El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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n mercados de Ecuador, lo que muchos consumidores compran como “corvina” podría ser en realidad carne de tiburón. Un estudio reciente basado en análisis de ADN reveló que casi la mitad de las muestras de pescado adquiridas en distintos mercados del país eran tiburones, incluyendo especies amenazadas. La investigación detectó cuatro especies comercializadas bajo otros nombres en ciudades de la sierra como Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito.

“En Ecuador no es legal pescar tiburones para uso comercial, solo por pesca incidental”, dice la bióloga molecular María de Lourdes Torres, directora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), donde se realizó la investigación. “Que exista esto en las muestras que nosotros analizamos, es un problema de control de las autoridades sobre lo que está pasando a nivel real de la pesca. No se está cumpliendo la norma. Este es un llamado de atención”.

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La investigación, publicada en la revista Frontiers in Marine Science, analizó 97 muestras de pescado mediante identificación molecular y encontró que el 47.42 % contenía ADN de tiburón. Fueron cuatro especies de tiburón identificadas entre las muestras: Alopias pelagicus, conocido como tiburón zorro pelágico (En Peligro); Carcharhinus falciformis o tiburón sedoso y Sphyrna zygaena, tiburón martillo liso (ambos Vulnerables); y Prionace glauca, el tiburón azul (Casi Amenazada).

“Lo que me sorprendió fue encontrar especies totalmente protegidas, como Sphyrna zygaena. Esta especie, como todos los tiburones martillo, se protegió en 2020”, explica el biólogo marino Alex Hearn, profesor e investigador de la USFQ. “Aquí tenemos un problema de desembarques ilegales: el fraude de vender tiburón como corvina perpetúa la explotación de especies que están en peligro de extinción”.

Según la investigación, esta es la primera vez que se documenta la venta de Sphyrna zygaena en los mercados ecuatorianos.

En Ecuador, las poblaciones de tiburones se ven afectadas por la sobrepesca y el comercio ilegal, a pesar de que la captura de varias especies —como el tiburón martillo liso y el tiburón sedoso—, está prohibida. El país alberga más de 40 especies de tiburón, la mayoría en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Sin embargo, los especialistas advierten que un vacío legal permite vender ejemplares capturados como pesca incidental, lo que ha llevado al desembarque anual de más de 250 000 individuos, principalmente para obtener aletas que se comercializan a altos precios en mercados asiáticos.

Mongabay Latam solicitó su postura al Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador frente a los hallazgos de la investigación, sin embargo, no recibió respuesta hasta el cierre de esta publicación.

Un retrato inicial de los mercados locales

El estudio se centró en seis ciudades muy pobladas de Ecuador, repartidas entre la Sierra —Ambato, Cuenca, Ibarra y Quito— y la Costa —Guayaquil y Manta, los principales puertos—. En cada ciudad, los investigadores visitaron tres mercados y compraron, en promedio, cinco muestras por mercado, pidiendo “corvina”, un nombre local que agrupa a pescados blancos como la cachema (Cynoscion analis) y la brótula (Brotula clarkae), siempre optando por la opción más económica. En total se recolectaron 97 muestras frescas entre junio y septiembre de 2023.

“Solo íbamos y pedíamos corvina; ellos sacaban un pedazo, nos lo vendían y nosotros confiábamos en que fuera corvina”, dice el biólogo molecular Juan José Guadalupe, investigador del Laboratorio de Biotecnología Vegetal. “El problema es que no hay una identificación correcta; no voy a decir que sea algo con dolo o con ganas de hacer el mal, pero al consumidor se le está vendiendo algo que no es lo que quisiera comprar, porque la mayoría de los consumidores no saben identificar”.

Pero esto no es culpa del consumidor, asegura. En la Sierra, donde la cultura de consumo de pescado es menor que en la Costa, gran parte del pescado llega ya troceado, lo que dificulta reconocer la especie a simple vista y permite que tiburones amenazados lleguen al mercado sin ser detectados.

Por ello, la estrategia del estudio buscaba ofrecer un retrato inicial de los productos de pescado vendidos en los mercados ecuatorianos, más que estimar cifras precisas o comparar estadísticamente regiones. Se eligieron mercados que representaran diversidad geográfica y socioeconómica, pero sin priorizar tamaño, volumen de ventas o tipo de vendedor.

Los productos pesqueros se vendían generalmente sin etiquetado formal, señalización específica de la especie ni recibos detallados: el pescado fresco se ofrecía bajo nombres genéricos como “corvina” y sin embalaje, reflejando las condiciones típicas de compra del consumidor en mercados tradicionales. Los procedimientos de muestreo y compra se diseñaron para capturar esta realidad.

“No sabemos si el [vendedor] del puesto en el mercado está haciendo esta falsa identificación o si es el proveedor”, agrega Guadalupe. “No sabemos en dónde está el problema, ni en qué parte de la cadena hay alguien que está diciendo: ‘Esto es corvina’, pero en realidad es tiburón. Lo que sabemos es que en algún momento eso se cambia”.

El problema se ve agravado por una cadena de suministro compleja y opaca, advierte el estudio, pues al estar dominada por intermediarios, dificulta supervisar el comercio y aplicar las regulaciones. A pesar de que la pesca dirigida de tiburones está prohibida desde hace 17 años, la captura incidental se usa con frecuencia para justificar desembarques, mientras que la escasez de inspectores en los puertos continentales debilita aún más el cumplimiento.

Las herramientas moleculares se han vuelto esenciales para la conservación de tiburones y el control de su comercio, especialmente cuando es difícil identificarlos solo por su apariencia, señalan los investigadores. En este estudio, se utilizó una técnica llamada PCR específica para cada especie, que analiza marcadores del ADN mitocondrial (ITS2) y permite identificar con precisión las especies de tiburón en muestras de mercado. Este método resulta económico, sensible y práctico para el monitoreo.

Si bien ciudades de la región serrana —como Quito y Cuenca— tenían productos de tiburón etiquetados incorrectamente, no se encontró carne de tiburón en muestras de ciudades costeras como Guayaquil y Manta.

“La principal preocupación para el consumidor es no poder elegir lo que está consumiendo. Uno tiene el derecho de comprar corvina y consumir corvina”, dice Gabriela Pozo, especialista en biotecnología y genómica, investigadora del Laboratorio de Biotecnología Vegetal.

“También es una cuestión ética: si sabemos que estos tiburones están en peligro o son vulnerables, simplemente no queremos comerlos y no deberíamos tener que hacerlo sin saberlo”, agrega la especialista. “En términos de salud, no está prohibido comer tiburón, pero, al igual que otras especies grandes como el atún o el salmón, existe evidencia de que pueden bioacumular mercurio y arsénico, lo que también influye en la decisión de consumo”, afirma.

Especies amenazadas en los mercados

En conjunto, los hallazgos del estudio muestran que los tiburones presentes en los mercados ecuatorianos pertenecen a especies ya reconocidas como amenazadas o en declive a nivel mundial. Su venta bajo nombres falsos no solo vulnera los derechos de los consumidores y pone en riesgo la seguridad alimentaria, sino que también oculta la verdadera magnitud de su explotación, complicando los esfuerzos de conservación.

Estos resultados subrayan la urgente necesidad de fortalecer la trazabilidad del pescado, aplicar de manera efectiva las protecciones existentes y alinear la gestión pesquera de Ecuador con los compromisos internacionales de conservación de tiburones, aseveran los especialistas.

El tiburón zorro pelágico (Alopias pelagicus) y el tiburón sedoso (Carcharhinus falciformis) enfrentan una intensa presión pesquera global. El primero sufre declives por captura incidental en pesquerías de palangre y redes de enmalle, mientras que el segundo, uno de los más explotados, se captura tanto por carne como por aletas. En Ecuador, aunque la pesca dirigida está prohibida, ambos siguen llegando a los mercados bajo la excepción de captura incidental, creando un vacío legal que socava la conservación.

Mientras tanto, el tiburón martillo liso (Sphyrna zygaena) y el tiburón azul (Prionace glauca) también muestran poblaciones en declive. El martillo liso ha perdido más del 50 % de sus ejemplares en tres generaciones y, a pesar de su plena protección legal, sigue apareciendo en mercados con etiquetas falsas. El tiburón azul, aunque más abundante que otras especies, se captura masivamente como pesca incidental en atún y pez espada, y sus poblaciones están disminuyendo a nivel mundial.

Un problema de alcance global

Casos similares de etiquetado engañoso de carne de tiburón se han registrado en varios países de Latinoamérica, como Argentina, Brasil y Guatemala. También en Chile y en Perú, como informó recientemente Mongabay Latam. El problema no se limita a la región: también se han documentado situaciones parecidas en Estados Unidos, Ghana, Singapur y Taiwán, lo que demuestra que el fraude en la venta de tiburón es un fenómeno global que pone en riesgo tanto a las especies más vulnerables como a los consumidores.

Sebastián Gómez, biólogo especializado en conservación marino-costera y coordinador del programa de tiburones y rayas de la organización AquaMarina en Argentina, investigador que no participó en el estudio, coincide en que la venta de tiburones bajo otros nombres no es un fenómeno aislado. La evidencia científica disponible indica que se trata de una práctica recurrente en varios países, aunque aún no se cuenta con estimaciones regionales completas debido a la falta de estudios sistemáticos.

«Cabe destacar, el mislabelling de tiburones en América Latina no solo es un problema de fraude comercial, sino también un desafío central para la conservación marina porque, en última instancia, cuando la especie desaparece de la etiqueta, también desaparece de la gestión”.

El estudio propone tres medidas clave para enfrentar el problema de la venta de carne de tiburón mal etiquetada en Ecuador. Primero, establecer un sistema de trazabilidad sólido que permita seguir la cadena de suministro desde la captura hasta el mercado, asegurando que las especies vendidas sean auténticas.

Segundo, implementar un monitoreo rutinario de los mercados, utilizando herramientas de identificación rápida basadas en ADN, que permitan detectar sustituciones de especies, garantizar el cumplimiento de la normativa y facilitar la vigilancia de tiburones amenazados. Y tercero, informar y educar al público sobre la importancia de consumir pescado proveniente de pesquerías sostenibles, protegiendo tanto a las especies sobreexplotadas como a los ecosistemas marinos de los que dependen los humanos.

Alex Hearn señala que, aunque solucionar las fallas en la trazabilidad de los productos del mar es difícil, existen esfuerzos que están demostrando que sí es posible. “Existen casos —aquí en Ecuador, de hecho, en Galápagos—, donde pescadores están usando un sistema de trazabilidad con cámaras a bordo y eso les ayuda a vender su pescado a mejor precio porque contiene un sello de pesca responsable”, explica el especialista.

“También tenemos pesquerías industriales que tienen certificación de Marine Stewardship Council; una vez que tu producto está certificado para poder comercializarlo, tiene que pasar a través de intermediarios que también tienen un certificado de trazabilidad porque no quieres que se mezcle con producto no certificado. Existen mecanismos, habría que ver cómo integrarlos a la realidad de la pesca artesanal o más informal en Ecuador”, sostiene.

El estudio deja claro que la solución depende tanto de las autoridades, como de los consumidores. Preguntar por el origen del pescado y optar por productos sostenibles puede generar presión en mercados y restaurantes, incentivando un comercio más responsable.

“Muchas personas tienen la capacidad de poder decir: ‘Yo escojo comprar huevos de gallina de corral o carne sin hormonas’. Lo mismo puede suceder con el pescado capturado de forma responsable”, concluye Hearn. “Si hay suficiente empuje por parte del consumidor, preguntando de dónde viene el pescado, entonces los mercados y los restaurantes van a exigir también a sus proveedores y así sucesivamente”.

REFERENCIA

Guadalupe, J. J., Pozo, G., Hearn, A. R., Serrano-Abarca, C., Viera, P., Hidalgo, C., Mateo, M. J., Torres, M. L. (2026). Molecular identification of shark meat sold in Ecuadorian markets labelled under different names. Frontiers in Marine Science.

*Imagen principal: tiburón martillo liso. Foto: cortesía Oceana.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bajo el agua del Santuario Marino de las Islas Darwin y Wolf, en Galápagos, grandes depredadores y otras criaturas marinas nadan sin miedo al ser humano. Cuando el científico Pelayo Salinas de León se sumerge con su traje de buzo y herramientas de observación, algunas especies incluso se acercan con curiosidad.

“Uno sabe que está en un sitio especial cuando al caer al agua ya ve tiburones y peces grandes”, dice Salinas de León, coautor de un estudio que analizó la abundancia y biodiversidad de tiburones y peces depredadores en áreas marinas protegidas del Pacífico Este Tropical (PET). Una experiencia similar se repitió cuando buceó en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, México; el Área Marina Protegida Isla Clipperton, Francia; y el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, Colombia.

Estas islas oceánicas protegidas albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones y peces depredadores documentadas a escala mundial. Este fue uno de los principales hallazgos del estudio, que se publicó a finales de 2025 en la revista Plos One. “Esto indica que están en un estado de conservación muy bueno”, puntualiza el investigador de la Fundación Charles Darwin. Estas áreas protegidas oceánicas funcionan como una ventana al pasado que permiten ver cómo eran los océanos antes de la pesca indiscriminada, añade.

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El equipo, liderado por el científico Simon McKinley, también evaluó tres áreas marinas protegidas costeras: la Reserva Marina Galera San Francisco y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Ecuador; y la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica. Los hallazgos aquí fueron diametralmente opuestos, pues casi no se detectaron tiburones ni peces depredadores.

“Esto sugiere que las áreas no están siendo efectivas o el estado de conservación de los ecosistemas ya está a un nivel tan reducido que no se ve el beneficio del área protegida”, explica Salinas de León.

Esta ambiciosa investigación demandó que los científicos viajen a islas que, a excepción de Galápagos, no tienen presencia humana permanente. Por eso se realizó en colaboración con el programa Pristine Seas de National Geographic, que visitó con su embarcación cada uno de estos destinos. Navegar hasta Clipperton, la isla más alejada, tomó cuatro días.

Bajo el agua y a 25 metros de profundidad, el grupo de investigadores colocó cámaras y cebos que los animales podían oler pero no comer. Así, los atrajeron para identificar las especies y el número de individuos. El equipo de video permaneció en el agua durante 100 minutos, de los cuales se analizaron 90, descartando los primeros y últimos cinco minutos para evitar perturbaciones causadas por el bote.

La biodiversidad del Pacífico Este Tropical

Sandra Bessudo, una de las investigadoras y directora de la Fundación Malpelo, explica que el Pacífico Este Tropical es una gran región que se extiende desde México hasta el norte de Perú. En esta región, las corrientes frías y cálidas se encuentran, provocando que los nutrientes suban desde las profundidades y alimenten una gran biodiversidad. “Es un sistema muy productivo, pero frágil, sensible al cambio climático y a las acciones humanas”, asegura.

La gran concentración de tiburones que confirmó el estudio se debe, sugieren los investigadores en el artículo, al aislamiento geográfico, impactos humanos reducidos y los fenómenos naturales únicos descritos por Bessudo.

Clipperton, la isla más alejada de las costas, se destacó por tener las mayores abundancias generales. Aquí, y en general en las áreas protegidas oceánicas del norte, se observaron mayores concentraciones del tiburón de punta plateada (Carcharhinus albimarginatus). Mientras tanto, en las áreas protegidas del sur, Malpelo y Galápagos, se registró mayor abundancia de tiburones martillo (Sphyrna lewini).

Los tiburones de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) fueron comunes en casi todas las áreas protegidas. También observaron tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) y tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

El hallazgo más preocupante se dio en las áreas marinas costeras. En las dos reservas ecuatorianas, los tiburones y grandes depredadores estuvieron casi ausentes, lo que sugiere que la cadena alimenticia ha sido simplificada por la sobrepesca.

En la Reserva Marina Galera San Francisco ni siquiera se detectaron teleósteos de alto orden. Estos son peces óseos modernos y complejos que ocupan niveles tróficos altos, con comportamientos y funciones ecológicas especializadas. “Muy probablemente la actividad pesquera no ha permitido que se recuperen las especies que hace muchas décadas vivían en esas zonas”, explica Salinas de León.

Mientras tanto, en la Isla del Caño, en la zona costera de Costa Rica, se encontraron mayores abundancias de peces planctívoros y herbívoros. Esta isla se distingue de las otras zonas costeras por su posición un poco más alejada de la costa y cercana al Domo de Costa Rica, una región oceánica rica en nutrientes y productividad. Además, aquí y en Clipperton hay mayor cobertura de coral vivo, una estructura que usualmente alberga mayor abundancia y diversidad que los arrecifes de roca.

Amenazas persistentes

En las islas oceánicas también se encontró una alta proporción de peces comerciales que estaban por debajo de su talla de madurez sexual, incluyendo jureles (Carangidae) y meros (Serranidae). “Este patrón es consistente con la extracción selectiva de individuos adultos, particularmente de especies de gran tamaño y crecimiento lento como tiburones y otros depredadores, que son objetivos frecuentes de la pesca ilegal”, contextualiza Bessudo.

La especialista detalla que la remoción de los adultos reduce el aporte reproductivo y deja poblaciones dominadas por juveniles, limitando su capacidad de recuperación. En el Pacífico Este Tropical, este efecto se ve amplificado, explica, por la alta conectividad y movilidad de las especies.

El tiburón martillo, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga verde (Chelonia mydas) y el mero de las Galápagos (Mycteroperca olfax) son algunas de las especies migratorias que utilizan un corredor marino que existe entre el Archipiélago de Galápagos; la isla del Coco, en Costa Rica; la isla de Coiba, en Panamá; y la isla de Malpelo.

Aunque tienen resguardo dentro de las áreas marinas protegidas, Bessudo reconoce “la persistencia de una vigilancia limitada en áreas remotas”. Sin embargo, destaca que en Malpelo la pesca ilegal ha disminuido “considerablemente”. Lo atribuye a distintos esfuerzos, como la Ley Contra la Pesca Ilegal de Colombia, que desde 2018 impone a los infractores sanciones fuertes e incluso prisión.

Eduardo Espinoza, especialista en monitoreo de ecosistemas marinos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, asegura que la institución cuenta con “uno de los mejores centros de monitoreo y vigilancia satelital en la región”. Al detectar actividades irregulares, envían al punto embarcaciones de control y vigilancia. No obstante, los mismos guardaparques han reconocido que hace falta personal y equipamiento para un control efectivo.

Bessudo insiste en que para enfrentar la pesca ilegal “se necesita más vigilancia tecnológica, cooperación regional reforzada, aplicación firme de la ley y participación activa de comunidades y organizaciones ambientales”.

En aguas internacionales y fuera de los límites de las áreas protegidas, las especies migratorias corren mayor riesgo de ser capturadas por las flotas pesqueras industriales. “Esto debilita la protección local”, reconoce Bessudo.

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Protección significativa

El estudio señala que en las últimas décadas se han creado más de 77 áreas marinas protegidas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estas varían en su nivel de protección, desde reservas de uso múltiple hasta zonas de no captura total, como Malpelo. Las áreas costeras, en oposición a las oceánicas, sufren una mayor presión debido a su proximidad con las poblaciones humanas. Sin embargo, su protección es clave.

Especies altamente migratorias dependen del buen estado de las áreas costeras, explica Espinoza, del Parque Nacional Galápagos. Por ejemplo, los tiburones martillo dan a luz en los manglares y las tortugas marinas desovan en las playas.

“Las reservas marinas siguen siendo pequeñas para proteger a especies altamente migratorias, hay que trabajar en unidades de manejo”, dice Espinoza. Adelanta que en Ecuador se está haciendo énfasis en proteger las primeras ocho millas náuticas de la zona costera, con el fin de que allí se realicen solo actividades de pesca artesanal, dejando afuera a la pesca industrial. “Esto es un aliciente”, asegura.

Para Salinas de León, la recuperación de los ecosistemas depende de medidas más drásticas. “Si uno protege una zona relativamente grande y prohíbe totalmente la pesca, muchas de estas especies se recuperarán solas; el océano tiene un poder de regeneración increíble”, dice.

De hecho, considera que la meta de proteger el 30 % del océano para 2030, establecida en el Marco Mundial Kunming-Montreal, debe contemplar la creación de áreas con protección significativa, donde no se permita ningún tipo de pesca. “Lo que demostramos aquí es que las zonas estrictamente protegidas funcionan muy bien”, insiste.

Espinoza celebra la entrada en vigencia del Tratado de Altamar, a través del cual se podrá llegar a acuerdos internacionales para proteger a los tiburones y otras especies migratorias que corren el riesgo de caer en artes de pesca de las flotas industriales cuando están fuera de las áreas protegidas.

Mientras tanto, científicos como Salinas de León y Bessudo continúan estudiando a los tiburones y otras especies que son indicadores del buen estado del océano. “El objetivo final no es entender por entender, sino usar ese conocimiento para ayudar al manejo y asegurar que tanto los tiburones como el ecosistema se recuperen a un nivel óptimo de conservación”, concluye Salinas.

REFERENCIA

McKinley, S. J., Hansen, S. F., Fierro-Arcos, D., Cundy, M. E., Mossbrucker, M., Vianna, G. M. S., Suarez-Moncada, J., Hoyos-Padilla, M., Bessudo-Lion, S., Sala, E., & Salinas-de-León, P. (2025). Relative abundance and diversity of sharks and predatory fishes across marine protected areas of the Tropical Eastern Pacific. PLoS ONE, 20 (11), e0334164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334164

Foto principal: tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus) captados en Revillagigedo. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una sabia indígena a’i cofán toma un largo tallo de ortiga y da golpecitos en los brazos de Robert Molina, quien tiene el torso desnudo y los brazos estirados mientras sostiene su bastón de orientación por cada extremo. La mujer continúa por la espalda. Molina se arrodilla para facilitar el trabajo. Entre más de 200 personas, en un encuentro realizado a finales de 2025, fue el primero en participar de esta tradición amazónica que busca armonizar el cuerpo y el espíritu.

Molina es indígena del pueblo kokonuko, del departamento de Cauca, Colombia. Fue autoridad indígena en 2017 y trabajó en el fortalecimiento de la educación propia y la guardia indígena. Para él, estas son herramientas fundamentales para proteger el territorio y la cultura frente a los actores armados y ante la ausencia estatal y la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.

Así como muchos otros líderes, no ha estado exento de recibir amenazas de grupos armados, incluyendo el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC-EP, y grupos residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, está convencido del rol de las guardias indígenas como garantes de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Desde hace dos años es parte del equipo Punta de Lanza, que acompaña la formación y el fortalecimiento de guardias indígenas en Ecuador, Colombia y Perú. Esta es una iniciativa impulsada por la organización no gubernamental Amazon Frontlines, como una estrategia de defensa ante el crecimiento del crimen organizado en la región.

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Mongabay Latam conversó con Molina en la comunidad a’i cofán de Sinangoe, durante el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura, que reunió a más de 200 personas de los tres países.

—¿Cómo surge el proceso de fortalecimiento de las guardias indígenas en Ecuador?

—En 2022 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Guardias Indígenas del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad a’i cofán de Sinangoe. Se juntaron delegados de 23 organizaciones regionales amazónicas, las tres organizaciones nacionales –la CONFENIAE, la CONAIE y la ECUARUNARI– y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia.

Desde ahí se mandata el fortalecimiento de las guardias indígenas y el intercambio de experiencias para la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos. Eso ha culminado en que los pueblos indígenas sigamos en ese proceso de lucha, de resistencia y de caminar en unidad para pervivir en el tiempo y en el espacio, seguir exigiendo nuestros derechos y seguir protegiendo nuestra cultura.

—¿Con cuántos pueblos indígenas ha trabajado?

—En Ecuador hemos trabajado con siete nacionalidades en el ejercicio de fortalecimiento de la guardia indígena, con base en sus formas de organizarse. En el camino formamos líderes y lideresas. También se han formado semilleros de educación propia para niños y niñas. Nos guiamos por los derechos humanos, porque para nosotros las guardias indígenas significan proteger, respetar y valorar todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias, sin pasar por encima de lo ordenado a través del Estado, de las constituciones políticas y los derechos colectivos.

En Perú hemos trabajado con seis pueblos que hoy también están en el ejercicio de la hermandad, de fortalecer las guardias indígenas para la defensa del territorio, para la defensa de sus culturas a través de la autodeterminación y del compartir de las experiencias como pueblos hermanos del Abya Yala [como los pueblos indígenas llaman al continente americano].

—¿Qué conocimientos trae a las guardias indígenas de Ecuador y Perú?

—El conocimiento de las guardias indígenas parte de cada una de las nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas nos centramos en los temas culturales y espirituales. Entonces, se respeta su cosmovisión, sentires, pensares, las formas de ver el mundo. Ahí prevalece la identidad cultural, el idioma propio, la espiritualidad y las formas de organizarse. Entonces es compartir las experiencias y aprender de los procesos arraigados a la defensa territorial y al ejercicio de gobernabilidad de los pueblos indígenas.

—¿Puede dar un ejemplo de ese intercambio?

—Los pueblos indígenas en Colombia somos de mucha espiritualidad. Una de nuestras bases fundamentales es la organización de compañeros y compañeras para formar líderes y lideresas. Fortalecemos a nuestros niños, hijos e hijas para relacionarnos con el territorio, integrarnos en estas formas de vida de los pueblos indígenas. Es el camino que los abuelos y las abuelas han dejado y que han venido defendiendo de diferentes formas.

Entonces, las experiencias que venimos a contar acá es cómo nos hemos organizado en el departamento del Cauca a través de las guardias indígenas para fortalecer los principios y la vida organizativa de los pueblos indígenas. Hemos tratado de recuperar el idioma propio y las diversas culturas que cada nacionalidad tiene.

—Ha trabajado con varios pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha aprendido de ellos?

—Las enseñanzas de los pueblos en la Amazonía son a través de los cantos. De manera simbólica se explica ese relacionamiento entre el hombre, la mujer y la naturaleza, el entendimiento del territorio y las normas que tiene la naturaleza, principalmente en los sitios sagrados. Entonces, ¿cómo se respeta eso? A través de la orientación de nuestros mayores y eso es a través de la medicina, del yagé. El yagé nos ayuda a profundizar en la relación del hombre con la naturaleza y con el inframundo. Es algo que nos ha ayudado a fortalecernos, porque en el Cauca no somos pueblos de yagé, somos pueblos de mambé, de hoja de coca, de tabaco.

—¿Qué motivó en principio la creación de la guardia indígena?

—La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca nació en 1971 como un proyecto de vida para los pueblos indígenas. Nació con cuatro principios, que son unidad, tierra, cultura y autonomía. El objetivo es fortalecer y defender las luchas de los pueblos. La guardia indígena ya venía de mucho tiempo atrás, desde los cacicazgos y desde la invasión de los españoles.

Se retomó por la realidad que vive Colombia con la presencia de actores armados, con la imposición de los terratenientes. Fue una forma de los pueblos indígenas de defenderse y fue trascendiendo a medida que la organización iba caminando. Nuestros abuelos nos venían enseñando la defensa del territorio a través de la espiritualidad, eso nos daba la pervivencia.

Integrar la guardia es una forma de vivir en sociedad, en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Eso me motiva, porque somos muchísimos guardias en el Cauca, mujeres, hombres, niños y niñas.

—¿Cómo ha afectado a los defensores ambientales y a los líderes indígenas el conflicto armado en Colombia?

—Hay una problemática interna y externa por la presencia de actores armados, como lo es la antigua guerrilla de las FARC. Después de un acuerdo que se hizo a finales de 2016, hubo un fracaso total por incumplimiento del mismo Estado. Otros grupos guerrilleros se conformaron y empezaron a usurpar los territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Empezaron con los reclutamientos y los desplazamientos forzados y a imponer las armas. Pero los pueblos indígenas no usamos armas, la guardia indígena no es un actor armado, es un actor de decisiones comunitarias.

La violencia que se está llevando a cabo en el territorio es porque el departamento del Cauca es una zona de ruta del narcotráfico, porque está cerca al océano Pacífico. Los actores armados tienen mayor presencia en los territorios del departamento del Cauca y disputan el control que hacen las guardias indígenas. En ese control se decomisa la coca, la marihuana. No se le entrega ni a la fuerza pública del Estado ni a la misma guerrilla, sino que en el marco de la autonomía se destruye, ejerciendo la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

Siempre hemos tenido esas problemáticas con los actores armados porque tenemos resoluciones y tenemos mandatos comunitarios que no permiten su presencia en los territorios, que no permiten la usurpación de nuestros territorios. Por eso los actores armados se incomodan, no les gusta y les molesta. Desde ahí han empezado las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los reclutamientos.

—¿Usted ha sido amenazado?

—Sí, he sido amenazado en varias ocasiones por las guerrillas en Colombia. Hemos perdido muchos compañeros, de la guardia y defensores, que fueron asesinados por los actores armados por estar en contra de su imposición. La guardia indígena es un colectivo de compañeros y compañeras que defendemos nuestros pueblos, que defendemos nuestro origen, nuestras culturas. A ellos les molesta que nosotros hagamos eso.

—¿Cómo se hacen los decomisos y cómo manejan el enfrentamiento con gente armada?

—La guardia indígena en los pueblos del departamento del Cauca ejerce una función no policial, no armada, sino de decisión comunitaria. Esta decisión es ordenada por nuestras autoridades, nuestra comunidad en asamblea y desde ahí se hacen los recorridos territoriales. En ocasiones encontramos actores ilegales y sus rutas de movilidad.

Lo que más nos ha fortalecido es la unidad, porque si bien no somos armados, sí somos bien unidos al defender nuestros territorios. Hemos llegado a confrontaciones con estos actores y ya viendo multitud de gente, ellos no accionan las armas, más bien nosotros les retenemos y les aplicamos nuestra propia justicia para que no desarmonicen los territorios. Cuando hacemos los decomisos convocamos a la asamblea como máxima autoridad, es toda la comunidad, hacemos el ejercicio de gobierno propio amparado en la Constitución Política, nuestro usos y costumbres. Se hace la destrucción de todos los elementos materiales que se decomisa, sean drogas, armas o vestimenta.

—¿Reportan estos decomisos a las autoridades?

—Invitamos a las autoridades occidentales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Comisaría de Familia, el personal municipal y las alcaldías como garantes del ejercicio.

—¿Cuáles han sido las mayores victorias de las guardias indígenas?

–Posicionar la guardia en el marco de los derechos humanos con un reconocimiento internacional, donde la ONU la reconoce como un actor no armado.

—Volviendo a Ecuador, recientemente fue mencionado en una denuncia presentada por la Fiscalía en contra de una serie de líderes indígenas, aunque usted no está denunciado directamente. ¿Cuál es su respuesta frente a este tipo de actos que asocian a las guardias indígenas con el terrorismo?

—Sabemos que los Estados nos vienen señalando de diferentes formas, a través de medios de comunicación, de instituciones, pero no tenemos miedo porque el ejercicio de la guardia es colectivo y público. Estamos trabajando bajo nuestra autodeterminación, principios, mandatos, cosmovisiones, educación propia y formas de vida. Me gustaría que el Gobierno y los medios de comunicación conozcan cuál es el verdadero ejercicio que hace la guardia indígena.

—¿Cuál es el futuro de las guardias indígenas?

—Hoy, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, el ejercicio que realiza la guardia indígena está legitimado, pero también está vulnerado por agentes externos. Los gobiernos ven en las guardias indígenas una amenaza contra el Estado y no es así. Otra amenaza importante es la de los actores armados. Las mayores amenazas son de las guerrillas, de las bandas delincuenciales, del narcotráfico y de la misma fuerza pública.

Las guardias indígenas trabajamos bajo un ejercicio legítimo de autonomía para la defensa de nuestro territorio, nuestra identidad cultural y nuestras formas de vida porque sabemos que el Estado no ofrece esas garantías para defendernos a nosotros y a nuestros territorios, ni para garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestras culturas.

—Finalmente, ¿para usted qué es el territorio y por qué protegerlo?

—El territorio para los pueblos indígenas es nuestra casa, es nuestro mercado, nuestra medicina, nuestra farmacia. Nosotros sin territorio no somos nadie. En el territorio trabajamos, protegemos, tenemos nuestra economía solidaria, familiar y colectiva. Entonces, el territorio para nosotros es la vida del ser, el espacio donde se da el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.

Foto principal: Robert Molina frente a las más de 200 guardias indígenas que se dieron cita en Sinangoe, Ecuador, en diciembre de 2025. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Con lanzas en sus manos, coronas de plumas y tejidos de chambira, más de 200 personas de 15 pueblos de la Amazonía colombiana, ecuatoriana y peruana atravesaron bosques y navegaron el río Aguarico, en el norte de Ecuador, hasta llegar a la comunidad A’i cofán de Sinangoe el 1° de diciembre de 2025. Allí, hasta el día 5, se realizó el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura.

“Nos acompañan para intercambiar experiencias desde nuestra cosmovisión y desde la espiritualidad de cada territorio, para revivir la memoria de las luchas de los pueblos que hemos venido perviviendo muchos años”, dijo a Mongabay Latam Alexandra Narváez, lideresa a’i cofán durante el segundo día del encuentro. “Aquí estamos con guardias indígenas de la vida”, resaltó.

Esa mañana, las autoridades tradicionales a’i cofán limpiaron con ortiga a los asistentes, una tradición espiritual y de sanación. En el espacio de armonización, la lideresa shuar Josefina Tunki compartió tabaco. Esta planta es considerada sagrada y se usa para sanar, limpiar y establecer comunicación espiritual.

Narváez; Robert Molina, ex coordinador de la guardia indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca, Colombia; y Mario Erazo, líder del pueblo indígena ziobain, de la frontera colombiana con Ecuador, conforman el equipo Punta de Lanza, impulsado por la organización no gubernamental Amazon Frontlines y la fundación Alianza Ceibo, las cuales organizaron el encuentro.

Punta de Lanza nació en 2022 tras el I Encuentro de Guardias Indígenas del Ecuador. Su objetivo es fortalecer estas agrupaciones civiles no armadas para la defensa de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas ante el avance de las industrias extractivas y de las economías criminales sobre sus territorios.

“La gran tarea está en que los mayores transmitan el conocimiento y que los jóvenes lo absorban. Se debe partir desde la espiritualidad, desde los principios, ese es nuestro chaleco antibalas”, se dirigió ante los asistentes Erazo, quien vino desde la comunidad de Buenavista.

A lo largo de los cinco días, los asistentes expusieron sobre sus cosmovisiones ligadas a sus territorios, espiritualidad, la importancia del idioma y de la cultura propia para asegurar su existencia como pueblos indígenas. También trabajaron en el fortalecimiento de las capacidades organizativas, la autonomía y la defensa territorial.

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Pueblos transfronterizos en riesgo

El tercer día giró alrededor del análisis de la coyuntura que amenaza a los pueblos indígenas. En primer lugar, al menos el 67 % de las 987 municipalidades de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela enfrentan la presencia de redes criminales y grupos armados asociados a minería ilegal de oro y narcotráfico, de acuerdo con la investigación Amazonía bajo ataque, publicada en octubre de 2025 por la alianza de medios Amazon Underworld.

Además, sobre 31 millones de hectáreas de territorios indígenas de toda la cuenca amazónica se han sobrepuesto bloques petroleros y gasíferos, según un análisis publicado en noviembre de 2025 por la organización Earth Insight. La investigación también detectó 9.8 millones de hectáreas de concesiones mineras sobre territorios ancestrales de la Amazonía.

María Espinosa, abogada de la organización Amazon Frontlines, añadió un tercer elemento: los cambios normativos que se están dando en Colombia, Ecuador y Perú, que “tienen el objetivo” de dejar a los pueblos indígenas “sin derechos colectivos”.

El pueblo indígena kakataibo, en la Amazonía peruana, enfrenta los problemas que tanto el Estado como los actores ilegales han traído a sus territorios. Elías Noico, miembro de la guardia indígena de este pueblo, señaló que, por un lado, es el mismo Estado el que concede derechos de minería y explotación forestal dentro de los territorios indígenas.

Por otro lado, los kakataibo habitan entre las regiones de Ucayali y Huánuco, dos de las más letales para los pueblos indígenas peruanos, según halló la investigación Los vuelos de la muerte, de Mongabay Latam. Durante el Encuentro, Noico dijo que la presencia de pistas clandestinas para el transporte de droga y el tráfico de tierras están poniendo en riesgo la vida de los líderes y guardias indígenas.

Al menos seis miembros del pueblo kakataibo han sido asesinados en este contexto, aseguró a Mongabay Latam. Él mismo ha recibido amenazas de muerte y, aunque el Estado le ha otorgado “garantías de vida”, no confía en ellas, porque no pasan de ser meros documentos que “no aguantan balas”.

Como medida de protección, guardias indígenas de diferentes comunidades se han unido para tratar de mantener a los invasores y actores ilícitos fuera. Noico además propuso una integración regional para fortalecerse ante las amenazas, que a su criterio intentan despojarlos de sus derechos ancestrales.

En Ecuador, cada vez más pueblos indígenas están amenazados por la expansión de la minería ilegal de oro. Jacinto Shiguango, miembro de los Inkarukunas, la guardia indígena del Pueblo Kichwa de Rukullacta (PKR), relató a Mongabay Latam que personas externas llegaron y vincularon a habitantes del PKR en actividades de minería ilegal.

En una asamblea comunitaria, se resolvió desalojar a los mineros ilegales. Sin embargo, antes de que la guardia indígena actuara con el apoyo del resto de la población, los mineros se retiraron, evitando un enfrentamiento. A pesar de ello, cuenta Shiguango, la guardia indígena se mantiene vigilante en la defensa del territorio.

El derecho al territorio vulnerado

María Ochoa, representante del pueblo murui bue, puso otro ejemplo que grafica los intentos por vulnerar los derechos. La lideresa relató que aunque el territorio murui está legalmente titulado, el Estado peruano solo reconoce a los murui muinani, ignorando las variantes de ese tronco principal. Esa falta de reconocimiento, aseguró a Mongabay Latam, obstaculiza la validación de sus derechos.

Ahora mismo, los murui bue enfrentan intentos del Estado peruano para construir el segundo tramo de la carretera Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho a través de la comunidad Centro Arenal sin realizar consulta previa, libre e informada. “No se dan cuenta de que nos va a afectar tanto en lo ambiental, cultural, social e incluso a nuestras aves. ¿Por qué el Estado no entiende que nos afecta psicológicamente también?”, reclamó.

Los murui bue se informaron sobre sus derechos y junto un antropólogo de la organización Derechos, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) aprendieron a elaborar mapas parlantes de su territorio. Esta es una representación que recoge las percepciones culturales, ambientales, económicas y sociales de los espacios mediante gráficos y el uso del idioma propio.

Este tipo de ejercicios, se señaló en el encuentro, son los que los indígenas, como guardianes de sus territorios, deben fortalecer para demostrar su relación con el espacio que han habitado de manera ancestral. Aquí, además, es donde las guardias juegan un rol especial, al ser quienes hacen un monitoreo constante del territorio, reconociendo los cambios y amenazas.

Finalmente, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones inició un proceso de consulta, pero Ochoa señala que la institución ha justificado retrasos y otros errores en el proceso porque esta sería la primera vez que realiza una consulta de este tipo. El Centro Arenal elaboró su propio Protocolo de Consulta Previa, con el fin de que la consulta no sea un proceso exclusivamente administrativo, sino que busque realmente el consentimiento informado de la población indígena.

En Ecuador, se está desarrollando una consulta ambiental para dar paso a la explotación petrolera en el Bloque 10. Aunque hay poblaciones indígenas, no se está realizando la consulta previa, libre e informada, que tiene estándares más altos que la consulta ambiental y que no solo busca informar sobre la realización de una actividad y sus impactos, sino evitar poner en riesgo el derecho a la existencia cultural ligada al territorio, de acuerdo con Espinosa.

En la búsqueda del autogobierno

Ante estos problemas, Espinosa recordó a los asistentes que los tres países reconocen el derecho de los pueblos originarios a ejercer jurisdicción sobre sus territorios. “Ustedes son autoridad territorial”, dijo. Si bien las comunidades y pueblos enfrentan trabas para que ellos mismos, sus territorios o sus derechos sean reconocidos, la abogada animó a continuar con el fortalecimiento del autogobierno con base en la elaboración de estatutos colectivos.

El cuarto día del encuentro, los asistentes analizaron las experiencias exitosas de autogestión, autogobernanza y defensa del territorio. También establecieron la situación actual y los aportes de las guardias indígenas. El último día, se aprobó el pronunciamiento del encuentro.

En el documento, se abordó la criminalización que enfrentan las guardias indígenas, como sucedió recientemente en Ecuador, tras el paro nacional de octubre. “Este intento de desprestigiar nuestra identidad y labor como sujeto colectivo de derechos, pretendiendo alinearnos al terrorismo o al narcotráfico, genera un grave escenario de riesgo físico y cultural”, se lee en el documento.

“La guardia no necesita más que el permiso colectivo. La guardia resulta incómoda porque es la línea de defensa de los territorios y de la vida”, aseguró Espinosa.

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Los 15 pueblos resolvieron reafirmar el gobierno propio, la jurisdicción indígena y las guardias como ejercicio de los derechos colectivos reconocidos en cada uno de los tres países y en las normativas internacionales. Además, resolvieron reafirmar la articulación de las guardias indígenas a escala regional y reconocer su labor como defensoras de la vida y el territorio. Por último, reiteraron a los gobiernos nacionales que seguirán realizando acciones de monitoreo, control y gobernanza.

En una segunda parte del documento, exigieron que los Estados garanticen la seguridad e integridad de los territorios ante las amenazas ilícitas, generen garantías para proteger a las guardias indígenas y exigieron la no persecución política por la defensa de derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.

El pronunciamiento fue firmado por los pueblos amazónicos ziobain, awá, a’i cofán, siekopai, kichwa de Rukullacta y kichwa de Pastaza, quijos, waorani, shuar, kakataibo, kukama, murui bue, shipibo konibo shetebo y por las guardias indígenas que conforman el Tejido Unuma de la Orinoquía colombiana y del Consejo Regional Indígena del Cauca.

Las delegaciones volvieron a cruzar el río Aguarico el viernes al mediodía, de regreso a sus territorios cada vez más acorralados por intereses ilícitos, pero también por el abandono estatal.

Foto principal: representantes de 15 pueblos indígenas de Colombia, Ecuador y Perú asistieron al encuentro de guardias indígenas. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Atraída por la reconocida biodiversidad de las islas Galápagos, en Ecuador, la  bióloga canadiense belga Ilke Geladi llegó al archipiélago. En 2019 empezó a trabajar con la Fundación Charles Darwin y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en estudios relacionados a la diversidad de especies y abundancia de individuos de aves en las islas.

“En el tema de aves no se ha trabajado tanto como en otras áreas”, asegura en entrevista con Mongabay Latam. “Sin embargo, es importante trabajar para las aves y para las personas que habitan ahí”, añade.

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En un estudio reciente, encontró que los pequeños agricultores de las Islas Galápagos desempeñan un papel inesperado en la protección de la biodiversidad única del archipiélago. El artículo, publicado en octubre de 2025 en la revista People and Nature, evidenció que los productores valoran a las aves terrestres nativas que comparten sus campos y están dispuestos a plantar árboles nativos para crear un hábitat adecuado para estas especies.

En la investigación que lideró Geladi participaron científicos de la Universidad de British Columbia, Canadá; de la Fundación Charles Darwin; y de Conservación Internacional.

Mongabay Latam habló con Geladi sobre la investigación y sobre por qué sus hallazgos son importantes para la conservación del primer Patrimonio Natural de la Humanidad.

—¿Puede describir cómo son las zonas agrícolas en la isla Santa Cruz, que forma parte de Galápagos?

—En Santa Cruz hay una zona agropecuaria de unos 114 kilómetros cuadrados. Queda en la zona de transición, entre la zona baja, que es más seca, y la zona alta. Se asienta en gran parte de lo que era la zona de bosques de Scalesia.

Las fincas grandes son ganaderas y las pequeñas son dedicadas a la producción de frutas, vegetales y café. Allí siembran en temporadas, de acuerdo con el clima, y son bastante diversificadas. En las fincas ganaderas no hay tantos árboles porque necesitan más espacio para las vacas.

—¿Qué aves y árboles pudo observar en esas zonas?

—En términos de aves, las que se encuentran en la zona agropecuaria son distintas de las que se encuentran en la zona baja porque el clima y la vegetación son diferentes. La zona alta y la zona agropecuaria tienen más similitudes.

En mi primer estudió en Galápagos encontré que las aves prefieren los árboles nativos. Las vemos mucho en los árboles de Scalesia. En la parte alta, las he visto donde hay cafetillo (Psychotria rufipes), les encanta.

Las aves más comunes de la zona agropecuaria son el pinzón pequeño de tierra (Geospiza fuliginosa), el canario amarillo (Setophaga petechia aureola) y el pinzón carpintero (Camarhynchus pallidus)​. El pinzón cantor verde (Certhidea olivacea) ha disminuido bastante en la zona agropecuaria, creo que por falta de Scalesia, pero eso habría que comprobarlo.

—¿Diría que los agricultores de Galápagos son aliados clave en la protección de aves? Si es así, ¿por qué?

—En el estudio que hice para mi maestría de 2019, uno de los hallazgos principales fue que en las fincas con más árboles nativos vimos una mayor abundancia de especies de aves y de individuos por especie. Entonces, si queremos ayudar a las aves en la zona agropecuaria, se puede plantar más árboles nativos. Es necesario trabajar con los productores porque es su terreno y necesitamos su ayuda.

—¿Qué tipo de servicios ecosistémicos culturales proporcionan las aves a los agricultores?

—En términos de aves no habíamos estudiado antes su importancia desde este punto de vista: las aves proveen servicios importantes a los productores. En cuanto a los servicios ecosistémicos culturales, incluye cosas como nada más el existir del ave, algo que también tiene importancia para las futuras generaciones, o el canto en la mañana. Muchos hablaron sobre eso, dijeron que disfrutaban de los cantos.

También están los servicios ecosistémicos reguladores, es decir, el aporte que las aves traen al ecosistema. Los resultados fueron interesantes. Casi todos estuvieron de acuerdo en los servicios culturales, pero en los servicios ecosistémicos reguladores hubo más variabilidad de opinión. Unos decían que eran importantes y mencionaba el control de plagas o la polinización, pero otros no estaban seguros sobre esos aportes.

Además, es importante hablar de lo negativo para buscar soluciones. Los perjuicios dependen mucho de la especie del ave, pero el hallazgo más importante es que bastantes productores señalaron el hecho de que las aves se comen sus cultivos.

—¿Cuáles son los rasgos o características únicas de las aves que prefirieron los agricultores de Galápagos?

—Cuando les preguntaba si les gusta un ave o no, había razones muy particulares para las distintas especies. Eso viene de la relación única que tienen con las aves, porque las observan mucho. Por ejemplo, del cuclillo (Coccyzus melacoryphus) dijeron que les gusta porque indica cuándo vienen las lluvias. Del cucuve de Galápagos (Mimus parvulus) mencionaron que les gusta su canto especial. El papamoscas (Myiarchus magnirostris) es otra ave que casi todos mencionaron por su copetito, les hace reír un poco.

—¿Cuál fue el ave que los agricultores rechazan más y por qué?

—La única ave que los productores dijeron que no les gustaba fue el garrapatero (Chrotopaha ani). Es un ave introducida en Galápagos y algunos dicen que es invasiva. La razón más grande por la que dicen que no les gusta es que ellos afirman que se pelea con las aves nativas y se come los huevitos. Además, es la que más se come los cultivos de los agricultores.

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—¿Cuál fue el principal motivo que impulsó a los agricultores a querer plantar árboles nativos en sus tierras?

—Dividí las razones en distintos tipos: instrumentales, es decir, lo que da el árbol, y personales, donde no necesariamente se habla de los beneficios sino de las motivaciones para hacerlo. Vimos que las razones instrumentales eran más motivantes.

La respuesta que más surgió era para tener sombra, pero también nombraron la belleza de los árboles y finalmente señalaron que les motiva sembrar para conservar y proteger la naturaleza.

—¿Cuál fue el principal motivo que limitó la voluntad de los agricultores para plantar árboles nativos?

—Fue la falta de terreno. Muchos decían que su terreno es para sembrar y que no tienen espacio para plantar árboles nativos.

—En el estudio, sugieren un enfoque adaptativo para la siembra de árboles. ¿Qué significa esto y qué implicaciones tendría en la economía y la identidad galapagueña?

—Hay varias motivaciones, pero la mayor razón para sugerir esto es que dentro de la zona agropecuaria, la vegetación natural es distinta. Hay un mapa histórico de cómo era la vegetación antes de que lleguen los colonos y el paisaje era distinto. Entonces, no tiene sentido sembrar el árbol nativo Scalesia en todo el territorio. Por eso sugerimos un enfoque adaptativo.

Además, los productores tienen distintas voluntades. Hay que tomar en cuenta que estamos trabajando con ellos y en su terreno. Ellos también deben tener voz con respecto a qué especies les gustaría sembrar y en dónde. También es importante que se involucren en todo el proceso para fomentar la propiedad del proyecto y que sientan que tomaron esa decisión por sí mismos.

La identidad galapagueña fue un hallazgo importante. Quienes tenían una identidad más marcada señalaban menos perjuicios o percepciones negativas. Esto influye en la relación que la gente tiene con la naturaleza. Creo que si sembramos más árboles nativos, especialmente en una forma adaptativa donde ellos tienen poder de decisión, contribuiría a una identidad galapagueña más pronunciada.

—¿Hacen falta incentivos para motivar a los agricultores a sembrar árboles nativos? Si es así, ¿qué tipo de incentivos serían?

—Hay un proyecto con Conservación Internacional de acuerdos de conservación con el que han estado trabajando con algunos productores para sembrar árboles. Sin embargo, lo hacen solo cuando tienen fondos. Los productores dicen que en Galápagos hay bastante dinero para conservación, pero faltan fondos para apoyarlos. Ellos viven de lo que producen en su finca, entonces es importante apoyarlos en la siembra y monitoreo de árboles a largo plazo.

—¿Cuál es el vacío de conocimiento más urgente que recomiendan investigar sobre el papel ecológico de las aves en la zona agrícola?

—En el estudio surgió que no sabemos mucho sobre cómo las aves aportan al control de plagas. Estudiarlo sería bastante interesante y podría ser un incentivo para ayudar a las aves en esta zona. Hice otro estudio todavía no publicado sobre este tema, pero sigue siendo exploratorio. El control de plagas depende mucho de la cantidad de aves que hay, pero en la zona agropecuaria, la presencia de aves es más reducida que en otras áreas.

Otro estudio importante por hacer es sobre los pesticidas porque no se ha hecho mucho trabajo en esa área. Un estudio de la Fundación Charles Darwin encontró que el uso de pesticidas es variable, no siempre se usa como se debe, por ejemplo, no hay regulación de la cantidad o en los métodos. Tengo curiosidad por conocer cómo esto afecta a las aves, pero también a la salud de los productores.

—¿Por qué este estudio y sus resultados son importantes para la conservación en Galápagos?

—Lo más importante que surge del estudio es que los productores son aliados claves para la conservación, creo que ellos están dispuestos a trabajar con nosotros, con los científicos, pero falta la parte de los incentivos, la gente aprecia la naturaleza, se puede trabajar juntos, es encontrar la manera de hacerlo. El potencial está ahí porque las aves proveen estos servicios ambientales, pero también las valoramos solamente por su valor, no queremos perder eso.

Un resultado del que no hablé todavía y que fue bastante interesante fue que en fincas donde había árboles nativos, los productores querían sembrar más árboles nativos. El primer paso es el más difícil, pero una vez que ves que los árboles nativos si aportan, puede haber un efecto de bola de nieve, eso da esperanza.

Imagen principal: una agricultora de la Quinta Luz María, en Santa Cruz, Galápagos, cosecha fruta. Foto: cortesía Fundación Charles Darwin.

El artículo original fue publicado por LAna Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los glaciares andinos hasta un extremo de la Amazonía, representantes de comunidades, organizaciones y movimientos indígenas navegan en la Flotilla Yaku Mama por los ríos de esta región con un destino y un mensaje claros: llegar a la ciudad de Belém, en Brasil, para exigir a los líderes mundiales que escuchen a los pueblos originarios y que sean tomados en cuenta en las decisiones frente a la crisis climática en la COP30, la cumbre climática global.

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La flotilla inició el viaje el 16 octubre en la ciudad del Coca, en Ecuador, y planea llegar este 7 de noviembre a la ciudad donde se realizará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Buscan exigir que se respete el derecho de pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, a ser considerados para una transición energética justa que no implique nuevas zonas de sacrificio a través de la minería, la extracción de petróleo y monocultivos. También plantean recibir financiamiento directo que les permita implementar soluciones ante los efectos climáticos se viven en sus territorios.

Para los participantes de este viaje de más de 3000 kilómetros, se trata de una protesta y al mismo tiempo un llamado por la justicia climática —un principio que nombra la desigual responsabilidad de los países y empresas por los efectos del calentamiento global— así como por frenar el uso y la explotación de combustibles fósiles, especialmente dentro de la Amazonía.

Esto ocurre en un momento crítico para la Amazonía, que en 2024 tuvo una pérdida inédita de 4.5 millones de hectáreas de bosque primario por la deforestación y los incendios, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Integrantes de la Flotilla Yaku Mama cuentan a Mongabay Latam las implicaciones y expectativas de esta travesía, que busca colocar el conocimiento y la resistencia indígena en la mesa del espacio político más importante para enfrentar la crisis climática.

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Una mirada distinta a bordo

Alexis Grefa, joven del pueblo Kichwa de Santa Clara, en la Amazonía ecuatoriana, sostiene que la flotilla es un sueño que organizaciones y comunidades indígenas venían trabajando desde hace años. Buscaban compartir experiencias, amenazas y alternativas ante la crisis socioambiental que viven en la región.

Para el joven activista, la organización de la COP30 en la Amazonía es un buen momento para reunir esas experiencias que se asemejan. “Todos estamos luchando frente al extractivismo, sobre todo enfocados en las temáticas que se van a abordar con fuerza en esta COP: combustibles fósiles, la minería y la transición energética”, sostiene el integrante del colectivo Quipa, dedicado a la defensa de la naturaleza y el patrimonio biocultural en alianza con comunidades y organizaciones.

Aunque estos temas han estado presentes en las diferentes mesas de trabajo de la COP, Grefa precisa que se abordan desde perspectivas que buscan “mercantilizar” la Amazonía y a los territorios indígenas, lo que termina en “falsas soluciones”.

“Desde la Flotilla intentamos cambiar la mirada a una mucho más enfocada en el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, que han sabido sobrellevar y proteger los territorios por muchos años”, explica el representante kichwa.

Ante la cada vez mayor evidencia científica que indica que el reconocimiento de tierras a pueblos indígenas es crucial para las metas de conservación, Grefa puntualiza que las iniciativas de los pueblos indígenas amazónicos deben ser incluidas en la toma de decisión a través de la “financiación directa”.

En el caso de la Amazonía ecuatoriana, el joven kichwa explica que también trabajan por cambiar narrativas que abordan las “falsas soluciones” para enfrentar la crisis climática en la región. Como ejemplo, menciona que la sustitución de combustibles fósiles por otros más limpios no debe reproducir las mismas dinámicas de extracción y desplazamiento que ya provoca la minería legal e ilegal.

“La idea de la Flotilla es esa, construir una demanda para la COP30 que incluya un proceso de transición justa, en el que no solo se solucione lo medioambiental sino también remediar a los pueblos indígenas que han sido afectados por la extracción, el desplazamiento y la apropiación de sus territorios”, dice Grefa a Mongabay Latam.

Previo al inicio del viaje, los integrantes de la flotilla se reunieron en Quito, capital de Ecuador, para hacer una confrontación con la historia, al ser la ciudad donde inició la expedición de Francisco de Orellana en 1541 que derivó en la colonización de la Amazonía.

“La Flotilla Amazónica Yaku Mama invierte simbólicamente esa ruta de conquista en una de conexión, honrando la resistencia de los pueblos indígenas y el primer levantamiento continental de 1992, con el objetivo de que el mundo, finalmente, escuche las voces de los territorios”, señaló la iniciativa.

Leonardo Cerda, representante kichwa de la comunidad de Serena, en Ecuador, precisa que el viaje de la flotilla también ha permitido escuchar las voces de otros pueblos indígenas, un ejercicio que, considera, deberían incluir las políticas públicas ambientales y climáticas para que las decisiones no se tomen solo desde los escritorios y mesas de negociación, sino también desde los territorios.

“[La flotilla] es un acto de resistencia y empoderamiento. Nosotros sabemos que el origen de esta crisis climática proviene del colonialismo extractivista que toma a la madre naturaleza como un recurso infinito”, sostiene el joven fundador del movimiento BILM (Black Indigenous Liberation Movement).

Cerda sostiene que los pueblos indígenas amazónicos agregan otra mirada a la conversación climática, la del Kawsak Sacha o Selva Viviente, un concepto kichwa que reconoce al ecosistema como un ser vivo integral y con el que hay una conexión material y espiritual.

“Venimos de la visión de los derechos de la naturaleza, donde nosotros estamos en un solo ciclo y pertenecemos a la naturaleza. Como pueblos indígenas no somos los causantes de esta crisis, son los países, la industrialización, el colonialismo, el extractivismo”, apunta el líder kichwa y agrega: “Nosotros ofrecemos soluciones basadas en el conocimiento, en la vivencia de las comunidades”.

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Un viaje que conecta los conflictos amazónicos

La Flotilla Amazónica ha establecido conexiones históricas y socioambientales en las escalas y territorios que visita. La travesía inició en los hielos del glaciar Cayambe, donde comunidades kichwas realizaron una ceremonia ancestral para recordar la conexión entre los páramos y los ríos amazónicos a través del agua.

Después conocieron el proceso de la agrupación Yuturi Warni, la primera guardia indígena liderada por mujeres en la región y que está bajo presión de la minería legal e ilegal.

“Esto es la transición energética para algunos países y no se dan cuenta de que nos están afectando en las comunidades. Vimos cómo las mujeres en Serena están monitoreando la selva, cómo tienen sus programas de manejo ambiental”, cuenta el líder kichwa a Mongabay Latam.

En Coca —ciudad del norte de la Amazonía ecuatoriana donde en 2020 se derramaron 5800 barriles de crudo— se realizó un funeral de los combustibles fósiles y una marcha, como un acto simbólico para denunciar décadas de contaminación.

“Fue muy importante hacer este ritual porque para nosotros el consumo de combustibles fósiles y el extractivismo han representado muerte y aniquilación de pueblos hermanos”, dice Cerda sobre comunidades enteras en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, con impactos en la salud y desplazadas de sus territorios por la industria petrolera.

Para Grefa, el funeral de los combustibles fósiles también fue un llamado para el Gobierno central de Ecuador a iniciar un proceso de transición energética, ante la dependencia del país a los combustibles fósiles.

“Ecuador no está preparado ni económica, ni política, ni socialmente para transicionar porque nadie, desde el Gobierno central, está abordando la transición energética”, explica. Además, agrega que el Gobierno deberá escuchar a pueblos indígenas, a la sociedad civil y a la academia para plantear una alternativa energética durante los próximos años.

La ruta continuó en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y parte de la Amazonía ecuatoriana, donde en 2023 la ciudadanía ecuatoriana votó a favor de frenar la extracción de petróleo.

Para Cerda, se trata de un lugar emblemático por esta decisión. Sin embargo, advierte que en las negociaciones de la COP30 se deberá atender cómo salir de la fase de consumo de combustibles fósiles y optar por energías renovables. “Nosotros, como pueblos indígenas, no podemos ser presa fácil”.

Del lado de la Amazonía peruana, en Iquitos, la flotilla también conversó con comunidades que implementan manejos forestales y de monitoreo, ante la tala de bosques y la minería ilegal.

“Estamos intercambiando las experiencias de lucha, de resistencia, pero también las de monitoreo, de guardias, de conocimientos ancestrales. Estos intercambios son soluciones prácticas contra los procesos extractivos que se están dando en la Amazonía”, detalla.

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Defensores de la Amazonía y del territorio

Otra de las líneas de acción de la flotilla rumbo a la COP30 es integrar la protección de los defensores del territorio en todas las políticas climáticas.

El nivel de amenaza para quienes defienden la Amazonía es alto. En solo unos días, los defensores Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán fueron asesinados durante el paro nacional en Ecuador, convocado principalmente por comunidades indígenas y campesinas contra medidas gubernamentales y la expansión del extractivismo en sus territorios.

Sin embargo, esta situación afecta a toda América Latina, que concentra el 82 % de los asesinatos y desapariciones contra defensores ambientales y del territorio en el mundo, de acuerdo con el informe reciente de la organización internacional Global Witness.

Para Lucía Ixchiu, mujer maya k’iche, de Iximulew, Guatemala, y coordinadora indígena del BILM, la realidad centroamericana también debe abordarse no solo en la flotilla sino también llegar a las mesas de trabajo de la COP30.

“Es parte también del interés de articularnos en esta flotilla de gente tan diversa porque somos múltiples realidades las que enfrentamos. De esto no se habla en la COP, por eso estamos haciendo este acto desesperado, para seguir posicionando las historias y luchas de los pueblos”, comenta Ixchiu, quien vive exiliada tras haber documentando la tala ilegal en su comunidad, en Guatemala, un país que incrementó cinco veces los asesinatos de defensores en 2024, de acuerdo con Global Witness.

Contradicciones y retos rumbo a Brasil

Si bien los representantes indígenas de la flotilla amazónica son escépticos de las decisiones que se puedan tomar en la cumbre climática, consideran que el hecho de tener la atención del mundo es una oportunidad para mostrar la crisis climática en la Amazonía y presionar a los gobiernos al momento de definir metas y presupuestos.

Pese a considerarlo un espacio “cooptado” por la industria petrolera y minera, Cerda apuesta por llamar la atención sobre las amenazas que actualmente enfrenta la Amazonía.

“Nosotros también hacemos incidencia, pero desde la flotilla. Creemos que la incidencia viene desde los territorios. Podemos llamar la atención para que el mundo vea lo que está pasando en nuestros territorios”, señala el líder kichwa.

“Si no estás en la mesa de negociación, estás en la cena para ser la comida. Entonces, quieras o no, nos toca estar dentro de estos espacios de la mesa de negociaciones como observadores”, agrega.

En tanto, Ixchiu considera que la COP sigue siendo un espacio excluyente para las poblaciones indígenas. Como muestra, sostiene que ni el 10 % de los integrantes de la flotilla cuenta con una acreditación para entrar a las negociaciones.

“Tenemos muy clara y muy crítica la mirada respecto a la COP porque sabemos que es un espacio que no permite una participación plena. Sin embargo, nosotros nos estamos tejiendo desde fuera de estos eventos para poder construir diálogos entre los pueblos”, afirma la defensora.

Mientras la flotilla amazónica realizaba su viaje, el gobierno de Brasil aprobó la perforación exploratoria de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas con el Atlántico, a unas semanas de celebrar la cumbre climática.

El permiso otorgado a la estatal Petrobras se ubica en una región denominada Margen Ecuatorial, considerada una de las zonas con mayor potencial de petróleo y gas en el país.

Para los integrantes de la flotilla, este tipo de decisiones son las que están acercando a la Amazonía a un punto de quiebre.

“Se está priorizando el dinero sobre los pueblos indígenas, sobre la crisis climática y realmente no se buscan decisiones efectivas para contrarrestar el cambio climático”, considera Cerda.

“En medio de las contradicciones de la humanidad, nosotros también nos encontramos ahí, en un momento muy contradictorio, muy complejo y desesperanzador, pero también hay otras cosas ocurriendo que solo la destrucción”, afirma Ixchiu.

Imagen principal: la flotilla viaja desde los Andes hasta la Amazonía, rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, para reclamar justicia climática en espacios de la cumbre climática global. Foto: cortesía Hackeo Cultural / Flotilla Yaku Mama

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la caleta de Puerto Pizarro, el último puerto artesanal al norte de Perú, un grupo de pescadores pinta una embarcación mientras un hombre enfundado en un traje azul los observa desde el malecón. Son las primeras horas de la mañana y, aparte de ellos y los gallinazos que sobrevuelan la playa, no hay más actividad. “Solo hacen eso”, dice uno de los pescadores refiriéndose al hombre que los vigila. Es un “informante” que mira, en silencio, quién entra y sale del mar. Aquí, todos los pescadores deben pagar una extorsión para poder salir al mar a trabajar. 

“Nosotros no les tenemos miedo a los piratas, vamos a hablar, estamos cansados de ellos”, dice el pescador decidido, aunque instintivamente baja el tono de voz como si alguien lo pudiera escuchar. 

Mientras tanto, del otro lado de la frontera, en la provincia ecuatoriana de El Oro, la policía recibe la alerta de disparos en un barrio de Puerto Bolívar. La calle principal se ha cerrado para velar el cuerpo de un supuesto pescador al que dispararon en alta mar. La policía sospecha que pertenecía a alguna de las bandas de narcotraficantes que, en su disputa por el control del puerto, han llenado de balas las paredes de las casas. 

Sorteando un gran hueco en el piso ocasionado por un explosivo dejado en medio de los enfrentamientos entre grupos criminales, una mujer lamenta la muerte de dos de sus hijos. 

Así comienzan las dos historias que conforman esta investigación de Mongabay Latam. Durante ocho meses, un equipo periodístico se sumergió en las actividades de las caletas de las provincias fronterizas de Tumbes, en el norte de Perú, y de El Oro, en el sur de Ecuador, para entender qué hay detrás de las extorsiones que mantienen acorralados a los pescadores artesanales de ambos países. 

Los hallazgos dan cuenta de cómo el negocio criminal de las extorsiones se ha convertido en un brazo clave en la logística del narcotráfico para controlar las rutas marítimas de contrabando. Además, demuestran que en la compleja y dinámica red de actores criminales, la peligrosa banda ecuatoriana Los Lobos se ha expandido hacia el sur extorsionando también a los pescadores peruanos. En medio de este entramado criminal, la falta de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera tiene un impacto enorme: hacer de la pesca artesanal un terreno fértil para la violencia.

A inicios de septiembre pasado, casi 300 kilos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a México fueron incautados por la Policía Nacional de Ecuador en el puerto de Guayaquil. Cada tanto, casos como este son titulares en los medios de comunicación del mundo entero. Transportar droga en contenedores y buques que salen de los puertos es una de las principales estrategias para exportar estupefacientes, explica Renato Rivera, experto en crimen organizado transnacional, puesto que “en una sola embarcación puedes meter hasta una tonelada de cocaína”. Sin embargo, no toda la droga se trafica de esta manera. Otros prefieren aprovechar la vastedad y aislamiento de alta mar. Es ahí donde los pescadores artesanales se hacen necesarios. 

“Se piensa que el tráfico marítimo de cocaína solo se mueve de un punto A a un punto B, a través de embarcaciones a gran escala y no es así”, indica Rivera. En las embarcaciones artesanales, se trasladan cargamentos más pequeños de droga que, mar adentro, son traspasados a embarcaciones de mayor tamaño. 

Un oficial de alto rango de la Policía de Ecuador, que participó en una investigación sobre crimen organizado en El Oro y quien pidió reserva de su identidad, explica el modus operandi: “Hacen relevos. Una lancha va con combustible hasta cierto punto del mar, ahí entregan a otras lanchas que tienen mayor cantidad de combustible y van haciendo relevos hasta llegar a la zona del archipiélago de Galápagos, que es donde encaletan y abordan los buques”. 

Para llevar adelante esa operación, la extorsión es clave. Si los pescadores no pagan, son atacados en altamar por los piratas. Los motores robados durante el ataque son utilizados para equipar las embarcaciones que transportan la droga hacia altamar.

En una resolución judicial peruana a la que Mongabay Latam tuvo acceso, un testigo clave y un agente especial señalan que los piratas trasladan los motores robados en cámaras frigoríficas hacia Piura, uno de los puertos clave en la exportación de drogas, según información del Departamento de Operaciones Especiales de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional del Perú.

Pero los pescadores también son presionados por las bandas de narcotráfico para que sean ellos mismos quienes transporten la droga hacia los buques grandes o, dependiendo de las características de la embarcación, la lleven a otros destinos.
“Los Choneros [una de las bandas de narcotraficantes ecuatorianas] aprendieron hace 15 años del [cártel de] Sinaloa, y de sus propios procesos internos, que era mucho más rentable mover 15 embarcaciones pesqueras que tratar de ‘contaminar’ el puerto como tal [ingresar droga al puerto]. Por eso, los pescadores artesanales y el movimiento de cocaína alrededor de esta dinámica son bien representativos”, asegura Rivera.

Los Lobos y las extorsiones en Perú

En Ecuador, “Los Lobos son los más predominantes alrededor de las extorsiones”, asegura Rivera, pero esta investigación da cuenta de que esa predominancia ya está presente también en la costa norte de Perú. Los pescadores de Puerto Pizarro y las otras caletas de la provincia de Tumbes señalan a este grupo ecuatoriano —catalogado como organización terrorista por el Departamento de Estado de Estados Unidos y socio clave del Cártel de Jalisco Nueva Generación— como la principal organización que los extorsiona y persigue. 

Esta información es corroborada por una autoridad de la policía en la zona que pidió no ser identificada. “La banda que les cobra cupos es la de Los Lobos. Los ecuatorianos”, dijo. Además, el jefe de la División de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri) en la zona macro norte, coronel Luis Castillo, reconoce que Los Lobos están presentes en el territorio. Fuentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas en Ecuador también confirmaron que Los Lobos han reclutado gente en el lado peruano y que están operando en actividades de extorsión a pescadores y contrabando. 

De acuerdo con los pescadores, el grupo criminal opera de manera directa y también a través de bandas locales. De hecho, para Nicolás Zevallos, es importante no subestimar la acción de actores criminales locales pensando que la gran amenaza es externa. “En los últimos años se ha hecho más visible efectivamente la presencia de los actores regionales, pero su capacidad de operación efectiva a nivel local está muy asociada a las estructuras criminales disponibles en cada país. No es que han llegado a colonizar un espacio peruano, sino que han llegado a hacer negocios”, indica. 

El equipo periodístico confirmó que existen nombres que se repiten al preguntar sobre los principales extorsionadores locales que operan en Puerto Pizarro. Sin embargo, la red de participantes en el negocio es dinámica y versátil. “Cada vez que hacemos la revisión y salimos a campo a pedir más información, nos dan cinco nombres nuevos porque se transforman, mutan o se recomponen”, explica Zevallos.

Incluso, un oficial de la policía en Puerto Pizarro declaró que en muchos casos Los Lobos usan menores de edad que son reclutados en Zarumilla para cobrar las extorsiones y para intimidar a sus víctimas. Por razones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva. 

Provistos de armas que son contrabandeadas a través de células del Tren de Aragua, de acuerdo con agentes antinarcóticos de la Policía de Ecuador, Los Lobos mantienen una guerra con bandas rivales por el control de este puerto peruano, lo que ha desatado una ola de violencia. 

Información del Ministerio del Interior de Ecuador indica que la provincia de El Oro está entre las cinco con mayor cantidad de homicidios intencionales (homicidios, asesinatos y sicariatos), con 2098 registros entre 2014 y 2024. Según esta misma fuente, los asesinatos a pescadores también han aumentado. En 2014, solo se registraron cinco casos en todo el país, mientras que en 2024 hubo 45 casos. Organizaciones de la sociedad civil advierten, sin embargo, que en esas cifras hay un importante subregistro. 

En Perú, los números son dispares. Entre 2020 y 2024, la Marina registró 61 denuncias por ataques en altamar, pero la Policía sólo cuenta seis. Para una primera investigación publicada en enero de este año, Mongabay Latam identificó que aproximadamente 20 pescadores habían sido asesinados por piratas en los últimos 20 años. Mientras se desarrollaba este reportaje fueron asesinados tres pescadores más.

“Amigos de nosotros han muerto, varios, con disparos en la cabeza. Los liquidan. Ellos [los piratas] llevan fusiles, buenas armas. ¿Por qué están tan armados? Por la droga. La droga es oro”, dice un pescador de Puerto Pizarro.

La pesca se agota

En este escenario, la escasez de recursos marinos debido a la sobreexplotación pesquera es un factor que agrava la situación. En Ecuador, el problema se puede percibir sobre todo en la escasez de especies clave como dorado, pulpo y langosta, asegura la bióloga marina Janice Márquez De La Plata. Cada vez, los pescadores deben ir más lejos para conseguir capturas, lo que ha aumentado los costos de las faenas y disminuido las ganancias. 

En Perú, también existe evidencia científica de que especies clave para la pesca artesanal están sobreexplotadas. Inclusive, científicos demostraron que aunque la cantidad de embarcaciones artesanales ha aumentado, eso no se ha traducido en más pesca, al contrario. A partir de 2014, las capturas cayeron considerablemente y, según Santiago De la Puente, el investigador principal del estudio, ello se debe a que muchos de los recursos fueron pescados en exceso.

“Antes, uno iba, dos, tres horas y ya venía con su carga. Ya estaba el día costeado. Ahora, la gente se va a las cuatro, cinco de la mañana y está volviendo a las cinco de la tarde. La pesca ahora es de suerte”, comenta un hombre que pescador en Ecuador hace 20 años. 

De acuerdo con Márquez De La Plata, quien es presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Ecuador, ello ha empujado a algunos jóvenes a migrar o a caer en redes criminales. 

Sumado a la escasez de recursos, la pandemia también agravó el escenario de vulnerabilidad, explica Rivera. “Por un lado tienes la sobreexplotación, es decir, [los pescadores] tienen que viajar más lejos y necesitan más recursos para hacerlo y, por otro, tienes el fenómeno de la pandemia que ya impactó al sector pesquero porque es un sector informal. Son los grupos criminales quienes aprovechan ese tipo de vulnerabilidades”.

El artículo completo fue publicado por en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la lucha titánica por mitigar los cambios del clima, los reflectores se han centrado mayoritariamente en la protección de bosques tropicales como las selvas de la Amazonía, importantes sumideros de carbono que pueden almacenar entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea en bosques primarios.

Sin embargo, en Latinoamérica, hay otros ecosistemas que permanecen olvidados y relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial, a pesar de que la ciencia reconoce su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y que muchos de ellos almacenan incluso más carbono que los bosques tropicales.

Un equipo de Mongabay Latam recorrió diversos países de la región para visibilizar a los olvidados: páramos, humedales costeros, turberas, manglares y pastos marinos, ecosistemas clave y depósitos invaluables de carbono. A pocos meses de la versión 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, Brasil, estas seis historias muestran cómo comunidades, organizaciones y científicos se unen para conservar y estudiar estos ecosistemas vitales en la lucha contra el cambio climático y cuyo potencial aún no es completamente valorado.

Darle protagonismo a páramos, humedales costeros y pastos marinos

En la lucha contra el cambio climático todo ecosistema cuenta. Cada emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y demás gases de efecto invernadero que no llegue a la atmósfera es crucial para evitar, o al menos contener y limitar, el calentamiento global.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C (grados Celsius) por encima de los niveles preindustriales, con un esfuerzo por mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Sin embargo, el progreso hacia esta meta no va en el camino esperado.

Muchos países han presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las evaluaciones han mostrado que los compromisos actuales no son suficientes.

Desde 2023, cuando se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedó claro que se requiere una acción mucho más ambiciosa para lograr las reducciones necesarias a 2030. “Urge tomar medidas más ambiciosas. Si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, dijo en ese momento Hoesung Lee, presidente del IPCC.

Esas medidas podrían incluir empezar a ver –y a proteger– ecosistemas clave para la mitigación de carbono. Algunos estudios sugieren, por ejemplo,  que una hectárea de suelo en el páramo puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En turberas dentro del páramo, la captura de carbono puede alcanzar incluso las 2000 toneladas.

En las zonas Boquilla de Oro y La Mancha, en Veracruz, México, se han encontrado que las selvas inundables pueden capturar hasta el doble de carbono (869 toneladas por hectárea) que los manglares contiguos (482), mientras que los humedales herbáceos capturan 692, según comparaciones realizadas por Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (Inecol).

Los pastos marinos, aunque solo cubren el 0.1 % del fondo oceánico, pueden almacenar hasta el 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que hay un despertar en el interés de los países en estos ecosistemas, pero hay varios obstáculos que se deben superar para vincularlos dentro de los NDC. Uno de ellos es que aún falta mucho por estudiar, en algunos casos ni siquiera se cuenta con un mapa detallado de su ubicación. Otro obstáculo son las extenuantes discusiones políticas para que los gobiernos tomen en cuenta el trabajo y los resultados de la ciencia. Priman demoras y trabas que impiden que los hallazgos lleguen oportunamente a los altos niveles gubernamentales que toman decisiones.

La “fijación” por los bosques

“Nuestras autoridades políticas y técnicas tienen una gran fijación en los bosques y tratan de lidiar con ellos, entonces no les queda tiempo para pensar en otras cosas”, dice el profesor Juan Carlos Benavides, coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana en Colombia y quien tiene un largo historial de investigación en páramos y humedales.

Y no es que Benavides le reste importancia al papel de los bosques en el secuestro de carbono, sino que considera que hay un sesgo arraigado en la gente porque la educación ambiental en Colombia se ha enfocado en los bosques. “Aún hay mucho desconocimiento sobre el papel de los suelos, las sabanas, los pastos, los páramos. Como que nos da miedo mirar más allá. Romper con esas barreras y paradigmas es muy difícil”.

Benavides se ha acercado a los creadores de políticas públicas en el país para que comprendan, por ejemplo, la importancia de los páramos, no solo en términos de agua sino de captura de carbono.

Aunque comenta que los funcionarios públicos comprenden que es necesario avanzar en el conocimiento y conservación del páramo, es frustrante que los procesos sean tan lentos y que se tenga que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno.

“El desafío más grande que tenemos es lograr la articulación entre los instrumentos técnicos del Estado y los instrumentos políticos que producen los documentos de política pública como los NDC, los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, las estructuras de pago por servicios ambientales y sus mecanismos de gobernanza y salvaguardas sociales”, comenta Benavides, y sustenta su afirmación con un ejemplo contundente.

Según comenta, cerca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados del territorio colombiano son páramos y un 20 % de esa cifra son humedales. Unas 300 000 hectáreas de humedales en páramo están degradadas pero, asegura, si se manejan y se recuperan se podría retener entre un 10 % y un 15 % de las emisiones del país. “Pero, como esos humedales ni siquiera están en los inventarios, no importa lo que usted les haga, el país no los puede utilizar para sus reportes porque no tiene metodologías que los reconozcan”.

A pesar de esto, existen iniciativas de conservación que intentan proteger el páramo. Por ejemplo, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, en el centro de Colombia, se han implementado procesos de restauración ecológica desde hace más de dos décadas. Esto ha permitido conocer mejor la capacidad del páramo para hacer frente al cambio climático.

En esta iniciativa trabajan de la mano comunidades, organizaciones como WWF y Conservación Internacional y academia. El grupo de investigación del profesor Benavides desde 2017 estudia allí los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

No son “malezas” acuáticas

Desde México, Patricia Moreno comparte opiniones similares a las de Benavides, aunque su trabajo se centra principalmente en humedales costeros de agua dulce. “Lo importante es que las autoridades, sobre todo las federales, se den cuenta de que también los humedales de agua dulce capturan muchísimo carbono. Y si realmente los incluimos, así como se está haciendo con los manglares, tendríamos una participación internacional mucho más fuerte contra el cambio climático”, asegura.

Moreno comenta que la superficie disponible de humedales costeros de agua dulce se ha reducido históricamente y continúa en descenso principalmente por la pérdida de hábitat causada por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Este problema se agudiza con la falta de registros confiables, pues “desafortunadamente, estos ecosistemas no están contabilizados por la mayoría de los países”, explica, y agrega que en el caso mexicano la situación es tan crítica que se suele confundir a los humedales de agua dulce con los manglares, lo cual se refleja en los mapas y datos disponibles.

A esto se suma, dice Moreno, un desconocimiento histórico sobre estos ecosistemas. “Por ejemplo, muchos ingenieros hidráulicos les siguen llamando ‘malezas acuáticas’ porque históricamente se drenaban los desagües hacia estos ecosistemas incomprendidos en muchas partes del país y por eso se degradaron mucho”.

En medio de este panorama, en el estado de Veracruz se logró crear hace varios años el parque estatal Ciénaga del Fuerte, que busca proteger una extensa área de humedal. Además, en el sector de La Mancha, en ese mismo estado, campesinos lograron restaurar un potrero a su estado original de selva inundable con el apoyo de científicos.

El potencial de almacenamiento de carbono de los pastos marinos también es un mundo por descubrir. En países como Venezuela recién empiezan a explorar el potencial que tiene este ecosistema en las costas del país. “En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta Mayré Jiménez, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Aunque las investigaciones sobre almacenamiento de carbono en pastos marinos aún se encuentran en etapas iniciales en Venezuela, gracias a ellas han podido detectar graves problemas. Por ejemplo, que la industria del turismo arrasa con estas plantas porque “afean” las costas y que un coral invasor proveniente del Indo-Pacífico está acabando con su hábitat natural y reduciendo su cobertura.

Con todo, las crisis políticas y económicas por las que atraviesa el país, y que han afectado a la academia, no han sido obstáculo para científicos como Jiménez, quien se las ingenió para crear un laboratorio en el garaje de su casa, donde estudia con detalle los pastos marinos y su potencial de secuestro de carbono.

Las sorpresas detrás de las turberas

Un sorprendente hallazgo en Perú es uno de los principales responsables de que las turberas comiencen a tener el protagonismo que les corresponde en la lucha contra la crisis climática en América Latina.

Las turberas del Abanico del Pastaza fueron descubiertas gracias a exploraciones científicas y estudios ambientales realizados en las últimas décadas, y su estudio y reconocimiento como un ecosistema de gran importancia comenzó a destacar en los años 2000, gracias a investigaciones de instituciones científicas peruanas y extranjeras que identificaron su riqueza en biodiversidad y su papel en el ciclo del carbono.

Se trata de uno de los complejos de humedales más profundos a nivel global: la tercera turbera tropical más profunda, con 8.1 metros, después de Central Kalimantan, en Indonesia, y Cuvette Centrale, en el Congo. Se creía que en Sudamérica no existía un ecosistema como este.

Un estudio publicado en 2024 comprobó la fascinación científica con este ecosistema y encontró que el stock de carbono en la vegetación de las turberas del Datem del Marañón, que forma parte del Abanico del Pastaza, es de 80 toneladas de carbono por hectárea en promedio. En el suelo de turba las estimaciones llegan incluso a 1700 toneladas, por lo que puede almacenar entre tres y cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas tropicales.

Comunidades nativas del Datem del Marañón, en la región de Loreto, fusionan saberes ancestrales con conocimiento científico para proteger las turberas que se encuentran en esta área de la Amazonía peruana. De esta manera protegen la palma de aguaje (Mauritia flexuosa), que es parte de su sustento alimenticio y vital en la conservación de las turberas. “Antes cosechábamos tumbando, ahora realizamos el escalamiento, o sea, ya no la tumbamos, aprovechamos la palmera cuando está de pie. Ese ha sido el principal cambio en estos años”, dice Segundo Chanchari, escalador de la comunidad nativa Puerto Díaz.

La investigación de las turberas del Abanico del Pastaza motivó nuevas investigaciones en países como Colombia. Un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Environmental Research reveló que las turberas colombianas podrían ser una herramienta importante para combatir el cambio climático, pero que primero deben identificarse y ubicarse con precisión.

Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz, llevó a cabo tres años de extenso trabajo de campo para desarrollar el primer mapa basado en datos de turberas recientemente documentadas y previstas en los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana.

Entre los principales hallazgos destaca que estas dos regiones probablemente contienen entre 7370 y 36 200 kilómetros cuadrados de turberas, que podrían estar secuestrando actualmente una cantidad de carbono equivalente a 70 años de emisiones del país provenientes de combustibles fósiles e industrias.

Los resultados de Winton y sus colegas sugieren que la densidad promedio de carbono en estas turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva amazónica. Los investigadores identificaron dos tipos específicos de turberas colombianas, incluidas las turberas de arena blanca que no se habían documentado previamente en Sudamérica, lo cual es un fiel reflejo de la necesidad de estudiar más estos ecosistemas.

“Las turberas son una masa de carbono gigante. Las estadísticas nos dicen que cubren entre el 3 % y el 5 % de la superficie de la Tierra pero tienen dos veces más carbono que los bosques del mundo”, dice Winton, y agrega que, a diferencia de los bosques, que pueden restaurarse y ayudar a recuperar el carbono, cuando se pierde turba se requieren cientos y hasta miles de años para recuperar lo que se ha perdido del suelo. “Por eso se considera casi como una pérdida irrecuperable”.

Un escudo de manglares

El manglar también es un ecosistema trascendental: es capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, reportando valores promedio de 432 toneladas de carbono por hectárea, con rangos promedio cercanos a 1000 toneladas por hectárea, especialmente en manglares maduros y conservados.

Sobre este ecosistema también faltan muchos más estudios, pero es quizás, después de los bosques tropicales, el que más reconocimiento y protagonismo tiene en este momento en Latinoamérica.

“Los manglares, en particular, absorben y almacenan grandes cantidades de carbono mediante la fotosíntesis y la retención de sedimentos por sus complejas estructuras radiculares, lo que provoca una lenta descomposición de la materia orgánica en suelos húmedos”, asegura Julie Shahan, investigadora de la Universidad de Stanford que trabaja con manglares en Ecuador.

Shahan destaca que además de la mitigación del cambio climático, los manglares son importantes para la adaptación climática al proporcionar control de la erosión, prevención de inundaciones, garantizar la calidad del agua y mantener la biodiversidad. También menciona que hay avances positivos, ya que 97 países, entre ellos varios latinoamericanos, incluyen actualmente soluciones basadas en la naturaleza costera y marina en sus planes nacionales de mitigación del cambio climático.

Ecuador, en particular, ha tomado medidas adicionales para proteger los manglares, brindando a las comunidades locales la capacidad de conservar y restaurar los manglares locales y comprometiéndose a no convertir los manglares para la acuicultura de camarones. De hecho, aunque muchas veces los esfuerzos gubernamentales son vistos con escepticismo, la estrategia del gobierno ecuatoriano en gestión de manglares se ha convertido, según los expertos, en un verdadero caso de éxito.

A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el recientemente desarmado Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.

El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país, de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil. Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo en su protección.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia [de concesionar zonas de mangle] ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Esto no es un dato menor, ya que Molina recuerda que en 37 años (entre 1969 y 2006) se perdió el 27 % de los manglares del país, lo que equivale a unas 56 000 hectáreas.

En general, los científicos coinciden en que hay que prestarle más atención a los humedales, ya sean costeros, de manglar o turberas. “Los humedales tropicales se encuentran entre los ecosistemas de secuestro de carbono más eficientes del planeta. Si bien ocupan una pequeña área de la superficie terrestre, tienen el potencial de contribuir significativamente al secuestro de carbono a largo plazo debido a sus altas tasas de acumulación y almacenamiento de carbono”, asegura Shahan.

*Este especial hace parte de un trabajo colaborativo entre Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora y Runrun.es

**Imagen principal: En Perú, Segundo Chanchari y Kietre Gonzales unen fuerzas para el aprovechamiento del aguaje y la conservación de la palmera. Foto: Leslie Moreno Custodio

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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