después de su primer gobierno progresista, no se “convirtió en ninguna Venezuela”. Esto no sólo entraña la refutación de un trillado talking point de la derecha, sino la consagración de una genuina alternativa política para lxs colombianxs, que no se siente incómoda por navegar entre la Caribdis de las tradicionales propuestas del centro y la derecha, y la Escila del estigma guerrillero.

A futuro, y pase lo que pase en 2026, la izquierda podrá reclamar como suya una serie de leyes e iniciativas diseñadas para paliar la enorme brecha social en Colombia y conquistadas por vías de derecho. En un país como el nuestro, históricamente empecinado en mantener por fuera del poder a las fuerzas progresistas y vecino de uno de los peores ejemplos de autoritarismo “de izquierda” de la región, éstos son resultados prometedores que es necesario afianzar y profundizar.

IG: @pater_doloroso

“NO HAY NADA MÁS PARECIDO A UN FASCISTA QUE UN BURGUÉS ASUSTADO”: BERTOLD BRETCH, POETA Y DRAMATURGO. 

Hemos visto pasar el horror ante nuestros ojos sin escandalizarnos. Padecemos de esa ceguera blanca de la cual habló el premio Nobel José Saramago en su famoso Ensayo sobre la ceguera: estamos ciegos aun teniendo los ojos buenos y bien abiertos.

¿Ha habido fascismo en Colombia o tan siquiera prácticas aisladas propias de los regímenes autoritarios? ¿Podemos catalogar como tales la Masacre de las bananeras (1928); la muerte despiadada de liberales a manos de los conservadores durante La Violencia bipartidista, los campos de concentración de Villa Rica, Tolima, en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, el Estatuto de Seguridad (1978) de Julio César Turbay Ayala (que usó la represión amparándose en la figura del Estado de sitio con la excusa de mantener el orden), el genocidio político contra la Unión Patriótica (1985-1993), reconocido como un crimen de lesa humanidad, o las 6.402 ejecuciones extrajudiciales (son asesinatos, no falsos positivos) a manos del ejército, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez? ¿Se parecen en algo los hornos crematorios que usaron en Colombia los paramilitares para borrar cualquier rastro de sus víctimas y las cámaras de gas que usaron los nazis para exterminar judíos?

 “…el exterminio y desaparición de la Unión Patriótica jamás debió haber ocurrido; y reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha”, dijo el presidente Juan Manuel Santos en un acto público de perdón en 2016, al reconocer la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de cientos de sus miembros y simpatizantes.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo lo propio en el 2023, al declarar al Estado colombiano responsable de este genocidio contra la Izquierda colombiana.

Sepelio de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial de la UP, asesinado el 11 de octubre de 1987. Fotos: cortesía Semanario Voz.

Como parte de una estrategia global anticomunista, en el gobierno de Turbay Ayala se decretó el polémico Estatuto de Seguridad, bajo el cual se cometieron excesos propios de las dictaduras: detenciones arbitrarias, torturas, consejos de guerra y desaparición forzada, hechos que están detallados en el Informe Final de la Comisión de la Verdad. Turbay, y antes de él otros presidentes, usaron a su acomodo la figura del Estado de Sitio (artículo 121 de la antigua Constitución de 1886) con el fin de suspender ciertas libertades y garantías individuales.

En Colombia se aplicó la censura de prensa a los periódicos y a la radio entre 1949 y 1957. En la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, cuando los periodista se rebelaron, la respuesta del gobierno “fue un decreto del Estado de Sitio a través del cual se anunció que la aplicación de la censura de prensa vigente, en adelante pasaba al Comando General de las Fuerzas Armadas, y que hasta los correctores de pruebas quedaban sujetos a la medida”, como lo reseñó El Espectador. La Oficina de Censura del gobierno –que operaba a través de una red de censores desde las gobernaciones y brigadas del ejército- ordenaba lo que se podía y lo que no se podía publicar, evitando cualquier información que afectara al gobierno.

Desde la Constitución de 1991, ya no se habla de Estado de sitio, si no de Estado de excepción en el que podrá declararse la Conmoción interior para mantener el orden público, pero ningún gobierno está facultado para suspender los derechos humanos ni las libertades fundamentales.

Dice el Artículo 213 de la Constitución Política de Colombia: “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, el Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, podrá declarar el estado de conmoción interior, por término no mayor de 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República”.

Este 2024, la multinacional Chiquita Brands fue condenada a pagar millonarias indemnizaciones por financiar grupos paramilitares, responsables de matanzas ocurridas en el Urabá antioqueño entre 1997 y 2004, como lo denunció el periodista Ignacio Gómez, siendo entonces reportero de El Espectador.

¿Cómo se llegó a esta barbarie en un país que, repito, se precia de democrático? Una explicación ilustrada la ofrece el podcast El Hilo.

Chiquita Brands es la misma United Fruit Company asociada a la Masacre de las bananeras en 1928: Una huelga que fue resuelta a bala por el ejército y terminó en la matanza de trabajadores de esa empresa estadounidense, durante el gobierno  del conservador Miguel Abadía Méndez, hecho al que se refirieron escritores como García Márquez o Álvaro Cepeda Samudio. Este último cuenta en su novela “La casa grande” que, con el fin de “restablecer el imperio del orden”, el Jefe Civil y Militar de la Provincia de Santa Marta, Carlos Cortés Vargas, declaró por decreto “cuadrilla de malhechores a los revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la zona bananera”, llamando a los huelguistas “comunistas y anarquistas” y facultado a la fuerza pública para “castigar por lar armas a aquellos que se sorprenda en infraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada”.

Desde la ficción y desde la no ficción, los libros pintan una Colombia escabrosa. En “Me hablarás del fuego: Los hornos de la infamia”, Javier Osuna nos habla de los hornos crematorios que usaron en Norte de Santander las Autodefensas Unidas de Colombia AUC (un grupo paramilitar de Derecha) para incinerar los cuerpos de sus víctimas. Convirtieron trapiches y ladrilleras en cementerios. Un testimonio humano o inhumano según quien lo mire.

El prologuista Raúl Zurita dice: “Quien escribió este libro ha sido amenazado, acosado, perseguido, incendiaron el departamento en que vivía y su vida corre peligro”.

Le pregunté a Javier Osuna si existe relación entre los hornos crematorios del paramilitarismo y las cámaras de gas nazis. Su respuesta: “Son crímenes comparables a pesar de las obvias diferencias históricas y políticas. Ambos pretendían borrar todo rastro de sus víctimas, suprimir del paisaje de la vida a seres humanos únicos e imprescindibles. Cada caso representa un insulto a la humanidad que no debe repetirse jamás. Además, en ambos casos, se trata de crímenes condenados al fracaso porque a los seres humanos no se les puede borrar como una cosa. Por eso no hablo de desaparecidos sino de ausentes”.

¿Por qué los colombianos no hemos sido capaces de construir una memoria sólida sobre ese pasado funesto que nos persigue, repitiéndose? Conjurar ese pasado implica reconstruir con paciencia un libro al que algunos le quieren arrancar páginas a las malas. El pasado debería avergonzarnos como sociedad a ver si un día deja de lacerarnos.

En una nación políticamente amnésica, a jóvenes y a viejos hay que recordarles que la mano firme (léase dura) tiene formas diversas y peligrosas de interpretarse y empuñarse, así que facho y democrático no son lo mismo, del mismo modo que tiranía y ternura pertenecen a reinos diferentes. Democracia no es salir a votar cada cuatro años o que te dejen decir lo que quieras. Democracia es el conjunto de una Constitución y su cabal cumplimiento; por ejemplo, que te garanticen el derecho a la vida (artículo 12) y el derecho a vivir en paz (artículo 22).

Mientras el mundo gire, nadie puede garantizar que todo lo malo que ha ocurrido en Colombia (favor releer al segundo párrafo) no ocurrirá otra vez. Una sociedad profundamente desigual está lejos de ser democrática en su más amplia acepción. Una sociedad mezquina condena a unos a arrastrarse -hasta hacerlos invisibles a nuestra mirada y empatía- mientras otros se mecen en sus privilegios. Esa mezquindad política es nuestra ceguera blanca.

Última entrega: Carta a mi nieta sobre el fascismo.