Alejandro se pasea solo en el estanque artificial de agua. Es el único que se mantiene fresco porque ningún otro cocodrilo se atreve a entrar en esa poza mientras este macho de casi cuatro metros de largo esté sumergido. Para refrescarse, los otros reptiles que comparten el mismo espacio deben ingresar al mismo tiempo o esperar a que Alejandro decida salir del agua, así evitan cualquier inconveniente, porque este cocodrilo de Tumbes (Crocodylus acutus), como todos los de su especie, es muy territorial.

Cuando sale, su presencia es imponente. Pero no es el único que impacta en el Centro de Conservación del Cocodrilo de Tumbes. La imagen también es asombrosa cuando todos los otros cocodrilos dentro del corral se deslizan para entrar o salir de las pozas.

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Detrás de las mallas parecen petrificados bajo los 32 grados que marca el termómetro ese sábado por la mañana en que un equipo de Mongabay Latam recorrió el centro de conservación. Este sitio forma parte del Centro de Acuicultura Tuna Carranza, ubicado en Puerto Pizarro, Tumbes, en el norte de Perú, un lugar destinado a la protección de esta especie en cautiverio, al ecoturismo y a proyectos de investigación para la reproducción de conchas negras y de peces como el robalo.

“Los turistas que vienen se asombran cuando nosotros estamos adentro, haciendo mantenimiento, a veces preguntan ¿por qué no los agreden? Yo les digo: porque ellos han nacido acá, están acostumbrados a la presencia humana, pero tampoco son muy confiables», dice Juan Manuel Pulache, quien forma parte del equipo de cinco técnicos y dos profesionales que se encargan de atender todos los días a los 321 cocodrilos que viven en este centro.

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Tres décadas cuidando al cocodrilo

Pulache y el resto del equipo ingresan a los corrales para atenderlos. Entran cuando se percatan de que los cocodrilos han pasado mucho tiempo fuera del agua de las pozas para lograr que se deslicen dentro del agua. También para alimentarlos con trozos de pollos o pescados y mientras lo hacen, quienes observamos desde el borde de los corrales podemos ver cómo devoran sus presas con sus afilados dientes.

Diego, un cocodrilo grande de tres metros y medio y más de 40 años, es otro de los engreídos de Pulache, junto a  Chalo y Godzilla. Actualmente hay 321 cocodrilos en este centro de conservación distribuidos en 12 corrales. Por ahora, los machos están separados de las hembras porque el centro ha alcanzado la capacidad máxima para albergar a los animales, por tanto, ya no deben reproducirse. “El Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] nos ha recomendado que hagamos un paréntesis en la reproducción”, comenta el ingeniero pesquero Flavio Saldarriaga, responsable del Centro de Acuicultura Tuna Carranza del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

Mientras caminamos entre los corrales donde viven los cocodrilos, Saldarriaga cuenta cómo nació este centro de conservación. “En 1996 se hizo la captura de 40 animales para ponerlos en cautiverio. Ahora tenemos 321 cocodrilos de diferentes estadios: juveniles, adultos y reproductores”.

El cocodrilo de Tumbes, también llamado cocodrilo americano, es una especie que habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Aunque está considerado como Vulnerable en toda su extensión, en Perú aparece En Peligro Crítico de extinción.

“En su hábitat natural las densidades poblacionales son bajas, por eso se encuentra categorizada En Peligro de extinción y bajo el Apéndice I de CITES [Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres]”, agrega Saldarriaga. En el Apéndice I se incluyen las especies con el mayor riesgo de extinción, por tanto, está prohibido su comercio internacional.

La caza ilegal para el comercio de su piel y de su carne ha sido una de las causas de la reducción de la población de esta especie. “La expansión agrícola y la expansión acuícola ha reducido también el hábitat del cocodrilo”, agrega Saldarriaga.

Otra causa para la reducción de la población de esta especie tiene que ver con la disminución de su alimento. “El río Tumbes se ha visto amenazado por la contaminación de sus aguas a consecuencia de los residuos de la minería ilegal que llega desde Ecuador”, explica Harold Sánchez, director de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico de Acuicultura de Fondepes, un organismo que forma parte del Ministerio de la Producción (Produce).

Sobre la problemática de la contaminación explicó que la polución de la cuenca Puyango-Tumbes proviene de las actividades mineras en Ecuador (provincia de El Oro) y la inadecuada gestión de los residuos vertidos a lo largo del río.

Esta contaminación reduce la cantidad de peces que son el alimento de los cocodrilos. A ello se suma que esta disminución de peces también impacta en la población de las aves, que muchas veces son también alimento de los cocodrilos, por tanto, “cada vez encuentran menos alimento”, agrega Sánchez.

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Una población en recuperación

“El cocodrilo de Tumbes es una de las especies únicas en Perú. Se le encuentra en todo el departamento, pero mayormente desde el origen del río Tumbes hasta la desembocadura en el mar”, explica George Reyes Rueda, médico veterinario zootecnista de la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre y Asuntos Ambientales Agrarios de Tumbes.

Reyes reafirma que esta especie llegó al borde de la extinción como consecuencia de la caza ilegal para la comercialización de su piel. “Era muy difícil verlo en su hábitat natural, pero actualmente podemos verlos por diferentes zonas en el departamento de Tumbes, gracias a los cuidados, al monitoreo, a todos los esfuerzos que se han sumado para su protección”, dice Reyes.

Sin embargo, las amenazas para esta especie no se han terminado. Reyes cuenta que en diciembre de 2025 la Policía incautó 37 crías de cocodrilo que estaban siendo trasladadas en un vehículo, posiblemente para el comercio ilegal. Tras el decomiso, los pequeños cocodrilos fueron liberados en su hábitat natural.

También se han dado casos en los que se han encontrado cocodrilos en las playas. “Hace poco encontramos un cocodrilo de 3.5 metros de largo en playa Hermosa [distrito de Corrales, Tumbes] y lo entregamos en custodia al centro de conservación, debido a su tamaño es un poco difícil devolverlo a su hábitat.”, cuenta Reyes. “Cuando son más pequeños si es posible llevarlos a su hábitat natural”.

“La demanda de espacio para la expansión agrícola y urbana va reduciendo el hábitat del cocodrilo, es por eso que buscan otros lugares y muchas veces terminan en canales de regadío agrícola, cerca de los pueblos, como en el caso de Corrales; también son arrastrados al mar en temporada de lluvia y llegan a las playas”, explica Reyes.

Mientras esto sucede en su hábitat natural, dentro del centro de conservación los especialistas se esfuerzan por conocer más de esta especie. “Evaluamos su comportamiento, su alimentación y tenemos todos los protocolos para el manejo en cautiverio desde que el animal nace”, explica Saldarriaga.

Enero es el mes en que nacen los cocodrilos y desde ese momento empieza la etapa de adaptación del neonato. Los siete primeros días se les da alimento, porque estos animales comienzan a comer a partir de los siete días de nacido. “Les damos papilla de hígado de pollo  mezclados con cangrejos, con peces, hacemos una molienda y la complementamos con vitaminas de acuerdo al peso corporal”. Para el segundo año se les cambia de dieta y los alimentan con pollo picado. A medida que van creciendo las presas de pollo son más grandes pero siempre tienen complementos vitamínicos. “Ese es nuestro protocolo de alimentación”, explica Saldarriaga.

De acuerdo con el Protocolo de Crianza del Ccocodrilo de Tumbes, elaborado por Fondepes, el centro de conservación fue establecido para la crianza en cautiverio de esta especie y garantizar procesos posteriores que eviten su extinción. Por ahora no se han establecido las condiciones para que los especímenes que habitan en el Tuna Carranza retornen a su hábitat natural.

Otro protocolo que han elaborado en el centro de conservación es el manejo de la reproducción. “Manejamos la proporción sexual que debemos tener en un corral. Nosotros hemos trabajado con la proporción de un macho y cuatro o cinco hembras. También hemos evaluado el comportamiento de la hembra cuando está cuidando su nido. Toda esta información sirve para la academia y para los estudiantes de veterinaria, pesquería, ingeniería forestal y medioambiente que vienen al centro para hacer sus prácticas”.

En el laboratorio del centro de conservación también analizan muestras de sangre de los cocodrilos y enseñan a los practicantes a pesarlos, tomarles la talla, la temperatura corporal de los animales, cortarles las uñas a los cocodrilos y hacerle curaciones.

También analizan el fitoplancton y zooplancton de los tanques de agua para saber cuáles son las microalgas dominantes en este cada de agua, entre otros análisis para mantener en buen estado a los cocodrilos.

Harold Sánchez, de Fondepes, aclara que el costo de este centro de conservación es de alrededor de medio millón de soles al año (unos 150 000 dólares), considerando la población actual. La propuesta inicial del centro de conservación, explica Sánchez, era llegar a reproducir 1000 cocodrilos en cautiverio para empezar a liberarlos en su medio natural.

Pero esto no ha ocurrido, pues para que se concrete se tendría que ampliar la infraestructura y contar con por lo menos el triple de presupuesto para su funcionamiento. “Cuando son pequeños pueden estar juntos en un corral, pero cuando crecen se ponen territoriales y pueden ser agresivos, entonces, es necesario separarlos. Si no contamos con más corrales tenemos esa limitación, por eso hemos frenado la reproducción”, comenta Sánchez.

Alejandro, Diego, Chalo y Godzilla, por ejemplo, son grandes cocodrilos que dominan el espacio en el que se encuentran. Por ahora, no hay opción a un crecimiento. La propuesta que se mantiene pendiente hace ocho años es concretar la transferencia del centro de conservación al Gobierno Regional de Tumbes.

“Actualmente, Fondepes asume el cuidado de los animales, pero ya hemos decidido que se tiene que transferir no solo la infraestructura, sino también el encargo del cuidado de esta especie”, afirma Sánchez. Sin embargo, el funcionario de Fondepes aclara que el proceso de transferencia está suspendido porque actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) está actualizando las directivas de transferencia para que se concrete el proceso no solo para este sector, sino para todos los sectores. “Es un tema normativo, un documento de gestión que ya ha sido elaborado y se encuentra en revisión”.

Mientras las decisiones administrativas siguen su proceso y se decide si los trabajos de conservación de los cocodrilos en Tumbes en el centro Tuna Carranza pasan pronto a manos del gobierno regional o permanecen a cargo de Fondepes, este refugio mantiene sus puertas abiertas para los visitantes que quieren conocer a la especie y ver a sus cuidadores interactuar con ellos.

“Siempre mantenemos una distancia de ellos, no los molestamos, ni los tocamos. Siempre hay respeto hacia ellos. Cuando son pequeñitos podemos cogerlos, pero cuando son grandes lo hacemos entre varios, solo si es necesario” dice Juan Manuel Pulache. “A veces, mientras  guío a los turistas, llamo a los cocodrilos por su nombre y ellos vienen hacia mí”.

*Imagen principal: el cocodrilo de Tumbes o cocodrilo americano habita desde en sur de Florida, en Estados Unidos, hasta el norte de Perú. Foto: Leandro Amaya/Mongabay Latam.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A finales de 2018, mientras recorrían el Páramo de Almorzadero, en Santander, monitores comunitarios encontraron dos cóndores andinos (Vultur gryphus) tendidos en el suelo. Aunque seguían con vida, presentaban signos evidentes de envenenamiento. Tras el aviso oportuno, se logró organizar un operativo que trasladó a las aves al Parque Jaime Duque, en Cundinamarca, donde comenzó su proceso de rehabilitación. Ambos sobrevivieron y recibieron nombres: Illika, una hembra adulta, y Dasan, un macho juvenil. Antes de regresar a su hábitat —en una liberación celebrada como un hito para la conservación en Colombia—, fueron equipados con rastreadores satelitales. Así, casi dos meses después, emprendieron el vuelo de regreso a casa: el páramo.

El objetivo de un grupo de investigadores y organizaciones aliadas era vigilar su estado físico, asegurarse de que seguían activos, sin caídas ni complicaciones posteriores a la intervención y manejo en cautiverio. Sin embargo, los datos recolectados comenzaron a revelar algo más: información muy valiosa sobre sus patrones de movimiento y comportamiento en libertad.

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“La hembra se desplazó, en menos de dos días, más de 300 kilómetros”, explica la bióloga María Alejandra Parrado Vargas, investigadora de la organización PROCAT Colombia. “Llegó hasta el otro extremo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, y comenzó a darnos luces para comprender que no estamos hablando de ‘los cóndores de Santander’ o ‘los cóndores de Santa Marta’, ni de poblaciones del centro, sur o norte del país, sino de una población compartida entre el Caribe y los Andes nororientales de Colombia”.

Los resultados de este monitoreo, junto con los obtenidos por otros tres cóndores rastreados en Ecuador, fueron publicados en la revista Perspectives in Ecology and Conservation en una reciente investigación que identifica las áreas prioritarias de conservación para el cóndor andino en Colombia.

“Fuimos desmenuzando la ecología de la especie y aprovechando la información sobre los individuos”, explica José Fernando González Maya, director de PROCAT Colombia. “Nos preguntamos: ‘Bueno, ¿cuáles son esos sitios clave?’. A partir de ahí, empezamos a utilizar la información derivada de todos estos individuos para identificar cuáles eran las principales características que explican por qué los cóndores escogen ciertos sitios y no otros. Es decir, no se reproducen aleatoriamente ni escogen cualquier sitio. Entonces dijimos: identifiquemos esas particularidades y busquemos dónde se repiten. De cierta forma, podremos predecir los sitios más importantes para conservar a la especie”.

Los resultados mostraron que Colombia cuenta con al menos 19 571.33 kilómetros cuadrados de hábitat adecuado para dormideros de esta especie, pero más del 30 % de esta área se encuentra actualmente bajo riesgo de conservación debido a severos impactos antropogénicos. Por ello, los especialistas sugieren acciones diferenciadas para cada zona priorizada, de acuerdo con las amenazas potenciales generadas por las actividades humanas.

Dormideros seguros para sobrevivir

El cóndor andino, una de las aves más emblemáticas y móviles de América, enfrenta una amenaza global que pone en riesgo su supervivencia. Su capacidad para recorrer grandes distancias complica la planificación de su conservación, especialmente en países como Colombia, donde su ecología aún es poco conocida, explican los especialistas.

La situación es especialmente grave en este país: desde la década de 1980, el cóndor fue considerado extinto en varias localidades y hoy se encuentra catalogado como en peligro crítico. Durante los últimos treinta años, los esfuerzos de conservación se han centrado en reintroducciones y manejo local, pero a decir de los especialistas, estas acciones no han logrado priorizar ni coordinar adecuadamente las medidas necesarias para garantizar la recuperación efectiva de la especie.

“Si fuéramos muy conservadores y parsimoniosos, casi tendríamos que dejar libres todos los Andes para que existieran grandes poblaciones de cóndores”, explica González Maya. “Pero en este caso lo que necesitábamos era priorizar. No podíamos abarcar toda su distribución ni todas sus zonas de vuelo, así que decidimos enfocarnos en aquellas áreas más importantes y críticas: las zonas reproductivas. Al asegurar los sitios de anidación, garantizamos que la población pueda sostenerse a mediano y largo plazo, y así plantearnos metas de conservación más realistas”.

Según la investigación —en la que participaron investigadores de organizaciones como The Peregrine Fund, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Industrial de Santander y el Pyrenean Institute of Ecology—, los cóndores andinos pueden recorrer más de 300 kilómetros en un solo día. Pero cuando llega el momento de descansar, estas majestuosas aves no eligen cualquier sitio: prefieren acantilados y laderas montañosas empinadas, donde encuentran refugio frente a depredadores y el clima extremo. Estos dormideros no solo les brindan seguridad, sino que también les permiten despegar y aterrizar con mayor facilidad.

“A esto también le sumamos que, generalmente, esta especie utiliza estos sitios para mantenerse alejada de sus principales amenazas, como los humanos”, explica Parrado Vargas. Sin embargo, incluso en esos lugares apartados, el impacto humano sigue presente. El caso de Illika y Dasan lo demuestra con claridad. Ambos cóndores mostraron signos de envenenamiento tras alimentarse de carroña contaminada.

“Allí se encontró un toxicológico que se llama organofosforado, que es ampliamente usado en el manejo agropecuario, pero también para el control de especies como perros ferales, perros domésticos mal manejados, e incluso pumas en zonas como los páramos”, señala Parrado Vargas.

Los cebos tóxicos, colocados con otros objetivos, terminan afectando a los carroñeros como el cóndor, que llega a alimentarse de estos restos sin distinguir el riesgo. “Es una práctica ampliamente utilizada y no la hemos visto solo con estos dos cóndores”, advierte la especialista.

Tomando todo esto en cuenta, el estudio se propuso identificar Áreas Prioritarias de Conservación (APC) en Colombia, tomando como base los dormideros confirmados y cruzando esta información con los niveles de amenaza definidos por el Índice de Huella Humana (HFI, por sus siglas en inglés). El objetivo no era solo mapear los refugios más usados por la especie, sino convertir esa información en una herramienta útil para tomar decisiones concretas: priorizar zonas clave, enfocar esfuerzos de conservación y mitigar con mayor eficacia las amenazas que siguen afectando al cóndor andino en su hábitat natural.

Rastrear el vuelo del cóndor

La investigación se realizó dentro de la distribución histórica del cóndor andino en los Andes colombianos, en un territorio que abarca más de 83 000 kilómetros cuadrados, entre los 1800 y 500 metros sobre el nivel del mar. Esta extensa área fue definida con base en la información más reciente sobre la presencia y distribución de la especie en el país.

Para identificar los sitios de descanso más relevantes, los investigadores recopilaron datos de tres fuentes clave: el seguimiento satelital de Illika y Dasan, monitoreados en el noreste de Colombia entre 2019 y 2021; el registro de tres cóndores —un macho juvenil y dos hembras subadultas— marcados en Ecuador entre 2014 y 2019, también con transmisores satelitales; y observaciones directas en dormideros comunales y ocasionales, así como en un sitio de anidación, realizadas entre 2014 y 2021 en distintas zonas de los Andes colombianos.https://www.youtube.com/embed/VqEiMrlt5iE?si=bPyB1UzJlA5EfJVn

El seguimiento del vuelo de llika y Dasan logró más de 4600 registros GPS, lo que permitió identificar 461 sitios de dormidero en todo el país. Diez de estos fueron verificados directamente en campo. El análisis reveló un patrón claro: los cóndores prefieren descansar en acantilados empinados, expuestos al viento y al sol, baja densidad del aire y orientación sur, como crestas o salientes rocosas.

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Con base en la información recolectada, los investigadores desarrollaron un modelo espacial que permitió clasificar los dormideros según su probabilidad de uso. Determinaron que aquellos con una probabilidad superior al 43 % reúnen las condiciones ideales para el descanso y la supervivencia del cóndor andino. Estas zonas fueron delimitadas como Áreas Prioritarias de Conservación (APC).

“No se trata simplemente de decir ‘hay que protegerlos’, porque eso se vuelve genérico”, señala José Fernando González Maya, director de PROCAT Colombia. “Es evaluar qué tanto inciden las actividades humanas en esos lugares y, según eso, priorizar: lo que está bien conservado hay que mantenerlo así, y lo que está más alterado es donde tenemos que trabajar más fuertemente con las comunidades humanas”. Así, la propuesta establece un gradiente de intervención, que va desde la protección estricta de ecosistemas aún intactos, hasta la implementación de estrategias de manejo participativo en las zonas más afectadas por la actividad humana, sostiene el especialista.

A partir de este enfoque, los investigadores identificaron tres tipos de APC. Las Tipo I corresponden a áreas en buen estado de conservación, con amenazas mínimas o naturales, que deben mantenerse tal como están. Las Tipo II presentan una presión humana intermedia, pero aún albergan dormideros adecuados, por lo que son aptas para acciones de restauración y manejo socioecológico. Finalmente, las Tipo III agrupan zonas con alta presión antropogénica —muchas cercanas a zonas urbanas— y requieren intervenciones urgentes junto a las comunidades locales. Esta clasificación permitió diseñar una hoja de ruta de conservación diferenciada, adaptada a los desafíos específicos que enfrenta la especie en cada territorio.

“Era necesario saber qué condiciones socioeconómicas teníamos en estas zonas para poder hacer acciones de soluciones basadas en la naturaleza, a través de esta especie, y que estas faciliten la mejora en los sistemas del bienestar y la calidad de vida en comunidades”, explica Parrado Vargas.

Tras definir las APC, los investigadores visitaron zonas con riesgo medio y alto por impacto humano para observar amenazas locales más específicas. Entrevistaron a comunidades, instalaron cámaras trampa y detectaron factores como la competencia con zopilotes, la presencia de perros ferales y el uso de cebos envenenados. “Fuimos a ver cómo se relacionaban las comunidades humanas con la especie a través de sus percepciones y de las interacciones socioecológicas, y si había amenazas más a escala local, como el envenenamiento, la persecución con disparos o la propia cacería”, explica Parrado Vargas. Estos hallazgos revelaron dinámicas invisibles en los mapas, pero fundamentales para la conservación.

En resumen, la mayoría de las APC Tipo I —las mejor conservadas— se encuentran en el norte de los Andes y dentro del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. En cambio, las Tipo II y III, más afectadas por la actividad humana, se concentran fuera de esta zona y del nororiente andino. Un punto clave es el corredor de páramos de la cordillera Oriental, que atraviesa Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander: allí se concentra la mayor variedad de zonas prioritarias. Por el contrario, los Andes centrales y del sur ofrecen menos hábitats adecuados para el descanso del cóndor y están más alterados por el ser humano, lo que reduce las áreas Tipo I y aumenta las de mayor intervención.

El futuro del cóndor y las comunidades locales

Parrado Vargas insiste en que la conservación del cóndor andino no puede limitarse solo a trazar líneas en un mapa. Aunque la creación de áreas protegidas o zonas de manejo es valiosa, considera que las estrategias deben ir más allá.

“A veces vemos como la única herramienta de conservación la definición de áreas protegidas o la delimitación de zonas de manejo, pero efectivamente hay otras acciones que se pueden hacer también con las comunidades”, señala.

Involucrar a las poblaciones locales no solo ayuda a reducir amenazas para la fauna, sino que también puede contribuir a disminuir la pobreza estructural, sostiene la especialista. Escuchar sus saberes, integrar sus necesidades y sumar su conocimiento tradicional es clave para construir políticas públicas más justas, efectivas y sostenibles en los territorios donde aún sobrevuelan los cóndores. En eso coincide González Maya.

“La conservación del cóndor es una invitación nacional, es un reto que tenemos como país e incluso como continente”, concluye el especialista. “El cóndor es nuestro emblema, está en nuestro escudo, es el ave nacional y representa a todos los países andinos. Si fallamos en la conservación del cóndor, fallamos como países”.

REFERENCIA

Parrado-Vargas, M. A., González-Maya, J. F., Reu, B., Margalida, A., Sáenz-Jiménez, F. y Vargas, F. H. 2024. Identifying priority conservation areas for the Andean Condor in Colombia. Perspectives in Ecology and Conservation.

Imagen principal: cóndores andinos en vuelo. Foto: cortesía Fausto Sáenz

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un reciente estudio científico liderado por la doctora en Ecología y Biología Evolutiva Rocío Álvarez Varas ha encendido las alarmas sobre la salud de las tortugas marinas que se alimentan en las aguas de Rapa Nui, en el océano Pacífico de Chile. Entre 2018 y 2024, un equipo de investigación analizó muestras de 52 tortugas verdes (Chelonia mydas) en esta isla chilena, encontrando alteraciones fisiológicas que están asociadas con deficiencias nutricionales, infecciones y exposición a contaminantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio fue la detección de concentraciones de mercurio, consideradas entre las más elevadas del mundo registradas en esta especie. Este metal pesado puede tener efectos tóxicos severos en la salud de los animales marinos, alterando funciones inmunológicas, reproductivas y neurológicas.

Las tortugas verdes, una especie catalogada en Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegan a Rapa Nui para alimentarse y permanecer allí durante largos períodos, hasta alcanzar la madurez sexual, que puede tardar hasta 30 años.

“La exposición prolongada a contaminantes en esta etapa crítica de desarrollo plantea serias preocupaciones sobre su supervivencia a largo plazo”, alerta Álvarez.

Aunque todavía no se ha identificado con certeza la fuente exacta del mercurio, los investigadores sospechan que podría estar relacionada con la alimentación oportunista de las tortugas, que consumen restos de peces de gran tamaño —como el atún— que son descartados y lanzados al mar tras las faenas de pesca artesanal. Estos peces, al estar en lo alto de la cadena trófica, acumulan mayores concentraciones de contaminantes, como mercurio, los que podrían estar siendo transferidos a las tortugas.

Este estudio no solo representa una llamada de atención sobre la presencia de contaminantes en los ecosistemas marinos, sino que también abre nuevas preguntas sobre posibles riesgos para otras especies, incluida la salud humana. Una de las hipótesis que los científicos exploran es que el mercurio acumulado en peces de alto nivel trófico, como el atún, no solo podría estar siendo transferido a las tortugas sino también a las personas que los consumen con frecuencia en Rapa Nui.

La doctora Álvarez y su equipo planean continuar investigando para determinar con mayor precisión el origen de esta contaminación, sus vías de transferencia y sus consecuencias ecológicas y sociales.

Las posibles fuentes del mercurio

El hallazgo más inquietante del estudio no solo fue la detección de mercurio en la sangre de las tortugas, sino que los niveles de contaminación están entre los más altos reportados a nivel mundial para la especie Chelonia mydas. Los investigadores encontraron correlaciones directas entre las concentraciones de mercurio y anomalías en los perfiles sanguíneos de los animales: anemia, inmunosupresión y elevados niveles de enzimas hepáticas y renales fueron algunas de las señales fisiológicas que indican un estado de salud deteriorado.

“Estos resultados muestran un cuadro clínico preocupante, especialmente porque hablamos de individuos juveniles, en una etapa clave para su desarrollo y supervivencia”, explica Álvarez, quien también es profesora asociada del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Aunque Rapa Nui se encuentra aislada geográficamente, la presencia de mercurio en estas tortugas sugiere que ni siquiera los ecosistemas más remotos están libres de contaminación. Sin embargo, investigaciones del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI) han demostrado que los peces locales no están contaminados.

“Hicimos un análisis de contaminantes en peces costeros de la isla y los resultados mostraron que tienen los niveles más bajos de mercurio y glifosato de todas las islas del Pacífico”, cuenta el biólogo marino Javier Sellanes, investigador de ESMOI. ¿Cómo se explica entonces que las tortugas estén tan contaminadas? “Porque no se alimentan de esos peces”, dice Sellanes. “Se alimentan de los restos de grandes depredadores, como el atún, que no son locales”.

El atún, como especie pelágica y migratoria, puede recorrer vastas distancias por el Pacífico, acumulando contaminantes en su camino. “Los atunes no son endémicos. Hoy pueden estar en Rapa Nui, mañana en [las islas] Salas y Gómez , y en tres días más en Taiwán. Al ser depredadores tope, van bioacumulando mercurio en sus tejidos. Por eso, sin importar de dónde vengan, siempre tienen niveles altos de mercurio”, añade el investigador.

Para los investigadores, este hallazgo pone en evidencia la necesidad de integrar el conocimiento científico con políticas de manejo costero y, sobre todo, con educación ambiental dirigida a las comunidades.

Desde la mirada local, la presencia de tortugas alrededor de las embarcaciones no genera mayor alarma. “No es que el pescador les dé de comer, pero ellas se acostumbraron al sonido del bote, saben que traen comida”, relata Nels Hereveri, pescador rapanui. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y la tortuga aprovecha el descarte de restos de pescado que lanzamos al mar”, agrega.

La relación no se basa en una alimentación intencional, aclara Hereveri, sino que es una consecuencia de la convivencia cotidiana entre especies que comparten el mismo borde costero. Esta familiaridad también implica otros riesgos: al asociar el ruido del motor con alimento, muchas tortugas se acercan a las embarcaciones y algunas terminan golpeadas, lo que explica las lesiones detectadas en sus caparazones.”El 50 % de las tortugas evaluadas tienen daño en el caparazón probablemente causadas por hélices”, asegura Alvarez.

El fenómeno de bioacumulación —que según una hipótesis del estudio estaría relacionado con el consumo de peces de gran tamaño, como el atún— no solo podría estar afectando a las tortugas, sino también poniendo en riesgo la salud humana.

“Aquí en la isla se come mucho atún. Sabemos que tiene mercurio, pero es parte de nuestra vida, es un pescado exquisito”, comenta Hereveri.

Más allá del impacto ecológico, esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre comunidades humanas y fauna silvestre. No se trata de prácticas negligentes, sino de interacciones tradicionales que hoy se ven atravesadas por contaminantes globales y transformaciones ambientales.

Hereveri, que además se desempeña como buzo, cuenta que cuando encuentra una tortuga herida o enferma, no duda en actuar. “Si veo que está mal, la limpio, le saco los cangrejos o las algas que se le pegan, lo hago con lo que tenga a mano, una piedra o un cuchillo”, relata.

Para Hereveri, este vínculo con la tortuga no es nuevo, sino parte de una historia milenaria. “En la antigüedad, nuestros tupuna —ancestros en lengua rapanui— llevaban tortugas en las canoas, porque las tortugas siempre vuelven a tierra. Era una forma de guiarse en el océano”, explica.

Este conocimiento empírico y cuidado espontáneo muestran que la comunidad local no es parte del problema, sino una aliada clave para la solución. “Incorporar sus voces, saberes y prácticas será esencial para avanzar hacia una conservación más justa, efectiva y culturalmente enraizada en Rapa Nui”, sostiene Álvarez.

Por otro lado, los científicos no descartan un origen natural del mercurio, vinculado a procesos geológicos o climáticos antiguos. Un estudio paleoclimático liderado por la geoquímica Marta Pérez Rodríguez documentó 71 000 años de deposición natural de mercurio atmosférico en los sedimentos de la turbera Rano Aroi, lo que demuestra que este metal ha estado presente en la isla durante milenios.

“Aún se requiere más investigación para determinar si esta fuente natural podría explicar los altos niveles observados actualmente en las tortugas”, sostiene Álvarez.

Monitorear para proteger

Desde 2018, la doctora Rocío Álvarez lidera los monitoreos científicos de tortugas verdes en Rapa Nui. Aunque la pandemia obligó a suspender temporalmente los trabajos, estos se retomaron con fuerza en 2023 y 2024, involucrando la captura temporal de tortugas para la recolección de muestras biológicas que luego son analizadas en laboratorio.

Un aspecto clave de esta investigación es la participación activa de la comunidad local. Álvarez trabaja con un grupo de aproximadamente siete voluntarios que viven en Rapa Nui, quienes apoyan en las tareas de campo y contribuyen a generar un vínculo respetuoso y colaborativo entre la ciencia y las tradiciones locales.

Entre ellos está Nayade Campos, buzo y voluntaria que lleva 10 años viviendo en Rapa Nui.

Recuerda que llegó a la isla en 2014, atraída por la vida tranquila y el profundo contacto con la naturaleza. Aunque reconoce que adaptarse no fue un proceso fácil, valora la experiencia y el aprendizaje que le ha entregado la isla.

Nayade Campos participó en los monitoreos de tortugas en 2023 y 2024. “Partíamos temprano, a las nueve de la mañana, con el equipo ya organizado. Dos o tres personas entraban al agua para capturar las tortugas, que están bastante acostumbradas a la presencia humana, así que es fácil atraparlas. Trabajamos en zonas donde siempre hay muchas tortugas cerca de la orilla”, cuenta.

Una vez que la tortuga era cuidadosamente sacada del agua, el equipo, siempre atento y respetuoso, tomaba las muestras necesarias sin causar estrés al animal. “Había mucha coordinación para que todo fuera rápido y suave, para que la tortuga no se sintiera perturbada”, explica.

Los días de monitoreo eran largos: desde la mañana hasta la tarde, y aunque a veces el número de voluntarios variaba, el compromiso siempre fue fuerte. “En los mejores días éramos siete, pero a veces solo tres, porque no todos podían dedicar todo el día. Pero lo importante es que siempre logramos avanzar”.

Para realizar el trabajo, el equipo de investigadores y voluntarios debe contar con permisos administrativos. “Esas autorizaciones para trabajar en el mar las entrega la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava, la autoridad marítima local que toma decisiones sobre lo que pasa en el mar de Rapa Nui”, afirma Campos.

Para ella, participar en el monitoreo no es solo una actividad científica, sino un compromiso con la conservación y el respeto por la fauna marina que habita su hogar adoptivo. “Cada vez que vemos una tortuga, sabemos que estamos cuidando un tesoro que nos conecta con la historia y el futuro de Rapanui”.

Centinelas del mar

La investigación liderada por Álvarez forma parte de un esfuerzo mayor de conservación marina en Rapa Nui, donde todo el territorio marino fue declarado Área Marina Protegida de Múltiples Usos en 2018. Esta protección, impulsada por la comunidad rapanui y respaldada por el Estado chileno, busca resguardar especies clave y gestionar de forma sustentable los recursos del mar.

“El monitoreo de las tortugas es un insumo clave para la implementación del plan de administración del área protegida”, señala Carlos Gaymer, director del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI).

Gaymer ha colaborado con Álvarez en los últimos años, aportando desde la perspectiva de conservación y gestión territorial. “Las tortugas son uno de los objetos de conservación definidos en el plan, junto con corales, aves marinas y otras especies. Por eso, conocer su estado de salud es fundamental para saber si las medidas de protección están funcionando o si debemos ajustarlas”.

El plan de administración fue elaborado de forma participativa con el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava y, tras un proceso de consulta al pueblo rapanui bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobado por amplia mayoría. Hoy se encuentra vigente, a la espera de los recursos estatales necesarios para su implementación total.

Frente a los hallazgos sobre el mal estado de las tortugas y los altos niveles de mercurio detectados, Gaymer es claro: “La preocupación sin acción no sirve de nada. Tener este tipo de información es lo que permite diseñar mejores políticas de conservación. Pero también implica asumir que, si se confirma que ciertas prácticas humanas están causando daño, es necesario cambiar esas conductas. Y eso, como todo lo que involucra el comportamiento humano, toma tiempo”.

“El trabajo de la doctora Alvarez no se queda solo en la ciencia: siempre comparte sus resultados con talleres abiertos a la comunidad. Y eso es clave, porque los cambios de conducta —como dejar de alimentar involuntariamente a las tortugas con restos de atún— toman tiempo, pero son posibles”, dice Gaymer.

Las tortugas verdes cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener saludables los arrecifes de coral, regulan el crecimiento de algas, favorecen el rebrote de praderas marinas y transportan nutrientes entre hábitats costeros. Su presencia sostiene redes ecológicas complejas que benefician a muchas otras especies, incluidas las humanas.

Proteger a las tortugas es proteger todo un ecosistema, comenta Álvarez. “Son centinelas de la salud del océano. Si ellas están en riesgo, es porque algo más grande también lo está”.

*Imagen Principal: Investigadores detectaron altas concentraciones de mercurio en tortugas verdes que se alimentan en las aguas de Rapa Nui. Foto: Claudio Correa.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Costa Rica ha vivido en una contradicción con sus políticas de conservación en los últimos años. Por un lado emitió leyes de protección a la vida silvestre, pero por otro ha facilitado la salida de cargamentos de aletas de tiburón de especies en peligro de extinción a través de la reexportación, de acuerdo a una investigación del Centro Restauración Especies Marinas Amenazadas (CREMA).

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Esta organización dedicada a la investigación y conservación marina en Costa Rica, reveló cómo autoridades del país autorizaron el tránsito de 12.6 toneladas de aletas de tiburones provenientes de Nicaragua entre 2023 y 2024.

Esta actividad no solo implicó la muerte de al menos 15 000 tiburones, sino también una violación a las leyes nacionales y a los esfuerzos globales para la conservación de estas especies, suscritos ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Randall Arauz, biólogo marino, consultor en política de conservación marina de CREMA y referente internacional en la conservación de tiburones, cuenta cómo pese a contar con leyes sólidas y un fallo de la Corte Suprema que protegen al tiburón martillo, el país mantiene prácticas que toleran la pesca de estas especies y facilitan su comercialización.

En entrevista con Mongabay Latam, Arauz explica el uso de la figura de “reexportación” para encubrir capturas ilegales, denuncia la inacción del Ministerio de Ambiente y la influencia que tiene la industria exportadora de aletas en la política pública de Costa Rica.

Además, llama a las acciones que puede emprender la sociedad civil y la comunidad internacional para presionar a las autoridades y proteger a los tiburones como especies clave de los ecosistemas marinos. Se trata de un trabajo que le ha valido a Arauz ser reconocido con el Premio Goldman 2010, el galardón más importante para defensores ambientales.

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–¿Qué factores están amenazando a estas especies de tiburones en aguas costarricenses?

–Habíamos logrado afectar el desarrollo de las actividades pesqueras sobre el tiburón martillo, que es una de las preferidas por el valor de sus aletas, pero en 2017, el gobierno de Costa Rica promulgó que los tiburones ya no eran vida silvestre, sino especies comerciales. Eso trajo cambios muy significativos porque el Ministerio del Ambiente dejó de ser el ente rector sobre las especies amenazadas de tiburón, la ley de conservación de vida silvestre se tiró por la ventana y se le otorgó todo este poder al Instituto Costarricense de Pesca. La ley de pesca, que es una ley comercial, llevó a que continuara el proceso de sobrepesca y extinción del tiburón martillo. A pesar de tener garantías internacionales, como la Convención CITES, la Convención de Especies Migratorias, se dieron todos estos cambios de manera ilegal.

Si usted quiere cambiar la ley tiene que ir al Congreso, pero aquí se dio un decreto que afectó a una ley, lo que es ilegal. Denunciamos esto en la Corte Suprema y después de un proceso de ocho años, obtuvimos una resolución de la Sala Primera del máximo tribunal, que dijo: “Los tiburones son vida silvestre, declararlos especies comerciales fue un acto ilegal”. Además ordenó al Instituto de Pesca y al Ministerio del Ambiente cumplir estrictamente con la ley de conservación de vida silvestre. Pero eso aún no ocurre.

–¿Cómo inició la reexportación autorizada de aletas de tiburón martillo en Costa Rica?

–En 2013, Costa Rica fue el país que llevó la iniciativa a la convención CITES para la conservación de tiburón martillo. Yo era el asesor científico y logramos que se aprobara la protección internacional. Costa Rica quedó como el campeón de la conservación.

Pero de 2015 a 2021, Costa Rica siguió permitiendo la captura de tiburón martillo, la descarga en los muelles de Punta Arenas y la venta de sus aletas. El único destino que tienen las aletas tiburón martillo es para la exportación, aquí no se consume. Los países tienen que tener registros de los productos que no pudieron ser exportados para estar seguros de que no entren al mercado ilegal, pero Costa Rica, al negarse a llevar controles, facilita la exportación de esos productos de manera ilegal.

Descubrimos que a lo largo de 2024, Costa Rica realizó cinco reexportaciones de aletas de tiburón que vienen de Nicaragua y después se mandan a Hong Kong. Conseguimos las facturas y resulta que de las casi 12 toneladas, Nicaragua reexportó por Costa Rica 1.8 toneladas de tiburón martillo, las otras diez toneladas eran tiburón sedoso, tiburón zorro, tiburón tigre y tiburón toro.

¿De dónde salieron las diez toneladas de más? No venían de Nicaragua. Lo único que uno puede inferir es que son tiburones que fueron capturados en Costa Rica, guardaron las aletas y ahora las están exportando con el permiso de Nicaragua.

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Son casos de estudio de cómo un país puede violar las regulaciones de CITES y aparentar estar en buen derecho.

–¿Cuáles son los vacíos legales que permiten que productos de especies protegidas circulen en el comercio internacional?

–El ente rector sobre las especies amenazadas es el Ministerio del Ambiente, que representa a Costa Rica en la convención CITES. Pero todas esas exportaciones están ocurriendo ahora por autorización del Instituto Costarricense de Pesca, que no tiene ninguna jurisdicción, según la resolución de la Corte Suprema de Justicia.

Tenemos un Instituto Costarricense de Pesca que se atribuye potestades que no le corresponden y un Ministerio del Ambiente que se niega a cumplir con su deber. Tres ministros de Ambiente han sido completamente sumisos al Instituto de Pesca y a los deseos de los exportadores de aleta tiburón. Es una situación muy vergonzosa.

–¿Cómo ha afectado la sobrepesca a la población de tiburón martillo?

–El tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sus poblaciones han disminuido en un 95 % y hasta 98 % en algunas regiones del mundo, y lo triste es que a pesar de esta situación reconocida por las instituciones internacionales, se siguen pescando y se siguen exportando las aletas.

Cada vez que vamos a las reuniones internacionales, ya sea la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o CITES, vemos que aumenta la lista de especies amenazadas porque cada año la situación de sus poblaciones es peor.

¿Acaso le hacemos eso a los jaguares? ¿Decimos que un campesino puede matar un jaguar porque tiene hambre y tiene que vender su piel? No, los jaguares están protegidos y no hay ninguna justificación para matarlos porque son especies en peligro crítico de extinción, lo mismo pasa con el tiburón martillo.

–¿Qué papel puede jugar la sociedad civil y la comunidad internacional ante este tipo de escenarios?

–Nosotros recurrimos nuevamente a las Cortes y estamos acusando al gobierno de Costa Rica de desacatar una orden judicial superior. Las autoridades pesqueras, de Ambiente y hasta la Presidencia en este momento están en desacato. Pese a que tienen una orden de la Corte Suprema de Justicia, se niegan a cumplirla.

Tenemos que exponer esta situación. En noviembre es la reunión de CITES en Uzbekistán y vamos a ir a exponer nuevamente a Costa Rica porque la convención tiene que saber las maneras en que se violan sus compromisos. Definitivamente esta figura de permitir reexportaciones es un portillo abierto para faltar a los compromisos y para fomentar la extinción de especies. En Costa Rica la política de conservación marina la establece la industria exportadora de aletas de tiburón.

Los tiburones son vida silvestre y el día que los tratemos como la vida silvestre amenazada que son tendremos las leyes esperándonos para implementarlas y proteger estas especies. Dejemos de hablar de pesca sostenible y de nuevas regulaciones. Ya tenemos leyes perfectamente buenas para salvar la vida silvestre amenazada. Empecemos a aplicarla para los tiburones.

Imagen principal: el tiburón martillo está en peligro crítico de extinción. Sus poblaciones han disminuido en un 95 % en algunas regiones del mundo. Foto: cortesía Enrique Uribe

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cerca de 3000 caballitos de mar fueron retenidos en un operativo de control en Carchi, provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia, en mayo de 2025. El caso revela el tráfico ilegal al que son sometidas estas especies icónicas, pero pequeñas y vulnerables. La pesca incidental y dirigida es el origen de un cruel comercio que mueve millones de dólares anuales en todo el mundo y que tiene a Perú como uno de los principales países de tránsito y a países asiáticos como destino final.

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“Muchísimos caballitos de mar mueren con las redes de arrastre”, dice Michel Guerrero, biólogo marino ecuatoriano. La creciente presión pesquera y la pérdida de hábitat están entre sus principales amenazas. De las 47 especies de Hippocampus registradas en el mundo, al menos 16 enfrentan riesgo de extinción, de acuerdo con Project Seahorse, una organización estadounidense dedicada a la conservación y la investigación marina.

Todos los Hippocampus constan en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Es decir, su comercio internacional se permite siempre y cuando se pruebe que es sostenible. A pesar de esto, no todos los países consienten su extracción. La legislación ecuatoriana, por ejemplo, lo prohíbe.

En Ecuador, solo se ha registrado el caballito de mar del Pacífico (Hippocampus ingens), según información que la Policía Nacional envió a Mongabay Latam. Se ha reportado su distribución en diversas zonas costeras del país, así como en las Islas Galápagos. Guerrero explica que estos pequeños peces viven en áreas donde hay pastos marinos, manglares, algas o corales, pues les sirven de refugio y también les ofrecen estructuras como ramitas de las que se sostienen con la cola.

Los ejemplares confiscados en Carchi habrían sido extraídos del área marítima de la provincia del Guayas, de acuerdo con información que el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) envió a Mongabay Latam.

El paquete que viajó en transporte público terrestre de Guayaquil a Carchi habría tenido como siguiente parada Colombia, presume el MAATE. Desde allí, si la caja no hubiera sido interceptada, habría llegado a Asia, el principal destino del tráfico de estas especies, según el artículo Using online reports of seahorse seizures to track their illegal trade, liderado por la científica Sara J. Foster, de Project Seahorse, y publicado en mayo de 2025 en Conservation Biology.

Son capturados incidentalmente

Gran parte de los caballitos de mar traficados son capturados de manera incidental, señala la Policía Nacional. El estudio The United States dried seahorse trade, publicado en 2023 en Plos One, respalda la afirmación. Es decir, quedan atrapados en redes y aparejos con los que se busca pescar otras especies. La extracción no intencionada, dice el artículo científico, “dificulta la recopilación de datos sobre el tamaño de los ejemplares recogidos y la explotación específica de cada especie”.

La pesca de arrastre de camarón pomada (Protrachypene precipua), una pesquería industrial que se realiza fuera de las primeras ocho millas en Ecuador, extrae del mar decenas de especies de manera incidental, relata Guerrero. Los pescadores lanzan desde el barco una red de gran tamaño con un peso que remueve el fondo marino y captura todo lo que encuentra a su paso, incluyendo el camarón, que es la pesca objetivo, y todo tipo de peces y moluscos.

“Es perjudicial, es como meter una excavadora en el fondo marino, se levanta todo”, dice el experto. Este arte de pesca despedaza a las especies que están en el camino. Cuando los pescadores levantan la red, seleccionan su pesca objetivo y especies comerciales, entre ellos, el lenguado (Hippoglossina tetrophthalma) o el caballito de mar, y desechan los individuos heridos o que no atraen interés en los mercados.

La pesca de arrastre está prohibida en Ecuador desde 2013. Sin embargo, una fuente cercana al Viceministerio de Acuacultura y Pesca, que prefiere mantener su anonimato por seguridad, asegura que se sigue practicando. Además, los caballitos de mar caen en la red langostera, otro arte de pesca artesanal prohibida, y salen a diario en las redes de cerco camaroneras y en las artes de pesca de la flota industrial polivalente, que tienen como objetivo la merluza (Merluccius gayi) y el camarón. Estas dos son permitidas.

La falta de control a las pesquerías en Ecuador no es una sorpresa. En 2024, la CITES sancionó al país tras encontrar una discrepancia entre las cifras de exportación e importación de aletas de tiburón de Ecuador y Perú, respectivamente.

El biólogo marino no descarta que también haya pesca dirigida. Los caballitos de mar son bastante vulnerables. La Hippocampus ingens es la especie más grande del género, pero no pasa de los 30 centímetros de altura. Pescadores buzos pueden atraparlos con las manos, con redes pequeñas e incluso –según ha observado la fuente del Viceministerio de Acuacultura y Pesca– con bolsas plásticas.

Tienen una muerte dolorosa

Los caballitos de mar que sobreviven a la pesca de arrastre mueren más tarde al aire libre o hervidos vivos, de acuerdo con información de la Policía Nacional. Los traficantes someten a los cuerpos a diferentes tratamientos para conservarlos.

Uno de ellos es un proceso de salazón, señala el MAATE, que consiste en deshidratarlos con sal para inhibir el crecimiento bacteriano y prolongar su conservación. También los secan al sol o en hornos rudimentarios. Usan alfileres para que conserven la cola enroscada, una característica considerada atractiva, principalmente para el comercio de souvenirs.

Después los clasifican por tamaño y color. Los embalan cuidadosamente, a menudo en bolsas selladas y frascos para evitar daños durante el transporte. Los transportan por vía terrestre, marítima o aérea, muchas veces escondidos en paquetes postales, equipaje personal o mercancía comercial.

Guerrero relata que hasta hace unos años, los caballitos que resultaban de la pesca incidental eran convertidos en recuerdos vendidos en las zonas costeras. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más común ver que los movilizan vía terrestre hacia Perú.

Los investigadores de Project Seahorse encontraron que en Perú se incautaron 823 000 individuos entre 2010 y 2021. Fue el segundo país con más caballitos de mar confiscados, con el 17 %, después de China continental, donde el número ascendió a 1 950 000, equivalente al 40 %. Vietnam quedó en el tercer lugar, con 683 000 individuos, el 14 % del total.

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La última parada es Asia

El país latinoamericano, sin embargo, sería solo un lugar de paso. Los investigadores encontraron que las diez rutas más usadas para el tráfico de estos peces fueron, en orden descendente, desde Perú a China continental, Hong Kong y Vietnam; desde Filipinas, Vietnam, India y Egipto a China continental y desde Indonesia a Hong Kong, desde Tailandia a China Continental y desde Egipto a los Emiratos Árabes Unidos.

La demanda de caballitos de mar en los países asiáticos responde a su uso en la medicina ancestral. Según el MAATE, los ejemplares son triturados hasta convertirlos en polvo para preparar remedios. “Aunque se carece de sustento científico, se cree que curan dolencias como el asma o la disfunción eréctil”, indica la respuesta del Ministerio.

El estudio de Project Seahorse, como sugiere el nombre del artículo, se basó en información disponible en línea, por lo que los números recabados solo son “la punta del iceberg”, según publicaciones de la iniciativa en redes sociales.

La media de caballitos de mar confiscados por año entre 2010 y 2021 fue de 349 000. De manera general, la cifra ascendió con el tiempo. En 2019 hubo mayor número de confiscaciones y más ejemplares confiscados que en todo el periodo analizado. Los científicos estimaron que en los 12 años estudiados, la cifra ascendió a 4.93 millones de individuos.

El valor promedio por caballito de mar fue de cinco dólares y los investigadores calcularon que el total de las incautaciones analizadas en la base de datos equivalía a 21.4 millones de dólares.

Cifras dispersas en Ecuador

Los números no son claros en Ecuador. El MAATE dice que en 2023 y 2024 no hubo retenciones de caballitos de mar, mientras que la Policía señala que se encontraron 133 en Quito y 44 en Santa Elena, respectivamente. En 2025, el MAATE registra la retención de 2947 ejemplares y la Policía registra 2970 en Carchi, seis en Guayaquil y 21 en Quito. Ninguna de las dos instituciones incluyó el publicitado hallazgo de 19 caballitos de mar, junto a 16.5 toneladas de aletas de tiburón, en un operativo realizado el 20 de marzo de 2025 en Manabí.

Las 47 especies de caballitos de mar están enlistadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). De ellas, una está En Peligro Crítico de extinción, dos están Amenazadas, 14 son Vulnerables, dos están Casi Amenazadas, 14 están catalogadas como Preocupación Menor y 14 constan con información deficiente. El Hippocampus ingens está catalogado como Vulnerable.

En el proceso de Carchi se identificó a dos presuntos infractores. Sus nombres, que no pueden revelarse porque la investigación está en curso, constaban en las facturas de envío y recepción del paquete. El MAATE reveló que los implicados serían un ecuatoriano y “presuntamente una persona de origen asiático nacionalizada en Ecuador”.

La pesca de caballitos de mar, especialmente la dirigida, es un problema debido a su impacto en las poblaciones silvestres, de acuerdo con información que la Policía Nacional envió a Mongabay Latam. La entidad explicó que su extracción altera el equilibrio ecológico. Estas especies se alimentan de pequeños crustáceos, contribuyendo a regular sus poblaciones y a evitar su proliferación. Además, son indicadores de la salud del ecosistema.

Guerrero cree que hace falta reforzar el control pesquero para proteger a esta especie “icónica”, por su semejanza con los caballos y su cola enroscada y también por su asombrosa biología: en un proceso único en el reino animal, es el macho el que gesta y pare diminutas crías completamente desarrolladas.

Foto principal: un caballito de mar se camufla entre algas marinas, en Punta Vicente Roca, Galápagos. Foto: Michel Guerrero

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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“¿Quieren ir a pescar?”, es la primera frase que un operador turístico contactado por sus servicios pronuncia tras la pregunta de si realiza recorridos con yates en la Reserva de la Biosfera Islas Marías. En toda esta área natural protegida, ubicada en el océano Pacífico mexicano, las actividades pesqueras están prohibidas, incluida la deportiva, de acuerdo con el Programa de Manejo vigente desde agosto de 2022.

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“Allá se pueden tirar a arponear, podemos ir a buscar las tunas (atún) o podemos llegar a las piedras a tirar de fondo y agarrar cabrillas, pargos, diferentes especies. Podemos ir a hacer jigging (una técnica para pescar grandes depredadores y capturar especímenes de gran tamaño), son muchos diferentes tipos de pesca que podemos hacer”, comenta el operador turístico sobre sus servicios en la empresa Cabo Yacht World.

En la llamada hecha en febrero de 2025, esta persona, que administra yates para hacer recorridos en los alrededores de Cabo San Lucas y otras regiones del Pacífico, cuenta que usualmente cuando llevan turistas a Islas Marías utilizan un yate grande que llaman mothership, el cual arrastra una embarcación pequeña o panga. En el área protegida anclan el yate y los clientes bajan a pescar en la lancha.

Dos semanas después de la llamada, el operador turístico se comunicó por mensaje diciendo que ya tenía el permiso para pescar en Islas Marías, pero no contestó cuando se le preguntó cómo lo había obtenido y quién se lo había entregado.

Los hallazgos de este reportaje se suman a las sospechas por pesca ilegal en la Reserva Nacional Revillagigedo que Mongabay Latam reveló a inicios de abril, y por las cuales la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas presentó luego una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías, confirmó a este medio que en esta área protegida se realiza pesca ilegal y que las embarcaciones para pesca deportiva son las más frecuentes.

“Aquí en la zona de Isla Madre, que es donde estamos nosotros, prácticamente no se acercan embarcaciones porque se tiene visibilidad vía terrestre. Pero en las otras islas, San Juanito, Magdalena, Cleofas, que están retiradas de aquí y donde no tenemos ojos, ahí seguido cuando salimos se llegan a ver algunas embarcaciones y se les invita a retirarse”, sostuvo.

“Un yate premium que supera todas tus expectativas”

“Tenemos un chef que ha trabajado en restaurantes de cinco estrellas y ese yate lo tenemos en 15 500 dólares por noche para ir a las Islas Marías, ya con comidas, bebidas, para pescar y con los permisos adecuados para poder pescar ahí. Mínimo serían tres noches y lo tenemos disponible para la última semana de marzo saliendo de Puerto Vallarta”, detalla por mensaje telefónico el operador de turismo.

La empresa Cabo Yacht World ofrece los recorridos en yates de lujo mediante Instagram, Facebook, X, YouTube y en un sitio web propio con información publicada sólo en inglés. Sin embargo, en sus publicaciones no aparecen los recorridos que realiza a las Islas Marías, sólo los que organiza en Cabos San Lucas, San José del Cabo y La Paz.

“Ofrecemos alquileres de yates inigualables, donde podrás experimentar el encanto de aguas cristalinas en un yate premium que supera todas tus expectativas”, asegura en su página web.

Uno de esos yates premium es el Mardiosa, que comparte nombre y características con una embarcación con bandera estadounidense que registró 10 horas de esfuerzos de pesca aparente el 19 de abril de 2024 en la reserva, de acuerdo con Global Fishing Watch (GFW), una plataforma que muestra la actividad de pesca a nivel mundial.

Los esfuerzos de pesca aparente son la forma en la que GFW nombra aquellos eventos que se pueden clasificar como pesca posiblemente realizada. La plataforma identifica estos hechos mediante el análisis de los datos obtenidos con el Sistema de Identificación Automática (AIS por sus siglas en inglés) que tienen los barcos para transmitir su posición. Esta información, más otros datos como la velocidad del barco y los movimientos que realiza, son interpretados por el algoritmo para determinar si es o no una posible actividad de pesca.

Mongabay Latam se puso en contacto con el operador de turismo para recoger su versión sobre las afirmaciones hechas en la llamada telefónica. Al identificarnos como periodistas, el operador negó que la empresa Cabo Yacht World ofreciera servicios de pesca al interior de la reserva y pidió que nos comunicáramos con ella vía correo electrónico. Mongabay Latam escribió a la dirección indicada, pero hasta la publicación de este reportaje, la empresa no dio su comentario.

El Mardiosa no es un caso aislado. Mongabay Latam analizó la información satelital de las embarcaciones que ingresaron a la reserva en los últimos 10 años y comprobó actividades sospechosas de pesca en todos ellos. Esa información, además, fue cotejada con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia a diferentes entidades de gobierno y testimonios de investigadores que han monitoreo la región por más de 20 años.

Solo en 2024, este medio identificó 10 barcos realizando actividades sospechosas de pesca al interior de Islas Marías, lo que fue confirmado por los analistas de GFW. De todos ellos, seis tenían bandera de México y cuatro de Estados Unidos. Además, cinco usaban red de cerco para capturar atunes.

El problema es de larga data, puesto que, a lo largo de una década, al menos un barco al año registró esfuerzos de pesca aparente en el área protegida. En 2016, el año con más registros, 17 barcos realizaron actividades sospechosas de pesca al interior de la reserva.

Estos datos, coinciden con la información recopilada mediante solicitudes a diferentes entidades gubernamentales que, al igual que las afirmaciones del director de la Reserva, confirma que la pesca ilegal es un problema en esta área natural protegida. Los testimonios de los investigadores apuntan a que esta actividad ha provocado la disminución de la lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie sujeta a protección especial; el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y diferentes tipos de tiburones.https://flo.uri.sh/visualisation/22732507/embed

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Incautaciones y detenidos por pescar ilegalmente en Islas Marías

En julio de 2022, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) informó mediante un comunicado sobre la incautación de cinco embarcaciones menores y un buque que transportaban equipo de pesca dentro de Islas Marías. Las embarcaciones llevaban redes de cerco para la captura de atún, alrededor de 200 metros de chinchorro (otro tipo de red), equipo de buceo, cañas de pescar y otros insumos.

Ese mismo año, Amílcar Leví Cupul Magaña, doctor en ciencias pesqueras y profesor de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, vio tres pangas con instrumentos de pesca, conocidos como líneas, cerca de la Isla Cleofas, uno de los islotes de la reserva. También vio otras dos embarcaciones de pesca deportiva: una anclada y otra recorriendo una línea de pesca al lado oeste del islote.

“Del lado este de la isla, en una zona que está muy protegida, encontramos líneas y pedazos de redes. Hacia la costa tienes una parte rocosa donde llegan y se resguardan los peces, ahí hay muy buenos cardúmenes y es donde se acercan (las embarcaciones)”, comparte el profesor, quien ha explorado el archipiélago desde 2007.

A los datos del comunicado de Semarnat se suman los de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Secretaría de Marina (Semar) y Fiscalía General de la República, a quienes se les solicitó información mediante transparencia. Aunque a todas las entidades se les pidieron datos desde 2014, la mayoría sólo entregó de años recientes y la información que manejan es dispar.

La Oficina de Representación de Protección Ambiental en el estado de Nayarit y la Dirección General de Delitos Conmutaciones, Denuncias y Quejas, ambas de Profepa, registran un total de 19 denuncias por actividades de pesca en la reserva Islas Marías: siete en 2022, seis en 2023 y otras seis en 2024.

La Dirección General de Inspección y Vigilancia de Vida Silvestre, Recursos Marinos y Ecosistemas de Profepa, en cambio, sólo tiene registradas tres embarcaciones que fueron identificadas realizando pesca ilegal en los últimos 10 años. Las tres fueron interceptadas en julio de 2023 y a una de ellas se le incautó una línea de pesca denominada “palangre” y un ejemplar de atún aleta amarilla.

La única información que entregó la Semar, una de las dependencias encargadas de vigilar la reserva, es que en 2023 detuvieron por pesca ilegal a cuatro personas. Se les incautaron aproximadamente 21 kilos de langosta azul (Panulirus inflatus), 61 kilos de caracol (aunque no especificó el nombre científico) y nueve kilos de lapa gigante (Scutellastra mexicana), una especie que está sujeta a protección especial por la Semarnat. Por estos hechos, un juez dictó una sentencia de tres años de prisión y multa de 83 422 pesos mexicanos (4 250 dólares), además de 10 570 pesos mexicanos (530 dólares) como reparación del daño.

La Conapesca, por su parte, informó que sólo una persona recibió una sentencia por pesca ilegal en el área protegida en 2023 y que en 2020 fue incautado un aparejo de pesca compuesto por una línea madre de aproximadamente 5 kilómetros y 45 anzuelos.

La Fiscalía General de la República tiene un registro más amplio: nueve personas fueron detenidas entre 2014 y 2019 por la probable comisión de delitos ambientales en Islas Marías.

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Protección en papel

La protección de Islas Marías tiene una historia de 25 años y desde el principio se consideró el resguardo de su biodiversidad, pero los datos y testimonios demuestran que esto no se cumple. El 27 de noviembre de 2000 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que el archipiélago se declara área natural protegida con el carácter de reserva de la biósfera.

“Es un área muy rica en cuanto a biomasa y diversidad de especies, justamente por eso es que se estima y se procura que se mantenga como un área sin pesca”, dice Pablo Zamorano de Haro, el director de la Reserva de la Biosfera Islas Marías.

Once años después, el 10 de junio de 2011, se hizo público en el mismo diario federal el Programa de Manejo, que desde esa fecha se constituyó como el instrumento para regular el área. Esa primera versión permitía la pesca, pero sólo en algunos polígonos del área y únicamente para investigación científica y para el consumo de las personas que se encontraban en el Complejo Penitenciario Islas Marías. Esta prisión, construida sobre el archipiélago, se mantuvo activa hasta marzo de 2019.

Después del cierre del complejo fue necesario establecer nuevas reglas administrativas para ordenar las actividades que se podrían realizar en la reserva. Fue así que el 20 de agosto de 2021 se publicó una nueva versión del programa de manejo que estipulaba que toda el área marina de la reserva era considerada zona prohibida de pesca. La única excepción la tiene permitida el personal oficial que se encuentra en la reserva realizando tareas de administración y vigilancia. Ellos pueden pescar, pero solo para su consumo.

“Con la finalidad de conservar los ecosistemas marinos de la reserva de la biósfera la actividad pesquera no se permitirá bajo ninguna de sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), ya que ésta produce cambios en la estructura de los ecosistemas marinos, los impactos se deben a la afectación a las especies que coexisten con las especies objetivo, así como a la pérdida o abandono del equipo de pesca”, cita el documento. 

El programa de manejo fue actualizado una última vez en agosto de 2022, sin embargo, este nuevo texto mantiene la prohibición de pesca en sus diferentes variantes (industrial, ribereña, deportivo-recreativa y de autoconsumo, entre otras), a excepción del autoconsumo que pueda realizar el personal de vigilancia.

“El programa de manejo dice que desde 2022 nada más es posible la pesca de autoconsumo y para el personal oficialmente destacado de Marina o de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, confirma Zamorano de Haro.

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La pérdida de tiburones y otras especies

El doctor Amílcar Leví Cupul Magaña, quien también participó en la recopilación de información marítima para la versión del programa de manejo que fue publicada en 2011, cuenta que en 2014 visitó el mercado del pueblo pesquero La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas, un municipio del estado de Nayarit. Ahí, asegura, pudo observar tiburones que habían sido pescados en Islas Marías.

“Eran como tres o cuatro ejemplares, los estaban pesando. Había tiburones toro (Carcharhinus leucas) y nodriza (Ginglymostoma unami). También vi peces loro (Scaridae) que están en riesgo y atún aleta amarilla (Thunnus albacares)”, comparte el investigador.

No era la primera vez que veía tiburones pescados en Islas Marías. En 2006 pudo observar cómo llegaban pangas a la Isla Isabel cargadas con tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), toro (Carcharhinus leucas), gata (Ginglymostoma cirratum) y martillo (Sphyrna lewini) que los pescadores habían atrapado en Marías. En fotos que tomó el investigador Pedro Medina Rosas ese año se ven tiburones grandes enteros y cortados a la mitad en embarcaciones pequeñas.

“No supimos de dónde eran (los pescadores), si de Sinaloa o San Blas (Nayarit), y decían que habían pescado en Marías. Algunos tiburones los tuvieron que cortar a la mitad para que cupieran a lo ancho de la panga para que imagines el tamaño de los animales”, comparte Cupul Magaña.

En fotos que el profesor de la Universidad de Guadalajara tomó el siguiente año, en 2007, se ven pescadores cortando tiburones martillo en Bahía Tiburoneros, en Isla Isabel, cercana a la reserva. En la arena, los hombres amontonan aletas y cabezas de los animales. El especialista asegura que los pescadores le explicaron que los habían capturado en Islas Marías.

Agrega que desde 2007 a la fecha, también ha observado una disminución de los peces cirujanos (Acanthuridae), que son importantes dentro del equilibrio ecológico de las islas, y de los peces herbívoros comúnmente conocidos como loros o pericos (Scaridae), que mantienen el equilibrio entre corales y algas.

“Le están pegando a los depredadores tope, pero también a la base, a los que sostienen la parte de la herbivoría del sistema. Se está haciendo un desequilibrio en ese sitio, por eso es que esta área a veces batalla tanto en recuperarse”, comenta el investigador.

“En islas María, la primera vez que fuimos, en 2010, pudimos observar que alrededor del 93 % de los arrecifes que monitoreamos se encontraban saludables. Observamos un sitio bastante bien conservado con muchos depredadores tope, es decir, todos esos organismos que controlan a otras poblaciones como es el caso de los pargos, los jureles y los tiburones”, cuenta Ismael Mascareñas Osorio, maestro en ciencias por la Universidad Autónomo de Baja California Sur e investigador en el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS).

En un segundo recorrido realizado en 2018, el investigador encontró un panorama distinto: en una de sus exploraciones pudo ver 50 o 60 conchas de lapa gigante depredadas, es decir, abiertas y consumidas. Esta especie está sujeta a protección especial por la Semarnat y al menos hasta 2023 se seguía pescando, según la información entregada por la Semar a Mongabay Latam.

“En Islas Marías hay de las últimas poblaciones naturales de lapa gigante, que incluso aparece en las ofrendas del Templo Mayor (el centro religioso más importante de la antigua ciudad de Tenochtitlan). Era una población que se distribuía por todo el Pacífico mexicano y que ahora la podemos observar nada más en ciertas islas de Islas Marías”, detalla el investigador.

Cerca de las lapas, Mascareñas Osorio encontró en el mar alrededor de 1200 ejemplares de caracol burro (Titanostrombus galeatus) con la marca de que ya habían sido consumidos: un orificio que se utiliza para extraer la pulpa.

También observó embarcaciones realizando pesca dentro de la reserva y detectó un patrón similar al descrito por el operador de la empresa Cabo Yacht World: embarcaciones grandes con ollas para cocinar recibían los caracoles recolectados por barcos más pequeños que se acercaban a los arrecifes. Además, fue testigo de otra técnica empleada entre Isla María Madre e Isla Magdalena, donde dos lanchas pescaban con papalotes o cometas.

“Es generalmente la (técnica) que utilizan para pescar tiburón u otros depredadores tope”, dice el investigador. Atan al papalote líneas de pesca y luego lo sueltan para que se eleve al cielo, explica el experto. Cuando el papalote baja es porque algún animal ha quedado atrapado en los anzuelos, detalla.

El programa de manejo vigente describe que en el archipiélago se han registrado al menos 23 especies de tiburón. Sin embargo, también menciona que la presión pesquera ha sido alta sobre muchas especies de peces, incluyendo tiburones, así como moluscos y crustáceos, principalmente en las zonas lejanas, donde la vigilancia es menor en comparación a la Isla María Madre.

“La relativa ausencia de tiburones de tallas grandes puede deberse a la histórica presión de una gran pesquería de tiburones en las cercanías del archipiélago, incluyendo la cercana isla Isabel, lo que se evidencia con diversas artes de pesca abandonadas en la zona”, cita el programa de manejo.

Además, agrega que “las evidencias indican que especies como el caracol burro (Titanostrombus galeatus) y la lapa gigante (Scutellastra mexicana) han sido sobreaprovechadas, y podrían estar en peligro de extinguirse, de no establecer medidas que restrinjan su aprovechamiento con fines de recuperación de sus poblaciones”.

Octavio Aburto Oropeza, profesor investigador en el Instituto de Oceanografía Scripps de la Universidad de California, en San Diego, y quien ha realizado monitoreos en el Pacífico durante 25 años, también participó en las expediciones del archipiélago junto a Mascareñas Osorio en 2010 y 2018.

Asegura que la etapa en la que hubo más pesca ilegal en la reserva fue entre 2012 y 2018. Según menciona, ello se debería a que en 2012 la Marina dejó de patrullar la zona y la Secretaría de Seguridad Pública asumió esa responsabilidad, aunque no contaba con los medios necesarios para realizar las labores de vigilancia por mar, sobre todo en las islas más alejadas.

Esto coincide con los registros de GFW que indican que en la última década, los años con mayor número de embarcaciones involucradas en actividades sospechosas de pesca  fueron 2016, con 17 embarcaciones, y 2017, con 12.

“Más personas empezaron a oír que ya nadie vigilaba en Islas Marías y pasaron tres fenómenos: barcos atuneros cruzando el polígono, pesca artesanal a pequeña escala y pesca recreacional con arpones. Lo más importante de eso es que hay mucha gente que paga mucho dinero por hacer esa pesca y entonces tienes un barco grandote que no debería de estar ahí”, dice Aburto.

El investigador detalla que el patrullaje regresó a manos de la Marina en 2018, lo que provocó mejor vigilancia. Esto concuerda con los datos de GFW que muestran que el número de barcos realizando aparente pesca ese año en la reserva disminuyó a tres. El año pasado, sin embargo, volvió a aumentar a 10.

Aburto Oropeza asegura que uno de los fenómenos de pesca más importantes al que se le debe prestar atención es la que ofrecen empresas de turismo para que extranjeros puedan pescar en la reserva atunes o especies grandes, por cantidades muy altas de dinero, como hace Cabo Yacht World en sus yates de lujo.

“Son empresas que ya saben que pueden atraer a italianos u otros europeos que les gustan los atunes enormes y les cobras 3000 o 5000 dólares por cuatro días para buscar animales grandes en un lugar que no está tan sobrepescado como la mayoría”.

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Las condiciones geográficas lo permiten

El profesor Amílcar Leví Cupul Magaña explica que la pesca ilegal es posible en el archipiélago en parte por su distribución geográfica. La Isla Cleofas, en particular, es un punto vulnerable, ya que se encuentra alejada de la Isla María Madre, desde donde se realizan las labores administrativas y de vigilancia del área protegida. Esto permite que la pesca ilegal se realice sin ser detectada y las distancias facilitan que los pescadores huyan hacia las costas continentales antes de ser detenidos.

Para evitar la pesca ilegal, Pablo Zamorano de Haro, director de la Reserva de la Biósfera Islas Marías, coordina recorridos en los que se supervisan las islas alejadas de Isla María Madre, no obstante, menciona que sólo tienen una embarcación para realizarlos y hay escasez de gasolina.

“Nos falta el capitán de relevo, marineros y abastecimiento de combustible”. Además, “es muy complicado estar llevando la lancha al continente para que le den mantenimiento porque no tenemos aquí mecánicos”, agrega.https://flo.uri.sh/visualisation/22904547/embed

Zamorano de Haro considera que la mejor estrategia para evitar que siga la pesca ilegal en la reserva es utilizar avances tecnológicos para vigilar de forma remota. Para adquirir esos sistemas, no obstante, requiere de recursos económicos que por ahora no tiene.

“Lo vemos como una oportunidad para probar nuevas tecnologías: seguimiento en tiempo real, cámaras de alto alcance, radares, sin embargo, todo esto obviamente es una inversión fuerte. Tenemos que ir buscando alternativas y fuentes de financiamiento para esto”, dice.

El director asegura que tiene buena comunicación con la Secretaría de Marina, dependencia que sí tiene embarcaciones para hacer rondines, pero aún así la pesca ilegal sigue sucediendo. “Es muy complicado porque es una zona con muy buenos recursos, la gente quiere venir aquí a pescar y viene con todos los riesgos que esto pueda representar. Sí hay pesca, tampoco es que sea desbordante, pero sí es importante redoblar esfuerzos para evitarla”, comenta el encargado del área protegida.

El profesor Cupul Magaña considera que para evitar la pesca ilegal en la reserva es importante que se refuercen las actividades de vigilancia, tanto de la Conanp como de la Marina, lo que requeriría una mayor asignación de recursos económicos por parte de la Secretaría de Hacienda.

“Las únicas noticias que oyes cuando hablan de presupuesto es que ya le van a recortar el 10, 20 o 30 por ciento a estas dependencias de gobierno. Debería ser todo lo contrario porque cuidan el capital natural de nuestro país y nos lo estamos acabando porque no tenemos la capacidad de manejarlo por falta de recursos”, asegura el investigador.

La oficina del comisionado de la Conanp informó a Mongabay Latam que la institución recibió un incremento presupuestal para este sexenio, que comenzó el 1 de octubre de 2024, aunque no detalló las cifras. El recurso actual asignado a esta institución —responsable de cerca del 13% del territorio nacional y 232 áreas naturales protegidas federales— es de 1001 millones de pesos (51 millones de dólares), de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, frente a los 983 millones (50 millones de dólares) aprobados el año anterior. Aunque el aumento nominal fue de 1.83%, si se toma en cuenta la inflación, en términos reales esto representa una reducción de 2.4% respecto al presupuesto de 2024.

Gina I. Chacón Fregoso, coordinadora del informe Cuidar lo que importa: el presupuesto para el cuidado del ambiente y las áreas naturales protegidas en el PPEF 2025, de la coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA), confirma que este monto fue aprobado y publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025. En su análisis, la coalición concluye que “a cada hectárea protegida se le está asignando un promedio de 10.2 pesos (0.52 dólares)”.

La oficina de la Conanp también destacó la existencia de alianzas internacionales consolidadas desde hace tiempo para ayudar a la Conanp, así como la actual articulación de estrategias como el cobro de derechos y acuerdos interinstitucionales compensatorios que, asegura, fortalecen tanto la conservación como el trabajo de las y los guardianes de las áreas protegidas.

En respuesta a si han considerado el uso de tecnologías de vigilancia remota en zonas de difícil acceso —como algunas de la Reserva de la Biosfera Islas Marías—, la Conanp indicó que con la Semar busca aplicar tecnológicas para mejorar el monitoreo de fauna, el cuidado del medio ambiente y la seguridad en estas zonas protegidas. “En Islas Marías también trabajamos en conjunto para mejorar las condiciones”, agregó la dependencia. Sin embargo, la Semar no respondió las preguntas enviadas a su área de prensa sobre su estrategia de vigilancia en la reserva.

Frente a estos desafíos, el investigador Octavio Aburto Oropeza agrega que lo más importante para eliminar la pesca ilegal es lograr que las compañías de pesca entiendan que no solamente afectan a otras personas, sino que ellos mismos en un futuro no tendrán que pescar.

“Si se sigue pescando seguirán estos arrecifes el mismo camino que han seguido otros que básicamente se han quedado sin especies, sin diversidad, y que cada vez son más débiles ante los cambios que vemos en el clima”, concluye el profesor.

Edición: Michelle Carrere

Imagen Principal: el 12 de mayo de 2018, el profesor Octavio Aburto Oropeza y un buzo hallaron conchas de caracoles burro rotas por el consumo durante una expedición. Foto: Octavio Aburto Oropeza

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un cortometraje que le dio la vuelta al mundo presentó a un pequeño anfibio que disfruta de ver fotografías antiguas y escuchar los sonidos del barrio, sentado en el jardín de un viejo amigo. Tiene botas azules y ganas de comer quesito, un postre hecho de masa de hojaldre, tradicional en Puerto Rico. Es un animal curioso, interesado por conocer el pasado de la isla caribeña que habita, pero también por guardar nuevos momentos en su memoria y, sobre todo, en tirar más fotos para recordarlos. Se trata del Peltophryne lemur, el sapo concho puertorriqueño que ahora es mundialmente conocido gracias al nuevo álbum del músico Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos.

Su aparición en el cortometraje que hace parte de su promoción y que dura poco más de 11 minutos no es poca cosa. Aparece al lado del reconocido actor boricua Jacobo Morales y, en apenas 10 días, alcanzó más de 13 millones de reproducciones.https://www.youtube.com/embed/gLSzEYVDads?si=DjltHfmWpKFMom58

Pero, ¿quién es realmente este anfibio y por qué es un personaje central en esta producción discográfica? Dentro de los simbolismos del disco, el sapo concho representa a muchos puertorriqueños que, al igual que él, siguen luchando por su existencia en la isla.

“Es una especie única y nativa de Puerto Rico, pero también es endémica y está muy amenazada: actualmente se encuentra en peligro de extinción. El cambio climático es su mayor amenaza, pero también la presencia de especies invasoras en la isla”, afirma el doctor Rafael Joglar, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, en el Recinto de Río Piedras, y exdirector en las Antillas Mayores del Grupo de Especialistas de Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN/SSC).

El herpetólogo del departamento de Biología ha dedicado cuatro décadas de su vida a investigar los anfibios y reptiles de su isla, un interés que le nació desde pequeño, cuando quedó fascinado por los cantos de las ranas coquíes que escuchaba por doquier. Años más tarde, fundó el Proyecto Coquí, una organización creada con tres columnas esenciales: educar a los puertorriqueños sobre los anfibios, investigar a estas especies y promover su conservación a través de la protección de su hábitat.

En Mongabay Latam conversamos con el experto sobre la importancia de esta y otras especies de anfibios para los ecosistemas de la isla, la necesidad de una mayor acción gubernamental y social para abordar las amenazas que enfrentan, así como de lo que significa para una especie amenazada ser parte de un fenómeno global como del que ahora el sapo concho es parte.

—El sapo concho es el único sapo nativo de Puerto Rico y hoy es conocido mundialmente por la exposición que recibió a través del nuevo disco de Bad Bunny, ¿qué significa esto para una especie en peligro de extinción?

—Lo que está pasando es maravilloso. El señor Bad Bunny —el “Conejo Malo” o simplemente Benito, como también lo conocemos— está haciendo un gran trabajo, porque está combinando música, talento y arte, con la ciencia y nuestras especies amenazadas. Bad Bunny nos da una oportunidad maravillosa y única por su manejo de las redes sociales y la penetración que tiene en las juventudes de Puerto Rico y del mundo. Para una persona como yo, que lleva tanto tiempo intentando enseñar sobre estas cosas, esta es una oportunidad única y maravillosa. Ojalá que la sepamos aprovechar al máximo para discutir el tema de los anfibios, discutir sobre el cambio climático y las especies invasoras, y buscar soluciones. No puedo pensar en un mejor ejemplo que el sapo concho, que en Puerto Rico casi nadie conoce realmente. Casi nadie sabe que hay dos sapos diferentes: un sapo nuestro, que es nativo, endémico y en peligro, que es el concho; y un sapo extranjero —el común (Rhinella marina)—, que fue traído a Puerto Rico por errores que hemos cometido. Es una especie que no es puertorriqueña, no es nativa y es invasora. Al ser traída de Sudamérica en la década de 1920 ha traído problemas al sapo concho y otras especies nativas.

—¿Cómo puede describir al sapo concho? ¿Cuáles son sus características?

—Es un sapo pequeñito. Tiene la piel verrugosa y unas crestas marcadas encima de los ojos. Eso lo distingue del sapo invasivo. Es una especie muy rara, no se ve frecuentemente, porque tiene hábitos secretivos, es decir, se mantiene oculta y enterrada la mayor parte del año, así que no es fácil de manejar, estudiar o proteger. Es una especie que, sin duda alguna, representa nuestro patrimonio natural. Es una especie muy pequeñita que casi nadie en Puerto Rico ha visto. Además del disco, Bad Bunny hizo un cortometraje con un actor muy famoso de Puerto Rico, que queremos y admiramos mucho: Jacobo Morales, y concho es un muñeco animado con tecnología de stop motion, que hace un genio creador llamado Quique Rivera, y en el cortometraje podemos ver a la especie interactuando con el otro personaje, así que la gente puede tener una idea muy exacta de cómo luce un sapo concho. Eso es buenísimo en términos educativos.

—¿Qué desafíos y amenazas enfrenta actualmente el sapo concho en términos de conservación?

—Se encuentra muy amenazado y ya está protegido por las leyes federales y estatales, es decir, las de Estados Unidos y las de Puerto Rico. Al igual que otros anfibios de Puerto Rico y otras naciones del mundo está muy amenazado. A finales de noviembre de 2023, con un grupo de 100 especialistas en anfibios del mundo publicamos un trabajo en la revista Nature y en él resumimos el estado actual de los anfibios del mundo. Estudiamos las 8011 especies de anfibios que se conocen en este momento en el planeta, incluyendo el sapo concho. Vimos cuáles son sus diferentes situaciones, sus diferentes retos y amenazas. Con este trabajo concluimos que el estado de los anfibios del mundo es muy delicado: de las 8011 especies, cuatro de cada diez están amenazadas y podrían desaparecer en un futuro cercano.

La amenaza principal de esas especies de anfibios, incluyendo el sapo concho, es el cambio climático. Yo creo que ese tema no se está atendiendo en ningún sitio, pero en el caso de Puerto Rico, en lo absoluto. No se toca el tema del cambio climático, no se hace nada para trabajarlo.

La situación del sapo concho es muy delicada. Se declaró en peligro de extinción hace muchos años, principalmente por la destrucción de su hábitat —que sigue siendo una amenaza— y también por la introducción de especies invasoras a Puerto Rico. Nosotros tenemos 19 especies de anfibios nativos y, lamentablemente, se han introducido cinco especies adicionales de anfibios no nativos, todos ellos invasores.

En particular, el sapo común ha traído problemas al sapo concho porque compiten por muchas cosas, principalmente, por áreas de reproducción. El sapo concho pone 6000 huevos y el sapo invasor pone 36 000, así que, si usan una misma charca, es obvio que la especie invasora va a desplazar a nuestra especie.

Los anfibios: aliados indispensables de los puertorriqueños

“En Puerto Rico ya hemos perdido tres especies de anfibios: el coquí dorado, el coquí palmeado y el coquí de Eneida. En los últimos 30 años hemos perdido a estas tres especies de anfibios por las mismas razones”, afirma Joglar. “Sobre el cambio climático, seguimos cometiendo los mismos errores del pasado. El gobierno de aquí y el de allá no se han enterado de la seriedad de esta amenaza y, entonces, siguen su ruta como si no estuviera pasando nada”, resalta el experto. Joglar asegura que el tema de las especies invasoras toca muy de cerca a Puerto Rico. “Somos una isla muy pequeña en el Caribe, nuestras especies han ido evolucionando en un aislamiento geográfico, ecológico y evolutivo y cuando llegan especies que no son nuestras causan serios problemas”, agrega.

—¿Qué iniciativas existen actualmente para proteger al sapo concho?

—Afortunadamente, el Gobierno federal y el estatal tienen proyectos de recuperación de esta especie. Lamentablemente, los recursos económicos que se ubican en estos proyectos son muy limitados.

A través del Proyecto Coquí nos hemos dado a la tarea de tratar de educar al pueblo puertorriqueño, por medio de libros, publicaciones científicas y un sitio web en el que estamos tratando continuamente de buscar formas creativas de educar a nuestro pueblo para intentar ayudar a estas especies. Me tomaría años de trabajo alcanzar lo que Bad Bunny ha alcanzado en cuestión de días. Eso me parece genial y maravilloso.

—¿Qué rol juegan los anfibios en los ecosistemas de Puerto Rico y por qué es crucial su conservación?

—Los anfibios son muy importantes en el trópico, pero en el Caribe y particularmente en Puerto Rico son extremadamente importantes por cuatro razones principales: por razones ecológicas, ambientales, económicas y culturales. En Puerto Rico, al ser una isla en el medio del Caribe, no hay depredadores de gran tamaño, no hay mamíferos grandes como en México y en Centro y Sudamérica o en otras partes del mundo, así que las interacciones ecológicas ocurren en especies muy pequeñas. Tenemos un grupo de anfibios que conocemos localmente como coquíes y son omnipresentes, están en todos lados y son muy importantes porque son depredadores nocturnos, así que nos ayudan a manejar otras especies. Ellos se alimentan de otros animales, que muchos de ellos son dañinos o enemigos de nuestras cosechas y de nuestra salud. Los anfibios nos están dando una mano amiga, nos están dando un servicio ecológico de un valor muy grande al ser depredadores. No solamente son depredadores de otras especies como moscas, mosquitos, algunos insectos y otras plagas, sino que también son presas, son comida para otros animales. Así que tienen dos funciones ecológicas principales: son depredadores y al mismo tiempo son alimento, eso es importantísimo.

A nivel ambiental, los anfibios son conocidos como bioindicadores, es decir, organismos vivos que dan información sobre el estado de salud del ambiente donde viven. En el mar, los mejores bioindicadores son los corales y en la tierra son los anfibios. Nos están levantando banderas rojas, diciendo: “Miren, aquí tenemos problemas ambientales”. Si fuéramos sabios e inteligentes, deberíamos trabajar para solucionar esos problemas.

A nivel económico son importantísimos en Puerto Rico, porque ellos controlan poblaciones de mosquitos y moscas. Si no tuviésemos anfibios, tendríamos que invertir una enorme cantidad en químicos y en estrategias para controlar estas especies. Los coquíes y otros anfibios nos están ayudando a ese control.

Finalmente, el caso de Puerto Rico es único y muy interesante, porque a la gente le fascinan los coquíes. Aparentemente, está fascinación por los anfibios es muy antigua en nuestra isla y tiene sus orígenes en nuestros pasados, entre siete y ocho mil años atrás. Nuestros antepasados taínos que vivían en Puerto Rico tenían fascinación por estos animales y eso lo sabemos porque hay una enorme cantidad de evidencia arqueológica, hay artefactos, petroglifos y pictografías con los anfibios. Eso demuestra que nuestros antepasados taínos, al igual que nosotros, estaban interesados en estos animales, así que también tienen importancia cultural.

Las crisis de una isla

—En Puerto Rico se habla de problemáticas como la urbanización, la turistificación y la gentrificación de la isla, ¿esto también está impactando el hábitat de los anfibios?

—Sí. Se está dando mucha atención a lo que llaman “crisis económica” y esta lleva a la gente y a nuestros gobiernos a hacer cosas un poco absurdas —por no decir que lo son totalmente— para intentar resolverla. Sin embargo, esas medidas tienen, sin duda alguna, un impacto ambiental muy serio y muy grave. Se están haciendo construcciones en donde no se deben hacer, se sigue construyendo en la costa a pesar de que sabemos que el mar se la está comiendo en Puerto Rico y en todo el mundo. Deberíamos ser muy cuidadosos. En mis cursos y en mis escritos hablo sobre la otra deuda que no es la económica: la deuda ambiental y esa sí es real, esa sí es seria, esa sí deberíamos pensarla bien y trabajar sobre ella. Es mucho más importante que la crisis económica que, en cierta manera, es una creación del sistema y que se hace para ayudar a algunas personas que no viven ni siquiera en Puerto Rico. Lo que ellos llaman “desarrollo”, con una población bastante grande en un espacio muy limitado.

Cómo convivir con elementos como el sapo concho, cómo convivir con los coquíes, con nuestra flora y fauna, pasa a un plano muy secundario. Tenemos retos muy grandes en términos de falta de educación, de falta de protección y conservación de nuestras especies. Ahora más que nunca hace falta la ayuda de todo tipo de proyectos, incluyendo el de Bad Bunny, para fomentar la educación y la conservación de estas especies tan importantes.

—¿Hay esperanza desde la educación ambiental? ¿Cree que este tipo de exposiciones mediáticas pueden realmente educar al público sobre los problemas que enfrentan los anfibios en Puerto Rico?

—Creo que sí, definitivamente. Le damos la bienvenida a estas iniciativas y nos abrazamos a ellas porque los recursos que se orientan —por lo menos en Puerto Rico— al tema de educación ambiental, son muy limitados. El Estado tiene otras prioridades que no son estas. Iniciativas como la de Bad Bunny de presentar en medios muy amplios lo que es un sapo concho crea curiosidad en los jóvenes y también en los adultos. En estos días me han llamado cientos de personas, me contactan por las redes sociales preguntándome qué es el sapo concho. Eso es buenísimo en términos de conservación.

—¿Cuál espera que sea el futuro para los anfibios de la isla?

—El futuro de los anfibios de Puerto Rico, incluyendo al sapo concho, no se ve muy bien. No es muy alentador realmente. Me gustaría poder contar otra historia, pero tengo que decirlo como lo siento. Considerando que ya hemos perdido tres especies de anfibios en Puerto Rico y que tenemos varias especies amenazadas o en peligro de extinción que podrían desaparecer en cualquier momento. El sapo concho, el coquí llanero, el coquí guajón o demonio de Puerto Rico, aunque están protegidos en términos legales, la realidad es que podrían perderse.

Nosotros no podemos continuar cometiendo los mismos errores que hemos hecho en el pasado, tenemos que hacer cambios mayores, no pueden ser superficiales. Tenemos que cambiar nuestra forma de vida. En Puerto Rico tenemos que cambiar nuestra forma de producir energía. Ahora nuestro sistema eléctrico está colapsado, está muy abandonado y en pésimas condiciones y tenemos la oportunidad de comenzar desde el principio y hacerlo en la forma correcta.

Lamentablemente, nos damos cuenta de que la gente que está dirigiendo el país está cometiendo y va a seguir cometiendo errores del pasado. Nos están obligando a continuar dependiendo de combustibles fósiles, tenemos la oportunidad única de cambiar a energías renovables y, por falta de conocimiento, por falta de sabiduría de nuestros líderes políticos, no está ocurriendo.

Lo mismo pasa también con el tema de las especies invasoras, que son un problema muy grande en Puerto Rico, pero en vez de trabajar y buscar soluciones, el Gobierno como que no se ha enterado de estas cosas. Estamos básicamente en el mismo lugar donde estábamos 20 o 30 años atrás, no hemos avanzado, no hemos progresado en ese sentido. Así que el futuro de estas especies, incluyendo el sapo concho, no se ve muy positivo. Esto debería servir como una meta importante para nosotros: tratemos de solucionar estos problemas y busquemos alternativas para ellos.

*Imagen principal: Sapo concho. Captura de pantalla de: Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film).

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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(Mongabay Latam / Guillermo Rico) Los primates son importantes para la conservación de los bosques tropicales. Representan una proporción significativa de vertebrados frugívoros y folívoros dentro de las comunidades biológicas del trópico y son innegables dispersores de semillas entre fragmentos de bosque. A pesar de la comprobada relevancia que tienen para el ecosistema muchos de los primates están en peligro de extinción. El tití gris (Saguinus leucopus) es uno de ellos.

De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), las principales amenazas de los primates colombianos son cacería, pérdida de hábitat y presión por actividades humanas.  Las tres se ensañan contra este pequeño primate que solo existe en Colombia.

Una especie en peligro de desaparecer

El tití gris es un pequeño primate arborícola endémico de Colombia que se ha adaptado a sobrevivir en hábitats altamente fragmentados y degradados. Su área geográfica natural de por sí restringida, está localizada en la región central de los Andes, entre los 0 y los 1500 ms.n.m. Su distribución es de tan solo aproximadamente 29.000 kilómetros cuadrados en los departamentos de Tolima, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, sobre la margen izquierda del río Magdalena.

De acuerdo con un estudio de la Universidad Javeriana de Bogotá, la cobertura vegetal en el área de distribución de este primate, principalmente bosques húmedos tropicales, ha disminuido en un 85%. Del bosque nativo remanente, un 80% es bosque en regeneración en diferentes estados de sucesión.

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Esta es una de las regiones donde se reporta la mayor cantidad de hábitat perdido por actividades como ganadería, construcción de infraestructura y expansión urbana. Para el primatólogo Thomas Defler, precisamente su limitada distribución y la reducción y fragmentación de su hábitat, son los principales factores por los cuales está actualmente categorizada como una especie en peligro de extinción. No en vano, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN considera que las poblaciones naturales de la especie están disminuyendo.

En efecto, bajo los criterios de la IUCN se considera al tití gris en la categoría En Peligro.  Esto ha llevado a que algunos investigadores consideren que esta especie está en grave peligro de desaparecer, producto dentro muchos factores, de su baja variabilidad genética.

Para Defler el tití gris está en peligro porque, además, se encuentra en una zona con alto impacto por actividades humanas. La especie soporta una alta presión por cacería, ya que los individuos son frecuentemente vendidos como mascotas.

Viviendo en un hábitat fragmentado

Por una estrecha carretera que conecta la autopista Bogotá-Medellín con el municipio de Victoria, departamento de Caldas (centro del país) se puede llegar a los parches de bosques que son hábitat natural de esta especie. Durante el trayecto se observa a lado y lado de la vía la transformación que ha tenido el paisaje: lo que antes era bosque tropical se ha ido convirtiendo en potreros para ganadería y cultivos de diversos frutales.

Esta situación ha contribuido a la fragmentación del hábitat del tití gris. Si bien algunos grupos pueden alcanzar cercas vivas o líneas arbóreas protectoras de quebradas o incluso cultivos mixtos, la poca conectividad de los bosques de la región puede llevar al aislamiento de algunos grupos de la especie y aumenta la probabilidad de que este pequeño primate sea cazado o se constituya en víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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Varios primatólogos coinciden en que la fragmentación de hábitat puede influenciar la ecología alimentaria de los primates, especialmente en aquellos escenarios donde la perturbación de su hábitat original afecta la presencia, abundancia, distribución y fenología de su alimento.

Alba Lucía  Morales, bióloga que ha trabajado por la conservación del tití gris en Colombia, sostiene a Mongabay Latam que  “el problema es que el titi gris vive en el centro del país. Esta área alberga la mayor concentración de poblaciones humanas. Por lo tanto, su hábitat ha sido altamente modificado y destruido”. En efecto, la especie se encuentra en una zona con alta actividad de colonización donde los animales son vendidos frecuentemente como mascotas para los mercados de Bogotá y Medellín.

A esto se le suma que la especie no se encuentra bien protegida en Colombia en ninguna reserva del Sistema de Parques Nacionales, con la excepción del Parque Nacional Selva de Florencia que protege una población muy reducida.

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A pesar de este escenario tan desalentador para la especie, un estudio realizado por investigadores de la Universidad Nacional de Colombia, de la Universidad de Caldas y de la Wildlife Conservation Society en esta zona concluyó que el tití gris sobrevive en estos ambientes, probablemente porque a pesar de su perturbación, aún existen algunos de los requerimientos necesarios para su supervivencia, tales como sitios de refugio, desplazamiento y alimentación.

Precisamente, la familia Callitrichidae, a la que pertenece este pequeño primate, se caracteriza por exhibir una habilidad particular para adaptarse a ambientes perturbados y urbanizados.

Según investigadores de la Universidad de Antioquia y del Zoológico Santa Fe de Medellín que estudiaron la especie en el departamento de Antioquia (occidente del país), los corredores naturales existentes en la zona de estudio conectan zonas aisladas de bosque. Esta es una de las principales herramientas para el manejo y conservación del tití gris, ya que estos corredores establecen puentes de circulación de los individuos de la especie entre hábitats, lo que conlleva a la ampliación del territorio vital del tití gris y permite que se incremente el tamaño de las poblaciones por el intercambio genético entre individuos aislados de la misma especie.

Traficados como mascotas

El tití gris pesa menos de medio kilogramo y es más pequeño que un gato doméstico. Su pelaje café plateado y su expresión casi humana le confieren una belleza particular que, paradójicamente, lo ha llevado a ser uno de los primates preferidos por los traficantes de fauna silvestre en Colombia.

De acuerdo a datos de la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres de la Universidad Nacional de Colombia con sede en Bogotá, el tití gris está dentro de los primates más traficados del país. La especie frecuentemente llega a los diferentes centros de recepción y rehabilitación de fauna silvestre incautada a traficantes ilegales.

Varios conservacionistas coinciden en que, además de la destrucción del hábitat, una de las amenazas directas para la especie es el tráfico ilegal de individuos como mascotas. La ciudad de La Dorada, en el departamento de Caldas, ha sido identificada por la Corporación Autónoma de Caldas y la Policía Nacional como uno de los principales centros de acopio y de distribución de titís grises arrebatados de su hábitat natural por personas inescrupulosas tentadas por el dinero ilegal.

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La autopista Bogotá-Medellín es considerada un punto donde las bandas dedicadas al tráfico ilegal de fauna comercializan la especie. También lo hacen en vías secundarias como las que comunican a los municipios de Victoria y Samaná (departamento de Caldas) y Falan, Fresno y Mariquita (departamento de Tolima). Los traficantes también utilizan vías fluviales, especialmente el río La Miel, para hacer la extracción de los animales.

Población cautiva

Muy lejos de su hábitat natural, en la sabana de Bogotá, a 2600 ms.n.m, dos títis grises se alimentan de frutas y tenebrios mientras otean sigilosos a un grupo de visitantes del Bioparque Wakatá, que los tratan de identificar en medio de una enramada dentro de su encierro. Leonardo Arias, veterinario de este zoológico, dijo a Mongabay Latam que esta pareja se ha adaptado bien a las condiciones de cautiverio y forma parte del programa de conservación coordinado por la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos y Acuarios (ACOPAZOA) y la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA).

Según ACOPAZOA, nueve zoológicos de Colombia cuentan dentro de su colección con individuos de esta especie y desarrollan actividades para su conservación in situ.

No obstante, su manejo y reproducción no ha sido cosa fácil. De acuerdo con información de ACOPAZOA, cuando se empezó a mantener individuos de tití gris para su reproducción y conservación el tiempo de supervivencia de las crías en cautiverio no superaba los tres meses y la tasa de mortalidad en todas las edades era bastante elevada.

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Igual limitante ha tenido la población de la especie, proveniente del tráfico ilegal, que es albergada en centros de recepción y rehabilitación de fauna silvestre del país. Para Morales “alrededor del 90% mueren en estos centros de rescate por muchas enfermedades y problemas comportamentales”.

La lucha para su conservación

Debido a las dificultades encontradas para la conservación in situ y ex situ de esta especie, se estableció en 2005 un programa de conservación del tití gris coordinado inicialmente a nivel internacional por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA) y en Colombia por ACOPAZOA. En los primeros años se trabajó en conjunto con la Fundación Biodiversa y a partir del año 2010 con Wildlife Conservation Society.

La estrategia de conservación in situ del programa ha incluido estudios sobre la distribución, uso de hábitat disponible, densidad de la población, efectos de la fragmentación sobre la variabilidad genética, mapa genético y estado de salud, para conocer la situación real de la especie en vida silvestre. Adicionalmente, se ha trabajado sobre el diseño de corredores de hábitat para el tití gris.

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Como parte de la estrategia de conservación ex situ se inició un programa de cría en cautiverio, en donde están participando los zoológicos colombianos que tienen la especie en su colección.  En concreto, el programa ha apoyado la construcción de jaulas diseñadas para el alojamiento de la especie en los diferentes zoológicos, lo cual ha contribuido directamente a su reproducción en cautiverio. Adicional a esto se han estandarizado técnicas y manuales para su correcto manejo ex situ tanto en zoológicos como en centro de rehabilitación y reintroducción de fauna silvestre.

Aunado a esto, la estrategia educativa ha abarcado los dos componentes: ex situ e in situ. Según ACOPAZOA se han realizado campañas educativas en todos los zoológicos de Colombia, para intentar mitigar el tráfico de fauna, aprovechando el público visitante. Se ha buscado crear conciencia en la gente sobre la necesidad de conservar la especie y denunciar el tráfico ilegal  del tití gris.

Todo lo anterior evidencia que, si bien es cierto que se ha avanzado en la conservación de la especie, falta mucho por hacer. El tiempo avanza contra el tití gris. El hábitat natural de la especie se sigue perdiendo. Los traficantes ilegales persisten en comercializarla. Las autoridades continúan en la búsqueda de alternativas para frenar su comercio ilegal. Los conservacionistas avanzan en el conocimiento de la especie y en entender su adaptabilidad a hábitats fragmentados. Los zoológicos afinan metodologías para su reproducción y conservación. Las campañas de educación siguen haciendo eco en la comunidad. Mientras todo esto sucede, el tití gris se resiste a desaparecer.

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