Se han creado mecanismos para aprobar nuevos pregrados en poco tiempo. Simultáneamente, se han eliminado programas con bajas tasas de empleabilidad. Como declaró Liao Xiangzhong, rector de la CUC: “El futuro será la era de la división del trabajo entre humanos y máquinas. La educación debe cambiar por completo: el profesorado debe entender qué papel desempeña en el sistema de conocimiento y dejar el resto a la IA”.

LUCES

La gran virtud del sistema chino es su velocidad de adaptación. Mientras muchas universidades aún discuten cómo incorporar la IA a sus planes de estudio, China comprendió que no se trata solo de añadir una asignatura, sino de repensar carreras completas, métodos de enseñanza y perfiles profesionales. Cambios comprensibles en un contexto de cambio tecnológico, altas tasas de desempleo y competencia por el liderazgo global.

También hay un acierto de fondo en la apuesta por la colaboración humano-máquina. La IA puede asumir tareas repetitivas, procesamiento de datos, traducción básica o generación de borradores. Esto desplazará el trabajo humano hacia funciones de creatividad, juicio, estrategia, interpretación y supervisión crítica. Bien orientada, esta transición no tendría por qué degradar la educación, sino encaminarla a reflexionar y enseñar lo que la máquina no puede hacer.

SOMBRAS

Pero emerge el perfil inquietante del modelo: su instrumentalismo. La reforma trata a la universidad como una plataforma de ajuste productivo. Tienen más valor las carreras que responden a la demanda inmediata y menor valor las que cultivan la reflexión, la memoria o la imaginación. El problema no es adaptar la educación al cambio tecnológico, sino someter el conocimiento al criterio de la utilidad económica.

Ese utilitarismo tiene consecuencias humanas e intelectuales. Para los estudiantes de las carreras eliminadas, la reforma no es una promesa, sino la certeza de que estudiaron una disciplina inútil. El riesgo es aún mayor para la universidad. Cuando las decisiones académicas empiezan a depender de métricas de empleabilidad y señales de mercado, la institución puede volverse muy eficiente para responder al presente, pero incapaz de preservar saberes, formar criterio y resistir la volatilidad tecnológica.

LA TRAMPA DE LA HIPERESPECIALZIACIÓN

Otra sombra preocupante es la pérdida de la interdisciplinariedad. Al sustituir carreras por programas vinculados a tecnologías de punta, China corre el riesgo de formar profesionales muy eficientes para el mercado de hoy, pero frágiles para el del 2040. La historia tecnológica muestra que los ciclos de innovación pueden ser vertiginosos.

Por ejemplo, en España la telefonía móvil dio un salto decisivo en 1995 con la llegada del sistema GSM, que desplazó tecnologías anteriores y reorganizó el sector por completo. Ese antecedente ayuda a entender el problema de fondo. Cuando la universidad forma especialistas atados a una tecnología específica, corre el riesgo de que ese conocimiento envejezca antes de consolidarse profesionalmente. Por esa razón, una formación con bases robustas en humanidades, ciencias básicas y pensamiento abstracto, suele ser más resiliente que los programas diseñados alrededor de una innovación puntual.

LO QUE ESTÁ EN JUEGO

La revolución educativa china es un experimento fascinante y valiente. Sin embargo, el instrumentalismo convierte a la universidad en una fábrica de perfiles técnicos. A lo anterior se le suma la angustia de los estudiantes de las disciplinas extintas y una posible fragilidad a causa de la hiperespecialización.

China podría combinar su velocidad con una “cláusula de salvaguarda humanística”: cada carrera tecnológica incluya al menos un 25% de créditos en pensamiento crítico, historia o ética. Singapur ya lo hace. También podría garantizar que los estudiantes de las carreras eliminadas tengan la opción de terminar sus estudios con un “complemento de empleabilidad” financiado por el Estado. Sin estos ajustes, la revolución educativa será técnicamente brillante pero humanamente frágil.

En pocos años veremos a otras naciones copiar el modelo si China tiene éxito. Si fracasa, servirá como advertencia de lo que ocurre cuando se olvida que la universidad no solo debe preparar trabajadores, sino humanos para la vida, la duda y la creación desinteresada.

Por ahora, los estudiantes asisten a clase sin saber si sus títulos son un pasaporte o un epitafio.

El error está en tratar la crisis como un escenario excepcional; una anomalía que se desvía de una línea recta cuidadosamente trazada y que, al parecer, avanzaba hacia una dirección supuestamente clara para todos. Pareciera, entonces, que existiera un “estado normal” de la universidad: estable, predecible, sin conflicto. Y lo cierto es que la universidad —desde su invención moderna— ha sido, precisamente, una institución que vive en medio de tensiones constantes y que, una y otra vez, reafirma su valor inconmensurable como faro en aguas turbulentas y baja visibilidad.

Por eso conviene resistir esas lecturas contemporáneas que, tristemente y no con poca frecuencia, encasillan a la universidad como un simple proveedor de títulos. Porque, eso sí, son los modelos universitarios que se limitan a reproducir fábricas de credenciales académicas los que podrían tener sus días contados. Conviene recordar, entonces, que la universidad es, ante todo, productora, resguardo y garante de proyectos civilizatorios: un lugar donde se crea conocimiento, se disputa la verdad, se ejercita el juicio, se dirime lo justo y lo injusto y se preserva —a veces a contracorriente— la capacidad de una sociedad de discutir lo común con evidencia, argumentos y límites.

Dicha condición hace parte de la universidad moderna: desde los ideales humboldtianos que la pensaron como unidad entre investigación y enseñanza, con libertad académica y una lealtad primaria al conocimiento; pasando por Newman, que defendió la formación del intelecto y se resistió a reducir la universidad a mera utilidad inmediata; siguiendo con Jaspers, que volvió sobre esa idea en la posguerra para recordarnos que la universidad no es un aparato neutro, sino una institución con responsabilidad frente a la verdad y frente a la sociedad; hasta, en nuestra tradición hispana, Ortega y Gasset, que lo formuló con una claridad a veces todavía incómoda: la universidad no puede ser solo especialización; debe transmitir cultura, enseñar las profesiones y sostener la creación de conocimiento dentro de un horizonte histórico.

Lo que subrayo es simple: la crisis, más que un problema de gestión, es el síntoma permanente de una institución cuya función esencial es sostener la arquitectura de la razón pública en sociedades en constante cambio. La crisis es, en buena medida, el lenguaje histórico de la universidad. Lo novedoso hoy no es la palabra “crisis”, sino la velocidad de los cambios y cómo, en un mundo interconectado, las turbulencias se superponen. Por eso, si superamos la lectura de la crisis como evento excepcional y aprendemos a leer los cambios inciertos, podremos traducir en acciones lo que nuestras instituciones necesitan ahora.

Si miramos, por ejemplo, el espejo de Estados Unidos —referente que Colombia suele observar entre una mezcla de admiración y observación crítica—, se ve con claridad que la tensión no es exclusivamente financiera. Hace unos meses, en el marco de los IAP Symposia, participé en el campus de Harvard en una conversación con representantes de distintas universidades sobre el futuro de la educación superior. Allí surgió un diagnóstico preocupante: la valoración social de la universidad parece deteriorarse de forma sostenida. Cada vez más personas dudan que un título universitario justifique los costos económicos y personales que acarrea. Más importante aún, allí la idea de la universidad como motor e impulsor de proyectos de vida está en proceso de fragmentación.

Los datos acompañan esa intuición. En septiembre de 2025, Gallup registró que solo el 35% de los estadounidenses considera la universidad “muy importante”, una caída significativa frente a 2019 (53%) y 2013 (70%). En mayo de 2024, Pew mostró que apenas el 22% cree que el costo de un título universitario de cuatro años “vale la pena” incluso si implica endeudarse. Pew también halló que el 49% considera que el título es hoy menos importante para obtener un buen trabajo que hace 20 años.

Cuando la promesa social de la universidad comienza a erosionarse, la discusión deja de ser técnica y se convierte en un debate sobre el sentido: ¿por qué y para qué la universidad? No obstante, el fenómeno no puede leerse como un simple abandono masivo del campus. Hay un matiz decisivo: las expectativas respecto de los modelos de educación superior se están reconfigurando. Hoy, la universidad tradicional ya no cohabita solo con otras universidades, sino también con itinerarios alternativos de formación y trabajo: rutas más cortas, más flexibles y más segmentadas, que compiten por tiempo, atención y confianza.

Así, frente a esa presión, puede surgir la respuesta más fácil —y más tentadora—: para ajustar el rumbo y volver a la sensación de seguridad de antes, tratar la educación como un mercado de consumo. Más marketing, más “experiencia”, más infraestructura, más promesas sustentadas en una segmentación por gustos. Y aquí hay un riesgo de fondo: confundir la adaptación con una renuncia a lo trascendente y con la aceptación de lo superfluo. Convertir la formación en una suscripción o la universidad en un hotel de cinco estrellas no recompone lo esencial: el vínculo entre la educación superior, la razón, la ciencia, la ciudadanía y los proyectos de vida. A lo sumo, disimula por un tiempo la pregunta central que, aunque incómoda, es necesaria.

Y si alguien todavía cree que la salida es competir netamente por la experiencia y la infraestructura, conviene hacer una pausa. El propio sistema estadounidense muestra que la carrera por vitrinas lujosas y por “nuevos productos” aparentemente deseados por el consumidor no restituye, por sí sola, la legitimidad del quehacer universitario ni repara la aparente fractura de sentido que atraviesa la educación superior.

Es ahí donde Colombia debería dejar de reaccionar y empezar a decidir. Si la crisis es parte del idioma histórico de la universidad y un escenario que no le es en absoluto ajeno, lo decisivo es qué apuestas de navegación realizamos para surcar estas aguas turbulentas y cómo nos anticipamos a las próximas. Y aquí conviene decir con precisión: ¡el sentido no se ha perdido! Este sigue siendo, en lo esencial, el mismo: custodiar el método, organizar el conocimiento, formar criterio y sostener la discusión de lo común con evidencia. Entonces, lo que está en disputa no es el sentido, sino la capacidad institucional de seguir cumpliéndolo en un mundo que cambia a una velocidad inédita. Si la universidad no ajusta sus instrumentos de navegación, el sentido que debe defender quedará reducido a la retórica dominante de la venta de un producto que, vale la pena decirlo, fácilmente puede quedar descontinuado. Por ello, a continuación, apenas sugiero algunos instrumentos que las universidades deberían considerar para afinar el rumbo.

Primero, un componente de curricularidad, de oferta académica, de innovación, de flexibilidad y de pedagogía a la altura de nuestro momento histórico. Pasar de programas rígidos a trayectorias modulares sin fragmentar por moda, sino para construir trayectorias profesionales con resultados verificables, acumulables y transferibles, que permitan entradas y reentradas sin convertir el aprendizaje en retazos inconexos. En ese rediseño hay un hecho que ya no puede tratarse como si fuera externo: la inteligencia artificial. Este no es un invitado incómodo ni un atajo clandestino, sino una nueva capa del ecosistema académico que ya atraviesa la forma en que se lee, se escribe, se investiga y se aprende. Por eso, el debate, hace mucho tiempo, tendría que haber dejado de ser “¿la permitimos o la prohibimos?” y pasar a ser, sin posibilidad alguna de evitarlo por más tiempo: ¿Cómo enseñamos a usarla con criterio? ¿Cómo evaluamos lo que de verdad importa y cómo preservamos la credibilidad del aprendizaje?

Segundo, una dimensión relacionada con la estructura organizacional, la regulación, la normativa, la política institucional y el aseguramiento de la calidad, capaz de planear y operar en la incertidumbre. Gobernar la universidad en lo que queda de este siglo no será sostener la misma estructura con más publicidad, sino construir instituciones con una columna vertebral ágil en sus formas y firme en sus criterios de calidad.

Tercero, un eje prioritario de internacionalización que ampliaré en mi siguiente entrada, porque cruza buena parte de mis reflexiones recientes. No como el adorno que todavía acompaña a muchas universidades —reducido a movilidad episódica, convenios y retórica de visibilidad—, sino como uno de los fundamentos epistemológicos de la universidad contemporánea. En un mundo globalizado —dirían Bauman y Beck, cada uno a su modo—, independientemente de la geografía en la que se esté, todas las apuestas deben ser globales. Entender y dialogar desde la glocalidad, a partir de estructuras amplias y bien definidas que respalden su ejercicio integral en las universidades, resultará fundamental para preservar la pertinencia universitaria.

Y sí, la crisis seguirá ahí. Siempre ha estado. Corresponde, entonces, a las universidades calibrar los instrumentos necesarios para seguir navegando con sentido —y no naufragar— en el camino.

Los interesados se pueden postular hasta final de junio, dependiendo de las fechas de inicio de cada universidad.

A finales del 2024, el ICETEX anunció que abriría 5.167 nuevos créditos para el 2025-1 y un total de 10.000 para el 2025. En los 3 años anteriores, entre 2022 y 2024, el ICETEX había financiado 54 mil nuevos créditos en promedio por año. Es decir, para el 2025, el ICETEX estará financiando 5 veces menos créditos nuevos.

Esto deja en una situación compleja a muchos jóvenes que sueñan con ir a la universidad, algo que desean hacer 4 de cada 10 jóvenes que se gradúan del colegio.

Cabe recordar que en noviembre se graduaron más de 610 mil jóvenes del bachillerato, y muchos miles más se graduarán entre mayo y junio de este año.

La crisis de ICETEX deja en vilo, sobre todo, a jóvenes de familias de bajos ingresos. De los más de 425 mil créditos otorgados por el ICETEX para estudiantes de pregrado desde 2015, el 93% son estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

Hay algunas opciones, aunque limitadas, para los jóvenes. Por ejemplo, ATENEA, la agencia de educación superior, ciencia y tecnología del Distrito de Bogotá, abrió 3.000 cupos en su programa Jóvenes a la E.

En febrero, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, anunció la creación de un nuevo fondo “Cundinamarca más profesional” para apoyar a estudiantes cundinamarqueses.

A inicios de mayo, 5 universidades de Antioquia lanzaron un fondo propio como reemplazo del Icetex: Fondo Futuro. Es probable que sigan surgiendo nuevas iniciativas que llenen el vacío dejado por Icetex.

Otra opción que existe, en particular para jóvenes de familias de bajos ingresos, es Lumni, una empresa con propósito social que quiere apoyar a más jóvenes para que puedan acceder y culminar la educación superior, a través de financiación flexible y de largo plazo.

Lumni ha desarrollado alianzas con algunas de las universidades más reconocidas del país, como la Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá), Universidad Ean, Universidad Pontificia Bolivariana (Medellín), Universidad del Bosque, UniNorte, UNAB, Eafit, Icesi, U Tadeo, UniSanitas, entre otras.

Para el semestre 2025-2, Lumni cuenta con más de 2.500 cupos disponibles en alianza con 18 universidades. La universidad define en qué programas pone a disposición los cupos.

“Somos una alternativa muy interesante para los jóvenes de Colombia, que hoy quedaron sin acceso al Icetex, que quieren seguir estudiando y mejorar su perfil profesional, y que necesitan financiarse a largo plazo.

Trabajamos en alianza con algunas de las universidades de mayor calidad del país, donde los jóvenes van a poder realizarse académica y profesionalmente”, comentó Kira Gidron, CEO de Lumni.

Para acceder a los cupos que Lumni brinda en alianza con las universidades, los estudiantes deben pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, tener ingresos en el hogar de máximo 4 salarios mínimos, no tener reportes negativos en centrales de riesgo y contar con un responsable solidario.

Los aspirantes deben estar admitidos o en proceso de admisión en una de las universidades aliadas.

Dependiendo de la universidad, los estudiantes podrán acceder a la financiación desde el primer semestre de pregrado o también en semestres más avanzados. Algunas universidades, como la Universidad Ean en Bogotá y la Universidad EIA y Colegiatura en Medellín, también ofrecen cupos en programas de posgrado.

En algunos casos, la financiación de Lumni se puede combinar con becas, sujeto a revisión de las universidades.

Con Lumni, los estudiantes pagan una mensualidad mientras estudian o buscan empleo de entre 80 a 200 mil pesos. Posteriormente, al graduarse y emplearse, pagan entre 18 y 20% de su salario durante un tiempo determinado, aproximadamente el doble del tiempo que estudiaron. Esto hace que Lumni se convierta en una alternativa muy flexible y asequible.

Hay que seguir fomentando soluciones para todos aquellos jóvenes que han quedado sin alternativas por los cambios recientes del ICETEX y asegurar que sigamos impulsando y formando a los profesionales del futuro.

Más información: https://convenios.lumni.net/

Para postular: https://students.lumni.net/students/apply

Se espera que la ley de gratuidad contribuya a incrementar la cifra de estudiantes que ingresan a la educación superior y que actualmente es de aproximadamente el 39% de los bachilleres. En el caso de las universidades, beneficiará a unos 650.000 estudiantes que actualmente cursan sus carreras en universidades públicas.

No han faltado, sin embargo, algunas críticas al proyecto; especialmente dirigidas a rechazar que esta sea una medida de beneficio universal y que no se enfoque únicamente en los estratos 1, 2 y 3 que comprenden cerca del 80% de la población estudiantil de la universidades públicas. Personalmente creo, por el contrario, que es un acierto que beneficie a todos los estudiantes y que el reto de ingresar a una universidad pública por mérito tenga ese incentivo adicional al de la formación de calidad. También es un acto de justicia con el sacrificado estrato 4, por ejemplo, cuyos jóvenes no tienen exenciones por no ser suficientemente pobres, pero tampoco pueden acceder a instituciones privadas de calidad, por no ser suficientemente ricos.

Naturalmente el tema tiene múltiples aristas y puede argumentarse a favor o en contra porque el proceso de admisión a las universidades públicas no es completamente justo y quien no ha recibido una educación secundaria de calidad estará siempre en desventaja. No obstante, hay que reconocer que en Colombia hemos avanzado para reducir esas brechas, aunque aún puede hacerse mucho más, y un factor que ha contribuido a esa reducción es la gratuidad en los diferentes niveles previos de formación. Por otra parte, tampoco puede convertirse la admisión en un sorteo que prive a las instituciones públicas de formar a los mejores aspirantes, ni privar a los jóvenes con mejor perfil académico para que ingresen a una universidad pública, independientemente de las condiciones económicas de sus familias.

Actualmente existen en las universidades públicas programas de admisión especial para poblaciones vulnerables y funcionan también programas de bienestar que van más allá de la “matrícula cero”, para garantizar la permanencia y el rendimiento académico satisfactorio de todos los estudiantes. Estos programas podrían ahora ampliarse o fortalecerse si se establece un aporte solidario y voluntario de algunos estudiantes, acorde con las posibilidades económicas familiares, que compense el ahorro que significa la gratuidad en su matrícula y que contribuya al bienestar de sus compañeros más vulnerables.

Pero hay un aspecto que me parece más importante de señalar y que debería aparecer en la reglamentación de la ley, a cargo del Ministerio de Educación; reglamentación que deberá estar lista en un plazo de seis meses. Me refiero a los limites y condiciones que debe tener la gratuidad: ningún colombiano debería beneficiarse de esta ley para realizar estudios en más de una universidad pública, por ejemplo; y debe estar condicionada a un rendimiento académico satisfactorio, así como limitada al tiempo previsto de duración de los programas académicos.

Con referencia a este último aspecto hay que ser cuidadosos para no impactar negativamente a poblaciones tales como madres cabeza de familia, por ejemplo, quienes requieren de un mayor tiempo para cursar sus carreras, pero sí es indispensable tener un justo equilibrio y control sin olvidar que la gratuidad en la educación superior pública no es un tema aislado que pueda dejarse de relacionar con otros temas sociales. 

Afortunadamente existe ya en Colombia, desde el año 2002, un Sistema de Créditos Académicos para la evaluación de la calidad, así como para la transferencia y cooperación interinstitucional. Un Crédito Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del estudiante en función de las competencias profesionales y académicas que se espera que el programa desarrolle. Así, se establece que un Crédito Académico equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas con acompañamiento docente y las demás horas que deba emplear en actividades independientes de estudio, prácticas, preparación de exámenes u otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje propuestas. Comúnmente una asignatura que se cursa en un semestre académico de 16 semanas demanda 4 créditos y la mayoría de las carreras son programas de 160 créditos que un estudiante debería cursar en 8 o 10 semestres.  

Como se puede comprender, dependiendo del número de créditos de un programa, se podría y se debería limitar el número de matrículas gratuitas que un estudiante puede disfrutar, así como también una carga académica mínima. Los ejemplos de estudiantes que en décadas pasadas permanecieron entre 20 y 30 semestres en la universidad para cursar una carrera de 10 semestres no deben repetirse. 

Tampoco se trata de reinventar la rueda. Las universidades públicas llevan muchos años pensando y resolviendo estos problemas y el Ministerio de Educación debe aprovechar todo ese conocimiento que han acumulado las universidades no solo para imaginar posibles soluciones sino para imaginar, con base en experiencias, los nuevos problemas que pueden surgir con la gratuidad. El Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional, aprobado en 2008, identifica y resuelve, usando el Sistema de Créditos Académicos, algunas de estas dificultades y es un buen documento de referencia tanto para el Ministerio de Educación, como para todas las demás universidades públicas colombianas ante la gratuidad recientemente aprobada.

@MantillaIgnacio