• En febrero de 2024, el gobierno boliviano lanzó una nueva convocatoria internacional para atraer empresas interesadas en la industrialización y extracción del litio del país andino. La convocatoria cerró el 6 de marzo y 26 compañías quedaron habilitadas para la siguiente fase de la iniciativa.
• Varios expertos, organizaciones ambientales y líderes comunitarios consultados por Mongabay Latam dicen que no hay transparencia sobre los términos de la convocatoria y rechazan que debido a la ley de minería del país, los proyectos de litio no requieran consulta previa.
• También señalan que en la actualidad ni los convenios ni los estudios técnicos o de impacto ambiental son de dominio público. ¿Cómo está negociando Bolivia la extracción de litio?

La carrera por la extracción de litio ha cobrado impulso en las últimas semanas en Bolivia. El Estado lanzó en febrero una segunda convocatoria para atraer capital extranjero que desarrolle plantas de litio que procesen el material extraído por la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Hasta el momento, Bolivia ha firmado únicamente convenios con compañías chinas y rusas para el desarrollo de esta infraestructura, pues el litio en el país es de propiedad estatal y no hay concesiones que puedan ser entregadas a privados.

En total, el ministro de Hidrocarburos Franklin Molina está contemplando el desarrollo de estos proyectos piloto en siete salares de Bolivia: Uyuni, Coipasa, Pastos Grandes, Capina, Cañapa, Chiguana y Empexa. Se trata de un gran abanico de posibilidades, considerando que Bolivia es uno de los países con la mayor cantidad de recursos de litio: 23 millones de toneladas métricas concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa.

La extracción de litio es clave en un contexto donde la transición energética está generando una demanda importante de aquellos minerales necesarios para migrar a una generación eléctrica limpia. No obstante, según aseguran algunos investigadores consultados, el país aún tiene algunos obstáculos por sortear, entre ellos, que el litio boliviano aún no alcanza la pureza que requieren los dispositivos de carga de los automóviles eléctricos, entre otros dispositivos.

A estas críticas, hay que sumar las denuncias de organizaciones ambientales que señalan la falta de transparencia del Estado. Según los expertos entrevistados, las autoridades bolivianas no entregan la información de los proyectos, no socializan ni hay confirmación de que se hayan realizado los estudios de agua necesarios y no han contemplado la consulta previa a las comunidades que habitan alrededor de los salares, ya que en Bolivia no es necesario tener en cuenta la opinión de las comunidades en actividades de minería tras la Ley Minera de 2014.

“El estado ha mantenido una postura de no informar, no debatir, no llevar el análisis a los espacios abiertos o académicos. No se hace pública la información de cómo se van a desarrollar los procesos de explotación, cuánta agua van a necesitar, cuánta agua salada, nada es público”, dice a Mongabay Latam Gonzalo Mondaca, ingeniero ambiental e investigador en la organización ambiental boliviana Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB).

¿Negociaciones ocultas?

Los especialistas que han seguido de cerca el plan para la extracción de litio en Bolivia tienen muchas dudas. Aseguran que no es posible tener acceso a las nuevas convocatorias que buscan atraer a empresas interesadas en construir las plantas de procesamiento de litio. Tampoco, indican las mismas fuentes, es posible ubicar en las plataformas públicas los convenios celebrados hasta el momento con compañías rusas y chinas.

“En el caso de Bolivia, el problema es que no hay información, es la política del estado mantener en total oscuridad esos aspectos, entonces no hay información sobre prácticamente ningún convenio”, dice Oscar Campanini, director del CEDIB. Asegura que no hay claridad sobre el detalle de los convenios, si estos solo están considerando la construcción de plantas de procesamiento o si las empresas elegidas tendrán otro roles. Un tema tan básico como el presupuesto que se está manejando, tampoco es de dominio público.

Mondaca añade que aunque es claro que los operadores de los convenios construirán las plantas y la estatal YLB se encargará de la producción, lo que no se sabe es cómo se pagará el servicio prestado a las empresas chinas y rusas. “La hipótesis nuestra es que estarían pensando [pagar] con parte del mineral”, señala el experto del CEDIB. Esto sería a todas luces ilegal, considerando quela Ley Minera de 2014 establece la propiedad del Estado sobre los minerales.

El exdirector de YLB y director del Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Juan Carlos Montenegro, señala que la falta de información alrededor de la extracción de litio puede deberse a requisitos de las compañías. “Lamentablemente los detalles y alcances de estos convenios no son de conocimiento público, seguramente porque las empresas han impuesto alguna cláusula de confidencialidad”, precisa.

Mientras tanto, distintas organizaciones ambientales siguen insistiendo en tener acceso a esta información. Jose Carlos Solón, sociólogo y director de la Fundación Solón, organización social boliviana enfocada en el estudio del cambio climático y la sostenibilidad, señala que el Estado ha ignorado sus solicitudes. “No nos han entregado ningún dato, dicen que son temas sensibles, que no les corresponde. Es una irresponsabilidad absoluta no ser transparente con los convenios que están firmando”, precisa.

Las más preocupadas son las comunidades que viven alrededor de los salares. Esa falta de transparencia les impide tener un panorama claro sobre lo que se decidirá en su territorio. Samuel Flores, líder comunitario que vive en una de las comunidades cercanas alsalar de Uyuni, dice que la explotación del salar solo dejará un “un cementerio por esta irresponsabilidad del Estado y de los bolivianos. No habrá más que basura y nada de beneficios”. Lo mismo señala un representante indígena del pueblo lipez, Edson Muraña Flores, que vive en el municipio Colcha K en el salar de Uyuni. Flores está convencido que serán “los primeros afectados”, considerando ni el Estado ni las empresas los han buscado. “Para nosotros, el agua es vida y por ahora las empresas chinas y rusas no nos han convocado a ninguna reunión”, precisa.

El peligro para las fuentes de agua

La falta de transparencia no solo alcanza a los convenios, sino también a los estudios técnicos que deben garantizar, por ejemplo, la protección de las fuentes de agua. Los expertos entrevistados explican que lo riesgoso de los proyectos de litio es que al extraer elmineral de las salmueras —el agua salada que contiene el litio y que está debajo de la capa superficial de los salares—, pueden generar un impacto significativo en las aguas subterráneas dulces. Básicamente, porque los reservorios de agua dulce pueden mezclarse con la salada debido a los cambios en los ecosistemas acuáticos durante la extracción.

La otra forma en la que se puede afectar el agua dulce es que para aprovechar el litio remanente en las salmueras se reinyecta el líquido para su aprovechamiento, lo cual puede afectar las salmueras vírgenes y gastar bastante recurso hidrológico. Solón señala, además, que tampoco hay información sobre los estudios de impacto ambiental y que todo alrededor del litio boliviano “es el mundo de las incógnitas”.

“Hay una relación muy íntima entre los reservorios de agua dulce y los reservorios de agua salada, y eso no está estudiado suficientemente desde el punto de vista hidrogeológico”, dice Mondaca del Cedib y agrega que “el pueblo boliviano necesita saber cuánta agua dulce y salada van a necesitar estos proyectos”. Para el experto, la peor parte se la llevarían las comunidades, pues se estarían poniendo en riesgo sus fuentes de agua.

Montenegro considera que “todas las obras ejecutadas por YLB cuentan con sus respectivos estudios de impacto ambiental y con la otorgación de sus licencias ambientales correspondientes” y dice que toda obra requiere estos trámites previos.

¿Consulta previa vetada?

Otra de las críticas que ha recibido la nueva convocatoria para la construcción de las plantas de procesamiento de litio es la falta de una consulta previa. Las comunidades indígenas que viven alrededor de los salares siguen esperando por la llegada de un funcionario del Estado, pero es algo que probablemente no ocurra. De hecho, la Ley Minera de 2014 estableció que los minerales estratégicos eran autoridad exclusiva del Estado y que en casos como el del litio no se requeriría la consulta previa.

“Exigimos que se cumpla la consulta previa. Aquí no se trata de litio, sino del futuro de nuestros hijos”, dice el representante indígena del pueblo lipez, Edson Muraña, quien permanece expectante sobre lo que podría ocurrir en el salar de Uyuni.

Campanini de Cedib es enfático al decir que esta situación debería cambiar. “Es algo que hemos observado desde el momento en que se estaba discutiendo esa ley”, precisa. A su vez, explica queno solo se debe consultar a las comunidades más cercanas a los proyectos, sino a todas las que se afectarían por la alteración en el ciclo del agua, así estén lejanas de la explotación de litio.

Mientras más preguntas se hacen a los expertos, la opacidad se hace más evidente. No saben, por ejemplo, cuánto le costará al Estado extraer y procesar el mineral. Es decir, hay dudas evidentes sobre la rentabilidad alrededor del negocio del litio. Más aún cuando los entrevistados advierten que Bolivia todavía no ha logrado producir el litio con el nivel de energía suficiente para abastecer el mercado de los vehículos eléctricos, el principal mercado para el mineral.

Mongabay Latam consultó a YLB sobre su posición respecto a los cuestionamientos realizados, pero al cierre de esta publicación no habían respondido. YLB no se ha pronunciado directamente sobre estos asuntos, pero cuando su directora actual asumió el cargo, aseguró que respetarían los ecosistemas y a los pueblos locales. “Nuestro compromiso con la comunidad, con el medio ambiente y con la innovación serán nuestras metas. Trabajaremos arduamente para fomentar prácticas industriales responsables y promover la investigación y el desarrollo en nuevas tecnologías”, dijo en 2023 Karla Calderón.

*Imagen principal: Plantas de YLB. Foto: Yacimientos de Litio Bolivianos.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• La Estrategia Nacional del Litio —presentada a finales de abril por el presidente, Gabriel Boric— incluye aspectos ambientales como la creación de una red de salares protegidos, iniciativa celebrada por científicos y conservacionistas.
• El actual interés de la industria por explotar el salar de Tara, que es parte de una reserva nacional y sitio Ramsar, pone en duda la efectiva protección que pueda proporcionar dicha red.   
• Los antecedentes ambientales de la empresa estatal que tendrá participación en la industria del litio, la falta de recursos para la fiscalización y el que no se haya consultado a las comunidades que habitan en los territorios para la elaboración de la estrategia son temas que preocupan a expertos y líderes indígenas. 

A fines de abril, cuando el presidente de Chile, Gabriel Boric, dio a conocer la Estrategia Nacional del Litio, aseguró que se trata de “una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo”. Es “la mejor chance”, dijo, que tiene Chile “para transitar hacia una economía sostenible y desarrollada. No podemos darnos el lujo de desaprovecharla”.

El litio es un material estratégico para la producción de tecnologías “verdes”, aquellas diseñadas para contribuir en el proceso de la transición energética a la que los países se han comprometido para intentar mitigar el calentamiento global. Chile, al ser una de las naciones con las mayores reservas de litio del mundo, es un actor clave en esa transición.

En el país actualmente solo se explota litio del salar de Atacama. Aun así, la producción nacional representa más del 30 % del mercado global. El objetivo es aumentar ese porcentaje para que Chile “se transforme en el principal productor de litio del mundo”, dijo el presidente.

Para lograrlo, el gobierno busca desarrollar la Estrategia Nacional del Litio. Una política que, entre otras cosas, “será una cruzada” —dijo el presidente— para explorar los más de 60 salares que existen en el país y evaluar su potencial extractivo.

El anuncio crea expectativas puesto que, hasta ahora, la minería del litio no ha estado exenta de conflictos ambientales. Los habitantes de las comunidades indígenas del salar de Atacama llevan años denunciando los impactos generados. De hecho, la Superintendencia de Medio Ambiente ha abierto procesos sancionatorios en contra de SQM y Albemarle, las dos empresas que extraen el mineral de ese salar.

“La industria del litio implica obtener el mineral de los salares y esto es un desafío para la industria, pero también es un desafío para el país y para el mundo, porque se está poniendo en riesgo ecosistemas que son únicos e irrepetibles”, dice Cristina Dorador, una de las expertas más destacadas en Chile en el estudio de salares.

¿Cuáles son las esperanzas y las alarmas que enciende, para estos frágiles ecosistemas, el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio?

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Los puntos claves de la estrategia

Durante el anuncio, el presidente dio a conocer algunos elementos claves de la estrategia. El primero de ellos es que el Estado participará en todo el ciclo productivo del mineral creando para ello una empresa nacional del litio. De esa manera, el esfuerzo de exploración y explotación del mineral se hará con base en la colaboración público-privada. También anunció que se promoverá la generación de productos de litio con valor agregado que permita un desarrollo duradero, de mayor complejidad y diversidad.

Pero, además, el mandatario aseguró que “la estrategia de desarrollo tiene que construirse respondiendo a la crisis climática, garantizando el menor impacto medioambiental posible en dichos ecosistemas”. Para ello, se creará una red de salares protegidos donde no se instalarán faenas mineras, aseguró el presidente. También se avanzará en nuevas tecnologías de extracción que minimicen los impactos ambientales en aquellos salares que sí se exploten incluyendo el de Atacama.

Para asegurar esto último, la estrategia incluye la creación del instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares. Dicho instituto también desarrollará investigación científica para saber, con mayor precisión, cómo funcionan estos ecosistemas y cómo impacta el desarrollo de la política en las comunidades.

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La participación del Estado

Durante el anuncio, Gabriel Boric precisó que para los salares que, tras ser analizados, sean considerados susceptibles de explotación, se pondrá en marcha un proceso de licitación a privados para que sean explorados. “En caso de que los resultados de la exploración muestren potencial, el privado tendrá una opción preferente para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa del Estado, como por ejemplo, la empresa nacional del litio”, explicó. “Esta asociación tendrá que tener una participación mayoritaria del Estado”, agregó el mandatario. “No más una minería para unos pocos. Tenemos que poder ser capaces de repartir los beneficios de nuestro país entre todos los chilenos”, dijo.

Desde 1979, el litio en Chile es considerado, por ley, un recurso que no puede ser concesionado y el Estado determina qué se hace con él. Es así, que las dos empresas que actualmente extraen litio del salar de Atacama —la chilena SQM y la estadounidense Albemarle— lo hacen mediante un contrato que tienen con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), la institución pública que administra las reservas de litio del país.

Si bien el mandatario precisó que se respetarán los contratos que SQM y Albemarle mantienen vigentes hasta 2030 y 2043 respectivamente, también anunció que se buscarán caminos para que el Estado pueda desde ya participar de la extracción del litio en el salar de Atacama. Eso sí, precisó, la anticipada participación del Estado “será fruto de un acuerdo con quienes actualmente tienen los derechos para explotar el litio”.

En esa tarea, Codelco, la empresa estatal dedicada a la explotación minera cuprífera tendrá un rol fundamental. Será ella “nuestra representante frente a las empresas que actualmente están en el salar, para tener una participación del Estado antes del vencimiento de los contratos vigentes”, dijo el presidente. De esa manera, en caso de conformarse una empresa público privada que explote el litio en el salar de Atacama, esta será controlada por el Estado a través de Codelco”, explicó el mandatario.

Flavia Liberona, directora de la organización ambiental, Fundación Terram, asegura que aunque Codelco ha iniciado un proceso de reducción de emisiones para llegar a la carbono neutralidad, la empresa “tiene que dar un giro en sus prácticas y mejorar sus estándares ambientales”. Para la experta, Codelco, por ser una compañía estatal, “debería ser la que tiene los mejores estándares ambientales y la que inclina la balanza generando que las otras empresas mineras eleven su nivel”.

Sin embargo, hay antecedentes que apuntan hacia lo contrario.

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Los antecedentes de Codelco

Actualmente, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) —el organismo en Chile encargado de fiscalizar el cumplimiento de los permisos ambientales— mantiene en curso un proceso sancionatorio en contra de Codelco. Los cargos son por haber generado en 2018 un derrame de aguas industriales en su fundición de cobre Potrerillos, tras haber dispuesto pulpa de concentrado de cobre en un sector no autorizado.

Además, la SMA sancionó ese mismo año a Codelco por no cumplir con algunos compromisos acordados en el permiso ambiental de su embalse de relaves mineros Caren. Entre ellos está el no haber rescatado especies de flora amenazadas de extinción que, según el permiso, tendrían que haberse relocalizado; no rehabilitar con bosque las hectáreas de suelo comprometidas y realizar un camino no autorizado.

Por otro lado, una investigación de Mongabay Latam publicada en abril de 2022 demostró que Codelco es la empresa que más agua saca en la cuenca del Loa, el río más importante del desierto de Atacama y que fue declarado agotado por su bajo caudal. Los hallazgos dan cuenta de que la compañía está tramitando nuevos permisos para extraer más agua.

La participación de Codelco en la industria del litio no es nueva. La empresa estatal ya desarrolla en el salar de Maricunga —uno de los salares que potencialmente serían explotados— un proyecto de exploración de litio. Allí, la comunidad indígena colla, Pai Ote, denunció a Codelco ante la SMA por construir un camino “que dejó el salar de Maricunga partido en dos”, incumpliendo de esa manera con el permiso ambiental que tenía el proyecto.

Mongabay Latam obtuvo, para una investigación que publicó sobre los intereses mineros en Maricunga, las fotografías que la comunidad Pai Ote adjuntó a la denuncia y que fueron confirmadas por un funcionario que pidió mantener su nombre bajo reserva. Este medio envió preguntas a Codelco para confirmar si el camino le pertenece, sin embargo, la empresa no entregó respuestas.

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El nuevo instituto

La Estrategia Nacional contempla la creación de un instituto tecnológico y de investigación público de litio y salares. Se trata de una iniciativa en la que participan cuatro ministerios: Minería, Economía, Medio Ambiente y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. La ministra de ciencias, Aisén Etcheverry, explicó a Mongabay Latam que el instituto “tendrá dos grandes áreas: una de desarrollo tecnológico y una de desarrollo de conocimiento que abarcará no sólo lo relacionado a la extracción, sino que a todas las consecuencias socioculturales y socioambientales derivadas de la implementación de la política”.

En cuanto al área de desarrollo tecnológico, se buscará generar técnicas de extracción que minimicen los impactos ambientales y crear productos de litio con valor agregado para que la producción no se limite a la comercialización de la materia prima.

La segunda área del instituto, aquella dedicada al desarrollo de conocimiento, permitirá “explorar los usos que puedan tener otros minerales presentes en los salares más allá del litio y el potasio, que son los que hoy se explotan”, dijo la ministra. Pero además, el instituto tendrá la misión de investigar cómo funcionan los salares y su biodiversidad, entender cuáles son los impactos ambientales que tienen las distintas tecnologías que se usan para la extracción del litio y comprender el entorno social de los salares. “Nuestras universidades ya vienen estudiando estas materias hace harto tiempo, por lo tanto no partimos de cero”, agregó Etcheverry.

El instituto se ubicará en Antofagasta, en el norte del país. Se espera pueda ser inaugurado a partir del próximo año, porque ya cuenta con un diseño previo. Sin embargo, hace unos días se abrió una licitación para contratar un apoyo técnico que permita avanzar en las fases finales del diseño del Instituto, aseguró la ministra de ciencias. Una de esas fases es el mecanismo de financiamiento, para ello son diversas las opciones que están siendo evaluadas.

La bióloga Cristina Dorador, quien es directora del Laboratorio de Complejidad Microbiana y Ecología Funcional de la Universidad de Antofagasta, considera que aún hay numerosos temas que necesitan ser analizados como, por ejemplo, el rol que tendrán las universidades locales. “Eso es muy importante para que realmente haya un correlato territorial y que (el instituto) no sea solamente una sede de investigadores de otros lugares”.

Además, para la también investigadora del Centro de Biotecnología y Bioingeniería (CeBiB) es importante que el levantamiento de información sistemático, bien comunicado y abierto inicie cuanto antes y no espere la inauguración del instituto. “Eso es súper importante y urgente para que se puedan tomar buenas decisiones”.

De hecho, algunas empresas ya se encuentran desarrollando tecnologías de extracción directa que, aseguran, reducirían los daños ambientales sobre los salares. Dorador, sin embargo, es enfática al afirmar que se trata de procesos que están en etapa experimental y que no está demostrado científicamente que minimicen las afectaciones. “Son tecnologías que no han sido aplicadas a la escala que está pensando la industria y tampoco se han estudiado in situ los efectos que ellas ocasionarían en el ecosistema”.

Por otro lado, lo que sí está demostrado, dice la científica, “es que la extracción de salmuera para obtener litio genera consecuencias ambientales”. Un estudio publicado el año pasado por el ecólogo Jorge Gutiérrez, y en el que participó Dorador y otros investigadores, confirma que la disminución de las poblaciones de flamencos en el salar de Atacama se relaciona con la extracción masiva de salmuera en las últimas décadas. Ello, sumado a los efectos de la crisis climática.

¿Qué tan vinculante será la información generada por el Instituto? ¿Estarán las empresas obligadas a aplicar las tecnologías menos dañinas? Al respecto, la ministra Etcheverry sostuvo que el instituto tendrá la responsabilidad de proveer información al Sistema de Evaluación Ambiental, para que este pueda actualizar los estándares y tomar mejores decisiones a la hora de evaluar los proyectos mineros.

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La red de salares protegidos

La Estrategia Nacional del Litio incluye la creación de una red de salares protegidos. Esta iniciativa, dijo el presidente, va en línea con los compromisos adoptados por la Convención de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, entre los cuales está proteger el 30 % de los ecosistemas terrestres.

La ministra de ciencias, Aisén Etcheverry, precisó a Mongabay Latam que “la estrategia plantea la protección de todas las lagunas salinas que, en total, son 18, y también la conservación de al menos el 30% de los salares”. Para ello, agregó, será necesario estudiar cada uno de los otros 45 salares que, además de Atacama, existen en el país. El objetivo será “balancear y entender si es que lo estratégico es protegerlos o si tienen un potencial de explotación de litio que pueda ser relevante”.

La creación de la red de salares protegidos fue celebrada por científicos y conservacionistas quienes advirtieron sobre la urgencia de que se concrete. “Es urgente que esta estrategia eche a andar el tema de la protección de los solares, incorporando por supuesto su estudio intensivo. Eso tiene que hacerse lo antes posible, incluso antes de que empiece a andar el instituto (tecnológico y de investigación público de litio y salares) que podría tardar mucho”, dijo Dorador.

Expertos, sin embargo, son cautelosos a la hora de entusiasmarse con el anuncio de la red de salares protegidos.

A días de que el presidente diera a conocer la Estrategia Nacional del Litio, la prensa chilena publicó que la empresa Sorcia Minerals invertirá 500 millones de dólares con foco en la explotación del salar de Tara. Este último es parte de la Reserva Nacional Los Flamencos y sitio Ramsar, por lo que “ni siquiera debiera ser explorado”, denuncia Dorador. Esto, debido a que “la exploración implica movimiento de tierra, implica camionetas, camiones, instalaciones que, aunque sean estacionarias, causan problemas. Se puede perder una nidificación”, advierte la científica.

Expertos, conservacionistas y comunidades se preguntan qué tan resguardados estarán los ecosistemas que hagan parte de la red de salares protegidos, si aquellos salares que ya están resguardados por ley están en la mira de la industria. “Uno se pregunta cuál va a ser el límite de exploración y de explotación de estos ecosistemas tan frágiles, si las empresas ni siquiera consideran las áreas protegidas”, dice Dorador.

Tara, asegura la especialista, “es quizá es el Salar más sublime que existe en todo Chile y me refiero tanto a la belleza paisajística como a todo el patrimonio arqueológico y de biodiversidad que existe en él”. En este salar nidifican tres especies de flamencos: el de james (Phoenicoparrus jamesi), el andino (Phoenicoparrus andinus) y el chileno (Phoenicopterus chilensis), todos incluidos en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

En esa reserva también habitan roedores como el chululo (Ctenomys fulvus) y la chinchilla de cola corta (Chinchilla chinchilla), además de un mamífero muy difícil de avistar, el gato del desierto (Leopardus garleppi). “Por algo es Reserva Nacional, por algo es sitio Ramsar”, alega Dorador.

El salar Tara, incluso, ha permanecido cerrado al turismo desde junio del 2018 para proteger la biodiversidad que existe en él. Según la Corporación Nacional Forestal, el organismo en Chile que junto a la comunidad indígena lickanantay de Toconao mantiene la coadministración del sitio, la medida ha permitido la recuperación no solo de las poblaciones de flamencos, sino también de otras especies como vicuñas (Vicugna vicugna), zorros culpeo (Lycalopex culpaeus) y vizcachas (Lagidium viscacia). “La protección de los salares yo la considero una muy buena noticia, pero también hay que ponerla en práctica prontamente”, concluye Dorador.

Mongabay Latam envió preguntas al Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación de Tara, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no obtuvimos respuesta.

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¿Habrá suficiente fiscalización?

Otra de las preguntas que surge entre los conservacionistas es si habrá o no recursos para supervisar debidamente todos los salares que no sean protegidos y donde se instalen, eventualmente, faenas mineras. “Las dos compañías que operan en el Salar de Atacama han tenido problemas ambientales, por lo tanto hay que mirar cómo se va a tratar esto eventualmente si hay explotación en otros salares”, apunta Liberona.

A la experta le preocupa el tema de la fiscalización. Sobre todo, dice, considerando que “ese es el gran problema que tenemos en nuestro país. Cuando uno va recorriendo el territorio y te entrevistas con los servicios públicos, te das cuenta que los recursos para fiscalización, más allá de la voluntad que tengan los trabajadores de los servicios públicos, son absolutamente insuficientes. Ahí hay un punto súper relevante que fortalecer”, explica la experta.

Por el momento, son numerosas las interrogantes de las organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades, puesto que aún no se inician los procesos participativos. Dichas instancias, anunció el presidente Boric, comenzarán pronto con todos los actores del territorio: el Consejo de Pueblos Atacameños (la principal cultura indígena presente en el territorio), autoridades locales, académicos, científicos y expertos, empresas productivas y representantes de la sociedad civil. El objetivo, precisó el mandatario, es “determinar junto con ellos la nueva gobernanza de los depósitos de litio y salares” y garantizar “que los pueblos indígenas y quienes habitan los territorios en donde se desarrolle esta industria sean partícipes directos de los beneficios que esta reporte”.

En opinión de Liberona, sin embargo, esta participación llega tarde. “La semana anterior al anuncio el presidente estuvimos en la Región de Antofagasta y nos entrevistamos con distintos actores, desde el gobernador, servicios públicos, académicos, el Consejo de Pueblo de Atacameños, empresarios turísticos, etcétera. Fuimos preguntando cómo se veía esta estrategia que venía y la respuesta fue una sola: ‘No hemos sido consultados’, cuenta Liberona.

Vladimir Reyes, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, sostuvo en entrevista con el Mercurio de Antofagasta que “todo emprender con el litio primero debe ser consultado a los dueños de casa, ni la Corfo ni el Estado son los dueños de los salares, estos se ubican en territorio atacameño y deben contar con la autorización de sus habitantes”. Para Liberona, “mal se puede dar a conocer una estrategia si no has hecho los diálogos que podrían cambiar ciertos énfasis”.

*Imagen principal: Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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