La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El escalamiento del conflicto armado y las disputas territoriales para el control de actividades ilegales siguen complicando el panorama de los líderes sociales, ambientales y de derechos humanos en Colombia. Este 10 de abril, la organización Somos Defensores publicó el informe Sin Protección, en el que revela que durante 2024 se presentaron 727 agresiones contra 655 defensores.

Dentro de la categoría de agresiones, la organización considera los asesinatos, los atentados, las amenazas, los desplazamientos forzados, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, los robos de información, los secuestros, las judicializaciones, las torturas y las agresiones sexuales. Los hechos violentos de mayor ocurrencia fueron las amenazas (56 %), seguidas de los asesinatos (22 %), los atentados (9 %), los desplazamientos forzados (6 %) y los secuestros (3.3 %).

En 2024 se presentó una disminución del 5 % sobre el total de agresiones en comparación con 2023 (38 hechos menos). Los asesinatos estuvieron entre las agresiones que presentaron una reducción, al pasar de 168 en 2023 a 157 en 2024.

Sin embargo, el informe destaca que la disminución es poco representativa y no se puede interpretar como una mejora en cuanto a la situación de riesgo. De hecho, el peligro para los defensores es generado en gran medida por el accionar de los grupos armados ilegales que durante el año pasado decidieron agudizar las agresiones y sumir al país en un ambiente de violencia exacerbada. Así, se han ido postergando los procesos de negociación en busca de la paz que se llevan a cabo con el Gobierno Nacional.

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La violencia detrás de las cifras

“Si desmenuzamos esta cifra [727] y conocemos las historias de las víctimas, encontramos que ha aumentado el temor, también el silencio, y que tanto el conflicto armado como el crimen organizado se han transformado profundamente, sin que el Gobierno Nacional y demás instituciones del Estado desplieguen acciones preventivas”, señala el documento.

Para Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, el silenciamiento de los líderes y lideresas tiene un efecto directo en la capacidad de mostrar y evidenciar lo que realmente está pasando en los territorios.

“Más allá de eso, el silencio de líderes y lideresas es también una estrategia para salvaguardar su vida. Es un impacto al tejido social y a los procesos organizativos”, comenta Torres, y agrega que “se va extinguiendo la posibilidad de lograr transformaciones reales, sobre todo para los contextos de enorme desigualdad y vulneración, que es donde acontecen principalmente estos silenciamientos”.

Al igual que los asesinatos, las amenazas también descendieron, al pasar de 436 en 2023 a 404 en 2024. Sin embargo, agresiones como los desplazamientos forzados aumentaron a 44 cuando en 2023 se registraron 35. Es decir, hubo un incremento del 26 %. Por su parte, los secuestros se triplicaron al pasar de 8 a 24 casos.

“Es preocupante el aumento de los casos de desaparición forzada y secuestro como hechos previos al asesinato”, señala el informe. En el caso del desplazamiento forzado, los expertos aseguran que implica el desarraigo y es un golpe directo no sólo al líder y a su familia, sino a los procesos organizativos, que se van quedando sin sus voceros y donde muchas veces el miedo y el terror impiden que surjan nuevas vocerías.

En 2024 las noticias nacionales no sólo registraron casos de desplazamiento sino de confinamiento debido al conflicto armado y a las órdenes de los grupos ilegales para que nadie salga o entre de los territorios. Esta situación se ha vivido fuertemente en el departamento de Chocó.

Si bien el informe no incluye cifras sobre este tema, Torres asegura que los líderes y lideresas que están confinados no pueden hacer su ejercicio de defensa y no pueden hacer nada por sus comunidades.

La coordinadora de Somos Defensores menciona que antes los líderes abogaban ante los grupos armados para poder entrar alimentos a las zonas confinadas o para garantizar la atención médica de las personas que lo necesitaran. Sin embargo, esto cada vez ocurre menos porque los territorios tienen minas de explosivos. “Con el confinamiento muchas veces se limita totalmente el ejercicio del derecho a defender derechos”, dice Torres.

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Presos de los grupos armados

A finales de marzo el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) publicó su informe Retos Humanitarios 2025 sobre la situación que se vive en Colombia. Allí aseguran que el confinamiento de comunidades se agravó de manera significativa y alcanzó proporciones críticas, ya que, según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 88 874 personas estuvieron confinadas en 2024, lo que representó un incremento del 89 % frente al año anterior.

El CICR destaca que la restricción del movimiento limitó el acceso de las comunidades a alimentos, servicios de salud, educación y otros servicios básicos. Además, el informe resalta que el desplazamiento continuó siendo una de las principales consecuencias de los conflictos armados, pues 41 228 personas se vieron obligadas a desplazarse masivamente.

“La intensificación de los enfrentamientos armados, el mayor control de los actores armados sobre las comunidades y la creciente falta de respeto por el derecho internacional humanitario profundizaron aún más esta crisis”, dice Patrick Hamilton, jefe de la delegación del CICR en Colombia.

Hamilton asegura que desde el CICR, al igual que desde otras organizaciones humanitarias, siguen trabajando para reducir los riesgos y atender las consecuencias de los conflictos armados, pero que ningún esfuerzo humanitario puede sustituir el compromiso de las partes de respetar las normas del derecho internacional humanitario.

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Las zonas más críticas

Las 727 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos durante 2024 ocurrieron en Bogotá Distrito Capital y en 28 de los 32 departamentos del país.

Los diez departamentos que concentraron la mayor ocurrencia de hechos violentos fueron Cauca (197), Antioquia (81), Valle del Cauca (67), Norte de Santander (48), Santander (42), Cesar (37), Bogotá (37), Arauca (29), Magdalena (27) y Bolívar (23). En estos departamentos ocurrieron 588 agresiones, equivalentes al 81 % del total registrado por Somos Defensores.

Cauca lleva varios años siendo el departamento más peligroso para los liderazgos, en gran medida porque su ubicación en la región pacífica es geoestratégica para actividades como el narcotráfico y el paso de armas y grupos ilegales. “Se han exacerbado los enfrentamientos con ocasión de la presencia de los actores armados ilegales, que han convertido varias regiones en campos de batalla, donde los liderazgos, en su mayoría indígenas, arriesgan a diario su vida en defensa del territorio en su integralidad”, indica el informe.

En Cauca ocurrieron 197 de las agresiones registradas en 2024 y 144 corresponden a liderazgos indígenas, los cuales fueron víctimas de 12 asesinatos, 107 amenazas, 19 atentados, una desaparición forzada, cuatro secuestros y un desplazamiento forzado.

El departamento de Valle del Cauca también se ubica en la región Pacífica y ha sufrido un recrudecimiento de la violencia en contra de sus líderes: 18 asesinatos ocurrieron en este territorio.

Walter Ágredo es miembro de la Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (CSPP), una organización que tiene como objetivo instar al Estado a respetar la democracia y los derechos humanos. Ágredo trabaja en Valle del Cauca y asegura que en su departamento han entrado a operar grupos armados que antes del Acuerdo de Paz con las FARC no tenían presencia. Esto se debe, según comenta, a que este territorio también es parte de una ruta importante para las actividades de los grupos armados.

“Las comunidades dicen que la situación ha empeorado porque antes se podía mantener un diálogo sobre las vulneraciones de derechos humanos con las estructuras armadas, que tenían un mando y una cabeza visible”, dice Ágredo. La diferencia, añade, es que los armados ahora no tienen una jerarquía organizacional, ni premisas políticas o líneas éticas claras.

El informe de Somos Defensores destaca que el departamento de Nariño (también el Pacífico), que en las cifras de 2023 aparecía en tercer lugar con 67 agresiones, descendió al puesto 13 en 2024 con 14 casos, lo que equivale a una reducción del 79 %. “Esto puede estar asociado con el silenciamiento de zonas como el occidente y la cordillera de este departamento, así como con la estrategia del Gobierno Nacional de adelantar diálogos regionales con los grupos postacuerdo [aquellos conocidos como disidencias de las FARC] y el ELN”, plantea el informe.

Esto último podría considerarse como un logro que también proviene de las fracturas y divisiones internas que están teniendo estos grupos. De hecho, el presidente Gustavo Petro al enterarse del fraccionamiento de la Segunda Marquetalia (una disidencia de las FARC) en noviembre pasado señaló que “esta división en los grupos violentos es un avance en la paz”.

Sin embargo, Somos Defensores advierte que en un mediano plazo podría provocar un recrudecimiento de la violencia debido al rearme de los grupos y a las disputas armadas con estructuras de más capacidad como el ELN.

Astrid Torres es enfática al indicar que es peligroso que el Gobierno tenga la idea de que las atomizaciones o fragmentaciones de los grupos armados pueden contribuir a la paz, cuando se ha visto que eso no es así. “Es algo muy contradictorio”, asegura.

Ágredo coincide con Torres y asegura que las comunidades tienen “una preocupación por la multiplicación de actores armados a partir de la firma del Acuerdo de Paz”. Para él, las agresiones las sufren todas las personas de las comunidades, pero se centran en los hombres y mujeres que asumen liderazgos. “Han aumentado las amenazas, los desplazamientos y los seguimientos. En el caso de las mujeres se ha vuelto común que las amenacen con matar a sus hijos o con violarlas y ultrajarlas”, dice.

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Los agresores

El liderazgo más afectado en Colombia durante 2024 fue el indígena, con 195 agresiones, de las cuales el 74 % se dieron en el departamento de Cauca. Le siguen el liderazgo comunal (157), el comunitario (109), el campesino (83), el de víctimas (45) y el de derechos humanos (39).

Torres menciona que la agresión al liderazgo comunal, representados en juntas de acción comunal formadas por vecinos que se unen para resolver problemas y promover el desarrollo de su comunidad, aumentó un 40 %.

Otro de los puntos que se destaca dentro del reporte de Somos Defensores es que en 268 (37 %) de los hechos violentos en contra de los líderes se desconoce quién fue el agresor. En segundo lugar aparecen los paramilitares como responsables de 177 agresiones, los grupos armados pos acuerdo de paz con las FARC fueron señalados en 160 casos y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 42.

El informe eleva su preocupación por casos en los que se desconoce quiénes son los agresores porque esto se relaciona con el aumento de los niveles de impunidad en las investigaciones. “A los autores desconocidos se les atribuyen 134 amenazas, 61 asesinatos, 43 atentados, dos torturas, siete desapariciones forzadas, seis secuestros, cinco robos de información y 10 desplazamientos forzados”, menciona el documento.

Y es que según cifras de la Fiscalía de Colombia, entre 2016 y 2024, se recibieron 1322 casos por homicidios contra defensores, de los cuales sólo 227 han llegado a sentencias sancionatorias (17 %).

“Esto nos muestra que seguimos en un alto nivel de impunidad. Además, ¿qué pasa con los asesinatos de personas defensoras que ocurrieron antes de la firma del Acuerdo de Paz en 2016? Todos siguen en la impunidad porque nadie nos muestra cifras de eso”, asegura Torres.

El último gran llamado que hace el informe de Somos Defensores es para que todas las instituciones del Estado que tengan relación con temas que involucren a los defensores trabajen coordinadamente. No sólo se trata de reconocer la presencia de riesgos, sino de generar respuestas estructurales a los contextos de agresiones, sostiene el documento. “Si bien esto ha sido documentado y recomendado en las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, las instituciones del Estado no han presentado una respuesta oportuna, dando lugar a la materialización de numerosos riesgos advertidos previamente”.

*Imagen principal: velorio de dos indígenas de la etnia awá, en Nariño (Colombia). Foto: Asociación Minga

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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