La iniciativa fue una de las seis finalistas seleccionadas a nivel nacional, en una convocatoria que reunió proyectos de instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, la Liga Colombiana Contra el Cáncer y empresas especializadas en innovación médica. Durante el proceso de evaluación, los equipos presentaron sus propuestas ante jurados conformados por radiólogos, directivos del Hospital Universitario San Ignacio, expertos en cuentas de alto costo, representantes del Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud de Bogotá, la Cámara de Comercio y líderes del sector farmacéutico.

¿Cómo funciona PreventIA?

PreventIA es un modelo de IA con una efectividad superior al 90 %, entrenado durante dos años con más de 100 GB de imágenes médicas provenientes de bases de datos internacionales, especialmente de Europa y Japón. Su función es analizar imágenes diagnósticas, detectar malformaciones, clasificar el tipo de calcificación y determinar si son benignas o malignas, todo esto en menos de un minuto.

De acuerdo con Angie Paola Rique Sabogal, ingeniera del equipo investigador de UCompensar, “la herramienta está pensada para funcionar en múltiples plataformas (web y móvil) y adaptarse a la realidad del país. De esta manera, se busca que médicos en centros rurales con baja conectividad, y también en zonas urbanas puedan acceder a la herramienta. El objetivo no es reemplazar al profesional de la salud, sino agilizar su trabajo y facilitar la toma de decisiones clínicas, sobre todo en municipios de tercera y sexta categoría”.

Este desarrollo evidencia cómo el modelo Universidad–Empresa de UCompensar convierte el conocimiento en soluciones reales, conectando a estudiantes, docentes y aliados con necesidades concretas del entorno, especialmente en sectores críticos como la salud.

Del laboratorio a los hospitales: PreventIA inicia su fase de implementación

Este reconocimiento abre una nueva etapa para el proyecto. Como parte del premio, AstraZeneca, la Pontificia Universidad Javeriana y Daiichi Sankyo Japón aportarán recursos para la implementación de PreventIA en la red hospitalaria y oncológica de Bogotá, lo que permitirá avanzar en la validación y aplicación de la herramienta en entornos clínicos reales.

La implementación de esta tecnología podría contribuir a acelerar los procesos de diagnóstico, un factor determinante para mejorar los resultados en salud y ampliar las oportunidades de tratamiento oportuno para miles de mujeres en el país.

El desarrollo de PreventIA también refleja el enfoque de UCompensar hacia la investigación aplicada y la formación con impacto social. El proyecto ha contado con la participación de estudiantes, docentes, área de emprendimiento de UCompensar y aliados del sector salud, quienes han trabajado en el diseño y validación del modelo como parte de un proceso académico orientado a resolver desafíos reales del sistema sanitario.

La historia que les contamos hoy menciona a una aguerrida mujer que conocimos en el Magdalena, Maritza Quiroz, que siendo mujer, campesina y víctima de la violencia tuvo que afrontar el asesinato de su esposo y su cuñado, pero también el despojo y otras formas de violencia, hasta que su vida se apagó a sus 60 años por las las balas impunes que acallan a los líderes sociales.

Martiza se convirtió en la primera líder social asesinada en 2019 en Colombia, una historia de lucha y protección a las mujeres, de superación y de éxito al lograr ver a sus hijos convertirse en profesionales, pese a los despojos y la violencia que siempre la persiguieron, lo más merecido es que su legado perdurara. Se supone que ese legado sería exaltado por el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, quien, usando su nombre, contrató a una empresa para la creación de una aplicación supuestamente para las víctimas de violencia en el Magdalena, llamada Maritza Quiroz.

En este blog, te cuento cuál es la empresa detrás de un polémico contrato por más de 400 millones, adjudicado un 24 de diciembre, para ser ejecutado apenas en 8 días. Una aplicación que no cumple su función.

Y antes de que el Decreto cumpla dos décadas de su expedición y ad portas de la creación del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que absorberá a Colciencias y que de alguna manera deberá repercutir en la misión de las universidades, es conveniente saber cuáles han sido los beneficios y cuáles los perjuicios que ha causado esta norma, tanto en las instituciones como en sus profesores.

Solo abordaré en esta ocasión uno de los aspectos que a mi juicio merece una urgente revisión.

Sin duda, el Decreto 1279 estimuló la investigación al reconocer puntos salariales adicionales a los profesores por sus publicaciones, por ejemplo. Pero la norma dejó en cabeza de las universidades públicas la responsabilidad de realizar estos reconocimientos económicos que no fueron incluidos en los presupuestos que ellas reciben, de tal manera que hay un efecto perverso que parece contradictorio: por una parte la universidad quiere destacarse por las publicaciones de sus profesores y los apoya para que presenten proyectos de investigación que produzcan artículos de alto impacto, pues ese es uno de los indicadores más importantes para calificar su calidad, pero por otra parte, las universidades tienen que sufrir continuamente las consecuencias de su crecimiento en investigación por la angustia de ver afectados sus presupuestos anuales para poder cumplir con la obligación de destinar entonces una buena parte del presupuesto para pagar unos salarios por encima de los aumentos que autoriza el gobierno anualmente. 

Como tantas otras medidas, se trata de normas que traen beneficios al trabajador y que son muy bien recibidas por quienes se pueden beneficiar con ellas, pero son disposiciones que los gobiernos no asumen con responsabilidad alguna para cubrir los costos adicionales que ellas implican, dejando un problema más a sus sucesores y a las instituciones.

Una carga muy fuerte para las universidades públicas resulta el hecho de tener que incluir los estímulos económicos en la base salarial de sus profesores. Por otra parte, se ha generado una dinámica que parece increíble, como es la aparición de un sistema salarial sin techo. En efecto, un profesor puede, vía “papers”, aumentar su salario cada año proporcionalmente al número de sus publicaciones y durante toda su vida laboral futura se le debe pagar el puntaje otorgado por cada publicación. Es así como encontramos algunos profesores con salarios superiores a los 40 millones mensuales y otros, de la misma categoría y dedicación con salarios de 6 millones mensuales.

Como resultado de la implementación de este sistema, en algunas áreas, más que en otras, se ha desestimulado en los últimos años la labor docente y ha aparecido en algunos docentes el afán por publicar con el fin primordial de mejorar el salario. El valor de las categorías en la carrera profesoral y el reconocimiento al buen maestro o a las personas que se dedican principalmente a la docencia ha perdido prestigio. Los estímulos a la buena docencia o a la dirección de tesis son ínfimos comparados con los estímulos a las publicaciones, privilegiándose la investigación sobre la docencia. 

El Decreto 1279 necesita con urgencia una revisión que corrija los defectos, que como el señalado, se han identificado y que están agudizando algunos de los problemas de las universidades públicas. Por ser un decreto presidencial su modificación puede ser ágil; no obstante los gobiernos no han querido hacerlo. 

En varias ocasiones he propuesto una modificación sencilla para resolver al menos el problema del crecimiento desmedido del número de puntos salariales como resultado de publicaciones que tienen ese único fin. Es razonable que si existe un tope anual para el reconocimiento de bonificaciones por la dirección tesis y estas bonificaciones se conceden por una sola vez y no van a la base salarial del profesor, en el futuro también los puntos reconocidos por producción académica de un profesor en un año, según lo establecido en el capítulo V del decreto 1279, tengan un tope para incluirlos en la base salarial. En caso de tener una producción mayor, los demás puntos podrían ser reconocidos como bonificación por una sola vez. De esta manera no solo se disminuye la carga de las universidades, sino que se incentiva a los profesores a mantener una producción académica alta para lograr, cada año, unas bonificaciones nuevas que solo podrá sostener en forma indefinida, si continúa produciendo al mismo ritmo.

Hay medidas que son calificadas de impopulares y que los gobiernos evitan tomar, pero hay medidas que son razonables y que por lo tanto no tienen un costo político. Un ejemplo reciente es la imposición de un tope a las pensiones. Creo que en el caso que nos ocupa, sería también una decisión bien recibida poner tope a los salarios del sector público. Se me ocurre que ningún servidor público debería tener un salario mayor que el del presidente.

@MantillaIgnacio