En los cuatro años de Duque, no hay que olvidarlo, el Ejército emitió una directiva para presionar el aumento de “bajas”, que fue la misma estrategia macabra que desencadenó los 6.402 falsos positivos durante los ocho años de Álvaro Uribe. De no haber sido por la publicación del New York Times, que desenmascaró esa estrategia del general Nicacio Martínez, hubiéramos repetido la horrorosa historia. Eso no fue lo único, en el gobierno anterior hubo bombardeos a menores de edad, sin olvidar el bazar comunitario que militares convirtieron en una masacre en Putumayo.

Pero tal vez, a diferencia del gobierno Uribe, en el de Duque los protagonistas fueron los falsos positivos urbanos, que todos vivimos de cerca, que se transmitieron en vivo y en directo, cometidos durante las noches del estallido social de 2019 a 2021.

La CIDH documentó que hubo entre 50 y 70 jóvenes asesinados en su mayoría por el desproporcionado uso de la fuerza por parte de la Policía durante el mes y medio del paro de 2021, sin contar los días de noviembre de 2019, cuando Dilan Cruz fue el símbolo de las víctimas y las fatídicas noches de septiembre de 2020, en las que la Policía disparó indiscriminadamente.

A hoy, cuando se conmemora el 28 de abril de 2021, fecha clave de ese estallido social en el que las movilizaciones fueron gigantescas para tumbar la descorazonada reforma tributaria de Duque y Carrasquilla; la impunidad sigue siendo la noticia. Ni Duque, ni Molano, ni Vargas, los responsables directos del asesinato de jóvenes manifestantes, han tenido que responder ante la justicia por esos hechos. Ni siquiera han pedido perdón.

En el caso de Dilan Cruz, asesinado en Bogotá, las evidencias apuntan a un disparo deliberado del capitán del Esmad, Manuel Cubillos, quien no ha sido condenado. A Santiago Murillo, asesinado en Ibagué, la Policía le disparó, pero a pesar de la lucha de su madre, Milena Meneses, porque se haga justicia (de la que he sido testigo directo), el único involucrado quedó en libertad. Por el asesinato de Lucas Villa en Pereira, a pesar de las pruebas que vinculan a la Policía y su relación con mafiosos, ha habido una operación de encubrimiento y de revictimización para desviar el caso. Similar resultado ha habido para las víctimas de las humildes callecitas de Siloé en Cali.

Además, nadie en la Policía responde por el asesinato de Julieth Ramírez, una joven a quien la mató una bala perdida en medio de los enfrentamientos de la Policía con manifestantes en septiembre de 2020, un hecho que llevó a que la Alcaldía de Claudia López les rindiera un homenaje a las víctimas, acto en el que fue elocuente la silla vacía de Iván Duque.

Mientras estos dolorosos hechos ocurrían, él, Duque, su ministro Molano y su general Vargas, seguían en directo desde salas de crisis de la Policía, la actuación de los hombres que estaban a su mando. Nunca hemos podido conocer con claridad cuáles fueron las órdenes que ellos dieron y que se tradujeron en este “juvenicidio”.

Por eso, tres años después del último estallido social, no solo es una ofensa a las víctimas extrañar a Iván Duque y su aparato estatal de represión, sino que es un imperativo pedir que se aplique la justicia hacia ellos. En contraste, a pesar de que el presidente Petro les ha incumplido a los manifestantes con una de las recomendaciones de la CIDH que pedía separar a la Policía del Ministerio de Defensa para dejar de considerar a los manifestantes como el “enemigo interno”, en su gobierno ha habido cero asesinatos y lesiones oculares en las manifestaciones en su contra.

De modo que la tarea es social y también de la justicia. Social porque tal vez es hora de que, así como en el caso de los falsos positivos que existen las Madres de Soacha, se conformen también las “Madres del Estallido Social”, y que al igual que lo ha hecho Milena Meneses, ellas hagan veeduría para que se encuentren los responsables de estos asesinatos.

Y en la justicia, porque ahora que están todas las esperanzas puestas en la nueva fiscal Luz Adriana Camargo y ya no está en la Fiscalía el amigo de Duque, se llame a responder a su ministro, sus generales y se recaben pruebas para que este expresidente responda ante la Comisión de Acusación por los falsos positivos de su gobierno.

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

AUGUSTO MONTERROSO  (Escritor  guatemalteco)

La memoria suele ser corta y selectiva. Solo recordamos lo que nos conviene y tranquiliza. Del estallido social que vivió Colombia en 2021 recordamos su finalización de alguna manera. También, los numerosos muertos, desaparecidos y heridos; una economía más lastimada que cuando ocurrió el confinamiento por el Covid (es posible explicar parte de la alta inflación en alimentos por lo ocurrido en aquellos días que estremecieron nuestro mundo); y el surgimiento de una lucha de clases cuyo resentimiento y miedo perviven: insistimos en mencionar a los jóvenes vándalos de la primera línea y a los fascistas camisas blancas de Cali. 

No obstante, el levantamiento de las barricadas y los escombros no significó la solución de muchos asuntos. Sabemos que el gobierno Duque ninguneó a los organizadores originales y su acotado pliego de 135 puntos y en cambio improvisó  una «Gran conversación nacional» con 150.000 personas quienes presentaron 13.000 peticiones. Se conversó con todos en general y con nadie en particular. Y el gobierno salvó su pellejo hasta la llegada del nuevo. 

Resaltar como un gran logro la reversión de la reforma tributaria del ministro Carrasquilla es una exageración: en realidad no afectaba gran cosa a los sectores populares, como dijeron los huelguistas, sino a la clase media. Tan solo fue la excusa perfecta para liberar la rabia contenida, como había ocurrido meses antes en Chile en donde el estallido explotó por el aumento de treinta pesos en el pasaje del metro y terminó en un complejo proceso para cambiar la Constitución y en el triunfo del gobierno izquierdista de Boric. Los impuestos y los pasajes solo fueron disparadores para sacar a flote el hartazgo social. 

Hay similitudes entre ambos casos. No hay consenso en la determinación de  las demandas centrales de los movimientos ni en la identificación de los líderes sobresalientes. Algo tan generalizado y con tan diversas peticiones desbordó las mesas de negociación. Fue una rabia contra todo por parte de una heterogénea población (no solo de izquierdistas porque no son tantos en ninguna parte del mundo: jóvenes pobres, desempleados y sin educación, grupos violentos, madres pobres, universitarios, delincuentes, indígenas y negros, fracciones lumpescas, artistas, profesores, y un extenso etcétera de personas indignadas). Su agenda era difusa, maximalista y contradictoria. Aprovecharon el momento para vociferar su desagrado y desánimo. Por supuesto, también surgió la hipótesis de que fueron levantamientos populares mangoneados por una Internacional Socialista. No es descartable una cuota de conspiración mundial.

Entonces ¿cuáles fueron los problemas concretos planteados por los protestantes? ¿Cuáles fueron sus exigencias? Difícil resumirlo en pocas líneas. Se plantearon todo tipo de reivindicaciones. Al menos los chilenos se decantaron por un accidentado cambio de Constitución aún en curso. Pero en Colombia, ¿qué cambios se esperaban como consecuencia de esta revuelta? 

Hay una posible respuesta poco tranquilizadora. La protesta fue contra un estado de cosas, contra un orden social, contra la manera como el sistema no está funcionando para todos por igual. Una parte importante de la población no la está pasando bien —según un estudio de Gallup, si pudiera, la mitad de los colombianos se iría del país—. Y no se trata de explicar —porque sería mentira— que es debido a que el país no ha progresado en los últimos treinta años: todos los indicadores sociales y económicos mejoraron (acceso a educación, vivienda, servicios públicos, salud, mayores ingresos, en fin). Sin embargo, ha sido insuficiente para esa parte de la población cuyas expectativas son crecientes y ha perdido la paciencia para esperar. Aspiran a un Estado eficaz, legítimo y más preocupado por su bienestar, a mayor movilidad social, a una mejor educación, a más trabajos dignos, a la esperanza de tener pensión, entre muchas cosas. 

Y obviamente como eso no se logró en la mesa de conversación con un gobierno menospreciativo, se produjo el triunfo electoral de Petro, un candidato de izquierda atizador del levantamiento. Quizás por eso Alejandro Gaviria afirmó que fue positivo para el país el triunfo de Petro, porque podría controlar la explosión social. 

No debe ser liviano el peso de las expectativas de los votantes que carga el presidente sobre sus espaldas. Eso explicaría su intención de reformar todo lo que pasa por su mente delirante y agorera, sin priorizar ninguna idea, ni liderar la gestión de su inexperto equipo. Se percibe su falta de claridad para definir por dónde empezar porque sueña con atender —cual hombre providencial— las 13.000 peticiones del estallido social. Con el agravante de sus falencias para construir consensos con otros sectores y dejar sembrados avances reformistas, como exige un trámite democrático. En esas arenas movedizas está pataleando.

Y este apuro no debería producir satisfacción ni sosiego en quienes están en la otra orilla política. Hay que bajarse de esa nube: el fracaso de Petro no amainará la tormenta social. Por el contrario. Si el gobierno no soluciona ni cambia nada, confirma la vigencia de las causas del estallido. Por ahora, los datos disponibles no dan lugar al optimismo: pobreza (casi 40%), desempleo (10%), inflación (9% o más) e informalidad laboral (sinónimo de marginalidad y precariedad, superior al 55%). Cabe agregar la presencia de grupos armados por todo el país listos con su plata y pólvora para ayudar a crear el caos, la proliferación de bloqueos de carreteras por cualquier motivo y una economía en problemas. 

Ante semejante panorama, produce desazón la parsimonia de las élites y de los ciudadanos en mejor situación ante la magnitud de la desigualdad y la frustración social. Se está dejando a merced del populismo este torrente de descontentos. Están subestimando el asunto. Descartan que la explosión social puede estar en modo pausa. Más allá de eso, creo más en la fraternidad que en el miedo para movilizar acciones de mayor justicia social.

que fuerte soy por tu odio»

Se han lanzado hipótesis de todos los colores políticos para interpretar el estallido social del 2021. Desde que se trató de una conspiración promovida por la izquierda internacional, hasta que fue el acto sublime e iluminador de la juventud colombiana para exigir un mejor porvenir —«ustedes lo merecen todo: no se conforman con migajas» (W.Ospina.)—. Por supuesto, en este extenso arco iris de miradas que va de la una a la otra, caben muchas más. Entre ellas, que la guerrilla y el narcotráfico estuvieron detrás dando armas e instrucciones; o que fue una insurrección espontánea del pueblo contra una élite desconsiderada («respuesta a los impuestos a la comida», G. Petro). Lo cierto es que pudimos ver «un aquelarre de frustraciones infinitas y aleatorias», que destruyó ciudades, elevó el precio de los alimentos, asustó a medio país y definió el triunfo de Petro.

Pues bien, la laureada película colombiana Los reyes del mundo, de Laura Mora, disponible en Netflix, ofrece la oportunidad de examinar con calma otras probables razones de aquel traumático evento. Para aquellos que ven el cine colombiano con pereza y prevención por su monomanía y estética barata (sicarios, guerrilleros, narcos y mujeres siliconadas; gonorreas y madrazos por doquier) permítanme advertirles que se trata de un decoroso acercamiento y por momentos lírico, casi compasivo, a la situación de cinco jóvenes desarraigados en procura de un sueño.

Rá, Nano, Sere, Winny y Culebro son amigos entrañables, los hermana el desamparo. Provienen de familias desechas, desplazadas por la violencia de guerrilleros, narcos, mineros y demás frutos de la tierrita. Sobreviven mal en una ciudad hasta que Rá recibe un oficio de la Unidad de Restitución de Tierras que le anuncia la devolución de la parcela de donde fue expulsada su abuela. La película es la historia del viaje de Rá y sus amigos desde la ciudad hasta el campo para tomar posesión. Los mueve el sueño de la tierra prometida, un lugar donde al fin podrán vivir en paz sin que nadie los humille. Confían en que por fin se haya hecho justicia. Son jóvenes que vislumbran un futuro, no se sienten condenados por anticipado. Una esperanza que marca la diferencia de esta película de otras que abordan lo mismo (Rodrigo D No futuro, La Virgen de los sicarios).

La travesía de los cinco muchachos nos sumerge en la realidad colombiana en toda su aspereza y ternura. Recorren carreteras que culebrean por montañas envueltas en espesas nubes donde se mimetizan las luces y sombras del país. En escenas conmovedoras se muestra a campesinos más pobres que ellos compartiendo su comida. A prostitutas tristes acogiéndolos como madres que reciben a sus hijos ausentes. A campesinos y empresas que protegen con celo sanguinario sus minas ilegales. Momentos de un indescifrable júbilo, desafiante y vengativo, porque se apedrean las bombillas de la calle. 

Así como no hay condescendencia con estos jóvenes abandonados a su suerte, tampoco la película la tiene con el espectador. Ahí está el país que tanto patriotismo nos despierta cuando se trata de fútbol, tanta zozobra cuando se trata de bloqueos y tanto desmoraliza cuando se observa una clase política dedicada a su enriquecimiento.

Es una crónica alejada del tratamiento judicial (detenidos y daños) y moralista (gente de bien contra malos) que los noticieros de televisión acostumbran dar a las acciones de los jóvenes. Sin endiosarlos y poniéndose sus zapatos, la directora Laura Mora teje con buen pulso el hilo que conduce desde las agrietadas vidas de Rá y sus hermanos hasta el estallido social.