A finales de 1956 los hermanos Rafael y Tomás Herrán Olózaga fueron capturados en La Habana, Cuba, con un cargamento avaluado en 16.000 dólares. Rafael y Tomás confesaron haber transportado drogas con anterioridad, aparentemente desde 1948. A inicios de 1957 el entonces Servicio de Inteligencia de Colombia allanó el laboratorio de los Herrán Olózaga en Medellín y encontraron que se había procesado cocaína, al menos, desde 1952, además de que habían adquirido opio ecuatoriano anteriormente.

Paradójicamente, los dos hermanos eran tataranietos de Tomas Cipriano de Mosquera y bisnietos de Pedro Alcántara Herrán, los dos presidentes de Colombia durante el siglo XIX. El abuelo de los hermanos, Tomás Herrán, fue el encargado de negociar el tratado para la construcción del canal de Panamá y firmó el convenio Hay-Herrán. Rafael Herrán, padre de los hermanos, “fue cónsul de Colombia en Hamburgo, era esposo de Lucía Olózaga, concuñado de Gabriel Echevarría y tío político de los Echavarría Olózoga, miembros del principal clan de industriales de Medellín”.

Estos datos extraídos de la investigación La Conexión Cubana: Narcotráfico, contrabando y juego en Cuba entre los años 20 y comienzos de la Revolución elaborada por el profesor Eduardo Saenz Rovner ponen de presente que históricamente el negocio de las drogas ilícitas ha sido manejado por representantes de la élite colombiana.

Quizás fue por la penalización internacional al cultivo, fabricación y comercialización de estupefacientes, establecida por la ONU en 1961, que el tráfico de drogas empezó a incrementar su clandestinidad y a utilizar, cada vez más, métodos tecnificados para no ser descubiertos y, por esta vía, evitar improperios contra la élite colombiana.

Sin embargo, los documentos desclasificados por la National Security Archive, publicados ayer por varios medios de comunicación colombianos, pusieron de presente que en 1977 la administración norteamericana de Jimmy Carter entregó al entonces presidente colombiano Alfonso López Michelsen una lista de 36 altos funcionarios vinculados con el narcotráfico. Entre las personas nombradas en el dossier están el ministro de defensa, Abraham Varón Valencia, el ministro de trabajo, Óscar Montoya Montoya, y el coronel Humberto Cardona Orozco, entonces responsable de Indumil. Al tiempo, los documentos señalan a Alfonso López Caballero (hijo del presidente López Michelsen) de “posibles actividades de narcotráfico”.

El informe sirvió, también, para que en 1978 la cadena CBS hiciera un reportaje que acusaba al entonces candidato presidencial Julio César Turbay Ayala, abuelo del actual Senador Miguel Uribe Turbay, de tener vínculos con el narcotráfico. Según los documentos, “existían alegaciones de que Turbay, a través de su sobrino Aníbal Turbay Bernal, mantenía conexiones con narcotraficantes influyentes capaces de influir en la selección de líderes de las agencias encargadas de la aplicación de la ley en Colombia, en el evento de que Turbay asumiera la presidencia”. El objetivo de Carter era presionar al gobierno colombiano para que luchara contra la corrupción y el narcotráfico.

Desde la década del ochenta, se ha visto cómo el narcotráfico ha influenciado campañas presidenciales, cooptado instituciones del Estado, transformado leyes a su acomodo, empañado la justicia colombiana, creado ejércitos ilegales e, incluso, involucrado a personajes de la farándula colombiana. Entre los casos recientes más sonados está el hermano de la exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez, el esposo de la modelo y presentadora Alejandra Azcárate y el comediante Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘carroloco’.

Urge a Colombia continuar con la búsqueda de verdad histórica para desmitificar el imaginario de que los narcotraficantes son, solamente, personas humildes que ascendieron socialmente por los exorbitantes réditos del negocio ilegal. Hay que dejar claro que representantes de la élite colombiana y de las “familias de bien” fueron quienes iniciaron con tráfico de drogas y se han lucrado desde hace más de medio siglo.

Recientemente el EMC anunció la creación del “Bloque Central Comandante Isaías Pardo” que operará en Tolima, Quindío, Huila y Valle del Cauca. Aunque el anuncio causó estupor en la opinión pública por las declaraciones de Otty Patiño, Alto Comisionado de Paz, señalando que el EMC tiene todo el derecho de hacer una reorganización interna, lo que se percibe, desde afuera, es una escisión de esta organización armada ilegal.

A esta situación se suma lo acontecido en el encuentro extraordinario que tuvieron las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y esta disidencia en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 5 de abril. Si bien, en la reunión se acordó continuar con la negociación de paz, no hicieron presencia los delegados del Cauca y Arauca. Específicamente se hace referencia a los delegados de las estructuras conocidas como “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” que operan en el Cauca y el decimo frente “Guadalupe Salcedo” en Arauca son los que están incumpliendo los acuerdos y el cese al fuego en estas regiones.

El Gobierno Nacional tiene clara esta división en el EMC. Por esto la decisión de Gustavo Petro fue suspender, parcialmente, el cese al fuego con esta organización criminal en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En comunicado público, esta organización ilegal muestra una posición incoherente; mientras solicitan el restablecimiento del cese al fuego en todos los departamentos, amenazan veladamente con posibles ataques a objetivos militares y policiales. En el comunicado piden “a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”.

En los últimos días se ha observado que el EMC mantiene disputas territoriales con la Segunda Marquetalia, especialmente en Nariño y Cauca, y con el ELN, en Arauca. Estas disputas han generado el desplazamiento masivo de campesinos y el confinamiento de otros tantos. En Arauca, donde el ELN tiene su mayor poderío militar, las disidencias solicitan un “sece (sic) bilateral temporal de fuego, para aliviar de inmediato la crisis humanitaria y regresar la tranquilidad al departamento”.

Pareciera avecinarse una escisión en la disidencia de las FARC conocida como EMC. Este es un escenario en el que el gobierno nacional debe tomar decisiones de fondo. Puede encaminar acciones armadas para combatir estos nuevos grupos que se están fortaleciendo, como lo ha hecho últimamente dando de baja algunos comandantes en Casanare y Cauca, o repiensa la incorporación de los grupos al proceso de negociación. De la decisión que se tome depende la política de Paz Total que no está atravesando por su mejor momento.

La mayor aprobación e imagen positiva está en el Suroccidente y el Caribe colombiano (62%), seguida del Centro del país (50%) y finalizada por la región Antioquia-Eje Cafetero y Centro Oriente (35%). El análisis del gobierno sobre la encuesta es que los resultados se comportan similares a las elecciones en la segunda vuelta presidencial y en la Zona cafetera, Aburrá y Santanderes “no existe una definición por la paz y el progresismo” porque, debido a la violencia, se tornaron en uribistas.

Si el Gobierno del Cambio quiere continuar su proyecto político otros cuatro años más, debe auscultar la encuesta, no como un triunfo mancipado, sino como un examen suspicaz de las regiones donde más trabajo debe proyectar. Es evidente que las acciones de gobierno, en año y medio que lleva de mandato, se han concentrado en regiones olvidadas de la geografía nacional como La Guajira y el Litoral Pacífico. Allí Petro desplegó su estrategia de “Gobierno con el Pueblo” en la que, junto con su gabinete, escuchan las necesidades de la población y plantean soluciones a las problemáticas. Loable labor, pues llegar a zonas que nunca habían tenido la presencia de un mandatario enorgullece a todo el pueblo colombiano; sin embargo, aunque son regiones que ocupan gran parte del territorio, no concentran población.

Justamente, la parte del territorio nacional con mayor densidad poblacional y donde están los votos se ubica principalmente en los valles interandinos de las cordilleras central y oriental. Allí están las grandes ciudades y es donde debe enfocarse gran parte del trabajo del progresismo en lo que le queda de gobierno, claro está, si quiere ganar las elecciones de 2026. Convencer al pueblo paisa (bastión del uribismo como se reflejó en las elecciones regionales de 2023), a los santanderes (en los que se evidenció el triunfo de proyectos de derecha en la gobernación y alcaldías importantes), a Bogotá (donde la propuesta del progresismo fue aniquilada en primera vuelta) y a la costa caribe (zona controlada por élites regionales) no es tarea fácil. Para gestar la continuidad del proyecto político progresista es urgente impulsar la estrategia de “Gobierno con el Pueblo” en grandes ciudades y visibilizar las problemáticas urbanas. El Valle de Aburrá, Bogotá, Bucaramanga y su área metropolitana deben ser parte de los próximos escenarios en los que el presidente solidifique su estrategia, plantee soluciones a problemáticas urbanas e incremente la popularidad de su gobierno con miras a las elecciones 2026.

A pesar de que son variadas las razones que explican el incremento en la popularidad del mandatario (nominación al Premio Nobel de Paz, solicitud de EEUU para que medie en la crisis política venezolana, entre otras), el Pacto Histórico no puede continuar con el “culto a la personalidad”. Debe, desde ya, proyectar nuevos liderazgos que se encuentran en las canteras de la izquierda. La decisión de promover la unidad del Pacto Histórico como partido para hacer “irreversible la transformación” en las elecciones nacionales de 2026 es un acierto si se quiere competir contra los candidatos del centro y la derecha que ya están haciendo sus pinitos con miras a quedarse con la presidencia.

Faculta, inicialmente, al ejecutivo a adelantar los actos tendientes a entablar “acercamientos y conversaciones”. En tal sentido, hay reconocimiento explícito de la reconfiguración del conflicto armado y de las transformaciones en las estructuras criminales durante los últimos años. Concuerda con la ley en que las negociaciones se deben realizar con grupos armados organizados al margen de la ley (GAOML), es decir, organizaciones que tienen “un mando responsable” y ejercen “sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas” (caso ELN, Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central); mientras que se pueden adelantar acercamientos para lograr el sometimiento a la justicia y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI), o sea, organizaciones jerárquicas o en red que se dediquen a la ejecución continua de conductas punibles tipificadas en la Convención de Palermo (Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional), que realicen patrones criminales como el sometimiento violento de la población civil y cumplan funciones en una o más economías ilícitas. Este es el caso, entre otras, de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -llamados igual como el clan del golfo-, los shottas y espartanos en Buenaventura, las estructuras asociadas a la Oficina de Envigado en el Valle de Aburrá y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de Santa Marta (también conocidos como los pachenca).

En segundo lugar, considera como finalidad legítima que el Gobierno nacional impulse los acercamientos con estructuras criminales para someterlas a la justicia y pacificar, así, los territorios. Sin embargo, es el Congreso de la República quien debe dictaminar los términos de desmantelamiento y sometimiento a la justicia de las estructuras criminales. Con el principio de separación de poderes, la Corte constitucional redujo el margen de discrecionalidad del ejecutivo y consideró que la regulación para someter a las EAOCAI debe tener un carácter legal. Esta decisión no debe verse como una limitación al ejecutivo, sino como una presión para que el presidente presente, lo más pronto posible, un proyecto de ley que tenga en cuenta los adelantos en las conversaciones con las estructuras criminales y la lógica delictiva en los territorios.

En cuanto a la suspensión de órdenes de captura -tercera conclusión de la Corte- el gobierno debe motivar y justificar la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias ante la rama judicial para que sea ésta la que valore los argumentos y determine la posible excarcelación.

Una cuarta conclusión tiene que ver con que las garantías de seguridad proporcionadas por el Estado se deben aplicar a quienes efectivamente están participando en los procesos de acercamiento y conversación y solo con esta finalidad. Esto implica que, mientras la estructura criminal continúe desarrollando actividades delictivas, el Estado debe utilizar las herramientas de persecución y uso proporcional y necesario de la fuerza para proteger los derechos de la población civil y las comunidades.

En quinto lugar, el Alto Tribunal exhortó al Congreso de la República para que determine un marco legal que defina las pautas, lineamientos, oportunidad y límites en el momento de la creación de zonas de ubicación cuando se trata de conversaciones con la criminalidad organizada. La creación de zonas de ubicación debe materializarse cuando el proceso de paz con los GAOML o los acercamientos y conversaciones con los EAOCAI estén en una fase madura del proceso, de tal manera que sea efectiva la entrega o sometimiento a la justicia.

Finalmente, uno de las conclusiones que más discusión causó fue la excarcelación de voceros de organizaciones sociales y humanitarias -Gestores de Paz. La Corte consideró que el ejecutivo no puede disponer la liberación de quien ha sido privado de la libertad por orden judicial, pues limita los derechos de las víctimas y afecta la efectiva impartición de justicia. Esta decisión de la Corte generó el pronunciamiento del Fiscal General, Francisco Barbosa, quien señaló que “seguramente los fiscales en el marco de su independencia en los próximos días solicitarán las órdenes de captura de quienes se designaron voceros de paz y se les otorgó esa libertad”. A quienes directamente perjudicaría esta postura de la Fiscalía sería, entre otros, a los jóvenes de la Primera Línea dejados en libertad en el marco de la paz total.

En definitiva, la decisión de la Corte brindó al Gobierno nacional las herramientas jurídicas para continuar con los procesos de negociación y acercamientos para el sometimiento a la justicia que viene adelantando con grupos criminales en el marco de la paz total. Una Corte Constitucional que, en un primer momento, se pensó estaba politizada contra el gobierno del cambio al negar los Decretos de la Guajira -en el marco del Estado de Excepción- rescata la Constitución Política al poner por encima los principios de separación de poderes, búsqueda de la paz y la convivencia pacífica y fortalecimiento del Estado de Derecho para proteger a la población. Una decisión, sin dudas, que dejó contentos tanto al gobierno como a la oposición.

Considero como un acto de irresponsabilidad periodística haber publicado una carta abierta al presidente de la República señalándolo como adicto, sin tener pruebas fácticas y guiándose por rumores de fuentes que le aseguran que esa es la razón de su ausencia en algunos eventos públicos. El ejercicio periodístico en Colombia no puede seguir consistiendo en exacerbar emociones por medio de presunciones sensacionalistas, ataques moralistas y acusaciones sin fundamento. Las columnas de opinión deben tener un carácter reflexivo y analítico de la realidad, de lo contario se convierten en resúmenes de sentimientos y anhelos delirantes.

Eso dejárselo a los imitadores de periodistas, al amarillismo anquilosado, pero usted que es una de las columnistas más influyentes de este país, escrupulosa en sus análisis y consagrada a la profesión, no le queda bien emitir juicios de valor y generar un debate público contra la figura del presidente por “chismes” de pasillo que pretenden atar algunas decisiones políticas desafortunadas con una adicción.

Concuerdo con los twitt del embajador Roy Barreras y la exministra de salud, Carolina Corcho (él médico y ella psiquiatra), en que la exposición pública que usted realizó, además de violar los derechos de privacidad del presidente, estigmatiza al representante de la institucionalidad en Colombia. Difiero de algunos opinadores que afirman que usted redacto esa columna con el fin de “dar el Golpe de Estado a Petro”; esa no es la intención que en el fondo se lee.

Hay algunos elementos que presenta en la misiva, y que comparto plenamente, pero que por su énfasis en la petición al presidente de que devele su adicción, quedan de soslayo. Cada vez el presidente se está aislando y ausentando del poder en lugar de utilizar las facultades que el pueblo le entregó para ejercer los cambios que necesita Colombia.

Vemos más a un jefe de Estado ávido de una agenda internacional en torno a temas medioambientales y reducción de la deuda, pero en un deambular sigiloso interno, desconectado de la gente y de las problemáticas cotidianas. Un ejemplo es la victoria pírrica que se atribuyó el presidente después de las elecciones locales. No hay lectura más errática que ésta. Seguramente sus subalternos, que están gobernando a su acomodo y amasando poder, cómo usted muy bien señala, le descifran un escenario (que como el presidente manifiesta en X), “muy alejado del relato mediático”. Al Pacto Histórico le falta estructura, está intrincado en la figura personalista de Petro, en debates internos de unidad y eso fue el fiel reflejo de las elecciones locales. Una jornada electoral en las que las élites regionales le hicieron saber al presidente -en un lenguaje altisonante- que ellos mandan en las ciudades más densamente pobladas y en los departamentos del centro del país, y que no la tendrá fácil en lo que le queda de gobierno.

Aunque queda bastante tiempo de “Gobierno del Cambio”, las cábalas politológicas no dan mucha esperanza en la continuidad del proyecto del Pacto Histórico y vaticinan su pronto suicidio. Uno de los errores más desconcertantes y que usted, María Jimena, deja ver en su columna, es la falta de una estrategia comunicativa asertiva por parte del presidente. Un jefe de estado que se pronuncia a través de trinos, algunos agudos y críticos, otros mal escritos y punzantes, son las formas que han tomado líderes totalitarios del continente como Nayib Bukele y Donal Trump. Todos sabemos que los medios de comunicación tienen intereses económicos tras bambalinas, pero entrar en una negación total de los mismos es riesgoso para cualquier democracia.

Maria Jimena, su trabajo como periodista y formadora de opinión ha incidido en la construcción de la democracia en Colombia. Sin embargo, columnas como la publicada en Cambio ayer, dejan mal parado al gremio e incitan a discursos amparados en la impulsividad, las suposiciones y los enigmas.