Sin embargo, el camino hacia esa paz no ha sido ni tan ágil como se prometió. Basta recordar cuando el presidente aseguró que podría desmovilizar al ELN “en tan solo tres meses”. La realidad ha sido otra: ese grupo armado ha perpetrado múltiples ataques contra las Fuerzas Militares, violaciones al Derecho Internacional Humanitario y ha estado directamente implicado en la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo desde hace más de cinco meses.

A esto se suman las fracturas institucionales. La falta de liderazgo del comisionado de paz, Otty Patiño, ha debilitado la interlocución oficial; la inclusión de disidencias de las FARC en las negociaciones, pese a que el acuerdo de 2016 estipulaba que enfrentarían la justicia, genera dudas; y episodios como la captura —y posible extradición— de alias “Araña”, justo al cierre de un ciclo de conversaciones con los Comandos de Frontera, exponen graves incoherencias estratégicas.

El informe La paz, ¿cómo vamos?, elaborado por Vivamos Humanos y la Fundación Paz & Reconciliación, retrata este panorama con nitidez: solo el espacio socio jurídico del Valle de Aburrá recibe una evaluación positiva. El resto presenta retrocesos o estancamientos, lo que evidencia que la Paz Total requiere no solo voluntad política, sino una reorientación táctica que garantice resultados concretos.

 La verdadera paz exige procesos de perdón, verdad y garantías de no repetición —elementos que muchos ciudadanos no perciben. Por ello, generó tanta controversia el reciente acto público en Medellín donde algunos negociadores, aún recluidos en la cárcel de Itagüí, fueron autorizados a posar como voceros de paz. Para un sector amplio de la sociedad, este gesto no simbolizó reconciliación, sino impunidad.

Y aunque algunos avances son innegables, el país no parece estar preparado emocionalmente ni simbólicamente para ver a antiguos victimarios en la plaza pública. La falta de pedagogía en torno al proceso hace que estas apariciones se interpreten como exaltaciones del prontuario criminal, no como pasos hacia la reconciliación.

El proceso de paz con las FARC dejó lecciones profundas que hoy no pueden ignorarse. El desarme es importante, sí, pero sin un tejido social que lo sostenga —sin justicia restaurativa ni legitimidad ciudadana—, todo acuerdo queda expuesto a la fragilidad de la desconfianza.

Nota final: En un escenario preelectoral, Colombia se enfrenta de nuevo a un dilema histórico: continuar por el camino de la negociación o abrirle paso a las soluciones armadas. Hoy, cuando la Paz Total parece lejana resulta urgente evitar una guerra total.

“La paz (…) más que una cuestión política o militar, o económica, es un logro de la sabiduría“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

¿Qué hacer para que la ética, y no el clickbait, gobierne las salas de redacción?

Diversos medios de comunicación y algunos políticos se pegaron de la entrevista que un periodista de Los informantes (Caracol Televisión) le hizo a miembros del ELN, con el único fin de extraer aquello que sirviera para atacar al presidente, renegar de la Paz Total y por ahí derechito, sin querer queriendo, congraciarse con aquella guerrilla.  

“ELN habría ayudado a elegir a Petro, según una comandante”, tituló la revista Semana, refiriéndose a alias Silvana Guerrero.

El periodista Eduardo Contreras le preguntó a la subversiva: ¿Ustedes ayudaron a elegir a Petro?, y ella respondió: “Se ayuda a elegir desde el trabajo político que nosotros desarrollamos en todo el amplio territorio del país por un candidato que generó una expectativa, mucha población vio en Petro el presidente que podría cambiar el rumbo de este país, y mira, nos ha decepcionado”.

La periodista Julia Correa ajustó esos 21 segundos a su manera, es decir, a la manera de Semana, un medio probadamente en oposición al gobierno:

“Una comandante del ELN confesó que ellos habrían ayudado a elegir a Petro. Y si eso es verdad el país lo debería saber. Silvana Guerrero, comandante del Frente nororiental del ELN, dijo que ese grupo terrorista ayudó a elegir a Petro desde el trabajo político que ellos desarrollan en el amplio territorio del país (…) Una confesión que estremece al país y sobre la que debería pronunciarse no solo el presidente, también los funcionarios de su gobierno y los congresistas de su coalición. Estamos hablando de una agrupación que ha cometido crímenes, asesinatos y secuestros, además de la tragedia humana que ha causado en el Catatumbo, sin mencionar muchas otras. Y por supuesto, las autoridades competentes deben investigar esas afirmaciones lo más pronto posible, pues de confirmarse estaríamos ante un presidente ayudado a elegir por un sanguinario grupo narcoterrorista”.

Infobae tituló: “ELN aseguró que ´trabajó´ para que Gustavo Petro ganara las elecciones en 2022: le recomendaron ´ir al psiquiatra´”.

Es decir, los pájaros tirándoles a las escopetas: Los guerrilleros, posando de dignos, haciendo evaluaciones y diagnósticos psiquiátricos, sabiendo que son arte y parte en esta demencial confrontación, en la que tienen culpas y pecados, más no voluntad para acabarla.  

Los precandidatos, que nada proponen, porque pareciera que nada tienen para proponer, se regodean con la entrevista. Sergio Fajardo acogió las palabras del comandante Ricardo del ELN, quien dijo “Paz total, fracaso total”, y vaticina que el país se encuentra bajo la amenaza de una “guerra total”, en tanto que la senadora María Fernanda Cabal, quien tiene agencia de prensa propia, fue de las primeras en sacarle provecho al siguiente fragmento en su cuenta de X.  

“El hecho de que dos personas digan que hicieron trabajo político para la elección de Gustavo Petro, de entrada es cuestionable porque no se sabe si es verdad o no. Pero si fuera cierto, es porque creyeron que habría un cambio político que permitiría revivir las opciones de paz, que fueron cerradas con el Plebiscito de 2016”, me dice, vía WhatsApp Javier Correa, escritor, periodista y exmiembro del M-19.

El diario El Colombiano, en actitud responsable, busco voces, estas si autorizadas, (entre ellas la de Ariel Ávila, analista del conflicto y Angelika Rettberg, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes) para hablar sobre el tema, aparte de dar contexto a la información, que es lo que en estos casos se le pide a la prensa, no quedarse únicamente con lo que sirva, desde el sesgo informativo, para alborotar el algoritmo. 

“Si bien los subversivos no profundizaron cómo ni en qué circunstancias se dio ese “trabajo político”, explicaron que no se trató de una orden emanada por los máximos cabecillas del ELN y que terminaron “convencidos” por el discurso del hoy presidente”, aclara en su nota el periodista Javier González.

El presidente no se quedó callado. En un primer trino manifestó que “no busco votos, busco la paz que ustedes no entendieron’ y en un segundo tuit calificó al ELN de fuerza mercenaria controlada por el narcotráfico. “El ELN crece con mercenarios. Es la modalidad del traquetismo”, trinó.

“Hablando de este tema con mi hija le pregunté si ella encontraba alguna diferencia entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento, dijo, se lleva en la cabeza y la sabiduría está en el corazón. Y esa es probablemente la clave: la paz es una construcción del corazón“: Javier Darío Restrepo, faro ético y maestro de periodistas (1932-2019).

Los colombianos debemos entender, y esto nos incluye a los periodistas, que la paz es el bien supremo de una nación para que podamos convivir como gente civilizada. No podemos comportarnos de manera insensible, con cero empatía con las víctimas del conflicto armado interno y las canalladas que de este se derivan.

La paz merece hasta el más mínimo esfuerzo de los medios y de la sociedad. Nadie debería empecinarse en seguir alimentando la idea de que corran ríos de sangre por la antipatía hacia este u otro mandatario, olvidando que hay unos principios que nos rigen como nación.

Mientras que el artículo 22 de la Constitución Política de 1991 establece que “la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, en su preámbulo la misma carta magna le reconoce a la Paz su condición de valor fundante cuando expresa que, “el Pueblo de Colombia, en su calidad de Soberano, y para garantizar la Paz, aprueba dicha Constitución”.

La prensa, dentro de eso que llaman su función social, debe despojarse de cualquier mezquindad para exigir del gobierno cumplimiento de lo pactado en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y exigirle también acciones contundentes de la fuerza pública para mantener el orden público y proteger a los civiles. Pero a nadie debería tildársele de loco por soñar con la paz.  Y quienes están por fuera del marco de la ley no son, ni mucho menos, quienes tienen la autoridad moral para seguir avivando las confrontaciones en un país hastiado de la locura de la guerra.

Comparto lo escrito por el analista León Valencia en su libro ¿Plomo es lo que viene? (Sello Aguilar, 362 páginas), refiriéndose a guerrillas y disidencias: “intentan revivir un espíritu insurgente que ya no encontrarán. La razón es clara: la alternancia política, a pesar de sus desafíos, se ha consolidado en la vida republicana colombiana, y eso significa que las opciones de transformación social ahora tienen un carácter civilista y democrático. La insistencia en la guerra solo aleja a estos grupos de la última posibilidad de relevancia política que les queda (…) la alternancia ha traído consigo la necesidad de construir una narrativa que vincule seguridad y paz, profundizando en el Estado de Derecho y brindando protección. Se trata (…) de encontrar nuestro acuerdo nacional, donde la violencia tenga cada vez menos cabida”.

Amén.

Aquí la entrevista completa del programa Los Informantes.

“Ejército Liberticida Nacional”

El caso más grotesco y patético es el del ELN, cuyas siglas ahora significan Ejército Liberticida Nacional, pues confina y niega a las comunidades rurales la libertad de movimiento y existencia en el Catatumbo, Chocó y Cauca. Ya demostraron sus comandantes ser incapaces de comprender el lenguaje de la paz, dilapidando una vez más la generosa e ingenua oportunidad brindada por este gobierno en prolongadas y extenuantes mesas de diálogo, que culminaron en la actual crisis humanitaria. Todo parece indicar que les ha llegado la hora de entender las armas, el único “lenguaje” que saben articular y disparar. Por eso tiene sentido el nombramiento del general Pedro Sánchez[ii] como ministro de defensa. Quizá así se compruebe, una vez más, la grave sentencia de Hobbes: “Los pactos que no descansan en la espada no son más que palabras, sin fuerza para proteger al hombre, en modo alguno”. Ello significaría, por doloroso y cruel que suene, que para dichas organizaciones solo“la paz con sangre entra”, pues no le han dejado al “gobierno del cambio” otra opción que confrontarlas en el campo de batalla, sobre el cual sin duda sabe mucho más el general Sánchez que el saliente y bien intencionado ministro Iván Velásquez, un hombre de leyes y no de armas, extraviado en el laberinto de esta guerra degradada.

Un general para la Paz

Sería también una oportunidad histórica para la Fuerza Pública, pues el general Pedro Sánchez podrá refutar los hipócritas y falaces argumentos de exministros civiles como Rafael Pardo y Martha Lucía Ramírez, que ahora ponen el grito en el cielo y hablan de “inconsistencia ideológica” del primer presidente de izquierda. Dice la exministra de defensa, Martha Lucía Ramírez: “Es inconcebible que después de todo el avance de Colombia para que haya un poder civil a la cabeza de las Fuerzas se ceda este poder. (Petro) lo hace para congraciarse con las Fuerzas Militares, a las que no ha hecho otra cosa que maltratar”. Más bien es todo lo contrario, exministra, lo inconcebible es que usted, bajo la dirección del presidente Uribe y el mando del general Mario Montoya, haya realizado la Operación Orión en la comuna 13 de Medellín, en asocio criminal con Don Berna, Diego Fernando Murillo[iii], de las AUC, cuyo saldo de crímenes impunes no solo “maltrató” a las Fuerzas Militares, sino que las deslegitimó y degradó. Algo similar le sucedió al exministro Rafael Pardo, el primero civil recién estrenada la Constitución del 91, que no solo prometió llevar a la mesa de negociaciones a las FARC en seis meses y estuvo al frente de la fracasada “guerra integral”, sino que además promovió con el entonces presidente César Gaviria la creación de las CONVIVIR[iv], mampara de la actuación de las AUC en muchas regiones del país que luego anegaron en sangre con sus masacres. Cooperativas que siempre auspició y defendió el muy civilista gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, que condecoró como general de la Paz a Rito Alejo del Río, condenado a 26 años por su ejemplar colaboración con las AUC y el crimen de Marino López Mena en el marco de la Operación Génesis adelantada en el Cacarica y Salaquí entre el 24 y 27 de febrero de 1997[v].

¡Civiles guerreristas contra el general Sánchez!

Y para completar el corifeo de indignados por la presencia del general Sánchez en el ministerio de defensa, tenemos la flamante y reveladora declaración del representante a la Cámara por el Centro Democrático, José Jaime Uzcátegui, hijo del general (r) Jaime Humberto Uzcátegui: “Que el nuevo ministro sea de origen militar permite pensar que se va a reactivar la ofensiva de la Fuerza Pública que necesita Colombia, pero a su vez queda la duda de si Sánchez es una persona capaz de decirle ‘No’ al Presidente y anteponer los intereses del sector Defensa a la obediencia debida que tienen los militares ante el jefe de Estado”. Declaración inaudita en un congresista, pues afirma que los “intereses del sector Defensa” deben estar por encima del poder civil presidencial y de la Constitución que manda en su artículo 22: “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”. Sin duda, las reacciones de estos tres acérrimos civilistas, confirma el aserto atribuido a Don Miguel de Unamuno: “Es más fácil civilizar a un militar, que desmilitarizar a un civil”. Sobre todo, porque esos civilistas acérrimos nunca han estado en el campo de batalla exponiendo sus vidas y cuando más se han limitado a dar órdenes desde sus seguros escritorios ministeriales o vociferar discursos belicistas en sus encumbradas curules del Congreso. Todo lo contrario del general Sánchez, con 35 años en servicio, quien “lideró en 2023 la ‘Operación Esperanza’, con la que se logró el rescate de los menores Lesly Mucutuy, de 13 años; Soleiny Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4 años, y Cristin Ranoque Mucutuy, de uno, en un operativo que contó con el apoyo de los conocimientos ancestrales de las guardias indígenas”. Solo cabe desearle igual éxito al general Sánchez en el rescate del orden público nacional, demostrando que la seguridad humana y territorial es el presupuesto necesario para la paz, confrontando eficaz y legítimamente, con el cumplimiento del DIH y los Derechos Humanos, a las organizaciones criminales que hoy los desconocen y conculcan la vida, libertad y seguridad de civiles en vastas regiones del país.

[i] https://www.youtube.com/@oromocafelibreriaeditorial367?si=-npNUggER8SCnkNj

[ii] https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/el-general-pedro-sanchez-designado-mindefensa-lidero-el-rescate-de-los-ninos-de-la-selva-3428600

[iii] https://centrodememoriahistorica.gov.co/20-anos-de-la-operacion-orion-la-intervencion-armada-urbana-de-mayor-impacto-en-el-conflicto-armado/

[iv] https://verdadabierta.com/las-convivir-motor-de-la-guerra-paramilitar/

[v] https://www.justiciaypazcolombia.com/26-anos-de-condena-al-general-r-rito-alejo-del-rio/

Aunque la paz es un derecho, y por lo tanto es un deber del Estado garantizarla, en Colombia todos menos el presidente nos habíamos dado cuenta que desde hace meses la intención del ELN era entretener la opinión pública y las miradas mientras que fortalecían su brazo financiero y armado.

Esto supone ahora un problema muy serio, puesto que la tarea de organizar las Fuerzas Armadas no es de ‘soplar y hacer botellas’. Es necesario verificar las capacidades tácticas y tecnológicas del ejército, fuerza aérea, armada y policía. En este blog no vamos a hablar de eso, pero vale la pena mencionar que este gobierno ha dilatado peligrosamente la decisión de la renovación de la flota super sónica (reemplazo de los KFir), así como la renovación de las Fragatas (Construcción de las Plataformas Estrategicas de Superficie), ambas columnas vertebrales de la defensa y seguridad nacional.

Retomando, así como él fue el único que no se dio cuenta del actuar del ELN, es necesario que el presidente salga de su urna de Cristal, en el que es un líder mundial que vencerá, él solito, al cambio climático, las petroleras y renovará la industria agropecuaria.

Bueno sería que el señor presidente ahora volteara a mirar cada una de las carteras que tiene a su cargo y se empiece a dar cuenta de las fallas en las que se han dejado dar largas y no se han dado soluciones de fondo.

Los casos de corrupción son alarmantes. Mientras el 60% de la población del país se encuentra en la pobreza o en riesgo de caer, no puede pasar que se roben plata en el gobierno que prometió trabajar por los pobres. Se requiere mano dura y agilizar los procedimientos para juzgar a los culpables, recuperar el dinero y entregarlo a quienes si lo necesitan.

La economía del país está en una no oficial recesión. Esto significa que los estímulos tienen que llegar para aumentar la producción, que aumentará el recaudo y que evitaría así una nueva reforma tributaria (aunque la quieran llamar ley de financiamiento). Es necesario hacer un recorte, ser austeros, ajustarse el cinturón y proceder a trabajar con consciencia y evitar que los impuestos hundan a la económica colombiana. Vale la pena decir que la inflación actualmente la está cediendo por la buena gestión del Banco de la República, no por la gestión del gobierno nacional.

En cuanto a las reformas, lo primero que debería hacerse es centrarse en la ejecución de la Reforma Rural. Fue de las primeras logradas, hace parte del mandato del Acuerdo de Paz con las FARC y es parte del plan de gobierno del Presidente, pero parece que al sector Agricultura le da miedo ejecutar. La ciudadanía no va a confiar en las reformas mientras que las que ya han salido no se ejecuten y no demuestren su potencial benéfico.

Y, aunque acá podríamos continuar un buen rato, lo importante es que el Presidente se dé cuenta de estas situaciones al interior de la administración y que no vuelva a pasar que todos sabemos qué está pasando, menos él.

Mientras que los medios han construido una opinión pública negativa de la Paz Total, en reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP se evidencia, entre otras conclusiones, que en los primeros 10 meses de 2023 hubo un desescalamiento del conflicto armado y, en ciertas regiones, hubo “alivios humanitarios parciales”.

El reto central es crear una estrategia comunicativa para darle a entender a la sociedad la reconfiguración que ha tenido el conflicto armado y la diversidad de grupos armados al margen de la ley -GAOML- y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto – EAOCAI- con las cuales está negociando el Estado colombiano. Hay diferencias sustanciales con los procesos de paz anteriores que se llevaron con grupos armados, pues mientras la administración Uribe negoció con las AUC, Santos hizo lo propio con las FARC, la actual administración tiene, al menos, 8 escenarios en los que se cuentan procesos de paz y acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones ilegales.

Son tres procesos de paz que se adelantan con GAOML: por un lado, la negociación con el ELN que se encuentra empantanada porque esta organización ilegal continua con la práctica del secuestro, desconociendo el respeto al DIH pactado en México. La negociación con el Estado Mayor Central liderado por alias Iván Mordisco, quien ha anunciado su voluntad de paz, pero que exige la no presencia de Fuerzas Armadas en el cañón de Micay para sacar la cocaína que producen por el pacífico. El tercer proceso se lleva a cabo con las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Marquez, que, si bien, se sentó en ocasiones en la mesa con el Ex Comisionado, Danilo Rueda, no hay negociación en curso.

Hay cinco procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia con EAOCAI: inicialmente están los diálogos con Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quizás el grupo armado con mayor presencia en el territorio, que está pidiendo un reconocimiento político porque creen tener una visión de país; en segundo lugar, los diálogos con shottas y espartanos en Buenaventura, que han evidenciado una reducción sustancial en los niveles de violencia en el puerto del pacífico; otras son las estructuras que hacen presencia en el Valle de Aburrá que, por medio de comunicado a la opinión pública del pasado 23 de noviembre, dieron a conocer su voluntad de continuar con los protocolos y temas de dialogo en los acercamientos con el gobierno; en cuarto lugar están los mexicanos, locos yam y RPS que hacen presencia en Chocó y con quienes se instaló un Espacio de Conversación Socio-Jurídico en agosto de este año; finalmente, los acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como los pachenca, quienes, el mes pasado, liberaron a dos jóvenes que tenían en su poder y han manifestado su voluntad de paz al gobierno.

A pesar de que varias de estas organizaciones han mostrado su voluntad de paz e interés para someterse a la justicia, lo paradójico es que ha sido el Estado colombiano el que ha limitado los avances, pues no hay un marco jurídico. El proyecto de ley de sometimiento se hundió en el Congreso de la República en la legislatura anterior y actualmente el gobierno no se a puesto de acuerdo para presentar uno nuevo. Mientras unos consideran que se puede ampliar la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), otros consideran que se debe presentar una iniciativa propia.

Otty Patiño, también, debe posicionar en la opinión pública el discurso de que la Paz Total aporta a los derechos de las víctimas, pues algunas de estas estructuras cometieron magnicidios, infracciones al DIH y operaciones militares que causaron hechos victimizantes generalizados. El aporte a la verdad extrajudicial y el cese del flagelo de la desaparición forzada son algunos derechos de las victimas que, en el marco del sometimiento a la justicia y de procesos de paz, deben salir a la luz pública.

La encrucijada en la que se encuentra el gobierno está en que, debido a la complejidad actual del conflicto y a la diversidad de grupos que hacen presencia en el territorio, si golpea militarmente a una estructura ilegal, termina beneficiando a otra. Las rutas metodologías de acercamiento y negociación que se desarrollen con las organizaciones armadas deben darle la ventaja militar a las Fuerzas Militares del Estado y tener claridades en temas urbano-rurales, cuestiones novedosas para el Estado colombiano. Es por ello que la Paz Total debe comprenderse de manera integral y si no se desarman todas las organizaciones armadas que hacen presencia en el territorio, la violencia continuará y posiblemente se recrudecerá finalizado este gobierno.

Esta fue una de las promesas del hoy presidente de la República, Gustavo Petro. En su campaña llegó a afirmar que tres semanas después de llegar al poder él iba a finalizar la guerra con el ELN, quienes hoy son el grupo armado más robusto en el país.

En el proceso de llamado del gobierno nacional muchos fueron los grupos al margen de la Ley que levantaron su mano para buscar la finalización de su actuar armado, y su búsqueda de encontrar una solución negociada para encontrar fin a la guerra en Colombia. Desde algunos grupos de tipo paramilitar hasta las guerrillas, absolutamente todas las aristas ideológicas y delincuenciales estaban allí presentes.

Tanta búsqueda de la paz, en repetidas ocasiones, me han recordado el ensayo “Sobre la paz perpetua” de Inmanuel Kant, filósofo prusiano padre del idealismo y máximo exponente del criticismo.

Este histórico documento fue publicado en 1895, poco después de que Francia y Prusia firmaran la paz en Basilea. Kant sugería en este texto un orden para que la paz fuera una orden entre estados, y a la vez, una meta final de toda la humanidad. Plantea en ese documento las formas en las que el estado debe estar constituido, la forma en la que la sociedad se debería convertir y, si bien, no garantiza que a través de las sugerencias que escribió se consiga la paz, si es un lineamiento para que quienes sigan sus textos, logren construir un camino hacia la ausencia de conflictos entre estados.

En el desarrollo del documento Kant fija seis puntos clave para la consecución de “la paz perpetua”:

1. No se debe tener en cuenta ninguna negociación previa, puesto que todas las anteriores fracasaron en su intento de consolidar la paz.
2. Todos los estados deben ser soberanos y republicanos.
3. Debe haber un organismo global que acoja a todos los miembros a través de una federación.
4. Debe haber unos mínimos de hospitalidad de tratamiento entre hombres.
5. Quien quiera paz, debe dar garantías de querer lograrla.
6. No debe haber intenciones secretas mientras se consolida la paz.

Si bien Kant redactó una serie de parámetros para la paz entre estados, es fácilmente aplicable estas máximas reglas en los procesos de terminación de conflicto interno como el que Colombia está tratando de llevar a cabo.

Dentro de las sugerencias dejadas por el filósofo prusiano, lo propicio será centrarse en las últimas tres, dado que son las aplicables a la conflictividad de Colombia. Además, porque el proceso de paz no es entre dos Estados, sino entre el Estado y la insurgencia.

Así pues, valdría la pena contrastar la voluntad de paz, las actuaciones y los mínimos para la creación de un ambiente de paz, tales como los ceses al fuego de manera unilateral y frenar determinantemente los paros armados y los secuestros.

Según Indepaz, más de 237 personas han perdido la vida en por lo menos 90 ataques o masacres contra la población civil o la Fuerza Pública. Esta cifra no contempla el incesante creciente número de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos que lamentablemente mueren semanalmente en todos los rincones de la geografía nacional.

Esta cifra, aunada a las contradictorias posiciones en las mesas de negociación, a las solicitudes de cambiar el modelo económico y a las dilataciones que están teniendo diferentes grupos armados, especialmente el ELN, han minado la confianza de los negociadores y de la sociedad colombiana. Y más allá de la confianza de quienes negocian y de la mayoría de los colombianos, han violentado los fundamentos de la paz perpetua.

Actualmente estas organizaciones delictivas, que funcionan más como cárteles de drogas que como agrupaciones ideológicas que buscan un cambio en el país, no cumplen los requerimientos de que se han planteado por siglos para la construcción y consolidación de la paz. Por lo tanto, el Estado debería dejar de buscar negociaciones que serán infructíferas y retomar su rol de garante de derechos a como de lugar.

Dos guerras mundiales y miles de muertos al menudeo en tiroteos de poca monta (aquí y allá) nada importante han resuelto en ninguna parte del planeta.

Por eso celebramos desde el departamento del Cauca que el gobierno logre un cese al fuego con grupos armados de todas las tendencias para intentar, una vez más, la paz en el territorio colombiano.

Tenemos tantos muertos en el Cauca por conflictos armados distintos, que realmente un respiro para pensar en cómo acabar con la violencia es una bendición.

En cada municipio nuestro vivimos un temor que no permite aflorar la resistencia ciudadana para convocar la paz como una necesidad vital de territorio.

La guerra nos tiene fracturados como sociedad en el Cauca. Por culpa de la violencia nuestros  líderes se esconden, se callan, se exilian, transigen, se hacen los de la vista gorda, los matan.

La guerra nos ha impedido que tengamos identidad propia, leyendas comunes, amor por la tierra que nos habitamos, acontecimientos que nos unan, y mucho menos una movilización contundentes de todos los sectores sociales en los 42 municipios gritando ¡basta ya, no más guerra!

Al parecer somos una raza anestesiada en el dolor, la sangre y el desgarramiento del otro.

Una raza indiferente y cobarde que tiene como bandera el silencio y el agache de cabeza cuando hay una masacre, una toma de pueblo, un secuestro, un atentado.

Por tanto, todo esfuerzo de paz en el Cauca hay que respaldarlo. Ponerle gente, convertirlo en tema de conversación en todas partes.

La tregua, la paz, el cese de actividades que nos darán los grupos armados debe ser una oportunidad para sentarse y conversar asuntos de convivencia como sociedad civil.

La gobernación, los alcaldes deben convocar, sino la sociedad civil debe hacerlo.

Pensar en el futuro, pensar en la región implica meterle malicia indígena, como se le dice al saber popular; pero también estrategias científicas, como les gusta decir en las universidades a sus propuestas.

¿Cómo integrarnos como caucanos? ¿Cómo unirnos como habitantes de esta región? Son grandes temas y grades preocupaciones.

Tenemos que superar las dificultades raciales que nos desunen, las desigualdades económicas que nos fragmentan, pero sobre todo frenar los prejuicios que nos desgarran.

De qué vale poder elegir gobernantes si seguimos viviendo en la miseria de la guerra, si continuamos matándonos como enemigos mortales.

Si la gente se auto exilia de miedo todos los días.

Humanizar la vida, dejar la indiferencia ante el dolor ajeno, son tareas comunes y necesarias.

¿Será que la tregua nos permite vivir una vida normal en todas las carreteras del Cauca?

Que nuestros líderes y el gobierno nacional identifiquen nuestras falencias.

Pero que todos, como ciudadanos podamos decir algo al respecto, sería lo ideal.

Convocar un referendo por la paz en el Cauca, es buena idea, por ejemplo.

Para lograr la tan anhelada la paz, hay que dejarnos de hacernos los de la vista gorda cuando pasa una desgracia frente a nuestros ojos.

Que hable el gobernador, que hablen los alcaldes. Que hablen los gremios, que hable la gente.

La Paz en Colombia, pasar por el Cauca.