En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

El artículo completo fue publicado por en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Absorto, el ocelote gruñe con emoción mientras el cangrejo avanza lentamente frente a sus ojos color caramelo. La pinza derecha, entre azul y verde, es dos o tres veces más grande que la izquierda y el crustáceo la mantiene erguida, como si se tratara de un escudo y estuviera a punto de entrar en batalla. Sin moverse, el félido lo observa caminar torpemente sobre el concreto seco, la silueta de las pinzas difusa contra el tono menta de la malla sombra y la malla de acero de simple torsión que sirve como trasfondo.

Durante alrededor de un minuto, el ocelote vigila los movimientos del cangrejo. Tuerce la nariz, olfatea el aire y se encoge sobre sí mismo. Tensiona los músculos de su forma esbelta y ágil, forjada para cazar. Las manchas de su flanco derecho, estelas negruzcas llamadas cadenetas, parecen formar cuatro dedos de una mano esquelética. Relucen, al igual que su pelaje azafrán claro, bajo el sol de las once de la mañana en Cali, Colombia. Así, agazapado, su cuerpo se ve tenso, como un resorte a punto de salir disparado.

A un par de metros, el cangrejo se aleja con su pinza azulada en el aire. Detrás, un mono aullador gruñe, provocado por un hombre. Se escuchan cantos de loras, chillidos de guacamayas y los gritos desesperados de media docena de monos capuchinos. Un río corre al otro lado de la vegetación, a su derecha. Hay sonidos lejanos de autos, murmullos de personas y el golpe acuoso de gusanos que caen a un estanque desde casi un metro de altura. También hay olores a los que el ocelote se ha ido acostumbrando desde hace casi siete meses. Algunos, quizás, los conoció hace años, antes de su captura y la separación de su madre, pero casi todos son nuevos: tortugas hicoteas, tortugas charapas, tortugas de tierra, caracaras, águilas, zarigüeyas, heces y orinas de decenas de animales que van y vienen, humanos y los demás como él, incluido el otro ocelote —ese a quien teme—, que aún está tan cerca.

A pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, se concentra en el cangrejo. Lee sus pasos y levanta de manera pausada sus gruesas zarpas. Mantiene las garras contraídas —las cinco de cada pata delantera y las cuatro de cada trasera—, mientras da un paso y luego otro, el vientre blanco espolvoreado pegado al concreto, las orejas redondas enfocadas como antenas parabólicas en su presa.

Se acerca en silencio, las almohadillas de sus extremidades ahogan el peso de su cuerpo. Nuevamente, da otro paso y otro más, en cámara lenta, y queda a casi un metro y medio de distancia de la pinza que lo desafía. En otra vida, saltaría, golpearía al cangrejo con sus zarpas y rápidamente trituraría el caparazón con sus colmillos. Lo comería con gusto, extrayendo la carne blanca con su lengua rugosa. Pero esta mañana de abril de 2025, encoge las patas delanteras y, de repente, se detiene, como si el juego y la fantasía de libertad hubiesen terminado.

Se incorpora, observa al cangrejo violinista a través de las rejas de su jaula de cuatro por cuatro metros, y camina con aparente tedio hasta una casa de madera blanca que le sirve de dormitorio. Sale segundos más tarde y da vueltas y vueltas, en tanto su presa dobla por una esquina y desaparece.

A escasos metros, alguien susurra su nuevo nombre: «Barto».

El decomiso

El 8 de octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron a una casa en Ciudad Jardín, un lujoso barrio residencial en el sur de Cali. Varios investigadores venían desde Bogotá para hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas. Durante el allanamiento, los agentes escucharon un sonido extraño. Con precaución entraron al cuarto de donde provenía. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron a un ocelote (Leopardus pardalis) de aspecto enfermizo.

Sin saber muy bien qué hacer, pidieron apoyo a la unidad local de la policía y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), una entidad ambiental adscrita a la Alcaldía, que se encarga, entre otras funciones, de cuidar, atender y, en la medida de lo posible, rehabilitar a los animales incautados por tráfico de fauna. El hombre a quien se le decomisó el ocelote se rehúso a contarle a los agentes cuál era el nombre del félido, con qué lo alimentaba o cómo lo había obtenido. Tampoco dijo para qué lo tenía allí.

Desde 2010, las autoridades en Colombia han decomisado más de 340 ocelotes, entre ejemplares vivos y muertos, de acuerdo con datos obtenidos a través de derechos de petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seis secretarías distritales de ambiente de las principales ciudades del país y las 33 corporaciones autónomas regionales, los organismos que normalmente reciben los animales traficados.

La mayoría de estos félidos vivían en hogares como mascotas. Las personas llevaban a casa los cachorros luego de matar a su madre —casi siempre debido a conflictos relacionados con muertes de animales domésticos o por simple miedo—, o se los compraban a traficantes, quienes actualmente los venden por cerca de 6 millones de pesos (alrededor de 1400 dólares). Luego los criaban como si fueran gatos domésticos hasta que agredían a alguien, el costo de alimentarlos se volvía insostenible o hasta que escapaban de sus encierros y asustaban a los vecinos, quienes llamaban a las autoridades. Algunas personas los entregan de manera voluntaria, pero otras hacen todo lo posible por esconderlos, incluso después de que ha habido ataques a personas o animales domésticos.

El ocelote es el tercer félido más grande de América, después del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Entre las al menos once especies de félidos pequeños que viven en el continente (estudios genéticos recientes han elevado subespecies a la categoría de especies), todas pertenecientes al género Leopardus, con la excepción del yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote es el de mayor tamaño y el más estudiado. Pesa entre 10 y 15 kilogramos, el equivalente de un perro Beagle adulto, y mide entre 1 y 1.4 metros desde la punta de su nariz hasta el final su cola (Bobby, el ocelote más grande que se ha registrado, pesaba 18.6 kg, similar a un Bull Terrier adulto).

El tono de su pelaje es blanco en el vientre, la garganta, la boca, los cachetes, el contorno posterior de las orejas y alrededor de los ojos. En el resto del cuerpo, los tonos oscilan desde ámbar pálido hasta el canela. Cadenas de manchas con patrones únicos recorren sus flancos y los ayudan a camuflarse entre los matorrales. Los ocelotes pueden distinguirse fácilmente del margay (Leopardus wiedii) y la oncilla (Leopardus pardinoides) por la forma de sus cadenetas: las de los ocelotes tienen las manchas abiertas, mientras que las del margay y la oncilla son cerradas.

Al igual que ocurre con los demás félidos pintados, las manchas sirven para identificar a la especie y a cada individuo. Sus formas pueden asemejarse a contornos de islas, especies de hongos poco conocidas, mapas de ríos, siluetas de pinturas rupestres de cuevas europeas o dedos de manos esqueléticas en proceso de abrirse.

Para su infortunio, su belleza inverosímil atrae a los humanos desde hace miles de años. Sus pieles, al igual que las del jaguar, se comerciaban y eran de uso común entre los nobles de culturas como la inca, la maya, la olmeca, la azteca, la mexica, la calima y otras decenas en la Amazonía y el resto de América (en algunos casos, las enterraron con ellos). La pasión por las pieles sobrevivió a la caída de las culturas precolombinas y, con el tiempo, ganó terreno en Europa y Estados Unidos.

El clímax de la atracción llegó el siglo pasado, luego de que Jacqueline Kennedy —no es broma— sin querer popularizara el estampado de leopardo entre la población general, como narra Jo Weldon en su libro Fierce: The History of Leopard Print. Los ocelotes fueron los félidos más afectados. De acuerdo con un estudio, anualmente se cazaron cerca de 200 000 animales de esta especie desde principios y mediados de los años 70. Solo entre 1968 y 1969, Estados Unidos reportó la importación legal de más de 262 000 pieles de ocelote (de estas, más de 140 000 provenían de Brasil y casi 50 000 de Colombia).

La caza indiscriminada mermó de forma tan drástica la población de individuos que naciones como Brasil, Colombia y otros países de la Amazonía prohibieron la caza interna de félidos. En 1972, incluso el gobierno estadounidense buscó frenar la importación de pieles a través de una propuesta del Departamento de Estado.

La preocupación por las poblaciones de ocelotes y otros félidos manchados contribuyó en parte a la aprobación y entrada en vigor, en 1975, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el acuerdo que regula el comercio global de especies para evitar la sobreexplotación y posible extinción de animales, plantas y hongos.

Gracias a CITES, la venta de pieles disminuyó considerablemente, aunque no desapareció por completo. Entre 1980 y 1984, por ejemplo, Paraguay, el principal comercializador tras la oficialización del tratado, exportó más de 120 000 pieles de ocelote.

La caza para las confecciones de moda dejó de ser el mayor problema de la especie solo hasta finales de los 80, cuando el ocelote pasó del Apéndice II al Apéndice I del tratado, la clasificación reservada para las plantas, animales y hongos más amenazados.

Con el fin de ese comercio, las poblaciones se comenzaron a recuperar. En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización encargada de evaluar el estado de las especies, clasificó al ocelote como Vulnerable, lo que quiere decir que la población se había reducido a la mitad y las causas eran conocidas. Seis años más tarde, en la siguiente clasificación, el ocelote pasó a ser de Preocupación Menor, una categoría en la que se encuentran las especies que no están en peligro de extinción. Allí ha permanecido hasta la actualidad.

Hoy las principales amenazas a las que se enfrentan los ocelotes son la fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza por retaliación y el tráfico ilegal para el mercado de mascotas en países como Colombia, de acuerdo con la UICN.

En la primera mitad del siglo XX se puso de moda tener ocelotes como mascotas. Actores y actrices de Hollywood, cantantes de ópera y músicos fueron fotografiados con estos animales. El más famoso sin duda fue Babou, un ejemplar que al parecer un presidente colombiano le regaló a Salvador Dalí en los años 70.

Babou viajaba a todas partes con el pintor surrealista, destruyendo lo que encontraba a su paso y viviendo una vida más bien miserable, según un amigo del artista, excepto por un día en que escapó y asustó a los comensales de un lujoso restaurante.

De acuerdo con biólogos y veterinarios, la vida coartada de Babou es la regla para los félidos que terminan en los hogares de las personas, sin importar los recursos que estas tengan. En su medio natural, los ocelotes pasan horas recorriendo los bosques en busca de presas. Un estudio en las selvas peruanas halló, por ejemplo, que los ocelotes caminaban, en promedio, casi 10 horas cada noche.

Su vida, como la de muchos otros félidos, está definida por el movimiento y la exploración de su territorio, que cambia a diario con la aparición de nuevas presas y estímulos. Estos comportamientos están claramente limitados en una jaula, una casa o cualquier otra clase de encierro.

En el caso del ocelote incautado en Cali, esto resultaba evidente tanto para los agentes que lo descubrieron, como para el personal del DAGMA que llegó ese mismo día a la casa en Ciudad Jardín. El animal parecía llevar por lo menos un año en cautiverio. Tenía el pelaje descolorido y un aspecto enfermizo. Desesperado, bufaba y gruñía cuando las personas se acercaban. Sus ojos caramelo miraban con aparente furia.

El equipo de rescate tardó casi una hora en meterlo en una cesta de protección para trasladarlo hasta el hogar de paso del DAGMA. En una de las fotos que le tomaron ese día, se encuentra parado en su estrecha jaula con los ojos entrecerrados. En medio de la oscuridad, se adivinan las negras cadenetas en forma de cuatro dedos que marcan su flanco derecho.

Los compañeros de encierro

Cuando recibieron al nuevo, el ocelote residente más antiguo a cargo del DAGMA era Tontín, un félido que había llegado de cachorro en 2017 y se había criado en las jaulas y pasillos arbolados del vivero donde se ubica el hogar de paso, en el norte de Cali. Se ganó su nombre a pulso: se comió una tortuga y una iguana, y atacó a otro ocelote y a una de sus cuidadoras.

Durante años trataron de reubicarlo en vano en el zoológico de la ciudad, pero este ya tenía suficientes félidos y no quería incurrir en un gasto adicional. Para octubre de 2024, cuando llegó el ocelote incautado en Ciudad Jardín, Tontín ya llevaba un tiempo enfermo y algunos de los biólogos y veterinarios estaban preocupados por su futuro.

Otros dos ocelotes en el hogar de paso eran Ernesto y Gato. Ernesto llegó en 2020. Según la mujer que lo entregó a la Policía, el animal había entrado a su casa en busca de alimento. Tenía solo un testículo, pero, en general, estaba sano. Los ocelotes macho alcanzan la madurez sexual y abandonan a sus madres alrededor de los dos años. Las hembras maduran aproximadamente al año y medio.

Ernesto no había alcanzado esa edad o, cuando menos, esa madurez. Tenía comportamientos juveniles y, por cómo buscaba a las personas era evidente que había sido la mascota de alguien. Buscaba acercarse a los humanos y jugar con ellos. En lugar de cazar y matar las presas que le dejaban en su jaula, jugaba con ellas. Nunca perdió esa actitud infantil, de acuerdo con Leidy Albino, una bióloga de 31 años que forma parte del equipo del DAGMA.

Gato llegó en 2022 y tenía una personalidad muy diferente. Cuando aún era un juvenil, las personas que lo mantenían como mascota lo llevaron a un veterinario. El profesional lo atendió, pero les dijo a los dueños que debían entregarlo. Un par de días después, llamaron al hogar de paso.

Cuando lo evaluaron, el animal pesaba apenas 3 kilogramos y estaba en pésimas condiciones. Le habían limado los colmillos y lo habían amansado. Ingresó a una cuarentena, lo desparasitaron y, poco a poco, se volvió más fuerte. No solo jugaba a cazar, sino que, contrario a Ernesto, era capaz de matar y comer pequeñas presas vivas. Creció y maduró, y conservó su instinto de cazador. En las noches, cuenta el personal del DAGMA, a Gato le gusta acechar a las personas desde su jaula. Si se acercan mucho, a veces lanza un zarpazo.

El ocelote que encontraron durante el allanamiento en el sur de la ciudad tenía características de uno y de otro, aunque estas tardaron en manifestarse. Parecía un adulto, pero su tamaño era más pequeño de lo normal. Era castrado, pesaba 8.9 kg y medía 107 centímetros desde la nariz hasta la cola. Su pelaje parecía desgastado y pálido, quizás por la falta de luz a la que había estado sometido. Sus ojos caramelo seguían a las personas con aparente desconfianza.

La veterinaria que lo valoró al ingresar calificó su estado corporal con un 2.5/5. Los exámenes de sangre dieron positivo para Bartonella, un género de bacterias que puede causar problemas cardíacos, letargia, anemia transitoria, afecciones renales, neurológicas y óseas, entre otros problemas. En los humanos, estas bacterias producen la enfermedad de rasguño de gato, que puede ocasionar ganglios linfáticos hinchados, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. Le recetaron antibióticos, lo dejaron en cuarentena hasta que se curó y lo trasladaron a una de las jaulas.

Su recuperación estuvo dirigida por Delio Orjuela, el coordinador operativo del hogar de paso de fauna del DAGMA, y su equipo. Orjuela, un recursivo veterinario de 57 años, llegó por primera vez a la entidad en 2017. De niño, en Fresno, Tolima, grababa en casetes el audio de Naturalia, un programa de animales que se transmitió en la televisión colombiana durante casi veinte años.

Cuando se graduó de la escuela quería estudiar Zoología, pero la carrera no existía en el país. Por error, se matriculó en una licenciatura en Biología, en Cali, sin saber que el énfasis del programa no estaba en el estudio de los animales, sino en la enseñanza.

Le fue tan mal en la universidad que su padre dejó de apoyarlo económicamente, así que tuvo que rebuscarse dinero cortando césped y vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Un día, en 1987, se cansó y fue al zoológico de la ciudad a pedir empleo.

En ese tiempo, la mayoría de los trabajadores eran campesinos, pues las labores requerían de un esfuerzo que escapaba a la mayoría de la población: cortar y acarrear más de 100 kilos de pasto para los rinocerontes, limpiar los encierros de elefantes, tapires y osos, y preparar los alimentos de centenares de aves, reptiles y mamíferos marinos.

Orjuela era flaco y no estaba acostumbrado al trabajo físico, por lo que compensó su debilidad con energía y tiempo. A los pocos meses, empezó a seguir de cerca a Jorge Alberto Gardeazabal, uno de los pioneros en la veterinaria de animales silvestres en Colombia. Aprendió lo que pudo de él hasta que se dio cuenta de que debía regresar a la universidad, esta vez a la carrera correcta.

El zoológico le prestó dinero para la matrícula a cambio de su trabajo. En 1997, se graduó de la Universidad del Tolima y regresó a tiempo completo a la capital del Valle del Cauca.

Estuvo en el Zoológico de Cali hasta 2005. Allí conoció las particularidades de delfines, leones marinos, caballos, tigres, leones, cocodrilos, loros, águilas y otros animales con los que había soñado viendo Naturalia. También vio de cerca y revisó a decenas de ocelotes. Manejarlos a veces era complicado, un rezago de su comportamiento silvestre.

Los ocelotes son cazadores oportunistas. En las noches caminan por el bosque en busca de sus presas, un listado inagotable que, dependiendo del lugar, incluye ratas, coatíes, perezosos, tamandúas, tortugas, ranas, serpientes, peces, lagartos, iguanas, pavas, aves domésticas —la principal fuente de conflictos con los humanos—, pacas, pecaríes, insectos, armadillos, venados pequeños, monos aulladores y decenas de especies de aves silvestres.

“Tienen una cola relativamente más corta que la de otros félidos pequeños, como el margay, lo que les impide moverse con la misma agilidad en las ramas de los árboles”, dice Orjuela. No obstante, son escaladores lo suficientemente buenos como para cazar monos y perezosos. Los territorios de los machos suelen cubrir el de varias hembras, así que las peleas, sobre todo en coberturas boscosas reducidas, son comunes.

En cautiverio viven cerca de 20 años, casi el doble de lo habitual en sus hábitats naturales, pues evitan enfermedades, enfrentamientos, el estrés y desgaste natural que conlleva la depredación. Al igual que otros félidos, con frecuencia pasan los días recorriendo sus jaulas de manera casi enfermiza. Sus horarios de actividad cambian y, en parte, pierden sus hábitos nocturnos para ajustarse al horario de los humanos. Si un animal termina por descuido en su jaula o si, como Babou, un día logran evadirse y disfrutar de algo de libertad, pueden llegar a atacar.

Al principio, Barto —el nombre que le pusieron al nuevo ocelote en referencia a la Bartonella, la bacteria que portaba—, era arisco y algo traicionero. Costaba manejarlo. Bufaba constantemente y lanzaba zarpazos. Poco a poco, sin embargo, se fue acostumbrando al encierro que Orjuela había diseñado.

El hogar de paso funciona dentro de una hectárea en el vivero del DAGMA, el equivalente a un poco más de una cancha de fútbol. Mensualmente, en promedio, llegan casi 400 animales, por lo que, a pesar de las maromas y esfuerzos que hace Orjuela, ni el espacio ni la financiación son suficientes.

Algunas de las jaulas de dos por dos metros se encuentran organizadas en paralelo y tienen subdivisiones entre ellas, lo que permite ampliarlas cuando la rotación de animales no es muy grande. Esos espacios privilegiados casi siempre se reservan para los félidos y los mamíferos grandes. Barto comenzó a vivir en uno de ellos al poco tiempo de llegar. Su hogar incluye una casita de madera blanca, un bidón de gasolina rojo vacío y gruesas sogas anudadas que cuelgan del techo para que juegue.

Allí se recuperó en menos de medio año con la ayuda del personal del DAGMA. Ganó casi medio kilo en el primer mes y su pelaje azafrán claro con los cuatro dedos esqueléticos se tornó bruñido. Su temperamento también cambió. Tenía una personalidad casi infantil, similar a la de Ernesto. Ese temperamento es la consecuencia de la castración temprana a la que seguramente lo sometieron, comenta Leidy Albino.

Barto aprendió a entrar a un cubil adyacente al encierro, donde es fácil manejarlo para ponerle vacunas o guardarlo mientras limpian su espacio. Lo llamaban por su nombre para que entrara y luego le daban pollo o carne en un ejemplo de condicionamiento clásico. A Orjuela no le gusta bautizarlos, pero es inevitable que alguien lo haga después de un tiempo. Hoy, cuando Albino lo llama por su nombre, Barto hace un sonido similar a un rugido y se restriega con las rejas (es más bien un gruñido ronco, pues los ocelotes en realidad no rugen, sino que maúllan, chillan, bufan y hacen otros sonidos, pero los únicos félidos que tienen la estructura en la laringe para rugir son los que pertenecen al género Panthera).

Orjuela y Albino se alegran de su progreso, aunque no saben muy bien qué va a pasar con él. Algo parecido ocurre con los demás ocelotes en el hogar de paso. En enero de 2025, Tontín tuvo que ser sacrificado. Tenía una patología renal crónica y pancreatitis, pero, más allá de eso, ningún zoológico o refugio había querido recibirlo en casi siete años.

Al igual que ocurre con los jaguares, rehabilitar a un ocelote que ha sido una mascota o que ha tenido contacto estrecho con humanos es prácticamente imposible, según comenta Diana Stasiukynas, coordinadora de Ciencias de la organización Panthera en Colombia. Se han liberado algunos, pero nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ellos, ya que es muy costoso ponerles collares. En ese sentido, no se puede decir que esas liberaciones hayan sido exitosas.

La rehabilitación de ocelotes suele ser difícil, por un lado, porque es necesario que aprendan a cazar, pues en la mayoría de los casos sus madres nunca les pudieron enseñar. Barto, por ejemplo, no sabe matar. Una vez le pusieron una codorniz en la jaula y jugaba con ella, la golpeaba con las almohadillas de sus patas y la perseguía, pero no la mataba. La tuvieron que sacar, sacrificarla y luego dársela para que se la comiera. El instinto de algunos puede sobreponerse, pero entrenarlos es un proceso costoso y los organismos ambientales a veces son reacios a otorgar permisos para darles presas vivas.

Por otro lado, y esto es quizás lo más difícil en opinión de Orjuela, deben aprender a temer nuevamente a las personas. Esto rara vez ocurre, pues los animales asocian a los humanos con su comida y, por lo tanto, los buscan. Cuando los liberan en un lugar silvestre, los ocelotes de cautiverio suelen acercarse a las personas, por lo que los pueden matar por miedo o por retaliación. En el mejor de los casos, alguien llamará otra vez a las autoridades para que se los vuelvan a llevar.

Los expertos consideran que salvo casos extraordinarios, los ocelotes traficados no pueden liberarse. Debido a ello, el mejor escenario para estos félidos es terminar en un zoológico o en un refugio de vida silvestre. Pero en Colombia, ni los unos ni los otros dan abasto. La mayoría ya tienen parejas de ocelotes exhibidos o pocos recursos para alimentar nuevos carnívoros. En un lugar como el hogar de paso del DAGMA, donde los recursos y el espacio son limitados, esto a veces significa que Orjuela debe tomar decisiones sobre la vida y la muerte de los animales.

Desde que fueron decomisados, el DAGMA ha ofrecido sin éxito a Ernesto, a Gato y a Barto a zoológicos y refugios. Lo más probable es que los diez o quince años de vida que le quedan a Barto en cautiverio se reduzcan, excepto contadas ocasiones, a los 16 metros cuadrados enriquecidos con cuerdas, bidones, maderas y otros elementos donde hoy se entretiene observando a los animales que ocasionalmente pasan frente a su encierro. E incluso ese futuro es incierto.

Los hombres hablan

Barto mira a través de las rejas hacia la malla sombra, pero no hay nada. El cangrejo se resiste a volver. Da vueltas y vueltas por su encierro, pero el crustáceo se ha ido. Entra a su casa de madera blanca, se acuesta y, de inmediato, sale de nuevo. Al otro lado de la reja, ahora hay un hombre desconocido. Lo observa con sus ojos caramelo y bufa antes de caminar hasta una placa metálica reforzada que lo separa de la jaula de otro ocelote.

La tarde del 25 de marzo, Barto percibió la presencia del otro félido y se acercó a la placa. El otro, Ernesto, hizo lo mismo. Apretaron, golpearon y de alguna manera hicieron fuerza hasta que el metal se dobló y se creó una apertura. En ese momento, Barto lo tuvo frente a frente por primera vez.

Se abalanzó sobre su cuerpo y lucharon hasta que Ernesto atrapó su pata delantera izquierda. Intentó liberarla de sus fauces, pero lo mordió con más fuerza. Sintió cómo los colmillos raspaban su piel y cercenaban la división entre dos de sus dedos. Ernesto sostuvo su pata allí, la sangre corriendo por la herida, hasta que una mujer y un hombre los separaron con agua. Tuvieron que suturarlo, reconstruir la parte interdigital y cogerle cinco puntos. Luego fortalecieron la división entre las dos jaulas, para evitar que volvieran a pelearse.

Barto pasea por su pequeño y delimitado hogar. Se acerca un poco a un hombre nuevo y desconocido que sostiene una cámara fotográfica en sus manos. Lo observa, se aburre y se aleja hacia la placa. Fuera de su encierro, el mono aullador dejó de gruñir, pero los capuchinos continúan gritando. Lo mismo las loras y las guacamayas, que rara vez se detienen. Sus chillidos y cantos hacen parte del trasfondo de la vida de Barto, al igual que las máquinas lejanas, el estallido ocasional de la pólvora y las voces insistentes de las personas. Se acuesta en su casa mientras el hombre nuevo (el periodista) y el hombre que ya conoce (Delio Orjuela) hablan y hablan:

—Es lamentable dejar que se envejezca en cautiverio… aquí tuvimos uno que era más pequeño [que Barto] cuando llegué en 2017. Nunca lo pudimos reubicar y murió hace cuatro meses…

—¿Ese fue…?

—Hubo que hacer la eutanasia [a Tontín] después de siete años en cautiverio. Le buscamos espacio en zoológicos y nunca le conseguimos… El otro ocelote [Ernesto] casi le arranca la mano al vecino. Ellos son implacables. Si uno les da la oportunidad…

—¿Rompió la lámina? ¿Por qué?

—Porque esa es una de las cosas que la gente no entiende. Muchas veces no es estar vivo, no es respirar, es calidad de vida. Entonces, para uno de ellos saber que hay otro como él al lado, eso no está bien. El asunto es que nosotros en los centros de atención de fauna, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos… Yo insisto en que la fauna visibiliza a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental puede hacer lo que quiera con ruido, con contaminación del río o del aire, pero eso no se nota como se nota el maltrato a un animal. Esto es viral, lo que le pasa a un animal se vuelve viral… Yo sostengo que se debe invertir más en estos animales porque ellos finalmente son la imagen de la autoridad…

—¿Cuánto tiempo le van a dar a Barto, por ejemplo?

—Mira, al que murió hace cuatro meses, le dimos más de siete años. Somos muy pragmáticos. Esto al final es como una guerra. Tengo que pensar en qué puedo salvar… Sabemos de la bondad que hay en cada persona y en el corazón de todo el equipo, sabemos que todos han querido salvarlos. Pero si se llega a la situación [de decidir sobre el destino de un animal], va a tocar elegir, y pues no nos vamos a detener, porque tomamos decisiones de esa clase todos los días… Nos toca.

*Este texto forma parte de una alianza entre Mongabay Latam y Casa Macondo.

**Imagen principal: Barto, un ocelote rescatado en una vivienda en Colombia, en 2024, se aferra a los alambres de su jaula en el hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en la ciudad de Cali. Foto: Santiago Wills

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En un centro de rescate de Iquitos, al norte de la Amazonía peruana, vive Otto, un viejo jaguar (Panthera onca) que durante 13 años estuvo encerrado en una pequeña jaula de cemento. Era parte de la “colección privada” de un político regional de Perú que lo mantenía cautivo en una de sus propiedades, junto a otros animales silvestres. En marzo de 2024, cuando pudieron rescatarlo, los veterinarios notaron que estaba en muy mal estado: no podía levantarse, pesaba tan solo 50 kilogramos, estaba deshidratado, le habían arrancado las garras, le habían quitado los colmillos y cortado las orejas.

Ahora, más de un año después, su condición ha mejorado. Pesa 90 kilogramos y aunque ya camina con dificultad recostándose en las paredes, ha perdido todas sus habilidades de jaguar. No puede saltar, trepar, nadar, cazar ni recorrer largas distancias. Aunque está en mejores condiciones, tendrá que continuar su vida en cautiverio, acompañado por Orita, una jaguar hembra rescatada luego de que a su madre la mataran unos agricultores, y por Togos, un ocelote que durante tres años fue criado por una familia como “mascota” —con juguetes, cama y casa de madera— hasta que reaccionó instintivamente y lastimó a uno de ellos. Aunque parecen casos excepcionales, historias como estas se repiten a lo largo de toda Latinoamérica.

Desde las zonas altas de Los Andes, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta las vastas selvas tropicales, bosques secos, manglares, humedales y desiertos, América Latina es habitada por una gran diversidad de gatos silvestres con características únicas. El jaguar —el félido más grande del continente americano— y el puma (Puma concolor) —un animal hábil que se adapta con facilidad a condiciones muy distintas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile— suelen ser los más conocidos. Pero, junto con ellos, otra decena de gatos silvestres medianos y pequeños recorren la región.

Se conoce que, de las 38 especies de félidos registradas en el mundo actualmente, al menos una tercera parte se encuentra en Latinoamérica. Hay algunos manchados, como el ocelote (Leopardus pardalis), el tercero más grande de la región, que se mueve principalmente por bosques y selvas tropicales; o el margay (Leopardus wiedii), un gato pequeño que trepa árboles con agilidad y que tiene una cola más larga que su cuerpo.

Hay otros más extraños, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), que por su cuerpo alargado, y su cabeza pequeña, se asemeja más a una nutria o a una comadreja que a un félido. Bien al norte está el lince rojo (Lynx rufus), también conocido como gato montés, un gato mediano de orejas puntiagudas que se mueve entre las zonas frías y áridas del sur de Canadá hasta Oaxaca, en el sur de México.

Su diversidad y su belleza los han llevado a ser víctimas de una amenaza difícil de enfrentar: el tráfico de fauna. Los sacan de sus hábitats —donde cumplen funciones clave para la salud de los ecosistemas— para adornar salas como “trofeos”, para hacer collares, carteras o correas con sus garras, cráneos, colmillos y pieles, e incluso se comercializan vivos ilegalmente para convertirlos en “mascotas”. Claro que, en palabras de Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés), “por muy lindos que parezcan, realmente no son muy buenas mascotas… su caca huele terrible. Realmente espantoso. Si lo supieran, se les quitaría esa idea absurda de tenerlos en la casa”.

Aunque el tráfico de fauna es considerado un delito en la mayoría de los países de América Latina, aún se sabe muy poco sobre su magnitud, sus impactos y su verdadero alcance. Como señala José Fernando González-Maya, director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) y copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una problemática desatendida y subdimensionada. “Aunque tenemos indicios, datos y algunas sospechas de cómo funciona, apenas estamos rasguñando la superficie. Las estimaciones sobre los datos de incautaciones son una mínima parte de lo que realmente se está traficando”, asegura.

Países como Colombia, México, Argentina y Guatemala, por ejemplo, no cuentan con estadísticas nacionales detalladas ni desglosadas por especie. Y la mayor parte del comercio ilegal de fauna sigue ocurriendo sin ser detectado ni sancionado. “Esta ha sido, es y seguirá siendo una de las amenazas más críticas sobre la biodiversidad”, insiste González-Maya, quien también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el “mejor” de los casos, algunos gatos silvestres logran ser rescatados. Pero, ¿qué ocurre después? Mongabay Latam siguió de cerca seis historias de félidos rescatados en seis países de la región. A pesar de los enormes esfuerzos y la buena voluntad de veterinarios, centros de rescate y conservacionistas, el panorama no es bueno: en la gran mayoría de los casos, salir de su hábitat natural es una condena a muerte o a una vida en cautiverio para estos carnívoros.

Mascotas que no son mascotas

En octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta una vivienda en un lujoso barrio residencial de la ciudad de Cali. Tenían que hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas, pero durante el allanamiento escucharon un sonido extraño. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron un ocelote: el tercer felino más grande del país y —según el libro Felinos de Colombia— el que con mayor frecuencia se tiene de forma ilegal en cautiverio como mascota. El animal, que parecía llevar por lo menos un año encerrado, tenía el pelaje desgastado y pálido y lucía enfermo.

En México, Mitsuo —un lince rojo rescatado— pasó su primer año en libertad, pero luego fue capturado por personas que quisieron tenerlo como si se tratara de un “gato doméstico”. Para disminuir el peligro que significaba mantenerlo en casa, intentaron quitarle sus colmillos y, durante el proceso, el lince casi muere de una hemorragia. Sora, otra lince, fue sacada de su madriguera cuando estaba recién nacida para ser ofrecida como mascota en redes sociales. Aunque intentaron rehabilitarla, no pudo ser liberada. Según datos compartidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2015 hasta principios de 2025, la Procuraduría General ha incautado 59 ejemplares de lince rojo en ese país.

“Los gatos silvestres no son animales que se alimenten de plantas, que no se esconden ni huyen. Todo lo contrario. Necesitan aprender a cazar, a matar y a comer. Y lo hacen mientras su madre los protege de los extraños”, asegura Jim Sanderson, director de SWCCF. Por eso, cuando se rescatan crías que fueron separadas de su madre —de la que aprenden todo hasta casi los dos años— es muy difícil que desarrollen esas habilidades. “Sin madre, sin práctica de caza, sin experiencia, es difícil que sobrevivan por su cuenta”, dice.

Además, como explica González-Maya, de ProCAT, “un individuo que es víctima de tráfico es un individuo que ya está ‘improntado’”, un término que se usa para describir la vinculación y dependencia del animal con el ser humano. En palabras sencillas, empiezan a asociar al humano como “el que les trae comida” y no aprenden a cazar. Por más tiempo, recursos y esfuerzos técnicos que se inviertan, es una tendencia casi imposible de reparar, lo que reduce al mínimo sus posibilidades de volver a la vida silvestre, comenta el especialista.

Cazar —dice Esteban Payán, doctor en biología, experto en félidos y fundador de la consultora Boutique Carbon— es muy difícil. “Imagina que cada vez que te da hambre tienes que entrar en una pelea para poder comer. No solo es desgastante, sino que también es peligroso, porque las presas tienen sus mecanismos de defensa evolutivos, como cuernos, cascos, dientes, velocidad, patadas, etc.”, afirma. “Para los felinos, alimentarse implica esforzarse y, si no saben hacerlo, quedan heridos o están condenados a morir de hambre”, insiste. Por eso, la gran mayoría de félidos rescatados deben permanecer el resto de su vida en cautiverio.

Sanderson recuerda un caso que ilustra mejor la situación. En un centro de rescate de Ecuador —comenta— intentaron rehabilitar durante más de un año a una cría de ocelote, pero, desafortunadamente, el animal se acostumbró a que la gente lo alimentara y al sabor del pollo. Cuando lo liberaron desconocía por completo su entorno, no sabía cazar y, probablemente, no pudo encontrar ninguna presa. Entonces empezó a morir de hambre y se acercó a la gente. “Vio un pollo suelto y lo atrapó. Los pobladores lo vieron y lo mataron al instante. Es un caso lamentable. Un año en un centro de rescate, dos semanas libre y luego muerto”, dice Sanderson, quien agrega que “pese a las buenas intenciones de rehabilitación y liberación, esto es algo que sucede todo el tiempo”.

Con un reto extra: gran parte de las liberaciones o reintroducciones que se hacen en América Latina no incluyen un seguimiento a través de collar con GPS o cámaras trampa de los individuos, por lo que —a diferencia del caso de Ecuador—, nunca se sabe realmente qué pasó con ellos.

Tráfico, una amenaza común

El tráfico de félidos adopta distintas formas y varias de ellas pueden observarse en torno a la caza (legal e ilegal) en Argentina. Los pumas atraviesan una situación ambigua en este país sudamericano: aunque están recuperando territorios donde llevaban décadas desaparecidos, la falta de cifras impide tener certezas sobre la cantidad y la densidad de la población existente.

En el país existen criaderos ocultos donde cachorros de diferentes especies —pero especialmente de puma— crecen en condiciones deplorables para luego ser vendidos a cotos (terrenos) de caza ilegal. Algunos ejemplares son criados en cautiverio y otros son extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los cazadores, por lo general extranjeros, pagan altos precios por participar en lo que se conoce popularmente como “cazas enlatadas”, en las que se les garantiza que tendrán a su disposición el animal que buscan para dispararle y llevarse “el trofeo” —también ilegalmente— a casa.

Como explica Kai Pacha, fundadora de Pumakawa —un centro de rescate en la provincia de Córdoba al que han llegado varios de los pumas incautados—, para que puedan cazarlos fácilmente, los animales son encerrados en pequeñas jaulas, les lastiman las patas y los mantienen deshidratados durante mucho tiempo para que, al dejarlos salir, se muevan en la dirección que sus captores esperan: hacia el agua.

“Las pésimas condiciones en la que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, agrega Carina Righi, investigadora de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina. Por lo que es prácticamente imposible que vuelvan a la vida silvestre. Además, tampoco se sabe, a ciencia cierta, el número anual de ejemplares cazados.

La escasez de datos es un rasgo común de la región. Mongabay Latam solicitó a 40 autoridades ambientales, judiciales y policiales de Argentina, Colombia, México, Guatemala y Perú las cifras oficiales sobre incautaciones y rescates de félidos (vivos, muertos o sus partes) a nivel nacional. Solo Perú cuenta con una base de datos de incautaciones a nivel nacional, donde además detalla el nombre de la especie y, en algunos casos, el destino donde llegó el ejemplar. El resto solo cuenta con información parcial, por lo que una mirada general (pero subestimada) sobre el tráfico de félidos en estos países podría verse de la siguiente manera.

En Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (antes Ministerio de Ambiente) informó que, entre 2017 y 2024, el animal más traficado en el país fue el puma, con 167 incautaciones. La mayoría eran “trofeos de caza” conformados por cráneos, pieles y garras, pero también se rescataron 20 ejemplares vivos que iban destinados a “surtir” cotos de caza.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional” y que no existe en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, así que las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

En Guatemala, las estadísticas solo reportan las incautaciones de grandes grupos de vertebrados, es decir que desde 2010 a 2025 las autoridades tienen registro de 790 incautaciones de mamíferos silvestres, pero no se sabe cuántos de estos son félidos.

En México, el tercer país más grande de la región y fronterizo con Estados Unidos —país con el mayor número de decomisos de partes de jaguar entre 2000 y 2018, según las Naciones Unidas— las cifras de incautaciones de félidos a nivel nacional son desproporcionadamente bajas. Según la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una solicitud de información, entre 2015 y 2024 se incautaron 12 subproductos de jaguar (piel, cráneos y especímenes completos), dos piezas de lince, una piel de ocelote y seis piezas de subproductos de puma. Además, aseguraron que no tenían estadísticas o registro de félidos traficados en redes sociales.

Sin embargo, un estudio publicado en enero de 2025 en la revista Animal Conservation evidenció que en ese país, solo a través de redes sociales y plataformas de internet, se vendieron entre 2011 y 2022 las partes de 68 jaguares y 34 pumas; y se ofrecieron los colmillos de al menos siete ocelotes, así como las pieles de siete linces y tres margays. Las publicaciones analizadas también sugieren que al menos 15 jaguares, cinco ocelotes y tres linces vivos fueron ofrecidos como mascotas.

“Estas diferencias hacen que sea especialmente difícil determinar, a partir de la información fragmentada y limitada disponible actualmente, si el comercio ilegal está aumentando o no”, señala un informe publicado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el tráfico del jaguar, en 2021. Esto muestra la gravedad del delito y la dificultad para obtener información confiable, ya que el resto de gatos silvestres son mucho menos investigados y estudiados que el jaguar.

En Colombia tampoco hay información que reúna las incautaciones o rescates realizados por las autoridades nacionales, la Policía, las 33 Corporaciones Autónomas —autoridades ambientales territoriales— y las secretarías de ambiente distritales de las principales ciudades. El Ministerio de Ambiente respondió que actualmente se encuentra en una “fase de recopilación, organización y análisis de insumos proporcionados por las autoridades ambientales regionales”, por lo que, por ahora, no hay un estimado de las cifras a nivel nacional.

Una base de datos realizada para esta investigación muestra, sin embargo, la escala del problema. Si solo hablamos de ocelotes, como el que fue incautado a finales del año pasado en Cali, desde 2010 se han decomisado más de 340 de estos animales, entre ejemplares vivos y muertos, según la información de cada una de las corporaciones autónomas y secretarías distritales, obtenida vía transparencia. La mayoría vivían en hogares como mascotas.

De todos los países analizados para este especial, Perú es el único que lleva un registro a nivel nacional sobre incautaciones y decomisos de félidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a Mongabay Latam que, entre 2014 y 2024, el país registró la incautación de 591 especímenes de félidos (entre los que se incluyen partes, productos y animales vivos o muertos). De estos, 183 eran ejemplares vivos de nueve especies: el ocelote era el más incautado (42 ejemplares), seguido por el margay (33), y el puma y el yaguarundí (con 27 cada uno). Además, se incautaron 128 pieles, 124 colmillos, 51 garras y 22 cráneos.

“Todavía nos hace falta entender la magnitud del tráfico de fauna y, en especial, de los félidos. Y los gobiernos de la región deberían prestar mucha más atención a esto. No es posible que todavía estén saliendo tigrillos —o cualquier especie de gato silvestre— por un aeropuerto o una terminal de buses”, insiste el experto González-Maya.

Falta de información y de protocolos

A un centro de rescate que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala, llegó en 2024 un yaguarundí. Es uno de los nueve que ha recibido el lugar desde 2012 y que han sido entregados por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Las autoridades lo encontraron a más de 400 kilómetros de distancia, en la ciudad capital. Sin embargo, al centro no le entregaron muchos detalles sobre cómo llegó, dónde fue incautado, en qué condiciones estaba, o si lo recuperaron de una casa o del monte. Esa historia desconocida es un reto más en los difíciles procesos de evaluación y posible rehabilitación. Además, no saber de dónde vienen los animales y cuáles son sus “costumbres” puede generar nuevos problemas.

Los gatos silvestres rescatados, dice el copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros, son “una papa caliente”. “Lo que suele ocurrir —explica— es que las autoridades necesitan darle al animal una disposición rápida. ¿Por qué? Porque una liberación adecuada, que cumpla con los estándares y protocolos necesarios, es extremadamente costosa, de largo plazo y tiene muy pocas probabilidades de éxito”. Esto, sin mencionar que los pocos centros de rescate en la región ya no dan abasto, que los recursos y el espacio son limitados y que reciben nuevos animales constantemente.

Payán coincide: “Son animales que pueden vivir 15 años y hay que alimentarlos con enormes cantidades de carne costosa; que no se pueden tener en jaulas de 2×2 metros porque se estresan y se lastiman intentando salir de ahí, y hay muy pocos refugios habilitados —o con cupos disponibles para recibir más animales— que cumplan con todos esos requisitos”.

La falta de información y de protocolos, señalan los expertos, conducen a liberaciones inadecuadas que pueden acarrear otros problemas sanitarios y genéticos. Los jaguares del Chocó biogeográfico, por ejemplo, no son iguales a los de Centroamérica o a los de la Amazonía. Pese a que son de la misma especie, sus poblaciones tienen diferencias genéticas. “Si liberamos un ejemplar en una zona que no es la de su población, estamos alterando esa composición genética que lleva siglos evolucionando. Y si, además, no se hizo un trabajo juicioso para saber si el individuo estaba enfermo, ponemos en riesgo a los que se encuentran en estado silvestre”, dice Payán.

Si hablamos de conservación, agregan los investigadores, el objetivo es proteger a las poblaciones de la especie en estado silvestre, con su composición genética y salud, y no ponerlas en riesgo por el bienestar de un individuo. Además, puede haber otros agravantes: si se reubica a un animal que estaba comiendo ganado o aves de corral, se está trasladando el problema a una comunidad humana que no necesariamente lo tenía. “Y así seguimos dañando la imagen de la especie, a pesar de que sabemos que podemos convivir con ellos”, insiste Payán.

¿Cómo cambiarlo? Para González-Maya está pendiente un tema urgente: la regulación. “Tiene que haber una reglamentación clara sobre los mínimos que deben tener las autoridades ambientales o los centros de rehabilitación para atender y procesar estos casos. Que desde un punto de vista netamente veterinario y técnico se cree un protocolo que permita evaluar el estado en el que llegan para definir el destino final de estos animales, ya sea su liberación o permanecer en cautiverio o, cuando sea inevitable, la eutanasia”, dice.

Si es un animal recién capturado del monte, que está lastimado, pero que no ha tenido contacto con humanos y se puede rehabilitar en el corto plazo, aumentan las posibilidades de una liberación, comenta González-Maya. “Pero —agrega— los que tenían al gatito de meses, es claro que va a terminar en cautiverio”.

Como hasta ahora no existe en la región un protocolo con ese nivel de detalle, la rehabilitación y la posibilidad de liberación se vuelve un tema “subjetivo”. Por eso, para los expertos, las liberaciones no son necesariamente “casos exitosos”. “Son muy pocos los animales que han sido liberados con collares para monitorearlos, por lo que no se sabe qué ocurrió con ellos”, dice Payán. ¿Pudieron volver a cazar? ¿Murieron al enfrentarse con otro ejemplar por un territorio? ¿Fueron cazados? ¿Los mataron por comerse una gallina? ¿Se enfermaron?

“Sí hay formas de hacer reintroducciones exitosas, pero eso requiere muchos procesos que en la actualidad no se están haciendo, empezando por monitorear y por medir”, insiste el experto.

Xamã, uno de los pocos casos de éxito

En Brasil, gracias al trabajo de la organización Onçafari y al apoyo de la organización World Animal Protection, se encuentra uno de los pocos casos que son ejemplo en la región: Xamã, que fue rescatado cuando tenía tan solo dos meses, se convirtió en el primer jaguar macho en ser reintroducido con éxito en el bioma amazónico.

Aunque Brasil también se enfrenta a la caza ilegal de jaguares, el comercio ilegal de partes de félidos y venta de gatos silvestres para colecciones privadas, Xamã no fue víctima de tráfico. En 2022, cuando era un cachorro, tuvo que enfrentarse a los devastadores incendios que se extendieron en el estado de Mato Grosso, en el arco de deforestación amazónico, donde avanza con fuerza la agroindustria. Se sospecha que su madre fue víctima del incendio o que perdió al cachorro mientras intentaba huir de las llamas, por lo que Xamã fue encontrado solo, desnutrido, deshidratado y débil.

Desde entonces empezó una tarea titánica para ayudarlo a recuperarse. Pero, para dar el primer paso, dos aspectos fueron claves: que a pesar de su cansancio temporal gozaba de buena salud y que era extremadamente reacio a los humanos. Con eso, los expertos confiaron en que podría ser un buen candidato para una posible reintroducción en la naturaleza. Sin embargo, nada estaba garantizado.

El proceso duró casi dos años. Después de pasar cinco meses en el hospital veterinario de Sinop, en Mato Grosso, el félido estuvo en condiciones de viajar más de 700 kilómetros por tierra para llegar al enorme recinto de rehabilitación de Onçafari, con 15 mil metros cuadrados, en la mitad del bosque amazónico.

Poco a poco aprendió a alimentarse por sí mismo y dejó de ser sumiso con los jaguares libres que paseaban al otro lado de la reja. Hacía respetar su territorio con actitudes desafiantes. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la puerta del refugio se abrió finalmente para que, cuando quisiera, saliera a la selva, una técnica conocida como soft release. Xamã tardó 12 horas en dejar el resguardo y nunca más volvió.

A partir de entonces es monitoreado por un collar GPS que emite su ubicación 12 veces al día. En estos meses no solo se ha mantenido vivo, sino que se ha desplazado por más de 43 mil hectáreas. Por eso los biólogos, veterinarios y conservacionistas consideran que, hasta ahora, ha sido un caso exitoso. Lograrlo, sin embargo, implicó la participación de decenas de  profesionales, tiempo, espacio y mucho dinero. Según Júlia Trevisan, bióloga y coordinadora de vida silvestre de World Animal Protection, el proceso de rehabilitación hasta la liberación fue posible gracias a una inversión de entre 140 mil y 180 mil dólares, unas cifras difíciles de lograr para cada individuo rescatado.

Ahora, en libertad, Xamã se enfrenta a otras amenazas. Los jaguares han sufrido una pérdida de casi el 38 % de su hábitat en Brasil e importantes disminuciones de sus poblaciones en todo su rango de distribución. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie está clasificada como Vulnerable en el país, pero en algunas zonas las poblaciones han sido evaluadas como En Peligro o En Peligro Crítico de extinción, debido a su aislamiento, protección deficiente o la poca cantidad de ejemplares.

Jim Sanderson, sin embargo, cree en un futuro prometedor: “Lo que nos da realmente esperanza es saber que la naturaleza puede responder muy rápido, que las poblaciones de estos félidos pueden recuperarse. Pero esto solo es posible si les damos la oportunidad”.

Imagen principal: Ilustración de Alma Ríos

REFERENCIAS

CITES. (2021). Estudio de CITES sobre el comercio ilegal de jaguares. Secretaría de la CITES. https://cites.org/sites/default/files/articles/CITES_Study_on_Illegal_Trade_in_Jaguars_ESP.pdf

CITES (2022). Informe mundial sobre el comercio de fauna y flora silvestres. Ginebra (Suiza) https://cites.org/sites/default/files/common/docs/S-World_Wildlife_Trade_Report_CITES.pdf

De la Torre, J.A.; Duchez, K.; Radachowsky, J. Characterization and Extent of Illegal Trade in Jaguars and Other Felid Species via Social Media in Mexico. Anim. Conserv. 2025, https://doi.org/10.1111/acv.70001.

Payán Garrido, E. y Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp. https://naturalia.me/wp-content/uploads/2013/12/los-felinos-colombia-2012.pdf

Ruiz-Tagle, M.N., Sosnowski, M., Barthuly, B., Petrossian, G.A. 2022. Tráfico Ilegal de Cinco Especies del Apéndice I de CITES Emblemáticas para la Región Amazónica. Informe técnico preparado para el Proyecto Bioamazonía. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Brasil. Disponible en: https://ora.otca.org/wp-content/uploads/2022/10/ORA_Informe-Tecnico-Trafico-Especies-CITES_jul2022_ESP.pdf

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A principios de febrero, en el centro de Bogotá, Luis Alfredo Acosta —coordinador nacional de la guardia indígena en la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)— recitaba de memoria la frase de un libro mientras se tomaba un café cultivado por sus paisanos: “Soy de la selva porque huelo a selva, huelo a monte. Y cuando yo huelo a monte y huelo a árbol, soy capaz de tocarle la frente al venado arisco en la tarde”.

Es indígena nasa del departamento del Cauca y desde hace 35 años forma parte de la guardia indígena de su pueblo. Como coordinador nacional, ha acompañado múltiples procesos en la Amazonía, donde —al igual que en otros lugares distantes de la capital colombiana— las guardias indígenas cumplen, día tras día, una tarea silenciosa pero vital: cuidar el territorio pese a la violencia y la presencia de actores armados.

Lo hacen aun cuando Bogotá no es amable con ellos: 15 mil indígenas llegaron para participar de las marchas del pasado 1° de mayo, y exigir el cumplimiento de las promesas hechas por el Gobierno, pero se encontraron con varios discursos de odio. “¿Qué hace esta indiamenta acá?”, dijo una mujer desde El Nogal, un exclusivo club de la ciudad, en un video que se viralizó en redes sociales. También los llamaron “secuestradores” y “milicia”. Pero en sus territorios, guiados por los abuelos y siguiendo el mandato de sus comunidades, cientos de hombres y mujeres indígenas de la Amazonía se organizan para proteger la selva.

Para ellos la selva es un territorio vivo. Allí no solo está su alimento, su farmacia y los materiales para sus artesanías. También se encuentran sus tradiciones, conocimientos y lugares sagrados. Conservarla es proteger su existencia, su cultura y los derechos de todos los que la habitan. No solo se benefician ellos, es un aporte que hacen a todo el planeta.

“Nuestros mayores nos cuentan que hemos cuidado el territorio milenariamente”, afirma Mario Erazo Yaiguaje, exgobernador del Resguardo Siona de Buenavista, en Putumayo, y cuiracua (guardia indígena) de su comunidad. Su defensa ha sido sin armas, pacíficamente, amparada en el gobierno propio.

A pesar de que la Constitución y varios convenios internacionales reconocen la labor de las guardias indígenas, durante décadas han tenido que ejercerla en medio de la ausencia estatal y la violencia. “Históricamente hemos vivido muchos atropellos. Desde la época de las caucherías hasta la extracción de quinoa y, luego, de otros productos”, recuerda Yaiguaje. “Cuando yo nací, empezaron a aparecer las guerrillas, llegó el apogeo de la coca, el narcotráfico y, después, de las empresas extractivistas que se instalaron en los territorios violentando la consulta previa. De alguna u otra forma, nos han sometido a perder nuestros derechos”, agrega.

Según el Programa Somos Defensores, en los últimos 10 años han sido asesinados al menos 70 guardias indígenas en el país a manos de guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), paramilitares, disidencias de las FARC (que no se acogieron al Acuerdo de Paz), la fuerza pública y otras alianzas criminales. Eso ha provocado, en palabras de los indígenas, una “desarmonización” del territorio. Es decir, la ruptura del equilibrio espiritual, ecológico y social del que dependen.

Las amenazas son, además, cada vez más difíciles de contener. Como explica la abogada y defensora de derechos humanos Lina María Espinosa, los territorios indígenas están atravesados por diversos actores e intereses: grupos armados, cultivos ilícitos, minería ilegal, proyectos de extracción de hidrocarburos o minerales y monocultivos. “Si uno sobrepone todas esas capas, entiende que se trata de territorios habitados por personas expuestas a múltiples presiones y riesgos, con un denominador común: el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías ni protege los derechos esenciales”, afirma.

Para conocer de cerca estos procesos y las amenazas que enfrentan, una alianza periodística coordinada por Mongabay Latam —en la que participaron Baudó Agencia Pública, Vorágine, La Silla Vacía, Rutas del Conflicto y El Espectador— rastreó cinco casos en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Guainía. Allí, las guardias indígenas resisten combinando saberes ancestrales con nuevas herramientas tecnológicas y conocimientos científicos. No todos se identifican como guardias ni portan chalecos o bastones de mando, pero todos, de una u otra forma, protegen y “guardanean” su territorio.

El cuerpo de la resistencia

Luis Alfredo Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena, suele ilustrar las diferentes formas de proteger el territorio con lo que llamó “el cuerpo de la resistencia”. “Aunque todos somos guardianes porque protegemos la vida, cada pueblo ha desarrollado su forma de resistir, de cuidar, de ‘guardar’”, explica. Entre ellas, hay cuatro elementos que aparecen con mayor o menor fuerza.

El primero, afirma, es la “resistencia de pies y manos”. “Para nosotros, como indígenas, es muy importante recorrer el territorio. Y estamos entrenados para eso, sabemos cómo hacerlo. Pero tenemos una particularidad: no caminamos solitarios. Nuestra fuerza está en lo colectivo”.

Recorriendo el extremo sur de Colombia, a lo largo de la frontera con Perú y Brasil, se han formado más de 400 guardias socioambientales que pertenecen a 40 comunidades indígenas del trapecio amazónico, en el departamento de Amazonas. Mientras hacen control de su territorio, han apoyado la siembra de más de 430 mil plántulas de especies maderables y 650 mil de especies frutales en los últimos 14 años. No tienen viveros, pero han adaptado bancos de semillas bajo los “árboles madre” con los que han reforestado 500 hectáreas. Al monitorear las plantas, una a una, han observado que su trabajo de reforestación tiene una efectividad de casi el 75 %.

Hacia el noroccidente de la Amazonía, en el departamento de Putumayo (fronterizo con Ecuador), la guardia indígena siona ha apoyado la protección de 57 000 hectáreas de selva, ha defendido su territorio de proyectos extractivistas y ha impulsado labores de desminado que les permiten volver a caminar sus tierras. Con sus bastones de palma de chonta (símbolos de autoridad y resistencia), han sido el escudo de protección de sus comunidades ante los actores armados, por lo que hoy muchos de sus miembros y líderes están amenazados y han sido desplazados.

Además de la fuerza física, necesitan comida para resistir. El segundo elemento —continúa Acosta— es la resistencia del estómago. “Cuando hablamos de nuestra fuerte relación con la naturaleza, el estómago es fundamental, porque en el estómago está la semilla. Nosotros somos protectores de la semilla, de la cosecha de los alimentos propios”, dice.

En el corazón del Valle de Sibundoy, donde la Amazonía se conecta con los Andes, las mujeres de los pueblos inga y kamëntšá resguardan su cultura, su lengua, sus conocimientos tradicionales y su territorio a través de la protección de las chagras, su sistema de cultivo tradicional.

La chagra de María Concepción Juajibioy, más conocida como “mamá Conchita”, es un ejemplo vivo de la resistencia del estómago. Mientras que las montañas que la rodean están llenas de monocultivos de papa, aguacate y fríjol, en su patio ella cuenta con 217 especies de plantas medicinales, ornamentales, maderables y de alimento. Junto a otras mujeres retoman prácticas de cultivo más amigables con el medio ambiente.

“Eso también es defensa”, asegura Sofía Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad. “Las mujeres del Sibundoy son una muestra muy importante de que, desde lo cotidiano, también se puede hacer un ejercicio de guardia: proteger quiénes son, cuidar y seguir el consejo histórico, cultural y ancestral del vínculo con el territorio”.

Para quienes dependen de los ríos, conservar la diversidad de peces también hace parte de su resistencia. En la Estrella Fluvial del Inírida, un humedal Ramsar de importancia internacional ubicado en el departamento de Guainía, fronterizo con Venezuela, Fredy Yavinipabe y sus paisanos llevan más de una década convirtiendo las faenas de pesca y los peces en su “objeto de estudio”. Navegan tomando datos y las cocinas se convierten en un laboratorio donde miden, pesan y organizan la información de los peces.

Revisan, por ejemplo, su contenido estomacal para ver con qué se alimentan y definir qué plantas pueden usar para reforestar las orillas de los cuerpos de agua. También miran si son adultos o juveniles, en qué tallas alcanzan la madurez sexual y dónde se reproducen.

Como explica Jaime Cabrera, coordinador de monitoreo del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recogen en sus jornadas de pesca han sido cruciales para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona. Gracias a su trabajo, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) ha emitido dos resoluciones corrigiendo los tiempos de veda y tallas de pesca de especies ornamentales y de consumo en la zona.

Resistir con la cabeza y el corazón

Todas estas experiencias, aunque distantes, comparten un punto de partida: la decisión de organizarse para conservar. Eso, retoma el coordinador nacional de la guardia, hace parte de la tercera resistencia: la de “la cabeza”, las ideas. “En la cabeza están muchas cosas importantísimas: la educación propia, el saber ancestral, el plan de vida. Aunque partimos de ahí, no protegemos solo para nosotros, o para un resguardo o una comunidad, sino para toda la sociedad, indígena o no indígena”, afirma.

En la parte sur del río Caquetá, antes de llegar a Brasil, hay unos pueblos indígenas que desde hace más de una década decidieron declarar una porción de su territorio como “zona intangible”, es decir, dedicarla únicamente a la conservación. Unas huellas en el suelo y una fogata a orillas del río les dieron los primeros indicios para confirmar que, en el territorio que les había otorgado el Estado, habría también otros pueblos indígenas no contactados que decidieron permanecer aislados, los yuri y los passé.

Respetando su decisión y su autonomía, los habitantes del Resguardo Curare Los Ingleses y de la comunidad Manacaro decidieron unirse y convertirse en una barrera ante las amenazas del mundo occidental: los misioneros que buscaban contactarlos, los actores armados y el avance de la minería ilegal. Guiados por la espiritualidad han implementado también otras herramientas de cartografía, geologalización e imágenes satelitales para proteger el territorio y a sus vecinos.

Para la mayoría de pueblos indígenas amazónicos, la espiritualidad es la que permite la conexión con todo. A través del remedio (yagé o ayahuasca) se mantiene la conexión espiritual y el diálogo con el territorio. Esta, según Acosta, es la cuarta resistencia. La “resistencia del corazón”, porque ahí está el ser, la identidad, la cultura. “Aquí está la Ley de Origen, la ancestralidad. El yagé es un abuelo que te da la sabiduría, que te permite volverte selva para entender qué pasa y qué puedes hacer para armonizarla”, afirma. Los chamanes, taitas y sabedoras son un eje central de la resistencia indígena.

En palabras de Judy Jacanmejoy, indígena kamëntšá de 38 años, si las personas no están en equilibrio y no despiertan primero su sensibilidad con la tierra, “no pueden proteger luego el territorio”.

Acosta lanza una reflexión final: “Aunque parecen cosas aisladas, y algunos pueblos pueden ser más fuertes en la resistencia de pies y manos, y otros en el estómago, la cabeza o el corazón, realmente es una resistencia integral. ¿Por qué? Porque, en el centro, todo esto funciona solo si hay tierra”.

Cuando proteger se convierte en una amenaza

De las 107 000 hectáreas que se deforestaron en Colombia en 2024, según el Ministerio de Ambiente, 68 000 fueron taladas en la Amazonía. Allí se encuentran 22 de los 28 núcleos de deforestación del país y se ha concentrado históricamente más del 50 % de la deforestación nacional. Sin embargo, los territorios indígenas y las áreas protegidas han tenido un papel indiscutible en la conservación del bosque en pie. Han sido una contención.

De las más de 50 millones de hectáreas que ocupa esta región en el país, los 64 pueblos indígenas que habitan la Amazonía poseen cerca de 25 millones de hectáreas. Según un estudio del Ideam en 2019, la cobertura forestal en sus territorios es de casi el 98 %, lo que se traduce en que están muy bien conservados.

Pero no se quedan solo ahí. Los pueblos indígenas son, incluso, quienes resguardan las áreas protegidas a las que la institucionalidad ya no puede ingresar. Según informó Parques Nacionales Naturales a Mongabay Latam, hay once áreas protegidas de la Amazonía colombiana en donde los actores armados han restringido el acceso y la movilidad de funcionarios y guardaparques de la entidad. “Las restricciones —dicen— dificultan las acciones de investigación y monitoreo de la biodiversidad. Y limitan la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control, poniendo en riesgo una mejor identificación y caracterización de las presiones”.

Las labores de conservación de las guardias indígenas han sido reconocidas por organismos como la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que destacó su “ejercicio cultural de defensa territorial y de derechos humanos (…) como guardianes protectores de los territorios ancestrales y, en esa vía, de la propia existencia de los pueblos que los habitan”. Además, al estar en territorios atravesados por la violencia, también se han destacado sus acciones humanitarias, como la liberación de secuestrados, prevenir el reclutamiento de menores, ayudar en la búsqueda de desaparecidos y la protección y prevención frente a las minas antipersonal.

En palabras de la abogada Lina María Espinosa, quien actualmente coordina el Equipo de Defensores de la organización Amazon Frontlines, eso tiene sus riesgos. “La guardia es el actor que disputa, es el escudo humano que se pone en frente de los actores armados y no armados y que afecta sus intereses. Es el que confronta a los petroleros y a los ilegales”. Entonces, insiste, es el primer actor que termina “siendo estigmatizado, señalado, perseguido e impedido en el ejercicio de su labor”.

Según datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, entregados a Mongabay Latam, de los 1411 asesinatos registrados entre 2014 y 2024, 241 fueron dirigidos a líderes indígenas y 70, específicamente, a líderes que además se desempeñaban como guardias indígenas. La cifra, sin embargo, es conservadora, asegura Juan Manuel Quinche, responsable del SIADDHH, pues no en todos los años se pudo identificar cuáles de los liderazgos eran guardias indígenas y cuáles no. Además, en estas cuentas no se incluyen otras agresiones como amenazas o atentados.

“Nosotros quedamos en una situación bastante compleja. Con reclutamientos, amenazas, señalamientos y desplazamientos. Teníamos que defendernos, pero también empezamos a sufrir las consecuencias”, señala Mario Yaiguaje, del pueblo siona en el Putumayo. La necesidad de huir a las ciudades y pueblos debido al conflicto redujo drásticamente a los siona en su territorio ancestral.

Censos realizados entre 2009 y 2012 estimaban una población aproximada de 2578 personas en su territorio, distribuidas en seis resguardos y seis cabildos. Para 2017, Yaiguaje contabilizaba sólo 171 familias representadas en 633 habitantes. Además, sus comunidades han perdido la posibilidad de movilizarse por la presencia de minas antipersonal sembradas por los actores armados. Se quedaron sin acceso a las zonas de cacería, pesca, recolección de plantas medicinales y a sus sitios sagrados.

“Hoy ese proceso y proyecto colectivo, que habían construido con autonomía y valentía, está profundamente amenazado y tiene a varios de sus líderes en condiciones de desplazamiento y exilio”, insiste Espinosa. La escena se repite a lo largo y ancho de la Amazonía, afectando diferentes pueblos que, como declaró la Corte Constitucional en 2009, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente.

Las promesas incumplidas

Cuando el presidente Gustavo Petro presentó su Plan Nacional de Desarrollo (PND), la hoja de ruta que direccionaría sus cuatro años de gobierno, los pueblos indígenas y el ambiente tuvieron un papel central. En uno de sus puntos se aseguró que se avanzaría en el “empoderamiento” de las guardias indígenas para fortalecer la estrategia de protección territorial y la autonomía de estos pueblos. Incluso, estableció que se “promocionarían” dichas figuras como mecanismos de protección colectiva y que se destinarían recursos financieros y humanos para asegurar su fortalecimiento.

La noticia emocionó a los cuidadores indígenas que, en mayo de 2023, mientras el Congreso discutía el PND, también se movilizaron hasta Bogotá pidiendo su aprobación. Sin embargo, dos años después se desconoce cuántos recursos se han destinado específicamente para el fortalecimiento y consolidación de las guardias indígenas en el país y qué proyectos para la protección de los territorios se han visto beneficiados —si los hay—. Aunque Mongabay Latam envió al Ministerio del Interior una solicitud de información sobre este tema el pasado 17 de marzo, aún no ha recibido respuesta.

Según Acosta, coordinador nacional de la guardia indígena en la ONIC, “al menos se ha visto que hay voluntad del Gobierno”. La última vez que vieron algo parecido fue con el Capítulo Étnico incluido en el Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, hasta ahora, las promesas se han quedado en el papel. Por eso, en los últimos meses los esfuerzos indígenas se han centrado en construir una política pública sobre mecanismos de protección que contemple un presupuesto para las guardias indígenas.

“Históricamente ha habido un abandono y un desconocimiento de lo que son los gobiernos propios. Nosotros, como guardias, hemos trabajado para que haya menos deforestación, hemos apoyado en situaciones de la guerra, hemos evitado que se recluten menores. Hemos cumplido nuestro papel y lo hemos hecho de corazón, pero el Estado no lo ha tenido en cuenta”, dice Acosta.

Quienes resguardan los bosques, ríos y humedales de la Amazonía sufren las consecuencias. Olegario Sánchez, uno de los guardias más veteranos de San Martín de Amacayacu, una comunidad del pueblo tikuna al sur del departamento de Amazonas, ha visto cómo decenas de sus compañeros abandonan la guardia indígena por falta de ingresos. Sin canoas, dotación o radios para comunicarse, es muy difícil cumplir con su función.

“Nosotros no creemos que las comunidades indígenas, que ahora llamamos las guardianas de la selva, tengan que trabajar gratis, sino que hay que pagarles por cuidar este bioma”, asegura Sergio Martínez, coordinador de proyectos de la Fundación Caminos de Identidad (Fucai), una organización que trabaja por el respeto y protección de los pueblos indígenas. El servicio que están prestando, insiste, “no es cualquier cosa”.

Lograr este reconocimiento económico sería un respaldo para que los guardias socioambientales del trapecio amazónico continúen midiendo árbol por árbol el impacto de su reforestación. Para que las mujeres de Sibundoy puedan multiplicar las chagras y proteger las fuentes de agua de su pueblo. Para que desde la Estrella Fluvial del Inírida se mantengan las relaciones entre la selva y los humedales, protegiendo la enorme diversidad de peces de agua dulce.

También para que los siona puedan volver a recorrer los caminos que habían logrado desminar y que ahora, con el recrudecimiento del conflicto, denuncian nuevamente contaminados. O para que los indígenas vecinos de los Pueblos en Aislamiento puedan ayudarlos a permanecer sin contacto con el mundo occidental. Pero, sobre todo, como afirma Mario Yaiguaje, para permanecer. “Si salimos del territorio, tendemos a morir. Si la raíz muere, la esencia muere. Y muere el principio de un pueblo”, dice.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con Vorágine, Baudó Agencia Pública, La Silla Vacía, El Espectador y Rutas del Conflicto. Coordinación: Antonio Paz Cardona, Daniela Quintero Díaz. Edición: Daniela Quintero Díaz, Antonio Paz Cardona. Ilustraciones: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública. Investigación: Daniela Quintero Díaz. Periodistas: José Guarnizo, Camilo Alzate, Natalia Arbeláez, Pilar Puentes, Daniela Quintero Díaz y César Giraldo. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración de portada: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

“¿Quieren ir a pescar?”, es la primera frase que un operador turístico contactado por sus servicios pronuncia tras la pregunta de si realiza recorridos con yates en la Reserva de la Biosfera Islas Marías. En toda esta área natural protegida, ubicada en el océano Pacífico mexicano, las actividades pesqueras están prohibidas, incluida la deportiva, de acuerdo con el Programa de Manejo vigente desde agosto de 2022.

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“Allá se pueden tirar a arponear, podemos ir a buscar las tunas (atún) o podemos llegar a las piedras a tirar de fondo y agarrar cabrillas, pargos, diferentes especies. Podemos ir a hacer jigging (una técnica para pescar grandes depredadores y capturar especímenes de gran tamaño), son muchos diferentes tipos de pesca que podemos hacer”, comenta el operador turístico sobre sus servicios en la empresa Cabo Yacht World.

En la llamada hecha en febrero de 2025, esta persona, que administra yates para hacer recorridos en los alrededores de Cabo San Lucas y otras regiones del Pacífico, cuenta que usualmente cuando llevan turistas a Islas Marías utilizan un yate grande que llaman mothership, el cual arrastra una embarcación pequeña o panga. En el área protegida anclan el yate y los clientes bajan a pescar en la lancha.

Dos semanas después de la llamada, el operador turístico se comunicó por mensaje diciendo que ya tenía el permiso para pescar en Islas Marías, pero no contestó cuando se le preguntó cómo lo había obtenido y quién se lo había entregado.

Los hallazgos de este reportaje se suman a las sospechas por pesca ilegal en la Reserva Nacional Revillagigedo que Mongabay Latam reveló a inicios de abril, y por las cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó luego una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, confirmó a este medio que en esta área protegida se realiza pesca ilegal y que las embarcaciones para pesca deportiva son las más frecuentes.

“Aquí en la zona de Isla Madre, que es donde estamos nosotros, prácticamente no se acercan embarcaciones porque se tiene visibilidad vía terrestre. Pero en las otras islas, San Juanito, Magdalena, Cleofas, que están retiradas de aquí y donde no tenemos ojos, ahí seguido cuando salimos se llegan a ver algunas embarcaciones y se les invita a retirarse”, sostuvo.

“Un yate premium que supera todas tus expectativas”

“Tenemos un chef que ha trabajado en restaurantes de cinco estrellas y ese yate lo tenemos en 15 500 dólares por noche para ir a las Islas Marías, ya con comidas, bebidas, para pescar y con los permisos adecuados para poder pescar ahí. Mínimo serían tres noches y lo tenemos disponible para la última semana de marzo saliendo de Puerto Vallarta”, detalla por mensaje telefónico el operador de turismo.

La empresa Cabo Yacht World ofrece los recorridos en yates de lujo mediante Instagram, Facebook, X, YouTube y en un sitio web propio con información publicada sólo en inglés. Sin embargo, en sus publicaciones no aparecen los recorridos que realiza a las Islas Marías, sólo los que organiza en Cabos San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

“Ofrecemos alquileres de yates inigualables, donde podrás experimentar el encanto de aguas cristalinas en un yate premium que supera todas tus expectativas”, asegura en su página web.

Uno de esos yates premium es el Mardiosa, que comparte nombre y características con una embarcación con bandera estadounidense que registró 10 horas de esfuerzos de pesca aparente el 19 de abril de 2024 en la reserva, de acuerdo con Global Fishing Watch (GFW), una plataforma que muestra la actividad de pesca a nivel mundial.

Los esfuerzos de pesca aparente son la forma en la que GFW nombra aquellos eventos que se pueden clasificar como pesca posiblemente realizada. La plataforma identifica estos hechos mediante el análisis de los datos obtenidos con el Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) que tienen los barcos para transmitir su posición. Esta información, más otros datos como la velocidad del barco y los movimientos que realiza, son interpretados por el algoritmo para determinar si es o no una posible actividad de pesca.

Mongabay Latam se puso en contacto con el operador de turismo para recoger su versión sobre las afirmaciones hechas en la llamada telefónica. Al identificarnos como periodistas, el operador negó que la empresa Cabo Yacht World ofreciera servicios de pesca al interior de la reserva y pidió que nos comunicáramos con ella vía correo electrónico. Mongabay Latam escribió a la dirección indicada, pero hasta la publicación de este reportaje, la empresa no dio su comentario.

El Mardiosa no es un caso aislado. Mongabay Latam analizó la información satelital de las embarcaciones que ingresaron a la reserva en los últimos 10 años y comprobó actividades sospechosas de pesca en todos ellos. Esa información, además, fue cotejada con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a diferentes entidades de gobierno y testimonios de investigadores que han monitoreo la región por más de 20 años.

Solo en 2024, este medio identificó 10 barcos realizando actividades sospechosas de pesca al interior de Islas Marías, lo que fue confirmado por los analistas de GFW. De todos ellos, seis tenían bandera de México y cuatro de Estados Unidos. Además, cinco usaban red de cerco para capturar atunes.

El problema es de larga data, puesto que, a lo largo de una década, al menos un barco al año registró esfuerzos de pesca aparente en el área protegida. En 2016, el año con más registros, 17 barcos realizaron actividades sospechosas de pesca al interior de la reserva.

Estos datos, coinciden con la información recopilada mediante solicitudes a diferentes entidades gubernamentales que, al igual que las afirmaciones del director de la Reserva, confirma que la pesca ilegal es un problema en esta área natural protegida. Los testimonios de los investigadores apuntan a que esta actividad ha provocado la disminución de la lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie sujeta a protección especial; el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y diferentes tipos de tiburones.https://flo.uri.sh/visualisation/22732507/embed

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Incautaciones y detenidos por pescar ilegalmente en Islas Marías

En julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó mediante un comunicado sobre la incautación de cinco embarcaciones menores y un buque que transportaban equipo de pesca dentro de Islas Marías. Las embarcaciones llevaban redes de cerco para la captura de atún, alrededor de 200 metros de chinchorro (otro tipo de red), equipo de buceo, cañas de pescar y otros insumos.

Ese mismo año, Amílcar Leví Cupul Magaña, doctor en ciencias pesqueras y profesor de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vio tres pangas con instrumentos de pesca, conocidos como líneas, cerca de la Isla Cleofas, uno de los islotes de la reserva. También vio otras dos embarcaciones de pesca deportiva: una anclada y otra recorriendo una línea de pesca al lado oeste del islote.

“Del lado este de la isla, en una zona que está muy protegida, encontramos líneas y pedazos de redes. Hacia la costa tienes una parte rocosa donde llegan y se resguardan los peces, ahí hay muy buenos cardúmenes y es donde se acercan (las embarcaciones)”, comparte el profesor, quien ha explorado el archipiélago desde 2007.

A los datos del comunicado de Semarnat se suman los de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República, a quienes se les solicitó información mediante transparencia. Aunque a todas las entidades se les pidieron datos desde 2014, la mayoría sólo entregó de años recientes y la información que manejan es dispar.

La Oficina de Representación de Protección Ambiental en el estado de Nayarit y la Dirección General de Delitos Conmutaciones, Denuncias y Quejas, ambas de Profepa, registran un total de 19 denuncias por actividades de pesca en la reserva Islas Marías: siete en 2022, seis en 2023 y otras seis en 2024.

La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas de Profepa, en cambio, sólo tiene registradas tres embarcaciones que fueron identificadas realizando pesca ilegal en los últimos 10 años. Las tres fueron interceptadas en julio de 2023 y a una de ellas se le incautó una línea de pesca denominada “palangre” y un ejemplar de atún aleta amarilla.

La única información que entregó la Semar, una de las dependencias encargadas de vigilar la reserva, es que en 2023 detuvieron por pesca ilegal a cuatro personas. Se les incautaron aproximadamente 21 kilos de langosta azul (Panulirus inflatus), 61 kilos de caracol (aunque no especificó el nombre científico) y nueve kilos de lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie que está sujeta a protección especial por la Semarnat. Por estos hechos, un juez dictó una sentencia de tres años de prisión y multa de 83 422 pesos mexicanos (4 250 dólares), además de 10 570 pesos mexicanos (530 dólares) como reparación del daño.

La Conapesca, por su parte, informó que sólo una persona recibió una sentencia por pesca ilegal en el área protegida en 2023 y que en 2020 fue incautado un aparejo de pesca compuesto por una línea madre de aproximadamente 5 kilómetros y 45 anzuelos.

La Fiscalía General de la República tiene un registro más amplio: nueve personas fueron detenidas entre 2014 y 2019 por la probable comisión de delitos ambientales en Islas Marías.

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Protección en papel

La protección de Islas Marías tiene una historia de 25 años y desde el principio se consideró el resguardo de su biodiversidad, pero los datos y testimonios demuestran que esto no se cumple. El 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el archipiélago se declara área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera.

“Es un área muy rica en cuanto a biomasa y diversidad de especies, justamente por eso es que se estima y se procura que se mantenga como un área sin pesca”, dice Pablo Zamorano de Haro, el director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Once años después, el 10 de junio de 2011, se hizo público en el mismo diario federal el Programa de Manejo, que desde esa fecha se constituyó como el instrumento para regular el área. Esa primera versión permitía la pesca, pero sólo en algunos polígonos del área y únicamente para investigación científica y para el consumo de las personas que se encontraban en el Complejo Penitenciario Islas Marías. Esta prisión, construida sobre el archipiélago, se mantuvo activa hasta marzo de 2019.

Después del cierre del complejo fue necesario establecer nuevas reglas administrativas para ordenar las actividades que se podrían realizar en la reserva. Fue así que el 20 de agosto de 2021 se publicó una nueva versión del programa de manejo que estipulaba que toda el área marina de la reserva era considerada zona prohibida de pesca. La única excepción la tiene permitida el personal oficial que se encuentra en la reserva realizando tareas de administración y vigilancia. Ellos pueden pescar, pero solo para su consumo.

“Con la finalidad de conservar los ecosistemas marinos de la reserva de la biósfera la actividad pesquera no se permitirá bajo ninguna de sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), ya que ésta produce cambios en la estructura de los ecosistemas marinos, los impactos se deben a la afectación a las especies que coexisten con las especies objetivo, así como a la pérdida o abandono del equipo de pesca”, cita el documento. 

El programa de manejo fue actualizado una última vez en agosto de 2022, sin embargo, este nuevo texto mantiene la prohibición de pesca en sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), a excepción del autoconsumo que pueda realizar el personal de vigilancia.

“El programa de manejo dice que desde 2022 nada más es posible la pesca de autoconsumo y para el personal oficialmente destacado de Marina o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, confirma Zamorano de Haro.

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La pérdida de tiburones y otras especies

El doctor Amílcar Leví Cupul Magaña, quien también participó en la recopilación de información marítima para la versión del programa de manejo que fue publicada en 2011, cuenta que en 2014 visitó el mercado del pueblo pesquero La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, un municipio del estado de Nayarit. Ahí, asegura, pudo observar tiburones que habían sido pescados en Islas Marías.

“Eran como tres o cuatro ejemplares, los estaban pesando. Había tiburones toro (Carcharhinus leucas) y nodriza (Ginglymostoma unami). También vi peces loro (Scaridae) que están en riesgo y atún aleta amarilla (Thunnus albacares)”, comparte el investigador.

No era la primera vez que veía tiburones pescados en Islas Marías. En 2006 pudo observar cómo llegaban pangas a la Isla Isabel cargadas con tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), toro (Carcharhinus leucas), gata (Ginglymostoma cirratum) y martillo (Sphyrna lewini) que los pescadores habían atrapado en Marías. En fotos que tomó el investigador Pedro Medina Rosas ese año se ven tiburones grandes enteros y cortados a la mitad en embarcaciones pequeñas.

“No supimos de dónde eran (los pescadores), si de Sinaloa o San Blas (Nayarit), y decían que habían pescado en Marías. Algunos tiburones los tuvieron que cortar a la mitad para que cupieran a lo ancho de la panga para que imagines el tamaño de los animales”, comparte Cupul Magaña.

En fotos que el profesor de la Universidad de Guadalajara tomó el siguiente año, en 2007, se ven pescadores cortando tiburones martillo en Bahía Tiburoneros, en Isla Isabel, cercana a la reserva. En la arena, los hombres amontonan aletas y cabezas de los animales. El especialista asegura que los pescadores le explicaron que los habían capturado en Islas Marías.

Agrega que desde 2007 a la fecha, también ha observado una disminución de los peces cirujanos (Acanthuridae), que son importantes dentro del equilibrio ecológico de las islas, y de los peces herbívoros comúnmente conocidos como loros o pericos (Scaridae), que mantienen el equilibrio entre corales y algas.

“Le están pegando a los depredadores tope, pero también a la base, a los que sostienen la parte de la herbivoría del sistema. Se está haciendo un desequilibrio en ese sitio, por eso es que esta área a veces batalla tanto en recuperarse”, comenta el investigador.

“En islas María, la primera vez que fuimos, en 2010, pudimos observar que alrededor del 93 % de los arrecifes que monitoreamos se encontraban saludables. Observamos un sitio bastante bien conservado con muchos depredadores tope, es decir, todos esos organismos que controlan a otras poblaciones como es el caso de los pargos, los jureles y los tiburones”, cuenta Ismael Mascareñas Osorio, maestro en ciencias por la Universidad Autónomo de Baja California Sur e investigador en el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

En un segundo recorrido realizado en 2018, el investigador encontró un panorama distinto: en una de sus exploraciones pudo ver 50 o 60 conchas de lapa gigante depredadas, es decir, abiertas y consumidas. Esta especie está sujeta a protección especial por la Semarnat y al menos hasta 2023 se seguía pescando, según la información entregada por la Semar a Mongabay Latam.

“En Islas Marías hay de las últimas poblaciones naturales de lapa gigante, que incluso aparece en las ofrendas del Templo Mayor (el centro religioso más importante de la antigua ciudad de Tenochtitlan). Era una población que se distribuía por todo el Pacífico mexicano y que ahora la podemos observar nada más en ciertas islas de Islas Marías”, detalla el investigador.

Cerca de las lapas, Mascareñas Osorio encontró en el mar alrededor de 1200 ejemplares de caracol burro (Titanostrombus galeatus) con la marca de que ya habían sido consumidos: un orificio que se utiliza para extraer la pulpa.

También observó embarcaciones realizando pesca dentro de la reserva y detectó un patrón similar al descrito por el operador de la empresa Cabo Yacht World: embarcaciones grandes con ollas para cocinar recibían los caracoles recolectados por barcos más pequeños que se acercaban a los arrecifes. Además, fue testigo de otra técnica empleada entre Isla María Madre e Isla Magdalena, donde dos lanchas pescaban con papalotes o cometas.

“Es generalmente la (técnica) que utilizan para pescar tiburón u otros depredadores tope”, dice el investigador. Atan al papalote líneas de pesca y luego lo sueltan para que se eleve al cielo, explica el experto. Cuando el papalote baja es porque algún animal ha quedado atrapado en los anzuelos, detalla.

El programa de manejo vigente describe que en el archipiélago se han registrado al menos 23 especies de tiburón. Sin embargo, también menciona que la presión pesquera ha sido alta sobre muchas especies de peces, incluyendo tiburones, así como moluscos y crustáceos, principalmente en las zonas lejanas, donde la vigilancia es menor en comparación a la Isla María Madre.

“La relativa ausencia de tiburones de tallas grandes puede deberse a la histórica presión de una gran pesquería de tiburones en las cercanías del archipiélago, incluyendo la cercana isla Isabel, lo que se evidencia con diversas artes de pesca abandonadas en la zona”, cita el programa de manejo.

Además, agrega que “las evidencias indican que especies como el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y la lapa gigante (Scutellastra mexicana) han sido sobreaprovechadas, y podrían estar en peligro de extinguirse, de no establecer medidas que restrinjan su aprovechamiento con fines de recuperación de sus poblaciones”.

Octavio Aburto Oropeza, profesor investigador en el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, en San Diego, y quien ha realizado monitoreos en el Pacífico durante 25 años, también participó en las expediciones del archipiélago junto a Mascareñas Osorio en 2010 y 2018.

Asegura que la etapa en la que hubo más pesca ilegal en la reserva fue entre 2012 y 2018. Según menciona, ello se debería a que en 2012 la Marina dejó de patrullar la zona y la Secretaría de Seguridad Pública asumió esa responsabilidad, aunque no contaba con los medios necesarios para realizar las labores de vigilancia por mar, sobre todo en las islas más alejadas.

Esto coincide con los registros de GFW que indican que en la última década, los años con mayor número de embarcaciones involucradas en actividades sospechosas de pesca  fueron 2016, con 17 embarcaciones, y 2017, con 12.

“Más personas empezaron a oír que ya nadie vigilaba en Islas Marías y pasaron tres fenómenos: barcos atuneros cruzando el polígono, pesca artesanal a pequeña escala y pesca recreacional con arpones. Lo más importante de eso es que hay mucha gente que paga mucho dinero por hacer esa pesca y entonces tienes un barco grandote que no debería de estar ahí”, dice Aburto.

El investigador detalla que el patrullaje regresó a manos de la Marina en 2018, lo que provocó mejor vigilancia. Esto concuerda con los datos de GFW que muestran que el número de barcos realizando aparente pesca ese año en la reserva disminuyó a tres. El año pasado, sin embargo, volvió a aumentar a 10.

Aburto Oropeza asegura que uno de los fenómenos de pesca más importantes al que se le debe prestar atención es la que ofrecen empresas de turismo para que extranjeros puedan pescar en la reserva atunes o especies grandes, por cantidades muy altas de dinero, como hace Cabo Yacht World en sus yates de lujo.

“Son empresas que ya saben que pueden atraer a italianos u otros europeos que les gustan los atunes enormes y les cobras 3000 o 5000 dólares por cuatro días para buscar animales grandes en un lugar que no está tan sobrepescado como la mayoría”.

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Las condiciones geográficas lo permiten

El profesor Amílcar Leví Cupul Magaña explica que la pesca ilegal es posible en el archipiélago en parte por su distribución geográfica. La Isla Cleofas, en particular, es un punto vulnerable, ya que se encuentra alejada de la Isla María Madre, desde donde se realizan las labores administrativas y de vigilancia del área protegida. Esto permite que la pesca ilegal se realice sin ser detectada y las distancias facilitan que los pescadores huyan hacia las costas continentales antes de ser detenidos.

Para evitar la pesca ilegal, Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biósfera Islas Marías, coordina recorridos en los que se supervisan las islas alejadas de Isla María Madre, no obstante, menciona que sólo tienen una embarcación para realizarlos y hay escasez de gasolina.

“Nos falta el capitán de relevo, marineros y abastecimiento de combustible”. Además, “es muy complicado estar llevando la lancha al continente para que le den mantenimiento porque no tenemos aquí mecánicos”, agrega.https://flo.uri.sh/visualisation/22904547/embed

Zamorano de Haro considera que la mejor estrategia para evitar que siga la pesca ilegal en la reserva es utilizar avances tecnológicos para vigilar de forma remota. Para adquirir esos sistemas, no obstante, requiere de recursos económicos que por ahora no tiene.

“Lo vemos como una oportunidad para probar nuevas tecnologías: seguimiento en tiempo real, cámaras de alto alcance, radares, sin embargo, todo esto obviamente es una inversión fuerte. Tenemos que ir buscando alternativas y fuentes de financiamiento para esto”, dice.

El director asegura que tiene buena comunicación con la Secretaría de Marina, dependencia que sí tiene embarcaciones para hacer rondines, pero aún así la pesca ilegal sigue sucediendo. “Es muy complicado porque es una zona con muy buenos recursos, la gente quiere venir aquí a pescar y viene con todos los riesgos que esto pueda representar. Sí hay pesca, tampoco es que sea desbordante, pero sí es importante redoblar esfuerzos para evitarla”, comenta el encargado del área protegida.

El profesor Cupul Magaña considera que para evitar la pesca ilegal en la reserva es importante que se refuercen las actividades de vigilancia, tanto de la Conanp como de la Marina, lo que requeriría una mayor asignación de recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Las únicas noticias que oyes cuando hablan de presupuesto es que ya le van a recortar el 10, 20 o 30 por ciento a estas dependencias de gobierno. Debería ser todo lo contrario porque cuidan el capital natural de nuestro país y nos lo estamos acabando porque no tenemos la capacidad de manejarlo por falta de recursos”, asegura el investigador.

La oficina del comisionado de la Conanp informó a Mongabay Latam que la institución recibió un incremento presupuestal para este sexenio, que comenzó el 1 de octubre de 2024, aunque no detalló las cifras. El recurso actual asignado a esta institución —responsable de cerca del 13% del territorio nacional y 232 áreas naturales protegidas federales— es de 1001 millones de pesos (51 millones de dólares), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, frente a los 983 millones (50 millones de dólares) aprobados el año anterior. Aunque el aumento nominal fue de 1.83%, si se toma en cuenta la inflación, en términos reales esto representa una reducción de 2.4% respecto al presupuesto de 2024.

Gina I. Chacón Fregoso, coordinadora del informe Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2025, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), confirma que este monto fue aprobado y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. En su análisis, la coalición concluye que “a cada hectárea protegida se le está asignando un promedio de 10.2 pesos (0.52 dólares)”.

La oficina de la Conanp también destacó la existencia de alianzas internacionales consolidadas desde hace tiempo para ayudar a la Conanp, así como la actual articulación de estrategias como el cobro de derechos y acuerdos interinstitucionales compensatorios que, asegura, fortalecen tanto la conservación como el trabajo de las y los guardianes de las áreas protegidas.

En respuesta a si han considerado el uso de tecnologías de vigilancia remota en zonas de difícil acceso —como algunas de la Reserva de la Biosfera Islas Marías—, la Conanp indicó que con la Semar busca aplicar tecnológicas para mejorar el monitoreo de fauna, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en estas zonas protegidas. “En Islas Marías también trabajamos en conjunto para mejorar las condiciones”, agregó la dependencia. Sin embargo, la Semar no respondió las preguntas enviadas a su área de prensa sobre su estrategia de vigilancia en la reserva.

Frente a estos desafíos, el investigador Octavio Aburto Oropeza agrega que lo más importante para eliminar la pesca ilegal es lograr que las compañías de pesca entiendan que no solamente afectan a otras personas, sino que ellos mismos en un futuro no tendrán que pescar.

“Si se sigue pescando seguirán estos arrecifes el mismo camino que han seguido otros que básicamente se han quedado sin especies, sin diversidad, y que cada vez son más débiles ante los cambios que vemos en el clima”, concluye el profesor.

Edición: Michelle Carrere

Imagen Principal: el 12 de mayo de 2018, el profesor Octavio Aburto Oropeza y un buzo hallaron conchas de caracoles burro rotas por el consumo durante una expedición. Foto: Octavio Aburto Oropeza

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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