Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un letrero apaisado que tapa un ángulo de un pequeño centro comercial en el cruce de dos calles de Upata, estado Bolívar, despliega el nombre de Alibaba Gold Center C.A. El edificio de dos plantas, entre las calles Ricaurte y Van Pragg de la capital del municipio Piar, no solo aloja una sucursal de esa empresa, sino toda una retahíla de pequeños comercios de compraventa de oro y de avalúos de la calidad del metal. Más que como un mall precario, el inmueble sirve como una aspiradora que succiona y acumula el oro extraído en el sur selvático de esta región de la Guayana venezolana.

Las taquillas con vidrieras polarizadas no permiten ver al interior de los comercios. En el estrecho vestíbulo, dos dependientes sentados hacen scroll a su celular. Sin levantarse de los bancos de plástico, responden con desgano que “el gramo de oro está a 90 dólares”. El encargado del negocio contiguo se acerca a los pocos clientes con algo más de ímpetu, para recordarles que también se analiza la pureza del metal en el piso superior. Es finales de mayo de 2025 y la modorra de un mediodía de días laborables prevalece en el lugar.

Pero aquí no siempre fueron tan aletargados los días. Hasta 2023, las calles del centro de la ciudad, ubicada a 173 kilómetros al este de Ciudad Bolívar, capital del estado, bullían con el caos y el ruido superpuesto de carros, motos, clientes y compradores de oro, conocidos como pescadores. Estos abanicaban fajos de reales brasileños y bolívares en plena vía, mientras gritaban como una letanía:  “¡Compro oro, compro oro!”.

Con el empuje del Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería decretado por Nicolás Maduro en 2016, la extracción de minerales y su comercialización a pequeña escala pasó a ser la actividad más floreciente de una región de tradición ganadera y agrícola, reconocida por su actividad maderera y por la producción de quesos blancos, entre ellos el popular queso guayanés, casi una denominación de origen.

Similar a uno de los cuentos contenidos en Las mil y una noches, en el que un leñador pobre se apropia de la guarida donde 40 ladrones esconden un tesoro robado, el nombre de Alibaba Gold Center encubre, más que la fachada de un edificio, una operación a gran escala de comercialización ilegal y lavado de oro que involucra a Brasil y Venezuela, descubierta por la Policía Federal de Brasil y ejecutada por una organización criminal integrada por una docena de venezolanos (al menos dos de ellos oriundos de Upata), 14 compañías fantasma y una acaudalada ánfora de 4362,4 millones de reales brasileños, equivalentes a 771,61 millones de dólares transados entre febrero de 2023 y marzo de 2024, según los documentos judiciales del caso.

La investigación penal emprendida desde 2023 por la Policía Federal y el Ministerio Público brasileños sobre la comercialización ilegal de oro y lavado de dinero revela que Alibaba Gold Center, con registro mercantil en Ciudad Guayana, a 55 kilómetros al oeste de Upata, y sede principal en Tumeremo, a 120 kilómetros al sureste, es una de las 14 empresas, y la única en Venezuela, que sirvieron ad hoc para el tráfico y blanqueo del oro proveniente de Brasil.

Upata, puerta de entrada al Arco Minero, cobijó la fiebre del oro bajo la administración de Yulisbeth Josefina García González, La Tata, quien fue alcaldesa del municipio Piar desde 2017 hasta 2025. La proyección que le dio esa gestión, en convivencia con el comercio informal del metal precioso, le ofreció réditos políticos: en mayo reciente fue electa como la primera mujer gobernadora del estado Bolívar -el más grande de Venezuela, y uno de los más ricos- para el período 2025-29, cargo que asumió en junio en un acto al que asistió el propio Nicolás Maduro.

La controversial trayectoria de La Tata en el gobierno municipal se impulsó desde Upata, donde conquistó la alcaldía justo un año después del decreto de Maduro que formalizó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Orígenes humildes, destino dorado

Hasta mayo de 2025 y fuera de Upata, a la mayoría de los habitantes del extenso estado Bolívar no les resultaba familiar el nombre Yulisbeth Josefina García González. Tres meses después es la persona más poderosa de la región.

En efecto, puede que el nombre de pila resultase ajeno, anónimo. Pero no el mote con que carga desde niña y con el que se hizo famosa: La Tata.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), que le reservó grandes planes, vio en ella un liderazgo disruptivo y muy funcional a los intereses gubernamentales. A su militancia sin torceduras y su lealtad tanto a la memoria de Hugo Chávez como a las políticas de Nicolás Maduro, sumaba una ascendencia sobre la población local de mujer del pueblo, una líder natural, caracterizada por la estridencia de su verbo y percibida entre sus partidarios como diligente y resolutiva. El perfil arquetípico de una chavista.

Los orígenes de García, nacida en 1979, se hallan en El Pao, una pequeña población rica en hierro y la segunda más importante del municipio Piar, después de Upata.

Venida de “un hogar muy humilde”, como describe una fuente disidente del chavismo en el estado Bolívar, esos primeros años de vida fueron determinantes para forjar su sentido de familiaridad.

“Es una muchacha que viene de una familia compuesta. No es que sufrió un abandono o que se sintió relegada, rechazada. No, ella es de una familia muy humilde pero su papá, su mamá, sus hermanos, [estaban y] están muy unidos”, confía otra fuente que durante años trabajó al lado del exgobernador Francisco Rangel Gómez, general retirado de Ejército, muy cercano a Hugo Chávez e integrante también del PSUV.

Rangel Gómez fue gobernador del estado Bolívar durante tres periodos, de 2004 a 2017, y se despidió del poder tras fraguar un fraude electoral después del cual el PSUV entronizó a otro general, este de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, como su sucesor. A pesar de ese revés momentáneo, Rangel Gómez es una figura clave en el ascenso político de La Tata.

‘Manu militari’

Aunque sin cargos públicos o dentro del propio partido, Yulisbeth García destacó como líder comunitaria. El exgobernador Rangel Gómez vio en ella el potencial político que necesitaba el PSUV.

“En las nacientes bases del PSUV era una mujer que se había ganado esos sectores de Upata que ella pateaba y promovía. Y, bueno, muy cercana al equipo del gobernador. Porque tenía ese don de mover gente, de dirigirle un discurso que llegara, de decir lo que la gente quería escuchar. Se fue ganando ese sitial político en Upata”, recuerda la fuente cercana a Rangel Gómez.

Boletines en la prensa oficialista rememoran que, en 2014, García fue elegida delegada al Congreso Nacional del PSUV. Después, fue jefa regional del programa gubernamental de distribución de alimentos Mercal. El entonces ministro de Alimentación y posterior gobernador del estado Aragua, general Rodolfo Marco Torres, sancionado en 2018 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llegó a elogiar el trabajo de García González.

La estrella ascendente de La Tata por su trabajo de base le permitió desplazar en Upata el liderazgo del exalcalde de Piar, Gustavo Muñiz (2008-2013), que parecía contar con un apoyo firme en el PSUV.

“De hecho, ella lo ha dicho en su discurso: era la que entregaba papelitos al gobernador; se refiere a los papelitos de la gente para comunicar los problemas. Y esos los recibíamos los asistentes de Rangel Gómez y había que analizarlo siempre. Y ella se encargaba de eso”, continúa la fuente privilegiada. La Tata terminó por ganarse la confianza del general, quien le encomendó la planificación de sus visitas oficiales a Upata. En ocasiones, el mismo alcalde Muñiz no era notificado de esas visitas. Todo se canalizaba a través de García, algo que reflejaba tanto el crepúsculo de Muñiz como el favor que La Tata conquistó en Ciudad Bolívar, la capital del estado. “En efecto, ella era la que coordinaba las idas del gobernador a Upata. Era normal llamar a La Tata, incluso en paralelo que al [sic] alcalde chavista. Ella era una simple militante. Pero siempre estuvo en la militancia dura”, recalca.

Con esas credenciales, García fue ascendiendo y cobrando relevancia. “Ella le decía a Rangel Gómez que era su jefe, y él siempre le decía Tata con toda confianza. Y ella ha dicho que Rangel es su padre político. Lo ha dicho mucho”. La relación política y casi filial entre Francisco Rangel Gómez y Yulisbeth García se hizo tan estrecha que el general, durante una etapa en la que debió salir a un exilio voluntario que comenzó en México, tras dejar la gobernación en 2017, siguió como entusiasta promotor de la campaña de la hoy gobernadora.

Como alcaldesa, García dejó muy en claro que su gobierno era un gobierno de marcada raigambre chavista y peso en la movilización de los grupos de base. Como trofeo que cosechó en ese rol de comandante de células regionales y administradora de la violencia. La Tata puede exhibir la agresión de la que en Upata fue objeto la dirigente opositora María Corina Machado, quien en octubre de 2018 fue recibida con piedras, palos, insultos y hasta robos al llegar de gira a la ciudad.

En un comunicado, Vente Venezuela, la agrupación partidista de Machado, denunció que la alcaldesa había teledirigido el ataque: “Este hecho, ejecutado por grupos violentos de la alcaldesa del municipio, Yulisbeth García, alías La Tata, es la prueba de que enfrentamos un Estado mafioso y criminal que está dispuesto a lo que sea”.

También ese año un dirigente local del partido de Machado, Octavio Robles, fue puesto bajo arresto por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). El activista de Vente Venezuela venía haciendo denuncias contra “las mafias del oro desde Upata hasta el sur”, y atribuyó la campaña de descrédito e intimidación de la que era víctima a las críticas con que mortificaba a la alcaldesa de Piar.

También célebre es el episodio de 2024 en el que García ordenó la detención de los manifestantes que salieron a las calles del municipio Piar a protestar contra el fraude de las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese año, en las que se desconoció el triunfo del candidato opositor, Edmundo González Urrutia.

Tres fuentes consultadas afirman que La Tata estuvo al mando de esa operación represiva. “Ha sido una perseguidora de la gente que protesta, de la gente de oposición. Después del 28 de julio, ella misma señaló gente que quería mandar para La Pica [un infame centro penitenciario en el estado Monagas], a las peores ergástulas. Tengo información de que los policías al final liberaron a esas personas a través de acuerdos económicos con las familias”, insiste una de las fuentes.

El terror es rentable

Mientras tanto, García dejaba hacer al comercio del oro que, a la vez y según denuncias, la recompensaba.

Américo De Grazia, exalcalde de Piar, exdiputado de la Asamblea Nacional y excandidato a gobernador de Bolívar, en la actualidad detenido como preso político, fue de los primeros en señalar a García como la dueña final de la mina La Justicia, a pocos kilómetros al sur de Upata.

Esa versión cuenta con el aval de otra fuente que accedió a conversar con Armando.info para este trabajo, bajo la condición de que su identidad no fuera revelada. De acuerdo con esta persona, García ordenó tomar la mina, considerada en los predios como una de las mejores minas del estado Bolívar, pues por ella pasaría, asegura otra fuente en el pueblo, una veta de oro de 70 metros de ancho por tres kilómetros de largo.

“Esa mina”, continúa la fuente, “se la invadieron a una familia que tenía productivo el lugar con actividad agrícola. Pero ella y una empresa de nombre Berakah invadieron la mina y no ha habido manera de moverlos de ahí”. La pelea en tribunales de los herederos de la mina, dice, no ha dado resultado alguno.

En Upata, la minería y tráfico de oro ilegal se han solapado con la tradicional economía agropecuaria, aunque no hay reportes con estadísticas confiables que lo certifiquen. Pese al crecimiento del sector, tan vigoroso como anárquico, la capital de Piar no dispone de una cámara independiente de comercio o de minería, o de alguna asociación similar que agrupe a los negocios vinculados a la actividad aurífera, algo que se encuentra otros pueblos de cultura minera centenaria, como El Callao y Tumeremo. De hecho, la Cámara de Comercio e Industrias de Pïar está cooptada por García, hasta el punto que sus representantes participaron de manera abierta en la reciente campaña de García para la gobernación.

En Upata no existe una normativa para el sector del oro, algo en buena medida sorprendente y hasta irregular, porque se trata de un “material estratégico” que, en el contexto del Arco Minero, quedó sujeto a controles rígidos por parte del Estado.

Recién asumido su cargo municipal, en 2018, La Tata promulgó un decreto que se proponía evitar la proliferación de los comercios de compra y venta de oro. “Todo el mundo sabe que son ilegales”, respondía ese mismo año Yulisbeth García a los requerimientos de reporteros de Runrunes y Connectas sobre los pequeños comercios que comenzaban a ocupar cuadras enteras de la ciudad, “yo les dije ‘ya, un stop, aquí no se construye más un espacio para una compra de oro’”.

Pero, o se trató de apenas un saludo a la bandera o la alcaldesa cambió de opinión en el camino, como pronto se encargaría de demostrar el boom del sector informal de comercialización del oro que, en los hechos y ante las narices de todos, invadió las calles y comprometió cualquier planificación urbana que se hubiera querido hacer.

En contraste, Yulisbeth García, mientras fue alcaldesa de Piar, se mostró diligente en imponer  normativas para otras y muy lucrativas actividades comerciales, como una ordenanza para la autorización de expendio de bebidas alcohólicas y su carga impositiva. Con idéntico celo llegó a prohibir en 2018 la compra y venta ambulantes de dinero en efectivo (bolívares y dólares) en el centro de la ciudad.

Aunque el municipio Piar se encuentre dentro de la poligonal del Arco Minero, en cuyo seno en teoría se promueve la actividad aurífera, esta se mantiene como una economía subterránea. Y no de manera literal porque algunos yacimientos requieran de excavación, sino porque quienes ejercen la actividad, sobre todo en su vertiente artesanal, prefieren el perfil bajo y no llamar la atención.

La codicia por el oro les fuerza a llevar una dinámica distinta a la de cualquier otro mineral, por valioso que este sea.  Tal dinámica se refleja hasta en los niveles institucionales: por ejemplo, en mayo de 2024, el régimen de Maduro anunció por boletines oficiales el inicio en el municipio Piar de la explotación de la mina La Caranta, un yacimiento de bauxita, mineral que sirve de base para la producción industrial de aluminio y que, por lo tanto, resulta indispensable para la economía global. Pero nada semejante ocurrió cuando, no muy lejos de La Caranta,  se supo de un par de bullas (vetas de oro), ambas al suroeste de Upata y en dirección al Embalse del Guri: la primera, a pocos kilómetros del caserío Santa María, y la otra en las inmediaciones de la carretera de El Manteco. En casos como estos, la voz corre por la cuenca aurífera de Piar, animando a muchos -individuos, funcionarios del Estado o corporaciones- a embarcarse en una carrera de la que lo único que se puede dar por sentado es que quien llega primero tendrá las de ganar. Pero la mayoría se quedan con las ganas.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Durante los dos periodos de Yulisbeth García como alcaldesa de Piar se consolidó una red de negocios que sirvieron para lavar el oro brasileño. Uno de ellos fue Alibaba Gold Center. Crédito: Instagram @tatachavista.

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Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba al norte de Brasil, al verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó a último minuto, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por un valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Méndez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro en los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023, también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño que fue apresado cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red criminal de comercio ilegal y lavado de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron apresados. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. En efecto, el flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras de oro que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, actualizadas en mayo de 2025.

La más reciente evidencia de este flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro valorados en unos 111,7 millones de dólares que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro vía terrestre.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. La también llamada Villa del Yocoima es considerada como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un largo letrero con su nombre, escrito con letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa la fachada de una edificación de dos plantas sobre la esquina donde se cruzan las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte, en Upata.

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia (que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta aún más la movilización para los mineros). Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no queda solo en una condición meteorológica o en un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos en el sector, sin trayectoria ni aparente experiencia en lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad. Se nota además que sus firmas aparecen escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres los que figuran en registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, aspirando a un mejor monitoreo de la cadena de comercialización.

Una de las principales banderas de su administración es la de “acabar con la minería ilegal”. En la línea de combate contra el crimen organizado, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar con eficacia la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando captando a venezolanos que se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará —considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña—, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que se exhiben en Upata no muestran, sin embargo, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no está registrado en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela).

Además, sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, se ve en letra pequeña otro nombre: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poco alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil.

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la red hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río del mismo nombre, vecina al llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Composición fotográfica. Crédito: Mongabay Latam.

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Absorto, el ocelote gruñe con emoción mientras el cangrejo avanza lentamente frente a sus ojos color caramelo. La pinza derecha, entre azul y verde, es dos o tres veces más grande que la izquierda y el crustáceo la mantiene erguida, como si se tratara de un escudo y estuviera a punto de entrar en batalla. Sin moverse, el félido lo observa caminar torpemente sobre el concreto seco, la silueta de las pinzas difusa contra el tono menta de la malla sombra y la malla de acero de simple torsión que sirve como trasfondo.

Durante alrededor de un minuto, el ocelote vigila los movimientos del cangrejo. Tuerce la nariz, olfatea el aire y se encoge sobre sí mismo. Tensiona los músculos de su forma esbelta y ágil, forjada para cazar. Las manchas de su flanco derecho, estelas negruzcas llamadas cadenetas, parecen formar cuatro dedos de una mano esquelética. Relucen, al igual que su pelaje azafrán claro, bajo el sol de las once de la mañana en Cali, Colombia. Así, agazapado, su cuerpo se ve tenso, como un resorte a punto de salir disparado.

A un par de metros, el cangrejo se aleja con su pinza azulada en el aire. Detrás, un mono aullador gruñe, provocado por un hombre. Se escuchan cantos de loras, chillidos de guacamayas y los gritos desesperados de media docena de monos capuchinos. Un río corre al otro lado de la vegetación, a su derecha. Hay sonidos lejanos de autos, murmullos de personas y el golpe acuoso de gusanos que caen a un estanque desde casi un metro de altura. También hay olores a los que el ocelote se ha ido acostumbrando desde hace casi siete meses. Algunos, quizás, los conoció hace años, antes de su captura y la separación de su madre, pero casi todos son nuevos: tortugas hicoteas, tortugas charapas, tortugas de tierra, caracaras, águilas, zarigüeyas, heces y orinas de decenas de animales que van y vienen, humanos y los demás como él, incluido el otro ocelote —ese a quien teme—, que aún está tan cerca.

A pesar de todo lo que ocurre a su alrededor, se concentra en el cangrejo. Lee sus pasos y levanta de manera pausada sus gruesas zarpas. Mantiene las garras contraídas —las cinco de cada pata delantera y las cuatro de cada trasera—, mientras da un paso y luego otro, el vientre blanco espolvoreado pegado al concreto, las orejas redondas enfocadas como antenas parabólicas en su presa.

Se acerca en silencio, las almohadillas de sus extremidades ahogan el peso de su cuerpo. Nuevamente, da otro paso y otro más, en cámara lenta, y queda a casi un metro y medio de distancia de la pinza que lo desafía. En otra vida, saltaría, golpearía al cangrejo con sus zarpas y rápidamente trituraría el caparazón con sus colmillos. Lo comería con gusto, extrayendo la carne blanca con su lengua rugosa. Pero esta mañana de abril de 2025, encoge las patas delanteras y, de repente, se detiene, como si el juego y la fantasía de libertad hubiesen terminado.

Se incorpora, observa al cangrejo violinista a través de las rejas de su jaula de cuatro por cuatro metros, y camina con aparente tedio hasta una casa de madera blanca que le sirve de dormitorio. Sale segundos más tarde y da vueltas y vueltas, en tanto su presa dobla por una esquina y desaparece.

A escasos metros, alguien susurra su nuevo nombre: «Barto».

El decomiso

El 8 de octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron a una casa en Ciudad Jardín, un lujoso barrio residencial en el sur de Cali. Varios investigadores venían desde Bogotá para hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas. Durante el allanamiento, los agentes escucharon un sonido extraño. Con precaución entraron al cuarto de donde provenía. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron a un ocelote (Leopardus pardalis) de aspecto enfermizo.

Sin saber muy bien qué hacer, pidieron apoyo a la unidad local de la policía y al Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), una entidad ambiental adscrita a la Alcaldía, que se encarga, entre otras funciones, de cuidar, atender y, en la medida de lo posible, rehabilitar a los animales incautados por tráfico de fauna. El hombre a quien se le decomisó el ocelote se rehúso a contarle a los agentes cuál era el nombre del félido, con qué lo alimentaba o cómo lo había obtenido. Tampoco dijo para qué lo tenía allí.

Desde 2010, las autoridades en Colombia han decomisado más de 340 ocelotes, entre ejemplares vivos y muertos, de acuerdo con datos obtenidos a través de derechos de petición al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, seis secretarías distritales de ambiente de las principales ciudades del país y las 33 corporaciones autónomas regionales, los organismos que normalmente reciben los animales traficados.

La mayoría de estos félidos vivían en hogares como mascotas. Las personas llevaban a casa los cachorros luego de matar a su madre —casi siempre debido a conflictos relacionados con muertes de animales domésticos o por simple miedo—, o se los compraban a traficantes, quienes actualmente los venden por cerca de 6 millones de pesos (alrededor de 1400 dólares). Luego los criaban como si fueran gatos domésticos hasta que agredían a alguien, el costo de alimentarlos se volvía insostenible o hasta que escapaban de sus encierros y asustaban a los vecinos, quienes llamaban a las autoridades. Algunas personas los entregan de manera voluntaria, pero otras hacen todo lo posible por esconderlos, incluso después de que ha habido ataques a personas o animales domésticos.

El ocelote es el tercer félido más grande de América, después del jaguar (Panthera onca) y el puma (Puma concolor). Entre las al menos once especies de félidos pequeños que viven en el continente (estudios genéticos recientes han elevado subespecies a la categoría de especies), todas pertenecientes al género Leopardus, con la excepción del yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), el ocelote es el de mayor tamaño y el más estudiado. Pesa entre 10 y 15 kilogramos, el equivalente de un perro Beagle adulto, y mide entre 1 y 1.4 metros desde la punta de su nariz hasta el final su cola (Bobby, el ocelote más grande que se ha registrado, pesaba 18.6 kg, similar a un Bull Terrier adulto).

El tono de su pelaje es blanco en el vientre, la garganta, la boca, los cachetes, el contorno posterior de las orejas y alrededor de los ojos. En el resto del cuerpo, los tonos oscilan desde ámbar pálido hasta el canela. Cadenas de manchas con patrones únicos recorren sus flancos y los ayudan a camuflarse entre los matorrales. Los ocelotes pueden distinguirse fácilmente del margay (Leopardus wiedii) y la oncilla (Leopardus pardinoides) por la forma de sus cadenetas: las de los ocelotes tienen las manchas abiertas, mientras que las del margay y la oncilla son cerradas.

Al igual que ocurre con los demás félidos pintados, las manchas sirven para identificar a la especie y a cada individuo. Sus formas pueden asemejarse a contornos de islas, especies de hongos poco conocidas, mapas de ríos, siluetas de pinturas rupestres de cuevas europeas o dedos de manos esqueléticas en proceso de abrirse.

Para su infortunio, su belleza inverosímil atrae a los humanos desde hace miles de años. Sus pieles, al igual que las del jaguar, se comerciaban y eran de uso común entre los nobles de culturas como la inca, la maya, la olmeca, la azteca, la mexica, la calima y otras decenas en la Amazonía y el resto de América (en algunos casos, las enterraron con ellos). La pasión por las pieles sobrevivió a la caída de las culturas precolombinas y, con el tiempo, ganó terreno en Europa y Estados Unidos.

El clímax de la atracción llegó el siglo pasado, luego de que Jacqueline Kennedy —no es broma— sin querer popularizara el estampado de leopardo entre la población general, como narra Jo Weldon en su libro Fierce: The History of Leopard Print. Los ocelotes fueron los félidos más afectados. De acuerdo con un estudio, anualmente se cazaron cerca de 200 000 animales de esta especie desde principios y mediados de los años 70. Solo entre 1968 y 1969, Estados Unidos reportó la importación legal de más de 262 000 pieles de ocelote (de estas, más de 140 000 provenían de Brasil y casi 50 000 de Colombia).

La caza indiscriminada mermó de forma tan drástica la población de individuos que naciones como Brasil, Colombia y otros países de la Amazonía prohibieron la caza interna de félidos. En 1972, incluso el gobierno estadounidense buscó frenar la importación de pieles a través de una propuesta del Departamento de Estado.

La preocupación por las poblaciones de ocelotes y otros félidos manchados contribuyó en parte a la aprobación y entrada en vigor, en 1975, de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el acuerdo que regula el comercio global de especies para evitar la sobreexplotación y posible extinción de animales, plantas y hongos.

Gracias a CITES, la venta de pieles disminuyó considerablemente, aunque no desapareció por completo. Entre 1980 y 1984, por ejemplo, Paraguay, el principal comercializador tras la oficialización del tratado, exportó más de 120 000 pieles de ocelote.

La caza para las confecciones de moda dejó de ser el mayor problema de la especie solo hasta finales de los 80, cuando el ocelote pasó del Apéndice II al Apéndice I del tratado, la clasificación reservada para las plantas, animales y hongos más amenazados.

Con el fin de ese comercio, las poblaciones se comenzaron a recuperar. En 1990, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la organización encargada de evaluar el estado de las especies, clasificó al ocelote como Vulnerable, lo que quiere decir que la población se había reducido a la mitad y las causas eran conocidas. Seis años más tarde, en la siguiente clasificación, el ocelote pasó a ser de Preocupación Menor, una categoría en la que se encuentran las especies que no están en peligro de extinción. Allí ha permanecido hasta la actualidad.

Hoy las principales amenazas a las que se enfrentan los ocelotes son la fragmentación y la pérdida de hábitat, la caza por retaliación y el tráfico ilegal para el mercado de mascotas en países como Colombia, de acuerdo con la UICN.

En la primera mitad del siglo XX se puso de moda tener ocelotes como mascotas. Actores y actrices de Hollywood, cantantes de ópera y músicos fueron fotografiados con estos animales. El más famoso sin duda fue Babou, un ejemplar que al parecer un presidente colombiano le regaló a Salvador Dalí en los años 70.

Babou viajaba a todas partes con el pintor surrealista, destruyendo lo que encontraba a su paso y viviendo una vida más bien miserable, según un amigo del artista, excepto por un día en que escapó y asustó a los comensales de un lujoso restaurante.

De acuerdo con biólogos y veterinarios, la vida coartada de Babou es la regla para los félidos que terminan en los hogares de las personas, sin importar los recursos que estas tengan. En su medio natural, los ocelotes pasan horas recorriendo los bosques en busca de presas. Un estudio en las selvas peruanas halló, por ejemplo, que los ocelotes caminaban, en promedio, casi 10 horas cada noche.

Su vida, como la de muchos otros félidos, está definida por el movimiento y la exploración de su territorio, que cambia a diario con la aparición de nuevas presas y estímulos. Estos comportamientos están claramente limitados en una jaula, una casa o cualquier otra clase de encierro.

En el caso del ocelote incautado en Cali, esto resultaba evidente tanto para los agentes que lo descubrieron, como para el personal del DAGMA que llegó ese mismo día a la casa en Ciudad Jardín. El animal parecía llevar por lo menos un año en cautiverio. Tenía el pelaje descolorido y un aspecto enfermizo. Desesperado, bufaba y gruñía cuando las personas se acercaban. Sus ojos caramelo miraban con aparente furia.

El equipo de rescate tardó casi una hora en meterlo en una cesta de protección para trasladarlo hasta el hogar de paso del DAGMA. En una de las fotos que le tomaron ese día, se encuentra parado en su estrecha jaula con los ojos entrecerrados. En medio de la oscuridad, se adivinan las negras cadenetas en forma de cuatro dedos que marcan su flanco derecho.

Los compañeros de encierro

Cuando recibieron al nuevo, el ocelote residente más antiguo a cargo del DAGMA era Tontín, un félido que había llegado de cachorro en 2017 y se había criado en las jaulas y pasillos arbolados del vivero donde se ubica el hogar de paso, en el norte de Cali. Se ganó su nombre a pulso: se comió una tortuga y una iguana, y atacó a otro ocelote y a una de sus cuidadoras.

Durante años trataron de reubicarlo en vano en el zoológico de la ciudad, pero este ya tenía suficientes félidos y no quería incurrir en un gasto adicional. Para octubre de 2024, cuando llegó el ocelote incautado en Ciudad Jardín, Tontín ya llevaba un tiempo enfermo y algunos de los biólogos y veterinarios estaban preocupados por su futuro.

Otros dos ocelotes en el hogar de paso eran Ernesto y Gato. Ernesto llegó en 2020. Según la mujer que lo entregó a la Policía, el animal había entrado a su casa en busca de alimento. Tenía solo un testículo, pero, en general, estaba sano. Los ocelotes macho alcanzan la madurez sexual y abandonan a sus madres alrededor de los dos años. Las hembras maduran aproximadamente al año y medio.

Ernesto no había alcanzado esa edad o, cuando menos, esa madurez. Tenía comportamientos juveniles y, por cómo buscaba a las personas era evidente que había sido la mascota de alguien. Buscaba acercarse a los humanos y jugar con ellos. En lugar de cazar y matar las presas que le dejaban en su jaula, jugaba con ellas. Nunca perdió esa actitud infantil, de acuerdo con Leidy Albino, una bióloga de 31 años que forma parte del equipo del DAGMA.

Gato llegó en 2022 y tenía una personalidad muy diferente. Cuando aún era un juvenil, las personas que lo mantenían como mascota lo llevaron a un veterinario. El profesional lo atendió, pero les dijo a los dueños que debían entregarlo. Un par de días después, llamaron al hogar de paso.

Cuando lo evaluaron, el animal pesaba apenas 3 kilogramos y estaba en pésimas condiciones. Le habían limado los colmillos y lo habían amansado. Ingresó a una cuarentena, lo desparasitaron y, poco a poco, se volvió más fuerte. No solo jugaba a cazar, sino que, contrario a Ernesto, era capaz de matar y comer pequeñas presas vivas. Creció y maduró, y conservó su instinto de cazador. En las noches, cuenta el personal del DAGMA, a Gato le gusta acechar a las personas desde su jaula. Si se acercan mucho, a veces lanza un zarpazo.

El ocelote que encontraron durante el allanamiento en el sur de la ciudad tenía características de uno y de otro, aunque estas tardaron en manifestarse. Parecía un adulto, pero su tamaño era más pequeño de lo normal. Era castrado, pesaba 8.9 kg y medía 107 centímetros desde la nariz hasta la cola. Su pelaje parecía desgastado y pálido, quizás por la falta de luz a la que había estado sometido. Sus ojos caramelo seguían a las personas con aparente desconfianza.

La veterinaria que lo valoró al ingresar calificó su estado corporal con un 2.5/5. Los exámenes de sangre dieron positivo para Bartonella, un género de bacterias que puede causar problemas cardíacos, letargia, anemia transitoria, afecciones renales, neurológicas y óseas, entre otros problemas. En los humanos, estas bacterias producen la enfermedad de rasguño de gato, que puede ocasionar ganglios linfáticos hinchados, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y pérdida de apetito. Le recetaron antibióticos, lo dejaron en cuarentena hasta que se curó y lo trasladaron a una de las jaulas.

Su recuperación estuvo dirigida por Delio Orjuela, el coordinador operativo del hogar de paso de fauna del DAGMA, y su equipo. Orjuela, un recursivo veterinario de 57 años, llegó por primera vez a la entidad en 2017. De niño, en Fresno, Tolima, grababa en casetes el audio de Naturalia, un programa de animales que se transmitió en la televisión colombiana durante casi veinte años.

Cuando se graduó de la escuela quería estudiar Zoología, pero la carrera no existía en el país. Por error, se matriculó en una licenciatura en Biología, en Cali, sin saber que el énfasis del programa no estaba en el estudio de los animales, sino en la enseñanza.

Le fue tan mal en la universidad que su padre dejó de apoyarlo económicamente, así que tuvo que rebuscarse dinero cortando césped y vendiendo enciclopedias puerta a puerta. Un día, en 1987, se cansó y fue al zoológico de la ciudad a pedir empleo.

En ese tiempo, la mayoría de los trabajadores eran campesinos, pues las labores requerían de un esfuerzo que escapaba a la mayoría de la población: cortar y acarrear más de 100 kilos de pasto para los rinocerontes, limpiar los encierros de elefantes, tapires y osos, y preparar los alimentos de centenares de aves, reptiles y mamíferos marinos.

Orjuela era flaco y no estaba acostumbrado al trabajo físico, por lo que compensó su debilidad con energía y tiempo. A los pocos meses, empezó a seguir de cerca a Jorge Alberto Gardeazabal, uno de los pioneros en la veterinaria de animales silvestres en Colombia. Aprendió lo que pudo de él hasta que se dio cuenta de que debía regresar a la universidad, esta vez a la carrera correcta.

El zoológico le prestó dinero para la matrícula a cambio de su trabajo. En 1997, se graduó de la Universidad del Tolima y regresó a tiempo completo a la capital del Valle del Cauca.

Estuvo en el Zoológico de Cali hasta 2005. Allí conoció las particularidades de delfines, leones marinos, caballos, tigres, leones, cocodrilos, loros, águilas y otros animales con los que había soñado viendo Naturalia. También vio de cerca y revisó a decenas de ocelotes. Manejarlos a veces era complicado, un rezago de su comportamiento silvestre.

Los ocelotes son cazadores oportunistas. En las noches caminan por el bosque en busca de sus presas, un listado inagotable que, dependiendo del lugar, incluye ratas, coatíes, perezosos, tamandúas, tortugas, ranas, serpientes, peces, lagartos, iguanas, pavas, aves domésticas —la principal fuente de conflictos con los humanos—, pacas, pecaríes, insectos, armadillos, venados pequeños, monos aulladores y decenas de especies de aves silvestres.

“Tienen una cola relativamente más corta que la de otros félidos pequeños, como el margay, lo que les impide moverse con la misma agilidad en las ramas de los árboles”, dice Orjuela. No obstante, son escaladores lo suficientemente buenos como para cazar monos y perezosos. Los territorios de los machos suelen cubrir el de varias hembras, así que las peleas, sobre todo en coberturas boscosas reducidas, son comunes.

En cautiverio viven cerca de 20 años, casi el doble de lo habitual en sus hábitats naturales, pues evitan enfermedades, enfrentamientos, el estrés y desgaste natural que conlleva la depredación. Al igual que otros félidos, con frecuencia pasan los días recorriendo sus jaulas de manera casi enfermiza. Sus horarios de actividad cambian y, en parte, pierden sus hábitos nocturnos para ajustarse al horario de los humanos. Si un animal termina por descuido en su jaula o si, como Babou, un día logran evadirse y disfrutar de algo de libertad, pueden llegar a atacar.

Al principio, Barto —el nombre que le pusieron al nuevo ocelote en referencia a la Bartonella, la bacteria que portaba—, era arisco y algo traicionero. Costaba manejarlo. Bufaba constantemente y lanzaba zarpazos. Poco a poco, sin embargo, se fue acostumbrando al encierro que Orjuela había diseñado.

El hogar de paso funciona dentro de una hectárea en el vivero del DAGMA, el equivalente a un poco más de una cancha de fútbol. Mensualmente, en promedio, llegan casi 400 animales, por lo que, a pesar de las maromas y esfuerzos que hace Orjuela, ni el espacio ni la financiación son suficientes.

Algunas de las jaulas de dos por dos metros se encuentran organizadas en paralelo y tienen subdivisiones entre ellas, lo que permite ampliarlas cuando la rotación de animales no es muy grande. Esos espacios privilegiados casi siempre se reservan para los félidos y los mamíferos grandes. Barto comenzó a vivir en uno de ellos al poco tiempo de llegar. Su hogar incluye una casita de madera blanca, un bidón de gasolina rojo vacío y gruesas sogas anudadas que cuelgan del techo para que juegue.

Allí se recuperó en menos de medio año con la ayuda del personal del DAGMA. Ganó casi medio kilo en el primer mes y su pelaje azafrán claro con los cuatro dedos esqueléticos se tornó bruñido. Su temperamento también cambió. Tenía una personalidad casi infantil, similar a la de Ernesto. Ese temperamento es la consecuencia de la castración temprana a la que seguramente lo sometieron, comenta Leidy Albino.

Barto aprendió a entrar a un cubil adyacente al encierro, donde es fácil manejarlo para ponerle vacunas o guardarlo mientras limpian su espacio. Lo llamaban por su nombre para que entrara y luego le daban pollo o carne en un ejemplo de condicionamiento clásico. A Orjuela no le gusta bautizarlos, pero es inevitable que alguien lo haga después de un tiempo. Hoy, cuando Albino lo llama por su nombre, Barto hace un sonido similar a un rugido y se restriega con las rejas (es más bien un gruñido ronco, pues los ocelotes en realidad no rugen, sino que maúllan, chillan, bufan y hacen otros sonidos, pero los únicos félidos que tienen la estructura en la laringe para rugir son los que pertenecen al género Panthera).

Orjuela y Albino se alegran de su progreso, aunque no saben muy bien qué va a pasar con él. Algo parecido ocurre con los demás ocelotes en el hogar de paso. En enero de 2025, Tontín tuvo que ser sacrificado. Tenía una patología renal crónica y pancreatitis, pero, más allá de eso, ningún zoológico o refugio había querido recibirlo en casi siete años.

Al igual que ocurre con los jaguares, rehabilitar a un ocelote que ha sido una mascota o que ha tenido contacto estrecho con humanos es prácticamente imposible, según comenta Diana Stasiukynas, coordinadora de Ciencias de la organización Panthera en Colombia. Se han liberado algunos, pero nadie sabe muy bien qué ha ocurrido con ellos, ya que es muy costoso ponerles collares. En ese sentido, no se puede decir que esas liberaciones hayan sido exitosas.

La rehabilitación de ocelotes suele ser difícil, por un lado, porque es necesario que aprendan a cazar, pues en la mayoría de los casos sus madres nunca les pudieron enseñar. Barto, por ejemplo, no sabe matar. Una vez le pusieron una codorniz en la jaula y jugaba con ella, la golpeaba con las almohadillas de sus patas y la perseguía, pero no la mataba. La tuvieron que sacar, sacrificarla y luego dársela para que se la comiera. El instinto de algunos puede sobreponerse, pero entrenarlos es un proceso costoso y los organismos ambientales a veces son reacios a otorgar permisos para darles presas vivas.

Por otro lado, y esto es quizás lo más difícil en opinión de Orjuela, deben aprender a temer nuevamente a las personas. Esto rara vez ocurre, pues los animales asocian a los humanos con su comida y, por lo tanto, los buscan. Cuando los liberan en un lugar silvestre, los ocelotes de cautiverio suelen acercarse a las personas, por lo que los pueden matar por miedo o por retaliación. En el mejor de los casos, alguien llamará otra vez a las autoridades para que se los vuelvan a llevar.

Los expertos consideran que salvo casos extraordinarios, los ocelotes traficados no pueden liberarse. Debido a ello, el mejor escenario para estos félidos es terminar en un zoológico o en un refugio de vida silvestre. Pero en Colombia, ni los unos ni los otros dan abasto. La mayoría ya tienen parejas de ocelotes exhibidos o pocos recursos para alimentar nuevos carnívoros. En un lugar como el hogar de paso del DAGMA, donde los recursos y el espacio son limitados, esto a veces significa que Orjuela debe tomar decisiones sobre la vida y la muerte de los animales.

Desde que fueron decomisados, el DAGMA ha ofrecido sin éxito a Ernesto, a Gato y a Barto a zoológicos y refugios. Lo más probable es que los diez o quince años de vida que le quedan a Barto en cautiverio se reduzcan, excepto contadas ocasiones, a los 16 metros cuadrados enriquecidos con cuerdas, bidones, maderas y otros elementos donde hoy se entretiene observando a los animales que ocasionalmente pasan frente a su encierro. E incluso ese futuro es incierto.

Los hombres hablan

Barto mira a través de las rejas hacia la malla sombra, pero no hay nada. El cangrejo se resiste a volver. Da vueltas y vueltas por su encierro, pero el crustáceo se ha ido. Entra a su casa de madera blanca, se acuesta y, de inmediato, sale de nuevo. Al otro lado de la reja, ahora hay un hombre desconocido. Lo observa con sus ojos caramelo y bufa antes de caminar hasta una placa metálica reforzada que lo separa de la jaula de otro ocelote.

La tarde del 25 de marzo, Barto percibió la presencia del otro félido y se acercó a la placa. El otro, Ernesto, hizo lo mismo. Apretaron, golpearon y de alguna manera hicieron fuerza hasta que el metal se dobló y se creó una apertura. En ese momento, Barto lo tuvo frente a frente por primera vez.

Se abalanzó sobre su cuerpo y lucharon hasta que Ernesto atrapó su pata delantera izquierda. Intentó liberarla de sus fauces, pero lo mordió con más fuerza. Sintió cómo los colmillos raspaban su piel y cercenaban la división entre dos de sus dedos. Ernesto sostuvo su pata allí, la sangre corriendo por la herida, hasta que una mujer y un hombre los separaron con agua. Tuvieron que suturarlo, reconstruir la parte interdigital y cogerle cinco puntos. Luego fortalecieron la división entre las dos jaulas, para evitar que volvieran a pelearse.

Barto pasea por su pequeño y delimitado hogar. Se acerca un poco a un hombre nuevo y desconocido que sostiene una cámara fotográfica en sus manos. Lo observa, se aburre y se aleja hacia la placa. Fuera de su encierro, el mono aullador dejó de gruñir, pero los capuchinos continúan gritando. Lo mismo las loras y las guacamayas, que rara vez se detienen. Sus chillidos y cantos hacen parte del trasfondo de la vida de Barto, al igual que las máquinas lejanas, el estallido ocasional de la pólvora y las voces insistentes de las personas. Se acuesta en su casa mientras el hombre nuevo (el periodista) y el hombre que ya conoce (Delio Orjuela) hablan y hablan:

—Es lamentable dejar que se envejezca en cautiverio… aquí tuvimos uno que era más pequeño [que Barto] cuando llegué en 2017. Nunca lo pudimos reubicar y murió hace cuatro meses…

—¿Ese fue…?

—Hubo que hacer la eutanasia [a Tontín] después de siete años en cautiverio. Le buscamos espacio en zoológicos y nunca le conseguimos… El otro ocelote [Ernesto] casi le arranca la mano al vecino. Ellos son implacables. Si uno les da la oportunidad…

—¿Rompió la lámina? ¿Por qué?

—Porque esa es una de las cosas que la gente no entiende. Muchas veces no es estar vivo, no es respirar, es calidad de vida. Entonces, para uno de ellos saber que hay otro como él al lado, eso no está bien. El asunto es que nosotros en los centros de atención de fauna, pues hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos… Yo insisto en que la fauna visibiliza a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental puede hacer lo que quiera con ruido, con contaminación del río o del aire, pero eso no se nota como se nota el maltrato a un animal. Esto es viral, lo que le pasa a un animal se vuelve viral… Yo sostengo que se debe invertir más en estos animales porque ellos finalmente son la imagen de la autoridad…

—¿Cuánto tiempo le van a dar a Barto, por ejemplo?

—Mira, al que murió hace cuatro meses, le dimos más de siete años. Somos muy pragmáticos. Esto al final es como una guerra. Tengo que pensar en qué puedo salvar… Sabemos de la bondad que hay en cada persona y en el corazón de todo el equipo, sabemos que todos han querido salvarlos. Pero si se llega a la situación [de decidir sobre el destino de un animal], va a tocar elegir, y pues no nos vamos a detener, porque tomamos decisiones de esa clase todos los días… Nos toca.

*Este texto forma parte de una alianza entre Mongabay Latam y Casa Macondo.

**Imagen principal: Barto, un ocelote rescatado en una vivienda en Colombia, en 2024, se aferra a los alambres de su jaula en el hogar de paso del Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, en la ciudad de Cali. Foto: Santiago Wills

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En un centro de rescate de Iquitos, al norte de la Amazonía peruana, vive Otto, un viejo jaguar (Panthera onca) que durante 13 años estuvo encerrado en una pequeña jaula de cemento. Era parte de la “colección privada” de un político regional de Perú que lo mantenía cautivo en una de sus propiedades, junto a otros animales silvestres. En marzo de 2024, cuando pudieron rescatarlo, los veterinarios notaron que estaba en muy mal estado: no podía levantarse, pesaba tan solo 50 kilogramos, estaba deshidratado, le habían arrancado las garras, le habían quitado los colmillos y cortado las orejas.

Ahora, más de un año después, su condición ha mejorado. Pesa 90 kilogramos y aunque ya camina con dificultad recostándose en las paredes, ha perdido todas sus habilidades de jaguar. No puede saltar, trepar, nadar, cazar ni recorrer largas distancias. Aunque está en mejores condiciones, tendrá que continuar su vida en cautiverio, acompañado por Orita, una jaguar hembra rescatada luego de que a su madre la mataran unos agricultores, y por Togos, un ocelote que durante tres años fue criado por una familia como “mascota” —con juguetes, cama y casa de madera— hasta que reaccionó instintivamente y lastimó a uno de ellos. Aunque parecen casos excepcionales, historias como estas se repiten a lo largo de toda Latinoamérica.

Desde las zonas altas de Los Andes, a más de 4000 metros sobre el nivel del mar, hasta las vastas selvas tropicales, bosques secos, manglares, humedales y desiertos, América Latina es habitada por una gran diversidad de gatos silvestres con características únicas. El jaguar —el félido más grande del continente americano— y el puma (Puma concolor) —un animal hábil que se adapta con facilidad a condiciones muy distintas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile— suelen ser los más conocidos. Pero, junto con ellos, otra decena de gatos silvestres medianos y pequeños recorren la región.

Se conoce que, de las 38 especies de félidos registradas en el mundo actualmente, al menos una tercera parte se encuentra en Latinoamérica. Hay algunos manchados, como el ocelote (Leopardus pardalis), el tercero más grande de la región, que se mueve principalmente por bosques y selvas tropicales; o el margay (Leopardus wiedii), un gato pequeño que trepa árboles con agilidad y que tiene una cola más larga que su cuerpo.

Hay otros más extraños, como el yaguarundí (Herpailurus yagouaroundi), que por su cuerpo alargado, y su cabeza pequeña, se asemeja más a una nutria o a una comadreja que a un félido. Bien al norte está el lince rojo (Lynx rufus), también conocido como gato montés, un gato mediano de orejas puntiagudas que se mueve entre las zonas frías y áridas del sur de Canadá hasta Oaxaca, en el sur de México.

Su diversidad y su belleza los han llevado a ser víctimas de una amenaza difícil de enfrentar: el tráfico de fauna. Los sacan de sus hábitats —donde cumplen funciones clave para la salud de los ecosistemas— para adornar salas como “trofeos”, para hacer collares, carteras o correas con sus garras, cráneos, colmillos y pieles, e incluso se comercializan vivos ilegalmente para convertirlos en “mascotas”. Claro que, en palabras de Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés), “por muy lindos que parezcan, realmente no son muy buenas mascotas… su caca huele terrible. Realmente espantoso. Si lo supieran, se les quitaría esa idea absurda de tenerlos en la casa”.

Aunque el tráfico de fauna es considerado un delito en la mayoría de los países de América Latina, aún se sabe muy poco sobre su magnitud, sus impactos y su verdadero alcance. Como señala José Fernando González-Maya, director científico del Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras (ProCAT) y copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una problemática desatendida y subdimensionada. “Aunque tenemos indicios, datos y algunas sospechas de cómo funciona, apenas estamos rasguñando la superficie. Las estimaciones sobre los datos de incautaciones son una mínima parte de lo que realmente se está traficando”, asegura.

Países como Colombia, México, Argentina y Guatemala, por ejemplo, no cuentan con estadísticas nacionales detalladas ni desglosadas por especie. Y la mayor parte del comercio ilegal de fauna sigue ocurriendo sin ser detectado ni sancionado. “Esta ha sido, es y seguirá siendo una de las amenazas más críticas sobre la biodiversidad”, insiste González-Maya, quien también es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana.

En el “mejor” de los casos, algunos gatos silvestres logran ser rescatados. Pero, ¿qué ocurre después? Mongabay Latam siguió de cerca seis historias de félidos rescatados en seis países de la región. A pesar de los enormes esfuerzos y la buena voluntad de veterinarios, centros de rescate y conservacionistas, el panorama no es bueno: en la gran mayoría de los casos, salir de su hábitat natural es una condena a muerte o a una vida en cautiverio para estos carnívoros.

Mascotas que no son mascotas

En octubre de 2024, agentes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional de Colombia llegaron hasta una vivienda en un lujoso barrio residencial de la ciudad de Cali. Tenían que hacer efectiva una orden de captura relacionada con armas y tráfico de drogas, pero durante el allanamiento escucharon un sonido extraño. En una jaula oscura, con doble enmallado, hallaron un ocelote: el tercer felino más grande del país y —según el libro Felinos de Colombia— el que con mayor frecuencia se tiene de forma ilegal en cautiverio como mascota. El animal, que parecía llevar por lo menos un año encerrado, tenía el pelaje desgastado y pálido y lucía enfermo.

En México, Mitsuo —un lince rojo rescatado— pasó su primer año en libertad, pero luego fue capturado por personas que quisieron tenerlo como si se tratara de un “gato doméstico”. Para disminuir el peligro que significaba mantenerlo en casa, intentaron quitarle sus colmillos y, durante el proceso, el lince casi muere de una hemorragia. Sora, otra lince, fue sacada de su madriguera cuando estaba recién nacida para ser ofrecida como mascota en redes sociales. Aunque intentaron rehabilitarla, no pudo ser liberada. Según datos compartidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), desde 2015 hasta principios de 2025, la Procuraduría General ha incautado 59 ejemplares de lince rojo en ese país.

“Los gatos silvestres no son animales que se alimenten de plantas, que no se esconden ni huyen. Todo lo contrario. Necesitan aprender a cazar, a matar y a comer. Y lo hacen mientras su madre los protege de los extraños”, asegura Jim Sanderson, director de SWCCF. Por eso, cuando se rescatan crías que fueron separadas de su madre —de la que aprenden todo hasta casi los dos años— es muy difícil que desarrollen esas habilidades. “Sin madre, sin práctica de caza, sin experiencia, es difícil que sobrevivan por su cuenta”, dice.

Además, como explica González-Maya, de ProCAT, “un individuo que es víctima de tráfico es un individuo que ya está ‘improntado’”, un término que se usa para describir la vinculación y dependencia del animal con el ser humano. En palabras sencillas, empiezan a asociar al humano como “el que les trae comida” y no aprenden a cazar. Por más tiempo, recursos y esfuerzos técnicos que se inviertan, es una tendencia casi imposible de reparar, lo que reduce al mínimo sus posibilidades de volver a la vida silvestre, comenta el especialista.

Cazar —dice Esteban Payán, doctor en biología, experto en félidos y fundador de la consultora Boutique Carbon— es muy difícil. “Imagina que cada vez que te da hambre tienes que entrar en una pelea para poder comer. No solo es desgastante, sino que también es peligroso, porque las presas tienen sus mecanismos de defensa evolutivos, como cuernos, cascos, dientes, velocidad, patadas, etc.”, afirma. “Para los felinos, alimentarse implica esforzarse y, si no saben hacerlo, quedan heridos o están condenados a morir de hambre”, insiste. Por eso, la gran mayoría de félidos rescatados deben permanecer el resto de su vida en cautiverio.

Sanderson recuerda un caso que ilustra mejor la situación. En un centro de rescate de Ecuador —comenta— intentaron rehabilitar durante más de un año a una cría de ocelote, pero, desafortunadamente, el animal se acostumbró a que la gente lo alimentara y al sabor del pollo. Cuando lo liberaron desconocía por completo su entorno, no sabía cazar y, probablemente, no pudo encontrar ninguna presa. Entonces empezó a morir de hambre y se acercó a la gente. “Vio un pollo suelto y lo atrapó. Los pobladores lo vieron y lo mataron al instante. Es un caso lamentable. Un año en un centro de rescate, dos semanas libre y luego muerto”, dice Sanderson, quien agrega que “pese a las buenas intenciones de rehabilitación y liberación, esto es algo que sucede todo el tiempo”.

Con un reto extra: gran parte de las liberaciones o reintroducciones que se hacen en América Latina no incluyen un seguimiento a través de collar con GPS o cámaras trampa de los individuos, por lo que —a diferencia del caso de Ecuador—, nunca se sabe realmente qué pasó con ellos.

Tráfico, una amenaza común

El tráfico de félidos adopta distintas formas y varias de ellas pueden observarse en torno a la caza (legal e ilegal) en Argentina. Los pumas atraviesan una situación ambigua en este país sudamericano: aunque están recuperando territorios donde llevaban décadas desaparecidos, la falta de cifras impide tener certezas sobre la cantidad y la densidad de la población existente.

En el país existen criaderos ocultos donde cachorros de diferentes especies —pero especialmente de puma— crecen en condiciones deplorables para luego ser vendidos a cotos (terrenos) de caza ilegal. Algunos ejemplares son criados en cautiverio y otros son extraídos ilegalmente de la naturaleza. Los cazadores, por lo general extranjeros, pagan altos precios por participar en lo que se conoce popularmente como “cazas enlatadas”, en las que se les garantiza que tendrán a su disposición el animal que buscan para dispararle y llevarse “el trofeo” —también ilegalmente— a casa.

Como explica Kai Pacha, fundadora de Pumakawa —un centro de rescate en la provincia de Córdoba al que han llegado varios de los pumas incautados—, para que puedan cazarlos fácilmente, los animales son encerrados en pequeñas jaulas, les lastiman las patas y los mantienen deshidratados durante mucho tiempo para que, al dejarlos salir, se muevan en la dirección que sus captores esperan: hacia el agua.

“Las pésimas condiciones en la que se desarrollan en esos criaderos les hace perder las cualidades que les permiten ser depredadores tope cuando se mueven en libertad”, agrega Carina Righi, investigadora de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina. Por lo que es prácticamente imposible que vuelvan a la vida silvestre. Además, tampoco se sabe, a ciencia cierta, el número anual de ejemplares cazados.

La escasez de datos es un rasgo común de la región. Mongabay Latam solicitó a 40 autoridades ambientales, judiciales y policiales de Argentina, Colombia, México, Guatemala y Perú las cifras oficiales sobre incautaciones y rescates de félidos (vivos, muertos o sus partes) a nivel nacional. Solo Perú cuenta con una base de datos de incautaciones a nivel nacional, donde además detalla el nombre de la especie y, en algunos casos, el destino donde llegó el ejemplar. El resto solo cuenta con información parcial, por lo que una mirada general (pero subestimada) sobre el tráfico de félidos en estos países podría verse de la siguiente manera.

En Argentina, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (antes Ministerio de Ambiente) informó que, entre 2017 y 2024, el animal más traficado en el país fue el puma, con 167 incautaciones. La mayoría eran “trofeos de caza” conformados por cráneos, pieles y garras, pero también se rescataron 20 ejemplares vivos que iban destinados a “surtir” cotos de caza.

El informe aclara que los datos “incluyen sólo las incautaciones efectuadas por el área de fiscalización de fauna del Estado Nacional” y que no existe en el país una base de datos sistematizada que recopile todo lo relacionado al tráfico de fauna, así que las operaciones que las provincias hayan realizado por su cuenta no figuran en el resumen general.

En Guatemala, las estadísticas solo reportan las incautaciones de grandes grupos de vertebrados, es decir que desde 2010 a 2025 las autoridades tienen registro de 790 incautaciones de mamíferos silvestres, pero no se sabe cuántos de estos son félidos.

En México, el tercer país más grande de la región y fronterizo con Estados Unidos —país con el mayor número de decomisos de partes de jaguar entre 2000 y 2018, según las Naciones Unidas— las cifras de incautaciones de félidos a nivel nacional son desproporcionadamente bajas. Según la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a una solicitud de información, entre 2015 y 2024 se incautaron 12 subproductos de jaguar (piel, cráneos y especímenes completos), dos piezas de lince, una piel de ocelote y seis piezas de subproductos de puma. Además, aseguraron que no tenían estadísticas o registro de félidos traficados en redes sociales.

Sin embargo, un estudio publicado en enero de 2025 en la revista Animal Conservation evidenció que en ese país, solo a través de redes sociales y plataformas de internet, se vendieron entre 2011 y 2022 las partes de 68 jaguares y 34 pumas; y se ofrecieron los colmillos de al menos siete ocelotes, así como las pieles de siete linces y tres margays. Las publicaciones analizadas también sugieren que al menos 15 jaguares, cinco ocelotes y tres linces vivos fueron ofrecidos como mascotas.

“Estas diferencias hacen que sea especialmente difícil determinar, a partir de la información fragmentada y limitada disponible actualmente, si el comercio ilegal está aumentando o no”, señala un informe publicado por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) sobre el tráfico del jaguar, en 2021. Esto muestra la gravedad del delito y la dificultad para obtener información confiable, ya que el resto de gatos silvestres son mucho menos investigados y estudiados que el jaguar.

En Colombia tampoco hay información que reúna las incautaciones o rescates realizados por las autoridades nacionales, la Policía, las 33 Corporaciones Autónomas —autoridades ambientales territoriales— y las secretarías de ambiente distritales de las principales ciudades. El Ministerio de Ambiente respondió que actualmente se encuentra en una “fase de recopilación, organización y análisis de insumos proporcionados por las autoridades ambientales regionales”, por lo que, por ahora, no hay un estimado de las cifras a nivel nacional.

Una base de datos realizada para esta investigación muestra, sin embargo, la escala del problema. Si solo hablamos de ocelotes, como el que fue incautado a finales del año pasado en Cali, desde 2010 se han decomisado más de 340 de estos animales, entre ejemplares vivos y muertos, según la información de cada una de las corporaciones autónomas y secretarías distritales, obtenida vía transparencia. La mayoría vivían en hogares como mascotas.

De todos los países analizados para este especial, Perú es el único que lleva un registro a nivel nacional sobre incautaciones y decomisos de félidos. El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) informó a Mongabay Latam que, entre 2014 y 2024, el país registró la incautación de 591 especímenes de félidos (entre los que se incluyen partes, productos y animales vivos o muertos). De estos, 183 eran ejemplares vivos de nueve especies: el ocelote era el más incautado (42 ejemplares), seguido por el margay (33), y el puma y el yaguarundí (con 27 cada uno). Además, se incautaron 128 pieles, 124 colmillos, 51 garras y 22 cráneos.

“Todavía nos hace falta entender la magnitud del tráfico de fauna y, en especial, de los félidos. Y los gobiernos de la región deberían prestar mucha más atención a esto. No es posible que todavía estén saliendo tigrillos —o cualquier especie de gato silvestre— por un aeropuerto o una terminal de buses”, insiste el experto González-Maya.

Falta de información y de protocolos

A un centro de rescate que se encuentra en el departamento de Petén, en Guatemala, llegó en 2024 un yaguarundí. Es uno de los nueve que ha recibido el lugar desde 2012 y que han sido entregados por la División de Protección a la Naturaleza (Diprona) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).

Las autoridades lo encontraron a más de 400 kilómetros de distancia, en la ciudad capital. Sin embargo, al centro no le entregaron muchos detalles sobre cómo llegó, dónde fue incautado, en qué condiciones estaba, o si lo recuperaron de una casa o del monte. Esa historia desconocida es un reto más en los difíciles procesos de evaluación y posible rehabilitación. Además, no saber de dónde vienen los animales y cuáles son sus “costumbres” puede generar nuevos problemas.

Los gatos silvestres rescatados, dice el copresidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros, son “una papa caliente”. “Lo que suele ocurrir —explica— es que las autoridades necesitan darle al animal una disposición rápida. ¿Por qué? Porque una liberación adecuada, que cumpla con los estándares y protocolos necesarios, es extremadamente costosa, de largo plazo y tiene muy pocas probabilidades de éxito”. Esto, sin mencionar que los pocos centros de rescate en la región ya no dan abasto, que los recursos y el espacio son limitados y que reciben nuevos animales constantemente.

Payán coincide: “Son animales que pueden vivir 15 años y hay que alimentarlos con enormes cantidades de carne costosa; que no se pueden tener en jaulas de 2×2 metros porque se estresan y se lastiman intentando salir de ahí, y hay muy pocos refugios habilitados —o con cupos disponibles para recibir más animales— que cumplan con todos esos requisitos”.

La falta de información y de protocolos, señalan los expertos, conducen a liberaciones inadecuadas que pueden acarrear otros problemas sanitarios y genéticos. Los jaguares del Chocó biogeográfico, por ejemplo, no son iguales a los de Centroamérica o a los de la Amazonía. Pese a que son de la misma especie, sus poblaciones tienen diferencias genéticas. “Si liberamos un ejemplar en una zona que no es la de su población, estamos alterando esa composición genética que lleva siglos evolucionando. Y si, además, no se hizo un trabajo juicioso para saber si el individuo estaba enfermo, ponemos en riesgo a los que se encuentran en estado silvestre”, dice Payán.

Si hablamos de conservación, agregan los investigadores, el objetivo es proteger a las poblaciones de la especie en estado silvestre, con su composición genética y salud, y no ponerlas en riesgo por el bienestar de un individuo. Además, puede haber otros agravantes: si se reubica a un animal que estaba comiendo ganado o aves de corral, se está trasladando el problema a una comunidad humana que no necesariamente lo tenía. “Y así seguimos dañando la imagen de la especie, a pesar de que sabemos que podemos convivir con ellos”, insiste Payán.

¿Cómo cambiarlo? Para González-Maya está pendiente un tema urgente: la regulación. “Tiene que haber una reglamentación clara sobre los mínimos que deben tener las autoridades ambientales o los centros de rehabilitación para atender y procesar estos casos. Que desde un punto de vista netamente veterinario y técnico se cree un protocolo que permita evaluar el estado en el que llegan para definir el destino final de estos animales, ya sea su liberación o permanecer en cautiverio o, cuando sea inevitable, la eutanasia”, dice.

Si es un animal recién capturado del monte, que está lastimado, pero que no ha tenido contacto con humanos y se puede rehabilitar en el corto plazo, aumentan las posibilidades de una liberación, comenta González-Maya. “Pero —agrega— los que tenían al gatito de meses, es claro que va a terminar en cautiverio”.

Como hasta ahora no existe en la región un protocolo con ese nivel de detalle, la rehabilitación y la posibilidad de liberación se vuelve un tema “subjetivo”. Por eso, para los expertos, las liberaciones no son necesariamente “casos exitosos”. “Son muy pocos los animales que han sido liberados con collares para monitorearlos, por lo que no se sabe qué ocurrió con ellos”, dice Payán. ¿Pudieron volver a cazar? ¿Murieron al enfrentarse con otro ejemplar por un territorio? ¿Fueron cazados? ¿Los mataron por comerse una gallina? ¿Se enfermaron?

“Sí hay formas de hacer reintroducciones exitosas, pero eso requiere muchos procesos que en la actualidad no se están haciendo, empezando por monitorear y por medir”, insiste el experto.

Xamã, uno de los pocos casos de éxito

En Brasil, gracias al trabajo de la organización Onçafari y al apoyo de la organización World Animal Protection, se encuentra uno de los pocos casos que son ejemplo en la región: Xamã, que fue rescatado cuando tenía tan solo dos meses, se convirtió en el primer jaguar macho en ser reintroducido con éxito en el bioma amazónico.

Aunque Brasil también se enfrenta a la caza ilegal de jaguares, el comercio ilegal de partes de félidos y venta de gatos silvestres para colecciones privadas, Xamã no fue víctima de tráfico. En 2022, cuando era un cachorro, tuvo que enfrentarse a los devastadores incendios que se extendieron en el estado de Mato Grosso, en el arco de deforestación amazónico, donde avanza con fuerza la agroindustria. Se sospecha que su madre fue víctima del incendio o que perdió al cachorro mientras intentaba huir de las llamas, por lo que Xamã fue encontrado solo, desnutrido, deshidratado y débil.

Desde entonces empezó una tarea titánica para ayudarlo a recuperarse. Pero, para dar el primer paso, dos aspectos fueron claves: que a pesar de su cansancio temporal gozaba de buena salud y que era extremadamente reacio a los humanos. Con eso, los expertos confiaron en que podría ser un buen candidato para una posible reintroducción en la naturaleza. Sin embargo, nada estaba garantizado.

El proceso duró casi dos años. Después de pasar cinco meses en el hospital veterinario de Sinop, en Mato Grosso, el félido estuvo en condiciones de viajar más de 700 kilómetros por tierra para llegar al enorme recinto de rehabilitación de Onçafari, con 15 mil metros cuadrados, en la mitad del bosque amazónico.

Poco a poco aprendió a alimentarse por sí mismo y dejó de ser sumiso con los jaguares libres que paseaban al otro lado de la reja. Hacía respetar su territorio con actitudes desafiantes. Fue entonces cuando, en octubre de 2024, la puerta del refugio se abrió finalmente para que, cuando quisiera, saliera a la selva, una técnica conocida como soft release. Xamã tardó 12 horas en dejar el resguardo y nunca más volvió.

A partir de entonces es monitoreado por un collar GPS que emite su ubicación 12 veces al día. En estos meses no solo se ha mantenido vivo, sino que se ha desplazado por más de 43 mil hectáreas. Por eso los biólogos, veterinarios y conservacionistas consideran que, hasta ahora, ha sido un caso exitoso. Lograrlo, sin embargo, implicó la participación de decenas de  profesionales, tiempo, espacio y mucho dinero. Según Júlia Trevisan, bióloga y coordinadora de vida silvestre de World Animal Protection, el proceso de rehabilitación hasta la liberación fue posible gracias a una inversión de entre 140 mil y 180 mil dólares, unas cifras difíciles de lograr para cada individuo rescatado.

Ahora, en libertad, Xamã se enfrenta a otras amenazas. Los jaguares han sufrido una pérdida de casi el 38 % de su hábitat en Brasil e importantes disminuciones de sus poblaciones en todo su rango de distribución. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales, esta especie está clasificada como Vulnerable en el país, pero en algunas zonas las poblaciones han sido evaluadas como En Peligro o En Peligro Crítico de extinción, debido a su aislamiento, protección deficiente o la poca cantidad de ejemplares.

Jim Sanderson, sin embargo, cree en un futuro prometedor: “Lo que nos da realmente esperanza es saber que la naturaleza puede responder muy rápido, que las poblaciones de estos félidos pueden recuperarse. Pero esto solo es posible si les damos la oportunidad”.

Imagen principal: Ilustración de Alma Ríos

REFERENCIAS

CITES. (2021). Estudio de CITES sobre el comercio ilegal de jaguares. Secretaría de la CITES. https://cites.org/sites/default/files/articles/CITES_Study_on_Illegal_Trade_in_Jaguars_ESP.pdf

CITES (2022). Informe mundial sobre el comercio de fauna y flora silvestres. Ginebra (Suiza) https://cites.org/sites/default/files/common/docs/S-World_Wildlife_Trade_Report_CITES.pdf

De la Torre, J.A.; Duchez, K.; Radachowsky, J. Characterization and Extent of Illegal Trade in Jaguars and Other Felid Species via Social Media in Mexico. Anim. Conserv. 2025, https://doi.org/10.1111/acv.70001.

Payán Garrido, E. y Soto Vargas, C. 2012. Los Felinos de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia. 48 pp. https://naturalia.me/wp-content/uploads/2013/12/los-felinos-colombia-2012.pdf

Ruiz-Tagle, M.N., Sosnowski, M., Barthuly, B., Petrossian, G.A. 2022. Tráfico Ilegal de Cinco Especies del Apéndice I de CITES Emblemáticas para la Región Amazónica. Informe técnico preparado para el Proyecto Bioamazonía. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, Brasil. Disponible en: https://ora.otca.org/wp-content/uploads/2022/10/ORA_Informe-Tecnico-Trafico-Especies-CITES_jul2022_ESP.pdf

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las iguanas de Galápagos lucen como seres prehistóricos. Su piel parece compuesta de escamas de piedra volcánica, su dorso está coronado por una hilera de espinas y sus dedos terminan en largas uñas curvas. Usan su cola como látigo para defenderse, pero eso no ha sido suficiente para evitar que traficantes las saquen del territorio ecuatoriano y las envíen a Norteamérica, África, Asia y Europa.

“Son apetecidas porque son especies únicas”, dice Christian Sevilla, responsable de conservación y restauración de ecosistemas insulares del Parque Nacional Galápagos (PNG). Cada una sería vendida por varias decenas de miles de dólares.

Decenas de ejemplares han sido exportadas e importadas entre países como Mali, Uganda y Suiza con permisos de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), de acuerdo con el artículo científico Trafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problemTrafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problem, publicado en Biological Conservation.

Pero Ecuador, el único lugar del mundo donde habitan estas especies, nunca ha permitido la exportación de ejemplares vivos, de acuerdo con Sevilla, uno de los autores de la publicación. Ni el parque nacional ni el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) han emitido permisos CITES para el comercio internacional de estas especies, se detalla en el artículo.

Mark Auliya, del Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio en la Biodiversidad, lideró a un grupo de expertos en reptiles y tráfico de especies para investigar cómo se legalizó algo prohibido: la exportación e importación de iguanas de Galápagos. El equipo revisó todo tipo de archivos y documentos, incluidos los de CITES y publicaciones en internet, sobre el comercio y el tráfico de estos especímenes.

“El mayor problema reside en la falta de verificación rigurosa por parte de los terceros países”, asegura Sevilla. Gran parte del comercio entre diferentes continentes se dio bajo la categoría C, de crianza en cautiverio, pero los autores señalan que los países que autorizaron la exportación o importación no comprobaron la procedencia de las madres y padres de las crías comercializadas.

Singulares iguanas de Galápagos

Las primeras iguanas llegaron a las islas Galápagos flotando en balsas de vegetación. Al encontrarse con condiciones diferentes a su lugar de origen, se especializaron a lo largo de millones de años. Así se originaron cuatro especies endémicas del archipiélago, tres de ellas son de tierra: iguana terrestre amarilla (Conolophus subcristatus), iguana terrestre rosada (C. marthae) e iguana terrestre de Santa Fe (C. pallidus).

La cuarta especie se volvió acuática, dando origen a la única iguana marina en el mundo (Amblyrhynchus cristatus) , explica Washington Tapia, biólogo especialista en diversidad biológica y coautor del estudio. “Hay evidencia”, dice, de que las iguanas amarillas y marinas “divergieron hace un millón de años”.

Aunque la iguana rosada fue descrita para la ciencia recién en 2009, esta especie se distinguió del ancestro común hace 3.5 millones de años. Se estima que unos 300 individuos habitan en un espacio bastante limitado del volcán Wolf, en la isla Isabela.

Según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la iguana rosada está En Peligro Crítico. Las otras tres son Vulnerables.

En 1959, Ecuador, motivado por la existencia de estas y otras especies únicas en el mundo, declaró la creación del primer parque nacional del país, protegiendo cerca del 97 % del archipiélago. En 1978, la UNESCO le dio el estatus de Patrimonio Natural de la Humanidad, el primero en el mundo.

Se han implementado medidas locales, nacionales e internacionales para proteger la biodiversidad de las islas. Bajo la Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, la extracción de fauna o flora de las islas es una infracción administrativa muy grave. El tráfico de especies está penado en Ecuador con hasta tres años.

Las especies también están protegidas bajo las regulaciones de CITES. Las cuatro iguanas de Galápagos constan en el Apéndice II de la Convención, que permite el comercio internacional siempre que la autoridad CITES de cada país otorgue el permiso de exportación. Y en la falta de esa autorización ecuatoriana radica el problema del comercio internacional de estos singulares reptiles.

El mecanismo para capturarlas es una incógnita

Los autores del artículo no han podido indagar sobre cómo los traficantes capturan a las iguanas. Sevilla explica que 300 guardaparques se enfrentan al reto de controlar los 8000 kilómetros cuadrados terrestres del Parque, 143 000 kilómetros cuadrados de la Reserva Marina Galápagos y 60 000 kilómetros cuadrados adicionales de la Reserva Marina Hermandad.

“Sospechamos que los traficantes tienen ayuda de gente que conoce cómo manipular estos individuos”, dice Tapia. Es que manejar estos reptiles no es fácil. Golpean con la cola y si eso no funciona, intentan morder.

La extracción de iguanas rosadas es aún más sorprendente porque solo guardaparques que van a realizar tareas de manejo de la especie e investigadores con autorización del Parque pueden entrar al volcán Wolf, una zona remota y agreste.

“Hay personas que ingresan ilegalmente”, dice Sevilla. Las cámaras trampa colocadas en el área para monitorear y proteger la especie han captado a personas caminando en los alrededores. Esto fundamenta la sospecha de que habitantes de Galápagos, que conocen estos sitios, están involucrados en el tráfico, aunque no se ha identificado a ningún responsable.

El artículo recoge que un alemán y un mexicano fueron arrestados por intentar, en 2012 y 2015 respectivamente, sacar de las islas individuos juveniles de iguanas terrestres y marinas. Su talla pequeña puede facilitar esconderlas, empacarlas y transportarlas en mayor cantidad, asegurando mayores ganancias.

Además, a diferencia de los adultos, los juveniles se adaptarían mejor al cautiverio y serían más activas en términos reproductivos. También existe el beneficio de que en caso de una inspección, las autoridades acepten con mayor facilidad que provienen de la reproducción en cautividad.

El comercio se habría legalizado mediante “lavado”

En 2010, una unidad canina detectó en el aeropuerto de Galápagos a dos iguanas marinas vivas y a una tortuga marina muerta en un compartimento secreto de un paquete. El responsable huyó de la escena y no fue detenido. Sevilla enfatiza que el tráfico de especies, así como el tráfico de drogas o personas, busca sobrepasar todos los controles, por lo que los casos detallados en el artículo son solo los detectados.

La publicación apunta a que el comercio internacional de estas especies pudo haber comenzado ese mismo año, con la “exportación ilegal” de dos iguanas terrestres y otras dos iguanas rosadas desde Mali a Suiza, luego de su extracción de Ecuador. Sin embargo, en los documentos los datos son contradictorios, lo que refleja posibles irregularidades. Por ejemplo, la base de datos de CITES documentó que Suiza reportó la importación de solo dos iguanas terrestres de Galápagos. Después, en 2012, Suiza registró la importación de otras tres iguanas marinas también desde Mali.

Todas las iguanas fueron etiquetadas con la “C”, de crianza en cautiverio, aunque los autores comprobaron que Mali nunca reportó importaciones de estas especies. “Parece que estos animales pudieron haber sido contrabandeados desde Ecuador, eventualmente a Mali, donde fueron ‘lavados’ al declararlos como reproducidos en cautiverio para exportarlos a Suiza”, se lee en el artículo.

En 2014, Suiza emitió permisos CITES para la exportación a Uganda de cuatro iguanas terrestres y dos iguanas marinas. Así, a ojos de los autores, el país europeo concretó la “legalización de estos animales”.

“Se supone que los estados parte de la CITES tienen la obligación de verificar el origen legal de cualquier espécimen, pero en este caso llama la atención que ninguno de los países consultó a Ecuador sobre el origen de los ejemplares”, observa Tapia.

Mongabay Latam consultó su postura a Mali, Suiza, Uganda y la Secretaría de Medios de CITES, pero hasta el cierre de este artículo, solo contestó un representante de Uganda. “No puedo compartir información, discutir o responder a historias no investigadas e inventadas en los medios de comunicación”, respondió vía correo electrónico George Owoyesigire, oficial principal de Vida Silvestre del ministerio de Turismo, Vida Silvestre y Antigüedades del país africano.

Uganda sería el centro de operaciones

Entre 2017 y 2023, Uganda reportó la exportación de 64 ejemplares, la mayoría catalogadas como “reproducidas en cautiverio”, a excepción de una. Los destinos principales fueron el este y el sudeste asiático. De manera contradictoria, los importadores que comercializaron con Uganda declararon recibir 47 individuos, 17 menos que lo documentado por el país africano.

El artículo señala otras presuntas irregularidades. En 2019, Sudán declaró la reexportación procedente de Uganda de dos iguanas terrestres, pero el último país no registró el envío en sus exportaciones.

Ese mismo año, las autoridades CITES de Uganda reportaron la exportación a Japón de cuatro iguanas marinas. Pero Japón sólo ha registrado la importación en 2015 de cuatro iguanas marinas supuestamente reproducidas en cautiverio y provenientes de Mali.

En 2022, tras el envío de dos ejemplares de Uganda a Corea del Sur, los dos países usaron el código “F”, para animales reproducidos en cautiverio que no cumplen con los criterios de CITES.

Los autores de la publicación también hallaron pistas que enlazan a un ciudadano estadounidense-finlandés con varios hechos relacionados al tráfico y comercio de reptiles. En 2010, fue condenado a 15 semanas de prisión por intentar contrabandear geckos desde Nueva Zelanda. En 2012, una foto publicada en Facebook lo mostraba junto al ciudadano mexicano que fue arrestado en 2015 por intentar extraer iguanas de Galápagos con destino a Uganda.

El estadounidense-finlandés, además, encabeza el CTC Conservation Center en Lukalu, Uganda, que alberga iguanas de Galápagos terrestres y marinas. Otra foto publicada en Facebook, pero esta vez en 2022, muestra a esta persona junto a un tailandés, que en al menos dos ocasiones usó sus redes sociales para ofrecer crías de iguanas de Galápagos, y a un alemán identificado como traficante de reptiles.

Retos para proteger a las iguanas de Galápagos

Tapia explica que mientras en otros lugares los grandes mamíferos herbívoros cumplen con el rol de ingenieros de ecosistemas, en Galápagos, las iguanas y las tortugas son las principales dispersoras de semillas. Además, controlan la vegetación, que crea las condiciones para que otras especies prosperen en el ecosistema.

Por eso, el tráfico de estas especies puede provocar un gran daño en el archipiélago. También se pueden dar daños irreversibles a las poblaciones de estas especies únicas. “Si alguien saca 10 iguanas rosadas, el impacto sobre la población sería alto. Estamos hablando de un porcentaje importante de la población”, dice Tapia.

En 2010, el Grupo de Examen Científico CITES de la Unión Europea emitió una “opinión negativa” para impedir la emisión de permisos de importación de iguanas de Galápagos. Sin embargo, de acuerdo con la publicación científica, Suiza continuó importando y exportando estas especies. La decisión fue confirmada en 2020.

En marzo de 2022, la autoridad CITES de Ecuador presentó un documento informativo en la reunión del Comité Permanente de la Convención en el que señaló que la expedición de permisos CITES para estos animales “de origen ilegal” y su supuesta descendencia criada en cautiverio “socava la integridad” del sistema de permisos del Apéndice II.

Actualmente, dice Sevilla, el Ministerio de Ambiente de Ecuador está trabajando en una propuesta para que las iguanas de Galápagos salgan del Apéndice II y se incorporen al Apéndice I, que ofrece mayor grado de protección. De esta manera se busca evitar el transporte de las especies que ya están fuera de Ecuador.

“El mayor desafío va a ser la cancelación retroactiva de los permisos ya emitidos y la confiscación de los ejemplares comercializados”, sostiene el funcionario del Parque Nacional Galápagos. A pesar de que este objetivo se concrete, a Tapia le preocupa la dinámica del mercado ilegal de especies: “Mientras haya demanda, siempre habrá alguien que genere la disponibilidad. Hay personas con mucho dinero interesadas en incluir estas especies a sus colecciones privadas”.

Referencia

Auliya, M., Nijman, V., Altherr, S., Tapia, W., Ariano-Sánchez, D., Catu, J., Colosimo, G., Gentile, G., Gerber, G., Grant, T., Henningheim, E., Hughes, A., Knapp, C., Lieberman, S., Malone, C., Pasachnik, S., Petrossian, G., Sevilla, C., Sosnowski, M., Weissgold, B. (2025). Trafficking of Galápagos iguanas as an example of a global problem: CITES permits, laundering and the role of transit countries in Europe and Africa. Biological Conservation.

Foto principal: una iguana marina toma sol sobre una playa rocosa. Foto: cortesía Jonathan Green / PNG

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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