Recientemente el EMC anunció la creación del “Bloque Central Comandante Isaías Pardo” que operará en Tolima, Quindío, Huila y Valle del Cauca. Aunque el anuncio causó estupor en la opinión pública por las declaraciones de Otty Patiño, Alto Comisionado de Paz, señalando que el EMC tiene todo el derecho de hacer una reorganización interna, lo que se percibe, desde afuera, es una escisión de esta organización armada ilegal.

A esta situación se suma lo acontecido en el encuentro extraordinario que tuvieron las delegaciones del gobierno de Gustavo Petro y esta disidencia en San Vicente del Caguán, Caquetá, el pasado 5 de abril. Si bien, en la reunión se acordó continuar con la negociación de paz, no hicieron presencia los delegados del Cauca y Arauca. Específicamente se hace referencia a los delegados de las estructuras conocidas como “Jaime Martínez” y “Dagoberto Ramos” que operan en el Cauca y el decimo frente “Guadalupe Salcedo” en Arauca son los que están incumpliendo los acuerdos y el cese al fuego en estas regiones.

El Gobierno Nacional tiene clara esta división en el EMC. Por esto la decisión de Gustavo Petro fue suspender, parcialmente, el cese al fuego con esta organización criminal en Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En comunicado público, esta organización ilegal muestra una posición incoherente; mientras solicitan el restablecimiento del cese al fuego en todos los departamentos, amenazan veladamente con posibles ataques a objetivos militares y policiales. En el comunicado piden “a los ciudadanos en territorio nacional que no estén cerca de las patrullas militares, batallones, estaciones de policía o cualquier otra unidad armada del Gobierno”.

En los últimos días se ha observado que el EMC mantiene disputas territoriales con la Segunda Marquetalia, especialmente en Nariño y Cauca, y con el ELN, en Arauca. Estas disputas han generado el desplazamiento masivo de campesinos y el confinamiento de otros tantos. En Arauca, donde el ELN tiene su mayor poderío militar, las disidencias solicitan un “sece (sic) bilateral temporal de fuego, para aliviar de inmediato la crisis humanitaria y regresar la tranquilidad al departamento”.

Pareciera avecinarse una escisión en la disidencia de las FARC conocida como EMC. Este es un escenario en el que el gobierno nacional debe tomar decisiones de fondo. Puede encaminar acciones armadas para combatir estos nuevos grupos que se están fortaleciendo, como lo ha hecho últimamente dando de baja algunos comandantes en Casanare y Cauca, o repiensa la incorporación de los grupos al proceso de negociación. De la decisión que se tome depende la política de Paz Total que no está atravesando por su mejor momento.

Mientras que los medios han construido una opinión pública negativa de la Paz Total, en reciente informe de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP se evidencia, entre otras conclusiones, que en los primeros 10 meses de 2023 hubo un desescalamiento del conflicto armado y, en ciertas regiones, hubo “alivios humanitarios parciales”.

El reto central es crear una estrategia comunicativa para darle a entender a la sociedad la reconfiguración que ha tenido el conflicto armado y la diversidad de grupos armados al margen de la ley -GAOML- y estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto – EAOCAI- con las cuales está negociando el Estado colombiano. Hay diferencias sustanciales con los procesos de paz anteriores que se llevaron con grupos armados, pues mientras la administración Uribe negoció con las AUC, Santos hizo lo propio con las FARC, la actual administración tiene, al menos, 8 escenarios en los que se cuentan procesos de paz y acercamientos para lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones ilegales.

Son tres procesos de paz que se adelantan con GAOML: por un lado, la negociación con el ELN que se encuentra empantanada porque esta organización ilegal continua con la práctica del secuestro, desconociendo el respeto al DIH pactado en México. La negociación con el Estado Mayor Central liderado por alias Iván Mordisco, quien ha anunciado su voluntad de paz, pero que exige la no presencia de Fuerzas Armadas en el cañón de Micay para sacar la cocaína que producen por el pacífico. El tercer proceso se lleva a cabo con las disidencias de la Segunda Marquetalia, lideradas por alias Iván Marquez, que, si bien, se sentó en ocasiones en la mesa con el Ex Comisionado, Danilo Rueda, no hay negociación en curso.

Hay cinco procesos de acercamiento para sometimiento a la justicia con EAOCAI: inicialmente están los diálogos con Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quizás el grupo armado con mayor presencia en el territorio, que está pidiendo un reconocimiento político porque creen tener una visión de país; en segundo lugar, los diálogos con shottas y espartanos en Buenaventura, que han evidenciado una reducción sustancial en los niveles de violencia en el puerto del pacífico; otras son las estructuras que hacen presencia en el Valle de Aburrá que, por medio de comunicado a la opinión pública del pasado 23 de noviembre, dieron a conocer su voluntad de continuar con los protocolos y temas de dialogo en los acercamientos con el gobierno; en cuarto lugar están los mexicanos, locos yam y RPS que hacen presencia en Chocó y con quienes se instaló un Espacio de Conversación Socio-Jurídico en agosto de este año; finalmente, los acercamientos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidos como los pachenca, quienes, el mes pasado, liberaron a dos jóvenes que tenían en su poder y han manifestado su voluntad de paz al gobierno.

A pesar de que varias de estas organizaciones han mostrado su voluntad de paz e interés para someterse a la justicia, lo paradójico es que ha sido el Estado colombiano el que ha limitado los avances, pues no hay un marco jurídico. El proyecto de ley de sometimiento se hundió en el Congreso de la República en la legislatura anterior y actualmente el gobierno no se a puesto de acuerdo para presentar uno nuevo. Mientras unos consideran que se puede ampliar la ley de justicia y paz (ley 975 de 2005), otros consideran que se debe presentar una iniciativa propia.

Otty Patiño, también, debe posicionar en la opinión pública el discurso de que la Paz Total aporta a los derechos de las víctimas, pues algunas de estas estructuras cometieron magnicidios, infracciones al DIH y operaciones militares que causaron hechos victimizantes generalizados. El aporte a la verdad extrajudicial y el cese del flagelo de la desaparición forzada son algunos derechos de las victimas que, en el marco del sometimiento a la justicia y de procesos de paz, deben salir a la luz pública.

La encrucijada en la que se encuentra el gobierno está en que, debido a la complejidad actual del conflicto y a la diversidad de grupos que hacen presencia en el territorio, si golpea militarmente a una estructura ilegal, termina beneficiando a otra. Las rutas metodologías de acercamiento y negociación que se desarrollen con las organizaciones armadas deben darle la ventaja militar a las Fuerzas Militares del Estado y tener claridades en temas urbano-rurales, cuestiones novedosas para el Estado colombiano. Es por ello que la Paz Total debe comprenderse de manera integral y si no se desarman todas las organizaciones armadas que hacen presencia en el territorio, la violencia continuará y posiblemente se recrudecerá finalizado este gobierno.