La expansión de los delitos ambientales en territorios indígenas está favorecida por distintos marcos normativos nacionales e internacionales mientras muchos líderes padecen las llamadas “muertes silenciosas”. Ellos viven sometidos a altos niveles de tensión, debido a las amenazas que acarrea la defensa de sus territorios.

Bajo el principio de autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas impulsan cada vez más iniciativas de autoprotección. Estas son algunas de las conclusiones que dejó el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), realizado en Lima entre el 18 y 20 de marzo.

Durante tres días, líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Panamá discutieron sobre los contextos de criminalidad dentro de sus pueblos y la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, ambientales y de territorios comunales. Según consideraron los participantes del encuentro, estos entornos implican incrementos de economías ilícitas y una continua criminalización de las acciones que ejercen para la defensa de sus derechos territoriales.

Uno de los temas de mayor preocupación abordados en esta tercera Aladti fue la convergencia y, como consecuencia, la voracidad que encarnan las economías criminales dentro de los espacios de frontera. Los representantes de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador hicieron hincapié en que el precario control de las autoridades ha convertido las zonas limítrofes en escenario propicio para que actividades como la minería ilegal y el narcotráfico confluyan. Una sinergia de delitos que, en su incontrolable expansión, afecta a comunidades, bosques y la seguridad de quienes los habitan.

El abogado Carlos Quispe, de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en defensa colectiva de derechos en contextos afectados por economías ilícitas y extractivas, señaló que los problemas de los que derivan las amenazas contra defensores y los pueblos indígenas no están circunscritos a un solo país.

Quispe precisó que, en el caso de Perú, la ruta de la minería ilegal no solo incluye a este país como posible abastecedor de oro o de la materia prima para las operaciones de extracción, sino también a otros de donde sale el metal o por donde también ingresan insumos como el mercurio.

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“Las economías ilícitas ganan terreno, pero también hay marcos normativos que las favorecen. En Perú están las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. En Brasil está la Ley del Marco Temporal [que restringe la delimitación de territorios indígenas]”, sostuvo Quispe en diálogo con Mongabay Latam.

Quispe comentó que uno de los mensajes claves que han dejado las organizaciones integrantes de la Aladti es que “no están sentadas esperando a que los Estados hagan todo”. El abogado afirmó que los sistemas de autocuidado emprendidos por pueblos en riesgo apuntan a contribuir, más no reemplazar, las labores de vigilancia que le corresponden a los Estados. La realidad, ciertamente, es crítica.

De acuerdo con el último informe de Global Witness, 117 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante 2024. Se trata del 82 % de los casos a nivel mundial. El país con la mayor cantidad de asesinatos contra defensores fue Colombia: 48. Luego está Guatemala, que registró 20. En México hubo 19 y en Brasil, al menos 12.

La organización DAR ha documentado en el estudio Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana (2025) que las amenazas en comunidades nativas están asociadas con la tala ilegal (33 %), tráfico de tierras (23 %), narcotráfico (22 %) y minería ilegal (19 %).

El informe sostiene que las regiones con mayor perjuicio son Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. El documento indica también que desde 2020, más de 20 defensores ambientales han sido asesinados en Perú. Nueve de estas muertes se produjeron en 2024.

DAR recogió para su análisis cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dan cuenta de la cantidad de personas en situaciones de riesgo: 705 defensores y 61 familiares, entre 2019 y julio de 2025. El 84 % de los casos corresponde a defensores ambientales e indígenas.

Panorama latinoamericano

Dina Juc, de Guatemala, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), refirió que esta organización protege el 24 % de la biodiversidad de Mesoamérica (que comprende territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Esta labor les ha generado criminalización, asesinatos y exilio forzado de sus líderes, aseguró.

En la conferencia de prensa que cerró el evento, Juc comunicó incluso otras cifras de defensores afectados por la violencia: “De 2012 a 2024, 562 personas defensoras fueron asesinados en nuestra región. Estamos aquí para hacer visible lo que sucede (…) también para insistir en las normativas, políticas públicas con que se debe sancionar este tipo de delitos”.

La lideresa destacó que en los sectores indígenas de la región mesoamericana donde los Estados no están, sus gobernantes o sistemas de justicia indígenas han resuelto más conflictos de alto impacto que la justicia ordinaria.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), fue enfático en indicar que los sistemas de autogobiernos territoriales indígenas y sus acciones de protección se originan debido a que los Estados no tienen la capacidad de brindar garantías jurídicas en estos espacios. “Queremos seguir garantizando la vida de nuestros hermanos en un territorio limpio, que nos dé soberanía, donde apostamos por el buen vivir de nuestra gente”, subrayó Manihuari.

Una paradoja que muestra el alarmante nivel de inseguridad para los pueblos indígenas de Latinoamérica fue expuesta por Tatiana Martínez, de Costa Rica, representante de la Red Indígena Bribri y Cábecar (Ribca). Ella remarcó que, pese a que su país cuenta con muchos derechos, los casos de líderes asesinados continúan impunes.

Parte del evento incluyó el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la Aladti con voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de Perú y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Diego Reátegui, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh, detalló la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que articula a nueve entidades e instituciones del Gobierno peruano con el fin de reconocer y garantizar a sus beneficiarios el acceso a la justicia.

Reátegui señaló que el Minjusdh ha elaborado una base de datos que entre sus principales registros muestra que desde 2019 hay 564 situaciones de riesgo reportadas. Aproximadamente el 76 % de estos casos, pormenorizó, está vinculada con algún tipo de actividad ilícita.

“Es la típica respuesta frustrante, pero es lo que esperamos siempre escuchar cuando hablamos con el Estado. Funcionarios públicos que nos traen datos: tantos se están muriendo y, de esos, tantos son indígenas, tantos son campesinos, tantos son defensores de derechos humanos», fue la reacción de Dina Juc, de Guatemala, tras analizar la participación del representante del Minjusdh. «La respuesta que esperamos es que instituciones y ministerios han dado el mandato para que se cumplan [las garantías] y que están vigilantes a través de una comisión para saber si se ha disminuido la tasa de asesinatos y criminalización. Pero no, son bases de datos”, agregó.

En el informe de DAR, la organización subraya que el mecanismo intersectorial presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia. Entre otros puntos está su falta de rango legal: al estar sustentado como decreto supremo carece de fuerza vinculante en relación con otras entidades que no pertenecen al Ejecutivo.

DAR también afirma que varios de los nueve sectores del Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del mecanismo no participan activamente. Otro factor de debilidad, de acuerdo con el estudio, es la falta de un monitoreo sistemático de los casos, lo cual impide cotejar la eficacia de la herramienta. Además, plantea que uno de los vacíos más significativos del mecanismo es su omisión con respecto a la criminalización de la protesta social.

Acuerdo de Escazú y tareas pendientes

Uno de los aportes que dejó la tercera Aladti fue la construcción de tres propuestas para impulsar una participación de los pueblos indígenas plena y efectiva en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 21 al 24 de abril en Bahamas.

El abogado Carlos Quispe declaró a Mongabay Latam que Escazú es un acuerdo ambientalista, pero no necesariamente tiene una mirada indígena. En ese sentido, un primer planteamiento de la alianza es la creación de un grupo de trabajo sobre Cuestiones Indígenas en Asuntos Ambientales y Territoriales.

La segunda iniciativa está enfocada en que los pueblos indígenas tengan un asiento entre los representantes electos por el público en el marco del Acuerdo de Escazú. Y, finalmente, la formalización de la participación indígena en la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo.

La representación de los pueblos indígenas buscará tener reuniones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), secretaría técnica del Acuerdo de Escazú, antes, durante la COP4 y posteriormente para el abordaje de los temas concluyentes de la tercera Aladti.

*Imagen principal: la Aladti es un articulador regional y en este reunión en Lima ha recogido las principales demandas y propuestas de los líderes indígenas de ocho países. Foto: cortesía Aladti /DAR.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

Leer más | En 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica | INFORME

El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

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El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Luis Misael Socarras Ipuana es líder Wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia, que históricamente ha vivido en la norteña Península de La Guajira. Sus territorios han sido constantemente amenazados por los conflictos armados, la degradación ambiental y la emergencia climática. Su testimonio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y servirá para que por primera vez un tribunal internacional se pronuncie por el impacto de esta crisis en la vida de las personas más vulnerables.

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“Hoy estamos en riesgo de ser extinguidos, de quedar siendo un pueblo indígena que pasa a la historia”, dice el representante de comunidades de La Gran Parada, cuyo testimonio fue uno de decenas presentados ante la Corte IDH. Este 3 de julio, el tribunal emitirá una opinión consultiva, una interpretación legal que ayuda a los países a cumplir sus obligaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta Opinión Consultiva, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, se ha realizado con un nivel de participación inédito, señala la Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), pues más de 280 organizaciones, comunidades indígenas, colectivos feministas, académicos y defensores ambientales participaron en siete audiencias regionales para compartir evidencia de cómo la crisis climática ya afecta derechos básicos como la salud, el agua, el territorio y la alimentación.

“La Corte Interamericana es un tribunal muy importante en la región. Lo que diga será vinculante y fortalecerá el marco jurídico que tiene que ver con las obligaciones de adaptación, mitigación, pérdidas y daños”, afirma Ávila ante la consulta de Mongabay Latam.

La especialista plantea que el nivel de participación histórico de este proceso es ya en sí mismo una victoria para las comunidades de Colombia, Chile y el mundo que ya enfrentan los impactos de la crisis climática, pues la opinión consultiva les dará herramientas legales para exigir derechos y mejorar los compromisos de sus respectivos países.

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De Colombia y Chile para el continente

Si bien este proceso legal fue solicitado por Colombia y Chile, la opinión consultiva que genera la Corte IDH tendrá alcance para todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además de representar obligaciones internacionales claras para los gobiernos, establecer estándares legales y guiar las resoluciones judiciales, también reconocerá que la emergencia climática afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres e infancias.

“Cuando hablamos de cambio climático no hablamos sólo de reducir emisiones, sino de un impacto en vidas concretas, en comunidades que están perdiendo la capacidad de sembrar, donde las temporadas de huracanes son más complicadas y el mar entra en sus casas”, señala Ávila sobre los impactos reales que suceden desde hace años en países de América Latina.

Entre las voces en los territorios que llegaron hasta la Corte IDH está Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo de mujeres indígenas que se ha organizado en defensa de su territorio y autodeterminación ante los megaproyectos de mineras de carbón, el desplazamiento forzado y los conflictos armados en La Guajira, al norte de Colombia.

Angélica Ortiz, integrante de esta agrupación sostiene que a su pueblo actualmente se le está borrando del mapa.

“Han desaparecido más de 27 comunidades étnicas y campesinas, más de 19 cuerpos de agua, pero también se han desviado y se han secado otros afluentes como son El Cequión, Arroyo la Chercha, fuentes de agua importante para los pueblos étnicos en La Guajira”, advierte.

Ortiz señala que las mujeres del pueblo Wayúu llegan a este proceso con afectaciones en la salud y hasta en la educación.

“Estamos defendiendo una pervivencia cultural, el derecho a permanecer en nuestro territorios, pero también con garantías para la vida”, sostiene.

A esta instancia también llegaron representantes del pueblo Kankuamo, al norte de Colombia, quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa.

Jaime Luis Arias, integrante del Cabildo del pueblo Kankuamo, advierte la destrucción de su hogar ancestral conocido como la Línea Negra, ante conflictos armados y socioambientales.

“Esto rompe el equilibrio natural y cultural afectando ríos, desapareciendo los nevados, desapareciendo manglares, desapareciendo los bosques secos tropicales y los corales marinos”, señala.

Para Arias, este proceso legal debe implicar medidas que vean al territorio como “un cuerpo vivo, como una madre” y que contribuyan a preservar los conocimientos de los pueblos que ahí habitan.

En la opinión consultiva no solo están las voces de pueblos indígenas, también de sectores históricamente invisibilizados. Yoko Ruiz, integrante de la Liga de Salud Trans, advierte que los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o la sequía, impactan de forma diferenciada a este sector de la población en Colombia, principalmente en zonas rurales.

“Cuando pasan catástrofes climáticas, la carestía de los alimentos es exagerada, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la exposición a los elementos hace que nos enfermemos muchísimo más y que estemos más vulnerables”, señala.

Ruiz advierte que los efectos de la emergencia climática se ven reflejados en la violencia contra la comunidad trans y no binaria, principalmente en el derecho a la salud.

“Solemos ser maltratadas por los equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de salud y la atención de las personas trans es precaria todo el tiempo”, afirma.

En el caso de Chile, plataformas de litigio climático también han acompañado a comunidades impactadas por la degradación ambiental. Un ejemplo es el del Movimiento de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), un agrupación en defensa del territorio y la salud de las personas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, que actuó ante la contaminación industrial en esta zona costera ubicada en la provincia de Valparaíso.

“Nosotros somos una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de mi país. Eso quiere decir que tenemos contaminados los suelos, el agua salada y dulce, el aire y el fondo marino”, sostiene Katta Alonso, fundadora de Muzosare, que también se integró al acompañamiento por una opinión consultiva de la Corte IDH.

Para Alonso, este proceso es importante para lograr que el Estado chileno se haga cargo de terminar con las llamadas zonas de sacrificio, en donde los territorios son utilizados por industrias para el beneficio económico, pese a los impactos ambientales que puedan generar.

“Para saber qué respiramos, para que nuestros niños puedan nacer sanos tienen que fiscalizar a cada una de las empresas, saber qué emiten, hacer la sinergia y de ahí tomar las medidas pertinentes”, señala Alonso.

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El papel de las empresas

Las voces de estas comunidades también quedaron registradas en la Declaración de Manaos, un documento entregado a la Corte IDH en agosto de 2024 como parte de las audiencia para la opinión consultiva que no solo pide aclarar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, sino también en reforzar la vigilancia y regulación en empresas y actores financieros mayormente responsables de los efectos de la crisis climática.

Ávila explica que la opinión consultiva de la Corte IDH establecerá criterios jurídicos obligatorios para que los gobiernos regulen las acciones tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

“El efecto más importante que van a tener estas decisiones tienen que ver con la forma en la que el Estado debe empezar a regular a los agentes públicos y privados para que no generen impactos en derechos humanos”, sostiene.

Sin embargo, también advierte que la Corte puede aclarar y fortalecer los deberes de empresas e industria ya establecidas en el derecho internacional.

“Las empresas de combustibles fósiles, las altas contaminantes, las empresas mismas que desarrollan extracción de minerales de transición tienen que adecuar sus comportamientos, normativas y regulaciones a los parámetros que establecen las leyes que también involucran al derecho internacional”, explica.

Ávila sostiene que la opinión consultiva de la Corte IDH va a propiciar nuevos escenarios de litigio en el mundo sobre emergencia climática y advierte que esto implica fortalecer las obligaciones de los países sustentadas en tratados internacionales.

“Nosotros trabajamos en litigio climático con comunidades ante organismos multilaterales y en todos estos escenarios vamos a utilizar la opinión consultiva para fortalecer nuestra capacidad de abogar por el clima estable, la protección de los derechos humanos y por un futuro sostenible”, aclara la abogada.

En esto coincide el representante del pueblo Wayúu Misael Socarras, quien sostiene que su movilización seguirá y se articulará con los grupos más perjudicados en la emergencia climática.

“Nuestra lucha es ambiental para que podamos dejarle a la nueva generación algo mejor de lo que hoy estamos viviendo”, afirma.

Imagen principal: ante el planteo de pueblos indígenas y colectivos de la sociedad civil, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA

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En la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, a Arnold Alexander Rincón López se le reconoce como una autoridad ambiental y comunitaria para la defensa del territorio. Desde que hombres armados lo secuestraron el pasado 26 de abril, sus compañeros ven no solo una afectación directa a familiares y amigos, sino también a las comunidades de este departamento de la costa del Pacífico y el Darién colombiano.

Desde 2020, Rincón se ha desempeñado como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Es uno de los 33 organismos que hay en Colombia dedicados a la planificación, administración y control de los recursos naturales, así como de la conservación de la biodiversidad de cada región.

En 2024, el departamento del Chocó registró siete asesinatos de personas defensoras, un aumento de 600 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores.

El estudio advierte que al menos en Quibdó, la capital de Chocó, se vivió una disputa entre bandas criminales que en algún momento participaron en los espacios de negociación de la Política de Paz Total en Colombia.

Ese año, la Defensoría del Pueblo dijo haber respondido solicitudes de intervención ante las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Somos Defensores registró entre 2021 y 2024 un total de 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 25 fueron asesinatos, por lo que la región es considerada un foco de crisis humanitaria.

Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que en el Chocó hay un escenario de alto riesgo, principalmente para quienes hacen defensa del territorio, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, quienes fueron los principales objetivos de estos ataques.

“(La violencia) tiene que ver con asuntos ligados a las comunidades, principalmente étnicas, que luchan por la permanencia del territorio contra esa lógica que imponen principalmente los actores armados, pero también empresas legales en los territorios donde hacen extractivismo”, explica a Mongabay Latam.

Para Torres, la situación de riesgo que viven personas defensoras, e incluso las propias autoridades ambientales, tiene una relación con conflictividades socioambientales y una “depredación del territorio”, sin que exista una respuesta de la fuerza pública o las entidades locales.

Pese a este contexto, tanto Escobar como Klinger sostienen que no hay antecedentes que pudieran advertir el secuestro de Rincón o relacionar la agresión con su labor como autoridad ambiental.

“Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el investigador Klinger.

De acuerdo con autoridades de Codechocó, los captores de Rincón no se han comunicado con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún pago por la liberación del líder comunitario.

Escobar se une a los llamados que han hecho familiares y autoridades hacia los captores de Rincón para que lo liberen.

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“Exigimos el retorno pronto de nuestro amigo y compañero no solamente al seno de su hogar, sino a liderar estos espacios. Hoy no trabajamos por nosotros, trabajamos por 520 mil personas que merecen desarrollarse y crecer en nuestro territorio”, sostiene.

En la búsqueda de Rincón

El 22 de mayo, con la ausencia de su principal dirigente, la corporación cumplió 57 años de vida como la máxima autoridad ambiental en esta región de Colombia, que trabaja junto con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas por la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.

En este reciente aniversario, funcionarios de la corporación aseguraron que no permitirán que “la misión ambiental sea silenciada por la violencia que enfrentan los territorios” y señalaron la necesidad de mecanismos a nivel nacional para proteger a quienes defienden el ambiente y la vida.

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Para Harry Alexander Escobar Mosquera, quien ha sido subdirector de Control Ambiental en Codechocó, el trabajo que ha realizado el dirigente secuestrado es clave en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la región. “Consideramos que parte del desarrollo de Chocó debe partir de lo ambiental, por eso nuestro compañero y líder [Rincón] es muy importante, porque compartimos una visión de desarrollo conjunta, en el marco del principio de desarrollo sostenible”, dice sobre la gestión del territorio que ha realizado el funcionario durante sus cinco años de mandato.

Escobar sostiene que como autoridades ambientales en la región, los funcionarios de Codechocó son pilares para encontrar el equilibrio entre el desarrollo de las comunidades en el territorio y la conservación de la biodiversidad. “Siempre se cree que el desarrollo sostenible es ver y no tocar. No, ese es el valor agregado del territorio, producir pero garantizando los recursos naturales y mejorar la calidad de vida”, señala el trabajador de Codechocó.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia contempla también la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), áreas naturales destinadas al uso sostenible, la preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

Esto permite que sus habitantes —principalmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— puedan extraer madera, agua, realizar actividades turísticas e incluso pequeña minería en ciertos territorios para subsistir.

Entre las medidas impulsadas por Rincón, Escobar destaca las licencias ambientales como una forma de dar sustento a las comunidades marginadas de Chocó, sin descuidar los recursos naturales de la región.

“[Rincón] fue elegido en 2019 como director. Ese año, la corporación tenía solamente tres licencias para comunidades negras e indígenas. Hoy hemos podido otorgar alrededor de 53 licencias ambientales temporales para la actividad minera bajo los principios de desarrollo sostenible”, cuenta su colega a Mongabay Latam.

Para Escobar, la apuesta por canalizar las potencialidades del territorio y trabajar con los consejos comunitarios le ha dado reconocimiento al trabajo de Codechocó y de Rincón. “Trabajamos el aprovechamiento de recursos, pero en otras zonas también trabajamos la conservación. Por eso la corporación tiene una alta aceptación y muy buena imagen en los territorios predominantemente negros”, sostiene.

A más de un mes de la desaparición de Rincón, el trabajador de Codechocó señala que no cuentan con información sobre el caso, lo que sigue generando dolor y consternación en la región. “Más que verlo como el líder que hoy no está, es el amigo, la persona con la que venimos dialogando hace más de 20 años, con el que venimos trasegando, caminando juntos como equipo de trabajo”, sostiene.

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Chocó, la esquina de las Américas

El Chocó es considerado uno de los territorios megadiversos del mundo, con más de 2000 especies endémicas de flora y fauna, así como grandes extensiones de bosques tropicales que son clave para la regulación climática.

Pero más allá de su ubicación estratégica, la población de Chocó ha sido crucial para proteger la cultura y la biodiversidad que ahí habita, destaca William Klinger Brahan, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

“La gente de ese territorio, que es la que ha cuidado la naturaleza y la cultura, es la más vulnerable al cambio climático, en indicadores sociales y económicos”, señala el también ingeniero forestal, quien destaca el reto de garantizar mejores condiciones de vida para la población del Chocó.

Al mismo tiempo, la región es una de las más desiguales de Colombia, donde los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están por encima del promedio del país, pues casi 8 de cada 10 habitantes viven en hogares con algún tipo de carencia en servicios básicos, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ante este panorama, Escobar destaca la importancia de las licencias mineras en Chocó, pues considera que son instrumentos que permiten empoderar a las comunidades afrodescendientes, que están asentadas en zonas de yacimientos de minerales y con un arraigo por esta actividad.

“Por las condiciones del territorio hay importantes yacimientos de oro, plata, platino y cobre. La actividad minera viene arraigada en nuestras comunidades negras, en lo que somos como territorio”, sostiene el trabajador de Codechocó.

De acuerdo con el trabajador de la corporación, existen acuerdos con las comunidades que realizan la pequeña minería, para que puedan obtener un beneficio económico, pero respetando límites de impacto ambiental. Uno de estos acuerdos es la prohibición de utilizar mercurio en el proceso de extracción.

“Nosotros nos comprometemos a apoyar los procesos de formalización y ellos se comprometen a implementar las medidas ambientales en las zonas donde tienen jurisdicción. Son acuerdos de territorio”, explica Escobar.

El éxito de Rincón

Para el director del IIAP, el trabajo de Rincón como director de Codechocó destaca por encima del de otras corporaciones autónomas por la vinculación que hay con las comunidades de la región.

“Los principales logros de Arnold los encuentro en estrategias de conservación. Ha creado herramientas de manejo sostenible del territorio y ha promovido la bioeconomía como una alternativa para salir de la pobreza al mismo tiempo que la restauración”, dice Klinger a Mongabay Latam.

De acuerdo con Codechocó, se han declarado cinco Distritos Regionales de Manejo Integrado —en coordinación con otras corporaciones y organizaciones civiles— en los municipios de Acandí, Unguía, Nuquí, Bajo Baudó y El Carmen de Atrato.

Aunque en estas zonas buscan un aprovechamiento económico, Escobar sostiene que también tienen como objetivo conservar las condiciones naturales de los ecosistemas costeros del Chocó, como la protección de las zonas de anidación de tortugas, especialmente la caná; la protección de especies, como el manatí en Lago Azul; y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como el turismo responsable.

Klinger destaca el papel de Rincón como director de Codechocó para conservar, restaurar y usar sosteniblemente los recursos del territorio, al mismo tiempo que fortalece un vínculo con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo, sostiene que la minería ilegal en el Chocó ha provocado los conflictos socioambientales más fuertes de la región.

“La minería ilegal va rompiendo al tanteo la tierra, si no encuentra aquí busca por otro lado. Ha roto todos esos corredores de conectividad biológica, ha sedimentado los ríos, desviado los cauces, ha contaminado con mercurio”, lamenta el investigador.

Imagen principal: integrantes de la Corporación Autónoma han salido a protestar por el secuestro de su dirigente y exigiendo su liberación inmediata. Foto: cortesía Codechocó

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En Ambiente y Sociedad sabemos que no habrá justicia ambiental sin justicia de género. Nuestras contribuciones a la transformación social y gobernanza ambiental parten de acciones internas y externas que responden a dinámicas de inequidad, discriminación y/o exclusión que enfrentan las mujeres. Las mujeres participan y han participado en la construcción de agendas ambientales a nivel regional, nacional y territorial, aportando desde sus diversas experiencias, sentires, conocimientos y habilidades que enriquecen los procesos. El reconocimiento de su labor como guardianas, cuidadores, protectoras y defensoras de sus entornos es una urgencia y una necesidad.

Este reconocimiento y compromiso parte desde nuestro funcionamiento. Nuestra estructura se compone por un equipo de mujeres que lideran los diferentes programas y una junta directiva paritaria. Nuestros salarios, horarios y dinámicas de comunicación interna promueven la construcción de un espacio de trabajo solidario, seguro, justo y libre de violencias.

En nuestra labor, el enfoque de género situado es un eje transversal para todo el análisis, investigación e incidencia que realizamos. Comprendemos el trabajo articulado con procesos organizativos de base y liderazgos de mujeres en su diversidad como un elemento esencial, entendiendo que el fortalecimiento, la escucha y la comprensión de sus experiencias es lo que traza el camino a la acción y la transformación efectiva.

Trabajamos con mujeres campesinas, jóvenes, indígenas, NARP y mujeres con orientación sexual e identidad de género diversa, que defienden sus territorios. Junto a ellas, buscamos la protección del ambiente con un enfoque de derechos humanos. La defensa del ambiente está intrínsecamente ligada a la defensa de los derechos humanos, por lo que abordar la complejidad de los desafíos ambientales requiere de la participación activa de las mujeres en todos los procesos de diagnóstico, análisis, decisión, implementación y seguimiento, para conocer su experiencia vital y dar respuestas reparadoras. 

La participación y el reconocimiento de las labores de las  mujeres en defensa del ambiente es crucial. Las afectaciones diferenciadas que generan los conflictos socioambientales y la crisis climática en sus vidas, requieren de acciones particulares, que surjan de la escucha atenta y sensible a sus experiencias, peticiones y recomendaciones. 

Reconocemos y celebramos los espacios ganados por las mujeres en toda su diversidad y el poder de sus acciones que se hace cada vez más visible en escenarios de participación y toma de decisión liderando iniciativas desde la cotidianidad y el activismo hacia la defensa del territorio, el cuerpo, el ambiente y los derechos humanos.

El trabajo conjunto es fundamental para lograr objetivos colectivos. La participación activa de las mujeres, junto con la de otros actores sociales, construye un futuro donde la protección del ambiente, la justicia social y de género son una realidad. 

Nuestra organización trabaja para generar  cambios positivos en la regulación y las políticas ambientales, el fortalecimiento de procesos sociales y comunitarios, así como también aspira a ser un catalizador de transformaciones sociales profundas. Por ello, promovemos la aplicación plena de los derechos de participación, acceso a la información y la transparencia en todas las instancias, tanto públicas como privadas. Creemos firmemente que la labor de las mujeres para gozar de los derechos humanos y ambientales ha sido determinante, y que su fortalecimiento y reconocimiento debe ser parte de nuestra agenda común.

Resaltamos nuestro compromiso con la agenda de género y el reconocimiento del rol central de las mujeres, esencial en nuestra labor como organización comprometida con los derechos humanos. Las mujeres son las protagonistas indiscutibles, liderando la marcha hacia un futuro inmediato en donde la protección del ambiente y los derechos humanos se entrelazan inseparablemente.

Aunque el mobbing o acoso laboral es un fenómeno que soportan los trabajadores, obreros, campesinos y sobre todo las mujeres en sus entornos laborales desde hace siglos, hace tan sólo unos años que existe en Colombia una ley que castiga ese tipo de conductas. La ley 1010 de 2006 establece que el acoso laboral es vertical y horizontal, pues puede provenir tanto de los jefes como de los compañeros de trabajo, independientemente de su cargo, de su nivel de estudios, de su raza, ideología, opción sexual, condición social y modalidad de contratación. Sin embargo, el acoso siempre está ligado a las condiciones asimétricas de poder que existen en las organizaciones. Al respecto dice la ley:

ARTÍCULO 2. Definición y modalidades de acoso laboral. Para efectos de la presente ley se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo.

Y establece seis modalidades de acoso laboral así:

1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

(Ver Sentencia de Octubre 16 de 2014, Rad. 2014-01359 del Consejo de Estado.)

3. Discriminación laboral: (Modificado por el art. 74, Ley 1622 de 2013), todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

(Ver Sentencias T-882 de 2006)

Adicional a esto, la ley establece: una serie de circunstancias agravantes; las conductas que constituyen acoso laboral y las que no; las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral; así como también dispone la manera de darle el tratamiento sancionatorio al acoso laboral; las garantías ofrecidas contra las actitudes retaliatorias; la competencia en relación con el abordaje de las denuncias y de las investigaciones; y el procedimiento sancionatorio entre otras cuestiones. 

Pero a pesar de existir esta ley, que en realidad representa un avance en la lucha por los derechos y libertades fundamentales, conquistadas con sangre, sudor y lágrimas por parte de obreras, trabajadores, campesinos y esclavos de todos los tiempos y nacionalidades, uno de los obstáculos más difíciles de superar está cimentado en las mismas empresas, fábricas, industrias, instituciones públicas y privadas: la falta de fe en la justicia, pues la creencia generalizada es que, pese a las denuncias, “las cosas son así y no se pueden cambiar”.

De manera que, con mucha frecuencia, los denunciantes se quedan solos pues enfrentan la actitud indigna de sus jefes y de sus compañeros de trabajo, que les restan importancia a las denuncias y tratan de disuadir a las víctimas con expresiones como: “dele gracias a Dios que hay trabajo”; “eso es normal aquí”; “a todos nos pasa lo mismo”; “a mi siempre me pasa y yo nunca me he quejado”, o con actitudes hostiles como la estigmatización y la marginación, pues al denunciante se le trata como a una especie de enfermo contagiado por el virus de la verdad, a la que muchos le temen, por algo será.

Esto se suma a la desidia de algunos empleadores e incluso de las juntas directivas de algunos sindicatos que desestiman las denuncias, toman partido a favor del victimario por sus vínculos de amistad, o para evitar un escándalo que afecte su imagen. Cuando no es que los empleadores pretenden minar la estabilidad emocional de los denunciantes, al dilatar la toma de desiciones en relación con las medidas de protección que deben tomar para cuidar a los denunciantes. En cambio, hacen todo lo posible por desconocer la situación y la pruebas de las denuncias, llegan incluso a perfilar a las víctimas como personas conflictivas que tienen problemas de actitud, o que padecen enfermedades mentales que les impiden llevar a cabo sus labores con normalidad, integrados a la sociedad, y todo lo hacen para lavarse las manos y no asumir que hay un problema profundo de dirección y de administración. Todo esto agrava la situación para quien se atreve a denunciar, pues las denuncias son asumidas por algunos jefes y empleados con recelo, como si se tratara de un desafío al “establecimiento”. Y es que hay personas que consideran que una queja disciplinaria por acoso laboral pone en riesgo la estabilidad de la organización, incluso su propia comodidad y sus intereses, y por lo tanto asumen que el problema es de la víctima y no del victimario.

Falta mucho por hacer en Colombia al respecto, y aunque se supone que por ley, las acciones de prevención y conciliación dentro de una organización les corresponde a los comités de convivencia, muchas veces estos “comités” son cooptados y mediatizados por los empleadores para asegurarse de “castigar” y de “premiar” a las víctimas y a los victimarios a su conveniencia, según sea su interpretación acomodada de la ley, en lugar de tomar medidas, hacer justicia y evitar que el acoso laboral se constituya en una práctica frecuente y en una enfermedad crónica de la organización.

(Gracias a las fuentes de información y testimonios documentados que me brindaron las personas que me contactaron y de las cuales conservaré su anonimato para proteger su integridad. La próxima semana publicaré el segundo escrito como resultado de mi investigación). 

Los derechos humanos son un conjunto de libertades y garantías que tienen todas las personas sin importar su nacionalidad, raza, género, religión u orientación sexual. Estos derechos incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y muchos otros más.

Sin embargo, a pesar de que los derechos humanos están protegidos por leyes y tratados internacionales, aún existen muchas personas que los desconocen o no les otorgan la importancia que merecen.

Por ello, es necesario socializar estos derechos de manera efectiva para que todas las personas los comprendan y los apliquen en su día a día. La educación en derechos humanos desde temprana edad es una herramienta fundamental para lograr este objetivo.

Esto significa que debemos estar atentos a posibles violaciones y denunciarlas ante las autoridades competentes. Además, es importante que las personas se organizan y se unan para exigir el respeto de sus derechos y para luchar contra la discriminación y la injusticia.

Los derechos humanos son una herramienta valiosa para proteger a las personas de la opresión y la violencia, y para garantizar que todos tengan las mismas oportunidades y libertades. Sin embargo, muchas veces son violados por gobiernos y poderosos que buscan imponer su autoridad y controlar a la población.

Sin embargo, en muchos países, incluidos aquellos afectados por conflictos armados, estos derechos están siendo gravemente vulnerados por grupos guerrilleros, alzados en armas, paramilitares y narcotraficantes.

Muchas personas son víctimas de ejecuciones extrajudiciales, secuestros y torturas por parte de estos grupos armados. Además, la violencia y el terror que estos grupos ejercen sobre la población civil pueden causar la fuga y desplazamiento forzado de personas, que son privadas de sus hogares y comunidades y que pueden sufrir la pérdida de sus bienes y medios de subsistencia.

El derecho a un juicio justo también está en peligro en estos contextos, donde las personas pueden ser detenidas arbitrariamente y retenidas sin proceso, y donde los sistemas de justicia son débiles o ineficaces. Los grupos armados también pueden impedir el acceso de las personas a servicios básicos como la educación y la atención médica, lo que pone en peligro su derecho a la salud y a la educación.

Los derechos de las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables en estos contextos, ya que son víctimas de violencia sexual y otros abusos, incluido el secuestro y la explotación sexual. Las mujeres y las niñas también pueden ser discriminadas en el acceso a la educación y otros servicios básicos, lo que agrava su vulnerabilidad y su exclusión.

Es importante destacar que estas violaciones a los derechos humanos no son solo un problema para las personas afectadas directamente, sino que también tienen un impacto negativo en la estabilidad y la seguridad de las comunidades y del país entero

Proteger los derechos humanos y garantizar que se respete la ley y la justicia es responsabilidad de todos los estamentos de gobierno. Esto incluye el fortalecimiento de los sistemas de justicia, la promoción de la igualdad, la no discriminación, la protección y el apoyo a las víctimas, así como a los grupos más vulnerables.