Controlar las zonas donde imperan los grupos armados ilegales será uno de los desafíos de Colombia para este 2024. Se trata de una medida indispensable para garantizar la protección de los defensores ambientales, así como para combatir las economías criminales, como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, que tienen acorralados a pueblos indígenas y a los mismos Parques Nacionales Naturales.

El 2024 será un año que muestre si la reducción de la deforestación logra consolidarse como una tendencia producto de acciones gubernamentales y no como resultado de las órdenes de los grupos al margen de la ley en territorios como la Amazonía.

El país arranca el año con un sector ambiental que es el eje central de las políticas de Gobierno: una asignación presupuestal nunca antes vista y un Plan Nacional de Desarrollo que pretende ordenar el territorio alrededor del agua. Será el momento de avanzar, dicen los expertos, en una articulación y ejecución de las acciones.

Lograr que todos los sectores marchen en la misma dirección será también fundamental para lo que se viene y más ahora que el presidente Gustavo Petro anunció —en el marco de la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar el pasado diciembre en Dubái— que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, y que la apuesta de la transición energética será por minerales como el cobre. Esto pone sobre la mesa la importancia de conseguir un Acuerdo Nacional Ambiental y realizar una zonificación productiva que especifique, entre otros, las zonas habilitadas y las que no se pueden intervenir porque se traslapan con áreas de reserva y territorios indígenas.

Este año también será clave para valorar la eficacia del plan del Gobierno colombiano en el control de la propagación de los hipopótamos en el país, una especie exótica e invasora que pone en riesgo varios de los ecosistemas y especies nativas.

Estos son algunos de los desafíos ambientales que enfrentará Colombia en este 2024, de acuerdo con expertos e integrantes de organizaciones no gubernamentales entrevistados por Mongabay Latam.

1. Proteger a los defensores ambientales

Evitar que Colombia continúe como una de las naciones más peligrosas para las personas defensoras de ambiente y territorio es, quizá, el principal desafío. El país necesita cambiar las cifras registradas en 2022 —cuando fueron asesinadas 60 personas que ejercen esta labor—, o las del 2023, año en el que atentaron al menos contra 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, o contra 188, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Andrés Macías, docente e investigador de la Universidad Externado y doctor en estudios de paz y conflicto, explica que esta situación no es nueva y existía desde antes del Acuerdo de Paz con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Llegó un Gobierno de izquierda que, cuando era oposición, siempre decía que el Gobierno no hacía nada y ahora se ha dado cuenta que no es tan fácil. No logra disminuir la violencia como se esperaba porque es un tema muy complejo. Es el principal desafío, que está atado a la presencia de grupos y a economías ilegales”.

Pilar Castillo, directora ejecutiva de la Asociación Minga, que hace parte del programa Somos Defensores, realiza un llamado para que, en los más de dos años que restan del mandato de Gustavo Petro, se articulen las políticas de defensa, de garantías, de desmantelamiento de grupos paramilitares y de paz total.

“Se necesita articulación para generar un escenario óptimo de protección. No podemos tener a cada una por su lado. (…) El hecho de que los liderazgos ya no sean estigmatizados creo que es algo que hay que reconocerle al gobierno, pero lo importante ahora es pasar a materializar”.

Castillo insiste en la necesidad de avanzar en la construcción de la política pública de defensa de derechos humanos. También, recalca, se requiere un enfoque de protección preventiva y diferencial. “Se ha hablado de reestructurar la UNP [Unidad Nacional de Protección], que lidera todo el andamiaje de protección para los defensores. Las medidas diseñadas no son las más idóneas. No es lo mismo proteger a un defensor que trabaja en Bogotá que a uno indígena o un campesino”, dice. Además, espera que este año se instale, por fin, la Mesa Nacional de Garantías.

2. Frenar la deforestación y reforestar

Tomar el control de los territorios y que, a la vez, se consolide la desaceleración de la pérdida de bosque son dos de los desafíos que tendrá el país. En este 2024 se sabrá si la cifra de deforestación del 2022, que fue la más baja en nueve años —123 517 hectáreas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)—, se mantendrá como una tendencia o si fue solo el resultado del fenómeno de La Niña o de las órdenes de los grupos armados ilegales.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explica que en esas cifras influyeron las órdenes de no deforestar dadas por el Estado Mayor Central (EMC), el grupo disidente liderado por alias Iván Mordisco y compuesto por excombatientes de las FARC, que tiene un control territorial en varias zonas del suroriente, el norte y el occidente del país y se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. “Con unos costos sociales y en términos de democracia y gobernanza muy altos, porque además de hacerlo a través de amenaza y de coacción armada —explica Botero—, también ha sido con desplazamiento y coerción sobre las instituciones públicas que tendrían que estar trabajando en estos procesos”.

Los mismos funcionarios de Parques Nacionales Naturales no pueden ejercer autoridad. Carlos Castaño, exdirector de esta institución, calcula que al menos 10 áreas protegidas se encuentran bajo este “régimen de exclusión por instrucciones de la delincuencia armada de este país”. La gobernabilidad es necesaria, considera, para atajar realmente la deforestación y evitar el avance de la frontera agropecuaria. Sumado a que será indispensable para proteger a los pueblos indígenas de la Amazonía, que —en el caso de 218 resguardos indígenas— perdieron más 19 181 hectáreas de bosque en el 2022, de acuerdo con datos obtenidos a través de análisis satelital de la plataforma Global Forest Watch.

“Lo más preocupante es el cambio progresivo en las condiciones y en el régimen ecológico del territorio. (…) La macrocuenca ha tenido unas modificaciones tan sustantivas que realmente está rebasando nuestra capacidad”, dice Castaño. El gobierno es consciente y, por eso, ha planteado una ambiciosa meta: restaurar 753 000 hectáreas al 2026.

El trabajo de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil será indispensable, especialmente en este 2024 que se dobló el dinero de las regalías —serán 2,13 billones de pesos (casi USD 600 millones)—, para financiar proyectos de conservación de áreas ambientales estratégicas y en la lucha contra la pérdida de bosque.

El desafío de la restauración es enorme. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, considera que la meta de reforestar las 753 000 hectáreas es muy alta y la estrategia no es clara. “El gobierno básicamente ha renunciado a la utilización de la fuerza contra los grupos ilegales y me parece muy poco probable que así se pueda bajar la deforestación”, manifiesta.

3. Combatir las economías criminales

Colombia, hasta el 2022, tenía 230 000 hectáreas sembradas con coca. En su informe más reciente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló un incremento nacional del 13 %. Este aumento se reflejó de manera más marcada en áreas específicas: un 21,5 % en los Parques Nacionales Naturales y un 18 % en los resguardos indígenas. “¿Cuánto ha significado esto en deforestación? Tampoco lo sabemos”, afirma Rodríguez.

Si bien estas cifras no necesariamente reflejan lo que ocurre actualmente y aún no se conocen las del 2023, esto plantea otro desafío: enfrentar las economías ilegales que financian a los grupos al margen de la ley. El problema es que los ceses al fuego bilaterales, explica el investigador Andrés Macías, tienen maniatada a la Fuerza Pública y actuar implica adelantar acciones ofensivas, lo que llevaría a una violación de la medida.

“Los grupos saben sacar provecho de eso y logran instrumentalizar a la comunidad, que termina rechazando a la Fuerza Pública, ya sea porque los obligan o en algunos casos por la misma mala imagen que tienen (…) Y la Fuerza Pública, por respetar derechos humanos y evitar confrontaciones con la población, termina saliendo. Todo esto afecta el contexto de seguridad del país y es bastante negativo”, puntualiza.

Pero no solo son los cultivos. Una investigación de Mongabay Latam reveló que, al menos, 10 resguardos indígenas amazónicos son afectados actualmente por la contaminación de la minería ilegal de oro. El mercurio es también una amenaza para la biodiversidad y la salud de las poblaciones en varias partes del país.

Rodrigo Botero, de la FCDS, brinda otro ejemplo: la contaminación por mercurio en la región del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, que tienen unos niveles tan “impactantes” de contaminación, que ya empiezan a verse repercusiones de salud pública.

4. Urge un consenso y una planificación del territorio

El Acuerdo Nacional Ambiental, según Botero, debe ser la gran prioridad para este 2024, especialmente ahora que los temas ambientales se han puesto como eje de las conversaciones de paz. “Es el momento de poner sobre la mesa que esos actores [armados ilegales] hacen parte de lo que necesitamos”, dice.

Petro manifestó su interés en lograr un Acuerdo Nacional de justicia social y ambiental, ligado a la Paz Total, que permita una “sociedad más igualitaria”. El gran reto es que deben estar todos. “Todos son todos”, recalca Botero: el sector privado, las industrias extractivas, el sector agropecuario, el movimiento popular, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, planeación nacional, cooperación internacional, el Congreso, entre otros.

Lograr un acuerdo requiere, además, trabajar en una zonificación productiva del territorio, más ahora que el Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”, propuso un ordenamiento alrededor del agua. “Tenemos crisis en el uso del suelo por esa falta de zonificación consensuada nacional. Tenemos un proceso de calentamiento global y eventos cada vez más extremos. Y tenemos una conflictividad social y socio ambiental cada vez más fuerte. Si sumas los tres elementos da como resultado la inviabilidad de los territorios y los ecosistemas hacia el futuro, es decir, un punto de no retorno”, argumenta Botero. Explica que una zonificación permitiría tener una trazabilidad, pues actualmente las personas no saben si la carne que se comen en un restaurante salió, por ejemplo, de un parque nacional de la Amazonía que fue deforestado por actores ilegales.

El país, para Botero, debe moverse en esa dirección. Aunque no será tan fácil, cree que hay una “pequeña luz de esperanza” ahora que la mayoría de los países están empezando a exigir trazabilidad y certificación de origen. “Hacia allá va el mundo y empieza a cambiar los hábitos de las grandes empresas. (…) Acá en Colombia se tendrá que empezar a trabajar en estrategias para que la población sea más selectiva en qué compra y cómo”.

5. La apuesta por la transición energética

Durante la COP28 en Dubái, el presidente Gustavo Petro presentó un portafolio de inversiones por 34 000 millones de dólares para la transición energética y anunció que no se firmarán más contratos de exploración de petróleo, gas y carbón, pero se respetarán los que están vigentes.

El objetivo ahora es descarbonizar la economía. Petro ha propuesto una exploración y explotación de 12 minerales, como el cobre, el litio, el coltán, el cobalto y otros para producir energía limpia. “En la medida que baja la demanda del carbón y del petróleo, la otra economía minera crece y sus precios van a aumentar. (…) Hacer una turbina de viento, de esas inmensas (para energía eólica), y hacer los paneles solares (para energía solar) implica el uso de unos minerales”, explicó.

¿Cómo se hará? Este constituirá otro de los desafíos y está relacionado con la misma zonificación del territorio. Es crucial que esta zonificación especifique las áreas habilitadas para la minería y aquellas que están prohibidas, con el objetivo de prevenir impactos negativos en las comunidades y en el medio ambiente.

A José Luis López López, magister en ordenamiento urbano regional e investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional (UNAL), le preocupa que la transición energética esté por encima de los ecosistemas estratégicos. Lo dice porque, asegura, hay títulos para minería de cobre en Putumayo que se traslapan con áreas de reserva y territorios étnicos.

“Básicamente son la punta del iceberg de las más de 30 solicitudes que hay para esta zona del piedemonte amazónico. (…) Mi mayor preocupación es la posible explotación de minerales a gran escala en el macizo colombiano y las cuencas altas que abastecen al río Amazonas, una de ellas es la cuenca alta del río Mocoa, vertiente del río Caquetá”, expone.

López fue secretario de planeación de Mocoa, la capital de ese departamento, y asegura que el 80 % del territorio se encuentra en zona de riesgo alto o medio por amenazas naturales, como movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundaciones. “El peligro puede ser exacerbado por los procesos de exploración y explotación de cobre. Uno de los títulos precisamente, de los cuatro vigentes, se encuentra sobre el punto más grande de remoción en masa que aportó al evento de 2017”, dice, refiriéndose a la avalancha que cobró la vida de más de 300 personas en ese municipio.

“¿Vamos a decir que no a cualquier tipo de minería?”, se pregunta por su parte Rodrigo Botero. Considera que, por eso mismo, es importante la zonificación productiva. “Yo pienso que el tema de los minerales de transición es importante para el país, pero que ojalá fuera para producir cosas aquí, no solo para que los países desarrollados nos devuelvan las aspas de los molinos a un precio quintuplicado”.

6. El control de una especie invasora

En 2024 el Gobierno tiene como tarea continuar el plan que arrancó a fines de 2023: el control de los aproximadamente 169 hipopótamos que hay en el país, una especie exótica e invasora que está en el río Magdalena y que tiene en riesgo a los ecosistemas y a la biodiversidad del territorio, pues afecta el hábitat de especies como el manatí, la nutria y el chigüiro.

Por tal razón, el Gobierno comenzó la implementación del Plan de Control y Manejo de hipopótamos, que incluye —según explicó la ministra Susana Muhamad— 40 esterilizaciones por año; el traslado de hasta 85 ejemplares a países como India (60), México (10) y Filipinas (15), y la eutanasia.

“Tenemos que atender esta problemática por todos los frentes posibles. Frenar la capacidad reproductiva y abordar el hecho de que se están esparciendo por todos lados. Y hay que continuar con otras acciones para lograr que la población se reduzca, eso se logra con la traslocación o la eutanasia”, explica David Echeverri López, coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Hasta el momento se han realizado cuatro esterilizaciones —que se hicieron finalizando el año pasado— y la idea es continuarlas en este 2024. No es una tarea fácil. Son animales que están libres, se mueven continuamente y tienen además un comportamiento impredecible, lo que hace que los profesionales tengan semanas donde el protocolo de captura no funciona.

El coordinador de Cornare cree que será esencial hacer una estrategia de intervención social con las comunidades que están en el área de influencia de estos animales. Necesitan generar un sentido de apropiación y que las personas entiendan las afectaciones que pueden generar las especies invasoras, como el desplazamiento de fauna silvestre que ocupa el mismo nicho que los hipopótamos y que no tiene capacidad de competencia, como el manatí —que está En Peligro de extinción—. Esto sumado a que los hipopótamos, explica Echeverri, son animales bioingenieros que van modificando los ecosistemas.

Aunque el plan está listo, lo difícil será movilizar los hipopótamos a otros zoológicos fuera de Colombia, que cuenten con las garantías de habitabilidad, seguridad, manejo y bienestar. “Hemos tratado de abordarlo, pero es frustrante porque depende de otras entidades. Es un tema complejo con todas las entidades que toca poner en fila y trabajar en función de los permisos”, puntualiza Echeverri.

7. Articular las políticas y ponerlas en marcha

Este año el sector ambiental arranca con un presupuesto asignado que no se había visto antes: 2,03 billones de pesos (USD 500 millones). Sin contar que, además, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, un instrumento financiero y autónomo creado para potenciar la gestión, la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad, recibirá recursos también de otras fuentes, como el 80 % del recaudo del impuesto del carbono. Esto sumado a que se doblaron los recursos del sistema de regalías para financiar iniciativas de conservación.

Si bien está el dinero y las políticas de Gobierno, es hora de ejecutar. Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), considera que se necesitará garantizar un acompañamiento efectivo que verifique el uso adecuado de los recursos.

Las Corporaciones Autónomas —las autoridades a nivel regional— jugarán un papel importante, el problema es que, para Flórez, no tienen un liderazgo. “Se enuncia como algo que se reformará, pero debería ser rápido, porque dos años no es mucho tiempo”, dice, refiriéndose a lo queda del Gobierno del presidente Petro. En esto coincide Botero, quien cree que es momento de una reforma y de que el país contemple tener una institucionalidad que se ocupe de las prioridades nacionales y que pueda penetrar las fuerzas regionales que, para él, muchas veces impiden que se haga una gestión ambiental apropiada.

“Yo ahora veo una descentralización que en vez de ayudar, proveer capacidades y generar mayor eficiencia, ha generado una dispersión de iniciativas, de contradicción en muchos casos con la política nacional y que ha permitido el fortalecimiento de caudillos regionales que utilizan las corporaciones para propósitos puramente clientelistas y electorales”, crítica Botero, quien considera que adicionalmente hay muchas asimetrías entre corporaciones por el acceso a los recursos: “las más débiles son las que tienen las áreas más sensibles ambientalmente en el país”.

La reestructuración, si se hace, no será cosa sencilla. El exministro Rodríguez cuenta que han sido 24 intentos de reforma y las corporaciones siempre han ganado en el Congreso de la República. Cree que esto solo puede ocurrir si se hace en concertación. “Ignorarlas solo llevará al mismo escenario”, concluye.

*Imagen principal: Vista aérea de la maloca de la comunidad de Curare en el resguardo Curare-Los Ingleses, en la región Amazonas, Colombia. Crédito: Victor Galeano.

El artículo original fue publicado por María Fernanda Lizcano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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José sostiene el micrófono con firmeza cuando lanza su mensaje por la radio comunitaria: “En este país cada vez va en aumento la situación de desapariciones. Todos debemos de ser conscientes de lo que pasa. El día de ayer fue lamentable ver que las fichas de búsqueda de personas desaparecidas, que luego vemos pegadas, hayan sido tapadas o arrancadas”.

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José, cuyo nombre real no es publicado por cuestiones de seguridad, pide a la gente que respete los carteles con los rostros de los desaparecidos, porque pueden ayudar a encontrar a alguien, porque son una forma de recordar que una persona está desaparecida.

En las fichas de búsqueda colocadas en paredes y postes de esta comunidad de montañas y ríos ubicada en el estado de Puebla, al sur de México, se ven caras de mujeres y hombres jóvenes, pero no aparece el rostro de Sergio Rivera Hernández. Seguramente, la ficha de búsqueda con su nombre también fue arrancada.

Todavía en febrero de 2022, en la comunidad de Ventanillas, en un poste junto al arco de entrada que anuncia la llegada al municipio de Zoquitlán, había una ficha de búsqueda con la fotografía del indígena de 33 años: mirada seria, ceño fruncido, cabello negro y corto; el brazo derecho levantado a un lado de su rostro.

En la cabina de Radio Altépetl Zoquitlán, José recuerda que el 23 de agosto de 2018 desaparecieron a Sergio Rivera Hernández, su amigo y compañero en la defensa de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, región cafetalera ubicada en el centro-sur de México, en la zona limítrofe con Oaxaca y Veracruz.

Sergio Rivera Hernández encabezó en Coyolapa, su comunidad natal en el municipio de Zoquitlán, la formación de los comités de resistencia en contra del proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala, del Grupo Ferrominero al cual pertenece la Minera Autlán, que pretende usar las aguas de los ríos Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl en la generación de energía eléctrica. Este proyecto afectaría un territorio que abarca los municipios de Zoquitlán, Tlacotepec y Coyomeapan; una región en donde habitan casi 90 000 personas.

Cuando lo desaparecieron, Rivera vivía con su esposa y sus cinco hijos y se dedicaba a la mecánica. En cuanto se enteró de la existencia del proyecto hidroeléctrico y las afectaciones al territorio, fue una de las principales figuras de referencia en la organización comunitaria. Quienes participaron en el movimiento en contra de la hidroeléctrica lo describen como muy reservado, pero también recuerdan que su personalidad era magnética: su voz y su presencia invitaban a escuchar sobre la lucha, a sumarse, a informarse.

La voz de Rivera se escuchó en algunas de las transmisiones de las radios comunitarias que se fundaron en el marco de la oposición al proyecto hidroeléctrico. En 2016, Radio Tlacuache (zarigüeya), comenzó a sonar en el municipio de San Pablo Zoquitlán. Pocos meses después, en el municipio vecino de Tlacotepec de Díaz, Radio Tlayoli (maíz, en la variante del náhuatl que se habla en la zona) seguiría los mismos pasos.

Ambas radios comunitarias nacieron como herramientas sonoras para la defensa del territorio: desde ahí se transmitían noticias sobre el avance del proyecto, se convocaba a asambleas, se informaba sobre los impactos de la hidroeléctrica y se invitaba a informarse para defender el territorio, combatiendo la desinformación de la empresa y del gobierno.

Enterarse por el periódico

Sentada afuera de su casa en la comunidad indígena de Pozotitla, en el municipio de Zoquitlán, Flor recuerda cómo comenzó la defensa de los ríos en este rincón de la Sierra Negra de Puebla. Sus palabras, que por seguridad pide que sean citadas bajo un nombre ficticio, son acompañadas por el sonido de las aves y del viento que anuncian la lluvia.

Era 2016 y ella tenía 14 años. Su padre, campesino y sembrador de café como muchos de los que viven en estas tierras, trabajaba en su cafetal ubicado a un kilómetro del cauce del río Coyolapa, cuando se encontró a dos hombres foráneos. Al preguntarles para qué hacían una brecha en un terreno privado, sólo respondieron con excusas.

Días después, un periódico local publicó la noticia: Minera Autlán planeaba construir el proyecto hidroeléctrico Coyolapa-Atzala. La empresa es propiedad de José Antonio Rivero Larrea, primo de Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, al que pertenece la mina Buenavista de Cobre que en 2014 provocó un derrame de sulfato de cobre y metales pesados en el Río Sonora, al norte de México, y considerado como uno de los mayores desastres ambientales en el país.

Hasta ese momento ninguna autoridad se había acercado a las comunidades de la Sierra Negra de Puebla para informarles de qué se trataba el proyecto de la hidroeléctrica, recuerda Flor, que hoy tiene 21 años. “La empresa, cuando llegó, no explicó las afectaciones que va a causar (la hidroeléctrica). Sólo prometió empleos y dijo cuántos, por cuánto tiempo y que iba a haber un desarrollo en la comunidad, porque consideran que esta comunidad es de máxima pobreza”.

Flor tiene muy claro por qué los habitantes de las comunidades de la zona baja del municipio de Zoquitlán comenzaron a organizarse en contra del proyecto hidroeléctrico: “Nosotros nacimos aquí, crecimos aquí, pues ha sido la importancia de seguir conservando todo lo que existe”.

La familia de Flor y sus vecinos en la comunidad de Pozotitla preguntaron a los integrantes del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), organización social que trabaja en la zona desde hace décadas, si sabían algo sobre el proyecto hidroeléctrico.

En 2016, Omar Esparza, actual dirigente de MAIZ, organización que forma parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), junto con otros de sus compañeros, empezaron a investigar. Consiguieron la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que la empresa Proyectos Hidroeléctricos de Puebla presentó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ese documento de 270 páginas detalla que el Proyecto Sistema Hidroeléctrico Coyolapa-Atzalan plantea la generación de energía, a través de dos subsistemas que afectarían a tres ríos de la Sierra Negra: Coyolapa, Atzalan y Huitzilatl. Su construcción implica obras en tres municipios de Puebla: Coyomeapan, San Sebastián Tlacotepec y Zoquitlán, la tierra de la familia de Flor.

Este proyecto contempla, además, construir una cortina de 22 metros de altura en el río Coyolapa, otra de 4.5 metros en el río Atzalan y una más de un metro en el río Huitzilatl. También incluye la construcción de varios túneles para conducir agua de los afluentes.

Todo esto en una región donde es posible encontrar bosque mesófilo de montaña, selva alta y bosque de pino y encino, de acuerdo con los datos de la MIA. En ese documento también se reconoce que hay presencia de varias especies de flora y fauna protegidas, entre ellas ocelotes y armadillos.

La organización MAIZ informó a los habitantes de comunidades vecinas, entre ellos a Sergio Rivera y la familia de Flor, lo que se planeaba hacer en su territorio. Poco tiempo después, los pobladores descubrieron que las autorizaciones para el uso de suelo y construcción de una parte del proyecto hidroeléctrico ya estaban firmadas y aprobadas por Fermín González León, en ese momento presidente municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de Zoquitlán.

Los permisos de cambio de uso de suelo y una firma avalando la MIA se dieron sin que existiera una consulta a las comunidades indígenas de la región. Esa información detonó asambleas, movilizaciones dentro y fuera de Zoquitlán, y el fortalecimiento de la resistencia en los tres municipios.

“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %. En partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que los habitantes de las comunidades dieron en la ciudad de Tehuacán, el centro urbano más grande de la región.

Hay un video realizado por Radio Zapote en donde se rescata una de esas conferencias; ahí a Sergio Rivera se le mira serio, y muy firme, convencido de la importancia de defender el territorio y de no dejar pasar el proyecto hidroeléctrico. El indígena nahua estaba convencido de la necesidad de proteger la vida.

Ríos que dan forma al territorio y a la vida

El río es esencial en la vida de los pueblos nahuas de la Sierra Negra. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, la comunidad principal y más grande está en la parte alta y todo el camino hacia abajo, hacia el río Coyolapa —también conocido como río Tonto o Paso— está salpicado de comunidades que en el área son conocidas como zona baja o tierra caliente por su clima cálido y húmedo.

La cercanía del río otorga las condiciones necesarias para que la zona sea habitada por cafetales y árboles frutales. En estas tierras en donde casi todos son campesinos, el río también es el lugar de recreación, a donde van las familias a refrescarse en los días festivos y fines de semana. El cuerpo de agua está muy cerca de donde vivía Sergio Rivera.

El antropólogo Alejandro Castaneira, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), explica que las comunidades indígenas de la región (que se ubican desde los 200 hasta los 1500 metros sobre el nivel del mar) tienen un sistema social que aún conserva dinámicas como el trueque y “un altísimo grado de preservación de la lengua”, una variante dialectal del náhuatl.

Castaneira explica que la cultura nahua de la Sierra Negra establece diálogos con las entidades no humanas, como los ríos. Para ello, los habitantes de la región realizan ceremonias y rituales en los manantiales. En los alrededores de Coyolapa, la comunidad donde Sergio creció, se encuentran varios de esos sitios ceremoniales.

Flor sintetiza lo que en estas tierras representa el río: “La vida de todas, de todos y de todo lo que existe en este territorio. El río es parte de nosotros, porque sin el agua no vamos a vivir y sin el agua no vive todo lo que existe”.

Por eso, cuando en Pozotitla, Coyolapa y otras comunidades se enteraron que el río iba a ser entubado y que construirían una cortina que impediría el paso libre del agua, la gente comenzó a realizar asambleas y foros para informar en qué consistía el proyecto hidroeléctrico. En todas estas movilizaciones la figura de Sergio Rivera era central: siempre alentando a que la gente escuchara.

Esparza, de MAIZ, recuerda que cuando las comunidades empezaron a organizarse y a inconformarse, la Secretaría de Energía (Sener) promovió una consulta exprés para avalar el proyecto, pero “los nacientes comités de resistencia insistieron en que primero se tenía que informar a los habitantes del territorio”. Y de esos comités, Sergio Rivera era el líder de su comunidad, Coyolapa.

En la región comenzó a darse una fuerte división entre quienes estaban a favor y en contra del proyecto hidroeléctrico, entre quienes pensaban que la obra daría trabajo y aquellos que defendían a los ríos.

Flor recuerda que las autoridades municipales decían que las obras llevarían empleos y desarrollo. Esas promesas entusiasmaron a más de uno. Y es que las comunidades de la zona baja de la Sierra Negra aparecen en los mapas nacionales dentro de las áreas con alta marginación. En el municipio de Zoquitlán, por ejemplo, 47.8 % de la población vive en pobreza extrema, de acuerdo con el “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2022”, de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal.

Transformarse en defensor de territorio

El ingeniero civil Víctor Rosales, colaborador del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y quien acompañó a MAIZ y a las comunidades en la revisión y análisis del proyecto, recuerda que Sergio Rivera fue uno de los habitantes de la zona más activos en la resistencia al proyecto hidroeléctrico. No faltaba a las marchas en las que llegaron a participar hasta 1500 personas.

En las asambleas y en los foros, cuando Sergio Rivera hablaba, “la gente lo escuchaba… todo lo que él aprendía lo explicaba (a los demás), porque (en la región) no todo el mundo habla español”, comenta Esparza.

Sergio Rivera, indígena nahua y bilingüe, aprovechaba su tiempo libre para recorrer las comunidades de la región y hablar de la importancia de defender los ríos.

El 24 de julio de 2017, en una asamblea realizada en Coyolapa, la Secretaría de Energía realizó la consulta. El grupo que impulsaba el “sí” al proyecto hidroeléctrico era liderado por el entonces alcalde Fermín González León. Los resultados de la consulta mostraron la división que existía en la comunidad: por muy pocos votos de diferencia ganó el “no”.

En Pozotitla, la comunidad donde vive Flor, también dijo que “no”.

A partir de entonces, aumentaron las amenazas contra los defensores del territorio; se ensañaron especialmente en contra de Sergio Rivera. “Él levantó mucha conciencia no sólo en los habitantes de Coyolapa, sino que políticamente despertó a mucha gente con su palabra, con su voz”, dice uno de los fundadores de Radio Tlayoli que también sufrió de amenazas, por lo que pide que se le cite sólo como Marco.

Las voces de los defensores

José es originario de San Pablo Zoquitlán y uno de los fundadores de Radio Tlacuache, hoy Radio Altépet Zoquitlán. El comunicador de 33 años comenta que la radio nació ante la necesidad de tener un medio en donde se informara sobre lo que pasaba a nivel local, ya que todas las noticias que les llegaban eran de afuera. Él y otros amigos se juntaron, se capacitaron con MAIZ y abrieron la radio en 2016. Casi de inmediato, comenzaron a difundir en qué consistía el proyecto hidroeléctrico y sus implicaciones en el territorio.

“Llevábamos como medio año al aire cuando una mañana llegan a la cabina compañeros de la parte baja, y comienzan a platicarnos que existía un conflicto (por el proyecto hidroeléctrico)… Fue entonces cuando la radio se volvió un punto de encuentro para la resistencia”, recuerda Sánchez.

Desde la parte alta de Zoquitlán, donde la lluvia y el aire son fríos y hasta hace pocos años la señal del teléfono era intermitente, los entonces “tlacuaches” comenzaron a transmitir con un micrófono y una bocina. No pasó mucho tiempo para que la radio se convirtiera en una herramienta para amplificar las voces de los defensores del territorio.

Lo mismo sucedió con Radio Tlayoli, la emisora comunitaria de Tlacotepec de Díaz. Esa radio se creó el 7 de noviembre de 2016. En asamblea, los pueblos determinaron que necesitaban un medio de comunicación para informarse y decir lo que pasaba en torno al conflicto.

Por el papel que jugaron en la defensa de los ríos, integrantes de las dos radios sufrieron intentos de asesinato, amenazas de muerte, acoso y difamación. Las primeras amenazas las sufrió Radio Tlayoli, cuando fue desmantelada. El 24 de noviembre de 2016 dos hombres armados entraron a las instalaciones, agredieron físicamente a un compañero y dispararon, hiriendo gravemente a uno con arma de fuego.

“Así fue la primera agresión. Después empezó a haber amenazas de que no podíamos subir (a la comunidad de La Cumbre), empezó a haber amenazas a los compañeros que trabajaban localmente, a los coordinadores de la organización”, relata Omar Esparza, dirigente de MAIZ.

Las radios comunitarias no sólo materializaron los sonidos de la defensa del ambiente y territorio en la Sierra Negra. Desde su creación también han sido una herramienta para retomar prácticas de organización comunitaria como “las faenas”, jornadas voluntarias en las que se realizan actividades a favor de la comunidad.

Hoy las dos radios también son las plataformas desde donde se recuerda que hace cinco años desaparecieron a Sergio Rivera, que las investigaciones no avanzan, que no hay detenidos. Desde las radios se exige a las autoridades que den con su paradero.

Amenazas que terminaron en desaparición

A finales de 2017, intentaron matar a Sergio Rivera. Caminaba rumbo a su casa cuando hombres con una escopeta en mano le cerraron el paso en una vereda. “Salieron ahí a querer asesinarlo, pero el arma no detonó, y le dio oportunidad de huir. Dispararon, pero el arma no martilló, y eso le permitió…” Omar Esparza corta la frase. Eso le permitió a su amigo vivir.

“A partir de ese primer intento de asesinato, empezamos a ver cómo visibilizar y hacer acciones más fuertes, para que se supiera lo que estaba pasando, ir al río, defender el río”, recuerda el dirigente de MAIZ.

En julio de 2018, Sergio Rivera volvió a ser víctima de una agresión. En un retén lo detuvieron a él y a las personas que lo acompañaban. Los bajaron del vehículo, los golpearon y amenazaron de muerte. El defensor del territorio y sus acompañantes presentaron la denuncia en donde señalaron con nombre y apellido a tres agresores. Esas personas fueron las mismas que meses después fueron detenidas y acusadas por la desaparición de Sergio Rivera.

El 23 de agosto de 2018, el defensor nahua viajaba en su motocicleta por los enlodados caminos de Zoquitlán, se dirigía a una comunidad vecina a sacar copias de unos documentos. De pronto una camioneta bloqueó su paso, hombres armados lo subieron a la fuerza al vehículo y se lo llevaron.

Varios testigos vieron el hecho e, incluso, identificaron a los agresores, con nombre y apellido. Esos testigos estuvieron dispuestos a testificar en el juicio por la desaparición del defensor, el cual también estuvo plagado de irregularidades, como la discriminación lingüística al no tener traductor que hablara la misma variante dialectal del náhuatl.

Esparza recuerda: “En redes sociales ya lo habían amenazado de desaparecerlo… En audios que había de su teléfono y en Facebook escribieron que iban a desaparecerlo”. En un video difundido por el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), pocos días después de la desaparición de Sergio Rivera, se puede escuchar la voz de un hombre amenazando al indígena nahua: “Pídele a Dios que no pierda el PRD, porque si no al rato te llueve, y de eso me encargo yo… Yo sé dónde andas…”.

En la foto que aparece en la ficha de búsqueda de Sergio Rivera, la que se ha impreso en carteles exigiendo su aparición con vida y acciones urgentes, pareciera que tiene el puño derecho en alto, como señal de lucha. En la foto original, completa, se ve que el joven nahua, siempre de rostro serio, está acariciando el hocico de un caballo. La imagen que circula en todas partes desde su desaparición es la de él alzando el brazo, como si exigiera justicia.

El 18 de septiembre de 2018, a menos de un mes de que se llevaron a Sergio Rivera, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detuvo a Victorino “N”, Antonio “N” y Rogelio “N”, quienes fueron señalados como autores materiales de la “desaparición cometida por particulares” en su contra. Este delito fue reconocido en México a partir de 2018, cuando entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda.

El caso de Sergio Rivera fue el primero en México en llegar a juicio y en donde la víctima es considerado un defensor del territorio, de acuerdo con el abogado David Peña, integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, quien ha llevado el caso de la desaparición desde el principio.

Para comprobar que Sergio es un defensor del territorio, el abogado presentó un análisis de contexto sobre la Sierra Negra y, además, se tuvo el testimonio de funcionarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Pese a que se presentaron todas las pruebas científicas y los testimonios de testigos presenciales del secuestro de Rivera Hernández, el 11 de septiembre de 2020, el juez Mario Cortés Aldama dejó en libertad a los tres detenidos, considerando que no había elementos suficientes para sentenciarlos.

El abogado Peña apeló la decisión del juez. En enero de 2023, el tribunal ordenó que se reinicie todo el juicio, porque “no se garantizó que un perito o intérprete estuviera todo el tiempo y no se analizó tampoco la condición de defensor de Sergio Rivera”.

El 23 de agosto de 2023, cuando se cumplieron cinco años de la desaparición, integrantes de MAIZ viajaron a la ciudad de Tehuacán para manifestarse afuera de la Casa de Justicia. Con ellos llevaban un cartel con una fotografía del defensor y una leyenda que decía: “Sergio Rivera Hernández: presente”.

Hasta el momento no hay autores intelectuales detenidos por la desaparición del defensor nahua que, entonces, tenía 34 años. Un mes antes de que eso sucediera, Sergio Rivera había celebrado el nacimiento de su quinto hijo.

Un proyecto que aún no se cancela

Afuera de la cabina de la Radio Altépetl Zoquitlán, en el tercer inmueble que ha albergado la emisora comunitaria durante siete años, José recuerda que después de que se llevaron a Sergio Rivera comenzó a correr el rumor de que existía una lista con los nombres de los que serían los siguientes que desaparecerían.

Las amenazas no cesaron. A integrantes de Radio Altépetl Zoquitlán, antes llamada “Radio Tlacuache”, les dejaron tlacuaches (zarigüeyas) muertos afuera de sus casas. El miedo llevó a que muchos se alejaran de las protestas contra el proyecto hidroeléctrico. “Una desaparición a veces tiene más violencia que un asesinato, genera más miedo”, dice José.

Quienes se mantuvieron en pie se concentraron a exigir la presentación con vida del defensor nahua. La división al interior de las comunidades también se exacerbó. A la par, en la región aumentó la presencia del crimen organizado.

La esposa de Sergio Rivera y sus cinco hijos fueron obligados a abandonar la comunidad para resguardar su seguridad. José también tuvo que salir un año del municipio, después de recibir amenazas por distintas vías. En una ocasión, sujetos armados lo interceptaron y amenazaron.

La presión social y las protestas por la desaparición de Sergio Rivera permitieron detener los intentos de construcción del proyecto hidroeléctrico, pero eso no significa que esté cancelado.

Proyectos Hidroeléctricos de Puebla es la empresa que presentó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para el proyecto en la Sierra Negra. Esta compañía, que pertenece al Grupo Ferrominero-Minera Autlán, sigue teniendo a su nombre la concesión que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le otorgó en 2017 para utilizar poco más de 369 millones de metros cúbicos de agua del río Coyolapa.

De acuerdo con los datos disponibles en la página del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), el agua que está concesionada a la empresa es para uso “industrial” y no para la generación de energía eléctrica.

La Ley de Aguas Nacionales señala que si durante dos años consecutivos un usuario no emplea la totalidad o parte del volumen autorizado de agua, la Conagua puede retirar o modificar la concesión. Nada de esto ha sucedido con esta concesión, la segunda con más volumen autorizado en el estado y la treceava a nivel nacional.

La defensa del territorio continúa

Los integrantes de la organización MAIZ decidieron abrir nuevos caminos para fortalecer la organización comunitaria en la región. Fue así que crearon la cooperativa de café Tepeyolo, que en náhuatl significa “corazón de la montaña”.

Marco, fundador de Radio Tlayoli y quien hoy encabeza la cooperativa, explica que uno de sus objetivos es vender a un precio justo, porque en la región abundan los “coyotes”, como se les llama a quienes compran muy barato el café —en 30 o 40 pesos (entre 1.70 y 2.20 dólares) el kilo– y después lo venden más caro a las empresas de marcas comerciales. En 2020, los integrantes de la cooperativa Tepeyolo lograron realizar su primera exportación a Suiza.

La cooperativa también ha sido un semillero para que continúe la defensa del territorio en la Sierra Negra de Puebla. Para ser parte de Tepeyolo, sus integrantes tienen que asistir a talleres en donde se habla de qué necesita la comunidad, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de las mujeres, la defensa del territorio y el cuidado del medio ambiente.

A Marco no le gusta decir que hablan de recursos naturales, porque cuando le dicen “recursos” le están poniendo precio: “Cuando hacemos los talleres nos referimos a la Madre Tierra, al río, al bosque, a la vida misma”.

En Sierra Negra continúa la resistencia, advierte Flor. Ella menciona que se seguirá mientras no exista justicia para Sergio Rivera y no se cancele la concesión.

“A través de la desaparición de Sergio, nos cobraron con su vida, y pues el proyecto se detuvo. Pero no se ha cancelado. Y pues la concesión es de 30 años; nos espera otra batalla”, dice.

Mientras tanto, Radio Altépetl Zoquitlán y Radio Tlayoli no han dejado de transmitir. Los sonidos comunitarios siguen acompañando la vida cotidiana de las familias en la Sierra Negra de Puebla. Desde sus micrófonos se amplifican los mensajes sobre las faenas, las fiestas de los pueblos, la defensa de la Madre Tierra, de la vida que transcurre alrededor del río y, sobre todo, se recuerda que Sergio Rivera está desaparecido.

“Tenemos esa memoria: que el compañero está en la resistencia, sigue en la resistencia y está en la cooperativa siempre. Sergio despertó muchas conciencias en su comunidad… Cada vez que nos reunimos —dice Marco— me viene esa idea, el compañero estuvo acá, y sigue estando acá, con nosotros”.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración de portada: Tobías Arboleda.

El artículo original fue publicado por Aranzazú Ayala Martínez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Celedonio Monroy Prudencio nació en territorio nahua, en donde el agua del arroyo de Mameycito era tan cristalina que podía beberse. Apenas tenía cinco años y ya había recorrido buena parte de la Sierra de Manantlán bajo la guía de su abuelo. Así que en su adolescencia ya conocía los caminos, los manantiales, los animales que ahí habitaban y empezaba a sembrar maíz con su padre para la cosecha familiar. La sierra y él se reconocían.

En el mismo año en que Celedonio Monroy nació, 1975, la minería llegó a la Sierra de Manantlán, territorio ubicado en los límites de los estados de Jalisco y Colima, en el occidente de México, en donde se encuentran grandes yacimientos de hierro y una importante zona forestal.

La lucha por defender su territorio siempre estuvo presente en la vida de Celedonio Monroy. Su abuelo Estanislao Prudencio, su tío Juan Monroy y su padre Liberato Monroy participaron en la defensa del bosque que se dio desde la década de los setenta y hasta los ochenta. En esos años, los indígenas nahuas hicieron marchas épicas desde la sierra hasta las oficinas de las autoridades forestales en La Huerta, Jalisco. Con sus movilizaciones lograron que los gobiernos federal y estatal enviaran policías para sacar a los taladores que no dejaban en paz a sus bosques.

Celedonio Monroy siguió los pasos de sus mayores. En su adolescencia, mientras estudiaba la telesecundaria, se unió a la Alianza Campesina Revolucionaria (ACR). Después, migró a la ciudad de Colima para estudiar Ciencias Políticas y más tarde ingresó a la carrera de Derecho. Desde entonces, se distinguió por ser uno de los miembros de su comunidad mejor preparados, por eso, él era el encargado de escribir oficios y representar a la comunidad indígena de Ayotitlán en su lucha por el reconocimiento de su territorio ancestral y en sus denuncias en contra de la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la minería. Era uno de los líderes más visibles.

La noche del 23 de octubre de 2012, cuando tenía 37 años y después de una serie de amenazas, un grupo de hombres fuertemente armados llegó a su casa y se lo llevó por la fuerza. Desde aquella noche, el indígena nahua está desaparecido.

“El gobierno no hizo nada en busca de él cuando recién sucedió (su desaparición), pedimos garantías a todas las autoridades, pero nunca hubo. Hasta ahorita no hay nada”, dice uno de los familiares de Celedonio Monroy. Ellos no han dejado de buscarlo y reclamar justicia.

La desaparición del líder nahua desató una nueva y larga etapa de agresiones en contra de los habitantes de los pequeños poblados de la Sierra de Manantlán, territorio donde hace años la comunidad indígena de Ayotitlán no sólo reclama el reconocimiento de sus tierras ancestrales, también ha denunciado las afectaciones provocadas por la minería legal e ilegal de hierro. En los últimos años, además, es asediada por grupos ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En su lucha por defender los manantiales, los ríos, el bosque, los cerros, sus tierras y la vida como la conocen, en la última década, la comunidad indígena de Ayotitlán ha padecido la desaparición y asesinato de otros de sus líderes e integrantes. Uno de ellos es J. Santos Isaac Chávez. A él lo mataron en abril de 2021. Los poblados de la región, además, llevan años denunciando las amenazas cotidianas y el despojo de tierras.

En esa región donde la presencia de la minería y de los grupos del crimen organizado está por todas partes, los habitantes de pequeñas comunidades se han visto forzados a salir del territorio.

Reconocimiento del territorio, una lucha añeja

Para entender las causas detrás de la desaparición de Celedonio Monroy Prudencio y del asesinato de J. Santos Isaac Chávez, hay que conocer primero la historia de la comunidad indígena de Ayotitlán, la cual está conformada por varios poblados unidos por su identidad indígena y dispersos en el amplio territorio que hoy ocupa el ejido Ayotitlán, ubicado en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco.

La historia de la comunidad indígena nahua de Ayotitlán comienza mucho tiempo antes de que se creara el ejido. Académicos como el sociólogo Darcy Tetreault han documentado que, en 1696, la comunidad nahua-otomí recibió de la Corona española alrededor de 460 000 hectáreas que constituían la “República de Ayotitlán”. Durante el siglo XIX, la desamortización de los bienes comunales y la expansión de las haciendas redujo su territorio a menos de 10 000 hectáreas.

EnLa lucha en torno a la minería en Manantlán, Tetreault documenta que en 1921, los pobladores solicitaron la restitución de su territorio, pero fue hasta 1956 cuando esas tierras pasaron, por disposición de las autoridades agrarias, de régimen comunal a “dotación ejidal”, una de las dos formas de propiedad social que en México se crearon a partir de la reforma agraria.

Tuvieron que pasar casi diez años para que, en agosto de 1963, una resolución presidencial reconociera la creación del ejido y lo dotara con un poco más de 50 000 hectáreas, de acuerdo con los datos públicos disponibles en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios.

En los hechos, los indígenas de Ayotitlán sólo recibieron 35 000 hectáreas. Fue por ello que, a partir de 1969, comenzaron una lucha jurídica para obtener el reconocimiento de su territorio. En 1971, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) les dio la razón y ordenó ejecutar la dotación de tierras que faltaban. Hasta ahora, eso no ha sucedido. Tres años después otra resolución presidencial otorgó al ejido Ayotitlán una ampliación por poco más de 10 000 hectáreas que, hasta ahora, tampoco se les han entregado.

Los ejidatarios de Ayotitlán luchaban por el reconocimiento de su territorio cuando, en 1975, el gobierno mexicano creó el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada. La paraestatal abrió la mina Peña Colorada y con ello inauguró la explotación de hierro en la Sierra de Manantlán, específicamente en terrenos ubicados en municipios que son vecinos, pero pertenecen a dos estados diferentes: Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, y Minatitlán, Colima.

Buena parte de la concesión que permite la explotación de la mina Peña Colorada está en el territorio del ejido Ayotitlán.

Seis años después de que abrió la mina, en 1981, los ejidatarios comenzaron a denunciar que la actividad minera provocaba contaminación del agua de sus ríos y daños al bosque. También exigieron que se les pagara por los minerales que se extraían de las tierras del ejido.

Los ejidatarios tomaron en varias ocasiones las instalaciones de la mina, sin que prosperara ningún acuerdo con la empresa. Desde entonces se notaba que la comunidad de Ayotitlán no estaba dispuesta a retroceder en la defensa de su territorio.

De paraestatal a una empresa privada

Desde 2005, tras la privatización de la paraestatal realizada años atrás por el presidente Carlos Salinas, el consorcio minero pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen cada una el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica considerada por la revista Expansión en el lugar 37 de las empresas más importantes de México.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país, y 0.4 millones de concentrado de hierro.

El presidente de ArcelorMittal es el magnate indio Lakshmi Mittal. En septiembre de 2023, la revista Forbes lo ubicó en el lugar 104 de los hombres más ricos del mundo. El italoargentino Paolo Rocca, dueño de Ternium, posee una de las mayores fortunas de Argentina de acuerdo con Forbes.

Uno de los ejidatarios que ha visto cómo el territorio de Ayotitlán comenzó a cambiar a partir de la llegada de la mina dice: “Operan la mina más grande, la más rica del país, en una de las zonas más pobres de México, con niveles de 90 % de marginación y pobreza extrema”.

En Cuautitlán de García Barragán, en donde se ubica el ejido de Ayotitlán y una parte de la mina Peña Colorada, 11.8 % de la población es analfabeta y el principal grado académico es la primaria. El municipio está clasificado con un alto grado de marginación, de acuerdo con datos publicados por la Secretaría de Bienestar.

Convenios que generan división comunitaria

Los reclamos de los pobladores de la región en contra de la minera, que surgieron en la década de los ochenta, continuaron. En 1991, el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada comenzó a celebrar diversos convenios con el Ejido Ayotitlán para realizar las actividades mineras en su territorio.

“Por estos convenios vigentes, Peña Colorada paga al ejido Ayotitlán aproximadamente 90 millones de pesos al año (alrededor de cinco millones de dólares, al tipo de cambio de septiembre de 2023), entre pagos directos y planes sociales”, aseguró el equipo de comunicación de la empresa en las respuestas que dio a un cuestionario enviado en junio de 2023.

La firma de estos convenios ha traído consigo la división en el ejido Ayotitlán y también entre las poblaciones de la región.

En esas mismas respuestas, la empresa apunta que los pagos se realizan a “los ejidatarios indicados por su asamblea, según el padrón vigente de aproximadamente 1400 ejidatarios a través de un depósito a las cuentas bancarias individuales”.

Al interior del ejido, varios de sus miembros señalan que el padrón de ejidatarios no se ha actualizado, ya que se sigue considerando a personas que ya están muertas y no se ha reconocido el derecho que tienen sus familiares. Además, denuncian que a partir de 2012, el grupo que controla al ejido toma las decisiones en forma unilateral y ha establecido acuerdos con la empresa minera sin tomar en cuenta a todos los integrantes del ejido.

Al interior de las pequeñas poblaciones de la región también hay molestia, porque el dinero de la mina sólo llega a los ejidatarios de Ayotitlán y el grupo que controla el ejido es el que ha avalado la expansión de la actividad minera. Muchos de los habitantes de esas poblaciones son los que hoy padecen la contaminación de sus ríos y la invasión de las tierras en donde siembran.

“A raíz de los acuerdos se da una división y discordia por la posesión de linderos y terrenos de bienes comunes”, explica Óscar González Garí, consejero jurídico de la Red Jalisciense de Derechos Humanos y quien por más de dos décadas ha acompañado como asesor a varias de las pequeñas poblaciones que forman la comunidad indígena de Ayotitlán.

La tierra del teocintle y de Celedonio

En 1979, científicos descubrieron que en la Sierra de Manantlán aún era posible hallar al teocintle (Zea diploperennis), especie identificada como el ancestro vivo más antiguo del maíz. Ese hallazgo impulsó que en 1987 el gobierno federal creara la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán en 139 577 hectáreas.

En la declaratoria también se exponen otras de las razones que se tomaron en cuenta para crear el área natural protegida, una de ellas fue que en esta sierra nace buena parte del agua que abastece a los habitantes de ocho municipios de la región. No en vano, a la sierra se le bautizó con el vocablo nahua Manantlán que significa “lugar de manantiales” o “lloraderos de agua”.

Pese a ser un área natural protegida, al menos 54.3 % de las 41 901 hectáreas que forman parte de la zona núcleo de la reserva están concesionadas para su explotación minera, de acuerdo con datos analizados por la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

La declaratoria del área natural protegida tampoco ha logrado detener la tala ilegal, dice González Garí, de la Red Jalisciense de Derechos. Las zonas núcleo de la reserva se encuentran entre las más afectadas, pese a estar destinadas a la conservación del maíz ancestral. Integrantes del CJNG han deforestado estás zonas, aseguran fuentes consultadas.

Celedonio Monroy, al igual que sus ancestros, fue uno de los habitantes de la zona que siempre denunció a quienes entraban con camiones y se llevaban los troncos de árboles como cedro blanco, primavera, granadillo y rosa-morada. “Él se empecinó en la lucha por la preservación de los recursos naturales de la reserva y es el que se enfrenta al cacicazgo, los talamontes y la mina”, dice González Garí.

De 2009 a 2012, Celedonio Monroy ocupó el cargo de director de asuntos indígenas del ayuntamiento de Cuautitlán, desde donde impulsó la defensa de la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán y la promoción de la Ley Estatal Indígena. En este proceso, participó como miembro del consejo consultivo de la Comisión Estatal Indígena (CEI), desde ahí también denunció la tala ilegal y las afectaciones provocadas por la actividad minera.

Veinticuatro días después de dejar el cargo en el CEI, lo desaparecieron.

El 23 de octubre de 2012, ocho hombres con el rostro cubierto y portando ropa militar ingresaron por la fuerza a la casa de Celedonio Monroy en Loma Colorada. Después de golpear y encañonar a su esposa, Blanca Esthela González Larios, se llevaron al defensor del territorio. Uno de los testigos fue asesinado pocos meses después, su cuerpo quedó tendido sobre el río Ayotitlán.

La desaparición de Celedonio Monroy, coinciden varios ejidatarios, fue un punto de quiebre para la comunidad indígena de Ayotitlán. Aquellos que se atrevían a denunciar la presencia de grupos criminales, la tala, las afectaciones de la minería fueron amenazados, hostigados y acechados. Muchos salieron desplazados de la región para salvar sus vidas, otros se replegaron.

“Que se lo llevaran infundió miedo; la lucha se paró porque se llevaron a nuestro compañero, era muy de lucha y no lo regresaron nunca. Fue como ir corriendo y de repente no poder ni caminar”, dice uno de los ejidatarios entrevistados para este reportaje.

Durante cerca de 18 meses, los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán suspendieron los procesos legales que había en curso para echar atrás los convenios que el entonces comisariado ejidal había firmado con la empresa minera y que algunos ejidatarios consideraban fraudulentos.

La comunidad retoma sus exigencias

Meses antes de su desaparición, Celedonio Monroy informó a integrantes de su familia que estaba recibiendo amenazas. Un día de junio de 2012, por ejemplo, un grupo armado lo interceptó cuando viajaba de la comunidad de Telcruz a Ayotitlán; fue golpeado y amenazado de muerte. Por estos hechos presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Cuautitlán.

Esta alianza periodística tiene copia de esa denuncia, en ella se lee que Celedonio Monroy señaló a Faustino Cobián de los Santos y a Ernestino Ciprián Ocaranza entre los líderes del grupo responsable de la agresión. Estos dos hombres están entre los integrantes de la Comisión Ejidal Plural de Ayotitlán que, en julio de 2012, firmaron con la minera Peña Colorada un convenio de ocupación temporal en poco más de 801 hectáreas del ejido.

En 2013, la comunidad indígena de Ayotitlán presentó un juicio de amparo para solicitar la cancelación de las concesiones mineras, autorizaciones ambientales, licencias de operación, usos de suelo, extracción de mineral y uso de agua, convenios de ocupación y la privación de posesión de bienes agrarios, construcción y operación en 1200 hectáreas.

El abogado Eduardo Mosqueda, quien acompaña legalmente a la comunidad, explica que en 2014, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo de Guadalajara otorgó una suspensión de pleno de los actos reclamados, es decir, la minera debía parar sus actividades. Eso no sucedió.

Un año más tarde, en julio de 2015, un grupo de unos 600 ejidatarios intentó hacer efectivo el cumplimiento del amparo, por lo que se plantaron en la entrada de la mina. Esa protesta terminó cuando el gobierno del estado de Colima envió a la policía estatal; 34 ejidatarios y el abogado Mosqueda fueron encarcelados acusados de secuestro, despojo y daños a propiedad ajena. Los ejidatarios salieron libres días después, cuando la minera les otorgó “el perdón”. El abogado permaneció durante nueve meses en un penal de máxima seguridad de Colima.

Desaparición y asesinato de otro líder

J. Santos Isaac Chávez fue uno de los pobladores de Manantlán que retomó la batalla legal para que el amparo ganado por la comunidad en 2014 se hiciera efectivo y, sobre todo, se empeñó en que el ejido de Ayotitlán tuviera una adecuada representación. Por eso, decidió postularse como presidente del comisariado ejidal, el órgano encargado de garantizar que se cumplan los acuerdos tomados en asamblea, representar al núcleo ejidal y administrar los bienes comunes del ejido.

Días antes de las elecciones, el 1 de abril de 2021, diez hombres vestidos de civil y que dijeron ser “del gobierno” llegaron a su casa en Telcruz. Él se escondió. Sus agresores amenazaron y golpearon a su esposa y a uno de sus hijos, por lo que Isaac Chávez salió del lugar donde se encontraba. Lo esposaron y se lo llevaron en su propio vehículo. Tres días después, encontraron la camioneta desbarrancada. Al interior estaba el cuerpo de quien era el candidato más fuerte para ser el presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán.

“Fue el único candidato que se opuso abiertamente a la mina Peña Colorada y sus operaciones”, señaló la organización no gubernamental Global Witness en su informe Una década de resistencia, publicado en 2022.

Isaac Chávez había prometido que, de ganar la presidencia del comisariado para el periodo 2021-2023, iniciaría una lucha para actualizar el padrón del ejido y revisar los acuerdos que se tenían con la minera.

Roberto Cobián Gutiérrez ganó las elecciones para la presidencia del comisariado ejidal de Ayotitlán, miembros de la comunidad no estuvieron de acuerdo con el procedimiento ante las autoridades agrarias, explica el abogado Mosqueda. Hasta ahora, el ejido no tiene una representación formal.

Tras la desaparición y posterior asesinato de Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Además, la comunidad ingresó como beneficiaria al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación.

Cada seis meses, este mecanismo debe realizar una evaluación del riesgo en la región, según los acuerdos establecidos. Desde noviembre ha pospuesto la visita a la comunidad, asegura el abogado Mosqueda. La última fecha programada para la evaluación era la primera semana de febrero de 2023, pero se canceló por “falta de recursos”.

Esta alianza periodística solicitó desde mediados de agosto una entrevista con Enrique Irazoque, titular del Mecanismo de Protección. No se tuvo respuesta.

Los defensores del territorio víctimas de desaparición y asesinato en la Sierra de Manantlán son varios.

En 2017, el Congreso Nacional Indígena documentó los homicidios de Aristeo Flores Rolón y Nazario Aldama Villa, miembros del Consejo de Mayores de la comunidad indígena y que fueron asesinados en 2001 y 2003. También menciona el asesinato de Juan Monroy y José Luis Rosales Conteras de Ayotitlán.

En octubre de 2020, Rogelio Rosales Ramos fue asesinado. Era hijo único de Santos Rosales Contreras, un activo defensor de la región.

Cuatro meses después de la muerte de Isaac Chávez, se registró otro asesinato, el de Javier González Contreras. Él estaba organizando a más personas de la comunidad indígena de Ayotitlán para presentar denuncias sobre lo que se vive en la región. Era músico de profesión y apoyó en la campaña a Isaac Chávez.

En Sierra de Manantlán también se han presentado desapariciones temporales.

A mediados de 2022, hombres armados llegaron a la casa de un defensor, del cual se omite su nombre por seguridad. Ingresaron por la fuerza, lo golpearon y subieron a una camioneta. Diez minutos después repitieron la acción en el domicilio de otro de sus compañeros. Con los ojos vendados y las manos esposadas, fueron llevados a un lugar en donde el grupo esperó instrucciones vía telefónica. Horas más tarde los trasladaron “con el jefe”, un hombre de voz grave los interrogó sobre sus acciones en defensa del territorio y les reclamó su postura contra la mina. Después de día y medio, fueron liberados por sus captores.

Para tratar de entender estas olas de violencia hay que volver al territorio y a los intereses económicos que ahí se están moviendo.

Una sierra con minería legal e ilegal

Para este trabajo periodístico, GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó mapas que muestran las concesiones mineras que el Estado mexicano ha entregado en la región. Ahí es posible observar que casi todas las tierras del ejido Ayotitlán han sido concesionadas para la minería.

Las trasnacionales accionistas del Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada han manifestado su interés por ampliar las operaciones de la mina Peña Colorada.

En junio y septiembre de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en distintas fechas con los propietarios de ArcelorMittal y Ternium. En octubre de ese mismo año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales en 133 hectáreas donde había especies arbóreas de selva baja caducifolia y bosque de encino. El documento de la autorización, del cual se tiene una copia, señala que en esa zona el consorcio construirá el “Nuevo taller y terrero oriente” destinado a depósito de desechos minerales.

Un año después, la Semarnat entregó al Consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada dos autorizaciones más para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en el municipio de Minatitlán, Colima, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de información realizada por este equipo periodístico. En la información entregada por la dependencia no es posible conocer cuántas hectáreas forestales incluyen estas autorizaciones.

En el camino Ramal Cerro de Los Juanes, que conduce a unas oficinas del consorcio minero, y a Las Astillas, un pueblo casi vacío a consecuencia del desplazamiento forzado, hay un punto que funciona como mirador. Desde ahí, en medio de la brecha sin cobertura telefónica, se alcanza a ver el Cerro Los Juanes cercenado por la actividad minera.

La mina Peña Colorada no es la única en la Sierra de Manantlán.

Hace una década, la periodista Alejandra Guillén documentó que en la región, así como en el estado de Michoacán, el crimen organizado realiza minería ilegal de hierro.

Pobladores señalan que la minería ilegal se realiza en, por lo menos, diez lugares de la sierra: Roble Ancho, Cañada Verde, Las Pesadas, La Astilla, La Mochuta, Piedra Imán, Las Marías, Champerico, Los Juanes, Llano Grande, Las Palmas, Chanquiáhuilt y Las Parejitas. Durante una visita a la zona realizada en septiembre de 2022, este equipo periodístico corroboró la existencia de una de esas minas.

“Son varias minas las que están operando. Antes, cuando se metía una mina así, Peña Colorada luego luego los sacaba y reportaba, ahora no hace nada”, dice uno de los pobladores entrevistados.

En su informe de 2022, la organización Global Witness advierte que en la Sierra de Manantlán “el Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido un interés en la minería ilegal. El grupo ilícito impone sus condiciones y violencia contra la comunidad indígena con total impunidad y sin una respuesta adecuada del Estado mexicano”.

Los pobladores lo viven así:

También hay quienes mencionan las restricciones de movilidad: “Antes podías pasear, caminabas en la noche, a la hora que fuera y andabas a gusto. Y ahorita ya no, ha cambiado mucho. Antes estaba tranquilo y ahorita no. Ahorita ya no, la gente tiene prohibido salir después de las nueve de la noche”.

Comunidades dejadas a su suerte

El día 22 de septiembre de 2022, en un punto de la Sierra de Manantlán, alrededor de 50 pobladores de al menos cinco comunidades vecinas a la mina Peña Colorada recibieron a representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organizaciones no gubernamentales.

Los representantes de la CNDH escucharon los testimonios de los pobladores que denunciaron la invasión de sus tierras, la tala los árboles para ampliar las actividades mineras; señalaron que policía privada los intimida con perros de ataque, que el agua de sus ríos está contaminada, que también los amenazan la gente de la “maña”, como llaman en esta región a quienes forman parte de los grupos del crimen organizado.

En un escrito que entregaron a los representantes de la CNDH, los pobladores señalaron que se les está presionando “para que nos vayamos y dejemos nuestras casas y tierras. Padecemos también la contaminación del río Marabasco, porque ahí van las aguas residuales de la planta minera, las aguas negras de las viviendas de los trabajadores…”

Hasta septiembre de 2023, la CNDH no se había pronunciado sobre lo que denunciaron los pobladores de las comunidades de Manantlán. Esta alianza periodística solicitó una entrevista a la CNDH sin que se tuviera una respuesta.

Los pobladores también denunciaron que “el grupo que controla al ejido Ayotitlán ha firmado contratos con la mina Peña Colorada para que extraiga mineral, destruyendo nuestras tierras”.

En las respuestas al cuestionario que se le envió en junio, la oficina de comunicación de la empresa Peña Colorada asegura que en la zona se mantienen “relaciones cordiales, transparentes, con respeto a los derechos humanos y de beneficio mutuo”. Derivado de estas relaciones, agrega, “en algunos casos, la empresa ha firmado convenios de ‘ocupación temporal’ (arrendamiento de tierras) con ciertos ejidos. Dichos convenios sin excepción han sido autorizados por la Asamblea Ejidal e inscritos en las instituciones gubernamentales competentes para su reconocimiento y validación”.

En su informe publicado en 2022, la organización no gubernamental Global Witness señaló: “Las operaciones mineras han impulsado la deforestación, la pérdida de vida silvestre, el cambio climático y la contaminación tóxica… ha sido imposible cuantificar los daños a una verdadera escala, ya que la empresa minera mantiene un estricto control sobre el área de la Sierra de Manantlán”.

A finales de septiembre de 2023, esta alianza periodística solicitó a la empresa Ternium su postura sobre las denuncias realizadas por las comunidades y lo señalado en el informe de Global Witness, sin que se tuviera una respuesta sobre esos temas.

Un territorio que se queda sin manantiales

Celedonio Monroy nació, creció y lo desaparecieron en una sierra que fue bautizada como Manantlán por ser “lugar de manantiales”. Hoy en ese territorio el agua comienza a faltar.

“En (la comunidad de) Telcruz todo se secó. Había como ocho arroyos y pozos, la gente iba con su vasija y agarraba agua. Hoy ya no, no hay nada; no hay agua y quedó todo talado”, dice un habitante de la región.

En 2009, el área de Ecología y Recursos Naturales del Centro Universitario de la Costa Sur, registró que parte del arroyo El Mamey fue cubierto con material de desecho de la minería y se tapó un manantial. “El patrón hidrológico se modificó por el corte de los cerros, lo que afecta al afluente del río Marabasco”.

Un ejidatario menciona que en los ríos Chanquiáhuilt y el San Antonio “el agua se ve como con aceite, antes uno tomaba agua de ahí, ahora no”.

Otro más hace una síntesis de lo que se vive en la Sierra de Manantlán: “Aquí hay asesinatos, secuestros, desaparecidos, mataron a un candidato [al comisariado ejidal], a Santos, pero ¿qué hicieron las autoridades? Nos piden que denunciemos, pero denunciamos y al siguiente día ya tenemos ahí afuera al crimen”.

*En la reportería de este texto también participó Thelma Gómez Durán. Se realizaron, al menos, 15 entrevistas con ejidatarios de Ayotiltán y habitantes de las comunidades que se encuentran en los alrededores de la mina Peña Colorada. Sus nombres no se publican para resguardar su seguridad.

* Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. 

* Ilustración: Tobías Arboleda

El artículo original fue publicado por Analy Nuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sergio Rivera Hernández se transformó en defensor del ambiente y el territorio cuando se enteró de que una empresa pretendía modificar la vida de los ríos que serpentean por la Sierra Negra de Puebla, en México.

Celedonio Monroy Prudencio creció en la Sierra de Manantlán, en Jalisco, en un territorio en donde la minería de hierro ha cercenado los cerros.

En la plaza de Cherán, comunidad purépecha del estado de Michoacán conocida por la defensa de sus bosques, una placa recuerda los nombres de Armando Gerónimo, Rafael García, Jesús Hernández y Tirso Madrigal.

Durante varios años, los esposos Eva Alarcón y Marcial Bautista dirigieron el rumbo de la Organización Campesina Ecologista de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, dedicada a la defensa de los bosques en aquella región de Guerrero.

En la sierra que mira hacia la costa del Pacífico, en Michoacán, el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz hicieron mancuerna para lograr que la comunidad indígena de San Miguel Aquila tuviera una legítima representación ante los tribunales agrarios y en sus negociaciones con la mina de hierro que se encuentra en su territorio.

En la región mixteca de Oaxaca, Irma Galindo denunció la tala de árboles.

A todas estas personas las desaparecieron.

Sus nombres son parte de una lista de, al menos, 93 personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición en México; 39 de ellas continúan sin ser localizadas, 36 se encontraron muertas y sólo 18 fueron halladas con vida.

De las 93 personas defensoras, 83 son hombres y 10 son mujeres.

Estas cifras se desprenden de una base de datos elaborada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos como parte de un proyecto periodístico que aborda la creciente problemática de la desaparición de defensores del ambiente y el territorio en México.

Este país figura entre los cinco más peligrosos para quienes defienden al ambiente y el territorio: al menos 185 personas defensoras fueron asesinadas en México entre 2012 y 2022, de acuerdo con el informe más reciente de la organización Global Witness. Ahora, por primera vez, existe una aproximación sobre cómo la desaparición también es utilizada como una violencia en contra de las personas defensoras; 40 % de quienes desaparecieron siguen sin ser encontradas, y la mayoría de las que aparecieron fueron halladas sin vida.

Para construir la base de datos, esta alianza periodística revisó informes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) y de Global Witness, también consultó a varias organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema, o bien, tienen presencia en las comunidades afectadas. Otras fuentes de información fueron las noticias publicadas en medios de comunicación locales, así como entrevistas con familiares y personas cercanas a los defensores desaparecidos.

El lapso elegido para realizar esta documentación fue desde el 1 de diciembre de 2006, cuando comenzó lo que el gobierno de Felipe Calderón llamó la “guerra contra el narcotráfico”, hasta el 1 de agosto de 2023.

Los casos que se encontraron van desde el año 2008. El último registro que incluye esta documentación es del 1 de agosto de 2023, día en que se reportó la desaparición del indígena nahua Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos. Nueve días después fue localizado sin vida. El integrante de la Guardia Comunal de Santa María Ostula, en el municipio de Aquila, Michoacán, tenía 20 años de edad.

Los datos recopilados en este trabajo periodístico ofrecen una dimensión de la creciente violencia que enfrentan quienes defienden ríos, bosques, cerros y todo aquello que da vida a un territorio. Y, en especial, las comunidades indígenas. De las 93 personas defensoras que han sido víctimas de desaparición en México, 62 (el 67 %) pertenecen a un pueblo originario.

Seis de cada diez casos que figuran en la base de datos sucedieron durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, desde el 1 de diciembre de 2018 hasta el 1 de agosto de 2023, se documentaron 58 personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición; 28 fueron localizadas muertas, diez han sido halladas con vida y de 20 aún no se sabe nada. Entre ellos están el abogado defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes y el líder comunitario nahua Antonio Díaz.

Territorios marcados por la desaparición

El domingo 15 de enero de 2023, las vidas del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz fueron cubiertas por la bruma de la incertidumbre. Ese día fueron desaparecidos mientras viajaban por carretera con destino a Colima. La mañana previa a su desaparición participaron en una asamblea en San Miguel Aquila, comunidad indígena que se localiza en la región Sierra Costa de Michoacán y en donde funciona una de las minas de hierro más grandes del país.

El caso de Lagunes y Díaz recuerda una vez más que México es uno de los países más peligrosos para quienes defienden el ambiente y el territorio.

Así lo confirma el último reporte de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta los asesinatos que sufren los defensores ambientales en todo el mundo. De acuerdo con las cifras más recientes, al menos, 31 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en México durante 2022. Ese año, el país se colocó —junto con Colombia, Brasil, Honduras y Filipinas— entre los cinco con la mayor cantidad de agresiones letales en contra de estos defensores.

En el caso de México hay un nivel más de violencia: el país es un territorio marcado por la desaparición. Datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) muestran que entre el 1 de diciembre de 2006 y el 1 de agosto de 2023, el país sumó 94 948 personas que se encontraban desaparecidas y no localizadas.

En ese contexto, la violencia de la desaparición en contra de las personas defensoras de bosques, ríos, desiertos, mares y todo lo que implica el territorio es una amenaza cada vez más visible en México.

Si se hace una revisión de lo sucedido desde el 1 de diciembre de 2006 se encuentra que durante el gobierno de Felipe Calderón, el año 2011 sobresale con más casos: de las diez víctimas de desaparición contabilizadas ese año en la base de datos, nueve siguen sin ser localizadas. Entre ellos están tres habitantes de la comunidad purépecha de Cherán, en Michoacán.

Esas desapariciones fueron, entre otras cosas, las que detonaron que los habitantes de Cherán expulsaran a los taladores ilegales que estaban terminando con su bosque y pusieran en marcha una estrategia comunitaria para defender su autodeterminación, rescatar sus formas tradicionales de gobierno y de defensa del territorio.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el 2013 sumó más casos. Ese año, al menos cuatro personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, una de ellas sigue sin ser hallada.

Tres meses antes de que terminara el sexenio de Peña Nieto, en agosto de 2018, fue desaparecido Sergio Rivera Hernández, indígena nahua y activo opositor al proyecto hidroeléctrico impulsado en la Sierra Negra de Puebla por una empresa filial al Grupo Ferrominero.

“Van a secar esa agua (la del río), porque lo van a encerrar. Todo ese río que corre, va a quedar un volumen del 10 %, en partes puede que hasta se seque… El café que está floreando en esta temporada, puede que ya no se dé el café. La milpa ya no se dé”, explicaba Sergio Rivera, durante una de las conferencias de prensa que a lo largo de 2018 dieron los habitantes de las comunidades para informar de su resistencia.

La base de datos construida permite ubicar al 2021 como el año que concentró el mayor número de casos de todo el periodo analizado: 23 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron víctimas de desaparición, 13 fueron localizadas sin vida y 10 siguen sin aparecer.

Desde 2016, el entonces Relator de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en su informe temático sobre personas ambientales señaló que “una de las causas sistemáticas de los conflictos en torno a los derechos ambientales es el desequilibrio del poder entre los Estados, las empresas y los defensores de los derechos humanos ambientales”.

La defensa cotidiana del territorio

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) documenta las agresiones contra las personas y comunidades defensoras del ambiente y el territorio en México desde 2014. Para realizar el informe que cada año presenta, uno de los mayores retos que ha enfrentado la organización es que las personas “no siempre se asumen como defensoras”, destaca la abogada Luz Coral Hernández.

A partir de los casos que han documentado, los integrantes del Cemda han encontrado que en muchas comunidades “la defensa del territorio es algo que se hace de manera natural, como algo cotidiano y muy personal”.

El 14 de julio de 2021, siete integrantes de la Tribu Yaqui y tres hombres yoris —los yaquis usan esa palabra para denominar a todos aquellos que no pertenecen a la Nación Yoeme— fueron desaparecidos; se los llevaron en el trayecto de Loma de Bácum al rancho comunitario Agua Caliente, en Sonora, mientras transportaban las reses para las fiestas tradicionales de la Virgen del Carmen. Dos meses después, siete fueron encontrados sin vida. Tres continúan desaparecidos.

“Nosotros consideramos a estos hombres defensores del territorio”, explica la abogada Anabela Carlón Flores, integrante de la Tribu Yaqui y originaria de Loma de Bácum. “Ellos resguardaban un rancho comunitario que permite tener el sustento para la comunidad cuando hay una fiesta o una emergencia”.

Carlón considera que en el ámbito de los derechos humanos muchos conceptos a veces pueden ser “muy limitados” para la compleja realidad que se vive. Esta complejidad se presenta, dice, cuando se trata de explicar lo que en las comunidades indígenas significa hacer una defensa del ambiente y el territorio.

Para los yaquis, por ejemplo, hay un concepto que engloba todo aquello que es el territorio: “Para nosotros el Juya ania es el mundo natural, es ahí en donde está la verdad antigua. Y la verdad antigua no se puede cambiar, porque no puedes vivir sin agua, sin monte, sin aire, sin el clima. Eso es parte de la verdad antigua”.

Es por ello, explica la abogada, que para cada miembro de la Tribu Yaqui resguardar el territorio es una práctica cotidiana y natural, “ahí es donde hemos aprendido a vivir, a leer el clima, a comunicarnos con nuestros ancestros, a entender nuestro mundo”.

Comunidades indígenas, las más afectadas

La base de datos muestra que de los 93 casos de personas defensoras del ambiente y el territorio víctimas de desaparición, al menos 62 pertenecen a un pueblo indígena. La mayoría son nahuas, aunque también hay yaquis, mixtecos, wixárikas, purépechas, zapotecas y rarámuris.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha documentado casos de defensores que han sufrido violencias como asesinato y desaparición en las que no puede descartarse un posible vínculo con sus labores de defensa. Sus datos muestran que desde 2019, al menos, 46 personas defensoras indígenas han sido asesinadas o desaparecidas en el país; de ellas, 32 realizaban actividades vinculadas al medio ambiente.

Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, detalla que de las 32 personas defensoras ambientales, siete fueron víctimas de desaparición y posteriormente encontradas muertas. Cinco continúan siendo buscadas.

“Las personas líderes de los pueblos indígenas están más expuestas a represalias o acciones violentas, debido a su visibilidad por la defensa de su territorio y modo de vida”, resalta Peña Palacios.

En 2016, el entonces Relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, resaltó que “el origen del creciente número de conflictos sobre el medio ambiente reside en la explotación de recursos que no atiende las preocupaciones y demandas legítimas de las comunidades locales”.

La abogada Anabela Carlón recuerda que en Sonora los yaquis históricamente han sufrido diferentes tipos de violencia, una de ellas es que se les ha negado su derecho al agua. En las últimas décadas, apunta, esa violencia se ha incrementado por lo que ella califica como “la imposición de megaproyectos”, entre ellos el Acueducto Independencia —para llevar agua del río Yaqui a Hermosillo— y el gasoducto Guaymas-El Oro; este último sin concretarse, justo por la fuerte oposición de los yaquis. “Ahí comenzaron a darse desapariciones de jóvenes de la comunidad. Empezamos a ver una violencia que no habíamos visto”.

Con la llegada de estos megaproyectos, dice Carlón, también comenzó a ser más evidente la presencia del crimen organizado en la región en donde se encuentran los ocho pueblos de la Tribu Yaqui.

Una presencia cada vez más visible

México vive una “violencia generalizada y sistemática, además de una crisis en materia de derechos humanos. Y en muchos de los territorios en donde se están dando las agresiones contra defensores hay un cóctel de conflictos y presencia del crimen organizado”, afirma la abogada del Cemda, Luz Coral Hernández.

Para conocer mejor este problema, la base de datos construida por esta alianza de medios registró si en la zona en donde ocurrió la desaparición hay presencia del crimen organizado, de acuerdo con lo reportado por las fuentes periodísticas. Además, se documentó si existe algún conflicto agrario ya sea porque las comunidades buscan que se reconozca parte de su territorio, por diferencias con otras comunidades o porque al interior del ejido o comunidad agraria hay divisiones provocadas, entre otras cosas, porque no se ha respetado la correcta elección de sus representantes.

A partir de su trabajo como responsable del programa de personas defensoras en la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), Sofía Parra identifica que las regiones en donde se da el mayor número de violencias confluyen tres actores: los militares, las empresas extractivistas y las redes ilegales. “Cuando confluyen esas tres cosas es que existe una disputa por el territorio y ahí es donde se dan la mayor cantidad de agresiones en contra de personas defensoras”.

Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), observa que en el contexto actual hay dos nuevos retos que enfrentan quienes defienden el ambiente y el territorio. El primero es la dificultad de distinguir las diversas redes de poder que existen en las regiones que habitan, sobre todo ante la extendida presencia del crimen organizado. El segundo es “la invisibilidad de su labor y el menosprecio que se ha generado, desde el poder político, para la defensa de los derechos comunitarios. Eso ha puesto en un grado más de vulnerabilidad a los defensores”.

Cartografía de las desapariciones

En el mapa nacional hay lugares que destacan por integrar aquello que la fotógrafa mexicana Mónica González denominó la Geografía del dolor. Sitios en donde los asesinatos, las masacres, los desplazamientos forzados, las desapariciones dejan una huella en el territorio y en quienes lo habitan.

En ese mapa aparecen varias regiones en donde hoy se desarrolla una lucha por la defensa del ambiente y el territorio; en donde, además, personas defensoras han sido víctimas de desaparición.

En esa cartografía hay, al menos, 42 municipios ubicados en 15 estados del país. Guerrero, Michoacán, Sonora, Oaxaca y Jalisco son las entidades que concentran el mayor número de casos de personas defensoras del ambiente y el territorio que han sido víctimas de desaparición, de acuerdo con la documentación realizada para este trabajo. Con once casos, Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero, es el municipio que concentra el mayor número.

Chilapa de Álvarez es un municipio en donde 29.5 % de su población es indígena, sobre todo nahua. En ese territorio, el 31.4 % de la población vive en condición de pobreza extrema y 64.9 % no tiene acceso a los servicios básicos en la vivienda, de acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2023 publicado por la Secretaría de Bienestar.

Este municipio, como muchos de los localizados en esa región de la montaña baja de Guerrero, tiene una alta presencia de grupos del crimen organizado. Ahí, además, se han dado diferentes procesos de organización para la defensa del territorio, entre ellos la creación de las primeras policías comunitarias que surgieron en el país.

Chilapa de Álvarez también es un sitio en donde la violencia de la desaparición ha tocado a familias completas, incluidos menores de edad.

La abogada Luz Coral Hernández destaca que, al realizar la documentación para el informe anual sobre defensores del Cemda, han observado que en los últimos años las agresiones también se extienden a las familias de los defensores del ambiente y el territorio.

El 19 de diciembre de 2018, por ejemplo, personas armadas entraron a Paraíso de Tepila con la intención de instalarse en el lugar, pero la comunidad no lo permitió. Antes de abandonar el sitio, el grupo armado se llevó a Alberto Espiridión Ignacio, a su madre, a sus dos hermanos, a su esposa y a sus hijos. En total fueron 12 personas, entre ellos nueve menores de edad que, en el momento en que los desaparecieron, tenían entre 17 y 3 años. Eso provocó desplazamiento forzado y que el poblado quedara abandonado.

“En México, adicionalmente a los desafíos estructurales que han afectado a los pueblos indígenas generando importantes brechas de desigualdad, marginación y acceso a sus derechos, dichos pueblos también enfrentan violencia por parte de diferentes actores, incluidos grupos del crimen organizado, quienes disputan el control de su territorio”, comenta Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH.

Chilapa de Álvarez —municipio de donde se llevaron a la familia— se encuentra en un corredor estratégico para el cultivo de amapola y trasiego de droga. Además, es una zona en donde hay importantes recursos forestales y minerales.

De hecho para este proyecto periodístico, el GeoComunes —colectivo que acompaña a pueblos, comunidades, barrios, colonias u organizaciones de base que requieran de la producción de mapas para la defensa del territorio— realizó un mapa de las concesiones mineras en Guerrero. Y encontró que en todo el territorio de Chilapa de Álvarez y los municipios aledaños hay trámites para concesiones mineras.

En Chilapa de Álvarez hay trámites para dos enormes concesiones que cubren aproximadamente el 94 % de la superficie total del municipio.

La base de datos creada para este trabajo periodístico también permite conocer que en 19 casos se había denunciado tala ilegal en la zona. Esta amenaza se encuentra presente y en mayor escala en Michoacán y Oaxaca.

En el municipio de San Esteban Atatlahuca, en Oaxaca, la indígena mixteca Irma Galindo Barrios empezó a denunciar desde 2019 la tala de árboles en un área comunal, desde entonces sufrió agresiones y amenazas. De ella no se sabe nada desde octubre de 2021.

Empresas mineras dominan el paisaje

Al menos 20 personas defensoras que fueron víctimas de desaparición residían en municipios en donde había un conflicto relacionado con la actividad minera; seis de ellas están aún desaparecidas y a cinco las encontraron sin vida. Entre ellos está Eustacio Alcalá, líder de la comunidad nahua de San Juan Huitzontla, a quien desaparecieron el 1 de abril de 2023. Tres días después, encontraron su cadáver.

Desde hace nueve años, Meyatzin Velasco y otros integrantes del Centro Prodh asesoran a los habitantes de San Juan Huitzontla que buscan que el Estado cancele las concesiones mineras que hay en todo su territorio. Eustacio Alcalá era uno de los líderes más activos en contra de la minería.

San Juan Huitzontla se encuentra en el municipio de Chinicuila, en el estado de Michoacán. En Aquila, el municipio vecino, está una de las minas de hierro más grandes del país.

En ese municipio, al menos nueve personas defensoras del ambiente y el territorio que vivían o trabajaban en Aquila han sido víctimas de desaparición; de ellas seis siguen sin ser localizadas.

Los habitantes de San Juan Huitzontla detectaron que había trabajos de exploración minera en sus terrenos al encontrar vacas muertas a las orillas de uno de los ríos. Poco tiempo después se enteran que hay varias concesiones mineras en su territorio; algunas entregadas a las empresas Las Encinas, filial de Ternium —la mayor productora de acero en Latinoamérica— y a Servicios Minero Metalúrgicos de Occidente.

En una asamblea realizada en 2017, la comunidad declaró su territorio libre de minería. A partir de ahí, junto con los abogados del Centro Prodh, comenzaron una lucha jurídica reclamando el reconocimiento del territorio indígena y la cancelación de las concesiones. En enero de 2023, el juez emitió una sentencia a favor de la comunidad, la cual ha sido apelada por las empresas.

Eustacio Alcalá fue una de las personas que firmaron el amparo en contra de las concesiones y uno de los líderes comunitarios que se oponían a la minería.

“No desligarse de su responsabilidad”

Desde hace 20 años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos documenta abusos cometidos por las empresas en contra de defensores de derechos humanos en todo el mundo. A partir de 2015, la organización no gubernamental comenzó a realizar una base de datos sobre ataques en contra de personas defensoras y que estén relacionados con un sector empresarial, algún proyecto económico o una empresa específica.

Desde 2015 y hasta julio de 2023, el centro había documentado 4,815 ataques a personas defensoras en todo el mundo, 3,488 habían sido en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

El centro también ha documentado que, al menos, 33 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente en el mundo han sido víctimas de desaparición. La mayoría de esos casos (26) ocurrieron en América Latina. En México, el centro tiene el registro de seis personas defensoras del ambiente y el territorio que están desaparecidas.

“Estas cifras son la punta del iceberg, ya que sólo muestran aquellos casos que se pudieron documentar a través de fuentes públicas”, explica Hannah Matthews, investigadora del equipo de libertades cívicas y personas defensoras de derechos humanos del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos.

Matthews resalta que, en su documentación, “la minería ha sido consistentemente el sector más peligroso para las personas defensoras desde que comenzamos el monitoreo en 2015”. Tan sólo en 2022, casi el 30 % del total de casos que documentaron estuvieron relacionados con la minería.

“Si bien no podemos asegurar una relación directa de las empresas con esas desapariciones, muchas veces sí existe un beneficio directo para la empresa al silenciar a las personas defensoras que se oponen a sus proyectos”, apunta la investigadora del centro.

Matthews menciona que las empresas “no pueden desligarse de su responsabilidad en lugares con conflictividad social… Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos, pero también de hacer procesos rigurosos de debida diligencia antes, durante y después de sus actividades”.

Un mecanismo de protección sin eficacia

Desde junio de 2012, México cuenta con un Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación.

El abogado Ricardo Lagunes Díaz, desaparecido en enero de 2023, contaba con medidas de protección del mecanismo, debido a las amenazas que ya había recibido por su trabajo como defensor de derechos humanos, acompañando legalmente desde personas que han sido encarceladas injustamente hasta comunidades que luchan para evitar el despojo de sus tierra común o en contra de las empresas eólicas.

“El mecanismo no está logrando garantizar un entorno seguro para las personas defensoras”, resalta la abogada Luz Coral Hernández, de Cemda.

Para Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, el Mecanismo no puede ser entendido como la única respuesta a la violencia contra quienes defienden derechos humanos. “Es necesario que otras autoridades se involucren”, dice, sobre todo porque fortalecer el Mecanismo sería una acción insuficiente si no se acompaña de otras medidas “tendientes a la creación de una política pública integral” y, en especial si no se investigan, juzgan y sancionan las agresiones que sufren los defensores.

Esto último es otra de las deudas que tiene el país. Omar Esparza, director del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), recuerda que “hay una lista enorme de defensores de tierra y territorio que han sido asesinados o desaparecidos y que sus crímenes siguen en total impunidad”.

Además del mecanismo, México es uno de los países que ratificaron el Acuerdo de Escazú, tratado de América Latina y el Caribe que entró en vigor el 22 de abril de 2022 y que, por primera vez, reconoce a los defensores de derechos humanos en temas ambientales y obliga a los Estados a protegerlos.

“El Acuerdo de Escazú puede ser una herramienta muy útil para cambiar este panorama que estamos observando”, dice Hernández. Y pone un ejemplo: el Poder Judicial podría utilizar Escazú para suspender proyectos que están afectando a comunidades y en donde los datos muestran que han existido agresiones en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio.

“Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”

En el idioma Yaqui existen palabras para referirse a quienes “se perdieron” o a quienes “se acabaron” o fallecieron, pero no hay una palabra para nombrar a quienes desaparecieron.

Anabela Carlón recuerda que cuando desaparecieron los hombres yaquis de Loma de Bácum, en la comunidad hubo mucha empatía y solidaridad con las familias de los desaparecidos. “La misma comunidad comenzó a cuidarse más y se afianzó aún más el proceso de defensa del territorio”.

Eso no sucede en todos los casos. Peña Palacios, representante adjunto en México de ONU-DH, dice: “La desaparición de una persona defensora tiene un efecto amedrentador sobre todo el pueblo comunidad del cual era parte, que inhibe y dificulta el ejercicio de sus derechos humanos”.

Anabela Carlón considera que la defensa del ambiente y del territorio no se debe detener cuando una persona defensora fue asesinada o desaparecida: “Si dejamos la lucha, estamos perdiendo dos veces”.

Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, resalta que los defensores de ambiente y territorio “son fundamentales para ayudarnos a imaginar alternativas no sólo de gestión gubernamental, sino también de soluciones de cuidado de la tierra, porque lo poco que nos queda, ellos lo han resguardado”.

Ellos, enfatiza Velasco, “siguen generando una articulación comunitaria que nos muestra que solos no podemos. Los necesitamos para poder cuidar lo poco que nos queda si queremos seguir viviendo en el planeta Tierra”.

Por ello, cada vez que asesinan o desaparecen a una persona que defiende su ambiente y territorio, esta pérdida es colectiva. Meyatzin Velasco, del Centro Prodh, lo plantea de esta forma: “Perdemos todos: quienes los acompañamos, la sociedad, los bienes naturales, las comunidades. Perdemos una oportunidad para encontrar soluciones para vivir mejor”.

Defensores desaparecidos es un proyecto periodístico realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos.

* Ilustración: Tobías Arboleda. Diseño de visualizaciones: Rocío Puga. Programación de visualizaciones: Daniel Gómez Hernández. Análisis de base de datos: Andrés de la Peña y Efraín Tzuc. Mapas: GeoComunes

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán y Aranzazú Ayala en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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