De nuevo: los argumentos y la evidencia están ahí. Si quieren disputar seriamente el fallo, primero conózcanlo bien. Es alrededor de los argumentos y de las pruebas presentados por la jueza que cualquier discusión acerca la condena de Uribe debe circunscribirse. El resto es bulla, propaganda, fanatismo o más mierda politiquera.

La calidad de un sistema en el que el poder político está uniformemente distribuido depende en parte de la calidad de los estados mentales de aquellxs entre quienes este poder se distribuye. Concluyo que si el revanchismo, la soberbia y el encono, que son pasiones que por su propia naturaleza tienden a ocultarnos el verdadero bien público, prevalecen sobre la ecuanimidad y la prudencia, la nuestra seguirá siendo una democracia disfuncional, inarmónica, errática, confundida.

IG: @pater_doloroso

Semejante divorcio entre aspiraciones y necesidades ciudadanas, que condicionan y determinan su voluntad política en las urnas, frente a la gestión plutocrática de sus representantes y gobernantes en la administración pública, ha terminado por generar un peculiar “modo democrático” de vivir que tiene a los Estados liberales al borde del colapso y su eclipse total. Una de las expresiones más significativas de ese “modo democrático” de vivir ha sido la aparición de dos temperamentos y ánimos entre sus ciudadanos, que han terminado siendo animosidades irreconciliables.

De una parte, está la complacencia y satisfacción creciente de aquellos ciudadanos que han prosperado y afianzado sus intereses gracias a la proximidad con el “modo democrático” de gobernar, una especie de centro estatal generador de bienestar y privilegios. De la otra, encontramos mayorías desengañadas y desesperadas que cada día están más alejadas y son expulsadas o desconocidas por ese “modo democrático” de gobernar al punto de quedar en la periferia, despojadas de su ciudadanía, “ese derecho a tener derechos”, según la precisa definición de Hannah Arendt.

Ciudadanos Vs Plebeyos

Así, cada día, en forma casi imperceptible, las sociedades se van escindiendo en temperamentos democráticos irreconciliables, entre aquellos que bien se sirven del “modo democrático” de vivir y los otros que solo lo padecen. Entonces cada vez hay menos ciudadanos que viven la democracia en forma plena y pueden ejercer sus derechos civiles, políticos y sociales, y muchos más plebeyos que carecen de los mismos. Los primeros viven en la autocomplacencia y para ellos la democracia se agota en el horizonte de sus negocios, las demandas de mayor seguridad para gozar de plena libertad y su hostilidad contra todos aquellos que amenace tan peculiar y privado “modo democrático” de vivir.

Mientras los segundos, la mayoría, viven como plebeyos, casi siervos, aparecen como una amenaza inminente para el “modo democrático”, pues nunca han gozado plenamente de los derechos ciudadanos o están siendo despojados progresivamente de su dimensión social: empleo estable, salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente sano. Por eso fácilmente son deslumbrados y engañados por demagogos que les prometen su redención y votan ingenuamente por ellos. Otros millones deambulan como parias desde el sur hacia el norte, del este al oeste y huyen a los cuatro jinetes del apocalipsis, atraviesan desiertos, mares y selvas, donde miles pierden sus vidas y sueños en medio de salvajes travesías. Y así esa diáspora de inmigrantes cae en manos de traficantes que, como los jinetes de los cuatro caballos, convierten sus vidas en pesadillas mortales y sus sueños de gloria en derrotas infernales.

Para colmo, cuando creen haber llegado a tierra firme, sus vidas naufragan en el terreno cenagoso de burocracias estatales que les niegan sus derechos fundamentales. Son sometidos a una implacable persecución y estigmatización por líderes políticos ultranacionalistas y xenófobos que canalizan en las urnas la aporofobia visceral de sus electores. Así lo hizo Trump con una mayoría de latinos que lo eligió para impedir la llegada de miles de sus compatriotas que, por pobres, seguro consideraron una amenaza indeseable a su “modo democrático” de vivir y prosperar.

IGUAL EN EUROPA

Pero también acontece en Europa, con el auge de los partidos de ultraderecha, celosos protectores y promotores del “modo democrático” de vivir de sus complacidos y orgullosos ciudadanos. Por eso la pregunta de cómo pasar de ese “modo democrático” –profundamente desigual, injusto y violento– al “reinicio democrático”, está siendo respondida en forma letal por el auge inusitado de las facciones de ultraderecha, que no pueden ser consideradas partidos democráticos, pues niegan el derecho de todos a la igualdad de oportunidades para llevar una vida decente y digna.

Quizá la única manera de hacerlo sea “reiniciando la ciudadanía” como ese “derecho a tener derechos”. Pero para ello se precisan nuevos liderazgos políticos y menos mercaderes políticos que proliferan con su demagogia –más allá de sus falaces y roídas banderas partidistas de centro, derecha o izquierda– que enarbolan por todas las latitudes, desde el norte expoliador hasta el sur expoliado. Banderas como America First y Make America Great Again, enseñas de un dúo autoritario y soberbio, Donal Trump y Elon Musk.

El primero, anunció en campaña que será un dictador durante su primer día como presidente, el 20 de enero de 2025, cuando ordenará el “cierre de la frontera y pueda perforar, perforar y perforar”, refiriéndose a la exploración de nuevos pozos petroleros. Y el segundo, con su ambición sideral de acumular, acumular y acumular, pues ya la Tierra se le quedó pequeña, estará a cargo de un nuevo “Departamento para la eficiencia Gubernamental”, lo que augura una fuente más de ingresos desconocidos para el complejo tecnológico digital, la inteligencia artificial y sus alcances impredecibles de control y manipulación de ciudadanos cautivos en sus redes, más las catástrofes que puedan desatar políticas públicas y decisiones políticas generadas por una burocracia virtual. 

EL PELIGRO DE X

No por casualidad su red social es una enorme X, que amenaza con tachar y eliminar todo aquello que se oponga a sus designios. Por eso, como ciudadanos, no tenemos otra alternativa que vencer el miedo y tener el coraje de “reiniciar la democracia” para salir del actual “modo democrático”, tan parecido a esa mezcla tanática y distópica vislumbrada por Aldous Huxley y George Orwell en sus respectivas obras, “Un mundo feliz”[i] y “1984”[ii]. Todo parece indicar que nos ha llegado la hora de releer “Rebelión en la Granja”[iii] sin dejarnos someter como sus animales al mando de Napoleón o cualquier otro líder autocrático, semejantes a los que ya abundan en casi todas las latitudes, empezando por Trump y los de su brutal carisma. Un carisma que oculta la combinación más letal de estos tiempos, la simbiosis de la codicia con las redes sociales, las tecnologías de punta y la Inteligencia Artificial, que convierte a millones de seres humanos en siervos de sus designios, pues estos renuncian a pensar por sí mismos y confían sus destinos en estos nuevos ídolos, Trump y Musk, que impúdicamente exhiben el éxito de su ambición y narcisismo, metas ansiadas e inalcanzables por todos sus electores y admiradores.

[i] https://es.wikipedia.org/wiki/Un_mundo_feliz

[ii] https://es.wikipedia.org/wiki/1984_(novela)

[iii] https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_en_la_granja

Seguramente por ello, desde el colombiano más humilde hasta el más encumbrado; desde el casi analfabeta hasta el más erudito académico, considera que todavía vive en una de las democracias más longevas y estables del continente americano. Exceptuando, obviamente, la estadounidense, que hoy se encuentra en su fase agónica bajo el liderazgo de un autócrata como Donald Trump. Un autócrata que exhibe con orgullo su perfil de gánster político[ii] impune en lugar de estadista, puesto que incitó la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para desconocer e impugnar el legítimo triunfo electoral del presidente Joe Biden, sin consecuencia judicial y menos política alguna.

Más bien todo lo contario, acaba de ser electo presidente por más de 71 millones de estadounidenses, cubriéndose así de inmunidad e impunidad. Algo muy parecido nos sucedió con la reelección del presidente Uribe entre el 2006-2010. Una reelección posible después de la aprobación de un artículito de la Constitución mediante la comisión del delito de cohecho, que le costó la condena a cárcel a sus ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y de Salud, Diego Palacio Betancourt[iii], en el escándalo conocido como la “Yidispolítica”.

En la reelección de ambos presidentes, Trump y Uribe, la legitimidad democrática, que presupone la legalidad y el respeto a la Constitución, fue sustituida por su legitimidad carismática, pues a sus millones de electores nada les importó que ellos desconocieran en forma olímpica las reglas del juego democrático e incluso promovieran delitos.

Así, en forma imperceptible, muere la democracia en nombre de las elecciones, siendo esta la mayor paradoja de los tiempos aciagos que corren. Lo han demostrado en otras latitudes mandatarios tan distintos como Putin, Bukele, Ortega y Maduro, desde orillas ideológicas y políticas opuestas, pero con una personalidad carismática y autoritaria que los reviste y autoproclama como salvadores de sus pueblos, pero también victoriosos e impunes sepultureros de la democracia y el Estado de derecho, elegidos y admirados por millones de sus seguidores.

La Tramoya De Elecciones Contra La Democracia.

Lo paradójico es que todo ello se realiza bajo la tramoya de las elecciones, que por sí solas parecen conferir legitimidad a semejantes gobernantes electos y estabilidad a la democracia. Tramoya en las dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La primera, como “conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos” y, la segunda, “de enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”. Ambos atributos son propios de las mencionadas elecciones, sin que por ello se pueda afirmar que sean suficientes para la existencia de la democracia. Más bien suele suceder todo lo contrario.

En nuestro caso, los dos sentidos se cumplen simultáneamente, gracias al ingenio y la astucia de la llamada “clase política”, más allá incluso de las ideologías de derecha, centro o izquierda que exhiban sus líderes y partidos políticos. Basta recordar la “democrática” fórmula del Frente Nacional, que permitió “realizar cambios de decorado y efectos escénicos” durante 16 años, conservando casi intacto el Statu Quo para garantizar que el “país político” continuará viviendo a expensas del “país nacional”.

Se institucionalizó, entonces, aquello contra lo que Gaitán siempre luchó y le costó su vida: “el triunfo de las oligarquías liberales y conservadores” de una manera tan estable, civilista y antidemocrática que perdura y resiste hasta el presente, bloqueando o recortando tímidas reformas sociales como la agraria, laboral, pensional y de salud de este gobierno, que la oposición tilda de mamertas y comunistas porque supuestamente amenazan de muerte la democracia.

Del Golpe de Opinión al robo de las elecciones y el holocausto de la Justicia.

Así lo hizo el entonces presidente Carlos Llera Restrepo[iv] cuando escamoteó y burló el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en 1970, obtenido legítimamente en las urnas. Lo más irónico y paradójico es que a ese mismo general lo catapultaron y sentaron líderes civiles de ambos partidos en el solio presidencial en 1953, mediante un “golpe de opinión” promovido por el patricio liberal Darío Echandía y el conservador Mariano Ospina Pérez.

Tales acontecimientos, ambos profundamente antidemocráticos, se consumaron en nombre de la democracia y son por ello el mejor ejemplo de un “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, como terminó siendo el juicio en el Congreso contra el general Rojas Pinilla promovido por los mismos que lo llevaron a la Presidencia. Enredo que solo en ocasiones extremas queda al desnudo y nos revela así el disimulo y la maña de esa falsa civilidad que exhiben impúdicamente supuestos líderes democráticos y jefes de Estado.

Una civilidad acostumbrada a gobernar en complicidad con el poder militar y su impunidad histórica casi absoluta, sin asumir responsabilidad alguna por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y las libertades públicas, sin las cuales no existe democracia.

Así sucedió hace 39 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el poder civil, representado por el presidente Belisario Betancur, actuó en complicidad con el poder militar y en nombre de la democracia decapitó la cúpula de la rama judicial y fueron sacrificados 11 magistrados, al no atender el llamado de “cese el fuego” que imploraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Como lúcida y valientemente lo expresó el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Cámara de Representantes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Ese es el típico tratamiento de las dictaduras, apenas comparable con el bombardeo de Pinochet a la Casa de la Moneda en Chile en 1971 contra el presidente Salvador Allende. Ambos operativos, respaldados por numerosos líderes civiles y ejecutados por militares, destruyeron en lugar de retomar los dos edificios republicanos, arrasando de paso con la democracia.

Un tratamiento que recientemente se repitió violentamente contra la población juvenil en el paro nacional del 2021, bajo la presidencia de Iván Duque, cuyo lema de “Paz con legalidad” terminó siendo paz con letalidad, pues dejó entre 46 víctimas mortales según la ONU[v] y 80 para diversas organizaciones de derechos humanos, como “Rutas del Conflicto”[vi].

La Tramoya de incivilidad y criminalidad del ELN.

Para completar semejante tramoya de incivilidad y criminalidad, hoy supuestos rebeldes del ELN exigen cínicamente al gobierno su reconocimiento como organización política insurgente, pero realizan un paro armado en el Chocó que alcanza un nivel de degradación insuperable y ahoga a miles de familias campesinas en el confinamiento de la desesperación, el hambre y la muerte, mucho más profundo que el agua de los ríos desbordados que las circundan.

Semejante comportamiento no es otra cosa que la criminalidad propia de un grupo armado organizado y como tal no tiene cabida reconocer al ELN como un grupo rebelde con proyecto político.

Sin libertad de locomoción de la población campesina no hay política, sino confinamiento, miedo y desolación, que es lo propio de los criminales y los reaccionarios con sus campos de concentración.

Por todo lo anterior, sin superar la paradoja mortal de la violencia política, el entramado de imposturas de esta tramoya estatal cacocrática y la supuesta civilidad de nuestros gobernantes y opositores armados, continuaremos muriendo en el ensueño de ser la democracia más longeva y estable de Suramérica.

Longeva en perpetuar múltiples violencias, desfalcar los bienes y el presupuesto público en beneficio de cacocratas disfrazados de políticos. Pero también muy estable en cavar trincheras y fosas comunes en defensa de una democracia y un Estado de derecho que ha sido condenado en 50 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[vii] por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos fundamentales de su población, como las más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica[viii] y su exterminio como partido político.

Últimas noticias de la Tramoya nacional criminal.

Para terminar, las noticias de esta semana condensan en forma inverosímil tan desolador escenario. Conocimos la absolución de Santiago Uribe[ix] por falta de pruebas concluyentes en la conformación del grupo paramilitar de los llamados 12 apóstoles, por lo cual su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, dio gracias a Dios, como si se tratará de un milagro celestial, que seguro espera se repita en la investigación penal en su contra por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Continuó con el reconocimiento de los miembros del Secretariado de la extinta Farc-Ep de haber reclutado cerca de 18.677 niños y niñas entre 1996 y 2016, según la imputación realizada por la JEP[x], además de cometer graves delitos contra su integridad personal, abusos y violencia sexual[xi]. Y, por si fuera poco, el presidente Gustavo Petro nombra como gestor de paz a Hernán Giraldo[xii], temible jefe paramilitar del Bloque Tairona, apodado “taladro” por ser sindicado de la violación sexual de más de 200 niñas menores de edad, prontuario de depredador sexual por el cual fue expulsado de la jurisdicción de Justicia y Paz “por seguir en la vía del crimen, ligado principalmente a delitos sexuales contra menores”[xiii].

Ante semejante tramoya criminal nacional, asistimos a la rehabilitación y absolución de numerosos victimarios, bien por cuestionados fallos judiciales o resoluciones gubernamentales, que terminan revictimizando y mancillando la memoria y dignidad de miles de víctimas.

Al anterior tramado y tinglado de impunidad, se suma la forma vergonzosa y oprobiosa en que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo[xiv], agredió a la Madres de Soacha al botar a la basura cientos de botas de plástico que simbolizaban la memoria de sus hijos ejecutados extrajudicialmente, cuyo número asciende a 6.400 “falsos positivos” que investiga la JEP[xv] por los cuales ya han sido imputados numerosos agentes de la Fuerza Pública[xvi].

Crímenes que ahora niega cínicamente el representante Polo, contra toda la evidencia judicial demostrada por la JEP[xvii]. Sin duda, estamos sumergidos en un desastre nacional no solo por causa de las lluvias, sino por la degradación ética y política de quienes persisten en llamar democracia a esta tanática tramoya institucional y defender este supuesto Estado de derecho que condena a millones de sus cándidos pobladores a malvivir y morir sin haberles garantizado el ejercicio de sus derechos ciudadanos básicos: los civiles: a la vida, libertad, propiedad, seguridad y justicia; los políticos: a elegir, expresarse y oponerse sin temor a ser asesinados o desaparecidos y los sociales a vivir en paz en un medio ambiente sano y a salvo de catástrofes evitables, con empleos decentes, pan, techo, educación, salud y dignidad, que es lo mínimo que garantiza, promueve y existe en toda auténtica democracia.

[i] https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/conflicto-dejo-450666-muertos-los-datos-que-revelo-la-comision-de-la-verdad/

[ii] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/regresa-un-ganster-a-la-casablanca-blanca/

[iii] https://www.elcolombiano.com/colombia/corte-suprema-confirma-condenas-a-exfuncionarios-de-uribe-por-caso-yidispolitica-BK25498845

[iv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[v] https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/

[vi] https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro

[vii] https://corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm

[viii] https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/resumen-455-esp.pdf

[ix] https://www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-claves-del-fallo-que-absolvio-a-santiago-uribe-velez/202409/

[x] https://www.elespectador.com/judicial/las-cifras-que-tuvo-en-cuenta-la-jep-para-imputar-a-los-exfarc-por-reclutamiento-forzado-noticias-hoy/

[xi] https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/jep-y-farc-respuesta-del-secretariado-por-imputacion-donde-reconoce-reclutamiento-de-ninos/

[xii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiv] https://www.pulzo.com/nacion/polo-polo-se-gano-denuncia-penal-botar-basura-obras-madres-soacha-PP4085140A#google_vignette

[xv] https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container

[xvi] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-resolucion-conclusiones-imputados-falsos-positivos-catatumbo-sanciones-propias.aspx

[xvii] https://caracol.com.co/2024/11/14/jep-rechaza-ataque-de-polo-polo-a-tributo-falsos-positivos-estan-probados-judicialmente/

La familia entendida como sujeto democrático, sujeto vital y convivencial, enfrenta hoy una profunda agresión en la que convergen tanto algunos neoconservadurismos como ciertos progresismos.

Ambos enfoques, al desconocer la familia como proyecto democrático, apelan al individualismo y al liberalismo, atacando conjuntamente a las familias que consideran su enemigo: unos, porque no se ajustan al modelo sacralizado del pasado; otros, porque no encajan en el proyecto mercantil e individualista del futuro.

En contraste, la familia representa un espacio de cuidado y solidaridad humana que el capitalismo tiene en la mira, bombardeándola de manera constante y, a menudo, imperceptible. Este ataque se manifiesta, por un lado, desde los ultraconservadores, que ven a la familia como un recurso funcionalista, sometiéndola a las religiones del consumo y la prosperidad; y, por otro, desde los progresismos liberalizados, que espiritualizan el consumo sin religión.

En un contexto donde el capitalismo neoliberal y ciertos progresismos, plegados a lógicas individualizantes, han invadido el ámbito familiar con el culto al ego y al “yo quiero, yo necesito, yo merezco, me gusta”, es urgente reimaginar y reafirmar un propósito humano y humanizante de la familia. Esta defensa responde a una agresión que se expresa no solo en la mercantilización de las relaciones familiares, sino también en la promoción de un individualismo que debilita los lazos y destruye las solidaridades.

Actualmente, el modelo capitalista y su cultura no solo atacan a la familia desde su sistema económico y productivo, sino que han logrado infiltrarse en el ámbito emocional e íntimo, promoviendo una visión de relaciones afectivas basadas en el consumo y la satisfacción inmediata. Este capitalismo emocional, que convierte los sentimientos en mercancía y las experiencias en transacciones, intenta reducir la convivencia familiar a una serie de intercambios individuales centrados en preferencias egoístas y pasajeras. La dictadura del “yo quiero”, en la que los deseos personales se imponen sobre las necesidades del colectivo, erosiona las bases de la convivencia y convierte a la familia en una suma de individuos desconectados, unidos únicamente por la búsqueda de satisfacción personal que rinden culto a las pantallas y festejan sus vidas en los centros comerciales, las discotecas, los lugares de divertimento y los estadios.

Defender la familia desde una perspectiva democrática implica comprenderla en tres dimensiones fundamentanles como sujeto democrático, como sujeto vital y como sujeto convivencial. Cada uno de estos fundamentos subraya una dimensión claves de la familia como espacio de cuidado y solidaridad humana, que responde a los desafíos de una sociedad marcada por el consumismo, el individualismo y la mercantilización de las relaciones. Estas tres nociones reflejan cómo la familia puede resistir y redefinir su lugar en el contexto contemporáneo, actuando como una fuerza de cohesión, solidaridad y resistencia ante los embates de un sistema y una cultura que la agreden con banderas azules y rosadas.

Familia como sujeto democrático

En un entorno donde el neoconservadurismo y el neoliberalismo buscan imponer una estructura autoritaria o fragmentaria, la familia democrática es aquella que se democratiza y democratiza a sus integrantes. Es un espacio de participación y justicia donde todos sus miembros, sin importar su edad o género, tienen voz y protagonismo. Esta familia no es solo un espacio privado de aprendizaje democrático, sino también un agente activo de democracia en la sociedad, coaprendiendo con sus miembros el valor de la justicia, la equidad y la responsabilidad compartida. Así, los integrantes crecen colectivamente comprendiendo la importancia de la participación y del respeto a los derechos, fortaleciendo su papel como ciudadanos responsables y activos en sus comunidades y sociedades.

Familia como sujeto vital

El proceso de destrucción de los entornos de habitabilidad del planeta exige un cambio radical en nuestra relación con el entorno donde estamos siendo y con las generaciones futuras. En este contexto, la familia vital asume un rol protector de la vida en todas sus formas, promoviendo una ética de sostenibilidad y no-violencia hacia la naturaleza. No solo se preocupa por la supervivencia de sus miembros, sino que también actúa como un núcleo de protección de la habitabilidad del planeta, inculcando en sus integrantes formas relacionales de cuidado de la vida y del equilibrio ecológico. Este enfoque desafía la lógica de explotación y consumo que caracteriza al capitalismo actual, promoviendo desde las familias una relación armónica y amorosa con el entorno como casa común.

Familia como sujeto convivencial

En un mundo donde el individualismo y la mercantilización emocional han fragmentado los lazos humanos, la familia convivencial es un espacio de construcción de vínculos afectivos profundos y duraderos. Aquí, la solidaridad y el apoyo mutuo son los principios que guían la convivencia, creando un entorno donde cada miembro se siente valorado y protegido. Esta familia rechaza la lógica transaccional de las relaciones y fomenta una cultura de cuidado y reciprocidad, en la que el bienestar colectivo es una prioridad. En la casa de “nosotros”, se vivencia el valor del apoyo mutuo y la importancia de una convivencia basada en el respeto y la empatía, cualidades fundamentales para enfrentar los retos de la sociedad actual.

Familia democracia

La fórmula que recoge al sujeto democrático, vital y convivencial en la familia es “Familia democracia”, que se opone precisamente a los tremendos cataclismos que se ciernen sobre la humanidad: la destrucción de la democracia, la habitabilidad del planeta y la disrupción tecnológica deshumanizadora. “Familia democracia” es una visión crítica y, al mismo tiempo, esperanzadora de la familia como espacio de cuidado y solidaridad, fundamental para la construcción de una sociedad justa, solidaria y sostenible. Frente a los modelos que intentan instrumentalizar a la familia o convertirla en un espacio de transacciones emocionales, este proyecto de defensa propone un avance paradigmático hacia una familia que sea pilar de respeto, justicia y solidaridad.

Así entendida, la familia se convierte en un sujeto activo y emergente de la democracia y en un fundamento indispensable para una sociedad que necesita espacios de equidad, apoyo y colaboración genuinos. La familia democrática, vital y convivencial no es solo el soporte de sus integrantes, sino también un modelo de convivencialidad que puede resistir la mercantilización y el individualismo que pretenden dominar todos los ámbitos de la vida. En ella reside una esperanza de construir un mundo en el que el bienestar colectivo, la democracia, sea el pilar fundamental de la convivencia humana, resguardando las auténticas relaciones de cuidado y solidaridad que nos unen como personas, sociedad y especie.

*Ashoka Fellow, docente Investigador Universidad Externado de Colombia. Maestría Transdisciplinaria en Sistemas de Vida Sostenible. Pedagogía de la Ternura – Pedagogía de la posibilidad.

Uno de los problemas más grandes de la democracia, más allá de los arreglos institucionales, es el miedo al pueblo. Es así desde la antigüedad. Entender esto exige sentido histórico. Implica comprender, por ejemplo, que eso que se llamaba pueblo en Grecia no equivalía a “todos” los habitantes de una polis o ciudad-estado, sino solo a una parte de ella. Por eso, la democracia no era el gobierno de la mayoría, sino el gobierno de una parte de la sociedad sobre el resto de la sociedad.

El pueblo se oponía a los pocos (la aristocracia) o al gobierno de uno (la monarquía). Por eso la democracia griega era, en estricto sentido, restringida, como lo sigue siendo, a su manera, hasta hoy. Si se aplica el concepto actual de democracia al mundo griego se tiene que advertir que fuera de ella quedaban las mujeres, los esclavos o los metecos (los extranjeros).

Los hombres libres, que eran una minoría, vivían a costa de los demás, y los esclavos eran considerados, por Aristóteles, como cosas vivas que trabajan. Por eso, en Grecia no se tuvo una lectura positiva de la democracia. Para Aristóteles era la peor de las formas buenas y la menos mala de las formas malas de gobierno, es decir, la democracia era menos mala que la oligarquía y que la tiranía y menos buena que la monarquía y la aristocracia; por eso él le apostaba a un gobierno mixto de ricos y pobres para así buscar el justo medio y lograr la estabilidad política.

Para el Platón de la República, por su parte, la democracia era asimilada a libertinaje, a desorden o a lo que hoy llamamos anarquía en sentido peyorativo. Platón llegó a decir en la República (Libro VIII) que en la democracia hasta los animales eran más libres: “los animales sujetos al hombre son allí más libres que en cualquier otra parte […] las perras llegan a ser como sus amas; y así también los caballos y los asnos se acostumbran a andar con toda libertad y solemnidad”. El gobierno del pueblo, en Platón, termina engendrando, de nuevo, a la tiranía: “el pueblo que llega a engendrar al tirano lo alimenta a él y a su séquito”. De tal manera que en la democracia la libertad misma se suicida, se aniquila y termina optando por la esclavitud.

La lectura peyorativa de la democracia se mantiene hasta la modernidad. Sólo Spinoza, en el siglo XVII, tuvo una visión positiva de la misma, tal como puede comprobarse en su Tratado político: la democracia es el gobierno de la multitud que se ensambla sinérgicamente en instituciones para facilitar que todos perseveren en su ser, es decir, se autoconserven.

En Rousseau, como se sabe, pervive la lectura negativa sobre la democracia, pues consideraba que la democracia no servía para Estados extensos, con gran población. Para el ginebrino, la democracia solo funcionaba en comunidades pequeñas, como las griegas, y exigía simplicidad de costumbres e igualdad en los bienes, los rangos y las fortunas. En El contrato social sostiene: “tomando el término en su rigorosa acepción, no ha existido nunca verdadera democracia, ni existirá jamás”. En verdad, en la modernidad se sigue manifestando el temor y el desprecio por el pueblo, el populacho, la plebe. Ésta nunca sabe lo que le conviene. Ya lo decían los déspotas ilustrados: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

El pueblo debe ser tutelado, guiado, ilustrado. Es más, en Francia y en Estados Unidos, ese temor se mantuvo. John Adams, como lo muestra Emilio Gentile en su libro La mentira del pueblo soberano en la democracia (2018), pensaba que la ampliación del voto llevaría a “nuevas reivindicaciones. Las mujeres querrán votar. Los muchachos entre 12 y 21 pensaran que sus derechos no están suficientemente protegidos”; en 1814 decía: “no ha habido hasta ahora ninguna democracia que no se haya suicidado”. Y James Madison, otros de los padres de la primera democracia del mundo, pensaba que: “si las elecciones se abriesen a todas las clases del pueblo, la propiedad de la tierra ya no estaría segura”.

Estos ejemplos permiten cuestionar elaboraciones conceptuales y teóricas como las de la “soberanía popular”. En la teoría política de la modernidad la soberanía pasa de la cabeza del rey a la cabeza del pueblo. Pero, justamente, ese pueblo es considerado sin cabeza, falto de luces y de inteligencia.

Por otro lado, ese pueblo no son todos, pues la ciudadanía es restringida ya sea por la edad, el sexo, la riqueza o la condición de esclavitud…Es, a lo sumo, una mayoría no cualificada, mera “gente”. De tal manera que el gobierno del pueblo, el poder del pueblo que se gobierna, solo es comprensible si se entiende por pueblo a una “mayoría” que exige ser re-presentada. Es decir, ser presentada por sus representantes en un cuerpo colegiado que hace la ley: eso son los parlamentos, eso son los congresos, el legislativo, esa es la democracia representativa liberal. Y esa delegación, ya lo sabía Rousseau, implica, ¡ah sorpresa!, que el pueblo deje de ser soberano.

Así, llegamos al oxímoron de que la democracia es el gobierno del pueblo, pero sin el pueblo, y sin ningún poder, es decir, se trata de un pueblo des-soberanizado. En ella, los representantes suplantan al pueblo dada la imposibilidad de la democracia directa. Valga decir de paso, que el referéndum y el plebiscito, considerados expresión de esa esa democracia directa, en realidad no lo son, pues las normas sobre las que se pronuncia el pueblo en el referendo no las redacta él mismo, y los plebiscitos, desde Napoleón, se han puesto al servicio de la validación de los intereses de los líderes carismáticos.

El temor al pueblo también fue expresado, ya en el siglo XX, por el famoso político inglés W. Churchill, uno de los artífices de la derrota del fascismo, y considerado uno de los adalides de la democracia. Decía: “la democracia es el peor sistema de gobierno excluidos todos los demás”. Estas apreciaciones llevan a considerar al pueblo y a la democracia como grandes ídolos (en el sentido de Bacon) de la modernidad, grandes mitos o ficciones. 

Por otro lado, recordemos algo que decía el pensador colombiano Darío Botero: “El pueblo como sujeto de la democracia es pasivo, está en latencia, es una especie de dinosaurio dormido que en determinado momento puede sacudirse y andar […] Es tan prestigioso que nadie se priva de invocarlo para legitimar su discurso […] Es un invitado a la mesa redonda de la democracia, pero un invitado ausente, un invitado que solo hace presencia muy pocas veces”.

De ahí se derivan preguntas muy interesantes como: ¿quién es el pueblo?, ¿quién consulta su voluntad?, ¿quién la traduce?, ¿cuándo aparece en el escenario público?, ¿qué alcances tiene su poder? Y las respuestas no son alentadoras, pues el pueblo es un concepto abstracto, indeterminado, que no se corporiza tangiblemente; es un “sustantivo colectivo”, un significante vacío cuya instauración de sentido se disputan liberales, conservadores, fascistas, utopistas, etc., para los más diversos fines.

Sin embargo, y tratando de responder la pregunta, digamos que el pueblo es un sujeto político atravesado por la multiplicidad, la diferencia, el conflicto, la contraposición de intereses, pero que muchas veces- también lo ha mostrado la historia- se ha levantado y ha articulado sinérgicamente demandas comunes; ha subvertido el orden y ha conquistado nuevos derechos para todos. El pueblo, gústenos o no, ha sido protagonista de revoluciones, rebeliones, revueltas y luchas emancipatorias. Basta pensar en la Revolución rusa, hasta antes de la muerte de Lenin, la Revolución mexicana, la Revolución de Haití, la Revolución francesa, etc. Muchas veces, y a pesar del fracaso posterior de las revoluciones, el pueblo ha sembrado la luz para el porvenir, lo ha marcado con un connato de esperanza que puede emerger en otros momentos para delinear un nuevo futuro.  

La democracia, su crisis y sus perspectivas.

La democracia sin demos, el pueblo sin poder, sin soberanía, es la característica esencial de la democracia de nuestros días. Hoy los más variados grupos corporativos, los partidos entendidos como clanes o bandas electorales, el poder económico neoliberal, etc., han minado el Estado social de derecho, o de bienestar, arrollando, de paso, la llamada soberanía popular.

Lo que ha quedado es una democracia ritualizada, formal, simulada, una “democracia recitativa” como la llama Gentile. Una democracia formal y rastacuera que se reduce al voto y a la escenificación en espacios globales donde todos saben que falsean a las mayorías sufrientes. Hoy no hay, stricto sensu, Estados plenamente democráticos. Hay aproximaciones democráticas. Esto lo podemos verificar si aplicamos muchos de los democratómetros que se han creado para medir la salud de una democracia. Por ejemplo, el famoso politólogo Robert Dahl en su libro La democracia. Una guía para los ciudadanos, sostiene que una democracia a gran escala, como las que se requieren hoy, exige: cargos públicos electos, elecciones libres, imparciales y frecuentes, libertad de expresión, fuentes alternativas de información, autonomía de las asociaciones, ciudadanía inclusiva.

A su vez, organizaciones como la Freedom House y el Democracy Index de The Economist, agregan la necesidad del sufragio universal, el pluralismo, la participación, la transparencia en el gobierno y, algo muy importante,la cultura política, como signos de buena salud democrática.

Pues bien, las democracias corporativas actuales, o las democracias señoriales como las que tenemos en América Latina, no cumplen con la totalidad (ni la mayoría) de estos criterios: están corroídas desde adentro por la prevalencia de los intereses económicos, la corrupción, el abstencionismo, el descrédito de los partidos políticos y la crisis de representación, la desconfianza en las instituciones, el aumento del autoritarismo y el panoptismo securitario que limita las libertades, la desconfianza frente a la organización de los movimientos sociales y el justo reclamo de sus demandas, el poder mediático monopólico en manos de poderes económicos que quitan y ponen gobiernos, y una ausencia de cultura política que deriva en indiferencia y apatía del ciudadano.

A esto hay que agregar el ya clásico diagnóstico que realizó Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, según el cual el “gobierno de los técnicos”, la tecnocracia, contribuye a la dislocación entre el ciudadano y el gobierno, pues “la democracia se basa en la hipótesis de que todos pueden tomar decisiones sobre todo” y en la actualidad tales decisiones las toma una élite experta desconectada de la ciudadanía. En fin, la economía ha puesto la democracia en cuidados intensivos, y la sociedad de la “eyaculación precoz” (Baudrillard) ha convertido al ciudadano en un espectador resignado frente a lo que le pasa y lo que lo sobrepasa.

Entre tanto, cualquier brote de esa soberanía popular, cualquier conato de inconformismo, de reclamos justos, cualquier articulación del pueblo, es satanizada, marcatizada, vilipendiada y, como se ha vuelto frecuente, reprimida por los Estados policivos en manos de sus oligarquías o de los grupos corporativos que se alimentan de lo público. La asociación y la protesta, como expresión de ese pueblo, es desvirtuada y vista como un peligro para el orden dado, para los privilegios mantenidos, heredados y reproducidos.

Por lo demás, es posible avizorar que en la actual crisis civilizatoria (económica, ambiental, energética, demográfica, axiológica) del Antropoceno o capitaloceno, la democracia se degrade más. La lucha por la existencia en épocas de crisis puede generar una resolución a favor de los grupos poderosos poseedores de los instrumentos represivos. Ya ocurrió antes con el fascismo. Y en este clima, las mayorías, “los condenados de la tierra”, pueden ser dejados al margen del futuro, víctimas de lo que María Zambrano llamaba “la historia sacrificial”.

Ahora, el ser humano necesita de ficciones, de mitos, utopías. La sociedad funciona, también, con discursos, esperanzas, anhelos. Y el “pueblo”, por su parte, sigue siendo ese dispositivo simbólico de la democracia, esa idea reguladora de una democracia que, puesta en acción, tal vez, desde el corazón de la crisis, logre subvertir ciertas determinaciones y limitaciones del actual orden político y social.

Tal vez el dinosaurio despierte en el corazón de la debacle y despliegue la imaginación política para crear nuevas formas de convivialidad, nuevas formas de estar juntos, lo cual implica una democracia distinta, compleja y compuesta, en el sentido de que articule la voluntad de abajo hacia arriba y que sea una síntesis de la democracia directa, participativa y representativa; donde el pueblo organizado y las asociaciones de la llamada sociedad civil sean veedores permanentes del ejercicio democrático e institucional. 

“La filosofía debería incluirse dentro de los derechos humanos, y todo el mundo tendría derecho a ella”.

José Saramago.

Con extrañeza, encontramos que en la redacción actual de la Ley Estatutaria en Educación se omite el derecho a la filosofía para todos y todas. ¿Debe extrañarnos esta omisión? ¿Por qué la filosofía debería ser un derecho?

La filosofía es una parte constitutiva del acervo cultural que las generaciones presentes tenemos el deber de legar a las que vienen. Con ese legado no solamente estamos ofreciendo a “los nuevos” en la sociedad —a los niños, las niñas y jóvenes— un cuerpo de contenidos disciplinares que hacen parte de las clases escolares; junto con ello, la filosofía constituye un horizonte abierto para cualificar el pensamiento, la crítica y la argumentación; para ponerle palabras y conceptos a preguntas vitales que, siendo o no filósofos profesionales, nos hacemos a lo largo de la existencia; a la vez, para lograr comprensiones globales, críticas y activas del mundo que nos rodea, del mundo que habitamos hoy y que exige el despliegue de toda nuestra capacidad de pensar y actuar; mundo que, a su turno, buscamos transformar para legar a las nuevas generaciones un entorno más comprometido con la justicia y el cuidado del medio ambiente.

Preguntar, pensar el mundo en el que vivimos, ocuparnos de sus fundamentos y fines no puede ser un lujo reservado solo para un grupo de expertos. ¡No! Justamente, una de las garantías democráticas consiste en que cada quien tenga las condiciones para asumir las riendas de la existencia propia y de la vida colectiva. Por ello, todos los ciudadanos y ciudadanas debemos tener derecho a la filosofía, así como tenemos derecho al arte, a la ciencia, a las humanidades, a la tecnología; en suma, a las formas de la construcción y goce de una vida digna. Hacernos responsables de nosotros mismos y del mundo en que vivimos es de una tarea de todos, pero, además, es algo que nunca concluye, que implica una construcción permanente, por ello, el goce del derecho a la filosofía se debe garantizar desde las edades tempranas de formación, hasta la vida adulta. Esta garantía puede o no conducir a los sujetos al destino de la vida profesional como “filósofas o filósofos”. Pero la filosofía no es sólo para ser profesionalmente filósofas o filósofos: es para construirnos como sujetos activos en la vida democrática.

El derecho a la filosofía se manifiesta de dos formas, como explica Derrida: tenemos derecho a acceder a los contenidos y a las formas de pensamiento que ofrece la filosofía como una cosa a la que podemos ir directamente (en otras palabras: “ir derecho hacia la filosofía”); con lo cual, en efecto, debemos “des-sacralizar” la filosofía como cosa de expertos y entenderla como cosa de todas las personas. En efecto, todos, con o sin formación filosófica, en distintos momentos de la vida y frente a muchas situaciones, hacemos preguntas y reflexiones filosóficas o construimos comprensiones sobre el mundo, la vida personal, el bien, la justicia, etc.

Ahora bien, el desarrollo de esas preguntas tiene, como cualquier disciplina, sus propias lógicas internas; su despliegue implica emprender un camino, un esfuerzo; implica una cualificación. Y ello requiere, a su turno, que haya condiciones de posibilidad, que estén dadas para todas las personas; requiere formación filosófica. A esto se refiere un segundo sentido del derecho a la filosofía. Derecho como forma jurídica, como forma institucional, como despliegue de una infraestructura normativa e institucional de garantía del derecho, gracias a la cual todo ciudadano pueda ir hacia la filosofía (en el primer sentido) de manera cualificada. Con ello, se aseguran las condiciones del cultivo de la filosofía que se merecen tanto la disciplina misma como, sobre todo, el ciudadano que está “yendo derecho hacia” la filosofía.

De esta argumentación derivamos, entonces, la exigencia de que el derecho a la filosofía quede incluido explícitamente en la Ley Estatuaria a la educación. El derecho debe ser explícito; no se garantiza el derecho si en la forma jurídica la filosofía queda diluida en otros saberes o capacidades o si el potencial de la filosofía queda reducido a algunos de los aspectos que ella desarrolla.

Vale la pena recordar que como nación habíamos comprendido la necesidad de la filosofía para todos y todas. Por ello, tanto en la Ley 115 de 1994 como en la Ley 30 de 1992 encontramos a la filosofía como parte de los contenidos a los que los jóvenes debían acceder en la Educación Media y en la Educación Superior. Más aún, el desarrollo mismo de la filosofía y su enseñanza en el territorio nacional mostraban que era necesario ampliar el rango de educación filosófica, incluyéndola también en la Educación Básica, a la vez que fortalecer su presencia en la educación técnica y tecnológica. De allí que el desarrollo progresivo de tal comprensión debía derivar en el reconocimiento del derecho. Sin embargo, la redacción actual de la Ley Estatutaria reversa esta conquista. Eliminar a la filosofía de la Ley Estatutaria no sólo va en contra de la formación integral que supone la apertura del mundo para las niñas, los niños y jóvenes por vía de la filosofía, sino que haría a la reforma regresiva y contraria, lógicamente, al principio de progresividad en materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA).

Podemos tomar prestadas las palabras de Derrida nuevamente: “Lejos de contentarse por no poner obstáculos al ejercicio del derecho (…), el Estado debe también intervenir activamente para hacer posible el ejercicio del derecho a y preparar las condiciones favorables a ello” (Privilegio o del derecho a la filosofía). La intervención activa que pide el autor ya había estado consagrada en las leyes educativas precedentes en nuestro país; ¿por qué dar pasos atrás en nuestras conquistas culturales?

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Y su permanencia en la rectoría de la institución podría durar 8 años más si logra entrar en la terna, ya que un acuerdo reciente del actual Consejo Superior, amplió el período de 3 a 4 años, con la posibilidad de reelegir al funcionario que ocupe el cargo, durante un periodo más, al respecto dice el profesor Juan Carlos Burbano que: “El mecanismo que vamos a estrenar para la elección del rector es el resultado de la revisión a través de una matriz detallada con información de las 33 universidades públicas en el país”. Sin embargo, aunque el acuerdo es un avance considerable en términos democráticos, conquistado con mucho esfuerzo por parte de los estudiantes, profesores y trabajadores de la institución, también puede instalar definitivamente a Gaviria Trujillo en la silla, del tercer puesto oficial más importante del departamento de Risaralda, luego de la alcaldía de Pereira y de la gobernación.

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Así las cosas, sumaría 17 años, un nuevo récord, si tenemos en cuenta que su antecesor, Luis Enrique Arango, estuvo más de 15 años en el mismo lugar.

En ese sentido, hay suficientes ejemplos en la historia de Colombia, de Latinoamérica y del mundo entero, sobre las consecuencias nefastas que trae para la sociedad, la reelección indefinida de un funcionario público, que, “enfermo de poder”, hace años que deja entrever los rasgos de quienes padecen el síndrome de hibris o de la desmesura.

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Al parecer, la obsesión de algunos funcionarios públicos por el poder, los lleva a considerar que nadie, más que ellos, puede hacer las cosas “bien”, o incluso mejor, asimismo, cabe decir que si un empleado oficial como el rector de la UTP, no fue capaz de realizar sus promesas de campaña en el período para el cual fue elegido, debería replantearse su postulación al cargo y por consiguiente su reelección. 

Entre tanto, el proceso de elección, o de reelección, se extenderá hasta el 22 de noviembre aproximadamente, cuando el Consejo Superior elija un nuevo rector o una nueva rectora de la terna, o ratifique a Gaviria, mientras que la coevaluación de profesores se prolongará hasta el 7 de diciembre. Esa coyuntura, sin duda alguna, genera suspicacias, y de ninguna manera es conveniente para el proceso democrático al interior de la universidad, que según diversas voces de la comunidad universitaria, es un fortín de cuotas burocráticas de varios partidos políticos, sobre todo el Liberal, en cabeza del expresidente Cesar Gaviria Trujillo, hermano del actual rector.

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Cabe recordar que, en las recientes elecciones regionales, el partido del clan Gaviria ganó la gobernación de Risaralda con el hijo de Diego Patiño Amariles, y obtuvo un número considerable de escaños en la Asamblea del departamento, al igual que en el Concejo de Pereira, la capital. 

Precisamente, al gobernador de turno le corresponde por derecho propio, un lugar en el Consejo Superior, al que se le suman: un representante de los exrectores, que desde hace muchos años es Juan Guillermo Ángel Mejía, otro cacique político de vieja data que fue senador del Partido Liberal. Adicional a estos dos, tienen lugar en dicho organismo, un representante del sector productivo; un delegado del gobierno nacional; un delegado del Ministerio de Educación; un representante de los egresados; una representante de los estudiantes; un representante de los docentes; un representante de las directivas académicas; y el mismo rector que participa con voz pero sin voto. 

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Vale decir que, hasta hace poco, cuando comenzó el gobierno del Pacto Histórico, el actual rector tuvo el apoyo casi unánime del Consejo Superior para hacer todo lo que se propusiera, pero el panorama le cambió desde el año pasado con el ingreso de varias voces divergentes con poder decisorio, entre ellos el representante del Presidente de la República Iván Alberto Vergara Sinisterra, dirigente del movimiento Cimarrón, y la representante del Ministerio de Educación Nacional. Pero además, después se le sumaron las voces del representante de los egresados y de la representante de los estudiantes, quienes en cada reunión, llevan al rector a debatir y a negociar sus decisiones como debe ser, teniendo en cuenta las necesidades, los intereses y la opinión de la comunidad universitaria, algo que Gaviria había esquivado y menospreciado hasta ahora. 

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Sin embargo, hay que decir que la UTP se ha proyectado a nivel nacional e internacional como una de las mejores universidades del país, pero ese logro no es del rector y tampoco justifica su reelección, pues ese es el resultado previsto de un proceso histórico, fruto del esfuerzo, trabajo y dedicación de la comunidad universitaria, que incluye a los jubilados, los egresados, los estudiantes, los empleados y los docentes en todas las modalidades de contratación. La mayoría de los cuales viven en la precariedad laboral. Según el profesor Burbano, “ya son más los profesores transitorios que los profesores de planta en la universidad. Los profesores catedráticos ya son alrededor del 70% del total”.

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De otro lado, también es cierto que la permanencia de cualquier funcionario público en el poder, como en este caso, da lugar al abuso de autoridad en diferentes instancias de la UTP, y así lo demuestran las denuncias por acoso laboral que llegaron hasta la Procuraduría, y que tienen a varios funcionarios de la actual administración, enfrentados a sendos procesos disciplinarios abiertos en su contra. 

Conozco los casos de dos profesoras que me autorizaron mencionarlas en este escrito, el caso de la profesora María Beatriz Valencia Bonilla, Doctora en Ciencias Económicas; y el caso de la Psicóloga Martha Lucia Villabona Bayona, presidenta de SINTRAUNICOL UTP. 

Y adicional a estos dos, está el caso del profesor Pedro Pablo Ballesteros Silva, Doctor en Ingeniería, quien además de enfrentar el presunto acoso laboral, ha denunciado valientemente, hechos de presunta corrupción al interior de la UTP durante el actual proceso electoral, lo que incluye posibles delitos de mayor gravedad y posibles investigaciones de carácter penal que involucran a varios funcionarios del actual rector. 

De otra parte, hace poco que a los trabajadores ya sean de carrera o no, los evaluó la administración, con el pretexto de propiciar la “modernización” de la UTP, sin embargo este año, según la presidenta de SINTRAUNICOL UTP, se agudizó el presunto hostigamiento y la presunta persecución laboral. 

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Todos los casos de presunto acoso laboral, según las víctimas, cuentan con las pruebas necesarias para comprobar los hostigamientos y la persecución, desatada en contra de los docentes, por parte de otros profesores y por parte de la administración. 

Precisamente, uno de los denunciados por presunto acoso laboral es mi evaluador, quien, a pesar de su evidente conflicto de intereses, nuevamente, por segundo año consecutivo, tendrá a su cargo dicha misión.

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De manera que, con todo lo anterior, la posible reelección del actual rector, Luis Fernando Gaviria Trujillo, representa un riesgo para quienes tuvimos el valor de denunciar, pero también lo es para quienes aún no lo han hecho, y que de igual forma, padecen en silencio, el acoso laboral día tras día. 

La continuidad de Gaviria, al igual que la de su círculo de poder, conformado entre otros por el Vicerrector Académico, Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo, y el Jefe de la Oficina de Talento Humano, Jairo Ordilio Torres Moreno, garantizan que todo siga igual y sin solución, pese a que la ley señala, que todos los funcionarios públicos tenemos el derecho de trabajar en un ambiente armónico y seguro, con todas las condiciones y recursos necesarios para cumplir con nuestro deber. 

Para terminar, espero que, con esta publicación, tanto el actual rector, como las demás directivas de la institución, respeten mi derecho a la libertad de pensamiento y mi derecho a la libertad de expresión, ya que desde que denuncié el presunto acoso laboral del que soy víctima, me segregaron, me discriminaron y me excluyeron de los espacios que por derecho propio me corresponden como profesor nombrado, para la práctica democrática del disenso y de la participación.

Y también espero, que las personas que dirijan la institución desde el próximo año, tengan la formación, la empatía, los principios y la solidaridad necesaria para que actúen con justicia, transparencia y respeto, ante las dificultades y los reclamos de los trabajadores, profesores, estudiantes, egresados y pensionados de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es una institución que todos queremos y a la que le hemos dedicado décadas de trabajo para que hoy sea reconocida a nivel internacional. 

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En conclusión, considero que el rector Ad-Hoc debe suspender la coevaluación, al menos hasta que termine el proceso electoral, y para eso debe oficializar la decisión a través de un acto administrativo, pues a los docentes nos siguen llegando correos en los que nos presionan para realizar el proceso de autoevaluación.

Y en ese orden de ideas, pienso que, afortunadamente, por primera vez en mucho tiempo participaremos realmente de un proceso democrático en el que hay de dónde escoger, pues ahora los profesores tenemos el 40% de poder electoral, los estudiantes tienen el 35%, 15% los egresados y un 10% los trabajadores de la institución.

En mi caso, ya tengo claro que quién merece mi apoyo es Alexander Molina Cabrera, Doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes, con formación profesional y de maestría en la UTP, buen ser humano, buen profesor y buen decano de la Facultad de Ingenierías, cuyas propuestas representan la mayoría de aspiraciones de la comunidad universitaria, incluido el movimiento sindical, una persona que sin duda llegará a trabajar con todos y para todos, independientemente de su filiación política, eso sí, garantizando la calidad y el derecho a la educación. 

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