Era 2007 y Javier Sellanes llevaba cuatro años explorando el fondo marino del margen continental de Chile. El oceanógrafo uruguayo estaba a bordo de un crucero científico, investigando zonas de filtración de metano. Tras hacer una rastra científica, que consiste en arrastrar una red por el lecho durante unos 10 minutos, salió un pulpo con características que no coincidían con las especies conocidas. Diecinueve años más tarde y tras una exhaustiva investigación sería nombrado en su honor: Graneledone sellanesi.

“Cuando sacas muestras a esas profundidades y en áreas del mundo tan poco estudiadas como Chile o Perú, lo que sacas tiene un potencial muy alto de ser nuevo para la ciencia”, dice en conversación con Mongabay Latam el profesor titular del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte de Chile.

El animal en cuestión pertenece al género Graneledone, un grupo de pulpos distribuidos en diferentes océanos del planeta. El género tenía diez especies conocidas, Sellanes y sus colegas sospechaban que tenían frente a ellos a la undécima.

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En febrero de 2026, sus colegas Cecilia Pardo-Gandarillas y Christian Ibáñez publicaron un artículo científico en el que confirman que se trata de una nueva especie. Pardo-Gandarillas, todavía emocionada, señala que ha sido una experiencia en la que han experimentado asombro y humildad por revelar un poco del misterio que cobija al océano profundo. “Y orgullo porque estamos contribuyendo al conocimiento científico de nuestro planeta”, añade la bióloga y ecóloga evolutiva de la Universidad Andrés Bello de Chile.

El ejemplar fue hallado al norte de la isla Mocha, en la zona central del país. Ahora se conoce que la nueva especie de pulpo habita entre el norte de las aguas peruanas y el sur de Chile. Su rango de distribución también es amplio en cuanto a profundidad. Está entre los 400 y los 2400 metros de profundidad.

“Le dedicamos el nombre a Javier Sellanes por su trabajo y por todo el conocimiento que ha entregado”, cuenta Pardo-Gandarillas. Para el científico uruguayo que se ha dedicado a estudiar la biodiversidad de los moluscos en Chile, esta es una forma de trascender. “Es un honor que te dediquen una especie, es un reconocimiento”, dice emocionado.

Entre la comunidad científica marina uruguaya también hay orgullo. “Recibimos con mucha alegría y en gran sentido de justicia esta novedad”, señala Fabrizio Scarabino, docente investigador del Centro Universitario del Este de Uruguay.

Además, el hallazgo le parece asombroso. “Esto habla de que no solo las especies pequeñitas son desconocidas, sino también las de tamaño importante, y que tenemos especies propias de cada lugar geográfico de este planeta, por lo que cada país o región tienen responsabilidad de cuidar esa biodiversidad”, añade.

Un trabajo de casi 20 años para describir la especie

Pardo-Gandarillas e Ibáñez le han seguido el rastro a esta especie desde antes del crucero científico de 2007, cuando se obtuvo el holotipo o espécimen de referencia. “Esto ya es de varios años de recopilación de información, de muestras, de trabajo arduo”, puntualiza la científica.

En el año 2000 hubo un primer registro del género Graneledone en aguas chilenas y a partir de esa fecha encontraron más ejemplares sin clasificar en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y en muestras obtenidas de pesquerías de profundidad de bacalao (Dissostichus eleginoides) y crustáceos.

Recién en 2012 obtuvieron el número suficiente de muestras para reportar el género Graneledone en Chile. Estas especies se caracterizan por habitar aguas profundas, de acuerdo con un artículo de ese año liderado por Ibáñez y en el que también participaron Pardo-Gandarillas, Sellanes y Elie Poulin.

Uno de los rasgos del género es la ausencia de un saco de tinta. Gran parte de los cefalópodos, incluidos los pulpos y los calamares, tienen esta estructura que les permite expulsar un fluido oscuro para distraer o confundir a sus depredadores mientras escapan. Sin embargo, algunas especies del mar profundo carecen de este saco, de acuerdo con la Enciclopedia Britannica.

Después consiguieron más muestras y viajaron a museos naturales de Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde compararon ejemplares recolectados mediante pesca de arrastre y cruceros de investigación. Al analizar los rasgos fenotípicos, los investigadores encontraron que el pulpo chileno tenía más ventosas que sus especies hermanas y sus verrugas seguían un patrón distinto.

“Sin embargo, estas características diagnósticas han demostrado ser insuficientes para distinguir de manera fiable entre las especies del género”, señalan los autores en el estudio. La dificultad “probablemente refleja el origen relativamente reciente del linaje, estimado en aproximadamente de 3 a 7 millones de años”, explican.

Los estudios moleculares fueron determinantes

Los análisis genéticos confirmaron que se trata de una nueva especie. De hecho, en la publicación científica de febrero de 2026, los autores destacan el valor de la taxonomía integrativa –la que combina el estudio morfológico con los datos moleculares o de ADN– para resolver los límites entre especies del género Graneledone. “Con estas dos herramientas pudimos indicar que estamos frente a una nueva especie”, explica Pardo-Gandarillas.

Para Scarabino, este proceso de casi dos décadas “muestra a la ciencia como una construcción colectiva”. Además, el docente investigador uruguayo destaca la importancia de las colecciones zoológicas. “Los museos como el de zoología de la Universidad de Concepción y el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago son instituciones fundamentales para el conocimiento de la biodiversidad de Chile, de Sudamérica y del mundo”, agrega.

El artículo científico, que se publicó en el Journal of Marine Science and Engineering, apunta las principales características del pulpo recién descrito. Es de tamaño mediano, con una longitud que oscila entre 52 y 81 centímetros y, como las especies hermanas, carece de un saco de tinta.

Presenta una sola fila de ventosas en brazos de longitud similar. El tercer brazo derecho es más corto y tiene menos de la mitad de ventosas que el brazo opuesto. “Entre todos los caracteres examinados, el número de ventosas opuestas proporciona el rasgo morfológico más sólido”, de acuerdo con la publicación.

Los científicos detallaron que G. sellanesi tiene ojos grandes, proyectados y se posicionan en forma más lateral que frontal. Representan aproximadamente el 20 % del tamaño de su manto.

Con la descripción formal del pulpo hallado en Chile, el género ahora comprende 11 especies reconocidas a escala mundial. Para los autores, esto subraya la necesidad de actualizar los análisis moleculares para afinar la historia evolutiva de este grupo de pulpos de aguas profundas. Según investigaciones previas citadas en el artículo, se cree que el género Graneledone se originó en el Océano Antártico.

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La investigación frente a la triple crisis planetaria

La historia de la investigación del Graneledone sellanesi también muestra cómo la ciencia cambió a lo largo de los años. Cuando Sellanes hizo sus primeras expediciones del margen continental, a inicios de los 2000, la pesca de rastra era un método para obtener muestras, pero a ciegas. “Sacas una ensalada de cosas, todo revuelto”, describe.

Los nuevos buques de investigación científica cuentan con vehículos operados a control remoto y equipados con cámaras de alta resolución que permiten filmar el fondo marino e incluso hacer zoom para ver los detalles de las características de las especies. “Puedes ver su comportamiento, el hábitat en el que se encuentra, las especies con las que se relaciona”, explica Sellanes.

A pesar de los avances tecnológicos, para el científico uruguayo, la investigación de la biodiversidad enfrenta una carrera contra el tiempo. La Organización de las Naciones Unidas habla de la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Aunque de manera frecuente se describen especies nuevas, los investigadores saben que la extinción acelerada por las presiones humanas está afectando incluso a especies todavía desconocidas.

A esto se suma otro problema. De acuerdo con Sellanes, cada vez hay menos taxónomos, pues se trata de una carrera larga con pocas salidas laborales y una remuneración que no representa un retorno a la inversión realizada en estudios. “Quiero relevar la importancia de la taxonomía, la importancia de que los gobiernos apoyen la ciencia”, apunta el científico. “Hay muchas cosas interesantes por descubrir, es una nueva era de exploración marina”, añade.

Pardo-Gandarillas e Ibáñez lo saben bien. Desde hace cinco años trabajan con científicos de países de América, Europa, Asia y Oceanía para descifrar la diversidad y la distribución de los cefalópodos en todo el mundo. Están integrando análisis morfológicos y moleculares de unas 800 especies. “Este trabajo es tremendo, esperamos que pronto salga alguna publicación”, dice la científica.

Sellanes, por otro lado, está estudiando desde 2016 los montes submarinos ubicados frente a Chile, zonas aún menos exploradas que el margen continental. En 2024, a bordo del Falkor (too), el buque de investigación de Schmidt Ocean Institute, dirigió a un equipo que observó y recolectó muestras de más de 100 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Tendrán que recorrer un proceso similar al del G. sellanesi para ser descritas formalmente como especies nuevas. “Tenemos mucho trabajo por delante”, asegura Sellanes.

Imagen principal: avistamiento in situ de la especie G. sellanesi durante la expedición del margen continental de Chile, a bordo de la embarcación Falkor (too). Foto: cortesía Javier Sellanes.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hace más de 20 años, el 22 de mayo de 2001, se firmó el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. El acuerdo, ratificado por más de 150 países, buscaba “regular sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, se bioacumulan a través de la red alimentaria y plantean el riesgo de causar efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente”. Sin embargo, dos décadas después, los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) siguen siendo una amenaza para los ecosistemas.

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Un reciente estudio científico, publicado en la revista Science of The Total Environment, reveló que los contaminantes conocidos como COPs están presentes en la base de la cadena alimenticia marina del océano Austral, específicamente en zonas cercanas a las bases científicas de la Antártida, en la bahía Flandes. Su presencia no es casual, llega impulsada por el viento, atrapada por el frío, y hoy se reactiva con el deshielo provocado por el cambio climático.

“Encontramos pesticidas como DDT (diclorodifeniltricloroetano), HCB (hexaclorobenceno) y lindano, prohibidos en muchos países, como Chile, desde la década de 1980, pero aún están presentes en la Antártida”, explica Thais Luarte, bióloga marina, doctora en Medicina de la Conservación y autora principal del estudio.

“Uno de los más impactantes es el lindano, que hasta principios de los 90 se vendía en farmacias como tratamiento para piojos. Era barato, efectivo y hoy sigue apareciendo en muestras tomadas a miles de kilómetros de su lugar de uso”, explica la  académica de la Universidad Andrés Bello, en Chile.

Descongelando errores antiguos

“Lo que queríamos entender es cómo estos contaminantes se mueven entre matrices: el aire, el hielo, el mar, los organismos vivos”, señala otro de los autores, Cristóbal Galván, doctor en Ciencias del Mar y académico del Centro de Genómica, Ecología y Medioambiente de la Universidad Mayor. “La Antártica nos permite observar esto porque es, en teoría, un ecosistema prístino. Pero sabemos que desde hace décadas recibe contaminantes que vienen desde muy lejos, especialmente por vía atmosférica”.

Ese transporte a larga distancia es conocido como “efecto saltamontes”: los pesticidas se evaporan en zonas más cálidas, se trasladan por la atmósfera, se depositan y se vuelven a evaporar, repitiendo el ciclo hasta alcanzar los polos. “Es como si el contaminante se evaporara, viajara un poco, se depositara, volviera a evaporarse y así sucesivamente hasta llegar al Polo Sur”, describe Luarte.

Las bajas temperaturas actúan como trampa donde se depositan los contaminantes. Al llegar a latitudes polares, los COPs ya no pueden evaporarse más y quedan atrapados en la nieve o en el hielo marino. El problema, es que con el calentamiento global, esa trampa se está rompiendo. “Lo que estamos viendo es una contaminación secundaria. No se trata de nuevos eventos, sino de una liberación desde el pasado”, advierte Juan Höfer, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, investigador del Centro Ideal y otro de los autores del estudio. “Es como si estuviéramos descongelando errores antiguos”, dice.

La lista de compuestos hallados en el estudio incluye pesticidas que marcaron la historia ambiental del siglo pasado: DDT, HCB, heptacloro, lindano, entre otros. Todos ellos fueron ampliamente usados durante décadas, tanto en agricultura como en salud pública, y hoy están prohibidos por el Convenio de Estocolmo, por las graves consecuencias a la salud y a los ecosistemas que generan.

Algunos de estos contaminantes cumplieron roles importantes. Por ejemplo, durante décadas, el DDT fue aclamado como un “milagro químico” contra la malaria. Su uso masivo a mediados del siglo XX ayudó a reducir drásticamente los casos en América Latina, Asia y África. Se utilizaba en viviendas, plantaciones e incluso sobre personas, su efectividad como insecticida lo convirtió en un símbolo del progreso sanitario.

Sin embargo, con el tiempo, emergieron sus efectos colaterales: bioacumulación, persistencia ambiental y toxicidad para humanos y fauna. “El DDT es parte del legado químico del siglo XX. Se usó para salvar vidas, pero su huella tóxica persiste hasta hoy, incluso en la Antártida”, comenta Luarte. “Eso es lo que hace tan complejo este tipo de contaminantes: pueden tener un origen justificado, pero su permanencia termina generando nuevos riesgos”.

De hecho, el DDT aún está permitido. El Convenio de Estocolmo determinó que es posible su uso restringido y únicamente para el control de enfermedades, cuando no existan otros compuestos que cumplan la función con una efectividad similar, como ocurre con la malaria en África.

Prohibidos pero todavía presentes en la base de la vida

“El problema es que la prohibición no implica desaparición”, señala Luarte. “Muchos de estos compuestos tienen una vida media de 20, 30 o hasta 50 años. Se acumulan en organismos, viajan por el aire y pueden seguir causando daño mucho tiempo después”.

El DDT, por ejemplo, fue prohibido en Chile en 1984. Sin embargo, estudios muestran que continuó circulando ilegalmente en algunos países latinoamericanos durante años. El lindano, un insecticida organoclorado muy popular, fue vendido sin receta hasta mediados de los años 90. “Lo usábamos como shampoo para eliminar piojos. Se aplicaba en la cabeza de los niños. Nadie sabía que era un disruptor endocrino y neurotóxico”, comenta Luarte. “Y hoy está en el krill. Esa es la herencia que arrastramos”.

El equipo científico a cargo del estudio analizó muestras de fitoplancton y krill, organismos que constituyen la base de la cadena alimenticia marina. El krill, en particular, es consumido por peces, focas, pingüinos, aves marinas y ballenas.

“Vimos que el fitoplancton —al tener lípidos— capta estos compuestos hidrofóbicos [que no se unen al agua]. Luego el krill, que se alimenta del fitoplancton, los acumula en mayor cantidad, y así sucesivamente. Es un proceso de bioacumulación”, explica la investigadora.

Galván complementa: “A eso lo llamamos transferencia trófica. El krill concentra más que el fitoplancton y las especies que consumen krill —aves, peces, mamíferos— terminan expuestas a niveles mucho más altos”.

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Aunque las concentraciones no son letales, su efecto es complejo. Los investigadores coinciden en que muchos de estos compuestos son disruptores endocrinos. “Pueden alterar la reproducción, afectar el desarrollo embrionario, generar tumores o alterar la conducta”, detalla Galván. “Lo más complejo es que muchas veces no afectan al individuo, sino a su descendencia. Son impactos transgeneracionales”.

El biólogo marino Höfer añade una preocupación adicional. Y es que “no se trata de un solo contaminante aislado, sino de mezclas complejas. La interacción entre ellos puede generar efectos aún más dañinos que los de cada sustancia por separado”, explica.

La migración de especies es otro factor de preocupación. Ballenas, aves y peces que se alimentan en el océano Austral muchas veces migran a zonas templadas o tropicales. “Una ballena azul que se alimenta de krill contaminado puede llevar esos compuestos a otros océanos”, dice Höfer. “La Antártica no está aislada. Es parte de una red planetaria”.

Ese carácter de nodo global convierte al continente blanco en una especie de medidor de la contaminación. Si hay contaminantes allí, es porque el planeta entero los compartió.

“La Antártica es un espejo. Refleja nuestras decisiones globales. Lo que aparece allá abajo es consecuencia de lo que hacemos acá arriba”, enfatiza Luarte.

Galván es aún más directo: “Pensar que la Antártica está lejos y por eso no nos afecta es una ilusión peligrosa. Lo que se concentra allá, eventualmente, vuelve”.

Falta de apoyo institucional y esperanza en las bacterias

Uno de los hallazgos más inesperados del estudio fue la detección de genes bacterianos capaces de degradar los COPs. “No vimos la degradación directa, pero sí encontramos el gen que podría hacerlo”, explica la académica Luarte. “Eso sugiere que ciertos microorganismos estarían evolucionando para enfrentar esta contaminación”.

Galván valora el descubrimiento, pero explica que falta mucho trabajo: “Que el gen esté presente no significa que el proceso ocurra de forma eficiente o significativa. Podría tomar siglos. Por ahora es solo una hipótesis alentadora”.

La posibilidad de que ciertas bacterias se conviertan en aliadas en la lucha contra los contaminantes abre una línea de investigación en torno a la biorremediación polar, es decir, utilizar microorganismos para limpiar los contaminantes presentes en entornos polares. Sin embargo, este trabajo aún está en fase inicial.

“No podemos caer en la trampa de pensar que la naturaleza resolverá sola lo que nosotros provocamos”, advierte Höfer. “La biodegradación es una carrera contra el tiempo y vamos perdiendo”.

Para poder avanzar en esta tarea, los investigadores coinciden en un punto que debe ser remediado: la falta de monitoreo científico sistemático en la Antártica. Mientras el Ártico cuenta con programas de observación respaldados por organismos multilaterales, por otro lado, en el sur del planeta todo depende de iniciativas individuales o universidades.

“No hay un sistema coordinado ni financiamiento estable. Cada país mide lo que puede, cuando puede y muchas veces no se comparten los datos”, crítica Galván. “Eso es inadmisible para un ecosistema tan clave”.

Chile, pese a su tradición antártica, tampoco escapa a esta debilidad. “Tenemos bases, tenemos barcos, tenemos científicos de altísimo nivel, pero no tenemos una política de vigilancia ambiental robusta”, lamenta Höfer. “La ciencia avanza, pero sin Estado, sin reglas comunes, queda como una voz en el desierto”.

Luarte agrega que “la Antártida no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de los investigadores. Se necesita una gobernanza seria, con recursos públicos y una agenda común”.

Este hallazgo no sólo interpela a la ciencia. También plantea preguntas éticas y políticas. ¿Cómo es posible que pesticidas prohibidos hace décadas sigan circulando? ¿Quiénes son responsables por esa carga tóxica que ahora reaparece? ¿Alguien pagará las consecuencias?

“La contaminación secundaria es un espejo de la injusticia ambiental”, reflexiona Galván. “Los países que más usaron estos compuestos ya no los sufren. Pero sus residuos están llegando al lugar más vulnerable del planeta”.

Höfer, por su parte, insiste en que “la Antártida se convirtió en un archivo tóxico de nuestra historia. Y ahora lo estamos abriendo”. Lo que este estudio demuestra, indica el experto, “es que no basta con prohibir un pesticida para que desaparezca. La historia no termina cuando lo sacamos del mercado. La contaminación no obedece a decretos ni fronteras. Sigue su curso, como un legado tóxico que nos recuerda el precio de décadas de decisiones mal tomadas”.

Imagen Principal: un equipo de científicos detectó pesticidas prohibidos desde hace más de tres décadas en la base de la cadena alimenticia de la Antártida. Foto: cortesía equipo de investigación científica

El artículo original fue publicado por Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los cocodrilos son fósiles en movimiento, maestros del juego evolutivo y guardianes de una historia planetaria que trasciende cinco o quizás seis extinciones masivas. No solo han sobrevivido 55 millones de años, estos reptiles semiacuáticos han colonizado agua dulce y salada, tierra firme y pantanosa, continentes e islas. Temidos por muchos en el imaginario colectivo, estos depredadores sostienen la mordida más fuerte, el corazón más complejo y el estómago más ácido del reino animal. El género Crocodylus es el más ampliamente distribuido de los cocodrilianos y reúne actualmente 14 especies presentes en regiones tropicales y subtropicales de casi todos los continentes. A pesar de ello, se creía que en América solo existían cuatro, pero eso está a punto de cambiar.

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Un equipo internacional de científicos ha descubierto dos nuevas especies de cocodrilos en las islas frente a Quintana Roo, en la península de Yucatán. Sus hallazgos desafían la antigua creencia de que Crocodylus acutus era una sola especie distribuida desde Baja California hasta Venezuela, en los neotrópicos. Mediante un análisis genético, investigadores de la Universidad de McGill, en Montreal, y científicos de ocho universidades y centros de investigación en México, además de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Smithsonian Tropical Research Institute de Panamá, revelaron que las poblaciones de cocodrilos en la isla de Cozumel y el atolón de Banco Chinchorro presentan una divergencia genética tan significativa que amerita clasificarlas como especies distintas, aunque aún no han sido nombradas. El equipo también detectó diferencias morfológicas en los cráneos y escamas, reforzando la evidencia genética.

La investigación publicada en la revista científica Molecular Phylogenetics and Evolution, en marzo de 2025, sugiere que estas poblaciones endémicas han evolucionado rápidamente, impulsadas por el aislamiento geográfico, las condiciones extremas de salinidad y una dieta especializada. Los cocodrilos de Banco Chinchorro, por ejemplo, toleran salinidades superiores a cualquier otra especie del género Crocodylus. Además, su crecimiento es más lento que el de sus contrapartes continentales, sus huevos más pequeños y sus nidadas más reducidas, todo lo cual apunta a una adaptación ecológica notable.

El hallazgo no sólo reescribe la historia evolutiva de los cocodrilos neotropicales, sino que también plantea una urgencia de conservación: ambas poblaciones tienen tamaños efectivamente pequeños (con menos de 1000 individuos reproductores en cada isla), están aisladas reproductivamente y enfrentan amenazas como el turismo masivo, la urbanización y el cambio climático. Reconocerlas como nuevas especies tendría implicancias clave para su protección legal y la de sus hábitats, convirtiéndolas en candidatas emblemáticas para esfuerzos de conservación de los ecosistemas insulares en el Caribe mexicano.

Cozumel y Chinchorro: ecosistemas insulares, linajes únicos

Hasta un reptil se enamoraría de una isla caribeña. Sus aguas turquesa perduran, los arrecifes se extienden por kilómetros y las playas de arena blanca se han convertido en escenario de postales que recorren el mundo. Además, ambas islas resguardan lagunas interiores rodeadas de manglares, hábitats vitales para aves, peces y cocodrilos.

La Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro, el atolón coralino más grande de México, resguarda una riqueza biológica deslumbrante y un cementerio de galeones hundidos. Cozumel, la isla habitada más grande del país, guarda en sus arrecifes un imán turístico de escala global y una historia cultural maya que la reconoce como el santuario de la diosa Ixchel.

Pierre Charruau, herpetólogo francés, se enamoró de Chinchorro en 2003 cuando llegó por primera vez como parte de sus estudios de maestría. A Cozumel viajó en 2007 para realizar análisis genéticos y desde entonces también la visita con frecuencia. Continuó con el doctorado y hoy es profesor e investigador en El Colegio de la Frontera Sur. “A estas dos poblaciones las conozco muy bien”, indica. “Historias tengo muchas, pero lo más sorprendente, viéndolo en retrospectiva, es que al inicio [a los cocodrilos] los vi diferentes. Pero, como eran las poblaciones con las que empecé a estudiar cocodrilos para mí se convirtieron en la referencia de lo que era un acutus, y los demás comenzaron a parecerme distintos”, recuerda.

Actualmente se reconocen cuatro especies de cocodrilos en los neotrópicos, que son las regiones tropicales de América: Crocodylus acutus, C. moreletii, C. rhombifer y C. intermedius. “El cocodrilo americano (C. acutus) es el que tiene mayor distribución en todo el continente, comenzando en el sur de Florida por el Atlántico y el norte de Sinaloa por el Pacífico, y bajan por ambas costas hasta Perú y Venezuela. También colonizaron muchas islas del Caribe, como Cuba e incluso Bahamas”, explica el experto.

Lo que revela la investigación reciente es que esa aparente homogeneidad oculta diferencias profundas. No solo desafía los cánones de la taxonomía de los cocodrilos neotropicales, sino que reescribe los parámetros de investigación, ampliando el horizonte de lo que se podría encontrar en los ecosistemas insulares. “Podemos hipotetizar que en otras islas del Caribe tenemos el mismo escenario, que si uno investiga como nosotros —la ecología, la morfología y la genética a la misma vez— podrían encontrarse nuevas especies”, dice Charruau.

Las islas como laboratorios de adaptabilidad

Hicieron falta dos décadas de observaciones ecológicas para comprender que estas poblaciones insulares no solo sobreviven, sino que prosperan en condiciones extremas. Según Pierre Charruau, su estabilidad y resiliencia se explican por una capacidad de adaptación asombrosa: “A nivel de anidación tienen algo muy especial. Hemos visto crías sobrevivir a huracanes categoría cinco. Están adaptados a esas tormentas que, aunque les pueden afectar a corto plazo, a la larga les generan nuevas áreas de anidación y mejores condiciones reproductivas. De hecho, podríamos decir que necesitan huracanes para reproducirse”.

En Cozumel, esa adaptabilidad se traduce en un modo de anidar distinto al de otros cocodrilianos. Mientras en el continente las hembras construyen montículos de vegetación que, al descomponerse, generan el calor necesario para incubar los huevos, en la isla cavan sus nidos en bancos de arena que las tormentas dejan descubiertos. Allí, la energía solar mantiene la temperatura adecuada para el desarrollo embrionario. Este cambio de estrategia va acompañado de otras adaptaciones reproductivas: huevos de menor tamaño, nidadas reducidas —menos de 17 huevos frente a los 25 a 35 habituales— y crías que alcanzan la madurez siendo más pequeñas y con un crecimiento físico más lento. Todas estas son, en palabras del científico, claras “adaptaciones a las limitaciones de la isla”.

En Banco Chinchorro, el desafío es distinto. Más allá de la postal luminosa del falso atolón, sus lagunas interiores rodeadas de mangle rojo, negro, blanco y botoncillo esconden un laboratorio natural de resistencia. Allí, la salinidad alcanza un promedio de 52.9 partes por mil —con registros de hasta 65 partes por mil—, los niveles más altos documentados para cualquier especie de Crocodylus. En otras palabras: casi el doble de lo que exhibe el mar abierto. Para soportar ese entorno, los cocodrilos cuentan con un verdadero arsenal fisiológico: glándulas linguales que expulsan el exceso de sal, un epitelio bucal —el tejido protector que recubre el interior de la boca— endurecido por queratina, y una cloaca osmorreguladora —la cavidad que regula el equilibrio de agua y sales.

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“Están adaptados a las islas, y en gran medida, es por su dieta”, explica Charruau. En Banco Chinchorro, los cráneos tienden a ser más cortos y anchos, una forma asociada a la durofagia: un comportamiento alimentario que implica romper y procesar presas de caparazón duro (como cangrejos y caracoles). En Cozumel, en cambio, predominan cráneos más largos y estrechos, un perfil típico para capturar peces y presas ágiles. En el continente, las poblaciones de cocodrilo americano (C. acutus) presentan cráneos de formas variadas, desde más anchos hasta más alargados, sin la especialización marcada de las islas.

Confirmar científicamente estas diferencias parece sencillo, pero no lo es. Todo comienza en campo, con la labor de Héctor González, subdirector del Parque Ecoturístico Punta Sur (Fundación de Parques y Museos de Cozumel) y David Macías, guardaparque de la Reserva de la Biósfera Banco Chinchorro (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), hallando y recuperando cráneos íntegros entre fango y mangle. Luego viene el reto de distinguir rasgos individuales de patrones poblacionales o de especie. El patrón no implica fronteras tajantes; el cambio es gradual a lo largo de la geografía, sin límites claros. Es como un degradado de color: del azul al verde, por ejemplo, con muchos tonos intermedios donde no hay un punto exacto donde termina uno y empieza el otro. En los cocodrilos, esa “paleta de colores” se refleja en la forma del cráneo: los hocicos cambian gradualmente en proporciones de largo y ancho según la región, con múltiples formas intermedias.

Para poner a prueba la hipótesis, Hoi-Nam Bui, estudiante de posgrado en McGill, analizó la forma de 43 cráneos de diferentes lugares utilizando datos bidimensionales. Esto permitió identificar diferencias morfológicas entre poblaciones, sirviendo como evidencia concreta en la categorización de las nuevas especies. En síntesis: la forma del cráneo sigue la dieta, y las islas empujan a los cocodrilos hacia las soluciones morfológicas que mejor funcionan en sus nichos: atrapar en Cozumel; romper en Chinchorro.

En este punto, la evidencia ecológica y morfológica apuntaba a que las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Chinchorro podrían ser consideradas especies crípticas: linajes distintos que se ocultan bajo la apariencia de una misma especie. A simple vista, se parecen tanto que la taxonomía tradicional pasó por alto durante décadas las diferencias, pero al analizar con más detalle su dieta, su forma de anidar y hasta la proporción de sus cráneos, emergió un patrón consistente de divergencia, aunque faltaba todavía la prueba definitiva: mirar dentro de su ADN.

Una supercomputadora para desencriptar el ADN

Los cocodrilos son arcosaurios, es decir, básicamente, son dinosaurios vivientes. Su historia evolutiva data de más de 55 millones de años atrás y es particularmente elusiva para la ciencia. La complejidad es notable: en términos genéticos, los cocodrilos están más estrechamente relacionados con las aves que con algunos otros reptiles. Además, estos animales poseen una particularidad que dificulta aún más su estudio: la capacidad de hibridación, que es la habilidad de reproducirse con miembros de otras especies del género Crocodylus y producir crías viables y con capacidades reproductivas intactas. Por esto y más, encontrar poblaciones “genéticamente puras” de cocodrilos es un hito de proporciones fantásticas.

“El problema con los cocodrilos es que todos se hibridizan. Entonces, en sentido estricto, no encajan en el concepto biológico de especie, porque se pueden mezclar todos con todos y tener individuos viables. Por eso es difícil definirlos, además de que la taxonomía de cocodrilos no se ha revisado cómo en cien años”, dice José Ávila Cervantes, investigador de la Universidad de McGill.

Los miembros del género Crocodylus emigraron de África hacia América hace unos cinco millones de años, una hazaña posible gracias a su capacidad de nadar largas distancias (se han documentado trayectos de hasta mil kilómetros mar adentro). Mucho después, ya instalados en el Caribe, las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro tomaron caminos distintos. El análisis demográfico sugiere que esa separación ocurrió hace unos 11 000 años, impulsada por glaciaciones, cambios en el nivel del mar y en las corrientes marinas.

“Es una cosa bien complicada, tanto matemática como genéticamente”, advierte Ávila sobre el análisis demográfico que aplicaron a los cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro. El equipo alimentó un programa de simulaciones con datos genéticos para probar cuatro posibles escenarios sobre la historia de estas poblaciones: sin migración, con migración en una sola dirección, en la dirección contraria o en ambas. El algoritmo ejecutó cientos de miles de repeticiones para encontrar el modelo que mejor encajaba con los datos y, a partir de ahí, lo volvió a correr millones de veces más para afinarlo. Así pudieron estimar, con la mayor precisión posible, cómo se han movido, mezclado y separado los cocodrilos entre ambas islas a lo largo del tiempo.

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Para analizar la diversidad genética de estas poblaciones, se utilizan «marcadores», que son pequeños puntos del genoma donde puede variar una sola «letra» o base química del ADN, —adenina (A), timina (T), citosina (C) o guanina (G)—. Estos cambios, llamados polimorfismos de nucleótido único (SNPs, por sus siglas en inglés), permiten comparar poblaciones y ver si comparten o no estas variantes. Si dos poblaciones tienen marcadores en común, significa que ha habido flujo genético entre ellas (se han cruzado en algún momento). En cambio, si tienen marcadores exclusivos que no aparecen en ninguna otra, son linajes puros. “Usualmente se utilizan entre 10 y 30 marcadores, nosotros usamos 16 000”, explica Avila.

Aunque solo se haya analizado el 3 % del genoma (verlo todo sería muy costoso), procesar esa cantidad de datos no es cosa simple, se requieren enormes cantidades de memoria RAM y potencia computacional. «A través de la Universidad de McGill y la Digital Research Alliance of Canada, tuvimos acceso a una supercomputadora, ya que una computadora normal, incluso una muy cara, no funciona», dice el investigador. «A este dispositivo de altísima potencia computacional, le toma entre 15 días y un mes de procesamiento continuo para llegar al resultado», remata. Y el resultado fue claro: las poblaciones de Cozumel y Banco Chinchorro mostraron divergencias genéticas tan profundas que corresponden a linajes genéticamente puros y distintos entre sí.

De lo que no hablamos cuando hablamos de amenazas

“La biodiversidad está desapareciendo más rápido de lo que alcanzamos a descubrir lo que estamos perdiendo”, dijo Hans Larsson, coautor del estudio y profesor en la Universidad de McGill. Con poblaciones de menos de 1000 individuos reproductores y hábitats cada vez más presionados, nada es certero para estas especies. Siguiendo la investigación, el turismo masivo, la urbanización costera y el avance del cambio climático no sólo reducen sus hábitats, sino que multiplican las presiones sobre ecosistemas que ya de por sí son limitados. “La mayoría de las especies de cocodrilos ya enfrentan algún grado de amenaza de extinción y el desarrollo acelerado de las zonas costeras pone en peligro a casi todas las poblaciones”, advierte Larsson.

Su carácter anfibio y fisiología excepcional —capaz incluso de producir antibióticos naturales— les han permitido sobrevivir meteoritos, glaciaciones y crisis planetarias que borraron gran parte de la biodiversidad mundial más de una vez. “Son animales muy, muy resistentes, con una historia evolutiva y de adaptación enormes. Pero recordemos que antes existían muchísimas más especies de cocodrilianos: lo que tenemos hoy es apenas una fracción de lo que hubo”, explica Pierre Charruau. Además, “aunque son resistentes, el problema es que ahora enfrentan todas las amenazas al mismo tiempo. Y, una amenaza más otra no suman dos, juntas tienen un efecto sinérgico mucho mayor”, agrega.

El descubrimiento de estas nuevas especies hace aún más evidente la urgencia de protegerlas, pues cualquier perturbación podría acabar con un linaje genético único y poner fin a la historia viva que representan estos animales. Elevar el estatus taxonómico de las poblaciones de cocodrilos de Cozumel y Banco Chinchorro a nuevas especies tendría consecuencias significativas para su conservación. Estas “nuevas» y endémicas especies de cocodrilos pueden actuar como especies paraguas, porque al protegerlas también se resguardan los manglares que habitan, junto con los peces, crustáceos y aves que dependen de estos ecosistemas. “Como son especies con un nicho ecológico grande, si las proteges y proteges donde viven, puedes resguardar todo lo que está ahí incluido”, explica José Avila. Y eso  podría atraer más atención y financiamiento para la conservación de sus hábitats y las especies coexistentes, indican los expertos.

Por eso, más allá de una curiosidad taxonómica, este hallazgo es un llamado a reconocer lo mucho que ignoramos del mundo que habitamos y la urgente necesidad de protegerlo.  “Nuestro objetivo era descubrir la verdadera diversidad biológica de estos ecosistemas apartados, y lo que hallamos demuestra lo poco que aún sabemos”, dijo Hans Larsson. “Ahora que reconocemos a estos cocodrilos como especies distintas, es crucial proteger sus hábitats. Limitar el desarrollo costero e implementar estrategias de conservación cuidadosas en Cozumel y Banco Chinchorro será clave para favorecer su permanencia”, agregó. El descubrimiento será decisivo, no solo para fortalecer su conservación, sino también para reimaginar lo que aún ocultan los ecosistemas insulares de un Caribe cada vez más vulnerable.

Imagen Principal: cocodrilo emerge del sargazo en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo, México. Foto: Miguel Ángel Guillermo Amador

El artículo original fue publicado por Patricio Medina Herrero en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un reciente estudio científico liderado por la doctora en Ecología y Biología Evolutiva Rocío Álvarez Varas ha encendido las alarmas sobre la salud de las tortugas marinas que se alimentan en las aguas de Rapa Nui, en el océano Pacífico de Chile. Entre 2018 y 2024, un equipo de investigación analizó muestras de 52 tortugas verdes (Chelonia mydas) en esta isla chilena, encontrando alteraciones fisiológicas que están asociadas con deficiencias nutricionales, infecciones y exposición a contaminantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio fue la detección de concentraciones de mercurio, consideradas entre las más elevadas del mundo registradas en esta especie. Este metal pesado puede tener efectos tóxicos severos en la salud de los animales marinos, alterando funciones inmunológicas, reproductivas y neurológicas.

Las tortugas verdes, una especie catalogada en Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegan a Rapa Nui para alimentarse y permanecer allí durante largos períodos, hasta alcanzar la madurez sexual, que puede tardar hasta 30 años.

“La exposición prolongada a contaminantes en esta etapa crítica de desarrollo plantea serias preocupaciones sobre su supervivencia a largo plazo”, alerta Álvarez.

Aunque todavía no se ha identificado con certeza la fuente exacta del mercurio, los investigadores sospechan que podría estar relacionada con la alimentación oportunista de las tortugas, que consumen restos de peces de gran tamaño —como el atún— que son descartados y lanzados al mar tras las faenas de pesca artesanal. Estos peces, al estar en lo alto de la cadena trófica, acumulan mayores concentraciones de contaminantes, como mercurio, los que podrían estar siendo transferidos a las tortugas.

Este estudio no solo representa una llamada de atención sobre la presencia de contaminantes en los ecosistemas marinos, sino que también abre nuevas preguntas sobre posibles riesgos para otras especies, incluida la salud humana. Una de las hipótesis que los científicos exploran es que el mercurio acumulado en peces de alto nivel trófico, como el atún, no solo podría estar siendo transferido a las tortugas sino también a las personas que los consumen con frecuencia en Rapa Nui.

La doctora Álvarez y su equipo planean continuar investigando para determinar con mayor precisión el origen de esta contaminación, sus vías de transferencia y sus consecuencias ecológicas y sociales.

Las posibles fuentes del mercurio

El hallazgo más inquietante del estudio no solo fue la detección de mercurio en la sangre de las tortugas, sino que los niveles de contaminación están entre los más altos reportados a nivel mundial para la especie Chelonia mydas. Los investigadores encontraron correlaciones directas entre las concentraciones de mercurio y anomalías en los perfiles sanguíneos de los animales: anemia, inmunosupresión y elevados niveles de enzimas hepáticas y renales fueron algunas de las señales fisiológicas que indican un estado de salud deteriorado.

“Estos resultados muestran un cuadro clínico preocupante, especialmente porque hablamos de individuos juveniles, en una etapa clave para su desarrollo y supervivencia”, explica Álvarez, quien también es profesora asociada del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Aunque Rapa Nui se encuentra aislada geográficamente, la presencia de mercurio en estas tortugas sugiere que ni siquiera los ecosistemas más remotos están libres de contaminación. Sin embargo, investigaciones del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI) han demostrado que los peces locales no están contaminados.

“Hicimos un análisis de contaminantes en peces costeros de la isla y los resultados mostraron que tienen los niveles más bajos de mercurio y glifosato de todas las islas del Pacífico”, cuenta el biólogo marino Javier Sellanes, investigador de ESMOI. ¿Cómo se explica entonces que las tortugas estén tan contaminadas? “Porque no se alimentan de esos peces”, dice Sellanes. “Se alimentan de los restos de grandes depredadores, como el atún, que no son locales”.

El atún, como especie pelágica y migratoria, puede recorrer vastas distancias por el Pacífico, acumulando contaminantes en su camino. “Los atunes no son endémicos. Hoy pueden estar en Rapa Nui, mañana en [las islas] Salas y Gómez , y en tres días más en Taiwán. Al ser depredadores tope, van bioacumulando mercurio en sus tejidos. Por eso, sin importar de dónde vengan, siempre tienen niveles altos de mercurio”, añade el investigador.

Para los investigadores, este hallazgo pone en evidencia la necesidad de integrar el conocimiento científico con políticas de manejo costero y, sobre todo, con educación ambiental dirigida a las comunidades.

Desde la mirada local, la presencia de tortugas alrededor de las embarcaciones no genera mayor alarma. “No es que el pescador les dé de comer, pero ellas se acostumbraron al sonido del bote, saben que traen comida”, relata Nels Hereveri, pescador rapanui. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y la tortuga aprovecha el descarte de restos de pescado que lanzamos al mar”, agrega.

La relación no se basa en una alimentación intencional, aclara Hereveri, sino que es una consecuencia de la convivencia cotidiana entre especies que comparten el mismo borde costero. Esta familiaridad también implica otros riesgos: al asociar el ruido del motor con alimento, muchas tortugas se acercan a las embarcaciones y algunas terminan golpeadas, lo que explica las lesiones detectadas en sus caparazones.”El 50 % de las tortugas evaluadas tienen daño en el caparazón probablemente causadas por hélices”, asegura Alvarez.

El fenómeno de bioacumulación —que según una hipótesis del estudio estaría relacionado con el consumo de peces de gran tamaño, como el atún— no solo podría estar afectando a las tortugas, sino también poniendo en riesgo la salud humana.

“Aquí en la isla se come mucho atún. Sabemos que tiene mercurio, pero es parte de nuestra vida, es un pescado exquisito”, comenta Hereveri.

Más allá del impacto ecológico, esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre comunidades humanas y fauna silvestre. No se trata de prácticas negligentes, sino de interacciones tradicionales que hoy se ven atravesadas por contaminantes globales y transformaciones ambientales.

Hereveri, que además se desempeña como buzo, cuenta que cuando encuentra una tortuga herida o enferma, no duda en actuar. “Si veo que está mal, la limpio, le saco los cangrejos o las algas que se le pegan, lo hago con lo que tenga a mano, una piedra o un cuchillo”, relata.

Para Hereveri, este vínculo con la tortuga no es nuevo, sino parte de una historia milenaria. “En la antigüedad, nuestros tupuna —ancestros en lengua rapanui— llevaban tortugas en las canoas, porque las tortugas siempre vuelven a tierra. Era una forma de guiarse en el océano”, explica.

Este conocimiento empírico y cuidado espontáneo muestran que la comunidad local no es parte del problema, sino una aliada clave para la solución. “Incorporar sus voces, saberes y prácticas será esencial para avanzar hacia una conservación más justa, efectiva y culturalmente enraizada en Rapa Nui”, sostiene Álvarez.

Por otro lado, los científicos no descartan un origen natural del mercurio, vinculado a procesos geológicos o climáticos antiguos. Un estudio paleoclimático liderado por la geoquímica Marta Pérez Rodríguez documentó 71 000 años de deposición natural de mercurio atmosférico en los sedimentos de la turbera Rano Aroi, lo que demuestra que este metal ha estado presente en la isla durante milenios.

“Aún se requiere más investigación para determinar si esta fuente natural podría explicar los altos niveles observados actualmente en las tortugas”, sostiene Álvarez.

Monitorear para proteger

Desde 2018, la doctora Rocío Álvarez lidera los monitoreos científicos de tortugas verdes en Rapa Nui. Aunque la pandemia obligó a suspender temporalmente los trabajos, estos se retomaron con fuerza en 2023 y 2024, involucrando la captura temporal de tortugas para la recolección de muestras biológicas que luego son analizadas en laboratorio.

Un aspecto clave de esta investigación es la participación activa de la comunidad local. Álvarez trabaja con un grupo de aproximadamente siete voluntarios que viven en Rapa Nui, quienes apoyan en las tareas de campo y contribuyen a generar un vínculo respetuoso y colaborativo entre la ciencia y las tradiciones locales.

Entre ellos está Nayade Campos, buzo y voluntaria que lleva 10 años viviendo en Rapa Nui.

Recuerda que llegó a la isla en 2014, atraída por la vida tranquila y el profundo contacto con la naturaleza. Aunque reconoce que adaptarse no fue un proceso fácil, valora la experiencia y el aprendizaje que le ha entregado la isla.

Nayade Campos participó en los monitoreos de tortugas en 2023 y 2024. “Partíamos temprano, a las nueve de la mañana, con el equipo ya organizado. Dos o tres personas entraban al agua para capturar las tortugas, que están bastante acostumbradas a la presencia humana, así que es fácil atraparlas. Trabajamos en zonas donde siempre hay muchas tortugas cerca de la orilla”, cuenta.

Una vez que la tortuga era cuidadosamente sacada del agua, el equipo, siempre atento y respetuoso, tomaba las muestras necesarias sin causar estrés al animal. “Había mucha coordinación para que todo fuera rápido y suave, para que la tortuga no se sintiera perturbada”, explica.

Los días de monitoreo eran largos: desde la mañana hasta la tarde, y aunque a veces el número de voluntarios variaba, el compromiso siempre fue fuerte. “En los mejores días éramos siete, pero a veces solo tres, porque no todos podían dedicar todo el día. Pero lo importante es que siempre logramos avanzar”.

Para realizar el trabajo, el equipo de investigadores y voluntarios debe contar con permisos administrativos. “Esas autorizaciones para trabajar en el mar las entrega la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava, la autoridad marítima local que toma decisiones sobre lo que pasa en el mar de Rapa Nui”, afirma Campos.

Para ella, participar en el monitoreo no es solo una actividad científica, sino un compromiso con la conservación y el respeto por la fauna marina que habita su hogar adoptivo. “Cada vez que vemos una tortuga, sabemos que estamos cuidando un tesoro que nos conecta con la historia y el futuro de Rapanui”.

Centinelas del mar

La investigación liderada por Álvarez forma parte de un esfuerzo mayor de conservación marina en Rapa Nui, donde todo el territorio marino fue declarado Área Marina Protegida de Múltiples Usos en 2018. Esta protección, impulsada por la comunidad rapanui y respaldada por el Estado chileno, busca resguardar especies clave y gestionar de forma sustentable los recursos del mar.

“El monitoreo de las tortugas es un insumo clave para la implementación del plan de administración del área protegida”, señala Carlos Gaymer, director del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI).

Gaymer ha colaborado con Álvarez en los últimos años, aportando desde la perspectiva de conservación y gestión territorial. “Las tortugas son uno de los objetos de conservación definidos en el plan, junto con corales, aves marinas y otras especies. Por eso, conocer su estado de salud es fundamental para saber si las medidas de protección están funcionando o si debemos ajustarlas”.

El plan de administración fue elaborado de forma participativa con el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava y, tras un proceso de consulta al pueblo rapanui bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobado por amplia mayoría. Hoy se encuentra vigente, a la espera de los recursos estatales necesarios para su implementación total.

Frente a los hallazgos sobre el mal estado de las tortugas y los altos niveles de mercurio detectados, Gaymer es claro: “La preocupación sin acción no sirve de nada. Tener este tipo de información es lo que permite diseñar mejores políticas de conservación. Pero también implica asumir que, si se confirma que ciertas prácticas humanas están causando daño, es necesario cambiar esas conductas. Y eso, como todo lo que involucra el comportamiento humano, toma tiempo”.

“El trabajo de la doctora Alvarez no se queda solo en la ciencia: siempre comparte sus resultados con talleres abiertos a la comunidad. Y eso es clave, porque los cambios de conducta —como dejar de alimentar involuntariamente a las tortugas con restos de atún— toman tiempo, pero son posibles”, dice Gaymer.

Las tortugas verdes cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener saludables los arrecifes de coral, regulan el crecimiento de algas, favorecen el rebrote de praderas marinas y transportan nutrientes entre hábitats costeros. Su presencia sostiene redes ecológicas complejas que benefician a muchas otras especies, incluidas las humanas.

Proteger a las tortugas es proteger todo un ecosistema, comenta Álvarez. “Son centinelas de la salud del océano. Si ellas están en riesgo, es porque algo más grande también lo está”.

*Imagen Principal: Investigadores detectaron altas concentraciones de mercurio en tortugas verdes que se alimentan en las aguas de Rapa Nui. Foto: Claudio Correa.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una mujer que vive en una localidad del municipio de Progreso, en Yucatán, al sur de México, ofrece en grupos de Facebook ceviches que ella misma prepara. Son de camarón, pulpo o jícama, dice. La jícama es un tubérculo muy común en el país, pero en esta red social funciona como un código, una palabra clave que significa que lo que se vende es o contiene caracol rosado (Aliger gigas, antes Lobatus gigas y Strombus gigas), un molusco que debe su nombre al rosa de su concha.

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En 1988, el gobierno mexicano declaró que este caracol había sido explotado de forma intensiva y prohibió su captura en el estado de Yucatán. La prohibición, o veda permanente, se mantiene hasta la actualidad. Sin embargo, esta investigación demuestra que se pesca y comercializa de manera ilegal.

“A mí me lo vienen a vender aquí”, asegura la mujer que prepara en su casa los platillos con caracol rosado y los envía a domicilio. “Como sé que la gente lo consume y como soy vendedora de ceviches, lo compro para mi venta. Algunas veces, cuando no me sale el ceviche, ya lo vendo por kilo”, cuenta.

La cevichera compra el kilo de caracol rosado a 200 pesos mexicanos (11 dólares) y después de limpiarlo y quitarle las partes que considera no comestibles, vende la carne a 230 pesos el kilo (12 dólares). Cuando lo prepara en ceviche, vende la porción de 800 gramos a 170 pesos (9 dólares) y lo ofrece por redes sociales con la palabra clave que todos usan: jícama, aunque no sabe por qué le dicen así.

“Es rico y la gente lo consume mucho. Sé que está en veda, pero cualquiera de los pescadores te lo puede vender. Es como la captura del pulpo que está en veda [temporal], pero cualquier persona te lo viene a vender o lo puedes conseguir en cualquier lado”, asegura la mujer.

A la pregunta de si mucha gente se dedica a la venta de ceviche de caracol, la mujer no vacila: ”Sí, la verdad que en Progreso, sí”, dice.

La versión de la cevichera es confirmada en diferentes grupos de venta en redes sociales. Mongabay Latam identificó seis usuarios que ofrecen caracol rosado preparado en ceviche o sólo la carne en grupos de Facebook integrados por personas de la cabecera municipal de Progreso o de las localidades del municipio. En las ofertas de venta, todas publicaciones de este año, adjuntan fotos de caracol picado con tomate, cebolla y otras verduras, la pulpa sola empaquetada en bolsas y cientos de especímenes en congeladores.

Otra vendedora que tiene una pequeña coctelería en la cabecera municipal de Progreso, a medio kilómetro del nuevo malecón internacional, ofrece en sus redes sociales aguachiles, cócteles y ceviche de caracol en botes de un litro. Cuando este medio se puso en contacto con ella, dijo que vendía la orden con 200 gramos de molusco más verduras a 310 pesos. Comentó que era muy fresco, pero no quiso dar detalles sobre el lugar de donde provenía.

Entre los mensajes de venta de ceviche, una cuenta de Facebook ofrece caracol rosado desde 2021. Una de sus publicaciones más recientes, de junio pasado, incluye fotos de caracol congelado, con varios especímenes por empaque y cientos de bolsas almacenadas en congeladores.

Alejandro Medina Quej, ecólogo marino y profesor e investigador en el Instituto Tecnológico de Chetumal, monitorea esta especie de caracol desde 2010 en Quintana Roo. El experto revisó las fotografías de todas las publicaciones identificadas en Facebook donde se ve carne de caracoles y confirmó que todas muestran a hembras y machos de caracol rosado.

Ninguna de las dos mujeres entrevistadas sabe con certeza o quiere decir de dónde proviene el caracol rosado que utilizan para preparar sus ceviches. No obstante, ambas lo ofrecen cerca del puerto de Progreso, a 140 kilómetros del Parque Nacional Arrecife Alacranes, un área natural protegida de gran importancia, ya que conforma la estructura coralina más grande del Golfo de México, así como el único arrecife conocido y descrito del estado de Yucatán.

Este parque fue declarado área natural protegida en 1994, con el objetivo de conservar su diversidad biológica, proteger el acervo genético y fomentar el uso sustentable de sus recursos. Sin embargo, enfrenta un problema constante de pesca ilegal de caracol rosado, según información de la Secretaría de Marina, testimonios de líderes pesqueros y del propio director del parque obtenidos por Mongabay Latam.

Pesca de caracol en el parque

Uno de los casos más recientes de pesca ilegal en esta área natural protegida ocurrió el 13 de mayo de 2025. La Secretaría de Marina informó que, junto con la Armada de México y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), detuvieron a tres hombres en una embarcación que transportaba 132 kilos de caracol rosado dentro del Parque Nacional Arrecife Alacranes.

Las personas detenidas habían zarpado días antes desde la caleta de Progreso, pero al quedarse sin combustible tuvieron que pedir ayuda a la Marina. El personal naval, al abordar la embarcación, lo primero que advirtió fue que ésta no tenía nombre ni matrícula. Una inspección más detallada reveló un doble fondo donde escondían el caracol rosado.

Los tres hombres, la embarcación y los caracoles fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que inició una investigación.

Cristóbal Enrique Cáceres, director del Parque Nacional Arrecife Alacranes, explica que el área funciona como una incubadora natural, ya que en ella se concentran todas las especies comerciales en su etapa reproductiva. “Cuando las crías crecen y llegan a un estado juvenil, se acercan a la costa y son las que alimentan [a las personas que habitan en] toda la costa norte de la península de Yucatán”, asegura el funcionario.

Los pescadores autorizados para capturar langosta han informado al director sobre embarcaciones no autorizadas extrayendo langosta y otras especies, como el caracol. “Una de las especies por la que normalmente los furtivos van es el caracol, que está en veda permanente para el estado de Yucatán, y es una especie muy solicitada en los restaurantes y por la gente en general”, comenta el funcionario.

Cáceres añade que la detención de la embarcación con caracol en mayo pasado forma parte de las acciones de protección dentro del Arrecife Alacranes que se han implementado a partir de un convenio, que comenzó en 2024 y que fue renovado este año, entre la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y el Gobierno del estado de Yucatán. Señala que, desde noviembre pasado hasta mayo, han detenido siete embarcaciones que realizaban pesca ilegal en el parque.

A partir de esa alianza, se incorporaron seis guardaparques del gobierno de Yucatán al equipo existente de cinco de la Conanp, para un total de 11 personas dedicadas a la vigilancia y conservación del parque. Además, Arrecife Alacranes fue equipado con dos embarcaciones y equipo de buceo. También se mejoró la estación de campo del área protegida con la instalación de paneles solares e internet satelital, lo que permite mantener comunicación constante con el continente.

Según el director del parque, gracias a la alianza con el gobierno estatal, hoy pueden cubrir un área más amplia para monitorear las especies que habitan el arrecife y realizar más recorridos, por períodos más prolongados, para vigilar que no haya pesca ilegal.

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“Entre 2024 y 2025, hemos visto una notoria disminución de embarcaciones furtivas en el sitio”, asegura Cáceres. “Los pescadores furtivos saben que ya estamos ahí y que nuestras embarcaciones tienen la capacidad para poder alcanzarlos. Ya saben que se arriesgan a ser detenidos y consignados a la autoridad correspondiente. Ya les da un poco de temor y sí ha generado una disminución en la pesca furtiva del sitio”, insiste el funcionario.

Sin embargo, los datos de la Secretaría de Marina y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), las dos entidades que tienen a su cargo la administración, conservación, desarrollo y vigilancia del parque nacional, no reflejan la la información entregada por Cáceres. Hay un subregistro de la pesca ilegal en la zona.

La Secretaría de Marina informó que, desde 2014 a la actualidad, sólo tiene registros de dos incidentes de pesca ilegal en la zona, ambos relacionados con delitos contra la biodiversidad y específicamente con caracol rosado. El primero de ellos corresponde a los tres hombres varados en el parque por falta de gasolina; el segundo, ocurrió el 2 de enero de 2023, cuando se decomisaron 15 kilos de este molusco aunque fue en Chicxulub Puerto, municipio de Progreso, y no dentro del Parque Nacional.

Por su parte, Conapesca señaló que, tras una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no encontró registros de pesca ilegal dentro del parque entre 2014 y 2025. En contraste, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la entidad encargada de hacer cumplir la justicia ambiental en México, proporcionó un listado de 12 embarcaciones identificadas pescando ilegalmente en el parque durante ese mismo periodo, aunque no especificó qué especies.

En la última década, según datos de la Profepa, sólo se impusieron cuatro sanciones con multas que oscilaron entre los 100 000 pesos mexicanos (5343 dólares) y 120 000 pesos mexicanos (6412 dólares) por pesca ilegal en el parque nacional. No obstante, ninguna de esas multas fueron pagadas y ninguna persona resultó detenida.

Los pescadores que vigilan

Tres líderes pesqueros, cuyas agrupaciones se dedican a la captura de langosta en Yucatán y que son afectados por la pesca furtiva de esta especie durante época de veda, coinciden en que hay pesca ilegal de caracol rosado en el Parque Nacional Arrecife Alacranes. Ellos mismos o sus colegas de las cooperativas de pescadores la han visto mientras hacen  labores de vigilancia en la zona, como parte de un acuerdo de colaboración con la Marina y Conapesca.

Mariano Canul Uicab, presidente de la Federación de Sociedades Cooperativas Pesqueras del Centro-Poniente del estado de Yucatán, dice en entrevista que aunque vedaron el aprovechamiento de esta especie, jamás la cuidaron para evitar que fuera capturada de forma ilegal.

“Lo cerraron, el caracol aumentó, y los furtivos llegaron y lo vieron. No faltó quien, con dinero, dijera ‘hay mucho caracol, vamos a trabajar, te compro una lancha’”, relata el líder pesquero.

José Luis Carrillo Galaz, presidente de la Confederación Mexicana de Cooperativas Pesqueras y Acuícolas, explica que los pescadores de su agrupación tienen un comité de inspección y vigilancia comunitario en el parque. Ellos aportan embarcaciones, personal e insumos para llegar a la zona y, en coordinación con la Marina y Conapesca, realizan recorridos en áreas donde hay presencia de pesca ilegal. Es así cómo han detectado que se pesca caracol todo el año.

“De manera permanente hay embarcaciones menores trabajando caracol, langosta y mero en época de veda. El mes pasado vimos dos embarcaciones capturando caracol y langosta. Eso es de manera común y permanente”, cuenta.

El líder pesquero explica que, al ser una zona de reserva protegida, siempre hay abundancia de recursos, lo que la convierte en un punto muy atractivo para los pescadores ilegales. Muchos de ellos se arriesgan a llegar desde la costa continental hasta el parque porque saben que ahí podrán capturar muchos animales.

“Es muy importante que la Marina realmente se involucre aún más en el tema de la pesca ilegal. Sabemos que cumple con algunos objetivos como es el tema de narcóticos, sobre el tema de seguridad, pero el tema de la pesca ilegal, ya es un asunto de seguridad nacional y como tal la Marina debería considerarlo”, sostiene Carillo. El pescador se refiere a los enfrentamientos que ya se han registrado entre pescadores furtivos y quienes trabajan con permisos.

Los pescadores que integran la Federación de Cooperativas Pesqueras Turísticas Acuícolas y Artesanales de Yucatán también decidieron hacer labores de vigilancia en el parque tras identificar pesca ilegal de especies en vedas permanentes y parciales, entre ellas el caracol rosado.

“Hay muchas personas haciendo pesca ilegal en esas áreas. Las embarcaciones son en muchos casos locales de Progreso y sus comisarías aledañas. Son lanchas rápidas de 25 pies con motores que van desde los 90 a 250 caballos de fuerza, sin cubiertas. Son lanchas ribereñas, pero con motores nuevos, equipadas con radios y antenas satelitales, tienen internet automáticamente”, describe Ana María Frías Salazar, presidenta de la federación.

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Además, agrega que los pescadores furtivos utilizan compresores de aire para bucear. Esta es una técnica muy depredadora, ya que estos equipos permiten un flujo continuo de aire a los buzos, lo que aumenta sus horas de inmersión y, con ello, el tiempo dedicado a la pesca. La líder pesquera explica que, mediante este método, arrasan con todo lo que encuentran en el fondo marino: especies de escama, langosta o caracol. Según Frías, se han detectado embarcaciones que transportaban hasta 400 kilos de caracol.

La líder pesquera señala que han interpuesto denuncias con diversas autoridades por la venta de la carne del caracol en redes sociales. Como confirmamos para este reportaje, explica que la carne se comercializa en grupos de Facebook, donde se ofrecen en diferentes presentaciones: entero, pelado, picado y confirma que la palabra clave para encontrarlo es “jícama”.

Frías explica que ha habido un auge en la pesca de caracol, impulsado no solo por su carne, sino también porque en algunos casos se han encontrado perlas en su interior. Señala que estas perlas pueden alcanzar precios muy altos, que van desde los 50 000 pesos mexicanos (2672 dólares) hasta los 400 000 pesos mexicanos (21 373 dólares).

«A veces no van tanto por vender la pulpa del caracol, sino por lo que muchas veces se encuentra en su carne. Lo de las perlas es un negocio cerrado, lo mantienen más encubierto, pero nosotros nos enteramos porque en el ambiente es un secreto a voces”, asegura.

De acuerdo con Frías, el principal problema se encuentra en la flota menor, compuesta por lanchas pequeñas. Estas embarcaciones operan sin chips de rastreo, lo que impide tener control sobre ellas o saber cuántas ingresan al parque nacional.

«No creemos que sea suficiente lo que están haciendo, porque al final de cuentas no hay actas y no hay gente detenida. Al año solamente hay dos o tres embarcaciones detenidas. No ha habido castigos ni penas severas para los infractores, y hay quienes son hasta reincidentes dos o tres veces. Los agarran y al día siguiente ya salieron”, dice.

Hasta la publicación de este reportaje, la Secretaría de Marina y Conapesca no respondieron a las preguntas enviadas por Mongabay Latam ni a las solicitudes de entrevista para conocer sus acciones respecto a la pesca y comercialización ilegal de caracol rosado en Yucatán, detectadas mediante esta investigación. Ambas dependencias fueron contactadas con el fin de obtener sus comentarios sobre esta problemática, sin que al momento se haya recibido respuesta.

Cambio de administración para proteger mejor

No sólo los pescadores regulados han intentado proteger el caracol. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, cuenta que en 2021 esta organización presentó una petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que incluyera al caracol rosado en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, una regulación que enlista a las especies en riesgo de extinción. Hasta el momento, la solicitud no ha sido atendida.

“Nos hemos estado enfocando en especies como los pepinos [de mar] y el caracol porque vemos que las poblaciones se encuentran muy mermadas y que la gestión de Conapesca los ha llevado a esta situación”, comenta Olivera.

Si el caracol rosado se incluye en la NOM-059, su manejo pasaría de Conapesca a Semarnat, lo que, según Olivera, permitiría una gestión más efectiva y orientada a la conservación. Explica que esto facilitaría la aplicación de medidas como el monitoreo constante de la especie y la entrega regular de informes técnicos, lo que ayudaría a protegerla. Añade que el caracol rosado no solo se captura por su carne, sino también por sus conchas, que se venden como ornamento.

“El caracol rosado tiene la función de comer, filtrar y limpiar todo el fondo marino. Además, controla el crecimiento de algas o pastos y es alimento para muchas otras especies. Entonces, es clave para mantener los sistemas sanos. Es una lástima que una especie que alguna vez fue tan abundante en toda esa región no se haya podido gestionar adecuadamente y su población se haya reducido drásticamente”, dice el especialista.

La disminución del caracol rosado en toda su área de distribución en el Caribe llevó a que, en 1992, fuera incluido en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), con el propósito de controlar su comercio internacional y dar seguimiento a su explotación.

Dado que en otros estados de México el caracol rosado sí se puede extraer bajo ciertas condiciones, como en Quintana Roo, por ejemplo, donde la veda es temporal, la especie se exporta a otros países. Entre 2014 y 2023, México exportó 477 conchas de caracol rosado y tres toneladas de su carne a varios destinos, aunque no existe información para saber si esos especímenes provenían de lugares donde su captura está autorizada o de Yucatán. Estados Unidos, Alemania, Japón, España, Canadá, Nueva Zelanda y China fueron los principales compradores, según la base de datos de CITES.

El investigador Alejandro Medina Quej señala que las dependencias gubernamentales encargadas de proteger el caracol rosado deben ampliar su vigilancia a restaurantes, tiendas y mercados para asegurar el cumplimiento de la veda.

El investigador asegura que un buen ejemplo de protección de esta especie se da en San Pedro, Belice, donde las autoridades establecen una cuota de captura, se respeta la veda y se permite un mes adicional para comercializar el producto en restaurantes y mercados. Pasado ese tiempo, se retira de los menús porque ya no se permite su venta. Esta regulación se cumple gracias a una vigilancia constante, lo que ha contribuido al buen manejo del recurso, asegura.

“Si se aplica de esta forma, evitamos ese comercio. Hay que dar seguimiento no solo a la pesca, sino también a la comercialización”, concluye el especialista.

*Imagen Principal: caracol rosado. Foto: Revista Science-Shane Gross /NPL/Minden

El artículo original fue publicado por Mariana Recamier en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un día de octubre de 2012, pescadores de la comunidad costera de Las Barrancas detectaron una embarcación inusual en las aguas del Golfo de Ulloa, donde trabajan, en la península de Baja California Sur, al extremo noroeste de México.

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No parecía un barco atunero, sardinero o camaronero, de los que a menudo tienen que reportar a las autoridades por entrar ilegalmente a explotar las aguas donde la cooperativa tiene permisos de pesca exclusivos para abulón, langosta o caracol. A esa extraña embarcación la detectaron desde las casetas de avistamiento y también mediante los radares de monitoreo que han instalado durante años para combatir por su cuenta la pesca ilegal.

“Conocemos todos los barcos pesqueros, pero no sabíamos qué embarcación era esta”, recuerda Tomás Camacho, presidente del consejo de administración de Puerto Chale SCL, una de las 649 cooperativas de pesca creadas desde el siglo pasado a lo largo de la costa sudcaliforniana, que dan trabajo a poco más de 5000 pescadores.

El misterioso barco era el Dorado Discovery, una nave de investigación de 96 metros de eslora que en ese momento (entre 2012 y 2013) realizaba una extensa campaña de prospección y muestreo del fondo marino para la empresa Odyssey Marine Exploration.

Esta compañía estadounidense, experta en la recuperación de naufragios y tesoros varados en el fondo de los mares, analizaba la viabilidad de explotar otro tipo de riqueza submarina: fosfato disuelto en arenas del lecho oceánico. Este mineral es fácilmente procesable para obtener fósforo, que se utiliza masivamente en la agricultura como fertilizante para acelerar y mejorar el crecimiento de las cosechas.

Odyssey tenía en la mira esta potencial riqueza desde que inició sus estudios de la zona en 2010 y para junio del 2012 ya había obtenido una concesión minera de 2680 kilómetros cuadrados a través de su filial en México, Exploraciones Oceánicas, S. de R.L. de C.V.

En 2014, la Dirección General de Minas de México le otorgó dos concesiones adicionales totalizando un área de 3029 kilómetros cuadrados, el equivalente a dos veces la Ciudad de México. Esta área se superpone con un punto del Pacífico noroccidental clasificado por científicos de México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica como “centro de actividad biológica”, donde existen pesquerías de alto valor comercial, avistamiento de mamíferos marinos, pesca deportiva e investigación científica.

La concesión minera fue bautizada “Oceánica”, pero el proyecto minero en su conjunto sería conocido como Don Diego, por el nombre del yacimiento en el que se concentraría la explotación.

Según documentos de Odyssey Marine Exploration, se trata de “uno de los depósitos de fosfato más grandes y altos de grado in situ en el mundo y el único recurso marino de este tipo hallado en México”. Con casi 588 millones de toneladas de fosforita, es capaz de satisfacer la demanda de fertilizantes en Norteamérica por un siglo, agrega la empresa.

El plan de extracción de la empresa es succionar las arenas fosfáticas desde una embarcación en donde se separaría el fosfato y luego devolvería con otro tubo el excedente al lecho marino. Aunque Odyssey alega que la tecnología de dragado submarino existe y opera en distintas zonas costeras de México y el mundo, el procedimiento completo no se ha probado en ninguna parte.

La química oceánica Janette Murillo, quien ha estudiado distintos puntos costeros de Baja California, advierte que sólo la remoción de arenas podría dispersar químicos tóxicos como uranio, arsénico, cobalto y níquel, que suelen acompañar los depósitos de fosfatos.

“Si se remueven esos sedimentos van a estar liberando en disolución el uranio, que es lo que más se encuentra, y eso puede ser tomado por organismos vivos y ocasionar una gran mortandad de animales marinos”, explica la investigadora del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (Cicimar, IPN).

Los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos tan solo durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012.

“Si ese proyecto se autoriza y lo echan a andar, nos va a fregar la pesca, que es la columna vertebral que sostiene económica, social y culturalmente a las comunidades costeras en el Golfo de Ulloa”, afirma Tomás Camacho.

Desde 2014, Camacho y sus compañeros en la cooperativa Puerto Chale, al igual que otros pescadores, activistas, científicos, líderes políticos y ciudadanos en Baja California Sur, han rechazado pública y continuamente el proyecto Don Diego y exigido su cancelación.

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México, condenado a pagar 37 millones de dólares

Entre 2012 y 2018, Odyssey Marine Exploration empeñó millonarios recursos económicos y humanos para desarrollar los estudios de impacto ambiental necesarios para que el gobierno mexicano le autorizase a emprender su mina submarina.

En 2019, tras al menos dos negativas de la Secretaría de Medio Ambiente para autorizar el proyecto (2014 y 2016), la empresa demandó al gobierno mexicano por supuesto trato injusto en comparación a inversiones mexicanas. De acuerdo con el procedimiento para dirimir controversias contemplado en el Tratado del Libre Comercio para América del Norte, el caso sería revisado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), la entidad del Banco Mundial para dirimir diferencias entre gobiernos e inversionistas.

La disputa legal transcurrió al margen de la pandemia por Covid-19 y de la última elección presidencial en México, y llegó a una conclusión el 17 de septiembre de 2024, cuando dos de los tres jueces que integraron el tribunal del CIADI para el caso dieron la razón a Odyssey. Según el laudo del tribunal, la negación de los permisos ambientales para la mina submarina se basó en “una conducta gravemente arbitraria y caprichosa por parte de la autoridad ambiental” y no en la evaluación de la evidencia científica presentada por la empresa.

Aunque Odyssey demandó una indemnización superior a los 3000 millones de dólares, el tribunal condenó al Estado mexicano a pagar poco más de 37.

El gobierno de México respondió dos días después con un comunicado en el que desaprobó el fallo del tribunal y anunció que interpondría un recurso de apelación. A finales de 2024, México canceló las tres concesiones mineras otorgadas al conglomerado liderado por Odyssey Marine Exploration.

Ante la solicitud de Mongabay Latam, la dirección jurídica de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía confirmó a principios de junio que la apelación contra el fallo del tribunal de arbitraje ya fue presentada, pero informaron que no podían dar más información debido a que el caso se encuentra en litigio. Sin embargo, expertos en derecho comercial e internacional explicaron que, por la manera en que funcionan estas instancias de arbitraje, es sumamente difícil que México pueda revertir el fallo en su contra.

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“Un laudo novedoso en el peor de los sentidos”

El fallo del tribunal de arbitraje contra México se basó en un presunto comportamiento parcial del entonces secretario de Medio Ambiente, Rafael Pachianno (2015-2018). Según el laudo, de acuerdo con testimonios de dos subalternos en el mismo ministerio, el funcionario habría dado instrucciones explícitas para que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) negara las autorizaciones, motivado en “razones personales relacionadas con los propios intereses del Sr. Pacchiano”.

En su comunicado de desaprobación al laudo arbitral del 19 de septiembre de 2024, emitido por la Secretaría de Economía, el gobierno mexicano reitera los argumentos presentados durante el juicio de arbitraje: que el proyecto minero afectaba un lugar “ecológicamente sensible” —hábitat de la tortuga caguama (Caretta caretta), ballena gris (Eschrichtius robustus) y azul (Balaenoptera musculus), lobos marinos (Zalophus californianus), entre otros—; que la empresa Odyssey carecía de experiencia minera porque su actividad principal había sido la búsqueda de tesoros marinos; y que las técnicas de dragado del lecho marino propuestas por la empresa no se habían realizado en ninguna parte del mundo.

Además, el gobierno mexicano consideró que el tribunal de arbitraje dio “un peso desproporcionado” a las declaraciones de los dos empleados de la Secretaría del Medio Ambiente, quienes, según se dio a conocer en el juicio, recibieron de Odyssey un pago cuantioso como compensación al tiempo dedicado en presentar su testimonio. Esto fue calificado por el gobierno mexicano como un conflicto de interés.

Los argumentos defendidos por México son compartidos dentro del país por colectivos de activistas, científicos y especialistas en derecho ambiental internacional. Entre estos últimos se encuentra Phillippe Sands, un abogado francobritánico que, además de ser el árbitro elegido por México durante el arbitraje comercial, es una autoridad internacional en materia de juicios internacionales, autor de más de una docena de libros en la materia y profesor en las universidades del Colegio de Londres (UCL) y Harvard.

En una “opinión disidente” publicada en el laudo del tribunal, Sands hace una dura crítica al trabajo de sus colegas en el tribunal. Según Sands, los abogados no solo habrían hecho una errada interpretación de la ley, sino que habrían omitido información clave. Los acusa de “ignorar pruebas en cuanto al daño ambiental en su totalidad”, como por ejemplo las que dan cuenta de que el proyecto impactará el hábitat de tortugas marinas —incluyendo la amenazada tortuga caguama o cabezona—, de ballenas y de otros mamíferos marinos.

“A modo de conclusión, no puedo dejar de expresar la opinión de que este laudo inédito e inquietante es novedoso e innovador en el peor de los sentidos”, escribe el jurista británico, quien ha participado en más de un centenar de casos de arbitraje internacional.

“En un momento en el que los Estados empiezan, por fin, a reconocer los retos y complejidades de tomar decisiones que pueden tener repercusiones significativas en el medio ambiente, y a medida que se comprende cada vez mejor la fragilidad de nuestro medio marino, la mayoría (de jueces) ha hecho caso omiso […] de las preocupaciones ambientales legítimas. Se trata de un laudo sumamente lamentable”, sostiene Sands, quien asegura que “se han desconocido las pruebas y el derecho”.

El experto en impacto ambiental Carlos del Razo, quien colaboró en el arbitraje como asesor del gobierno mexicano, lamenta que los argumentos ambientales, como por ejemplo el alcance del principio precautorio, la regulación de actividades extractivas específicas o de las medidas de mitigación de daños, hayan quedado soslayados por el supuesto abuso administrativo contra Odyssey a manos de las autoridades mexicanas.

“El laudo se volcó a revisar si el inversionista había sido tratado indebidamente por razones metajurídicas (los supuestos intereses políticos o personales del ex secretario Rafael Pacchiano), más allá de la biodiversidad”, explicó Del Razo, presidente de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental. “Aunque pueda haber asuntos polémicos, si la decisión del Estado mexicano a través de la Secretaría de Medio Ambiente no va en contra de sus propios principios y lineamientos en materia ambiental, la verdad es que no deberíamos discutir mucho más”, dijo.

En línea con Philippe Sands, Del Razo considera que este laudo sienta un precedente negativo para futuros arbitrajes de inversión, debido a que constituye una especie de jurisprudencia que tendrán que atender los jueces de controversias similares a la hora de emitir sus resoluciones, con potenciales efectos en la política y gestión ambiental de Estados soberanos.

“Lo que hace este laudo es prácticamente minimizar o soslayar la capacidad regulatoria que tienen los Estados para decidir sobre el manejo de sus recursos naturales, territorio y medio ambiente”, explica Del Razo.

Odyssey, por su parte, aseguró a Mongabay Latam que el caso “no era una disputa al derecho soberano de México para regular, sino a la manera en que fue tomada esta decisión en particular”. “El caso de Odyssey […] nunca se trató de priorizar los derechos de los inversionistas sobre las protecciones ambientales”, indicó la empresa vía correo electrónico.

“Se trató de asegurar trato justo y equitativo a un proyecto que había demostrado cumplir y, en muchos aspectos, superar los estándares ambientales. Creemos que este precedente no menoscaba la protección ambiental, sino que fortalece la confianza en los marcos legales que son esenciales tanto para la inversión responsable como para la gobernanza de los recursos”, indicó.

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“Una industria desconocida en un ecosistema desconocido”

Aunque una parte de los estudios justificativos presentados por Odyssey para el proyecto Don Diego se basaron en experiencias limitadas en el Reino Unido, la minería submarina es uno de los temas clave y más preocupantes para la conservación de los océanos.

De hecho, a nivel internacional está en pausa tanto por la falta de información científica suficiente como por la ausencia de reglas para contener sus peores impactos.

En las aguas nacionales, donde rigen las leyes de los Estados-Nación, solo algunos países como Noruega, Suecia y las Islas Cook han regulado legalmente la minería submarina. Mientras que en aguas internacionales, los países miembro del sistema de Naciones Unidas se debaten entre poner una moratoria a esta actividad —con México apoyando esta medida— o, ante la presión de los desarrolladores y los mercados, autorizarla mediante una regulación basada en información incompleta. Las negociaciones continúan en el seno de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos de la ONU, que podría tomar una decisión durante su reunión anual en julio.

Durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para los Océanos, que se llevó a cabo entre el 9 y 13 junio de 2025, 37 países renovaron su llamado a una moratoria global a la minería en aguas profundas. El presidente francés, Emmanuel Macron, se refirió a ella como una “locura” y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, lo respaldó señalando que “las profundidades marinas no pueden convertirse en el Salvaje Oeste”.

En este contexto, “el proyecto Don Diego se adelantó a la discusión internacional y empezó a avanzar dentro del país”, dice Diego Lillo, abogado senior para la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).

El proyecto Don Diego fue propuesto por la empresa Odyssey a una distancia de entre 20 y 45 kilómetros de la costa de Baja California, en las aguas relativamente someras de la plataforma continental de esta península y dentro de la zona económica exclusiva, una franja de 370 kilómetros desde la costa, por lo que es facultad exclusiva del Estado mexicano autorizar o negar el proyecto.

“Es una industria que se desenvuelve en un entorno natural que es el ecosistema menos estudiado del planeta. En ese sentido, se combinan la novedad, la incertidumbre científica y un tercer componente, que es la insuficiencia o inaptitud de las regulaciones vigentes para adelantarse a los efectos que una industria desconocida pueda tener sobre un ecosistema también desconocido”, explica Lillo.

Desde 2015, en plena revisión del impacto ambiental de Don Diego, AIDA solicitó públicamente al gobierno mexicano la cancelación del proyecto por carecer de información técnica suficiente para garantizar la estabilidad del ecosistema marino.

En abril de 2023, después de considerar el caso Don Diego y otros a lo largo del país denunciados por la sociedad civil, el Congreso mexicano aprobó modificaciones a su Ley de Minería en vigor desde 1992. Estos cambios acotaron las actividades mineras en general y pusieron un alto definitivo a la minería submarina.

La nueva ley de minería prohíbe las obras y trabajos de exploración, explotación y beneficio minero dentro de las áreas naturales protegidas, en cauces o vasos de aguas nacionales y sus zonas federales, en los zócalos submarinos de islas, cayos y arrecifes, el lecho marino, el subsuelo de la zona económica exclusiva, en la zona federal marítimo terrestre y en los terrenos ganados al mar.

Sin embargo, legisladores de la oposición acusaron de inconstitucionales las modificaciones a la ley minera y las impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia, que ya en 2024 concedió un amparo a un particular contra los efectos de la ley modificada.

La colectiva CambiémoslaYa, que ha agrupado a académicos, activistas y comunidades afectadas por la minería en todo México para impulsar los cambios a la ley minera, ha advertido que si los ministros de la Corte aceptan la inconstitucionalidad denunciada, devolverían a México al escenario de 1992, caracterizado por dar preferencia al extractivismo minero sobre los pueblos y el medio ambiente.

El reglamento de la nueva ley minera está siendo elaborado por el actual gobierno de México en conjunto con representantes de la industria minera y entre organizaciones defensoras del medio ambiente hay nerviosismo.

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“Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala”

A pesar de que el gobierno mexicano le negó a Odyssey Marine Exploration las autorizaciones de impacto ambiental y retiró las concesiones mineras, la empresa insiste en impulsar su proyecto.

Mark Gordon, el director ejecutivo de Odyssey, ha explicado a medios especializados que su intención es crear una asociación público privada con el gobierno de México, en la que la empresa estadounidense mantenga una participación del 35 %. El resto quedaría dividido entre inversionistas mexicanos y empresas estatales de México, empezando por Petróleos Mexicanos (Pemex), que actualmente produce el mayor volumen de fertilizantes en México, según el ejecutivo.

“El proyecto de fosfato en México está muy avanzado. Estamos en el punto de la curva de valor en que podemos llegar a un acuerdo satisfactorio con el gobierno mexicano, si quiere proceder. Podemos entrar a producción en 12 o 18 meses”, explicó Mark Gordon en abril pasado en el podcast WTR Small-Cap Spotlight.

Según Gordon, “la clave en México” está en “tener el socio adecuado” que sepa “navegar el régimen regulatorio local”. Para ello anunciaron una alianza con la empresa Capital Latinoamericana SA de CV, presidida por Juan Cortina Gallardo. Este empresario mexicano lideró hasta febrero pasado el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), una de las coaliciones agroempresariales más importantes del país, y en diciembre lideró una coinversión de 4 millones de dólares en Odyssey, aseguró Gordon.

La presión ejercida por la empresa con sede en Florida para conseguir la aceptación de la mina Don Diego tuvo efectos negativos en la sociedad bajacaliforniana, incluyendo señalamientos de supuesta persecución contra opositores y degradación de la discusión científica.

En 2015, después de participar en consultas públicas sobre el proyecto, el entonces presidente de la cooperativa de pesca Puerto Chale, Florencio Aguilar, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República por Odyssey en 2015, junto al periodista Carlos Ibarra. Florencio Aguilar recuerda que la denuncia era tan absurda que prácticamente los acusaban de conspirar contra el desarrollo económico de México.

“Desgraciadamente la economía manda más que cualquier cosa legal”, explica el líder pesquero. “Sentí el apoyo de la gente que me respaldó y eso me dio valor para seguir en la defensa de nuestros mares”.

Debido al antecedente con Odyssey y a otros proyectos mineros acumulados en Baja California Sur a lo largo de los años, la sociedad sudcaliforniana tiene claro que no puede bajar la guardia.

“Hemos aprendido a no ser optimistas y eso nos ha hecho más efectivos porque el optimismo nos lleva a confiarnos y a bajar la guardia”, explica Jorge del Ángel, biólogo marino y vicepresidente del Colectivo de Académicos Sudcalifornianos.

“El discurso ahora es que el fosfato es super necesario como fertilizante y que si no se mina el fondo del mar todos nos vamos a morir de hambre”, añade Del Ángel. “En todo este tiempo hemos aprendido que ninguna empresa se queda tranquila diciendo ‘bueno, me lo negaron’. Lo seguirán intentando, por la buena o por la mala, hasta que sus inversionistas se cansen”.

*Imagen Principal: los pescadores de la zona aseguran haber visto ya un aumento en la mortandad de tortugas y mamíferos marinos durante la prospección iniciada por Odyssey en 2012. Foto: SCPP Puerto Chale SCL

El artículo original fue publicado por Juan Mayorga en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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