En medio de una crisis en torno al combustible a nivel mundial por guerras y conflictos y ante una dependencia global por el petróleo, el gas y el carbón, representantes de 45 países se reunirán en Santa Marta, Colombia, para pensar cómo abandonar los fósiles de forma justa y basada en evidencia.

Se trata de la Primera Conferencia sobre la Transición para Abandonar los Combustibles Fósiles que se realizará entre el 24 y el 29 de abril, cuando se reunirán por un lado ministros, representantes de gobiernos y portavoces, pero también académicos, organizaciones civiles, comunidades y sectores privados.

Ambientalistas, organizaciones civiles, autoridades y especialistas que acudirán a este encuentro cuentan a Mongabay Latam las expectativas y los retos de esta iniciativa para empezar a imaginar una vida sin combustibles fósiles, presentes en la vida diaria, desde la ropa y el plástico, hasta el transporte, la electricidad y la calefacción.

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Santa Marta, un encuentro de alternativas, pero sin obligaciones

Si bien el encuentro en Santa Marta se inició tras un fallido intento por generar una ruta de salida a los combustibles fósiles en la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), no es un espacio de negociación formal, sino un foro para abordar alternativas entre países que buscan dejar atrás la dependencia a los hidrocarburos.

“Esta conferencia no va a intentar convencer a nadie. Estamos convencidos de que es urgente realizar acciones de transformación para disminuir esa dependencia y la eliminación de esos combustibles”, dice Luz Dary Carmona, viceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio de Colombia al explicar uno de los tres pilares que sostienen al encuentro.

Los otros soportes del foro se centran en transformar la oferta y la demanda de los combustibles, mediante el cierre gradual e incentivos para energías renovables, así como en soluciones que aceleren la transición energética justa mediante la cooperación entre países.

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Aunque los resultados en Santa Marta buscarán complementar las negociaciones climáticas de la COP, estos no son obligatorios para los países que acuden al encuentro.

“Desgraciadamente no será nada vinculante porque en el marco del Acuerdo de París los procesos son nacionalmente determinados, así que los criterios pueden ser globales, la identificación de barreras y de palancas para la transición se estima que será global, pero nadie puede obligar a los Estados a hacer nada”, explica Claudio Angelo, coordinador de Política Internacional del Observatório do Clima.

El especialista sostiene que por este motivo, las alianzas que se puedan tejer en Santa Marta serán clave para acciones futuras.

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Justicia, un principio ausente en la conversación

Entre el 24 y el 27 de abril, el encuentro abrirá espacios de diálogo para la academia, sociedad civil, comunidades y sector privado, entre otros, con el objetivo de identificar vías que permitan una transición justa.

Para Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, hay un reto en este segmento del foro para escuchar las alternativas que las comunidades buscan expresar.

“A estas poblaciones que han sido marginalizadas e invisibilizadas en escenarios de diálogo son justamente a las que hay que escuchar para garantizar estos ejercicios de inclusión en los procesos de abandono de los combustibles fósiles”, comenta el especialista.

Además, agrega que se deben elaborar mecanismos de seguimiento a las participaciones de las comunidades y que permitan no solo diálogo, sino también una fiscalización ciudadana de los resultados.

“En esta conferencia debe quedar una hoja de ruta de qué se quiere alcanzar y para ello debe haber no solamente compromisos, sino también un ejercicio de control y seguimiento de las comunidades a sus respectivos gobiernos”, comenta a Mongabay Latam.

En tanto, Sara Larraín, ambientalista y directora de la Fundación Chile Sustentable, organización que también acudirá al encuentro, sostiene que para abordar una transición energética justa debe haber un reconocimiento de los costos desiguales e impactos que enfrentan territorios y países.

“Va a ser un excelente ejercicio ver el abandono de combustibles fósiles con un componente de equidad”, advierte la especialista y agrega: “Si no logramos, con los temas de adaptación, generar acciones bottom up [de abajo hacia arriba] desde los territorios potencialmente afectados, no vamos a avanzar a nivel de las élites negociadoras”, dice la especialista a Mongabay Latam.

Además, Larraín considera que debe haber un mayor acercamiento de las tecnologías renovables a los sectores más vulnerables para que exista un empoderamiento y acercamiento directo con la transición energética justa.

“El hecho de tener un panel solar en tu techo te hace más cercano al sector. Tienes que buscar, entender e informarte. Es un beneficio enorme porque hasta ahora la energía eléctrica funciona como un servicio que aparece como magia, cuando hay una cadena de producción detrás invisibilizada y desconectada entre sí”, sostiene.

De acuerdo con autoridades del Ministerio de Ambiente, se espera que en Santa Marta participen cerca de 2800 personas de organizaciones, movimientos sociales, ambientalistas, así como comunidades y poblaciones indígenas.

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El papel de gobiernos y privados, una incertidumbre

Para ir más allá de los discursos para abandonar los combustibles fósiles, otro reto será el nivel de participación de los gobiernos y sectores privados, de acuerdo con Lorena Caballero López, directora técnica del Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

La especialista considera que, hasta ahora, no hay información detallada del nivel de participación que tendrán los países en sectores clave, más allá del ambiental.

“No es lo mismo que acudan solamente autoridades ambientales a representantes de otras áreas que son vitales, con la parte financiera y la energética”, señala Caballero.

Además, comenta que será clave conocer cómo cumplir las acciones nacionalmente determinadas. “La expectativa es que vayamos con rutas y acciones tangibles, ya todos tenemos una serie de acuerdos firmados. La idea es llegar con los cómo”, advierte.

Caballero destaca que la participación de países de la región con economías intensivas de carbono jugarán un papel importante en el encuentro para ofrecer alternativas.

“Tenemos una región que en su mayoría sigue siendo de economías intensivas en carbono. Recibimos mucho más ingresos de ese tipo de actividades y destinamos mucho más a seguirlas financiando. El hecho de que la participación pueda ser importante va a ser un gran éxito de entrada”, adelanta.

*Imagen principal: organizaciones protestan dentro de la COP30, en noviembre de 2025, por la presencia de lobistas de los combustibles fósiles. Foto: cortesía © UN Climate Change/Kiara Worth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales alto andinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

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Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB también firmó el 11 de septiembre de 2024 otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

Ahora, el tratamiento de ambos contratos está estancado en el Legislativo boliviano. Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Bolivia –que se celebraron el 17 de agosto- la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa rusa, con presencia policial y con denuncias de irregularidades. Este acuerdo pasó al pleno de Diputados, pero ahora está congelado por la decisión judicial. El contrato con el consorcio chino sigue pendiente en esa comisión.

“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, explicó a medios locales el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

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El 28 de julio, la Defensoría del Pueblo informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Estudio de impacto ambiental

La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.

La medida judicial se mantendrá hasta que se realicen estas medidas, informó Callisaya. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá solicitar, antes de continuar con el tratamiento legislativo de estos contratos, el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados para la consideración de sus contenidos.

En contacto con Mongabay Latam, Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), celebró la decisión judicial que se emitió en La Paz. El dirigente informó que su organización presentó el 12 de mayo una Acción Popular ante un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

En primera instancia, la Justicia de Colcha K determinó un fallo a favor de la organización que lidera Calcina, pero una semana después decidió revocar esa determinación. Es por eso que la CUPCONL decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que determine si el dictamen procede o no. “Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, afirmó Calcina.

Según el dirigente, la Justicia de Colcha K dispuso en mayo como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios hasta que se resuelva de fondo la acción legal. Todas esas decisiones luego fueron anuladas.

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“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar de acá a cinco o diez años. Al no contar con ningún tipo de información, se oponen las comunidades”, resaltó Calcina.

De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.

Según estos convenios, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socioambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al 100 % porque hubo reclamos de los comuneros.

Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.

El análisis

José Carlos Solón, sociólogo y miembro de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, dijo a Mongabay Latam que es “motivo de celebración” la decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino y con la empresa rusa.

“Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales del departamento de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos”, detalló Solón. El experto valoró el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Las medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. “En este tiempo es fundamental mantenerse alerta”, destacó Solón.

Tras enterarse de esta decisión judicial, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió en una conferencia de prensa que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio será un “precedente negativo” que perjudicaría en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería por la “judicialización de la economía”.

El mandatario dijo que esta decisión “es una mala señal” porque los contratos supuestamente iban a significar una inversión de 2000 millones de dólares, porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio. “Esto va tener un precedente negativo, no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos. El problema central está en que se desconoce y se está poniendo en riesgo la inversión en minería”, dijo.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, alertó a Mongabay Latam que, si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo la autoridad.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas -por ser los tres países miembros de los BRICS– sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es la reserva de litio más grande del planeta. Foto: Iván Paredes

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El anuncio se hizo a fines de marzo, cuando el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, informó que Bolivia negocia un acuerdo con la República Islámica de Irán para la exploración y explotación de tierras raras en el territorio boliviano.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos en el proceso de transición energética debido a que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, imanes para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, así como armas de alto rendimiento, entre otros muchos usos. Un ejemplo es el color en las pantallas de los celulares que no sería posible sin algunas de las denominadas tierras raras.

Según el viceministro Rodríguez, en Bolivia hay dos lugares donde se desarrollarían los proyectos para explotar tierras raras. Uno de ellos se encuentra en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, donde según el Gobierno, existen 16 000 hectáreas de terreno para explorar y explotar. El otro corresponde al Cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 12 000 hectáreas para explotar, de acuerdo con información oficial a la que hizo referencia el viceministro. Entre los elementos que se han encontrado en suelo boliviano están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

El anuncio de Rodríguez ha despertado dudas y cuestionamientos. Por un lado están los impactos ambientales que puede ocasionar la explotación de estos elementos; por otro lado la transparencia y factibilidad de la propuesta. Además, surge la pregunta de por qué Irán se ha acercado nuevamente a Bolivia como socio estratégico.

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Los riesgos ambientales

“El yacimiento más importante está en el Cerro Manomó, en Santa Cruz, en medio de la selva amazónica. Entonces, se podría destruir un hábitat muy frágil. Ese es el principal problema, porque la concentración de tierras raras no es muy alta”, señala el experto en minería Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo. “Se tendría que movilizar una gran cantidad de material del suelo para obtener muy poca cantidad de estos elementos. Y hacer eso en la selva es verdaderamente dañino”, agrega.

Córdova también menciona que para procesar todos estos elementos se utilizan diversos reactivos químicos que pueden generar desechos tóxicos. “En medio de la selva eso me parece muy grave”. Adicionalmente, Córdova considera que de concretarse la propuesta, “seguramente sería una mina a cielo abierto”, lo que ocasionaría que “se destruya el entorno”.

Para tener una idea de la cantidad de tierra que se tendría que remover para extraer los elementos químicos, Córdova pone como ejemplo la explotación del zinc en la mina San Cristóbal. En ese caso, señala el experto, se remueven cada día 150 000 toneladas de tierra para obtener 1000 toneladas del concentrado de zinc. “Es gigantesco, y eso que el zinc está en una buena proporción, en cambio, las tierras raras están en una proporción mucho menor. Habría que mover cantidades gigantescas de material para extraer lo que se requiere y hacer comercial la operación”. Córdova señala, además, que hasta ahora, la prospección para determinar la cantidad de tierras raras que hay tanto en el Cerro Manomó como en Ayopaya, en Cochabamba, ha sido superficial.

Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) también menciona las consecuencias que ocasionaría la explotación del Cerro Manomó. “Estos proyectos van a afectar de manera indirecta y, en alguna medida, también directa, a tres territorios indígenas: Bajo Paraguá, Monteverde y Lomerío. Son territorios que están en la Chiquitanía”.

Según Vargas, uno de los problemas es la falta de información sobre la forma en que se realizan los procesos de prospección y explica que de acuerdo a la actual ley de minería, para la prospección no se requiere un proceso de consulta previa, sino solo el permiso de la autoridad minera. “El hecho de que las comunidades, al momento de iniciar las actividades de prospección, no conozcan las características, los posibles daños y afectaciones que podría dejar este proyecto, no es un problema menor”.

Vargas comenta también que los trabajos de prospección seguramente “significará el movimiento de grandes cantidades de tierra y una posible deforestación”.

Además, manifiesta su preocupación porque las comunidades corren el riesgo de perder sus medios de producción y podrían afectarse las fuentes de agua. “En la zona de la Chiquitania donde están estos proyectos, existe un estrés hídrico muy importante”.

Explica que, así como está ocurriendo en los ríos de la Amazonía, la Chiquitania, al ser una área en la que hay riqueza mineral importante, principalmente oro y ahora, tierras raras, está enfrentando la presencia de grandes cantidades de mineros, principalmente nucleados en cooperativistas. Pero las comunidades no tienen certeza de si las actividades de prospección o de explotación ya se están desarrollando, pues no existe información, asegura Vargas.

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Minerales en disputa

En los últimos días, las llamadas tierras raras se han ubicado en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En la guerra de aranceles que se ha desatado entre ambos países, China decidió restringir la exportación de estas tierras raras a Estados Unidos.

Desde que Donald Trump llegó al poder ha sido evidente su interés por un mayor acceso a estos elementos. Prueba de ello es su objetivo de asumir el control de Groenlandia, territorio danés con grandes depósitos de tierras raras.

Hasta ahora el principal país que procesa estos elementos es China, que posee por lo menos la tercera parte de las reservas conocidas de tierras raras que tiene el planeta, además del 60 % de la extracción y de más del 80 % del procesamiento. Otros lugares se suman a esta lista: Vietnam, Brasil y Rusia, por ejemplo, además del depósito Per Geijer, en Suecia, descubierto en 2023 y que ha resultado ser el mayor yacimiento de tierras raras en Europa.

En el caso de Bolivia, no es reciente que el Gobierno quiera explotar los yacimientos de tierras raras. “Desde su llegada al gobierno, Luis Arce ha venido hablando de la importancia del aprovechamiento de las tierras raras que existen en nuestro país. Esto lo ha manifestado en varios espacios”, comenta Vargas.

En efecto, en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, el presidente de Bolivia habló sobre la industrialización de los recursos estratégicos, entre ellos, las tierras raras. “Es momento de consolidar cadenas de valor regionales que prioricen la industrialización de nuestros recursos estratégicos en beneficio de nuestros pueblos. Bolivia reitera su compromiso con la industrialización del litio, el gas, tierras raras y los minerales estratégicos con una visión soberana”, afirmó el jefe de Estado.

Sin embargo, concretar este ofrecimiento no sería fácil. “Tenemos que ver cómo evoluciona esta propuesta, porque todos los acuerdos tienen que ser ratificados por la Asamblea Legislativa y el Gobierno no tiene mayoría. Además, muy pronto habrá cambios en la conducción del Ejecutivo. Es difícil que prospere en la asamblea legislativa”, comenta Córdova, de la Fundación Jubileo, para explicar que cualquier iniciativa de explotación de minerales en Bolivia debe pasar por la aprobación del Congreso.

Las características del proceso de prospección hasta llegar a la explotación y procesamiento también son un inconveniente, según Córdova, puesto que son muy caras y tardan mucho tiempo. “Fácilmente puede tomar 15 años”, dice el experto.

En cuanto al interés de Irán en los recursos de Bolivia, ambos países tienen varios años de acercamiento mutuo. En 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el entonces presidente del país islámico, Mahmud Ahmadinejad, visitó Bolivia. En ese momento recorrió yacimientos de uranio y financió la apertura de un canal de televisión en territorio boliviano.

En esta oportunidad, según explicó el viceministro Rodríguez, la propuesta de cooperación incluye la investigación científica, la cooperación técnica específica con intercambio de prestación de servicios, la participación de empresas iraníes en proyectos de inversión conjunta y la posibilidad de que Irán complete la carta geológica boliviana.

Imagen principal: las comunidades indígenas del Bajo Paraguá podrían resultar afectadas con la explotación del yacimiento de tierras raras, en especial por la disponibilidad de agua. Foto: cortesía Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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