La iniciativa fue una de las seis finalistas seleccionadas a nivel nacional, en una convocatoria que reunió proyectos de instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y empresas especializadas en innovación médica. Durante el proceso de evaluación, los equipos presentaron sus propuestas ante jurados conformados por radiólogos, directivos del Hospital Universitario San Ignacio, expertos en cuentas de alto costo, representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá, la Cámara de Comercio y líderes del sector farmacéutico.

¿Cómo funciona PreventIA?

PreventIA es un modelo de IA con una efectividad superior al 90 %, entrenado durante dos años con más de 100 GB de imágenes médicas provenientes de bases de datos internacionales, especialmente de Europa y Japón. Su función es analizar imágenes diagnósticas, detectar malformaciones, clasificar el tipo de calcificación y determinar si son benignas o malignas, todo esto en menos de un minuto.

De acuerdo con Angie Paola Rique Sabogal, ingeniera del equipo investigador de UCompensar, “la herramienta está pensada para funcionar en múltiples plataformas (web y móvil) y adaptarse a la realidad del país. De esta manera, se busca que médicos en centros rurales con baja conectividad, y también en zonas urbanas puedan acceder a la herramienta. El objetivo no es reemplazar al profesional de la salud, sino agilizar su trabajo y facilitar la toma de decisiones clínicas, sobre todo en municipios de tercera y sexta categoría”.

Este desarrollo evidencia cómo el modelo Universidad–Empresa de UCompensar convierte el conocimiento en soluciones reales, conectando a estudiantes, docentes y aliados con necesidades concretas del entorno, especialmente en sectores críticos como la salud.

Del laboratorio a los hospitales: PreventIA inicia su fase de implementación

Este reconocimiento abre una nueva etapa para el proyecto. Como parte del premio, AstraZeneca, la Pontificia Universidad Javeriana y Daiichi Sankyo Japón aportarán recursos para la implementación de PreventIA en la red hospitalaria y oncológica de Bogotá, lo que permitirá avanzar en la validación y aplicación de la herramienta en entornos clínicos reales.

La implementación de esta tecnología podría contribuir a acelerar los procesos de diagnóstico, un factor determinante para mejorar los resultados en salud y ampliar las oportunidades de tratamiento oportuno para miles de mujeres en el país.

El desarrollo de PreventIA también refleja el enfoque de UCompensar hacia la investigación aplicada y la formación con impacto social. El proyecto ha contado con la participación de estudiantes, docentes, área de emprendimiento de UCompensar y aliados del sector salud, quienes han trabajado en el diseño y validación del modelo como parte de un proceso académico orientado a resolver desafíos reales del sistema sanitario.

La historia que les contamos hoy menciona a una aguerrida mujer que conocimos en el Magdalena, Maritza Quiroz, que siendo mujer, campesina y víctima de la violencia tuvo que afrontar el asesinato de su esposo y su cuñado, pero también el despojo y otras formas de violencia, hasta que su vida se apagó a sus 60 años por las las balas impunes que acallan a los líderes sociales.

Martiza se convirtió en la primera líder social asesinada en 2019 en Colombia, una historia de lucha y protección a las mujeres, de superación y de éxito al lograr ver a sus hijos convertirse en profesionales, pese a los despojos y la violencia que siempre la persiguieron, lo más merecido es que su legado perdurara. Se supone que ese legado sería exaltado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, quien, usando su nombre, contrató a una empresa para la creación de una aplicación supuestamente para las víctimas de violencia en el Magdalena, llamada Maritza Quiroz.

En este blog, te cuento cuál es la empresa detrás de un polémico contrato por más de 400 millones, adjudicado un 24 de diciembre, para ser ejecutado apenas en 8 días. Una aplicación que no cumple su función.

El Decreto 1279 estimuló la investigación al reconocer puntos salariales adicionales por publicaciones académicas. Sin embargo, trasladó a las universidades públicas la responsabilidad de financiar estos incrementos sin que fueran incluidos en sus presupuestos, lo que produjo un efecto perverso: por un lado, las universidades promueven proyectos de investigación y publicaciones de alto impacto para mejorar sus indicadores de calidad; por otro, deben afrontar la presión de destinar una parte creciente de sus recursos a cubrir salarios superiores a los aumentos autorizados por el gobierno. Se trata de una disposición que, aunque beneficiosa para los profesores, no fue acompañada de una política estatal que asumiera los costos adicionales, dejando a las instituciones con una carga financiera que se acumula año tras año.

El problema se agrava porque los estímulos económicos se incorporan a la base salarial, generando un sistema sin techo. Así, un profesor puede incrementar indefinidamente su salario en función de sus publicaciones, lo que ha producido desigualdades notorias: algunos alcanzan remuneraciones superiores a los cuarenta millones mensuales, mientras otros, de igual categoría y dedicación, apenas superan los seis millones. Este mecanismo ha desestimulado la labor docente y ha privilegiado la investigación como medio de mejorar el salario, relegando el reconocimiento al buen maestro y a quienes se dedican principalmente a la enseñanza. Los estímulos a la docencia o a la dirección de tesis resultan ínfimos frente a los otorgados a la publicación.

El Decreto 1279 requiere, por tanto, una revisión inmediata que corrija estos defectos. Una modificación sencilla y razonable consistiría en establecer un tope anual para los puntos salariales derivados de publicaciones, de modo que el exceso se reconozca como bonificación única y no como incremento permanente. Este ajuste disminuiría la carga presupuestal de las universidades y, al mismo tiempo, incentivaría a los profesores a mantener una producción académica constante para obtener nuevas bonificaciones cada año. Se lograría así un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el estímulo a la investigación.

Las medidas impopulares suelen ser evitadas por los gobiernos, pero existen decisiones razonables que no implican un costo político significativo. Un ejemplo reciente es la imposición de un tope a las pensiones. En el caso que nos ocupa, sería igualmente bien recibida la fijación de un límite a los salarios del sector público: ningún servidor debería percibir una remuneración superior a la del presidente de la República.

@MantillaIgnacio