En Colombia existe una región con 23 487 especies de fauna y flora, lo que representa el 29 % del total de especies observadas en el país, según los registros biológicos que se tienen hasta el momento. Aquí se han registrado 761 especies de aves (38 % de la avifauna colombiana), es una de las regiones con mayor cantidad de especies de peces (767), alberga el 48 % de los humedales continentales del país y aporta el 26 % de la disponibilidad hídrica de Colombia.

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Estos datos hacen referencia a la Orinoquia y aparecen en el Reporte Bio Orinoquia, una reciente publicación del Instituto Humboldt de Colombia, que se encarga de estudiar la biodiversidad del país. En palabras de su director, Hernando García, “esta es una de las regiones donde hay muchas expectativas de desarrollo, pero donde también hay grandes expectativas para la conservación de la biodiversidad”. García explica que el informe pretende ser una ayuda para entender, por ejemplo, que esta es una región anfibia, donde los pulsos de inundaciones de departamentos como Arauca y Casanare pueden llevar a que hasta el 60 % de su territorio esté bajo un humedal en ciertos momentos del año.

La riqueza ambiental de la Orinoquia colombiana, región que también es conocida como los Llanos Orientales, enfrenta grandes retos: 491 de sus 23 487 especies de fauna y flora se encuentran en alguna categoría de amenaza, cifra que corresponde al 23 % del total de especies amenazadas en el país. Además, las actividades agroindustriales están transformando de forma acelerada los ecosistemas y el incremento del uso del agua ya está causando problemas. “La huella espacial humana ha sido intensa en las últimas tres décadas”, asegura García.

Una olla de presión sobre el paisaje llanero

El Reporte Bio Orinoquia destaca que la región tiene una gran riqueza hídrica, sin embargo, la transformación de sus ecosistemas, debido a factores como la deforestación, la agroindustria, la ganadería extensiva, la infraestructura vial y urbana, la extracción de minerales y el déficit de sistemas de tratamiento de agua, tiene impactos negativos sobre el agua, entre los que destacan la desconexión de hábitats, la liberación de contaminantes a la atmósfera, la pérdida de navegabilidad y el control de inundaciones. “Esto pone en riesgo la disponibilidad y calidad del agua, así como la calidad de los hábitats que brindan soporte a la biodiversidad”, se lee en el documento.

El reporte muestra que durante las últimas cuatro décadas, la huella espacial humana —magnitud de la influencia acumulada de las actividades humanas sobre los paisajes y ecosistemas— en la Orinoquia ha experimentado un incremento del 35 %. Además, los análisis hechos por los expertos sugieren que este aumento podría ascender un 6 % en los próximos diez años.

“La huella espacial humana está asociada a procesos de construcción y expansión de vías que permite acceso a actividades como cultivo y ganadería. Esto hace que las zonas naturales tengan una tendencia más alta a ser impactadas”, le dice a Mongabay Latam Daniel Cruz, investigador de la Universidad Javeriana que participó en el desarrollo de este tema para el Reporte Bio Orinoquia.

Cruz menciona que los análisis muestran al departamento de Vichada como una de las zonas de la Orinoquia con alto impacto según el índice de huella humana, “precisamente porque tiene altos índices de asentamientos humanos y asimismo de vías que los conectan e impactan las zonas naturales aledañas”.

Otro dato importante es que gran parte de las zonas que están en riesgo de impacto humano están muy asociadas a los cuerpos de agua, ya que esto les permite abastecer sus actividades productivas.

Los científicos también destacan que los parques nacionales y resguardos indígenas limitan el avance de valores altos de huella espacial humana al interior de estas áreas. Sin embargo, la capacidad de contener este avance varía en función de la categoría de manejo y el tamaño de cada área.

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Alerta a la expansión agropecuaria

Entre los desafíos que enfrenta la región está la expansión agroindustrial, ya que, en las últimas dos décadas, la frontera agrícola de la Orinoquia se ha expandido de 1000 kilómetros cuadrados a 8000 kilómetros cuadrados de área cultivada, y se espera que la demanda hídrica de la agricultura se duplique para 2040 debido al aumento en las áreas de cultivo, principalmente de arroz y palma de aceite.

Esta presión no es un factor sorpresa para los expertos, ya que en diversos momentos el gobierno nacional y los gobiernos locales han dicho que la Orinoquia podría ser “la última gran despensa agrícola del país” y, según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), más de 150 000 kilómetros cuadrados de esta región son aptos para la agricultura, lo que representa aproximadamente el 45 % de la cuenca del Orinoco.

El Reporte Bio Orinoquia tiene un capítulo dedicado a los efectos de la expansión agroindustrial sobre los ríos y allí se menciona que, para 2040, se prevé un incremento del 13 % en la demanda de agua para el cultivo de arroz, una de las principales actividades en la región.

Una modelación hidrológica que considera el desarrollo agroindustrial revela reducciones de hasta un 85 % en más del 50 % de la cuenca del Orinoco colombiano en periodos de lluvias escasas. “En los escenarios más extremos, los ríos Meta, Vichada y Guaviare experimentarán reducciones en sus flujos de hasta 95 %, 98 % y 50 %, respectivamente”, señala el reporte.

Jonathan Nogales, investigador de The Nature Conservancy (TNC) y coautor del capítulo, asegura que el arroz y la palma son los mayores motores de transformación de la dinámica hídrica de la Orinoquia.

Nogales menciona que se están viendo cambios drásticos en la cuenca del río Ariari, en el departamento del Meta, con los cultivos de palma de aceite y un fenómeno llamativo en el departamento de Casanare, donde personas que hacen ganadería extensiva alquilan predios a los arroceros porque son zonas inundables (condición favorable para el cultivo de arroz) y esto ha generado una degradación en los suelos y los ecosistemas, comenta.

“Si bien la Orinoquia tiene un potencial bastante grande y siempre se plantea que es la última frontera agrícola que tiene el país, hay que hacerlo de una manera responsable y controlada”, dice Nogales, y agrega que “puede parecer que en la región hay bastante agua, pero realmente está concentrada en un periodo de tiempo, no está presente durante todo el año, y los meses secos, cuando se necesita el riego de cultivos, los flujos hídricos se vuelven críticos”.

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Eje de conflictos socioambientales

Los conflictos socioambientales son otro de los grandes desafíos de la Orinoquia. Si siguen escalando, y no llegan a soluciones, pueden poner en riesgo los territorios y la gran biodiversidad de la región. De acuerdo con el Instituto Humboldt, identificarlos es una herramienta útil para fomentar espacios de diálogo que promuevan la comprensión mutua, el análisis de las controversias y la construcción de entendimientos.

El reporte analizó estos conflictos y destacó 29 que se encontraban latentes hasta 2024. Allí encontraron choques entre distintas formas de ver y entender la Orinoquia: una productivista, en la que el territorio se entiende como proveedor de recursos naturales que se pueden explotar para generar riquezas; otra conservacionista, que promueve la protección del territorio para la preservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que brinda; y una de hábitat, que comprende el territorio como el lugar donde se desarrolla la vida cultural, social, material y simbólica de las comunidades que lo habitan.

Los investigadores lograron agrupar las conflictividades socioambientales en tres grandes tipos. El primero son los conflictos derivados del uso y apropiación de territorios indígenas para desarrollar actividades agropecuarias, que emergen de las disputas entre grupos étnicos y grupos de colonos o empresas agropecuarias por el acceso y uso de los territorios colectivos.

El segundo son los conflictos por la gestión y conservación de áreas protegidas, producto del desencuentro entre las visiones de conservación del Estado (principalmente autoridades ambientales) y las visiones de producción de las empresas petroleras, agroindustriales, actores armados y algunas comunidades locales.

El tercero son los conflictos asociados con el desarrollo de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, que nacen por discrepancias entre grupos étnicos, comunidades campesinas y empresas petroleras.

“Uno de los impactos más relevantes de los diferentes conflictos socioambientales es la transformación del paisaje, es decir, de humedales, bosques y diferentes ecosistemas. Esto reduce el territorio, el hábitat de las especies que allí habitan y por supuesto redunda en una pérdida de biodiversidad”, asegura Omar Ruiz, investigador del Instituto Humboldt.

Ruiz comenta que los conflictos socioambientales son procesos que van cambiando a lo largo del tiempo y aunque en todos los departamentos de la Orinoquia hay conflictos. Meta y Arauca son dos de los más críticos.

Muchos de los conflictos se dan con la industria petrolera, ya que esta región es la principal productora de hidrocarburos de Colombia. Sin embargo, Ruiz dice que también hay muchos conflictos entre comunidades y autoridades ambientales por la presencia de áreas protegidas y de estrategias de conservación en zonas de traslape con territorios de comunidades locales, campesinas o indígenas.

El investigador destaca que hay conflictos socioambientales que han escalado a la violencia y que también están relacionados con el conflicto armado. Un caso emblemático, dice, es el desencuentro entre comunidades indígenas y campesinas con empresas petroleras, principalmente relacionadas con el funcionamiento del campo petrolero Caño Limón – Coveñas, en el departamento de Arauca, “donde es común el ataque a la infraestructura petrolera por parte de grupos armados [particularmente el Ejército de Liberación Nacional, ELN]”, dice Ruiz.

A pesar de esto, el investigador indica que desde el Instituto Humboldt no ven tanto las conflictividades como obstáculos para la sostenibilidad, sino como oportunidades para generar transformaciones hacia esa sostenibilidad.

*Imagen principal: Una hembra de la especie mono aullador rojo (Alouatta seniculus), junto a su cría, en los llanos orientales colombianos. Foto: Rhett Butler

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 20 de diciembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo histórico contra el Estado colombiano y lo responsabilizó de múltiples violaciones a los derechos humanos de todo el pueblo indígena U’wa. En un documento de más de 200 páginas, el tribunal determinó que hubo violaciones al acceso a un medio ambiente sano, a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre determinación de los pueblos indígenas, la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la vida cultural, la niñez y la protección judicial.

La Nación U’wa se ubica en el oriente de Colombia, entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. Desde principios de los años 90 han defendido su territorio y cultura ancestral, enfrentándose a proyectos de turismo y a la explotación de recursos naturales, como el petróleo y gas.

El abogado U’wa Juan Gabriel Jerez Tegria destaca que la Corte IDH le ordenó al Estado colombiano que, en un plazo de dos años, les titule el territorio, clarifique los títulos coloniales, realice un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que garantice que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generan impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa.

“Para nosotros esta sentencia significa que nuestras exigencias y nuestros derechos fueron reconocidos. Significa que ya hay una jurisprudencia que permite hacer reclamaciones más justas y directas al Estado colombiano frente a violaciones de derechos humanos y vulneraciones en nuestras comunidades indígenas”, asegura Jerez Tegria.

Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International —organización que ha acompañado y asesorado legalmente al pueblo indígena—, menciona que este proceso ha sido muy largo y en él han participado muchas generaciones.

“Esta sentencia de alguna manera es devolverles la fe en el sistema de Justicia. Es lograr que un tribunal internacional reconozca su narrativa y todo lo que han dicho durante tantas décadas sobre las violaciones de derechos que han padecido”, dice Bravo.

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Un largo camino

Los indígenas U’wa se han opuesto a la exploración y explotación de gas y petróleo en su territorio y tuvieron que recurrir a instancias judiciales internacionales luego de agotar todos los caminos jurídicos a nivel nacional.

Heber Tegria Uncaria, vocero del pueblo U’wa, le dice a Mongabay Latam que, entre 1990 y 1993, varias empresas petroleras, entre ellas la Occidental Petroleum (OXY), empezaron a llegar al territorio indígena donde se encontraba el bloque petrolero Samoré, que se proyectaba como uno de los más promisorios para la industria de hidrocarburos en Colombia.

“Pero para el pueblo indígena U’wa la tierra es sagrada y es nuestra madre. El petróleo es la sangre de nuestra madre tierra y no se puede explotar”, afirma Tegria, y agrega que fue en ese momento cuando iniciaron un proceso de resistencia para no permitir que su territorio “sea profanado y explotado”.

Poco después combinaron sus acciones de resistencia con una búsqueda de protección judicial. “Acudimos a los organismos nacionales de Justicia: a la Defensoría del Pueblo, luego a los tribunales y después a las altas cortes en Colombia. Hubo una gran discusión jurídica, pero seguíamos sin la garantía de los derechos al territorio y a la consulta previa, libre e informada”, continúa Tegria.

El vocero del pueblo U’wa asegura que como las altas cortes no dieron garantía de esos derechos fundamentales, tomaron la decisión de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, un proceso que culminó con un fallo de la Corte en 2024, casi 27 años después.

Juliana Bravo enfatiza que la Justicia colombiana, desde marzo de 1997, ya había determinado que las actividades extractivas en el territorio U’wa no eran legales. La Corte Constitucional emitió una sentencia donde declaró que el derecho a la consulta previa fue violado, que no se cumplió con el Convenio 169 de la OIT y ordenó que se llevará a cabo dicha consulta, pero esto nunca ocurrió.

“Hay un fallo, pero no se cumple porque continúan haciéndose proyectos sin consulta y sin las debidas garantías judiciales”, afirma Bravo. “También hubo algunos proyectos mineros y se hicieron algunas denuncias en la Justicia interna colombiana, pero no ha pasado nada”, detalla. Además, Bravo asegura que en este momento los procesos están abiertos, pero no hay ninguna respuesta del Poder Judicial. “Todo eso abrió la puerta para ir al sistema interamericano”, explica.

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Un territorio que atrae a las industrias extractivas

Poco después de que se conociera el fallo de la Corte IDH, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) afirmó en un comunicado que el pueblo indígena U’wa es el primero en Colombia en haber demandado al Estado colombiano ante esta instancia internacional y que “su victoria abre el camino de las reparaciones y medidas de protección a las que este pueblo indígena tiene derecho y deja un precedente favorable para que otros pueblos indígenas de Colombia y la región puedan acudir a instancias internacionales con garantías de justicia y reparación”.

La oposición de este pueblo indígena tiene muchos capítulos, ya que el conflicto no sólo se dio con la exploración del bloque Samoré, a principios de la década de los 90. En 1998 Oxy también empezó trabajos de exploración en la zona conocida como Gibraltar y, a pesar de las protestas de los U’wa, dos años más tarde el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Ministro de Agricultura declararon, sin consultar a los indígenas, que el área que rodea el sitio de perforación Gibraltar era una “zona de reserva petrolera”.

Entre 2002 y 2003, Oxy abandonó el bloque Samoré, pero este fue entregado a la estatal petrolera Ecopetrol, que lo delimitó nuevamente y lo dividió en dos: bloque Sirirí y bloque Catleya.

Entre 2004 y 2005, el Estado colombiano realizó reuniones de socialización para estos dos bloques, pero los U’wa rechazaron la exploración sísmica y, en general, cualquier proyecto petrolero en su territorio. A pesar de esto, en mayo de 2005 el Ministerio del Interior y Ecopetrol determinaron que Sirirí y Catleya no vulneraron los derechos de los U’wa y afirmación que en 2006 fue confirmada por el Consejo de Estado (alto tribunal en Colombia).

En 2008 el Estado otorgó el contrato de concesión minera de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa. Un año después se otorgaron dos concesiones mineras de carbón adicionales y el Ministerio de Ambiente otorgó una licencia a Ecopetrol para la construcción del gasoducto Gibraltar- Bucaramanga, el cual entró en funcionamiento en abril de 2012.

Los proyectos extractivos en territorio U’wa no pararon y también en 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia a Ecopetrol para el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes, en territorio ancestral de este pueblo indígena, que además advirtió en ese momento que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente e incompleto.

A todos los problemas con los proyectos extractivos, el pueblo U’wa también suma un conflicto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues parte de su territorio se traslapa con el Parque El Cocuy. Jerez menciona que la sentencia de la Corte IDH también le pide al Estado involucrar al Pueblo U’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del parque, de forma que se considere su cosmovisión.

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Insistir en el cumplimiento

Cuando se conoció públicamente la sentencia de la Corte IDH, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó en un comunicado que “acata la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reitera su compromiso con el cumplimiento de las órdenes proferidas”. Además, la agencia “expresa el sentimiento de solidaridad y empatía con los pueblos indígenas U’wa y está convencida de que la decisión de esta instancia internacional contribuirá a su reparación integral”.

Según los voceros del pueblo U’wa este ha sido el único pronunciamiento por parte de una entidad del Estado, pero no menciona cuándo se realizará el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los indígenas, un asunto para el que la Corte IDH dio un plazo de un año.

“Esperamos sentarnos en los próximos meses con el Estado para definir una ruta metodológica para la implementación de la sentencia, donde este Gobierno en particular sea coherente con todas las manifestaciones que ha hecho frente a la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Bravo.

La abogada también comenta que los U’wa y las organizaciones que los han apoyado estarán supervisando el cumplimiento de la sentencia en los plazos que dijo la Corte. Bravo hace énfasis en esto porque ha litigado casos de Colombia y otros países donde ha observado que la implementación se demora y los plazos por lo general no se cumplen.

Además, sostiene Bravo, el mayor problema siempre son las cuestiones que tienen que ver con temas estructurales como cambios en las políticas o revisión de leyes, normas y prácticas.

“Para nosotros esto es un paso más y es un triunfo desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, también tenemos claridad de que nos toca seguir exigiendo que el Estado cumpla con lo que ordena la Corte IDH. Es un triunfo que por ahora está en el papel”, sentencia Heber Tegria.

*Imagen principal: Indígena U’wa en la Corte IDH. Foto: cortesía EarthRights International – Jorge Sánchez

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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