Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Vista desde el aire, la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Las imágenes satelitales muestran cómo esta actividad —tanto ilegal como autorizada— se extiende principalmente por dos de los corredores de conectividad ecológica más importantes del país: el Llanganates-Sangay y el Sangay-Podocarpus. Juntos conectan al menos 30 áreas de conservación municipales, provinciales y privadas, así como otras 12 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

A lo largo de estos corredores —como lo revela el análisis satelital realizado por Mongabay Latam con datos de la Fundación Ecociencia y Global Forest Watch— se encuentran tres de las áreas protegidas más amenazadas por la minería de oro a cielo abierto en Ecuador: el Parque Nacional Podocarpus, el Parque Nacional Llanganates y el Área Protegida Autónoma Yacuambi. Entre ellas acumulan más del 65 % de las hectáreas impactadas por esa actividad en áreas protegidas amazónicas, una superficie equivalente a más de 86 veces la Plaza de la Independencia, en la ciudad de Quito.

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Esta cifra, sin embargo, no incluye la devastación causada por la exttracción de oro en ríos ni la que se desarrolla en socavones o grutas, como ocurre en la Cordillera del Cóndor. Estas son muy difíciles de medir por los satélites, como lo explica un experto de la Fundación Ecociencia, pero aún así su magnitud es considerable. Lo que sí es posible tener es una fotografía más completa de la deforestación en los dos corredores, donde se realizan actividades como la minería a cielo abierto, la apertura de vías y la tala para distintos fines. La cifra de pérdida de bosque, cuando se consideran en el análisis todas esas amenazas, se dispara a 3336 hectáreas perdidas entre 2001 y 2024, un área equivalente a 4 765 canchas de fútbol profesional juntas o a todo el Parque Metropolitano de Quito.

“Los servicios de conectividad aseguran caudales para el consumo humano y para actividades como la agricultura”, explica Javier Robayo, presidente de la Fundación EcoMinga, que se dedica a proteger zonas de alto endemismo y diversidad biológica en el país y que trabaja en estos corredores. “La minería ilegal —añade— destruye cuerpos de ríos, bosques y comunidades a través de poder económico y mafias, contamina a las personas, su modo de vida, su forma de pensar y de obtener recursos y salir de la pobreza”.

La ausencia de control en esos santuarios naturales, como lo indican los expertos entrevistados, ha promovido también la consolidación de una ruta de ilegalidad a lo largo de los dos corredores ecológicos, dominada por grupos de crimen organizado como Los Lobos y Los Choneros, que pugnan por controlar los núcleos de extracción minera. Así lo confirma el análisis satelital y el mapeo en campo realizado para esta investigación.

Esta es solo una muestra de cómo los delitos ambientales están arrasando ecosistemas sensibles. Si miramos el panorama completo, nuestro análisis geográfico realizado con datos de Global Forest Watch evidencian que en toda la Amazonía ecuatoriana hay al menos 23 áreas protegidas —incluyendo parques nacionales, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y reservas— que han perdido cerca de 14 660 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, una superficie equivalente a más de la mitad de la zona urbana de la ciudad de Quito. Si bien la transformación del bosque responde a varios problemas, la minería de oro a cielo abierto es la que va en ascenso en los últimos años.

La deforestación —provocada principalmente por agricultura, tala, ampliación de vías y minería ilegal, según declaraciones de Pablo Cuenca, director del Laboratorio de Cambio Global de la Universidad Regional Amazónica Ikiam, a Mongabay Latam— también está devorando cientos de tierras indígenas. El análisis satelital revela que al menos 569 de estos territorios indígenas han perdido, entre 2001 y 2024, más de 200 000 hectáreas de cobertura boscosa, un área que equivale a casi seis veces la ciudad de Guayaquil.

Es un combo de devastación: la minería y la deforestación avanzan sobre corredores, áreas protegidas y territorios indígenas.

Además, casi la mitad de la minería de oro a cielo abierto que afecta a la Amazonía ecuatoriana se desarrolla en territorios indígenas. El análisis realizado muestra que hasta 2024, al menos 105 territorios indígenas perdieron 4926 hectáreas de bosque por esa actividad. Los casos más dramáticos se encuentran en el área del Proyecto de Desarrollo Chai (969 hectáreas), la Reserva Shuar Kenkiun (469 has), el territorio indígena Shaime (440 has), Churuwia (273 has) y Nambija-Cumay (212 has), todos territorios de la nacionalidad shuar.

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“En el río Nangaritza se ha expandido la minería ilegal y ha transformado en un tremendo desastre el territorio shuar, tremenda deforestación”, asegura una comunicadora shuar que pide la reserva de su nombre por seguridad y quien con tristeza señala que los mineros ilegales que han llegado desde otras geografías han logrado atraer a algunos de sus compañeros.

De acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), publicado en noviembre de 2025, hay al menos 9597 hectáreas dedicadas solo a la minería de oro en la Amazonía ecuatoriana.

El panorama se agudiza si se suma la violencia. El equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora habló al menos con 30 fuentes —locales, militares, de la policía, líderes indígenas y comunitarios, y expertos— y pudo construir un mapa de la presencia de grupos armados en los puntos más afectados por la minería de oro en la Amazonía norte y sur. Encontramos que al menos ocho grupos criminales se disputan el control de esos núcleos de extracción.

En la Amazonía sur, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Pastaza, las fuentes consultadas señalaron la presencia de grupos como Los Choneros, Los Lobos, R7 y Comandos de la Frontera. En la Amazonía norte, datos recopilados por Amazon Underworld registran a miembros de Los Choneros, Los Lobos, Comuneros del Sur, Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera en las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo.

Corredor de ilegalidad al descubierto

Vistos desde un mapa, los parques nacionales, reservas ecológicas y biológicas, refugios de vida silvestre, áreas de protección hídrica y corredores de conectividad, además de otras iniciativas comunitarias y privadas de conservación en Ecuador, trazan una enorme línea que conecta de norte a sur esas áreas naturales amazónicas, así como a la Amazonía con Los Andes.

“Desde el norte amazónico hacia el sur del Ecuador, las actividades de conservación, los parques nacionales y los esfuerzos de comunidades y de conservación voluntaria hacen que exista una franja larga impresionantemente verde”, explica Robayo, de EcoMinga.

Sin embargo, esa enorme franja verde que atraviesa el país está hoy seriamente amenazada.

Como lo muestra el análisis geográfico, el avance de la deforestación ya no solo rodea esas zonas clave, sino que se adentra en ellas. Al norte de Ecuador, en el inicio de ese gran corredor, se encuentran dos de las cinco áreas protegidas que registran mayor pérdida de bosque entre 2001 y 2024 al interior de sus márgenes: el Parque Nacional Cayambe-Coca (establecido en 1970) y el Área de Protección Hídrica Aguarico, Chingual y Cofanes (establecida en 2023). Cada área ha perdido más de 1800 hectáreas que antes eran bosque, una superficie equivalente a 28 veces el Parque La Carolina, en Quito.

La pérdida en el Corredor de Conectividad Ecológica Sangay-Podocarpus, que conecta a los dos parques nacionales que le dan su nombre con otras ocho áreas naturales protegidas y una decena de reservas municipales y provinciales, se concentra en tres parques nacionales: el Sangay, el Podocarpus y el Río Negro Sopladora.

Un documento reservado del Departamento de Inteligencia de la Brigada de Selva de Pastaza, al que tuvo acceso este equipo periodístico, confirma que el modus operandi de la minería ilegal conecta a las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago mediante el uso de la carretera E45, la principal autopista de la Amazonía ecuatoriana, “para posteriormente ingresar por los tramos viales de segundo orden hacia las diferentes comunidades cercanas a los frentes mineros ilegales que se ubican en los principales afluentes y ríos de la región”. El trayecto señalado bordea el flanco oriental del Corredor de Conectividad Llanganates Sangay. El documento advierte el riesgo de que la deforestación “vaya en aumento afectando la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio de subsistencia de las comunidades asentadas en las riberas de los mismos”.

Como recuerda Augusto Granda, presidente de la Asociación de Guardaparques del Ecuador, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, las reservas biológicas Colonso−Chalupas y Cerro Plateado, y los parques nacionales Cayambe Coca, Sumaco−Napo−Galeras, Podocarpus y Yasuní fueron las primeras áreas protegidas vulneradas en 2020 por la cercanía de la minería ilegal (a cielo abierto y con dragas sobre los ríos). Esas áreas protegidas se distribuyen entre las seis provincias amazónicas que entre 2001 y 2024 perdieron más de 375 000 hectáreas de bosque, un área comparable a más de 525 000 canchas profesionales de fútbol.

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El análisis geográfico muestra también que solo el Parque Nacional Podocarpus (PNP), un santuario que debería ser intangible, ocupa el primer lugar en la lista de áreas protegidas más afectadas por la minería de oro. Hasta 2024 se registró una pérdida similar a 344 piscinas olímpicas debido a esa actividad. “Es impresionante la cantidad de maquinaria que existe en el Podocarpus, la cantidad de motores, la cantidad de accesorios, insumos para poder realizar este tipo de trabajos de minería, sea legal o ilegal”, confirma un oficial de Operaciones de las Fuerzas Armadas que opera en las provincias de Morona Santiago y Zamora Chinchipe. “Hay ciertos lugares concesionados, pero igual hay minería ilegal y primordialmente en el Parque Nacional Podocarpus“, añade.

Luego le siguen el Área Protegida Autónoma Yacuambi (21 ha), la Reserva Ecológica Colonso−Chalupas (12 ha), el Parque Nacional Cayambe−Coca (10 ha), el Parque Nacional Llanganates (10 ha) y el Parque Nacional Sumaco Napo−Galeras (7 ha).

Lineth González, jefa de guardaparques del Parque Nacional Llanganates, cree que la minería ilegal de aluvión aún no ha invadido el área protegida donde ella trabaja, pero reconoce que “en la reserva contigua, la Colonso-Chalupas, ya fueron amenazados directamente [los guardaparques] de parte de los mineros y les dijeron: ‘Prohibido hacer recorridos porque esa ya es nuestra zona’”.

El corredor que conecta al Parque Nacional Llanganates con el Parque Nacional Sangay es una muestra de la difícil situación en el territorio. Según el análisis, el corredor registra 50 hectáreas de minería de oro en su trayecto (un área similar a 400 piscinas olímpicas) y al menos 10 hectáreas adicionales a un kilómetro de distancia de sus límites, una muestra evidente de la presión que ejerce esta actividad en las inmediaciones del corredor. Por eso, González teme que en la parte alta del área exista ya presencia de “grupos delincuenciales”, muchos de ellos interesados en buscar oro.

Su temor no es infundado, el santuario en el que trabaja está rodeado. Mientras que al norte del PN Llanganates los mineros amenazan a sus compañeros guardaparques, hacia el sur se encuentra el PN Sangay, una de las áreas protegidas más extensas y diversas de Ecuador que, según informes reservados de inteligencia militar, elaborados en septiembre de 2025 y conocidos por esta alianza periodística, “es de interés para los grupos y operadores mineros ilegales, al considerarse un área libre de concesiones [porque se encuentra dentro del área protegida]”. El informe, además, no descarta que grupos de delincuencia organizada como Los Choneros participen de esa explotación ilegal.

La extensión más grande del PN Sangay se encuentra en la provincia de Morona Santiago. Allí, el coronel Fabricio Silva, quien para octubre de 2025 —cuando fue consultado— era el comandante de la Zona 6 de la Policía Nacional correspondiente a esa provincia, aseguró que han detectado en varios cantones y territorios indígenas la presencia de ciudadanos ecuatorianos y extranjeros dedicados a la minería ilegal. Además, agrega, “en todas estas explotaciones ilegales hemos detectado también presencia de grupos de delincuencia organizada como Los Choneros, Los Lobos y los R7, y también tenemos información de que estarían operando algunas células de los Comandos de la Frontera ejecutando acciones de minería ilegal y utilizando gran cantidad de mercurio que es desechado sin ningún tipo de control a los ríos, contaminando el agua de las comunidades indígenas”.

Ecuador cuenta con 590 guardaparques para cubrir sus 79 áreas protegidas en el territorio continental y el Estado asigna un presupuesto que rodea los 7 millones de dólares anuales para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, según información entregada por una fuente oficial del sector ambiental que pidió la protección de su identidad. Eso alcanza solamente para cubrir gastos administrativos y salariales, según señala Granda, el presidente de la Asociación de Guardaparques.

“Las áreas protegidas necesitan mucho más que eso para inversión, para mejoramiento de acciones de control y vigilancia, sensibilización, generación de proyectos y monitoreo”, insiste Granda.

En el Parque Nacional Llanganates —que cuenta con 220 000 hectáreas— apenas trabajan 21 personas, de las cuales solo 16 son guardaparques. Las otras cinco ocupan cargos de coordinación y administración. “Lo ideal para esta superficie serían 40 guardaparques, un estimado que se calculó hace unos ocho o 10 años, cuando aún no teníamos tantos problemas”, insiste González, jefa del área.

Según la información técnica sobre el proyecto para la implementación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas —entidad que debería administrar el SNAP, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de Áreas Protegidas— estima que, para cubrir las necesidades del Sistema, se requeriría de 1060 funcionarios, lo que evidencia un déficit de 45 %. Aunque se solicitó información presupuestaria a la Dirección de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE), no obtuvimos respuesta.

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Grupos armados se disputan territorios amazónicos

En julio de 2025, durante el evento de rendición de cuentas de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), el director de la entidad, Patricio Bonilla, aseguró que se habían identificado 387 puntos de minería ilegal en todo el territorio nacional, de los cuales 40 fueron calificados como “muy peligrosos” por la presencia de grupos armados. Entre los escenarios mencionados por la autoridad constan cinco de las seis provincias amazónicas: Sucumbíos, Orellana, Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

“Ya estamos pasando la línea roja: de ser áreas protegidas a ser desprotegidas”, dijo a inicios de agosto de 2025 un exfuncionario del extinto Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), quien pidió proteger su identidad por miedo a represalias laborales. En las áreas protegidas afectadas, el personal de guardaparques y administradores ha decidido restringir sus pronunciamientos públicos por temor a que las crecientes amenazas de muerte que reciben se vuelvan realidad.

Informes de inteligencia militar obtenidos por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora aseguran que con la ayuda de grupos armados locales, estructuras transnacionales relacionadas con el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal implementan “medios de pago” para proteger los cargamentos entre los cuales figuran “armas largas, cortas, explosivos, municiones, entre otras”. Las provincias de Napo, Pastaza y Morona Santiago serían, según los documentos, “rutas de paso” de este material y nodos desde los cuales la presencia de actividades ilegales y grupos criminales se expanden.

Habitantes de comunidades campesinas de Sucumbíos, al norte de la Amazonía, confirman la presencia de grupos armados vinculados a la minería en esa zona, “incluso hay una pugna de poder, no sé si serán militares o guerrilleros en la Amazonía norte, entre Cofán Bermejo, Cayambe Coca y Sumaco [Napo−Galeras], y en la provincia de Orellana, en el Punino, que quieren ver quién es el más fuerte y quedar con el acceso y control a la minería ilegal”, dijo una fuente local que pidió la reserva de su nombre, debido a las amenazas de muerte que son cada vez más comunes en su territorio.

En Napo, la Reserva Biológica Colonso Chalupas —donde los guardaparques fueron amenazados por mineros— es una de las más amenazadas por el avance de la minería ilegal en el país, según Byron Lagla, director de Áreas Protegidas y Otras Formas de Conservación del MAE. El colectivo ciudadano Napo Ama la Vida denunció el pasado 23 de octubre la presencia de más de 15 frentes mineros a orillas de los ríos Zapallo, Jatunyaku y Shandia, a escasos kilómetros de esa reserva.

“Las familias comunitarias se quedaron sin agua y con la presencia de grupos armados que los amedrentan las 24 horas si no alquilan o venden sus tierras a los mineros ilegales”, se lee en una de las publicaciones de la organización. El análisis satelital y los recorridos de campo realizados por esta alianza evidencian que, además de la minería sobre los ríos, al interior del área protegida también hay afectación de 12 hectáreas por minería a cielo abierto.

La expansión de la presencia criminal asociada con la extracción de oro se extiende también hacia el sur de la Amazonía. De acuerdo con las fuentes militares protegidas consultadas para esta investigación, Los Lobos operan y controlan las actividades mineras en el Parque Nacional Podocarpus. Al interior de esta área protegida ya se registran más de 43 hectáreas dedicadas a ka minería de oro, más de 233 hectáreas de bosque perdidas entre 2001 y 2024 y el desarrollo de infraestructura como vías.

En la provincia de Zamora Chinchipe, los ríos muestran sus orillas devastadas y en algunos puntos la expansión minera ha alterado los cauces naturales. Mientras tanto, en la provincia vecina de Morona Santiago, Luis Sánchez, defensor de la Naturaleza de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), precisa que «el río Nangaritza está totalmente destruido”. Este afluente, que colinda con el PN Podocarpus, es uno de los puntos de mayor presencia y expansión de actividades mineras ilegales desde 2018, de acuerdo con los reportes de MAAP.

“Las perjudicadas son las familias o comunidades shuar que están a orillas de ese río”, dice Sánchez. Además explica que integrantes de este pueblo indígena “son utilizados” por los mineros ilegales por medio de mecanismos de persuasión para entrar a sus tierras. “Una vez que ingresaron, extraen [el oro] y se van, pero dejan todos los pasivos ambientales, huecos, montones de tierra, causan el desvío del río”.

El río Nangaritza funciona como el último corredor de conectividad entre los Andes y la Amazonía. El valle por el que discurre cuenta con al menos 600 especies de aves, incluidas 60 especies de colibríes y 80 tangaras. De igual forma, más del 40 % de las 3500 especies de plantas del Parque Nacional Podocarpus son endémicas. Allí, en julio de 2025, el Ejército ecuatoriano realizó un operativo contra la minería ilegal. “La intervención permitió desarticular una estructura minera clandestina que operaba sin permisos, ocasionando daño ambiental y violando la normativa vigente en materia de recursos naturales”, señaló la entidad.

De acuerdo con fuentes policiales y militares consultadas, los frentes mineros que operan en estos territorios cuentan con la presencia activa de grupos armados de Perú, Colombia y Ecuador que brindan seguridad o que son partícipes directos de las ganancias por la comercialización ilícita del oro.

Un mapeo territorial realizado con más 30 fuentes locales, policiales, militares y comunitarias permitió conocer que al menos cinco grupos delincuenciales están presentes en la Amazonía sur y se disputan el control de los núcleos de extracción minera. Solo en la provincia de Morona Santiago, el grupo de delincuencia organizada Los Lobos actúa en el cantón Gualaquiza, junto con la banda R-7 —que hasta 2024 concentraba su presencia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas— y con el grupo criminal colombiano Comandos de la Frontera.

En el cantón Tiwintza, fronterizo con Perú, el tráfico de drogas, armas, municiones y la minería ilegal son las principales actividades criminales bajo el control de Los Lobos, R−7 y Los Choneros, según señaló la fuente policial. En el caso del cantón Taisha, Los Choneros son quienes muestran mayor presencia. La información obtenida para esta investigación pudo evidenciar que se realizaron al menos 19 operaciones contra la minería ilegal en Morona Santiago entre julio y octubre de 2025, especialmente en los cantones de Gualaquiza, el Pangui, Tiwintza y Santiago de Méndez.

En otras provincias, como Pastaza y Zamora Chinchipe, se identificó también la presencia de grupos delincuenciales ecuatorianos como Los Lobos y Los Choneros, mientras que al norte de la Amazonía, un análisis realizado por Amazon Underworld detalló la presencia de grupos colombianos disidentes de las FARC como el Frente Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera; así como los Comuneros del Sur —disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— en la provincia de Sucumbíos. Además de Los Lobos y Los Choneros. En la provincia de Napo también se señaló la presencia de Los Lobos y los Comandos de la Frontera.

Vías que promueven el avance de la ilegalidad

“La construcción de vías facilita el avance de los grupos armados y de la minería ilegal”, afirma Diana Chávez, dirigenta de Asuntos Internacionales y Organizaciones de la Nacionalidad kichwa de Pastaza (PAKKIRU, por sus siglas en kichwa).

El análisis realizado para esta investigación evidencia que al interior de cinco parques nacionales (Cayambe-Coca, Podocarpus, Sangay, Sumaco Napo-Galeras y Yasuní) hay al menos 290 kilómetros de vías. El área que encabeza la lista con más extensión de vías es el PN Cayambe Coca (con 150 km), seguido del PN Yasuní (76 km). Otra mirada a las reservas ecológicas, biológicas y de producción de fauna también muestra el crecimiento de estos caminos en su interior: hay al menos 44 kilómetros de vías, siendo la más afectada la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno (37 km). Esta área protegida amazónica ha perdido al menos 5256 hectáreas de bosque entre 2001 y 2024, un área mayor a 7300 campos de fútbol profesional.

Tanto en los parques nacionales Cayambe Coca, Podocarpus, Sangay y Sumaco Napo-Galeras, como en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, además de vías hay una marcada deforestación y un creciente aumento de la minería a cielo abierto. Esto revela cómo las vías han facilitado la devastación.

De igual forma, los corredores de conectividad Llanganates-Sangay y Sangay-Podocarpus concentran las tres afectaciones simultáneamente: vías, deforestación y minería de oro a cielo abierto.

Una fuente perteneciente a la función pública, que prefiere el anonimato, afirma que la declaratoria de emergencia por la pandemia del Covid−19, en marzo de 2020, detonó el avance de la minería ilegal gracias al descuido generalizado en el control estatal de la red vial en la Amazonía ecuatoriana. Desde entonces, la expansión de la frontera extractiva avanza sin un control estatal eficiente, impulsando la pérdida de cobertura boscosa.

Según datos de la Fundación Ecociencia, existen alrededor de 100 kilómetros de vías irregulares que conectan o se acercan a zonas de extracción minera ilegal y que, según nuestro análisis, estarían atravesando al menos cuatro territorios indígenas y tierras comunitarias. El 60 % de estas vías se encuentran en territorio indígena achuar, compartido entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago. Sin embargo Jorge Villa, especialista en sistemas de información georreferenciada de esa organización, aclara que no existen suficientes pruebas para afirmar que exista una relación directa entre esos caminos abiertos y las actividades de minería ilegal. “Estas vías están vinculadas a la extracción, sea de minerales, sea de madera o de cualquier cosa; potencialmente estaría involucrada esta actividad de extracción de minerales”, detalla.

El 40 % restante de esas vías se encuentra en la provincia de Orellana, donde, a medida que avanzan las operaciones de minería ilegal, se han abierto caminos entre las poblaciones de Sardinas, la comunidad kichwa Amarun Mesa y la ciudad de Francisco de Orellana, capital de la provincia. Además, hay conexiones viales con la comuna kichwa San José. “Estas son vías relacionadas con la extracción de minerales, en general, sea minería pétrea o aurífera —confirma Villa—; no son vías planificadas ni de los gobiernos locales, son vías desarrolladas a medida que iban avanzando las personas en el territorio para extraer estos minerales”.

El superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias Paladines, reconoce que en este aspecto Ecuador presenta dos problemas fundamentales: falta de control de la red vial y de planificación urbana. “El país carece de un sistema de monitoreo adecuado, entonces [la ampliación de vías para la minería ilegal de oro o de pétreos] sucede en la cara de los gobiernos descentralizados”, precisó.

Entre 2022 y 2025, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial emitió multas e infracciones por 421 446 dólares solo en la Amazonía del país, principalmente en las provincias de Orellana, Napo y Morona Santiago. La causa principal fue la aprobación de permisos de construcción (de vías e infraestructura) en zonas no aptas, como sitios de alto riesgo o áreas de protección natural, lo que viola la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión de Suelo.

Para Sebastián Valdivieso, director de Programas de la organización WCS Ecuador, la legislación ecuatoriana presenta “una deficiencia relacionada con la no inclusión de la biodiversidad como sujeto principal en los estudios de impacto ambiental”. La omisión de este elemento, explica el experto, desencadena “impactos indirectos” como el tráfico de fauna o la extracción de flora, la tala selectiva de maderas de alto valor “o a la ocupación ilegal dentro de áreas protegidas”.

A Valdivieso, le preocupa “la sobreexplotación de recursos naturales y el vaciamiento de biodiversidad” que su equipo de científicos ha identificado en el Parque Nacional Yasuní, como consecuencia del uso de una vía construida en la década de 1990 para acceder al Bloque 16, una operación actualmente en manos de la estatal Petroecuador. Esta vía es cada vez más transitada y “la reducción de especies es notable y preocupante”, advierte. Solicitamos entrevistas con funcionarios de Petroecuador para conocer más detalles sobre su gestión en esta vía, pero hasta el cierre de esta publicación no obtuvimos respuesta.

Si bien el avance de la deforestación y la minería en la provincia de Pastaza ha sido contenido gracias a la organización indígena y a la labor de autoprotección que su pueblo lleva adelante, Chávez, de PAKKIRU, señala: “Las comunidades tienen sus propios sistemas de vigilancia y monitoreo, pero con la apertura de tantas vías se nos va de las manos poder hacer un control eficaz. Las Fuerzas Armadas y la Policía deberían ser un aliado, y no una piedra en el zapato para hacer entre todos estas actividades de control y monitoreo”.

*Este reportaje fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con La Barra Espaciadora. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, Emilia Delfino, Daniela Quintero Díaz. Investigación:Ximena Pesántez Álvarez, Diego Cazar Baquero, Daniela Quintero Díaz. Visualizaciones: Eduardo Motta. Diseño gráfico: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracín

*Imagen principal: la huella de la expansión minera en la Amazonía de Ecuador se asemeja a un gran desierto que le gana terreno al bosque y que avanza rodeando a decenas de santuarios naturales y territorios indígenas. Foto: Armando Lara.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El español de Fernando es escaso, pero suficiente para narrar cómo se escondió debajo de una mesa durante dos horas, mientras escuchaba los disparos pasar de un lado a otro en la vereda Caño Cumare, en el departamento del Guaviare, al norte de la Amazonía colombiana. Fernando es un indígena jiw del resguardo Barranco Colorado, vecino de la vereda Caño Cumare y del resguardo Nukak. Su verdadero nombre ha sido protegido por seguridad. El 2 de diciembre de 2024, al caer la noche, vio cómo hombres armados empezaron a disparar cerca de su comunidad.

“Yo solo escuchaba ¡pum! ¡pum! ¡pum! No sabía quién era quién. No distinguimos cuál guerrilla era”, afirma. Esa noche asesinaron a cuatro personas, entre ellas un menor de edad y un funcionario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —entidad del Estado encargada de la protección de la primera infancia—. El hecho era confuso, nadie sabía qué estaba pasando. Algunas respuestas llegaron un mes después, cuando la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana que evidenciaba el inminente riesgo en la zona por una disputa territorial y de recursos entre dos disidencias de la extinta guerrilla de las FARC.

Seis meses después de aquel suceso, mientras el presidente Gustavo Petro visitaba el Guaviare para presentar un documental sobre el Parque Nacional Natural Chiribiquete, una de las disidencias de las FARC —el Estado Mayor Central (EMC), comandado por Néstor Vera Fernández, alias Iván Mordisco— convocaba un nuevo paro armado en el departamento.

Mordisco advirtió a los campesinos e indígenas que no podían movilizarse entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, que los motociclistas debían circular sin casco y que las lanchas cubiertas quedaban prohibidas. Además, ordenó a los habitantes de las zonas cercanas a territorios controlados por otra de las disidencias de las FARC —Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), comandada por Alexander Díaz Mendoza, más conocido como Calarcá— abandonar de inmediato el área.

Fernando ha visto morir a sus familiares en medio de los enfrentamientos entre Calarcá y Mordisco. Como él, los campesinos e indígenas de la zona se pierden entre los distintos nombres y alias de quienes toman las decisiones en su territorio. El departamento del Guaviare es el escenario de disputa entre viejos conocidos de las disidencias de las FARC —el EMC y el EMBF— que decidieron distanciarse en medio de las conversaciones de paz con el gobierno de Petro.

Las disidencias de Calarcá y Mordisco se disputan el territorio entre el río Inírida y el río Guaviare, y con ello el tráfico de cocaína y armas por las vías y trochas ilegales que han abierto en el departamento. Una de esas vías, la que va desde el pueblo de Tomachipán hacia la vereda Cumare, aún está oculta bajo el bosque, pero se ha convertido en un corredor estratégico porque conecta justamente estos dos ríos —que corren paralelos— en una línea recta que atraviesa el resguardo Nukak.

Con las vías llegan otras problemáticas como la deforestación, la colonización y el avance de la ganadería y de los cultivos ilícitos a esos territorios. Estas actividades ponen en riesgo a pueblos indígenas como los nukak y los jiw. Sus comunidades ahora se enfrentan a desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, asesinatos y una creciente imposibilidad de regresar a sus territorios ancestrales, de los que fueron expulsados hace más de dos décadas, según afirman las fuentes consultadas por Mongabay Latam para este reportaje.

Solo el pasado 5 de agosto, 64 indígenas nukak se desplazaron a San José del Guaviare, la capital del departamento, tras el asesinato de un joven nukak mientras jugaba con su celular. Aunque se desconoce qué grupo armado lo hizo, la comunidad indígena decidió movilizarse por temor a nuevos hechos de violencia. Cada tanto, núcleos de familias nukak intentan retornar a los asentamientos que hay dentro del resguardo Nukak, su territorio, pero se ven forzados a volver a San José por las escasas garantías de seguridad.

La vía Cumare: un camino para la ilegalidad

La vía atraviesa el resguardo Nukak de norte a sur. Es un tramo en línea recta de 47.5 kilómetros que conecta al río Inírida con el río Guaviare. Ese camino también se conecta con la “Trocha Ganadera”, otra carretera de más de 190 kilómetros que une el casco urbano de San José del Guaviare con el resguardo Nukak y con más de 20 veredas que se han formado dentro y alrededor del territorio indígena, convirtiéndose en un motor de la deforestación.

El corredor conocido como Tomachipán-Cumare, que en los años 90 fue utilizado por las FARC y ahora es controlado por las disidencias, era un sendero empleado tradicionalmente por los indígenas nukak para recoger medicinas, frutos y alimentos. Sin embargo, actualmente se ha convertido en una vía estratégica para el transporte de economías ilícitas y para que los grupos armados se desplacen rápidamente por el territorio.

Todos han caminado por estas tierras como si fueran sus dueños. La colonización campesina de los años 70, la guerrilla en los 90, los paramilitares a comienzos de los 2000 y ahora las disidencias. Sin embargo, el resguardo Nukak fue adjudicado a ese pueblo indígena en 1993 por el entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), tras el reconocimiento oficial de los nukak por parte del Estado en 1988. En 1997, el Incora decidió ampliar el territorio de los nukak, pasando de 632 000 a 954 480 hectáreas.

Desde mucho antes de la conformación del territorio como resguardo, el camino de Tomachipán a Cumare ya existía. Como lo señala Danny Mahecha, profesora e investigadora de la Universidad Nacional y quien ha estudiado la cultura y situación de los nukak desde 1991, la guerrilla de las FARC fue llegando paulatinamente a la zona. Y amplió y terminó de construir esa vía, que se ha convertido en la carretera más extensa dentro del resguardo.

El camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. De hecho, existían dos asentamientos nukak muy cerca de esa vía, pero la violencia los obligó a desplazarse en varias ocasiones. Muchas de las rutas tradicionales usadas por los nukak en sus recorridos fueron aprovechadas posteriormente para abrir ilegalmente caminos dentro del resguardo.

Una mujer nukak víctima del conflicto armado y que prefiere no ser identificada, a quien llamaremos Helena, recuerda que “antes [la vía] la podíamos usar para caminar, para ir hacia la pesca. Éramos libres… pero, después ya no. Tuvimos que desplazarnos, como en 2010, por el tema del conflicto y las armas. Ahora, para volver al territorio, hay que pedir permiso [a los grupos armados]”.

El mismo año en el que se adjudicó el resguardo Nukak, se consolidó en el Guaviare el Bloque Oriental de las FARC. Este bloque llegó a expandir su máquina de guerra sobre el 55 % del país. Como lo describe un informe de la Fundación Ideas para la Paz, se financiaban a través del secuestro, el cobro de impuestos a la minería ilegal y su participación en el narcotráfico. Estaban subdivididos: el Frente 1° tenía a su cargo el departamento del Guaviare; el Frente 44, la jurisdicción de los municipios de Mapiripán y Puerto Gaitán; y el Frente 16 operaba en el río Guaviare.

Estas divisiones fueron clave para el narcotráfico, pues buscaban comunicar las zonas productoras de coca en Guaviare con ríos y caminos que funcionaban como corredores para transportarla hacia Venezuela y Brasil. Un análisis realizado por Mongabay Latam a partir de los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evidenció que entre 1999 y 2023 el departamento de Guaviare (y sus cuatro municipios principales: Calamar, El Retorno, Miraflores y San José del Guaviare) han sido zonas clave para el establecimiento de cultivos ilícitos.

A inicios de la década de los 2000, por ejemplo, Guaviare alcanzó el pico máximo en los cultivos de coca, con 27 380 hectáreas en 2002. Aunque posteriormente se registró una drástica reducción en las áreas cultivadas, desde 2016 —tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC— los cultivos empezaron a aumentar. Entre los territorios con mayor incremento está la Reserva Nacional Natural Nukak, que se ha convertido en la zona del departamento con mayor cantidad de cultivos ilícitos de coca, y el Resguardo Indígena Nukak, al que atraviesa la vía Tomachipán-Cumare.

Las cifras son alarmantes: mientras que a nivel departamental los cultivos de coca tuvieron una disminución acumulada del 82 % entre 1999 y 2023, en la Reserva Nukak y el resguardo Nukak las plantaciones han aumentado un 25 % y 82 % respectivamente en el mismo periodo de tiempo.

La profesora Mahecha comenta que desde 1994 ya tenían mapeada la vía Tomachipán-Cumare en sus investigaciones. Se cree que las FARC la ampliaron en 1993, tras consolidar el Bloque Oriental. Los mapas de sus estudios muestran la movilización de los nukak por el territorio y evidencian que por lo menos cuatro grupos indígenas se trasladaron voluntariamente por esa vía hasta el río Guaviare entre 1998 a 2002.

Mongabay Latam habló con un excombatiente del Bloque Oriental que caminó por esa vía en los años 90. Relata que, cuando llegaron a la zona, era un camino angosto en medio de la selva. “Nosotros recorrimos ese camino muchas veces. Lo que hicimos fue ampliarlo y conectar Tomachipán con la parte norte del resguardo. Queríamos buscar distintas vías de acceso para las comunidades que vivían allá adentro”. Se refiere a las comunidades campesinas que habían llegado desde los años 70 y que se quedaron asentadas en medio del resguardo, así como a otras que cercaron predios dentro del territorio ya adjudicado a los habitantes indígenas. Este fue el argumento que las FARC utilizó para abrir o promover distintas vías dentro del resguardo Nukak y en la Amazonía colombiana.

El excombatiente también narra que esa trocha fue clave para reducir distancias al momento de sacar la pasta de cocaína que se encontraba en la Reserva Nacional Natural Nukak. “Es mucho más sencillo movilizarnos en línea recta desde Tomachipán al río Guaviare que irnos por el río Inírida y subir hasta San José del Guaviare”, afirma.

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Ese camino entre Tomachipán y Cumare volvió a ser colonizado por la selva con la llegada de los paramilitares a la zona, en 1997, tras las masacres de Mapiripán y Caño Jabón. “Las FARC se robaban la maquinaria de la Alcaldía y la Gobernación para mantener la vía. Cuando llegaron los paramilitares del Urabá y se instalaron en Guaviare, no sabían cómo abrir los caminos ni levantar las raíces de los árboles cortados. Por eso, la trocha se fue perdiendo con el tiempo, aunque nunca desapareció. Lo usaban las comunidades indígenas y algunos campesinos”, afirma un funcionario de una entidad del Estado que pidió reserva sobre su nombre y cargo.

Es difícil observar la vía y su avance en el tiempo con imágenes satelitales, sobre todo porque su propósito, como explicaron varias fuentes expertas y locales consultadas para esta investigación, es que permanezca oculta bajo el bosque para que siga siendo utilizada por los actores armados.

“Cuando empezó el proceso de paz con las FARC sabíamos que había tramos que se estaban cerrando, pero escuchamos que estaban buscando hombres para arreglarla cuando Mordisco se salió del Acuerdo”, cuenta un campesino que vive cerca de la vereda Cumare y del resguardo Barranco Colorado.

Autoridades, campesinos y expertos entrevistados en territorio para esta investigación confirmaron que la vía se ha reactivado y que es utilizada por los hombres de Mordisco para movilizar insumos hacia los laboratorios de cocaína, que van desde el municipio de Mapiripán, en Meta, hasta la Reserva Natural Nukak, pasando por el resguardo Nukak. También se emplea para conectar con otros caminos dentro del resguardo y transportar hoja de coca y pasta base procesada dentro del área protegida.

El análisis satelital realizado por Mongabay Latam respalda estos testimonios. En 2002, en un radio de cinco kilómetros a partir de la vía, había más de 166 hectáreas de cultivos de coca. A 15 kilómetros, la cifra aumentaba a 837 hectáreas. El pico máximo de cultivos en el área de influencia de la vía se alcanzó en 2004, con 278 hectáreas a cinco kilómetros y 1210 a 15 kilómetros. Desde entonces, hubo una disminución en las hectáreas sembradas, pero en 2019 —cuando se alcanzó el mínimo de 30 y 430 hectáreas a cinco y 15 kilómetros de la vía, respectivamente—, los cultivos empezaron a crecer una vez más.

Desde aquel momento, los cultivos de coca en las inmediaciones de la trocha evidencian un aumento sostenido. En los últimos años, entre 2021 y 2023, los cultivos han alcanzado 63 hectáreas a cinco kilómetros y 692 hectáreas a 15 kilómetros. A solo cinco kilómetros de la vía, el incremento en los cultivos ha sido de un 58 % con respecto a 2019.

El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI también ha documentado cómo los cultivos de coca para uso ilícito se han propagado porque los actores armados ilegales y carteles de narcotráfico han promovido el asentamiento en la zona de población campesina. Y, paralelamente, han prohibido el retorno y movilización del pueblo nukak dentro del resguardo.

La guerra y los impactos ambientales

“La vía Tomachipan-Cumare forma parte de un circuito de guerra y de negocios ilícitos”, explican desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), una organización que se dedica a estudiar el conflicto y sus impactos sobre ecosistemas estratégicos y territorios étnicos, con énfasis en la Amazonía. Otra investigación realizada por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), titulada ‘Los Corredores de la muerte’, evidencia cómo estos caminos son utilizados para el reclutamiento forzado, asesinatos selectivos, desplazamientos y el movimiento de economías ilegales.

Según el informe, no se trata de simples rutas de tránsito, sino de “estructuras territoriales de poder violento, y su persistencia demuestra que, en muchas regiones del país, el postacuerdo no implicó una desmilitarización del territorio, sino una reconfiguración armada con nuevas lógicas y actores”.

Como explica el investigador y director de Indepaz, Leonardo González, la función que cumplen las vías en esta zona del país es estratégica en la disputa entre el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor Bloques y Frentes (EMBF), especialmente por el control de los enclaves cocaleros y su articulación con las rutas del narcotráfico del suroriente del país, una zona clave para los grupos armados por su facilidad de conectarse con otras regiones y sus fronteras marítimas.

Los efectos de esta disputa armada y territorial también se reflejan en el impacto ambiental. Los cultivos de coca, la deforestación y el acaparamiento de tierras para la ganadería son las principales causas de pérdida de bosque en la zona. Un ejemplo de ello es la situación en la Reserva Natural Nukak, un área natural protegida que colinda con el resguardo con el mismo nombre: entre 1990 y 2025 se han perdido 13 835 hectáreas de bosque, según cifras de la FCDS. Y el problema continúa, como lo evidencian las más de 91 000 alertas de deforestación generadas entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, según el monitoreo satelital de la plataforma Global Forest Watch.

En el resguardo, los datos de la FCDS indican que se han deforestado 36 510 hectáreas del territorio indígena entre 1990 y el primer semestre de 2025. “Esta deforestación está asociada a la ampliación de lotes para ganadería, siembra de cultivos de uso ilícito y la extensión de infraestructura vial”, explican desde la organización. Asimismo, entre el 1° de enero y el 15 de octubre de 2025, se han registrado en el resguardo más de 98 400 alertas de deforestación.https://flo.uri.sh/visualisation/25518536/embed

Según el monitoreo de la FCDS, en San José del Guaviare, en donde se encuentra el resguardo nukak, se han construido 3146 kilómetros de vías; de estos, la extensión dentro del resguardo indígena Nukak es de 504, kilómetros.

El Instituto SINCHI ha registrado por lo menos 20 vías con sus ramificaciones al interior del resguardo. Entre esas la de Tomachipán, de 47.5 kilómetros, y otra de 38 kilómetros, que son las que generan más preocupación porque en sus inmediaciones se ve actividad económica y el avance de deforestación y de cultivos de coca. Datos de la FCDS estiman que, al interior del resguardo Nukak hay más de 504 kilómetros de vías ilegales, entre los que sobresale la trocha bajo el bosque que comunica Tomachipan con Cumare. Sus datos también estiman que se han perdido 824 hectáreas de bosque al margen de esa vía.

Estudios realizados por la misma organización evidencian que el 73 % de los espacios abiertos por deforestación se encuentran a menos de dos kilómetros de las vías dentro del resguardo. “Las carreteras promueven el acceso al resguardo y hacen mucho más sencillo llegar, comprar una tierra para el ganado y, al mismo tiempo, cultivar coca”, manifiesta una investigadora de la región.

Como explicaron funcionarios en Guaviare e investigadores en terreno, los que promueven la colonización en el resguardo buscan que la vía Tomachipan-Cumare funcione como una especie de “frontera”. “[Eso permitiría que] el lado oriental de la vía, que es el que está menos deforestado, permanezca así. Mientras que en la parte occidental, que ya tiene ocupación campesina y vías de acceso, la deforestación siga avanzando”, afirmó una fuente en territorio de una organización ambiental.

La investigadora Mahecha es enfática en señalar que la justificación de la vía como “frontera” es una forma de legitimar la ocupación del resguardo. “El territorio de los nukak llegaba hasta Puerto Flores. Ellos utilizaban todo este territorio para sus sitios sagrados y se llegaron a extender hasta allá. Sin embargo, la colonización los fue arrinconando y ahora tienen que pedir permiso para pasar por su propio territorio en busca de agua”, explica.

A comienzos de 2025, la disidencia de Calarcá publicó un proyecto que tituló Iniciativa ambiental y agropecuaria para el desarrollo sostenible de la Amazonía. En 24 páginas establecía unos lineamientos para “frenar la deforestación, el uso inadecuado del suelo y prácticas no sostenibles en la agricultura y la ganadería”. Sin embargo, paradójicamente, entre las iniciativas está el mejoramiento genético en ganadería y de la infraestructura vial en la Amazonía. Según el documento, buscaban la “rehabilitación de 1000 kilómetros de carreteras terciarias en áreas rurales y la creación de brigadas locales que se encarguen del mantenimiento y la reparación constante de estas vías”.

Los nukak, en medio de la guerra

Los nukak son un pueblo indígena de cazadores y recolectores que viven en el noroeste amazónico colombiano. Son nómadas y se movilizaban por lo menos 69 veces al año. Como lo documentó la profesora Mahecha, podían estar apenas cinco días en cada sitio y recorrían cerca de 6.9 kilómetros entre cada desplazamiento. Mahecha y el profesor Carlos Eduardo Franky publicaron el informe Políticas de representación y presentación entre los nukak (Amazonía colombiana), transformaciones y continuidades, en el que señalan que los nukak se organizan en varios grupos locales compuestos por vínculos de consanguinidad o alianza matrimonial.

Cada grupo funcionaba como una unidad independiente de producción y consumo. Esta autonomía les permitía desplazarse temporalmente por el bosque de manera independiente, ya fuera para resolver conflictos internos, visitar a familiares o aprovechar recursos específicos en ciertas zonas del territorio. Su movilidad no solo responde a factores ecológicos, sino también a dinámicas sociales. Sin embargo, esa movilización se ha visto interrumpida y han tenido que reorganizarse territorialmente a raíz de los múltiples desplazamientos forzados por distintos actores armados, sostienen los expertos.

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Entre 2002 y 2008, por ejemplo, se registraron ocho desplazamientos forzados en ocho grupos locales debido a la presencia de grupos armados en el territorio. En 2015 ningún grupo se encontraba en su propio territorio. La FCDS ha documentado que hay, a la fecha, 24 grupos locales que se movilizan con limitaciones sobre el resguardo Nukak. “Los nukak ahora deben pedir permiso a los trabajadores de los hatos ganaderos para pasar a recolectar semillas o ir a sitios estratégicos de caza”, afirmó una fuente que ha trabajado con ellos.

Para Fernando —cuya identidad se mantiene en reserva—, los nukak y los jiw han sido utilizados como piezas dentro del conflicto armado. “Nos toca pedirles permiso a ellos [los actores armados] para cualquier cosa o se llevan a los niños a trabajar”, afirma. Un excombatiente de las FARC lo confirma: “Se llevaban a los niños nukak porque conocen el territorio, saben los caminos y son muy buenos para caminar. Un nukak puede recorrer la vía Tomachipán-Curare en la mitad del tiempo que le toma a otra persona”.

​​Sin embargo, existe un subregistro preocupante de niñas, niños y adolescentes nukak reclutados por grupos armados. El pueblo nukak, por temor o desconfianza, no suele denunciar estos hechos, según lo explica una funcionaria de una institución del Estado, que pide no ser mencionada por el creciente conflicto en el territorio.

En enero de 2025, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificó el caso de 22 menores reclutados en los departamentos del Meta y Guaviare. Entre las víctimas, siete habían fallecido en enfrentamientos entre las disidencias guerrilleras en Guaviare. Se trataba de menores indígenas nukak, nasa y cubeo.

Según el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, “la violencia contra los niños y las niñas de estos pueblos, muchos en riesgo de exterminio físico y cultural, tiene efectos diferenciados y desproporcionados, ya que puede llevar a la pérdida de sus tradiciones culturales, a la ruptura de su relación con sus territorios ancestrales y al debilitamiento del tejido social y organizativo de estos pueblos”.

“A nosotros nos avisan que no podemos salir de nuestras casas, y nos dicen que los nukak que están cerca —al resguardo del pueblo jiw— tampoco se pueden mover, ni los campesinos. Nos toca estar encerrados hasta que nos den otra orden”, relata Fernando.

El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez Rojas, aseguró a Mongabay Latam que “los grupos irregulares los desplazaron a las cabeceras, donde conocieron nuestros malos comportamientos y consumos, y ahora están expuestos al licor y las sustancias psicoactivas; algunos, además, terminaron como raspachines y hoy son víctimas de reclutamiento forzado”.

Aunque Rodríguez insiste en que esta población requiere atención especial, asegura que “el Ministerio del Interior no llega al territorio y nosotros no tenemos la competencia, el alcance ni los recursos para atenderlos”. Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa sobre la situación de los nukak, pero hasta el cierre de esta edición no recibió respuesta.

Desde hace décadas, los nukak ya no pueden movilizarse libremente por su territorio, como lo hacían antes de 1980. La guerra los ha afectado de múltiples maneras: mujeres víctimas de violencia sexual, menores reclutados, indígenas en situación de adicción, hombres convertidos en trabajadores de hatos ganaderos o en raspachines. “Tanto los nukak como nosotros solo queremos vivir tranquilos, cultivar nuestros alimentos, cazar y vivir de las manualidades y tejidos que hacemos”, insiste el Fernando, bajando la voz con cada palabra.

Algunas familias nukak han querido retornar, pero la situación de orden público lo impide. Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare, y quien actualmente se desempeña como Gobernadora encargada, confirmó a Mongabay Latam que “desde la Gobernación, las alcaldías y otras entidades e instituciones se ha identificado que algunas familias nukak quieren retornar, pero no se les ha podido brindar estos espacios”.

En sus palabras, a las autoridades locales les queda fuera de su alcance lograr estrategias que permitan su retorno, como el desminado del corredor ancestral. Tampoco pueden definir el plan de vida de este pueblo (un instrumento para definir de forma autónoma su visión de desarrollo, identidad y cultura) porque esto le compete al Ministerio del Interior. “Así quedamos sin herramientas para atender a estas familias y sus conflictos”, señala.

En la vereda Cumare quedan muy pocas personas. Algunas han cruzado el río para irse al departamento del Meta, otras se han desplazado por la Trocha Ganadera con rumbo a la capital de Guaviare. Los nukak que vivían cerca de la vía Tomachipán–Cumare se ven obligados a desplazarse a San José del Guaviare mientras deciden qué hacer.

Mientras tanto, la disputa entre los frentes de Calarcá e Iván Mordisco continúa. Fernando no sabe quién va ganando la guerra. Solo alcanza a contar cómo ha logrado sobrevivir, antes de pedir una última cosa: “Respeto para disfrutar el territorio. Vivir de frutas silvestres y ser reparados por el Estado”.

Imagen principal: el camino es clave para las comunidades nukak porque atraviesa el caño Maku y el caño Cumare, dos cuerpos de agua en donde hay lagunetas, salados y sitios sagrados. Foto: Juan Carlos Contreras.

El artículo original y completo fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera vez que la bióloga Martha Ortiz vio de frente a los monos zocay (plecturocebus ornatus) fue en el barrio La Madrid, de Villavicencio, capital del departamento del Meta. Aunque conocía a la especie por registros y reportes, la experiencia de verlo directamente le resultó reveladora: “Es muy bonito y llama la atención verlo en su entorno”. Desde entonces tuvo otros encuentros, como cuando en medio de un recorrido para buscar nidos de un mono nocturno lo detectó en el borde de un callejón, casi posando con naturalidad para un grupo de personas, a pesar de que es una especie que naturalmente evitaría la cercanía con los humanos.

El conocimiento sobre el estado genético y poblacional de este primate es escaso, debido, según asegura Ortiz, a las restricciones para tomar muestras biológicas. “Estamos en la base del conocimiento, tanto que apenas estamos definiendo su distribución real y su área de ocupación”, explica. Actualmente, el mono zocay está clasificado como Vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), pero ya fue solicitado cambiar la catalogación por En Peligro.

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El mono zocay es endémico de la zona de transición entre el piedemonte de la cordillera oriental y los Llanos Orientales y ha sido reportado principalmente en el departamento del Meta; en áreas clave para la agricultura y la ganadería, como el municipio de San Martín de los Llanos; en bosques de galería, ronda de ríos y caños y selvas húmedas. En su mayoría, se trata de ecosistemas fragmentados que obligan al animal a recorrer distancias cada vez más largas entre parches de bosque, una situación que compromete su supervivencia y las de otras especies que dependen de la conectividad forestal.

Se alimenta de frutos, flores e insectos y se desplaza sin tocar el suelo. Sin embargo, se volvió común encontrarlo en áreas urbanas, lo que aumenta su vulnerabilidad. La expansión agropecuaria y urbana, la deforestación y la pérdida de bosques se han convertido en sus mayores amenazas y podrían llevar a su desaparición. Esta es la conclusión de un estudio titulado Modelo matemático de la presencia del mono Zocay (Plecturocebus ornatus (Gray, 1866)) en un paisaje agropecuario, realizado por las profesoras de la Universidad de los Llanos, Martha Ortiz, Liliana Ladino y Sara Guerrero, que se publicó en el Boletín Científico Centro de Museos – Museo de Historia Nacional de la Universidad de Caldas.

El estudio evidencia, a partir de predicciones matemáticas en tres escenarios diferentes con niveles base, intermedio y de alta deforestación, que la persistencia del Plecturocebus ornatus es baja por el efecto de la pérdida de hábitat disponible, por lo que podría desaparecer si el paisaje agropecuario se mantiene.

Matemáticas reveladoras

La profesora Martha Ortiz, con botas pantaneras, aretes dorados en forma de monos tití y una camiseta con el zocay estampado, explica que la estructura social del animal funciona a partir de familias: “Siempre vamos a encontrar la pareja y las crías en diferente nivel de desarrollo y, cuando ellas ya están juveniles y aptas para ser separadas del grupo, se tienden a dispersar y los elementos de conectividad les ayudan en ese proceso”.

La modelación matemática, aunque poco común en investigaciones de campo sobre fauna en Colombia, según la investigadora, ha demostrado ser una herramienta útil para evaluar la conservación de especies como el Plecturocebus ornatus. En el caso de este primate, el modelo se construyó a partir de tasas de cambio derivadas de datos concretos y se basó en ecuaciones diferenciales que integran información sobre la transformación de coberturas boscosas, la calidad de los fragmentos y su conectividad. “Lo que se representa es cómo podría mantenerse o perderse la supervivencia de la especie si cambian parámetros clave del hábitat”, explica la profesora.

El ejercicio permite simular escenarios: desde una conectividad funcional entre parches de bosque, que favorecería su permanencia, hasta una pérdida total de conexión o degradación de los fragmentos, que inevitablemente conduciría a la desaparición de la especie.

Este enfoque, usado también en otros primates y especies hermanas, ofrece una proyección clara de cómo las decisiones sobre el uso del suelo pueden determinar el futuro del mono zocay en el piedemonte del departamento del Meta.

El modelo mostró que bajo condiciones actuales, o incluso con mejoras intermedias, la especie no lograría sostenerse a largo plazo. Solo el escenario de conservación plena, con más superficie boscosa y una red de fragmentos bien conectados, permitiría su permanencia.

El estudio también subraya la vulnerabilidad del Plecturocebus ornatus frente a la fragmentación: aunque aprovecha los bordes de los bosques para alimentarse, necesita internarse en zonas más protegidas para evitar depredadores domésticos, incendios y enfermedades transmitidas por fauna feral o humana. Esta dependencia del borde, lejos de ser una ventaja, incrementa sus riesgos y refuerza la urgencia de conservar bosques completos y saludables.

Proyecto Zocay, en San Martín de los Llanos

El municipio de San Martín de los Llanos, uno de los municipios más antiguos y extensos del Meta, fue el escenario escogido para este modelo matemático. Allí también se realizó uno de los pocos estudios que se conocen sobre el mono zocay, realizado por la primatóloga Xyomara Carretero, que sirvió como referencia para las autoras de la investigación.

En 2004, Carretero recibió una invitación para realizar una investigación e identificar las especies y número de primates que habitaban una finca en el municipio de San Martín de los Llanos. Lo que iba a ser un trabajo de seis meses se transformó en el núcleo del Proyecto Zocay, que hoy cumple dos décadas. “Yo vengo trabajando con primates hace 30 años, inicialmente con titíes, pero este proyecto nació casi por accidente”, recuerda. Con el tiempo, algunos finqueros se sumaron y el seguimiento incluyó al Plecturocebus ornatus.

Recuerda que lo había visto por primera vez en La Macarena, Meta, mientras cruzaba una quebrada cubierta de bejucos y vegetación espesa. En esa región, ubicada aproximadamente a 10 horas por tierra desde Villavicencio y que cuenta con tres parques nacionales naturales, se les conoce como risoteros: “Vi un par, chiquitos, peluditos, con la carita oscura, la mancha blanca en la frente y las manitas blancas, gritándome porque me habían visto”. Ese encuentro marcó el inicio de una relación de observación cercana.

Con el tiempo, Carretero descubrió detalles de su comportamiento que la cautivaron, como la forma en que descansan juntos o la energía con la que vocalizan. “Es un comportamiento muy bonito, sobre todo cuando gritan en la mañana y los dos adultos se enrollan la cola”, dice, describiendo esos llamados que resuenan entre los árboles y que son parte de su dinámica social y territorial.

Tras 20 años de observaciones, la científica asegura que en una zona específica de San Martín de Los Llanos, las poblaciones de primates se han mantenido estables. El motivo, explica, es que la cobertura boscosa no ha sufrido cambios drásticos y aún persisten elementos clave como las cercas vivas: “Son herramientas a nivel de paisaje que ayudan mucho. Los zocay las usan para moverse entre fragmentos, buscar alimento e incluso descansar durante el día”, afirma. Esta conectividad entre parches de bosque ha permitido que, en un contexto de ganadería extensiva, la fauna encuentre rutas y refugio para sobrevivir.

“Lo que uno hace es seguir a los animales todos los días, desde que amanece hasta que anochece”, explica la primatóloga sobre los estudios que buscan características de tipo comportamental y ecológico. “Con el método focal obtenemos datos muy detallados sobre un solo animal; con el barrido, sobre la dinámica del grupo”. Con ambos métodos se responden preguntas sobre alimentación, patrones de actividad y diferencias entre edades o sexos.

Para estimar su distribución, también recurre a entrevistas informales con habitantes de cada región y a la técnica de playback, que reproduce vocalizaciones para provocar respuestas que permiten ubicar a los primates e identificar su edad. El estudio de densidades poblacionales se realiza mediante recorridos por trochas o caminos establecidos en los fragmentos de bosque, registrando cada avistamiento con datos como el número de individuos, altura, hora y coordenadas GPS. “Suelo combinar técnicas de observación con análisis de paisaje para entender cómo el tamaño y la cobertura de los bosques influyen en la presencia del zocay”, señala Carretero.

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Para estimar su distribución, también recurre a entrevistas informales con habitantes de cada región y a la técnica de playback, que reproduce vocalizaciones para provocar respuestas que permiten ubicar a los primates e identificar su edad. Esta visión integral le ha permitido reunir información clave sobre la ecología y las necesidades de conservación de la especie y sus amenazas, llegando a la conclusión de que por la reducción de su hábitat puede darse una disminución del 50 % de la población en los próximos 24 años, por lo cual solicitó a la UICN cambiar la catalogación del zocay de Vulnerable a En Peligro.

Las manos que intentan conservar al mono zocay

La ambientalista Nathaly Rojas ha trabajado de manera articulada con las profesoras Ortiz, Carretero y una red de organizaciones y fundaciones dedicadas a la conservación. Su interés por el Plecturocebus ornatus comenzó en 2015 cuando hacía parte de la Fundación William Barrios y recorrió barrios, zonas periurbanas y áreas rurales de Villavicencio para trazar el mapa vivo del primate.

Documentó más de 60 sitios donde el primate está presente en la capital del Meta, revelando su capacidad para adaptarse tanto a ecosistemas naturales como a entornos en transición entre lo urbano y lo rural. Además, cultivos de ciclo corto como la palma africana se han expandido por la región, y Rojas coincide con el estudio de las profesoras de la Universidad de los Llanos en que esto puede ser una amenaza para la especie.

La urbanización, otra de las amenazas, avanza hacia la cordillera rompiendo fronteras naturales y afectando directamente a la especie, según Rojas. Este proceso no solo compromete la permanencia del Plecturocebus ornatus, sino que también incide en servicios ecosistémicos clave, como la provisión de agua para las comunidades humanas.

Municipios como Villavicencio, Acacías, Restrepo y Cumaral evidencian cómo la expansión urbana presiona tanto a la biodiversidad como a los recursos hídricos, mostrando la conexión entre la conservación del primate y la calidad de vida de las personas.

Debido a esto, Rojas participó en la creación del Sistema Municipal de Áreas Protegidas de Villavicencio, una herramienta clave para conservar especies emblemáticas del territorio. “Entre los objetos de conservación está el zocay y además el sistema fue diseñado para generar corredores biológicos que restauren las conexiones perdidas entre ecosistemas por la deforestación y las actividades agropecuarias”, enfatiza. La imagen del mono zocay incluso es usada en logos institucionales de entidades como la Secretaría de Ambiente del Meta.

Otra de las iniciativas que busca la conservación del Plecturocebus ornatus es la Fundación Manos Blancas por los Monos. Miguel Garzón, uno de los integrantes, recuerda que el nombre surgió precisamente porque este primate tiene las manos blancas. Desde hace cinco años hacen avistamiento, observación, actividades con niños, niñas y adolescentes que viven dentro de áreas como el complejo de humedales Kirpas-Pinilla-La Cuerera en la ciudad de Villavicencio.

“Se les enseña las características del mono, la importancia que tiene en el ecosistema y lo que no debemos hacer para continuar con su conservación, sobre todo enfocándonos en que no hay que proveerles alimento debido a que se vuelven dependientes y les cambiaríamos la dieta”, cuenta Garzón.

En el sur del departamento del Meta, en el municipio de Vista Hermosa, también conservan al mono zocay mediante el Macroproyecto Rutas del Zocay. A más de tres horas de distancia de Villavicencio, se encuentra este pueblo que le hace honor a su nombre. Desde el casco urbano del municipio se puede observar el Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena y el río Güejar, que pasa muy cerca y es de gran importancia para la región.

El rector de la Institución Educativa Gabriela Mistral, del Centro Poblado Piñalito, Nestor Javier Martínez, explica detalladamente que “es un proyecto ambiental y turístico que tiene tres líneas: emprendimiento, empleabilidad y educación”. Han pintado murales del zocay en las paredes de sus casas, aprenden a conservarlo e indagan sobre su alimentación y comportamiento, de manera similar a las científicas expertas: observándolo.

Martínez coincide en que entre las principales amenazas a las que está expuesto el zocay es “que se le acaben el hábitat, los árboles, las fuentes hídricas». «Por eso -dice- tratamos de conservar el ambiente, para que la especie se mantenga”. Reconoce que esta especie es protagonista, debido a la cercanía de las personas con él y su carisma, pero su conservación también permite proteger a otras especies como loros, guacamayas y mariposas.

En la tienda de artesanías de Vista Hermosa, hay diferentes manualidades que cuentan con la figura del mono: vasos, llaveros, imanes para la nevera, cuadros, aretes. En algunas calles de Villavicencio aparece el primate pintado por un graffitero que decidió apropiarse del animal como su firma identitaria.

El zocay no solo despierta interés científico, también cautiva a las comunidades por su carisma, dice Ortiz. En la vereda El Cairo de Villavicencio, el colegio Los Ocopos incorporó a una familia de estos primates en su proyecto ambiental escolar: diseñaron un sendero interpretativo en su campus, incluyeron su figura en murales y formaron a estudiantes mayores como guías ambientales.

Los datos revelados por los estudios son contundentes, especialmente en el que se utiliza la modelación matemática. Aunque se intente conservar, si no se realizan acciones concretas en toda su área de distribución del departamento del Meta, podría desaparecer.

Referencia:

Ladino-Martínez, L. M., Guerrero, S. C. y Ortiz-Moreno, M.L.(2024). Un modelo matemático de la presencia del mono Zocay (Plecturocebus ornatus) en un paisaje agropecuario. Bol. Cient. Mus. Hist. Nat. Univ. Caldas, 28(2), 103-127. https://doi.org/10.17151/bccm.2024.28.2.6bol.cient.mus.hist.nat. 28(2), julio-diciembre, 2024. 103-127. ISSN: 0123-3068 (Impreso) ISSN: 2462-8190 (En línea) *FR: 22-X-2024. FA: 17-III-2025.BOLETÍN CIENTÍFICOCENTRO DE MUSEOSMUSEO DE HISTORIA NATURAL

Imagen principal: familia de monos zocay. Foto: cortesía Nathaly Rojas.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera medida que adoptó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en materia ambiental despertó duras críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llamará Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial. Además, la oficina que administrará proyectos relativos al agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Colectivos y expertos pidieron a Paz que mantenga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que revise la designación de Romero.

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Paz logró una fuerte alianza con el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Este sector, junto al grupo agroempresarial del departamento de Beni, según varios expertos, están señalados por la deforestación y los incendios en zonas como la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco. Es a uno de estos dos grupos empresariales que pertenece Romero, un empresario cruceño que en el último tiempo dirigió una poderosa organización del agro: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

El Movimiento Ciudadano Todos Somos Jaguar, junto a colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana hicieron pública el 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la designación de Romero como ministro a cargo de la temática de medio ambiente. Estas instituciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designa a dos empresarios agroindustriales en el gabinete y que dirigirán temas ambientales: uno es Romero y el otro es Óscar Justiniano, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

En el documento, las organizaciones recuerdan que Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y advierten que el país “no puede permitirse repetir el modelo de deforestación y expansión del agronegocio que devastó grandes áreas de bosques en otros países de la región”.

Además, el texto destaca que la trayectoria de Romero y Justiniano “está[n] abiertamente vinculada[s] al agronegocio, sector responsable de más del 90 % de la deforestación en Bolivia” y señala posibles conflictos de interés de Justiniano con el mercado voluntario de carbono.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el contexto de la crisis actual, exige un perfil técnico, independiente y comprometido con la protección de los ecosistemas”, dice parte de la carta. “Bolivia es hoy el segundo país más deforestado del mundo y necesita liderazgo ambiental del más alto nivel”, agregan.

Más críticas a la decisión

Luego de idas y vueltas, el gobierno de Paz aprobó el 17 de noviembre el Decreto Supremo 5488 que oficializa el cierre de algunos ministerios y la fusión de otros. En esa normativa establece la conformación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que tendrá un viceministerio que atienda temas ambientales: será el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

Mongabay Latam se contactó con fuentes del Gobierno y ratificaron que ese viceministerio tendrá bajo su dependencia algunas instituciones relativas al medio ambiente, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad que tiene ahora un nuevo director: Filemón Hinojosa, con experiencia en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Además, el gobierno de Paz decidió trasladar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al Ministerio de la Presidencia. Esta entidad, que dependía del disuelto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se encarga, entre otras atribuciones, del proceso de saneamiento de tierras.

Stasiek Czaplicki, investigador boliviano independiente, consideró que en Bolivia existe un “gobierno agroindustrial” por las incorporaciones de Romero y Justiniano al gabinete. “¿Y quién es el actual ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente? Nada menos que Fernando Romero, expresidente, hasta hace dos meses, de ANAPO, la voz oficial del complejo soja-industria en Bolivia. Es decir, el vocero del agronegocio hoy es la nueva máxima autoridad ambiental”, cuestionó.

Czaplicki recordó que la producción de soja en Bolivia aporta el 17 % de la deforestación y que Romero trabajó con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr la expansión de la frontera agrícola con la otorgación de desmontes.

“Será interesante observar cómo estas nuevas autoridades evitarán, o tal vez no, los conflictos de interés al momento de diseñar regulaciones, programas o incentivos, porque lo que está en juego no es menor: es la posibilidad de que las políticas públicas sirvan a intereses empresariales propios, de amigos o futuros socios”, cuestionó Czaplicki en diálogo con Mongabay Latam.

El experto añadió que “en los próximos días probablemente se anuncien medidas simbólicas o cosméticas a favor del medio ambiente y los bosques”, como la abrogación de leyes inactivas del paquete incendiario o la revisión de normativas “sin efecto real” sobre el avance agropecuario.

“Cuidado con ilusionarnos con anuncios compartimentados, un decreto o una pausa ecológica. El agropoder está en el Gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno”, resaltó Czaplicki.

El día que Paz posesionó a su gabinete, Romero fue designado como ministro de Planificación del Desarrollo. Ese día había un vacío sobre la situación de la cartera de Medio Ambiente y Agua, ya que no se mencionó como parte del gabinete. Al día siguiente, el Gobierno sacó un comunicado informando que ese ministerio no fue eliminado.

Es más, el ministro Justiniano, que fue nombrado como interino de Desarrollo Productivo, fue el vocero de los temas ambientales y dijo que la cartera de Medio Ambiente y Agua iba a fusionarse con la suya. Algo que no pasó y que finalmente pasó a Planificación del Desarrollo.

Justiniano prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.

“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, remarcó Justiniano en una conferencia de prensa.

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Justiniano, antes de ser designado ministro, fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), dos poderosas instituciones privadas de la agroindustria en Bolivia. 

Romero aún no habló de temas ambientales y recién recibió la noticia de que asumiría el control de la política ambiental del país la noche del 17 de noviembre. Las fuentes gubernamentales consultadas por Mongabay Latam no hicieron referencia a posibles conflictos de interés o contradicciones en su designación.

Se suman más cuestionamientos

Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al Presidente que tomar la decisión de desaparecer uno de los ministerios más importantes dentro de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) también expresó su rechazo a la designación del ministro Romero a la cabeza del área ambiental. “Es imperativa la designación de un ministro que no sea juez y parte a la hora de decidir si debe o no cuidar el medioambiente”, afirmó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de esa organización.

La dirigente indígena solicitó al presidente Paz el cumplimiento de su atribución constitucional con relación al ordenamiento jurídico ambiental y que sea consecuente con sus palabras, como cuando dijo el día de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue en gestiones anteriores un nido de corrupción y cuoteo que alentó al extractivismo, pero sería un retroceso cerrarlo o hacer que sea absorbido por otro ministerio, así como elegir de titular a alguien vinculado con el agronegocio, porque es continuar con una política de despojo”, remarcó Alipaz.

El Colegio de Biólogos de Bolivia advirtió que una eventual fusión ministerial podría cerrar el acceso de Bolivia a los fondos verdes internacionales, que financian proyectos climáticos y de conservación.

“El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sería un error histórico, pues implicaría cerrarle a Bolivia las puertas a los fondos que hoy financian la vida en tiempos de crisis climática. Solo este año, esos recursos superan los 285 000 millones de dólares a nivel global”, dice parte de un comunicado público.

Esta entidad colegiada remarcó que el país atraviesa una etapa crítica en materia ambiental, marcada por la deforestación, incendios forestales y afectación a comunidades indígenas, por lo que exigieron fortalecer la institucionalidad ambiental y no reducirla.

“Bolivia no necesita menos ambiente, necesita más inteligencia ecológica”, recalca el pronunciamiento, que exhorta al presidente Paz a mantener su compromiso expresado en el discurso de posesión, cuando aseguró que el desarrollo económico no debe estar “divorciado del medio ambiente”.

Mientras, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, consideró que la designación de ministros dedicados al agronegocio generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. El experto señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.

Colque advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al Gobierno de Paz en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.

En ese sentido, instó al Gobierno a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en campaña no fue trabajar con estos sectores. Sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Jorge Quiroga [excandidato], lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del Gobierno”, afirmó.

Imagen principal: Chiquitano, bosque subtropical despejado en el borde de la Amazonía boliviana para la producción de soja. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La deforestación en el departamento colombiano de Guaviare —que está cubierto en un 85 % de bosque— repuntó en 2024 y muestra señales de alerta en lo que va del año. Esto ocurre mientras los grupos armados, la ganadería a gran escala, los cultivos ilegales y los incendios se expanden en la región amazónica del país.

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Un análisis de la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia estima que en 2024 la deforestación en Guaviare repuntó con pérdidas de hasta 20 000 hectáreas de bosque. El estudio, basado en un modelo de Inteligencia Artificial e imágenes satelitales, ha permitido detectar focos de deforestación en la región, principalmente por cambios de uso de suelo.

Incluso, el análisis sostiene que los incendios forestales detectados entre enero y junio de 2025, especialmente en bosques primarios de los municipios de Calamar y San José del Guaviare, siguen un patrón y rutas marcadas por economías ilícitas.

Estos incendios forestales han impactado en áreas como La Sierra de la Macarena, ubicada en el departamento de Meta, y la Reserva Nacional Natural Nukak, cuyos territorios no solo son de gran importancia biológica, sino cultural para pueblos indígenas, quienes históricamente han sido desplazados por conflictos armados y actividades ilegales.

Descenso y repunte de la deforestación

De acuerdo con el estudio de la Defensoría, Guaviare había disminuido notablemente la pérdida de bosques con un registro de 17 000 hectáreas, luego de que en 2018 alcanzó máximos de 45 000 deforestadas.

Esta reducción fue incluso regional, pues el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) registró una disminución histórica del 38 % en la deforestación de la Amazonía colombiana respecto a 2022. En el caso de Guaviare, la reducción fue del 27 %, según los registros oficiales.

Sin embargo, la misma institución advirtió desde el año pasado un aumento en los focos de deforestación. Además, en los primeros tres meses de 2025 detectó 18 núcleos de Alerta Temprana de Deforestación, el 21 % de ellos en territorio de Guaviare, algunos dentro de resguardos indígenas como Yaguará II y la Reserva Nukak-Makú. El colindante departamento de Meta acumuló otro 20 % de las detecciones.

Autoridades detectaron como causas directas el acaparamiento de tierras, obras de transporte no planificadas, ganadería extensiva y cultivos ilícitos.

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Angélica Rojas Moncada, coordinadora regional de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) en Guaviare, señala que estas actividades siguen siendo los principales delitos ambientales en la región, donde los grupos armados se involucran cada vez más.

«El Guaviare ha tenido un proceso [de deforestación] que está auspiciado o permitido por los grupos armados. En la medida en dejan la negociación de paz con el Gobierno, las zonas que dominan van siendo más ocupadas y dañadas”, explica.

En el caso del Parque Sierra de La Macarena, área de gran biodiversidad y punto de encuentro entre la Amazonía, los Andes y la Orinoquía, la especialista recuerda la complejidad de su manejo, pues antes de ser decretada como área protegida ya vivía procesos de ocupación y deforestación que siguen sin resolverse.

Además, destaca Rojas, fue también un centro de ocupación del conflicto armado donde se fortaleció la producción de coca. “Actualmente está retomándose esa producción coquera, además del cambio por ganadería en unas zonas y por cultivos intensivos en otras que obviamente sigue afectándola”, dice a Mongabay Latam.

En el caso de la Reserva Natural Nukak, hogar de las comunidades indígenas Puinave, Curripaco y Nukak, los cultivos de coca, la construcción de vías y la presión ganadera se han convertido en serias amenazas para el área natural.

Mongabay Latam ha documentado la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación, principalmente en los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, donde también se impactan áreas protegidas y resguardos indígenas.

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Crisis ambiental y humanitaria en Guaviare

El departamento de Guaviare acumula, desde 2010, casi el 60 % de la deforestación total de Colombia, principalmente por el cambio de bosques a pastizales, de acuerdo con una investigación científica publicada en 2024.

Otra de las complejidades que tiene es que las unidades ambientales y las 26 reservas indígenas cubren casi todo el departamento, pues abarcan más del 90 % de la superficie, por lo que los impactos de la deforestación van directamente contra las comunidades que ahí habitan.

Además, la disputa de los grupos armados por el control de los territorios y sus recursos han generado una crisis humanitaria en los territorios.

La Defensoría del Pueblo y la Naturaleza advirtió desde los primeros días de 2025 una alerta en Guaviare por las desapariciones, el reclutamiento y asesinato de adolescentes por grupos armados, así como comunidades confinadas por la disputa territorial entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo y el grupo disidente Estado Mayor Central.

En especial, destaca la situación de los pueblos Nukak y Jiw, a quienes considera en proceso de extinción física y cultural por el desplazamiento forzado de las comunidades.

Rojas afirma que el manejo de los resguardos indígenas bajo una estructura cultural diferente ha permitido la conservación de los bosques.

“Su papel es protagónico y algo aún más importante es que conocen los bosques, los han utilizado históricamente para proveer medicina, alimento, vivienda, vestido. Ese conocimiento implica usarlo adecuadamente”, sostiene la investigadora de la FCDS.

Imagen principal: pese a una disminución de la deforestación en 2023, este proceso repuntó en 2024 y su tendencia aumenta este año. Foto: cortesía Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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