Todo comenzó la noche del 16 de octubre de 2025. Pará, una jaguar o yaguareté (Panthera onca) adulta, fue hallada en un complejo habitacional militar en la zona Las 2000 Hectáreas de Puerto Iguazú, en la región de Misiones, al noreste de Argentina. De inmediato se inició un operativo que inicialmente buscaba trasladar únicamente a la madre por el creciente conflicto con los vecinos, pero esa acción se topó con una complejidad no prevista: la hembra estaba acompañada por dos cachorros de no más de dos meses.

Agustín Paviolo, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y coordinador de Proyecto Yaguareté -que participó de la reubicación de los tres felinos-, afirmó a medios locales que la situación de Pará se complicó en 2025, cuando la detectaron en la zona urbana de Puerto Iguazú. En esa área encontraron –dijo- trampas y cebos para matarla y que incluso los habitantes iban a tomar medidas por su cuenta. El investigador afirmó que la presencia de las crías no estaba confirmada antes del operativo, aunque era una posibilidad que barajaban.

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“Había indicios, en algún video la vimos medio panzona, pero no lo sabíamos con certeza. De cualquier forma, analizamos todos los escenarios. No hubo improvisación: fue un procedimiento planificado”, dijo Paviolo.

Los tres felinos –las crías todavía eran lactantes- fueron llevados al parque provincial Esmeralda, dentro de la Reserva de Biosfera Yabotí. Tras la liberación, la madre se alejó del lugar, según el collar de GPS que tiene instalado, mientras que los cachorros quedaron en las inmediaciones del sitio de traslado. Desde entonces, no se volvió a tener registro de las crías.

La medida despertó duras críticas a la reubicación de jaguares o yaguaretés. Está en curso una investigación federal para determinar si el procedimiento de traslocación fue el adecuado y poder ubicar a las crías o conocer su destino. Una de las hipótesis es que los cachorros fueron abandonadas y no pudieron sobrevivir solas en el lugar donde fueron relocalizadas.

Nicolás Lodeiro Ocampo, director de la Red Yaguareté, explicó a Mongabay Latam que tres entidades decidieron la traslocación de Pará: el Ministerio de Ecología de Misiones, el equipo del Proyecto Yaguareté del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y la Administración de Parques Nacionales.

“Todos intervinieron, todos decidieron, todos avalaron y todos participaron”, dijo Lodeiro Ocampo, quien aseguró que, si la Red Yaguareté participaba en ese operativo, se hubiera ejecutado dos acciones: que Pará y sus cachorros fueran llevados a un recinto seguro en la zona de Iberá para analizar los pasos a seguir o automáticamente hubieran sido liberados nuevamente en su lugar de captura. “Jamás habríamos permitido un traslado criminal a Esmeralda. Conocemos del tema, conocemos más aún la historia de traslocaciones y a todos los actores involucrados”, reprochó el experto.

La reubicación de jaguares ya ha provocado debates entre autoridades y expertos en otros países. En Colombia, como informó Mongabay Latam en noviembre pasado, la decisión de trasladar a un jaguar macho adulto no fue bien recibida por especialistas en fauna silvestre.

En el caso colombiano, como en el de Pará, pobladores locales habían advertido que matarían al felino, lo que motivó el traslado. Pero desde la perspectiva de los expertos críticos a la decisión, la medida fue injustificada científicamente y debió considerarse solo como último recurso, priorizando antes protocolos orientados a la coexistencia entre comunidades humanas y esta especie.

Lodeiro Ocampo añadió que Pará vivía en un lugar donde podía caminar y llegar tranquilamente hasta una casa habitada. Es por eso -dijo- que se exigió que se instale un alambrado perimetral como existe en muchos parques nacionales y advirtió que el problema no lograría solucionarse con el traslado de la jaguar. “Es seguro que el territorio que Pará utilizaba y defendía de otros yaguaretés ya esté ocupado por otro ejemplar al encontrarse vacío. ¿Ya se desarrollaron medidas eficaces para que esa nueva dominante no haga lo mismo que ella?”, preguntó el experto.

Parte de la investigación

La Red Yaguareté presentó ante la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) un escrito de más de 30 páginas con su posición sobre el caso. El caso judicial comenzó con una denuncia anónima a la que la organización se adhirió. La red presentó ante la Fiscalía  antecedentes históricos de situaciones de conflictos del yaguareté o jaguar con poblados en Misiones, traslocaciones fallidas de yaguaretés y pumas en Misiones y opiniones técnicas de expertos nacionales e internacionales que claramente expresan su negativa a un traslado de esta naturaleza y de esta forma.

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Además, se solicitó la citación a declaración indagatoria a personal y profesionales del Ministerio de Ecología de Misiones, del Proyecto Yaguareté del Conicet y funcionarios de Parques Nacionales que están involucrados en el operativo de captura y traslado.

El Ministerio de Ecología de Misiones no respondió a las preguntas enviadas por Mongabay Latam, pero en un comunicado a medios locales afirmó que el operativo de reubicación de Pará y sus dos cacharros duró nueve días y en esa acción participaron varias organizaciones.

“El procedimiento [de captura] consistió en la instalación de jaulas trampa y lazos en los senderos más transitados, con monitoreo constante a través de transmisores y presencia rotativa de equipos técnicos. Una vez capturado el ejemplar, los especialistas del Imibio realizaron la toma de muestras biológicas para análisis genéticos y el resguardo del ADN en el Biobanco provincial”, expresó en un comunicado la institución provincial.

Además, el Ministerio de Ecología de Misiones aseguró que primero se capturó a Pará y luego de “varias horas” lograron capturar a sus crías. Para esta entidad, la relocalización al parque Esmeralda fue una “decisión correcta”. Sin embargo, el organismo oficial no establece dónde están los cachorros luego de la relocalización. Sobre las crías, el informe oficial reconoce: “No es posible determinar con certeza su situación actual” y admite que “las cámaras trampa no registraron el egreso de los cachorros”.

“En ese lugar se llevó adelante el proceso de ambientación y reunificación familiar bajo la supervisión de guardaparques provinciales, personal del Imibio, la Fundación Azara, el Centro de Rescate y Conservación de Fauna Silvestre «Güirá Oga» y el Proyecto Yaguareté [de Conicet], que controlaron su adaptación al nuevo entorno”, continuó el comunicado.

Rafael Hoogesteijn es médico veterinario, especialista en conflictos entre jaguares y ganado vacuno y miembro de Panthera, organización mundial dedicada a la conservación de los felinos salvajes. El experto, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que una traslocación en felinos es una “medida de última aplicación”, cuando ya se realizaron otras acciones que no tuvieron éxito. En el caso de Pará se aplicó como medida inmediata.

“Las traslocaciones en grandes felinos no dan resultados. ¿Por qué? Porque cuando el felino es consumidor de ganado y lo traslocan, en la nueva localidad es muy posible que lo vayan a matar, especialmente los ganaderos. El otro problema es que están trasladando parásitos y enfermedades de una región a otra, incluso introduciendo nuevos parásitos y nuevas enfermedades”, destacó Hoogesteijn.

El especialista añadió que en el caso de los jaguares estos son rechazados por los mismos jaguares que habitan en la zona elegida para la traslocación, especialmente si son machos. “Inclusive hay peleas fuertes y el jaguar traslocado es matado por los jaguares locales”, dijo Hoogesteijn, quien acotó que hay casos escasos donde una jaguar joven es aceptada por los jaguares locales con miras a la reproducción. Pero este no es el caso de Pará, que, se estima, tiene ocho años.

“En muchos otros casos los felinos caminan muchos kilómetros regresando al lugar donde fueron capturados. Entonces, las traslocaciones se ven muy bonitas en los medios de comunicación, pero es carísimo y generalmente los resultados son ineficientes”, dijo Hoogesteijn.

Reubicación cuestionada

En el caso de una traslocación de una jaguar con sus crías, Hoogesteijn afirmó que esa situación “es mucho más difícil”, ya que las hembras adultas no pueden moverse mucho para cazar y lograr alimentos para sus crías y para dar de lactar. “Cuando ellas están en un territorio que ya conocen, ellas van a buscar las presas donde ya conocen y se les hace más fácil, pero cuando son traslocadas se les hace más difícil, ya que primero tendrán el rechazo de jaguares locales y, segundo, no conocen el área para poder cazar y establecerse. Además, los cachorros traslocados pueden ser matados por los jaguares locales”, dijo.

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Los cachorros permanecen con paradero desconocido desde finales de octubre pasado. Según informó la Ufima, la investigación preliminar se encuentra en trámite, a la espera de informes técnicos de los organismos especializados.

Lodeiro Ocampo advierte que el parque Esmeralda no era el destino más adecuado y recuerda que se había propuesto trasladar a los animales al Parque Nacional Iberá, en Corrientes, como alternativa inicial. Sin embargo, desde el Ministerio de Ecología argumentaron que se priorizó “mantener al ejemplar dentro de su ecorregión de origen (Selva Paranaense)”. Sin embargo, la Red Yaguareté identificó a Esmeralda como una zona donde la caza ilegal de felinos creció en el último tiempo.

En 2023, la propia Pará fue víctima de caza ilegal. La jaguar perdió un ojo y registró marcas de perdigones en su cuerpo durante una revisión. Es por eso que le pusieron un collar satelital, que hasta ahora funciona y permite que sea monitoreada, pero según Londeiro Ocampo es “imposible” acceder a las rutas que siguió Pará en este último tiempo.

Sebastián Di Martino, director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, organización que no participó del operativo, afirmó a Mongabay Latam que en hembras con crías una situación de estrés, como una traslocación, puede provocar abandono de la madre. Por eso existen –dijo- distintas modalidades de liberación: algunas con adaptación previa en corrales (suelta blanda) y otras directo en el ambiente (suelta dura).

“Con animales provenientes de cautiverio suele ser preferible una suelta blanda; si es un animal silvestre, la suelta dura puede ser una opción. Como sea, no hay que demonizar el manejo: una especie en peligro crítico de extinción requiere acciones activas para recuperarla”, afirmó Di Martino.

Pará camina sola. Está todavía en el parque Esmeralda, pero no se sabe si está a salvo. Su collar satelital y las cámaras trampa lo ratifican, pero no hay novedades sobre los cachorros. La tecnología no muestra a las crías y las críticas aumentan por la traslocación.

Imagen principal: Pará camina por el bosque del norte argentino antes de ser capturada para su traslado junto a sus crías. Foto: cortesía Red Yaguareté.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera vez que la bióloga Martha Ortiz vio de frente a los monos zocay (plecturocebus ornatus) fue en el barrio La Madrid, de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Aunque conocía a la especie por registros y reportes, la experiencia de verlo directamente le resultó reveladora: “Es muy bonito y llama la atención verlo en su entorno”. Desde entonces tuvo otros encuentros, como cuando en medio de un recorrido para buscar nidos de un mono nocturno lo detectó en el borde de un callejón, casi posando con naturalidad para un grupo de personas, a pesar de que es una especie que naturalmente evitaría la cercanía con los humanos.

El conocimiento sobre el estado genético y poblacional de este primate es escaso, debido, según asegura Ortiz, a las restricciones para tomar muestras biológicas. “Estamos en la base del conocimiento, tanto que apenas estamos definiendo su distribución real y su área de ocupación”, explica. Actualmente, el mono zocay está clasificado como Vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero ya fue solicitado cambiar la catalogación por En Peligro.

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El mono zocay es endémico de la zona de transición entre el piedemonte de la cordillera oriental y los Llanos Orientales y ha sido reportado principalmente en el departamento del Meta; en áreas clave para la agricultura y la ganadería, como el municipio de San Martín de los Llanos; en bosques de galería, ronda de ríos y caños y selvas húmedas. En su mayoría, se trata de ecosistemas fragmentados que obligan al animal a recorrer distancias cada vez más largas entre parches de bosque, una situación que compromete su supervivencia y las de otras especies que dependen de la conectividad forestal.

Se alimenta de frutos, flores e insectos y se desplaza sin tocar el suelo. Sin embargo, se volvió común encontrarlo en áreas urbanas, lo que aumenta su vulnerabilidad. La expansión agropecuaria y urbana, la deforestación y la pérdida de bosques se han convertido en sus mayores amenazas y podrían llevar a su desaparición. Esta es la conclusión de un estudio titulado Modelo matemático de la presencia del mono Zocay (Plecturocebus ornatus (Gray, 1866)) en un paisaje agropecuario, realizado por las profesoras de la Universidad de los Llanos, Martha Ortiz, Liliana Ladino y Sara Guerrero, que se publicó en el Boletín Científico Centro de Museos – Museo de Historia Nacional de la Universidad de Caldas.

El estudio evidencia, a partir de predicciones matemáticas en tres escenarios diferentes con niveles base, intermedio y de alta deforestación, que la persistencia del Plecturocebus ornatus es baja por el efecto de la pérdida de hábitat disponible, por lo que podría desaparecer si el paisaje agropecuario se mantiene.

Matemáticas reveladoras

La profesora Martha Ortiz, con botas pantaneras, aretes dorados en forma de monos tití y una camiseta con el zocay estampado, explica que la estructura social del animal funciona a partir de familias: “Siempre vamos a encontrar la pareja y las crías en diferente nivel de desarrollo y, cuando ellas ya están juveniles y aptas para ser separadas del grupo, se tienden a dispersar y los elementos de conectividad les ayudan en ese proceso”.

La modelación matemática, aunque poco común en investigaciones de campo sobre fauna en Colombia, según la investigadora, ha demostrado ser una herramienta útil para evaluar la conservación de especies como el Plecturocebus ornatus. En el caso de este primate, el modelo se construyó a partir de tasas de cambio derivadas de datos concretos y se basó en ecuaciones diferenciales que integran información sobre la transformación de coberturas boscosas, la calidad de los fragmentos y su conectividad. “Lo que se representa es cómo podría mantenerse o perderse la supervivencia de la especie si cambian parámetros clave del hábitat”, explica la profesora.

El ejercicio permite simular escenarios: desde una conectividad funcional entre parches de bosque, que favorecería su permanencia, hasta una pérdida total de conexión o degradación de los fragmentos, que inevitablemente conduciría a la desaparición de la especie.

Este enfoque, usado también en otros primates y especies hermanas, ofrece una proyección clara de cómo las decisiones sobre el uso del suelo pueden determinar el futuro del mono zocay en el piedemonte del departamento del Meta.

El modelo mostró que bajo condiciones actuales, o incluso con mejoras intermedias, la especie no lograría sostenerse a largo plazo. Solo el escenario de conservación plena, con más superficie boscosa y una red de fragmentos bien conectados, permitiría su permanencia.

El estudio también subraya la vulnerabilidad del Plecturocebus ornatus frente a la fragmentación: aunque aprovecha los bordes de los bosques para alimentarse, necesita internarse en zonas más protegidas para evitar depredadores domésticos, incendios y enfermedades transmitidas por fauna feral o humana. Esta dependencia del borde, lejos de ser una ventaja, incrementa sus riesgos y refuerza la urgencia de conservar bosques completos y saludables.

Proyecto Zocay, en San Martín de los Llanos

El municipio de San Martín de los Llanos, uno de los municipios más antiguos y extensos del Meta, fue el escenario escogido para este modelo matemático. Allí también se realizó uno de los pocos estudios que se conocen sobre el mono zocay, realizado por la primatóloga Xyomara Carretero, que sirvió como referencia para las autoras de la investigación.

En 2004, Carretero recibió una invitación para realizar una investigación e identificar las especies y número de primates que habitaban una finca en el municipio de San Martín de los Llanos. Lo que iba a ser un trabajo de seis meses se transformó en el núcleo del Proyecto Zocay, que hoy cumple dos décadas. “Yo vengo trabajando con primates hace 30 años, inicialmente con titíes, pero este proyecto nació casi por accidente”, recuerda. Con el tiempo, algunos finqueros se sumaron y el seguimiento incluyó al Plecturocebus ornatus.

Recuerda que lo había visto por primera vez en La Macarena, Meta, mientras cruzaba una quebrada cubierta de bejucos y vegetación espesa. En esa región, ubicada aproximadamente a 10 horas por tierra desde Villavicencio y que cuenta con tres parques nacionales naturales, se les conoce como risoteros: “Vi un par, chiquitos, peluditos, con la carita oscura, la mancha blanca en la frente y las manitas blancas, gritándome porque me habían visto”. Ese encuentro marcó el inicio de una relación de observación cercana.

Con el tiempo, Carretero descubrió detalles de su comportamiento que la cautivaron, como la forma en que descansan juntos o la energía con la que vocalizan. “Es un comportamiento muy bonito, sobre todo cuando gritan en la mañana y los dos adultos se enrollan la cola”, dice, describiendo esos llamados que resuenan entre los árboles y que son parte de su dinámica social y territorial.

Tras 20 años de observaciones, la científica asegura que en una zona específica de San Martín de Los Llanos, las poblaciones de primates se han mantenido estables. El motivo, explica, es que la cobertura boscosa no ha sufrido cambios drásticos y aún persisten elementos clave como las cercas vivas: “Son herramientas a nivel de paisaje que ayudan mucho. Los zocay las usan para moverse entre fragmentos, buscar alimento e incluso descansar durante el día”, afirma. Esta conectividad entre parches de bosque ha permitido que, en un contexto de ganadería extensiva, la fauna encuentre rutas y refugio para sobrevivir.

“Lo que uno hace es seguir a los animales todos los días, desde que amanece hasta que anochece”, explica la primatóloga sobre los estudios que buscan características de tipo comportamental y ecológico. “Con el método focal obtenemos datos muy detallados sobre un solo animal; con el barrido, sobre la dinámica del grupo”. Con ambos métodos se responden preguntas sobre alimentación, patrones de actividad y diferencias entre edades o sexos.

Para estimar su distribución, también recurre a entrevistas informales con habitantes de cada región y a la técnica de playback, que reproduce vocalizaciones para provocar respuestas que permiten ubicar a los primates e identificar su edad. El estudio de densidades poblacionales se realiza mediante recorridos por trochas o caminos establecidos en los fragmentos de bosque, registrando cada avistamiento con datos como el número de individuos, altura, hora y coordenadas GPS. “Suelo combinar técnicas de observación con análisis de paisaje para entender cómo el tamaño y la cobertura de los bosques influyen en la presencia del zocay”, señala Carretero.

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Para estimar su distribución, también recurre a entrevistas informales con habitantes de cada región y a la técnica de playback, que reproduce vocalizaciones para provocar respuestas que permiten ubicar a los primates e identificar su edad. Esta visión integral le ha permitido reunir información clave sobre la ecología y las necesidades de conservación de la especie y sus amenazas, llegando a la conclusión de que por la reducción de su hábitat puede darse una disminución del 50 % de la población en los próximos 24 años, por lo cual solicitó a la UICN cambiar la catalogación del zocay de Vulnerable a En Peligro.

Las manos que intentan conservar al mono zocay

La ambientalista Nathaly Rojas ha trabajado de manera articulada con las profesoras Ortiz, Carretero y una red de organizaciones y fundaciones dedicadas a la conservación. Su interés por el Plecturocebus ornatus comenzó en 2015 cuando hacía parte de la Fundación William Barrios y recorrió barrios, zonas periurbanas y áreas rurales de Villavicencio para trazar el mapa vivo del primate.

Documentó más de 60 sitios donde el primate está presente en la capital del Meta, revelando su capacidad para adaptarse tanto a ecosistemas naturales como a entornos en transición entre lo urbano y lo rural. Además, cultivos de ciclo corto como la palma africana se han expandido por la región, y Rojas coincide con el estudio de las profesoras de la Universidad de los Llanos en que esto puede ser una amenaza para la especie.

La urbanización, otra de las amenazas, avanza hacia la cordillera rompiendo fronteras naturales y afectando directamente a la especie, según Rojas. Este proceso no solo compromete la permanencia del Plecturocebus ornatus, sino que también incide en servicios ecosistémicos clave, como la provisión de agua para las comunidades humanas.

Municipios como Villavicencio, Acacías, Restrepo y Cumaral evidencian cómo la expansión urbana presiona tanto a la biodiversidad como a los recursos hídricos, mostrando la conexión entre la conservación del primate y la calidad de vida de las personas.

Debido a esto, Rojas participó en la creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Villavicencio, una herramienta clave para conservar especies emblemáticas del territorio. “Entre los objetos de conservación está el zocay y además el sistema fue diseñado para generar corredores biológicos que restauren las conexiones perdidas entre ecosistemas por la deforestación y las actividades agropecuarias”, enfatiza. La imagen del mono zocay incluso es usada en logos institucionales de entidades como la Secretaría de Ambiente del Meta.

Otra de las iniciativas que busca la conservación del Plecturocebus ornatus es la Fundación Manos Blancas por los Monos. Miguel Garzón, uno de los integrantes, recuerda que el nombre surgió precisamente porque este primate tiene las manos blancas. Desde hace cinco años hacen avistamiento, observación, actividades con niños, niñas y adolescentes que viven dentro de áreas como el complejo de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera en la ciudad de Villavicencio.

“Se les enseña las características del mono, la importancia que tiene en el ecosistema y lo que no debemos hacer para continuar con su conservación, sobre todo enfocándonos en que no hay que proveerles alimento debido a que se vuelven dependientes y les cambiaríamos la dieta”, cuenta Garzón.

En el sur del departamento del Meta, en el municipio de Vista Hermosa, también conservan al mono zocay mediante el Macroproyecto Rutas del Zocay. A más de tres horas de distancia de Villavicencio, se encuentra este pueblo que le hace honor a su nombre. Desde el casco urbano del municipio se puede observar el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el río Güejar, que pasa muy cerca y es de gran importancia para la región.

El rector de la Institución Educativa Gabriela Mistral, del Centro Poblado Piñalito, Nestor Javier Martínez, explica detalladamente que “es un proyecto ambiental y turístico que tiene tres líneas: emprendimiento, empleabilidad y educación”. Han pintado murales del zocay en las paredes de sus casas, aprenden a conservarlo e indagan sobre su alimentación y comportamiento, de manera similar a las científicas expertas: observándolo.

Martínez coincide en que entre las principales amenazas a las que está expuesto el zocay es “que se le acaben el hábitat, los árboles, las fuentes hídricas». «Por eso -dice- tratamos de conservar el ambiente, para que la especie se mantenga”. Reconoce que esta especie es protagonista, debido a la cercanía de las personas con él y su carisma, pero su conservación también permite proteger a otras especies como loros, guacamayas y mariposas.

En la tienda de artesanías de Vista Hermosa, hay diferentes manualidades que cuentan con la figura del mono: vasos, llaveros, imanes para la nevera, cuadros, aretes. En algunas calles de Villavicencio aparece el primate pintado por un graffitero que decidió apropiarse del animal como su firma identitaria.

El zocay no solo despierta interés científico, también cautiva a las comunidades por su carisma, dice Ortiz. En la vereda El Cairo de Villavicencio, el colegio Los Ocopos incorporó a una familia de estos primates en su proyecto ambiental escolar: diseñaron un sendero interpretativo en su campus, incluyeron su figura en murales y formaron a estudiantes mayores como guías ambientales.

Los datos revelados por los estudios son contundentes, especialmente en el que se utiliza la modelación matemática. Aunque se intente conservar, si no se realizan acciones concretas en toda su área de distribución del departamento del Meta, podría desaparecer.

Referencia:

Ladino-Martínez, L. M., Guerrero, S. C. y Ortiz-Moreno, M.L.(2024). Un modelo matemático de la presencia del mono Zocay (Plecturocebus ornatus) en un paisaje agropecuario. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ. Caldas, 28(2), 103-127. https://doi.org/10.17151/bccm.2024.28.2.6bol.cient.mus.hist.nat. 28(2), julio-diciembre, 2024. 103-127. ISSN: 0123-3068 (Impreso) ISSN: 2462-8190 (En línea) *FR: 22-X-2024. FA: 17-III-2025.BOLETÍN CIENTÍFICOCENTRO DE MUSEOSMUSEO DE HISTORIA NATURAL

Imagen principal: familia de monos zocay. Foto: cortesía Nathaly Rojas.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia las vías ilegales siguen dañando sus áreas protegidas. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se perdieron 525 hectáreas de bosque entre 2024 y marzo de 2025 debido a la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilícitos en la reserva. Además, en el resguardo indígena de Llanos del Yarí-Yaguará II, que está en el norte del parque, existen 22 kilómetros de vías ilegales, lo que provocó la pérdida de 856 hectáreas de su bosque. La invasión carretera es obligada por la ganadería y la presencia de grupos armados.

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Estos son los resultados de un reciente reporte elaborado por expertos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), bajo la colaboración de la organización ambiental Fundación para la Conservación y el Desarrollo Colombia (FCDS) y el apoyo financiero de la Fundación Overbrook, que revela que el Parque Nacional Chiribiquete se ve afectado por varias presiones de deforestación, como la expansión de caminos e infraestructura vial, la ganadería extensiva, la expansión de los pastizales, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos de coca, este último en menor medida.

Estas presiones a menudo interactúan, ya que los caminos de acceso facilitan la ganadería y la expansión de pastos, y a su vez facilitan el acaparamiento de tierras.

Luz Alejandra Gómez, líder de Análisis Geoespacial de FCDS Colombia, explicó a Mongabay Latam que en esta zona de la Amazonía colombiana hay presencia de grupos guerrilleros armados, con mayor presencia del Estado Mayor Central, que son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que las vías ilegales son aprovechadas por estos grupos para su desplazamiento. Además, la experta detalló que existen vías “bajo el bosque”, lo que obliga el asentamiento humano en estas tierras para implementar alguna actividad, como la ganadería extensiva o los cultivos ilegales de hoja de coca.

“La relación entre deforestación y vías es muy fuerte porque es mucho más fácil entrar y tumbar bosque donde ya hay una accesibilidad. Antes a la Amazonía se entraba por ríos, pero ahora es mucho más fácil y viable moverse por carretera. En esas zonas al haber grupos armados hay baja presencia del Estado colombiano, son zonas donde no es fácil que ingrese el Ejército o donde el Estado pueda hacer una gobernabilidad eficiente porque son territorios en disputa”, detalló Gómez.

La experta añadió que esta tendencia de áreas deforestadas puede incrementar si es que no hay control territorial por parte del Estado. Sin embargo, explicó que los mismos grupos irregulares ponen sus propias reglas para no deforestar mucho bosque. “Esa es la ley de la selva, son las leyes que los grupos armados ejercen, y claro, eso es muy vulnerable y la pérdida de bosque no se puede controlar. El Gobierno hizo esfuerzos, realizó intervenciones militares, ejecutó programas con las comunidades indígenas, pero no fueron efectivos porque no ha sido contra los grandes deforestadores”, destacó Gómez.

El estudio muestra que la mayor amenaza se presenta en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, en donde todo 2024 y parte de 2025 una carretera ilegal de 22 kilómetros se abrió paso para tumbar bosque de esa zona. La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación. Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia monte caído.

Las zonas afectadas del Chiribiquete 

En el caso del Parque Nacional Chiribiquete, el reporte de MAAP y FCDS revela que las vías ilegales, que están ubicadas en los departamentos de Caquetá y Guaviare, dejaron al menos 525 hectáreas de deforestación. En el sector de El Cayuma hay 189 hectáreas afectadas por la construcción de una vía de 45,3 kilómetros, mientras que en el sector de El Palmar hay una afectación de 179 hectáreas deforestadas y un camino de 21 kilómetros. Por último, en el sector Norte se deforestaron 148 hectáreas y existe una vía ilegal de 15.2 kilómetros.

Matt Finer, especialista senior en investigación y director de MAAP, detalló en diálogo con Mongabay Latam que es importante visibilizar la deforestación en estas zonas no solo por su impacto en los bosques primarios, la biodiversidad y los grupos indígenas, sino también por las reservas de carbono. En el informe se revela que el Chiribiquete es uno de los sumideros de carbono más importantes y significativos de la Amazonía.

“El reporte es para mostrar lo que está pasando en esta parte de la Amazonía, pero también es para advertir que si no avanzamos en los controles, la situación seguirá creciendo, ya que en Colombia ya tenemos casos muy graves de deforestación en parques nacionales”, afirmó Finer. “La deforestación en parques de Colombia es increíble, la deforestación es incontrolable con índices súper altos. Lo que estamos diciendo es que para evitar que el Chiribiquete sufra como en otros casos, como el parque Macarena, hay que mejorar las condiciones”, agregó.

El experto de MAAP acotó que el estudio sobre la reciente deforestación en el Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II destaca políticas clave, como el fortalecimiento de los procesos de investigación relacionados con el cumplimiento de la ley. “Es necesaria la sinergia entre los diversos actores para implementar acciones más integrales que minimicen los impactos negativos en la Amazonía”, dijo.

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Además, el estudio afirma que “reducir la deforestación y el impacto en los bosques debe ser parte de los acuerdos para el cese de hostilidades y el desescalamiento del conflicto entre el gobierno nacional y los grupos armados” y recomienda “monitorear y regular la inversión pública de todos los niveles de gobierno para reducir los incentivos públicos hacia la expansión de la ganadería como driver de la deforestación”.

Mongabay Latam solicitó una posición oficial a la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia para tener una percepción sobre la deforestación en el parque Chiribiquete. Hasta el cierre de edición de esta nota periodística no hubo respuesta de parte de esta instancia pública colombiana. 

Según Gómez, de FDCS, a las comunidades indígenas que buscaron resistir la deforestación las amenazaron y los líderes y lideresas del resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II tuvieron que desplazarse forzosamente en 2021. Ahora, la experta explicó que no existe resistencia en este resguardo indígena, por lo que el acceso a vías ilegales se da sin ningún tipo de problemas. Además, la experta informó que los equipos que realizaron el estudio en terreno tuvieron ciertos peligros debido a la presencia de los grupos irregulares armados. Sin embargo, no hubo afectaciones al personal humano.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunció recientemente que, después de que el país experimentó en 2023 su deforestación más baja en más de 20 años, la tala de bosques aumentó un 35 % en 2024. Además, esa cartera de Estado informó de un aumento de la tala de tamaño medio, lo que indica operaciones relativamente organizadas y financiadas.

En los últimos diez años, el 60 % de la deforestación en Colombia ocurrió en la zona de la Amazonía. Hubo un gran aumento en 2017 tras los acuerdos de paz con el grupo guerrillero FARC, y una disminución posterior en 2022 y 2023. En total, hubo casi 1 200 000 hectáreas de deforestación en toda la Amazonía colombiana en los últimos diez años.

Imagen destacada: las vías ilegales se incrementan en el Parque Nacional Chiribiquete de Colombia, lo que implica el aumento de la deforestación en la reserva. Foto: cortesía FCDS Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• En el Congreso colombiano pasó su primer debate un proyecto de ley que busca combatir la deforestación con la trazabilidad ganadera, es decir, el seguimiento constante del ganado para evitar que provenga de áreas deforestadas en parques naturales o resguardos indígenas.
• La segunda causa de pérdida de bosque en Colombia son las malas prácticas de ganadería extensiva, según el promedio generado por el IDEAM para el período 2017 – 2021. En Caquetá, Guaviare y Meta, los departamentos del arco amazónico y los más deforestados, hay 5 millones de reses, el 17 % de las 28 millones que hay en el país.

Aunque no hay duda de que la Amazonía juega un papel clave en la lucha contra el cambio climático, año tras año los países que forman parte de la cuenca cuentan uno a uno los árboles caídos. En el caso de Colombia, la ganadería extensiva y el acaparamiento de tierras se han convertido en los principales enemigos para este ecosistema, de acuerdo con investigaciones académicas y de entidades estatales. Y aunque la amenaza está muy bien identificada por el gobierno, hasta ahora el país no cuenta con mecanismos que permitan evitar que la carne o los lácteos que consumen los colombianos provengan de áreas protegidas o zonas deforestadas. Un proyecto de ley que impulsa la bancada ambientalista, sin embargo, busca cambiar esta situación.

Este es el panorama actual. Por ejemplo, según cifras de los últimos años de Parques Nacionales Naturales, por lo menos 100 000 reses fueron detectadas en el corredor biológico del que forma parte el Parque Nacional Natural Tinigua (Meta), en la Amazonía colombiana. En esta área protegida, como reportan los datos oficiales, se deforestaron 5300 hectáreas de bosque en el primer trimestre de 2022.

Pero este no es el único parque afectado tanto dentro como alrededor por la presencia de ganado. Según datos del ICA, al Tinigua le sigue el Parque Natural Nacional Sierra de La Macarena (Meta) con 54 800 reses, el Parque Nacional Natural Picachos (entre Caquetá y Meta) con 22 800 cabezas de ganado y  La Paya (Putumayo) con 4900.

Las reservas o resguardos indígenas tampoco se han salvado de los daños que conlleva la presencia del ganado. Un ejemplo. Aunque en el resguardo indígena Nukak no se conoce un estimado de reses, la reserva del mismo nombre—cuya área coincide en parte con la comunidad indígena— alberga 4400 reses y ha perdido 236 hectáreas de áreas forestales entre abril de 2021 y marzo de 2022, según cifras del ICA y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), respectivamente.

En la vereda Yaguará II, que tiene una parte de su territorio dentro del resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, se vacunaron 406 vacas en 2020. Un dato preocupante: no había actividad ganadera en el área en el 2016, como lo reportó el medio colombiano 360 grados y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). De abril de 2021 a marzo de 2022, el resguardo perdió 5517 hectáreas de bosque, de acuerdo con cifras de la FCDS.

Los expertos que conocen el tema señalan que existen diversos mecanismos que son utilizados por los responsables del  ganado para conseguir que este se alimente, de manera ilegal, en las áreas protegidas. Alejandra Laina, asesora de la dirección ejecutiva de la FCDS y conocedora de la agenda legislativa relacionada con la deforestación y la trazabilidad ganadera explica uno de esos mecanismos: “Tienes dos fincas que se llaman igual. Registran las vacas en la finca que está fuera del parque nacional y eso dice tu guía de movilización (de ganado). Las sacas, las vacunas y luego las devuelves allá (al Parque Nacional o resguardo indígena)”, explicó Laina.

Estas dinámicas ejemplifican lo difícil que es rastrear la movilidad del ganado y la propiedad de la tierra donde están las reses. En un país como Colombia, donde se consume la carne de 2429 reses cada día, según datos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), no es claro en qué sitios de sacrificio terminan las reses que pastan en áreas protegidas.

Pero, ¿cómo funciona esta dinámica de la ganadería asociada a la ocupación del territorio? Según se lee en un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN): primero “limpian” un terreno tumbando el bosque o quemándolo, luego lo ocupan con ganado y finalmente venden esa tierra. “La verdadera función del ganado no es que se venda carne o cuero, sino ser celadores (guardianes) de la propiedad de la tierra”, le dijo a la BBC el sociólogo y abogado colombiano Alejandro Reyes. Y en ello coincide también  Augusto Castro-Nuñez, ingeniero agrícola que lleva más de 13 años investigando la deforestación en Colombia, quien señaló en una entrevista con Mongabay Latam que la “ganadería finalmente conlleva a la adquisición de la tierra, posteriormente al acaparamiento de la misma y luego a su venta”.

En este contexto, Juan Carlos Losada, representante a la Cámara del Partido Liberal, presentó por segunda vez un proyecto de ley para crear mecanismos que permitan rastrear el ganado en Colombia y así evitar que esta actividad siga provocando deforestación. Los ponentes del texto del proyecto son las representantes a la Cámara Julia Miranda (del Nuevo Liberalismo y ex directora de Parques Nacionales), Olga González (Partido Liberal) y Leyla Rincón (Pacto Histórico).

“Lo que hemos identificado es que la ganadería es una de las principales causas de la deforestación en Colombia. Y la deforestación es el principal problema ambiental de nuestro país. Más del 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la transformación de suelos”, dijo Julia Miranda en una entrevista con Mongabay Latam.

La primera vez que se presentó la propuesta de ley, en 2021, se archivó sin ser aprobada en ningún debate al no ser considerada una prioridad en la agenda legislativa de los congresistas. Esta vez ya superó su primer debate, pero aún le faltan tres.

Mongabay Latam consultó a expertos en el tema para explicar los puntos claves de este  proyecto de ley.

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Utilizar los datos para detener la deforestación

En Colombia, la información sobre registro y movilización de ganado no se cruza con la de deforestación y de propiedad de las tierras. Esto impide que se sepa con claridad a quién pertenece la finca cuyas vacas pastan ilegalmente en parques naturales o resguardos indígenas.

Es por eso que la principal apuesta de este proyecto de ley es el cruce o ensamble de al menos cuatro sistemas de información relacionados con el ganado, los bosques y el uso de tierras.

¿A qué sistemas se refieren? El primero de ellos es el Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino (SINIGAN) que reúne información de las reses desde su nacimiento hasta la llegada al consumidor final, incluyendo su ubicación, el inventario de vacunación y movilización. Esta base de datos es manejada por el ICA y fue creada por la Ley 914 de 2003. Su objetivo es que lleguen productos lácteos o cárnicos de alta calidad a los consumidores. Su información es útil en procesos de certificaciones de hatos libres de enfermedades o con buenas prácticas ganaderas y sanitarias.

El SINIGAN, además, contiene los registros del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal (SNIITA), creado por la Ley 1659 de 2013. También contiene la base de datos del Sistema de Información para Guías de Movilización de Animales (SIGMA), que se creó en 2014 y cuya función es tener un control del transporte de las reses para evitar el contrabando y la diseminación de enfermedades. Asimismo, asigna cupos máximos de reses a mover por finca, recolecta información de coordenadas y nombre del predio de donde provienen las vacas.

El segundo es el Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono y el Registro Nacional de Zonas Deforestadas, administrados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). El tercero es el sistema de catastro del del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y, por último, está el Registro de la Propiedad Inmueble, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), que reúne información sobre las transferencias de predios como compraventas, permutas o intercambios de propiedades con valores similares, sucesión o fallos de jueces.

Alejandra Laina, de la FCDS, valora positivamente el proyecto de ley y su propuesta de conectar estos sistemas, pues para la experta es clave contar con una herramienta que permita seguir el ganado desde su nacimiento hasta la venta. Además resalta la importancia de utilizar datos que están disponibles y que no están siendo cruzados. “SINIGAN opera por sí solo, para las guías de movilización te pide una coordenada, pero esa coordenada no se cruza con ordenamiento (territorial), entonces no sabes si está en un resguardo, una reserva forestal, dentro de una finca. El sistema de bosques es otro, no interopera (se cruza) con Sinigan. Si lo logran hacer, sería ideal”, precisa.

La urgencia de ordenar el territorio

En Colombia, las grandes fincas de más de 200 hectáreas suman el 43.9 % de la tierra, porcentaje que está en manos de un 1.6 % de los propietarios, según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Departamento Nacional de Estadística (DANE). Esta distribución y ocupación del territorio no ha sido, en muchos casos, reconocida por todas las entidades del Estado, por lo que urge poner en orden el tema de la propiedad.

Esa es la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha en 2016 el proceso del catastro multipropósito, que consiste en la creación de un sistema actualizado de datos que pretende definir la titulación, formalización, tamaño y restricciones de uso de predios que han estado en una ambigüedad jurídica sobre su propiedad. Se trata de una especie de censo de la tierra que apunta a renovar y nutrir el Sistema Nacional Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), que contiene información de propiedad, valor y uso del territorio. Su creación es compleja porque requiere recolectar información en municipios en donde hay pocos datos oficiales o no los hay, y en los que existen contextos de alto riesgo de seguridad y donde se necesitan métodos de mapeo de la tierra como los vuelos con drones. Según cifras del IGAC, la actualización del catastro multipropósito ya se ha realizado en un 40 %.

El proyecto de ley también propone que la Agencia Nacional de Tierras (ANT), encargada del manejo de los terrenos estatales o baldíos, realice la creación de matrículas inmobiliarias para estos, como los que están en los parques naturales nacionales. Las matrículas inmobiliarias y sus certificados de tradición y libertad son documentos que recogen información de los linderos o límites, así como la extensión de un terreno o el historial de transferencias de su titularidad.

Juan Manuel Pinzón, abogado en temas ambientales de la FCDS, apoya la propuesta. “Más de la tercera parte del país son reservas. El certificado de tradición te permite tener un número de catastro. Este te envía a un mapa con los límites, con toda su historia e información, pues no es suficiente con saber que ese terreno simplemente es del Estado. Imagínate hacer esa tarea en una tercera parte del país. Cualquier elemento que alimente o permita la identificación de un predio incluidos los baldíos de la nación, es bienvenido”, dijo Pinzón.

Para la congresista ponente del proyecto, cruzar la información disponible es clave. “Nos va a permitir saber si el ganado o el predio donde están las reses [por eso también se vinculan los sistemas de catastro y registro de la propiedad inmueble], está vinculado a procesos de deforestación”, dijo la representante Julia Miranda.

Pero esta es solo una parte del trabajo en el camino para detener la pérdida de bosque, dice Sandra Durango, investigadora y zootecnista especialista en acuerdos de cero deforestación, instrumentos público-privados para que las cadenas productivas no tumben bosques. “El solo cruce de la información no va a servir. En Colombia hay que fortalecer la capacidad de las instituciones como el IDEAM, su capacidad de monitoreo [de los bosques]. También el uso que se le da a la información de movilización de ganado que hoy es específicamente sanitario. Y la información del catastro está desactualizada. Es uno de los puntos críticos para la trazabilidad en Colombia, tener realmente la ubicación y la georreferenciación de cada predio ganadero, que sea real, verídica”.

Durango además resaltó la importancia de los acuerdos de cero deforestación, iniciativas que buscan garantizar que las redes de proveedores de ganado, lácteos y carne no tumben bosques. Y valoró el diálogo con los campesinos y ganaderos como prioritario para buscar soluciones. “[No mejorará la situación] si no generamos un trabajo territorial con los productores de carne y leche, si no se hace sensibilización de porqué es importante el tema de trazabilidad. Se necesita generar confianza”, dijo.

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Fiscalizar las redes de proveedores y centros de sacrificio 

El proyecto de ley señala que la red de proveedores de leche y carne para grandes empresas, así como los centros de concentración y sacrificio de ganado, deberán asegurar en un plazo de dos años que las prácticas empleadas no fomentan la deforestación ni afectan a las áreas protegidas. El ICA y el Ministerio de Ambiente tendrán seis meses para formular dicha política específica que deberán cumplir las redes de proveedores, los centros de concentración y sacrificio.

Roberto Bruce, director jurídico de la agremiación de ganaderos de Colombia Fedegán, le dijo a Mongabay Latam que participaron en las discusiones de este proyecto de ley y que lo ven de manera favorable. También resaltó que la ganadería no se opone a  la conservación de los bosques amazónicos y reiteró que las reses nunca deben entrar a parques naturales. “Desde Fedegán hemos sido precursores en la implementación de los sistemas silvopastoriles, en sistemas que sean amigables con el medio ambiente, que ayudan a la captura de carbono”, indica Bruce. La ganadería silvopastoril integra árboles y arbustos con las reses, no únicamente pastos como ocurre con la práctica extensiva.

La propuesta de ley también contempla que la banca deberá practicar la debida diligencia al otorgar créditos para ganaderos en zonas con alta deforestación. De ser aprobada la propuesta legislativa, la Superintendencia Financiera emitiría una política que regule la materia.

Alejandra Laina, de la FCDS, señala que la Superfinanciera —como se refieren coloquialmente a la entidad bancaria— ya tiene avances: “La Superfinanciera ha estado interesada en ver cómo se hace, ha trabajado en cómo poner a operar los sistemas de información, para entender desde donde se piden los créditos. Por lo menos ya está ese interés”. Además añade que en el tema de trazabilidad del ganado colombiano también serán importantes las normas que están diseñando Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

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Financiación y seguimiento de la trazabilidad

En Colombia no se parte de cero en el tema de reglamentación de la trazabilidad del ganado. Desde que se instauró la Ley 1659 de 2013, en el país existe una Comisión Nacional del Sistema Nacional de Identificación, Información y Trazabilidad Animal conformada por el Ministerio de Agricultura, el de Comercio, Transporte, el Departamento Nacional de Planeación, el ICA, la Policía Nacional, un representante de los gremios y el Ministerio de Salud. Esta nueva propuesta de ley agrega la presencia del Ministerio de Ambiente para que las decisiones sobre trazabilidad del ganado tengan en cuenta las dinámicas de deforestación.

Respecto a la financiación de los mecanismos de trazabilidad ganadera, el proyecto de ley pide a las entidades que busquen los recursos en un plazo de seis meses. El exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, es escéptico sobre la financiación de las políticas de trazabilidad de ganado en caso de que se apruebe el proyecto. “Creo que no existen los recursos económicos para montar un sistema robusto”, señaló a Mongabay Latam.

*Imagen principal: Ganado en Colombia. Foto: Ministerio de Agricultura de Colombia.

*Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por David Tarazona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mongabay Latam / Guillermo Rico

La ganadería representa una de las actividades más importantes en Colombia, no solo por sus aportes directos en la alimentación, sino por todas aquellas actividades derivadas a partir de la transformación de sus productos. La actividad ganadera contribuye a la economía local generando empleo y utilidades al sector rural, además de su papel indirecto en la producción industrial.

Sin embargo, el establecimiento de la ganadería en el territorio colombiano tiene un alto costo ambiental. Pérdida de hábitats naturales, fragmentación de ecosistemas y disminución en la productividad de los suelos se cuentan dentro de las consecuencias del modelo ganadero que actualmente prospera en el país.

 Un poco de historia

La explotación ganadera, que desde el siglo XIX se concentró en los climas cálidos estacionales de sabana y en las zonas de bosque seco tropical de la región Caribe y de los valles interandinos, ha sido la principal causa de la pérdida de la cobertura de los bosques secos tropicales en Colombia.

La ganadería se inició en América aprovechando los ecosistemas de sabanas naturales presentes en varias regiones del Caribe, la Orinoquia y la Pampa argentina. Poco a poco avanzaría acompañando los desmontes de los bosques de los ecosistemas secos y húmedos, así como las laderas de las montañas y los altiplanos. Los animales traídos de la península ibérica con el paso del tiempo se fueron adaptando a las nuevas condiciones y varios núcleos se transformaron en razas criollas.

Para finales del siglo XIX y comienzos del XX se dieron las primeras importaciones de animales de razas europeas especializadas en la producción de leche o carne como Shorthorn, Aberdeen Angus, Holstein, Charolais y Normando. En paralelo se dio la introducción de gramíneas africanas como el puntero (Hyparrhenia rufa), gordura o yaraguá (Melinis minutiflora) y guinea (Panicum maximum) caracterizadas por su agresividad, tolerancia al fuego y capacidad de producir semillas de fácil multiplicación en grandes cantidades.

La introducción del tipo de ganado fue diferencial dependiendo de las características agroambientales de las regiones. Fue así como razas como el ganado Brahman se introdujeron en las zonas bajas con climas extremos producto de largas sequías, altas temperaturas o exceso de lluvias; mientras que en las regiones de alta montaña y altiplanos como la sabana de Bogotá, donde el clima más moderado, se inició la crianza de razas europeas especializadas en conjunto con el establecimiento de pasturas foráneas como kikuyo (Pennisetum clandestinum) y falsa poa (Holcus lanatus).  Con el tiempo estos animales de pastoreo fueron determinantes para consolidar el modelo político y económico de control del territorio a través de la propiedad privada y consolidar el hato ganadero que ronda los 23 millones de cabezas de ganado vacuno.

Conservación y desarrollo

De acuerdo con Jorge Triana, veterinario e investigador de la Universidad de la Salle, “la producción agropecuaria es necesaria para el desarrollo de un país, sin embargo estas actividades hacen un uso intensivo de los recursos. Actualmente, hay más incentivos para las actividades agropecuarias que los existentes para conservación, o simplemente es más rentable producir que conservar”.

La ganadería basada en pastoreo, también conocida como de tipo extensivo, ha realizado el mayor cambio en los paisajes rurales y debe reconocerse como un proceso de enormes repercusiones ambientales y sociales.

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Para Javier González, veterinario e investigador de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, los ecosistemas naturales se han visto afectados por los sistemas productivos, “desde el establecimiento de ganaderías de engorde en los llanos orientales, Magdalena medio o la Costa Atlántica, hasta lecherías especializadas en zonas de páramo y alta montaña en los Andes”.

Todo esto ha sido en gran parte producto del modelo productivo establecido en el país. “La concepción de la producción agropecuaria nacida a mediados del siglo XX, define que toda planta diferente al pasto se considera maleza, así se inicia la deforestación y con ella las afectaciones sobre el suelo que producen la pérdida de fuentes de agua, biodiversidad y fertilidad, entre otros”, le dijo González a Mongabay Latam.

El uso de la tierra

De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), Colombia tiene 6,6 millones de hectáreas de tierra irrigable, pero solo el 12.8 % de estas cuentan con mejoras en riego y drenaje. Resulta preocupante que, a pesar del reciente censo agropecuario, aún no existen medidas que fomenten el uso adecuado de la tierra. Actualmente se utiliza solamente 3 % de las hectáreas con potencial para plantaciones forestales, únicamente se utiliza el 23 % de tierra apta para actividades agrícolas, mientras que para ganadería se utiliza casi el doble de hectáreas aptas para esta actividad.

“La principal razón del impacto ambiental de la ganadería es el inadecuado uso del suelo que en su mayoría va en contra de la vocación del mismo. Esta inadecuada gestión del territorio termina impactando negativamente las fuentes de agua, las zonas de importancia ecosistémica como los páramos, y degradando los recursos de manera sustancial”, manifestó Jorge Triana a Mongabay Latam.

Transformación de ecosistemas naturales

Según un informe del Centro de Investigación Económica y Social (Fedesarrollo), en Colombia las principales causas de la deforestación son la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente para ganadería extensiva, siembra de cultivos ilícitos, tala ilegal, minería e infraestructura, incendios forestales y presión por el crecimiento poblacional.

La ganadería extensiva representa casi el 60 % de la deforestación en el país según la investigadora Helena García de Fedesarrollo. Esta incluye tanto a aquellas ganaderías que mantienen ganado con fines productivos, como las inversiones que solo buscan asegurar la tenencia de la tierra mediante la introducción de ganado en pie.

En la transformación de los ecosistemas naturales existe un hilo conductor entre la ganadería y la tala y quema de bosques. Tal es la magnitud con que este proceso se ha realizado en los países tropicales como Colombia, que condujo en las décadas pasadas al señalamiento internacional de la ganadería como una gran amenaza ecológica del bosque tropical. Pero también en las actividades pecuarias de pastoreo se generan otros impactos ambientales negativos como la erosión y compactación del suelo; la uniformidad genética al privilegiarse el monocultivo de gramíneas mediante quemas estacionales y eliminación de la sucesión vegetal por medios químicos (herbicidas) o físicos; la desecación de humedales; la construcción de vías de penetración; la demanda creciente de madera para cercos, corrales de manejo y camiones ganaderos; la contaminación del agua y el suelo por fertilizantes sintéticos y plaguicidas, así como las emisiones de gases producidas por la quema de combustibles en el transporte terrestre y fluvial de animales vivos o sus productos.

Según Fedesarrollo, la Amazonía es la región con más hectáreas deforestadas, principalmente para introducir pastizales para ganado. “Entre 2000 y 2005, 278 111 hectáreas de bosque fueron transformadas a pastos (49 % de las hectáreas transformadas). En ese periodo se observa también transformación a zonas agrícolas (20 %) y bosque degradado (26 %), indicativo de tala selectiva, cultivos ilícitos o fuego. Entre 2005 y 2010 disminuyó la deforestación en la región. Sin embargo, entre 2005 y 2010 la transformación de bosques a pastos se mantuvo como el primer factor de deforestación, explicando dos terceras partes del área deforestada en la Amazonía”, resalta el informe de Fedesarrollo.  Esto resulta preocupante por la pérdida en biodiversidad que significa pasar de bosque amazónico a pastizales para ganado, y por el bajo nivel de sostenibilidad de la actividad por la pobreza de los suelos en la región.

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En la Orinoquía (suroriente de Colombia), el 30.3 % del área de la región presenta tierras intensamente transformadas, localizadas principalmente en el piedemonte llanero de los departamentos de Meta y Casanare. Estas tierras se han convertido principalmente en tierras con pastos introducidos o naturalizados, dedicados al pastoreo semiintensivo y extensivo de ganado bovino.

En las regiones Andina, Caribe y Pacífica de Colombia el panorama tampoco es alentador, ya que la potrerización es significativa, seguramente como consecuencia de ser las regiones de mayor desarrollo y crecimiento urbano en el país.

Erosión 

Según González, la ganadería en alta montaña y en páramo genera un proceso de deforestación y despojo de la capa vegetal natural para ser reemplazada por pasturas. “El efecto de estas actividades es la imposibilidad de que el agua se infiltre al suelo, busque otros caminos y arrastre consigo la capa vegetal: el resultado es la erosión”, afirma.

En el caso de los potreros, la compactación resultante del tránsito de los animales afecta de forma negativa el flujo del agua a través del perfil y la estabilidad estructural, procesos que causan erosión superficial y deslizamientos.

La presencia de animales grandes genera daños como compactación y contaminación del suelo, provocando la pérdida de la capacidad de almacenamiento de agua en páramos o la erosión y falta de productividad en suelos ácidos como la altillanura. “Una vaca de 530 kilogramos ejerce 250 kPa de tensión vertical al caminar sobre un terreno plano. Este proceso es mucho más dañino cuando la vaca sube una pendiente pronunciada, ya que en este caso, la masa se concentra en las patas traseras cuando el animal asciende. Estos procesos de compactación afectan el desarrollo de las plantas porque el suelo genera más fuerza mecánica sobre la raíz, así su crecimiento es más lento”, destacó González.

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Esta degradación ha llevado a una pérdida acelerada e irreversible del suelo y con ello la productividad, lo que conduce a una ganadería más costosa, menos competitiva e insostenible a través del tiempo. La reducción de la productividad de los pastos por compactación de los suelos tiende a compensarse con el incremento de consumo de los suplementos y concentrados que afectan la rentabilidad del sistema.

Contaminación del agua

“Los ecosistemas de páramo y alta montaña han sido afectados desde hace más de 40 años por  sistemas productivos de ganadería y agricultura altamente nocivos” afirmó González. Estos ecosistemas, conocidos también como fábricas de agua, tienen como función natural la regulación de flujos de agua y recarga de acuíferos. Dentro de las características de su suelo está la porosidad que les permite almacenar grandes cantidades de agua que es liberada poco a poco. Del agua que producen estos ecosistemas depende el 75 % de la población colombiana y la ganadería los ha estado afectando.

El impacto ambiental de la ganadería sobre el recurso hídrico puede notarse a diferentes niveles, como son la calidad físico-química del agua, la estabilidad del cauce y los organismos acuáticos que viven allí. Todos estos parámetros se relacionan entre sí, y en la medida que se afectan por el uso del suelo, pueden ser empleados para determinar los efectos que este último causa sobre el recurso hídrico.

Para González “un suelo despejado recibe directamente la radiación solar, pierde humedad y afecta el desarrollo de plantas nativas e introducidas, esa pérdida el hombre la compensa con fertilizaciones calcáreas y nitrogenadas que causan contaminación de aguas superficiales y profundas”.

Baja productividad

Además del enorme costo ambiental que supone el actual sistema de producción ganadero en Colombia, la ganadería en el país dista mucho de ser productiva. Precisamente, indicadores como el ciclo ganadero (cinco años), la capacidad de carga (0.6 cabezas/hectárea) y el número de terneros/vaca/año evidencian la pobre rendimiento de esta actividad económica ampliamente difundida por todo el país. Esto quiere decir que la ganadería en Colombia no es un buen negocio ni para el ambiente ni para el bolsillo de los ganaderos.

En este sentido, el DNP ha estimado que, a pesar de que en los últimos años se ha presentado un descenso en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) agropecuario y ha disminuido la importancia del sector en el PIB nacional, no se ha observado un descenso similar en la deforestación causada por la expansión de la frontera agropecuaria. Esto es producto de la falta de coherencia entre la vocación del territorio y su uso actual y al uso de tecnologías y prácticas inapropiadas para su aprovechamiento que generan ineficiencia económica en el uso del suelo, y de paso un serio impacto ambiental.

Soluciones potenciales

La reconversión ambiental de la ganadería es posible a diferentes niveles de análisis y depende de los actores sociales involucrados en las actividades productivas, su capitalización, nivel empresarial, organización y cultura así como de las características biofísicas y el estado de los recursos naturales.

Bajo este orden de ideas han surgido propuestas que recomiendan una combinación de estrategias educativas, tecnológicas, políticas y económicas. Precisamente, en los últimos años los sistemas silvopastoriles han cogido fuerza entre los ganaderos del país, gracias a un trabajo conjunto entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), el Centro para la Investigación en sistemas sostenibles de Producción Agropecuaria (CIPAV), The Nature Conservancy, el Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

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Los sistemas silvopastoriles son arreglos agroforestales que combinan el cultivo de arbustos forrajeros para alimentación del ganado asociados a pasturas tropicales mejoradas con densidades que fluctúan entre los 25 a 500 árboles por hectárea. Este tipo de sistemas pueden desarrollarse también asociados al cultivo de árboles maderables o frutales para el autoconsumo, la industria o la protección de la biodiversidad y la conexión de paisajes fragmentados.

En zonas de ladera, los árboles asociados a las praderas ganaderas ejercen un efecto protector adicional al retener el suelo en las pendientes. La variedad de especies arbóreas es importante porque se requieren raíces de diferentes profundidades para retener el suelo en forma efectiva, particularmente durante los aguaceros torrenciales. Además, de acuerdo a Enrique Murgueitio, investigador del CIPAV, los sistemas silvopastoriles generan beneficios adicionales para fincas ganaderas y permiten un ahorro de combustibles fósiles y por lo tanto reducen las emisiones de gases de invernadero en diversas formas.

Triana por su parte considera que “un balance de modelos mixtos de producción, como esquemas de pago por servicios ambientales puede resultar en un mejor uso del territorio, sin disminuir la calidad de vida de sus pobladores y asegurando la sostenibilidad de los recursos”.

Para Murgueitio es posible realizar cambios importantes en los sistemas de manejo ganadero que implican entre otras cosas su intensificación, mayor productividad y generación de bienes sociales y servicios ambientales (regulación hídrica, captura de carbono, conservación de la biodiversidad) en forma simultánea al incremento de la cobertura vegetal, liberación de áreas críticas por su deterioro o estratégicas por su valor como fuente de servicios ambientales en especial todo lo relacionado con la regulación del ciclo hídrológico a escala de predios y de microcuencas.

“Un mayor  conocimiento y uso apropiado de los forrajes tropicales para la alimentación de rumiantes, favorecerá por un lado un adecuado reciclaje de nutrientes, disminuyendo el uso excesivo de fertilizantes y agroquímicos, lo cual resultará en mejores indicadores productivos, maximizando el uso de la tierra y permitiendo otras actividades en el territorio”, manifestó Triana, experto en producción animal.