La expansión de los delitos ambientales en territorios indígenas está favorecida por distintos marcos normativos nacionales e internacionales mientras muchos líderes padecen las llamadas “muertes silenciosas”. Ellos viven sometidos a altos niveles de tensión, debido a las amenazas que acarrea la defensa de sus territorios.

Bajo el principio de autonomía y autodeterminación, los pueblos indígenas impulsan cada vez más iniciativas de autoprotección. Estas son algunas de las conclusiones que dejó el III Encuentro Regional de la Alianza Latinoamericana de Defensores y Defensoras del Territorio Indígena (Aladti), realizado en Lima entre el 18 y 20 de marzo.

Durante tres días, líderes indígenas de Perú, Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Costa Rica y Panamá discutieron sobre los contextos de criminalidad dentro de sus pueblos y la situación de riesgo que enfrentan los defensores de derechos humanos, ambientales y de territorios comunales. Según consideraron los participantes del encuentro, estos entornos implican incrementos de economías ilícitas y una continua criminalización de las acciones que ejercen para la defensa de sus derechos territoriales.

Uno de los temas de mayor preocupación abordados en esta tercera Aladti fue la convergencia y, como consecuencia, la voracidad que encarnan las economías criminales dentro de los espacios de frontera. Los representantes de Perú, Colombia, Brasil y Ecuador hicieron hincapié en que el precario control de las autoridades ha convertido las zonas limítrofes en escenario propicio para que actividades como la minería ilegal y el narcotráfico confluyan. Una sinergia de delitos que, en su incontrolable expansión, afecta a comunidades, bosques y la seguridad de quienes los habitan.

El abogado Carlos Quispe, de la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), especialista en defensa colectiva de derechos en contextos afectados por economías ilícitas y extractivas, señaló que los problemas de los que derivan las amenazas contra defensores y los pueblos indígenas no están circunscritos a un solo país.

Quispe precisó que, en el caso de Perú, la ruta de la minería ilegal no solo incluye a este país como posible abastecedor de oro o de la materia prima para las operaciones de extracción, sino también a otros de donde sale el metal o por donde también ingresan insumos como el mercurio.

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“Las economías ilícitas ganan terreno, pero también hay marcos normativos que las favorecen. En Perú están las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado. En Brasil está la Ley del Marco Temporal [que restringe la delimitación de territorios indígenas]”, sostuvo Quispe en diálogo con Mongabay Latam.

Quispe comentó que uno de los mensajes claves que han dejado las organizaciones integrantes de la Aladti es que “no están sentadas esperando a que los Estados hagan todo”. El abogado afirmó que los sistemas de autocuidado emprendidos por pueblos en riesgo apuntan a contribuir, más no reemplazar, las labores de vigilancia que le corresponden a los Estados. La realidad, ciertamente, es crítica.

De acuerdo con el último informe de Global Witness, 117 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en América Latina durante 2024. Se trata del 82 % de los casos a nivel mundial. El país con la mayor cantidad de asesinatos contra defensores fue Colombia: 48. Luego está Guatemala, que registró 20. En México hubo 19 y en Brasil, al menos 12.

La organización DAR ha documentado en el estudio Desafíos y Oportunidades para una protección integral de las personas defensoras en la Amazonía peruana (2025) que las amenazas en comunidades nativas están asociadas con la tala ilegal (33 %), tráfico de tierras (23 %), narcotráfico (22 %) y minería ilegal (19 %).

El informe sostiene que las regiones con mayor perjuicio son Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios. El documento indica también que desde 2020, más de 20 defensores ambientales han sido asesinados en Perú. Nueve de estas muertes se produjeron en 2024.

DAR recogió para su análisis cifras del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dan cuenta de la cantidad de personas en situaciones de riesgo: 705 defensores y 61 familiares, entre 2019 y julio de 2025. El 84 % de los casos corresponde a defensores ambientales e indígenas.

Panorama latinoamericano

Dina Juc, de Guatemala, representante de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), refirió que esta organización protege el 24 % de la biodiversidad de Mesoamérica (que comprende territorios de México, Belice, Guatemala, El Salvador y la región occidental de Honduras, Nicaragua y Costa Rica). Esta labor les ha generado criminalización, asesinatos y exilio forzado de sus líderes, aseguró.

En la conferencia de prensa que cerró el evento, Juc comunicó incluso otras cifras de defensores afectados por la violencia: “De 2012 a 2024, 562 personas defensoras fueron asesinados en nuestra región. Estamos aquí para hacer visible lo que sucede (…) también para insistir en las normativas, políticas públicas con que se debe sancionar este tipo de delitos”.

La lideresa destacó que en los sectores indígenas de la región mesoamericana donde los Estados no están, sus gobernantes o sistemas de justicia indígenas han resuelto más conflictos de alto impacto que la justicia ordinaria.

Por su parte, Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), fue enfático en indicar que los sistemas de autogobiernos territoriales indígenas y sus acciones de protección se originan debido a que los Estados no tienen la capacidad de brindar garantías jurídicas en estos espacios. “Queremos seguir garantizando la vida de nuestros hermanos en un territorio limpio, que nos dé soberanía, donde apostamos por el buen vivir de nuestra gente”, subrayó Manihuari.

Una paradoja que muestra el alarmante nivel de inseguridad para los pueblos indígenas de Latinoamérica fue expuesta por Tatiana Martínez, de Costa Rica, representante de la Red Indígena Bribri y Cábecar (Ribca). Ella remarcó que, pese a que su país cuenta con muchos derechos, los casos de líderes asesinados continúan impunes.

Parte del evento incluyó el diálogo entre los representantes de las organizaciones de la Aladti con voceros del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de Perú y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh). Diego Reátegui, director de Políticas y Gestión en Derechos Humanos del Minjusdh, detalló la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta que articula a nueve entidades e instituciones del Gobierno peruano con el fin de reconocer y garantizar a sus beneficiarios el acceso a la justicia.

Reátegui señaló que el Minjusdh ha elaborado una base de datos que entre sus principales registros muestra que desde 2019 hay 564 situaciones de riesgo reportadas. Aproximadamente el 76 % de estos casos, pormenorizó, está vinculada con algún tipo de actividad ilícita.

“Es la típica respuesta frustrante, pero es lo que esperamos siempre escuchar cuando hablamos con el Estado. Funcionarios públicos que nos traen datos: tantos se están muriendo y, de esos, tantos son indígenas, tantos son campesinos, tantos son defensores de derechos humanos», fue la reacción de Dina Juc, de Guatemala, tras analizar la participación del representante del Minjusdh. «La respuesta que esperamos es que instituciones y ministerios han dado el mandato para que se cumplan [las garantías] y que están vigilantes a través de una comisión para saber si se ha disminuido la tasa de asesinatos y criminalización. Pero no, son bases de datos”, agregó.

En el informe de DAR, la organización subraya que el mecanismo intersectorial presenta limitaciones estructurales que reducen su eficacia. Entre otros puntos está su falta de rango legal: al estar sustentado como decreto supremo carece de fuerza vinculante en relación con otras entidades que no pertenecen al Ejecutivo.

DAR también afirma que varios de los nueve sectores del Ejecutivo con responsabilidades en la aplicación del mecanismo no participan activamente. Otro factor de debilidad, de acuerdo con el estudio, es la falta de un monitoreo sistemático de los casos, lo cual impide cotejar la eficacia de la herramienta. Además, plantea que uno de los vacíos más significativos del mecanismo es su omisión con respecto a la criminalización de la protesta social.

Acuerdo de Escazú y tareas pendientes

Uno de los aportes que dejó la tercera Aladti fue la construcción de tres propuestas para impulsar una participación de los pueblos indígenas plena y efectiva en la cuarta reunión de la Conferencia de las Partes (COP4) del Acuerdo de Escazú, a realizarse del 21 al 24 de abril en Bahamas.

El abogado Carlos Quispe declaró a Mongabay Latam que Escazú es un acuerdo ambientalista, pero no necesariamente tiene una mirada indígena. En ese sentido, un primer planteamiento de la alianza es la creación de un grupo de trabajo sobre Cuestiones Indígenas en Asuntos Ambientales y Territoriales.

La segunda iniciativa está enfocada en que los pueblos indígenas tengan un asiento entre los representantes electos por el público en el marco del Acuerdo de Escazú. Y, finalmente, la formalización de la participación indígena en la gobernanza y los mecanismos de toma de decisiones del acuerdo.

La representación de los pueblos indígenas buscará tener reuniones con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), secretaría técnica del Acuerdo de Escazú, antes, durante la COP4 y posteriormente para el abordaje de los temas concluyentes de la tercera Aladti.

*Imagen principal: la Aladti es un articulador regional y en este reunión en Lima ha recogido las principales demandas y propuestas de los líderes indígenas de ocho países. Foto: cortesía Aladti /DAR.

El artículo original fue publicado por Enrique Vera en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la tarde del 22 de enero de 2026, Rhonald Sneyder Trujillo Guevara conducía su camioneta por el sector conocido como Ruta de los Libertadores, entre los caseríos de Betoyes y Flor Amarillo, en el municipio de Tame, departamento de Arauca, cuando fue interceptado por hombres armados. Lo hicieron descender del vehículo y le propinaron varios disparos, causándole la muerte en el lugar.

Trujillo tenía 33 años y era vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Miraflores, corregimiento (zona rural) de Panamá, en el municipio de Arauquita. También pertenecía al comité de bienes y servicios de las Juntas de Acción Comunal Unidas de Panamá–Jacup, en el área de influencia del campo petrolero Caricare.

“Desde hace varios años Rhonald luchaba por mejorar la calidad de vida de las comunidades, exigiendo inversión social de impacto a las compañías petroleras en el territorio y para que la mano de obra en la industria fuera de personas del departamento de Arauca, no de afuera”, comenta a Mongabay Latam Johnny Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal del Departamento de Arauca (Fedejuntas) y quien conocía a Rhonald Trujillo.

Desde 2022, el departamento de Arauca ha sido una zona crítica para los líderes: “Las afectaciones a los líderes y lideresas sociales se ha incrementado y el ataque directo a ellos parece ser una característica específica del nuevo ciclo de violencia”, manifestó en ese momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en un comunicado.

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La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 12 asesinatos de líderes en el departamento en 2022, siete en 2023, 19 en 2024 y cinco en 2025. Aunque las cifras muestran un descenso en los casos para el último año, quienes están en cargos de liderazgo en Arauca exigen que no debería presentarse ni un solo asesinato.

La situación se sigue agravando. Poco antes de la publicación de este texto se encontraron los cuerpos sin vida de los hermanos Pedro y Juan Carlos Murcia Valverde, dos líderes sociales y afrodescendientes reconocidos por su trabajo en la comunidad de El Botalón, del municipio de Tame. Los hermanos fueron secuestrados en marzo de 2025 presuntamente por la guerrilla del ELN y encontrados la noche del 10 de febrero en la vía nacional Tame-Fortul con múltiples impactos de bala.

Los grupos armados se disputan el departamento de Arauca

Enfrentar la violencia contra líderes sociales, ambientales y de derechos humanos ha sido uno de los eternos desafíos de Colombia. El país lleva siete años con las cifras de asesinatos más altas en el mundo contra estos sectores, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En respuesta a un cuestionario enviado por Mongabay Latam, la Defensoría del Pueblo de Colombia confirmó 177 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales en 2025 en el país. Los departamentos más críticos fueron Cauca (37 casos), Antioquia (23), Valle del Cauca (18), Norte de Santander (11) y Nariño (10).

El escenario no parece ser optimista para 2026. Según el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sólo entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026, ya son 15 los líderes sociales asesinados en Colombia.

En el caso del departamento de Arauca, el homicidio de Rhonald Trujillo, sin haber terminado el primer mes del año, encendió nuevamente las alarmas y puso de manifiesto, como indica la Defensoría del Pueblo, “un patrón territorial que reafirma la persistencia de riesgos en zonas con alta presencia de economías ilegales, disputas armadas y debilidad institucional. El fenómeno afecta principalmente a liderazgos comunitarios, comunales e indígenas”.

A Johnny Castro le preocupa la agresión hacia el movimiento social, específicamente el comunal. Denuncia que en Arauca existe una estrategia para asesinar y desplazar a los líderes y que las amenazas se han materializado en asesinatos.

“Tanto Rhonald como muchos otros líderes comunales que vivimos en el departamento hemos sido señalados y amenazados por grupos armados y hemos venido denunciando históricamente una connivencia entre miembros de la Fuerza Pública y la estructura Martín Villa de las disidencias de la FARC para asesinar y desplazar a nuestros líderes. Ellos públicamente han salido a amenazarnos”, dice Castro. (Escuche aquí una de las amenazas).

Juan Manuel Quinche, coordinador del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Somos Defensores, asegura que la violencia contra líderes comunales en Arauca se concentra en el municipio de Tame y en el municipio de Arauquita, de donde era oriundo Rhonald Trujillo. “Muchos líderes comunales a menudo participan o lideran comités conciliadores en sus zonas y asumen múltiples funciones y labores dentro de las juntas de acción comunal, lo que los deja en medio de conflictos y los convierte en blanco de señalamientos por parte de diversos actores”, comenta.

Arauca es un territorio en disputa y allí tienen presencia diferentes grupos armados. La Defensoría del Pueblo ha identificado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y estructuras del Nuevo Estado Mayor Central de las disidencias de las extintas FARC (específicamente, el Comando Conjunto de Oriente con los Frentes 10, 28 y 45), los cuales mantienen una confrontación directa.

Además, de manera intermitente, se reporta la presencia de la disidente Segunda Marquetalia, del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y de estructuras del crimen transnacional como el Tren de Aragua y el Tren del Llano.

Este escenario, aseguran desde la entidad, representa un riesgo extremo para quienes ejercen liderazgos sociales y labores de defensa de derechos humanos. “Los grupos armados buscan cooptar el tejido social y silenciar voces comunitarias”. (Escuche aquí una de las amenazas).

Además, Quinche menciona que el año pasado la mayoría de las víctimas de violencia letal en Arauca eran mayores de 60 años, mientras que Rhonald Trujillo recién pasaba los 30 años. Para él, se estaría configurando un escenario alarmante donde no sólo una generación mayor está siendo afectada por esta violencia selectiva.

Al hecho de que Arauca es un departamento donde muchos grupos armados se disputan el control territorial, se suma que es un punto estratégico para la extracción de hidrocarburos en Colombia, donde los liderazgos comunales históricamente se han opuesto a la operación petrolera. Cuando no lo han conseguido, se han dedicado a exigir garantías sociales, económicas y ambientales.

“No estamos de acuerdo con que invadan nuestros territorios para saquear los recursos y los bienes de la naturaleza”, dice Castro y menciona que un caso emblemático es el de la laguna de Lipa, donde hace unos 35 años se encontró petróleo y se desplazó de su territorio a los indígenas Hitnü, que hoy viven en mendicidad en las zonas urbanas de Arauca. “Hubo un etnocidio en esa laguna y posteriormente las compañías petroleras taponaron los caños y los esteros, y acabaron con ese santuario natural”.

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La impunidad y la falta de investigación en Arauca

De acuerdo con los datos de Somos Defensores, entre 2002 y septiembre de 2024, se han registrado 73 asesinatos en Arauca y el liderazgo comunal ha sido el más victimizado con el 40 % de los homicidios, seguido por el indígena (15 %) y el comunitario (14 %).

La impunidad es otro de los grandes problemas, ya que las investigaciones no muestran avances considerables. Quinche menciona que el 50 % de los casos de asesinatos de líderes sociales en el departamento no han pasado de la fase de indagación y que sólo el 4 % ha llegado a una sentencia condenatoria. “Es una cifra ínfima de sentencias comparada con el 12 % de sentencias a nivel nacional, a pesar de que también es una cifra muy pequeña”.

Castro le pone rostro a las cifras y asegura que sólo ha habido capturas en los asesinatos de Josué Castellanos y Tulia Carrillo, “pero no se ha investigado a los actores intelectuales, a pesar de las movilizaciones y cabildos abiertos que hemos hecho”. El líder comunal considera que no habrá un cese de la violencia hasta que haya una Justicia realmente eficaz frente al accionar de los grupos criminales.

“Este año también nos quedan las elecciones de juntas de acción comunal y es una preocupación grandísima que tenemos porque nos vamos a encontrar con un dilema: nadie va a querer ser presidente o dignatario debido a toda la situación que ha venido ocurriendo en estos últimos cuatro años”, manifiesta Castro.

Esta preocupación no es sólo una percepción del líder social, la Defensoría del Pueblo le aseguró a Mongabay Latam que “el conflicto en Arauca es de carácter estructural y persistente”, y que las respuestas institucionales han sido limitadas e insuficientes frente a la magnitud del riesgo. “La población civil está en peligro y se requieren acciones urgentes, integrales y coordinadas”.

Imagen principal: entre el 1° de enero y el 11 de febrero de 2026 ya fueron asesinados tres líderes sociales en el departamento de Arauca. Foto: cortesía Colombia Informa.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia inició 2026 con una consulta pública para definir cómo implementar el Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe. Aunque el ejercicio parte con una propuesta de acciones prioritarias y promete escuchar a comunidades indígenas, organizaciones, ciudadanos y privados, la ruta será insuficiente si no logra traducirse en acciones concretas, como evitar que se sigan asesinando a defensores del territorio.

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Esto es lo que advierten especialistas en derecho ambiental que han seguido de cerca la aplicación del acuerdo en la región. Consultados por Mongabay Latam, destacan las experiencias, aciertos y fallas de esta implementación en países como Chile, Ecuador o México para que el acuerdo vaya más allá de solo un papel.

En Colombia, la propuesta de implementación incluye 23 acciones prioritarias que fueron trabajadas por diferentes instituciones, con apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y que estarán sometidas a consulta pública hasta el próximo 19 de febrero.

Tras culminar ese proceso, una Comisión Intersectorial —que estará integrada por las mismas instituciones estatales— definirá plazos, metas e indicadores de cada acción que busca dar vida al Acuerdo de Escazú.

Cómo va Escazú en la ruta colombiana

Desde mayo de 2024, la Corte Constitucional de Colombia declaró constitucional y compatible el Acuerdo de Escazú en el país, por lo que es una obligación implementar este tratado, pero cómo hacerlo, por quiénes y desde dónde es el camino que apenas se comienza a trazar.

Al anunciar la consulta pública, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Irene Vélez Torres, sostuvo que la ruta colombiana propone acciones concretas para aterrizar el acuerdo y “promover la participación pública” en los temas ambientales.

Sin embargo, Mauricio Madrigal, abogado y especialista en Incidencia Política en WWF Colombia, señala algunas deficiencias del proceso de implementación tanto en Colombia como en otros países de la región.

Más allá de la consulta, explica Madrigal, no hubo un proceso participativo amplio de formulación de esta ruta que se enfoque en las zonas más conflictivas y que dé un diagnóstico lo más real posible de la situación socioambiental por región.

“Falta elaborar, a partir de ese ejercicio de participación, un diagnóstico actual, completo y regionalizado, territorializado de la democracia ambiental y el acceso a la justicia en nuestro país. Es una oportunidad que no podemos perder con la ruta de implementación del Acuerdo de Escazú”, explica a Mongabay Latam.

La acción prioritaria 16 de la ruta anunciada por las autoridades colombianas sí propone realizar un diagnóstico ambiental, pero solo sobre las dificultades judiciales y administrativas.

Otra deficiencia analizada por Madrigal es el sistema de gobernanza para implementar el acuerdo, es decir, cómo se articularán los diferentes actores del sector público, indígena, académico o privado para aplicar el acuerdo en Colombia.

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Pese a la creación de una Comisión Intersectorial, el especialista señala que la participación ciudadana en este sistema queda acotada, por lo que se podrían implementar mesas de democracia ambiental donde no solo participen instituciones del Estado sino también, por ejemplo, autoridades indígenas.

“En el tema interétnico, en Colombia tenemos el gran reto de [incorporar a] las Entidades Territoriales Indígenas y a los consejos comunitarios, a esas gobernanzas desde abajo, habría que verlas muy bien”, menciona el abogado.

A las acciones prioritarias propuestas por las autoridades de Colombia, Madrigal agrega que deben ser medibles en el corto y mediano plazo para saber si resultan exitosas y no un documento más.

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Participación y acceso a la información ambiental: lecciones de Chile, Ecuador y México

Las experiencias aplicando el Acuerdo de Escazú han sido diversas en dos de los aspectos clave del tratado: acceso a la información ambiental y participación en la toma de decisiones. Países como Chile, Ecuador y México han hecho adecuaciones para dar vida a estos derechos en sus sistemas judiciales y administrativos.

En el caso chileno, destaca Constanza Dougnac, de la organización FIMA y vicepresidenta del Consejo Nacional de Escazú en Chile, el país ya contaba con instituciones ambientales que estaban establecidas, como ministerios, subsecretaría, tribunales ambientales y de servicio de evaluación ambiental, lo que ha permitido mayor exigencia para que las instituciones entreguen información pública.

“Ha habido avance en su utilización jurídica en los litigios ambientales. Era un punto que Chile tenía avanzado porque tenemos una ley de acceso a la información, pero son avances que se perciben todavía lejanos”, comenta la coordinadora de difusión de FIMA.

Dougnac destaca también el avance en acceso a la información mediante los organismos que dan seguimiento y fiscalización a resoluciones, normas ambientales, así como a planes de manejo y descontaminación en Chile, mediante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Además, señala el Plan Nacional de Implementación Participativa de Escazú (PIPE), que cuenta con un sistema propio de gobernanza, integrado por diferentes representantes del sector público (organismos públicos, tribunales, gobernadores y municipalidades), pero también por el sector privado, donde participan representantes de la academia y sociedad civil.

“El Consejo Nacional de Escazú tiene también consejos regionales para hacerle seguimiento a este plan de implementación, y eso es un gran logro que empezó a funcionar a nivel nacional a finales de 2025. Es la forma en que podemos ver cómo va avanzando [el acuerdo]”, dice a Mongabay Latam.

Para tener este sistema de seguimiento, Chile también tuvo un proceso amplio de participación ciudadana. Durante casi 8 meses realizó talleres, encuentros presenciales abiertos a todo público en cada región del país y actividades virtuales donde participaron infancias, comunidades indígenas y ciudadanía para trabajar una ruta de implementación.

Los avances, sin embargo, no han impedido casos como el de Julia Chuñil, defensora mapuche desaparecida en noviembre de 2024.

Francisca Toledo, la próxima ministra de Medio Ambiente en Chile con el gobierno de José Antonio Kast, quien asumirá la Presidencia a partir de marzo, forma parte del Consejo Nacional Escazú, por lo que desde la sociedad civil se espera diálogo e interés por seguir implementado el acuerdo, pese a las posturas del presidente electo en temas ambientales.

Por otro lado, en Ecuador el Acuerdo de Escazú fortaleció principios y derechos que ya contemplaba la Constitución del país en términos de consulta ambiental y participación en los derechos de la naturaleza, explica Gustavo Redín Guerrero, abogado y vicepresidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

“Ecuador tiene una ley de acceso a la información pública que es interesante, la única diferencia que terminó implementando, por vía de las sentencias judiciales, fue la no necesidad de justificar el porqué de la información”, explica.

Por ejemplo, al solicitar información sobre explotación minera, proyectos hidroeléctricos o agroindustriales, se debía argumentar el por qué de la petición, lo que cambió con la implementación de Escazú.

“Empezamos a presentar acciones de acceso a la información, nos pedían que justifiquemos esas acciones y utilizando Escazú nosotros decíamos ‘no tenemos que justificar nada, ustedes tienen que dar la información’. En ese sentido hubo un avance en términos de estándares”, dice Redín a Mongabay Latam al asegurar que hubo más argumentos jurídicos para obtener información ambiental importante.

En tanto, la experiencia en México muestra que la ratificación del Acuerdo de Escazú no es suficiente para implementarla, pues a pesar de contar con leyes y mecanismos para el acceso a la información y la consulta, no se garantiza transparencia en temas ambientales.

De acuerdo con el Informe Sombra de la implementación del Acuerdo de Escazú en México, realizado por organizaciones civiles y personas defensoras, aunque hay una gran demanda de información en materia ambiental, ésta se niega en el peor de los casos o se entrega de forma parcial, desactualizada y poco accesible.

“No hay mecanismos que garanticen un efectivo acceso a la información de forma pronta y expedita, lo que tiene graves consecuencias para la toma de decisiones, los derechos colectivos y la participación comunitaria”, sostiene el documento.

Como ejemplo pone los casos del Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, dos megaproyectos ferroviarios que se fueron construyendo sin presentar estudios de impacto y evaluación ambiental, pese a la insistencia de comunidades indígenas.

Además, pese a contar con mecanismos de participación ciudadana en temas ambientales, al no ser obligatoria ni difundida es poco utilizada por las comunidades. Por ejemplo, el mecanismo de consulta pública solo se implementó en cerca del 12 % de los proyectos, entre 2014 y 2020. Mientras que el promedio de reuniones públicas no llegó ni al 1 %, de acuerdo con el informe.

“Es evidente que los mecanismos existentes para la participación ciudadana no brindan las condiciones necesarias para fomentar la efectiva participación de la ciudadanía en la toma de decisiones ambientales, como establece el Acuerdo de Escazú”, destaca el documento.

Defensores ambientales, el gran pendiente de Escazú

La violencia letal contra personas defensoras del territorio es el mayor pendiente de la aplicación del Acuerdo de Escazú en toda Latinoamérica, que concentra la mayor cantidad de asesinatos de estos defensores a nivel global. Solo en 2024 fue de 120 asesinatos y desapariciones.

Pese a que países como Chile y México han promovido protocolos de protección para defensores ambientales, los especialistas coinciden en que solo han sido reactivos al problema e insuficientes para prevenir la violencia.

En el caso de Ecuador, Redín destaca la ausencia de medidas para implementar Escazú en este tema, y por el contrario, el aumento de la criminalización contra defensores del territorio.

“Hay más de 50 defensores de derechos ambientales criminalizados en el marco del terrorismo, lavado de Estado y narcotráfico. Tienes una ley que está vulnerando el derecho a la asociación, un reglamento que te prohíbe hacer actividades en contra de las inversiones mineras en el país”, explica a Mongabay Latam.

Para el especialista, no hay voluntad política en proteger a quienes más fiscalizan al poder. “En vez de avanzar en un mecanismo de protección de defensores, se está retrocediendo y precisamente se está buscando criminalizar, estigmatizar y ahogar a los defensores de derechos de la naturaleza y ambientales”, agrega.

En Chile, comenta Dougnac, hay evasivas para hacer una ley de defensa ambiental y reducir la brecha que hay para que funcionarios públicos conozcan el Acuerdo de Escazú y la importancia de proteger a defensores.

“Hay una reticencia a hacer una ley de defensa ambiental y era un compromiso. Hay intereses en que esto no ocurra porque las personas defensoras ambientales tienen un rol fiscalizador, cuando tú quieres la menor cantidad de fiscalización posible, quieres menos gente molestándote para hacer tu proyecto”, sostiene.

Ante algunos retrocesos en temas ambientales y de cara al inicio de la gestión de Kast como presidente, Dougnac llama a ver Escazú como una oportunidad para reducir conflictos y no como una limitante del desarrollo del país.

“Estamos en alerta por las declaraciones que el presidente electo hizo cuando era candidato. Es muy importante que las autoridades y los privados logren entender y se hagan cargo de cómo utilizar el Acuerdo de Escazú para tener proyectos más robustos que finalmente cuenten con la aprobación de las comunidades”, agrega.

Ante este contexto y las diferentes experiencias que hay en la región se podría cuestionar para qué sirve entonces el Acuerdo de Escazú. Madrigal sostiene que no se debe esperar que esta herramienta resuelva problemas y desigualdades de fondo.

“Debemos valorar los avances en su justa medida y exigir que las autoridades dispongan de mayores esfuerzos para implementarlo, pero no pensar que porque aprueban el Acuerdo de Escazú en Colombia ya dejan de matar a defensores ambientales. Es una medida de exigencia, pero también consciente de los límites que tienen estos instrumentos”, señala.

Previo a las elecciones en Colombia este año, donde se renovará no solo la Presidencia sino también el Congreso, Madrigal señala que el reto de seguir construyendo la ruta de implementación de Escazú se vuelve mayor, especialmente cuando el tema no está en la agenda de los candidatos.

“Estamos en periodo electoral, el manejo de recursos se restringe y también este tipo de acciones de participación y socialización. Es un momento muy retador, pero también hay herramientas virtuales y ejercicios territoriales que pueden aportar”, insiste el especialista en derecho ambiental.

Ante este escenario, el mensaje para Colombia es más claro: sin diagnósticos territoriales, acciones medibles, presupuesto y la participación real de la sociedad en sus decisiones, Escazú puede convertirse en una declaración más.

Imagen principal: Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú en 2024 y por ahora trabaja la ruta para implementarlo. Foto: Congreso de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2026, Colombia se plantea varios retos ambientales. Para proteger y conservar sus ecosistemas naturales, el Estado deberá recuperar el control de las áreas que han sido invadidas por los grupos armados y sus economías ilegales: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, ganadería ilegal y acaparamiento de tierras. Este es uno de los principales desafíos para el país en este nuevo año.

Expertos consultados por Mongabay Latam consideran que el medioambiente debe ser uno de los pilares de las negociaciones que busca el Gobierno de Gustavo Petro con los grupos armados, ya que no lo fue desde finales de 2022, cuando empezó la política de Paz Total. El asunto es esencial ya que a la actual administración solo le quedan siete meses en el poder.

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La prioridad urgente no solo deben ser los bosques sino también la protección de los humedales, ecosistemas vitales para la regulación hídrica y la mitigación del cambio climático que sufren un grave deterioro debido a la contaminación por vertimientos municipales, la sedimentación y la falta de infraestructura de tratamiento de aguas, coinciden los expertos.

Velar por una protección efectiva de los defensores ambientales y de derechos humanos es otro reto para el año que comienza, ya que el país lleva varios años consecutivos siendo el más letal para los liderazgos sociales. Colombia escoge nuevo Congreso en marzo y nuevo presidente en mayo, y organizaciones como Somos Defensores aseguran que la violencia suele aumentar en años electorales.

Este 2026 también será clave para que los pueblos indígenas de la Amazonía oriental puedan formalizar sus Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y son gobernadas por Consejos Indígenas. Este es un mandato de la Constitución de 1991 que ha sido ignorado por más de 34 años.

1.Cambios radicales para combatir la deforestación

Enfrentar la deforestación en todo el país sigue siendo uno de los principales desafíos en 2026. Los expertos consultados por Mongabay Latam comentan que las cifras de pérdida de cobertura boscosa se ven más pequeñas en regiones como Andes y Caribe, pero esto se debe a que gran parte de la deforestación se dio en décadas pasadas. Por eso, aseguran que es importante evitar que se siga perdiendo el poco bosque que les queda.

La atención de la opinión pública continúa en la Amazonía, región donde se encuentra la mayor parte de bosques del país, pero que presenta las tasas de deforestación más altas (68 % del total nacional, según el último informe anual del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam).

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que uno de los retos para 2026 es crear acciones coordinadas entre todos los países que comparten el bioma porque, si esto no ocurre, cualquier esfuerzo individual que haga Colombia o cualquier otra nación será insuficiente para evitar el llamado “punto de no retorno”, es decir, ese momento en que la Amazonía no puede regenerarse y comienza a transformarse de manera irreversible en un ecosistema más seco y degradado. Grandes áreas perderían su capacidad de almacenar carbono, liberar oxígeno y regular el clima regional y global, lo que aceleraría aún más el cambio climático y pondría en riesgo a miles de especies.

“Hay que entender a la Amazonía como un todo, donde la participación de todos los países es muy importante, porque si en Brasil y Bolivia siguen existiendo estas dinámicas devoradoras del bosque, pues los esfuerzos de Colombia son insignificantes para enfrentar el punto de no retorno. Tiene que haber una política regional amazónica para que los esfuerzos tengan sentido”, dice Rojas.

Su preocupación se sustenta, por ejemplo, en que Mapbiomas ha encontrado algunas zonas de la Amazonía oriental colombiana que están perdiendo biomasa a pesar de tener tasas muy bajas de deforestación y no haber actividad humana directa.

Para Julia Miranda, congresista y ex directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2026 debe ser un año para fortalecer las instituciones ambientales en el país y convertir la política ambiental en una verdadera política de Estado, no en un discurso. “Sin eso, será muy difícil enfrentar la crisis climática y detener el deterioro de nuestros ecosistemas”, comenta.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, asegura que el sistema de monitoreo de la deforestación del país debe fortalecerse a nivel local porque hay una metodología afianzada a nivel nacional, pero las causas de deforestación son específicas de cada territorio. “Se necesita articular mejor a las instituciones, la comunidad y los gremios económicos para encontrar alternativas no solamente para el monitoreo, sino también para el control de esas causas de deforestación”.

Otro tema importante es lograr que cualquier persona tenga fácil acceso a la información. Para Rojas, un camino en esa dirección es la coordinación y articulación de la información oficial del Ideam con otros sistemas complementarios como el de Mapbiomas “para brindar mejores herramientas para la toma de decisiones”.

En ese sentido, Cortés añade que es importante mejorar la divulgación de las cifras de deforestación para que lleguen oportunamente a los territorios. “Una mayor frecuencia de los boletines y las cifras podría ayudar a tener un mejor control”, dice.

El avance del catastro multipropósito es otro tema fundamental para Adriana Rojas. Este catastro pretende ir más allá de la identificación física de predios para incluir datos clave sobre tenencia de la tierra, usos del suelo y restricciones ambientales y sociales.

El objetivo es que sea un instrumento para apoyar políticas públicas en ordenamiento territorial, reforma agraria y planeación. Aproximadamente el 94 % del territorio nacional tiene datos desactualizados y eso favorece la deforestación para acaparamiento y apropiación de tierras en regiones como la Amazonía.

Unido al catastro, dicen los expertos, debe ir el fortalecimiento de las autoridades ambientales y la Fiscalía para que puedan hacer un control adecuado.

“Más allá de las metas de deforestación, hay que actuar frente a los problemas estructurales que están degradando los ecosistemas: la minería ilegal, los cultivos ilícitos, la expansión de la frontera agropecuaria y la débil gobernanza en los territorios rurales”, insiste Miranda.

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2. El medioambiente debe ser protagonista en las negociaciones con los grupos armados

Julia Miranda fue promotora de un artículo en la Ley de Paz Total del presidente Petro que buscaba garantizar la protección ambiental en los procesos de negociación. La congresista le dice a Mongabay Latam que la paz debe tener una dimensión ecológica, pero lo que ve hoy, en la práctica, es una profunda decepción. “Las zonas más biodiversas del país —como Chiribiquete, la Serranía de San Lucas, la Macarena o el Pacífico— son precisamente las que están sufriendo con más fuerza los efectos de la violencia”, asegura.

Es por eso que considera que el Gobierno debe poner al medioambiente en el centro de los diálogos que adelanta con varios de los grupos armados que operan en el país y debe consolidar la presencia del Estado en los territorios para revertir, según dice, lo que ha venido ocurriendo hasta el momento: un fortalecimiento de los grupos ilegales y un debilitamiento de las fuerzas legítimas, que trae consecuencias como la invasión de parques nacionales, la expansión de cultivos ilícitos, la deforestación acelerada y la minería criminal.

“La Paz Total debería ser una política integral que combine seguridad, justicia social y sostenibilidad ambiental. No podemos hablar de paz mientras los ecosistemas se destruyen y los territorios más frágiles se convierten en escenarios de guerra. La paz verdadera también se construye protegiendo la vida de la naturaleza”, afirma Miranda.

Y es que la presencia de actores armados en zonas de importancia ambiental ha causado problemas para la gestión de las áreas naturales protegidas. “Necesitamos construir un sistema fuerte de gestión de gobernanza. En este momento tenemos algunos parques nacionales donde no hay control y vigilancia porque están ocupados y controlados por actores armados que tienen prohibida la entrada”, cuenta Clara Solano, directora ejecutiva de Fundación Natura.

Solano también es enfática al afirmar que recuperar la gobernanza no es sólo controlar y sacar al ilegal, sino construir y fortalecer rutas de trabajo con los habitantes legales de los parques nacionales (pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos). “Esos procesos están debilitados. Es claro que la presencia de los actores armados debilita esa gestión”.

Yolima Cortés agrega que los grupos armados han establecido cultivos de uso ilícito y minería ilegal en los territorios “y las consecuencias no sólo se reflejan en términos ecológicos de cobertura, sino también en términos sociales como el desplazamiento de comunidades o comunidades que pierden el acceso a ciertos recursos de los cuales dependen”.

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3. Protección efectiva para los defensores

Un líder del departamento de Guaviare que pidió el anonimato para garantizar su seguridad asegura que se sienten acorralados porque el conflicto armado sigue escalando. “Tiene que haber más protección para los líderes ambientales, comunitarios y campesinos. Mientras persista el conflicto, nosotros vamos a ser los más perjudicados”. El problema es que la protección de esos liderazgos se ha convertido en una eterna deuda y un constante desafío para Colombia.

“Para las personas defensoras es muy difícil hacer su trabajo porque siempre están en un escenario permanente de riesgo. Eso tiene que ver con que no se han logrado los resultados que se querían en la estrategia de paz total del Gobierno [que plantea diálogos con diferentes grupos armados], ni se ha avanzado en la política de desmonte de esas estructuras”, dice Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores.

Otra de las preocupaciones de Torres es que 2026 es un año de elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, “y siempre hemos visto que cuando arranca la carrera electoral, las agresiones aumentan porque las personas defensoras también tienen una vida política y participativa”.

Torres es categórica al indicar que a pesar del poco tiempo que le queda al Gobierno de Gustavo Petro, se debe hablar con los actores armados para que detengan su violencia contra las personas defensoras en Colombia. “Es una exigencia que hacemos porque llevamos tres años insistiendo y no hemos visto que sea un asunto central en las negociaciones”, comenta. Y es que las cifras hablan por sí solas: entre 2024 y el primer semestre de 2025 se registraron 1068 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y de ellas 235 fueron asesinatos, según el Programa Somos Defensores.

Los liderazgos indígenas comenzarán 2026 “en la continua defensa de sus territorios”. Así lo dice Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). “La persecución contra los indígenas es continua debido a nuestra lucha en contra de la coca ilegal, la marihuana, el narcotráfico y los ataques de los mafiosos que quieren invadir nuestros territorios. Esto llevó a que más de 120 habitantes indígenas murieran en el primer semestre de 2025, aproximadamente 70 de ellos solo en el departamento del Cauca”.

Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, comenta que las organizaciones, no solo indígenas sino campesinas, necesitan mecanismos de protección jurídicos pero también físicos, individuales y colectivos porque los fenómenos de violencia cada vez los ahogan más. “Se necesita desarrollar acciones efectivas que conlleven a la protección física, cultural y espiritual de los pueblos indígenas para que se mantengan en sus territorios dando la pelea”, asegura.

Para lograr lo que planea Capaz, Astrid Torres asegura que es vital cambiar el modelo de protección en Colombia. “Tiene que haber esquemas individuales porque en este país los riesgos para la vida son claros y son reales, pero hay que dar un salto a lograr un sistema de protección de carácter civil y con enfoques claros y precisos”. Para ella, este sistema debe desarrollar acciones de prevención con presupuestos claros y con capacidad de articular acciones de mediano y largo plazo donde se reconozcan los sistemas propios de protección de las comunidades.

“Antes de irse [el 6 de agosto de 2026], el Gobierno tiene que dejar acordada la ruta para el cambio de modelo de protección”, señala Torres.

Otro asunto crucial en la protección de los defensores en el país es la coordinación interinstitucional, algo que sigue sin funcionar adecuadamente, según dice la coordinadora de Somos Defensores. “La arquitectura institucional en materia jurídica en Colombia es robusta y somos reconocidos a nivel internacional por eso, pero en el centro no está la coordinación interinstitucional. Si las entidades que están comprometidas en proteger a las personas defensoras realmente no comprenden su papel, no lo cumplen y no se articulan, pues simplemente tendremos normas y normas, pero no pasará nada”.

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4. Saldar la deuda de las Entidades Territoriales Indígenas

El 16 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó los decretos que formalizan ocho entidades territoriales indígenas (ETI) en la Amazonía del país: Yaigojé Apaporis, Mirití Paraná, Río Tiquié, Bajo Río Caquetá, PANI, ARICA, Ríos Cotuhé y Putumayo, y UITIBOC-ASOAINTAM.

Las ETI son entidades político administrativas que forman parte de la organización del Estado, gozan de autonomía política, administrativa y fiscal y serán gobernadas por Consejos Indígenas.

Su creación había sido una deuda pendiente de Colombia con los pueblos indígenas desde hace más de 34 años, cuando se adoptó la Constitución Política de 1991 y se ordenó la conformación de las ETI, además de los departamentos, distritos y municipios. El Congreso debía expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para aplicar la orden constitucional, pero lo hizo solo hasta 2011 y no desarrolló la conformación de las ETI, dejando el tema para una ley especial futura que aún no existe.

En 2018 el Gobierno de Juan Manuel Santos, ante la falta de legislación en el Congreso, emitió un decreto para avanzar con la orden constitucional de 1991, pero durante años las entidades del Gobierno empezaron a pedir más requisitos de los que ordenaba el decreto. Esto llevó a que los pueblos indígenas, apoyados por organizaciones como GAIA Amazonas, tuvieran que presentar tutelas —mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia— para que la Justicia destrabara los procesos.

Los habitantes indígenas amazónicos llevaban varios meses esperando la firma del presidente Petro, pues ya contaban con ocho acuerdos interculturales que resultaron de los diálogos que se realizaron, entre octubre de 2023 y junio de 2024, con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Tierras, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), pues estas entidades deben orientar el proceso de adecuación institucional del Estado colombiano para asegurar la puesta en funcionamiento de las ETI.

Hernán Montero, coordinador del Ámbito Macroterritorio de los Jaguares del Yuruparí de la Fundación Gaia Amazonas, que ha acompañado los procesos de formalización que se aprobaron, comenta que estos ocho territorios indígenas representan más de siete millones de hectáreas y 15 % de la región amazónica colombiana.

“La misma Corte Constitucional ha dicho que las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) existen desde el momento en que lo decidieron los gobiernos indígenas. Lo que aquí estamos haciendo es formalizar la manera en que se coordinan con el resto del Estado”, asegura Montero.

Para Fausto Borraez Mongorofe, representante legal de la ETI UITIBOC – ASOAINTAM, este paso implica el reconocimiento a sus formas de organización, que permiten sostener y preservar la vida en el territorio amazónico.

“Hemos ido fortaleciendo nuestra autonomía y la autogestión para determinar nuestras propias vidas, de lo que queremos hacer con nuestros pueblos en beneficio de la protección de la vida”. El dirigente incluso sostiene que esta figura les ayudará a proteger los territorios de actividades extractivas.

“El objetivo es blindar el territorio contra la entrada de gentes ajenas para la extracción que deteriora el territorio y la visión de los pueblos indígenas”, destaca Borraez.

Si bien la formalización de las ocho ETI ya es un avance, el reto para 2026 es que empiecen a operar y no se queden en un anuncio en papel. Óscar Daza, secretario general de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), asegura que los dirigentes y pueblos indígenas esperan una disposición continua y permanente de la institucionalidad colombiana para que cumpla lo que dicen los decretos.

“Desde hace más de 30 años, con la Constitución Política, existía la orden de descentralizar las funciones hacia los territorios indígenas, pero no existió voluntad política. Quienes gobiernan desde Bogotá deben entender esta decisión y dejar de poner obstáculos para que esto se haga realidad porque normativamente ya todo está dado para que los territorios indígenas asuman sus competencias”, comenta Daza.

Los pueblos indígenas de la Amazonía oriental colombiana también esperan que el presidente Petro no termine su mandato el 6 de agosto de 2026 sin avanzar con los procesos de formalización de otras 14 ETI y cinco más que han expresado su voluntad de comenzar el proceso.

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5. Detener la pérdida y el deterioro de los humedales

Año tras año la opinión pública ha centrado su atención en la deforestación de los bosques, principalmente amazónicos. Sin embargo, Clara Solano hace un llamado a prestarle atención a otros sistemas ecológicos esenciales para el país. “Hay una crisis asociada a la degradación de los ecosistemas que hacen regulación hídrica, retención de sedimentos y dan agua permanente a todo los municipios. Veo una degradación absoluta y total de nuestros sistemas de agua dulce”, asegura.

Para la directora de Fundación Natura, la atención integral de los sistemas de humedales en Colombia es un tema prioritario para 2026. Entre las razones están la falta de contención de la contaminación por vertimientos directos de las cabeceras municipales, un incremento en la sedimentación de las grandes cuencas hidrográficas y un significativo deterioro de los indicadores de pesca.

“La gente sigue teniendo indicadores a la baja en la pesca y menor acceso a proteína para la subsistencia familiar. Esto es algo realmente serio en el caso de la macrocuenca Magdalena-Cauca y se repite en las macrocuencas de la Orinoquía y la Amazonía”, comenta Solano.

Es por eso que insiste en que el país debe tomar acciones, muchas de ellas enfocadas en los ecosistemas de alta montaña y la conservación de los páramos que están siendo afectados por el cambio climático.

“La contaminación es hoy un problema muy serio. No hay un solo municipio del país que esté haciendo nuevas infraestructuras para limpiar sus aguas, cuando esto se requiere con suprema urgencia”, indica Solano.

Imagen principal: en Colombia hay un fuego cruzado, en el que pueblos indígenas y sociedad civil son perseguidos y asesinados por mafias, paramilitares y grupos armados. Foto: cortesía Somos Defensores.

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Una sabia indígena a’i cofán toma un largo tallo de ortiga y da golpecitos en los brazos de Robert Molina, quien tiene el torso desnudo y los brazos estirados mientras sostiene su bastón de orientación por cada extremo. La mujer continúa por la espalda. Molina se arrodilla para facilitar el trabajo. Entre más de 200 personas, en un encuentro realizado a finales de 2025, fue el primero en participar de esta tradición amazónica que busca armonizar el cuerpo y el espíritu.

Molina es indígena del pueblo kokonuko, del departamento de Cauca, Colombia. Fue autoridad indígena en 2017 y trabajó en el fortalecimiento de la educación propia y la guardia indígena. Para él, estas son herramientas fundamentales para proteger el territorio y la cultura frente a los actores armados y ante la ausencia estatal y la reconfiguración del conflicto armado en Colombia.

Así como muchos otros líderes, no ha estado exento de recibir amenazas de grupos armados, incluyendo el Frente Jaime Martínez y el Frente Dagoberto Ramos, disidencias de las FARC-EP, y grupos residuales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Sin embargo, está convencido del rol de las guardias indígenas como garantes de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

Desde hace dos años es parte del equipo Punta de Lanza, que acompaña la formación y el fortalecimiento de guardias indígenas en Ecuador, Colombia y Perú. Esta es una iniciativa impulsada por la organización no gubernamental Amazon Frontlines, como una estrategia de defensa ante el crecimiento del crimen organizado en la región.

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Mongabay Latam conversó con Molina en la comunidad a’i cofán de Sinangoe, durante el Encuentro de Experiencias y Saberes de Guardias Indígenas para el cuidado del Territorio y la Cultura, que reunió a más de 200 personas de los tres países.

—¿Cómo surge el proceso de fortalecimiento de las guardias indígenas en Ecuador?

—En 2022 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Guardias Indígenas del Ecuador, en el territorio de la nacionalidad a’i cofán de Sinangoe. Se juntaron delegados de 23 organizaciones regionales amazónicas, las tres organizaciones nacionales –la CONFENIAE, la CONAIE y la ECUARUNARI– y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), de Colombia.

Desde ahí se mandata el fortalecimiento de las guardias indígenas y el intercambio de experiencias para la defensa de la vida, el territorio y los derechos humanos. Eso ha culminado en que los pueblos indígenas sigamos en ese proceso de lucha, de resistencia y de caminar en unidad para pervivir en el tiempo y en el espacio, seguir exigiendo nuestros derechos y seguir protegiendo nuestra cultura.

—¿Con cuántos pueblos indígenas ha trabajado?

—En Ecuador hemos trabajado con siete nacionalidades en el ejercicio de fortalecimiento de la guardia indígena, con base en sus formas de organizarse. En el camino formamos líderes y lideresas. También se han formado semilleros de educación propia para niños y niñas. Nos guiamos por los derechos humanos, porque para nosotros las guardias indígenas significan proteger, respetar y valorar todo lo que tiene que ver con nuestras vivencias, sin pasar por encima de lo ordenado a través del Estado, de las constituciones políticas y los derechos colectivos.

En Perú hemos trabajado con seis pueblos que hoy también están en el ejercicio de la hermandad, de fortalecer las guardias indígenas para la defensa del territorio, para la defensa de sus culturas a través de la autodeterminación y del compartir de las experiencias como pueblos hermanos del Abya Yala [como los pueblos indígenas llaman al continente americano].

—¿Qué conocimientos trae a las guardias indígenas de Ecuador y Perú?

—El conocimiento de las guardias indígenas parte de cada una de las nacionalidades. Los pueblos y nacionalidades indígenas nos centramos en los temas culturales y espirituales. Entonces, se respeta su cosmovisión, sentires, pensares, las formas de ver el mundo. Ahí prevalece la identidad cultural, el idioma propio, la espiritualidad y las formas de organizarse. Entonces es compartir las experiencias y aprender de los procesos arraigados a la defensa territorial y al ejercicio de gobernabilidad de los pueblos indígenas.

—¿Puede dar un ejemplo de ese intercambio?

—Los pueblos indígenas en Colombia somos de mucha espiritualidad. Una de nuestras bases fundamentales es la organización de compañeros y compañeras para formar líderes y lideresas. Fortalecemos a nuestros niños, hijos e hijas para relacionarnos con el territorio, integrarnos en estas formas de vida de los pueblos indígenas. Es el camino que los abuelos y las abuelas han dejado y que han venido defendiendo de diferentes formas.

Entonces, las experiencias que venimos a contar acá es cómo nos hemos organizado en el departamento del Cauca a través de las guardias indígenas para fortalecer los principios y la vida organizativa de los pueblos indígenas. Hemos tratado de recuperar el idioma propio y las diversas culturas que cada nacionalidad tiene.

—Ha trabajado con varios pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana. ¿Qué ha aprendido de ellos?

—Las enseñanzas de los pueblos en la Amazonía son a través de los cantos. De manera simbólica se explica ese relacionamiento entre el hombre, la mujer y la naturaleza, el entendimiento del territorio y las normas que tiene la naturaleza, principalmente en los sitios sagrados. Entonces, ¿cómo se respeta eso? A través de la orientación de nuestros mayores y eso es a través de la medicina, del yagé. El yagé nos ayuda a profundizar en la relación del hombre con la naturaleza y con el inframundo. Es algo que nos ha ayudado a fortalecernos, porque en el Cauca no somos pueblos de yagé, somos pueblos de mambé, de hoja de coca, de tabaco.

—¿Qué motivó en principio la creación de la guardia indígena?

—La Guardia Indígena del Consejo Regional Indígena del Cauca nació en 1971 como un proyecto de vida para los pueblos indígenas. Nació con cuatro principios, que son unidad, tierra, cultura y autonomía. El objetivo es fortalecer y defender las luchas de los pueblos. La guardia indígena ya venía de mucho tiempo atrás, desde los cacicazgos y desde la invasión de los españoles.

Se retomó por la realidad que vive Colombia con la presencia de actores armados, con la imposición de los terratenientes. Fue una forma de los pueblos indígenas de defenderse y fue trascendiendo a medida que la organización iba caminando. Nuestros abuelos nos venían enseñando la defensa del territorio a través de la espiritualidad, eso nos daba la pervivencia.

Integrar la guardia es una forma de vivir en sociedad, en armonía y en equilibrio con la naturaleza. Eso me motiva, porque somos muchísimos guardias en el Cauca, mujeres, hombres, niños y niñas.

—¿Cómo ha afectado a los defensores ambientales y a los líderes indígenas el conflicto armado en Colombia?

—Hay una problemática interna y externa por la presencia de actores armados, como lo es la antigua guerrilla de las FARC. Después de un acuerdo que se hizo a finales de 2016, hubo un fracaso total por incumplimiento del mismo Estado. Otros grupos guerrilleros se conformaron y empezaron a usurpar los territorios, especialmente de los pueblos indígenas. Empezaron con los reclutamientos y los desplazamientos forzados y a imponer las armas. Pero los pueblos indígenas no usamos armas, la guardia indígena no es un actor armado, es un actor de decisiones comunitarias.

La violencia que se está llevando a cabo en el territorio es porque el departamento del Cauca es una zona de ruta del narcotráfico, porque está cerca al océano Pacífico. Los actores armados tienen mayor presencia en los territorios del departamento del Cauca y disputan el control que hacen las guardias indígenas. En ese control se decomisa la coca, la marihuana. No se le entrega ni a la fuerza pública del Estado ni a la misma guerrilla, sino que en el marco de la autonomía se destruye, ejerciendo la gobernabilidad de los pueblos indígenas.

Siempre hemos tenido esas problemáticas con los actores armados porque tenemos resoluciones y tenemos mandatos comunitarios que no permiten su presencia en los territorios, que no permiten la usurpación de nuestros territorios. Por eso los actores armados se incomodan, no les gusta y les molesta. Desde ahí han empezado las amenazas, los asesinatos, las desapariciones, los secuestros y los reclutamientos.

—¿Usted ha sido amenazado?

—Sí, he sido amenazado en varias ocasiones por las guerrillas en Colombia. Hemos perdido muchos compañeros, de la guardia y defensores, que fueron asesinados por los actores armados por estar en contra de su imposición. La guardia indígena es un colectivo de compañeros y compañeras que defendemos nuestros pueblos, que defendemos nuestro origen, nuestras culturas. A ellos les molesta que nosotros hagamos eso.

—¿Cómo se hacen los decomisos y cómo manejan el enfrentamiento con gente armada?

—La guardia indígena en los pueblos del departamento del Cauca ejerce una función no policial, no armada, sino de decisión comunitaria. Esta decisión es ordenada por nuestras autoridades, nuestra comunidad en asamblea y desde ahí se hacen los recorridos territoriales. En ocasiones encontramos actores ilegales y sus rutas de movilidad.

Lo que más nos ha fortalecido es la unidad, porque si bien no somos armados, sí somos bien unidos al defender nuestros territorios. Hemos llegado a confrontaciones con estos actores y ya viendo multitud de gente, ellos no accionan las armas, más bien nosotros les retenemos y les aplicamos nuestra propia justicia para que no desarmonicen los territorios. Cuando hacemos los decomisos convocamos a la asamblea como máxima autoridad, es toda la comunidad, hacemos el ejercicio de gobierno propio amparado en la Constitución Política, nuestro usos y costumbres. Se hace la destrucción de todos los elementos materiales que se decomisa, sean drogas, armas o vestimenta.

—¿Reportan estos decomisos a las autoridades?

—Invitamos a las autoridades occidentales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Comisaría de Familia, el personal municipal y las alcaldías como garantes del ejercicio.

—¿Cuáles han sido las mayores victorias de las guardias indígenas?

–Posicionar la guardia en el marco de los derechos humanos con un reconocimiento internacional, donde la ONU la reconoce como un actor no armado.

—Volviendo a Ecuador, recientemente fue mencionado en una denuncia presentada por la Fiscalía en contra de una serie de líderes indígenas, aunque usted no está denunciado directamente. ¿Cuál es su respuesta frente a este tipo de actos que asocian a las guardias indígenas con el terrorismo?

—Sabemos que los Estados nos vienen señalando de diferentes formas, a través de medios de comunicación, de instituciones, pero no tenemos miedo porque el ejercicio de la guardia es colectivo y público. Estamos trabajando bajo nuestra autodeterminación, principios, mandatos, cosmovisiones, educación propia y formas de vida. Me gustaría que el Gobierno y los medios de comunicación conozcan cuál es el verdadero ejercicio que hace la guardia indígena.

—¿Cuál es el futuro de las guardias indígenas?

—Hoy, tanto en Colombia, Ecuador y Perú, el ejercicio que realiza la guardia indígena está legitimado, pero también está vulnerado por agentes externos. Los gobiernos ven en las guardias indígenas una amenaza contra el Estado y no es así. Otra amenaza importante es la de los actores armados. Las mayores amenazas son de las guerrillas, de las bandas delincuenciales, del narcotráfico y de la misma fuerza pública.

Las guardias indígenas trabajamos bajo un ejercicio legítimo de autonomía para la defensa de nuestro territorio, nuestra identidad cultural y nuestras formas de vida porque sabemos que el Estado no ofrece esas garantías para defendernos a nosotros y a nuestros territorios, ni para garantizar nuestros derechos y fortalecer nuestras culturas.

—Finalmente, ¿para usted qué es el territorio y por qué protegerlo?

—El territorio para los pueblos indígenas es nuestra casa, es nuestro mercado, nuestra medicina, nuestra farmacia. Nosotros sin territorio no somos nadie. En el territorio trabajamos, protegemos, tenemos nuestra economía solidaria, familiar y colectiva. Entonces, el territorio para nosotros es la vida del ser, el espacio donde se da el relacionamiento entre el hombre y la naturaleza.

Foto principal: Robert Molina frente a las más de 200 guardias indígenas que se dieron cita en Sinangoe, Ecuador, en diciembre de 2025. Foto: cortesía Daris Payaguaje / Alianza Ceibo.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 Colombia continuó haciéndole frente a problemáticas ambientales y sociales con las que ha lidiado durante años: deforestación, amenazas a áreas protegidas y territorios indígenas, así como agresiones contra liderazgos sociales, ambientales y de derechos humanos. Para las fuentes consultadas por Mongabay Latam, uno de los detonantes para que todo lo anterior siga fuera de control es la expansión, consolidación y violencia de los grupos armados sobre territorios ambientalmente sensibles.

Para Julia Miranda, congresista y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, al acaparamiento de tierras y la posterior expansión de la ganadería ilegal, principales causas de deforestación en la Amazonía, también se suman la minería ilegal y los cultivos ilícitos que se expanden en zonas estratégicas del país, como la Serranía de San Lucas y el Pacífico. “Son fenómenos que no solo destruyen el bosque sino que alimentan economías ilegales y agravan la violencia en los territorios”.

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Los pueblos indígenas están entre los más afectados, pues defienden sus territorios y se oponen al ingreso de los armados que pretenden establecer sus economías ilícitas dentro de sus resguardos. Solo entre enero y junio de este año, la organización Somos Defensores reportó agresiones contra 96 defensores indígenas.

Por otra parte, la deforestación registrada en 2024 nuevamente sobrepasó las 100 000 hectáreas y las áreas protegidas están entre las más afectadas. Un reciente informe estableció que, entre 2018 y 2023, cerca del 40 % de la pérdida de bosques se concentró en áreas protegidas.

“Yo diría que 2025 ha sido un año muy preocupante para el medioambiente en Colombia. Es un año en el que, a pesar del discurso ambiental del Gobierno, los resultados concretos son negativos”, asegura Miranda.

Lo positivo del balance ambiental para Colombia llegó a través de la diplomacia internacional. Aunque los resultados de la trigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) dejaron varios sinsabores, el país se consolidó como líder de las naciones que piden abandonar los combustibles fósiles, cuya quema es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo.

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Lo recurrente: incrementa la deforestación

Este 2025 ha sido un año de altibajos para los bosques colombianos. Las últimas cifras oficiales de deforestación, publicadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), revelaron que el país perdió 113 608 hectáreas de bosque en 2024. Un aumento del 43 % con respecto a 2023, cuando la pérdida fue de 79 256 hectáreas.

A pesar del incremento, esta es la segunda cifra de deforestación más baja en los últimos 24 años —la primera fue precisamente la de 2023—. Los expertos consultados por Mongabay Latam consideran que la cifra para 2025, y que se hará pública en 2026, podría mostrar nuevamente una disminución, de acuerdo con el boletín de alertas de deforestación del Ideam para el trimestre enero-marzo, en el que se señala una pérdida de bosque de 27 052 hectáreas en la Amazonía —región que presenta cada año la mayor deforestación—. Esto significa una reducción del 33 % en comparación con el mismo periodo del año anterior. El primer trimestre de cada año es crítico porque suele ser el de mayor tala y quema en Colombia.

Aunque estas son noticias positivas, el panorama de la deforestación es complejo, todavía no es posible afirmar que se ha revertido la tendencia de aumento y Colombia está lejos de alcanzar su meta de deforestación neta cero a 2030, lo que implica que para ese año la cantidad de bosque que se pierda debe ser totalmente compensada por restauración y reforestación.

Adriana Rojas, coordinadora técnica de la iniciativa Mapbiomas en Colombia y coordinadora del Sistema de Información Geográfica de la Fundación Gaia Amazonas, comenta que desde 2017, que fue el año con la deforestación más alta desde que el país hace mediciones, hay una intención de reducirla a cero para 2030, pero eso parece no estar cerca. “Nos faltan solo cuatro años y si bien ha habido reducciones, no son significativas. No estamos acercándonos finalmente a la meta. Uno esperaría una reducción sostenida año tras año”, asegura.

Julia Miranda anota que Colombia tenía que entregar la actualización de sus compromisos climáticos, los llamados NDC, ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), y aunque lo hizo, ese proceso no está completamente finalizado. “Esa hoja de ruta es clave porque define los ajustes que el país debe hacer para cumplir sus metas de reducción de emisiones a 2030 y de deforestación neta cero. Pero, contrario a eso, vemos que las emisiones siguen aumentando y que la deforestación no se ha frenado”, comenta.

Los departamentos más afectados en 2024 siguen siendo los amazónicos. Lidera Caquetá, con 25 263 hectáreas deforestadas y le siguen Meta (21 107), Guaviare (16 908) y Putumayo (5443).

Rojas indica que es posible esperar una disminución en la deforestación de 2025, pero hace énfasis en que es importante tener en cuenta que el monitoreo se hace con satélites y “no siempre son tan eficientes, porque puede haber nubes y falta de información. Lo que hemos detectado, al menos en el segundo trimestre del año, es una altísima falta de información satelital para poder determinar cuánta deforestación hubo en ese periodo”.

Desde 2018, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) adelanta un monitoreo sistemático de la pérdida de los bosques y sus principales causas en la Amazonía. En su informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombiana, publicado en noviembre de 2025, menciona que uno de los principales problemas es la construcción de vías y carreteras. Solo entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron 1460 kilómetros de nuevas vías (4 kilómetros diarios). “El análisis también revela que el 90 % de la superficie deforestada en el último año está a 1.9 kilómetros de distancia de las vías abiertas, y el 80 % se encuentra a una distancia promedio de 1.2 kilómetros, lo que confirma que la construcción y expansión de vías es un factor determinante en la transformación del paisaje amazónico”, dice el informe.

Un reciente especial periodístico de Mongabay Latam reveló, a través de análisis geográfico, la transformación del paisaje a lo largo de 1926 kilómetros de vías ilegales ubicadas en los núcleos más activos de la deforestación. Más de 100 kilómetros cruzan áreas protegidas y resguardos indígenas.

Yolima Cortés, ingeniera forestal y estudiante del doctorado en Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, comenta que las causas de la deforestación siguen siendo las mismas desde hace varios años: la praderización para acaparamiento de tierras y la ganadería extensiva. También dice que a pesar de las disminuciones en la pérdida de bosque en Caquetá y Meta, estos departamentos siguen albergando los principales núcleos de deforestación del país.

Lo grave: no cesa la expansión y la violencia de los grupos armados

El Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en noviembre de 2016, representó una esperanza para el extenso conflicto armado del país. Sin embargo, con el paso de los años se dio un incremento en la violencia entre disidencias de este grupo, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares y bandas criminales y del narcotráfico. La disputa es por tomar el control de las zonas rurales, muchas de ellas amazónicas, que antes eran fortín militar de las FARC.

Fue en muchas de esas zonas donde las cifras de deforestación comenzaron a dispararse. “Hay una exacerbación de los grupos ilegales que cumplen funciones de contención o de aceleración de la deforestación y están en los sitios donde el control estatal es casi nulo o por lo menos muy bajo”, dice Clara Solano, directora de la Fundación Natura, quien agrega que se vive un escenario de “ilegalidad total”.

La escalada del conflicto armado es tan evidente que ha afectado directamente los proyectos científicos y de conservación de muchas organizaciones ambientales, como es el caso de Natura. “Se vive un retroceso en la seguridad y este año lo hemos vivido en los proyectos: cada vez hay más presencia de grupos ilegales, hacen llamados a no entrar en las regiones y sabemos que están ahí. Tienen cada vez mayor control territorial”, indica Solano.

De hecho, la exministra de Ambiente, Lena Estrada, al presentar el informe de la deforestación 2024 dijo que “los actores armados nos han frenado el trabajo con las comunidades y eso también se ve en estas cifras”.

Rodrigo Botero, director de la FCDS, resumió la grave situación en una columna publicada en agosto de este año: “El control que hoy ejercen los grupos armados no sólo se ve reflejado en la imposibilidad de la institucionalidad pública para hacer presencia, inversión o autoridad, sino en el avance de este nuevo modelo de colonización, proyección vial, desarrollo de asentamientos, uso de economías ilegales, reglamentación de la vida cotidiana y hasta definición de las normas sobre deforestación en las áreas y población que les interesa”.

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Lo alarmante: áreas protegidas amenazadas y un parque en riesgo de desaparecer

A la congresista Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, le preocupa la situación de las áreas protegidas, ya que, según comenta, hay un fuerte debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. Por ejemplo, menciona que en Chiribiquete hay invasiones, en La Macarena se han incrementado los procesos de transformación y ocupación ilegal y en el Parque Tayrona preocupa que predios que habían sido recuperados por la Nación estén volviendo a manos privadas.

“Nos preocupa la falta de respuesta del Gobierno nacional. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques. Las áreas protegidas son la base de nuestra política de biodiversidad y de mitigación del cambio climático y su deterioro pone en riesgo los compromisos internacionales del país”, afirma Miranda.

Según información publicada en el último informe de Parques Nacionales Cómo Vamos —una iniciativa de sociedad civil que monitorea, evalúa y comunica el estado de estas áreas protegidas—, la transformación más abrupta que ha sufrido el Sistema Nacional de Áreas protegidas (SINAP), a partir del 2016, ha sido en la región comprendida entre el Área de Manejo Especial de La Macarena (que abarca los parques Sierra de La Macarena, Tinigua, Cordillera de los Picachos y Sumapaz), el límite norte de la Reserva Natural Nacional Nukak y los parques Serranía de Chiribiquete y La Paya, donde ejerce control el Estado Mayor Central (EMC), conformado por frentes disidentes de las FARC que decidieron no acogerse al Acuerdo de Paz.

Las cifras son contundentes: “durante el periodo 2018-2023, cerca del 40 % de la deforestación nacional se concentró en las áreas protegidas”, dice el informe.

La situación es particularmente crítica en los parques Tinigua y Sierra de La Macarena, que entre 2013 y 2023 perdieron 38 286 hectáreas y 21 291 hectáreas respectivamente. El caso de Tinigua preocupa a los expertos consultados por Mongabay Latam porque casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy en día quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, resalta Clara Solano, y destaca que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, los expertos coinciden en que dentro de poco Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

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Lo crítico: territorios indígenas asediados por delitos

Los territorios étnicos en Colombia siguen siendo blanco de economías ilícitas, como la minería ilegal.

Pacha K´anchay, indígena yanakuna y secretario del Consejo de Sabios y Sabias de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), asegura que cada pueblo del país enfrenta una complejidad de conflictos diferente.

“En la Amazonía colombiana encuentras conflictos en torno a la contaminación de los ríos por las prácticas ilegales de extracción de oro. Eso está generando un impacto y ya lo vivimos en el río Caquetá, donde se han visto afectados pueblos indígenas como los miraña, los tikuna, los coreguaje y los murui muina”, comenta K’anchay, y agrega que en el departamento de Putumayo los pueblos inga y kamsá se encuentran en conflicto constante con los mecheros de la industria petrolera y su contaminación.

Por su parte, Eduin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y miembro de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, asegura que Colombia vive una focalización de violencia en territorios indígenas. “Las tierras indígenas siguen siendo de interés de los grupos armados para explotar el territorio y para utilizarlo como camino de sus rutas económicas y de poder ilegales”.

Capaz asegura que en este 2025 hay muchas deudas en términos de protección para los pueblos indígenas, de acción integral del Estado, cumplimiento de órdenes internacionales e incluso de órdenes judiciales nacionales, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En un reportaje publicado en mayo de 2025,  Mongabay Latam y Vorágine revelaron la lucha de la guardia indígena siona en Putumayo, un territorio donde la guerra los ha confinado en su propia selva y la siembra indiscriminada de minas antipersonal ha provocado desplazamientos masivos, restricciones de movilidad y la pérdida de su libertad ancestral. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, pero siete años después, sus líderes denuncian incumplimiento, militarización y amenazas persistentes en el territorio. Además, la comunidad Siona reclama la ampliación legal de su territorio ancestral —unas 52 000 hectáreas— como única garantía de supervivencia física, cultural y espiritual ante el abandono del Estado.

El departamento del Cauca es uno de los más afectados por los actores armados, pero también uno de los que cuenta con procesos organizativos indígenas más consolidados. Es por eso que a Capaz le preocupa especialmente lo que ocurre con pueblos indígenas en zonas rurales más remotas y de difícil acceso en Colombia, pues muchos de sus problemas “quedan invisibilizados”.

“Los gobiernos indígenas están resistiendo desde sus posibilidades y con lo que tienen, pero a veces es desbordante todo lo que encontramos en territorio”, dice Capaz y menciona que una muestra de esto se verá en el próximo informe sobre reclutamiento de menores de edad que publicará CRIC. El reporte da cuenta de más de 700 niños indígenas en el Cauca llevados a la fuerza a las filas de los grupos armados en los últimos tres años.

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Lo devastador: Colombia sigue siendo el país más letal para los defensores

Colombia lleva siete años consecutivos siendo el país con más defensores sociales y de derechos humanos asesinados en el mundo, según los informes globales de la organización Front Line Defenders. También lleva tres años seguidos siendo el país más letal para defensores ambientales, según los reportes de la organización Global Witness.

Los números muestran un panorama desesperanzador. En su informe 2024, Front Line Defenders reportó en el país 157 asesinatos de los 324 documentados en 32 países del mundo (48 %), superando por casi cinco veces a México, el país que le sigue con 32 asesinatos (10 %).

En el caso de los líderes ambientales, según Global Witness, Colombia ha acumulado 509 asesinatos entre 2012 y 2024. En 2023 rompió récord al registrar 79 defensores asesinados, la cifra anual más alta documentada. Aunque en 2024 la cifra disminuyó a 48 asesinatos, continuó liderando la lista internacional.

Nuevamente, la guerra entre grupos armados es uno de los factores que influye en esta tendencia. “El conflicto armado ha tenido un impacto devastador tanto para el medio ambiente como para los defensores y guardaparques que arriesgan su vida en los territorios. Hoy, amplias zonas de gran riqueza ambiental, como la Amazonía, la Serranía de San Lucas y el Pacífico, están bajo control de grupos armados ilegales. En muchos de esos lugares las entidades del Estado, como Parques Nacionales o las Corporaciones Autónomas Regionales, ni siquiera pueden ingresar”, asegura Julia Miranda.

La congresista comenta que eso significa que los ecosistemas más valiosos del país están quedando sin protección efectiva. “Y al mismo tiempo, los líderes comunitarios, guardaparques y miembros de organizaciones locales enfrentan amenazas constantes. Las cifras de asesinatos y ataques siguen siendo inaceptables, incluso después de que el Gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, que debería garantizar su protección”, señala.

Un líder social de Guaviare, que pidió la reserva de su nombre debido a los riesgos de seguridad en el departamento, le dijo a Mongabay Latam que en su territorio se vive una pugna entre dos disidencias de las FARC. “Hay mucha desaparición de líderes y otros están abandonando la región por amenazas. Les dan muy poco tiempo para abandonar la región y todos vivimos con temor. Nos convocan a reuniones y toca obedecer la orden, pero uno va con mucho miedo porque no sabe si va a volver a la casa”, dice.

El Programa Somos Defensores —que se articula con organizaciones locales y es una de principales proveedoras de información para organizaciones internacionales que trabajan con temas de derechos humanos— muestra en su informe del primer semestre de 2025 que la situación está lejos de mejorar y que se siguen repitiendo los mismos patrones de violencia, con un aumento en las amenazas, homicidios y desplazamientos. También destaca la repetición de respuestas gubernamentales que no abordan las causas de fondo de la crisis, manteniendo el entorno de impunidad y riesgo para los defensores y sus comunidades.

Astrid Torres, coordinadora de Somos Defensores, afirma que este 2025 ha sido un año muy cruento para las personas defensoras, “un año en el que se aumentaron, por lo menos hasta el primer semestre, un 20 % los asesinatos respecto al mismo periodo del año anterior y esa tendencia sigue muy vigente en el resto del año, aunque todavía no tenemos cifras consolidadas para el tercer trimestre”.

Entre enero y junio de 2025, la organización verificó 342 agresiones dirigidas contra 308 personas defensoras de derechos humanos, entre las cuales se contaron 78 asesinatos. Los departamentos que concentraron la mayoría de casos fueron Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %.

El liderazgo que reporta la mayoría de agresiones sigue siendo el indígena, que reúne el 28 % de los casos.

Eduin Mauricio Capaz asegura que en 2025 al menos 356 indígenas en Colombia han sufrido amenazas colectivas, amenazas individuales, atentados contra su integridad física o han sido víctimas de desaparición forzada, secuestro, asesinato, reclutamiento y otros tipos de agresiones y amenazas. “No hay un horizonte que muestre que esto vaya a terminar pronto. Esa es la preocupación que tenemos para lo que resta de 2025 y para 2026”.

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Lo positivo: Colombia asumió liderazgo en la diplomacia climática

La COP30, realizada entre el 10 y el 21 de noviembre en Brasil, pasó a la historia con algunas decepciones: no se lograron crear hojas de ruta para avanzar en el mandato de abandonar los combustibles fósiles, establecido dos años atrás en la conferencia de Dubái, y tampoco se avanzó en una iniciativa similar para revertir la deforestación.

A pesar de esto, Colombia tuvo un papel protagónico en la diplomacia climática internacional, pues lideró las voces de los países que, desde el inicio hasta el final, pidieron que el texto de las negociaciones incluyera referencias sobre abandonar los combustibles fósiles y transitar más rápido a otras formas de energía.

Daniela Durán, negociadora colombiana en la cumbre climática, dijo en la plenaria final —luego de que le negaran la palabra antes de aprobar los textos sobre mitigación y adaptación al cambio climático— que “la COP de la verdad no puede ignorar la ciencia”, en referencia a las palabras que había dado el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en su discurso de apertura de las negociaciones. “Según el IPCC [Intergovernmental Panel on Climate Change, integrado por científicos], aproximadamente el 75 % de las emisiones globales de carbono provienen de combustibles fósiles. No hay mitigación si no podemos debatir la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles, lo que implica implementarla de forma justa, ordenada y equitativa”, dijo Durán.

La representante colombiana agregó que “negar la mejor ciencia disponible no sólo pone el régimen climático en riesgo, sino nuestra propia existencia. Este es un consenso impuesto por el negacionismo climático”, dijo sobre los resultados de la COP30.

Colombia objetó los textos, pero como lo hizo después de que fueron aprobados por el presidente de la COP, su inconformismo quedó registrado en el texto pero no cambió el “consenso” al que se había llegado.

El Gobierno colombiano fue uno de los más firmes en el apoyo a organizaciones indígenas y de la sociedad civil que pedían abandonar los combustibles fósiles. La ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, dio entrevistas y ruedas de prensa donde dejó clara la postura climática asumida por el país e hizo varios anuncios.

Colombia declaró a la Amazonía como zona libre de gran minería e hidrocarburos, convirtiéndose en el primer país del bioma en hacerlo. “Lo hacemos no sólo como un acto de soberanía ambiental, sino como un llamado fraterno a los demás países que comparten el bioma amazónico, porque la Amazonía no conoce fronteras y su cuidado exige que caminemos juntos”, afirmó Vélez. Sin embargo, para que esto quede en firme debe pasar por varios procesos en la normativa interna del país.

El país también presentó la Declaración de Belém sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles, que consolida una alianza internacional para acelerar la salida del petróleo, el carbón y el gas, y que cuenta con la adhesión inicial de 24 países.

La declaración reconoce que la producción, el consumo, las licencias y los subsidios a los combustibles fósiles son incompatibles con la meta de limitar el calentamiento a 1.5 °C. Unido a este anuncio la ministra Vélez indicó que “el Gobierno de Colombia, en alianza con el Gobierno de los Países Bajos, anuncia hoy [21 de noviembre] la Primera Conferencia Internacional para la Eliminación Global de los Combustibles Fósiles. Esta conferencia se celebrará en Santa Marta, Colombia, los días 28 y 29 de abril de 2026”.

La ex ministra de Ambiente Susana Muhamad también figuró en la COP30 como una voz crítica, asegurando que es esencial reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en un 42 % para 2030, pero que es un objetivo no cumplido según las tendencias actuales. Muhamad denunció la fuerte influencia del lobby de los combustibles fósiles en las COP, lo que desvía las negociaciones climáticas.

Imagen principal: fragmentos de selva quemada al margen de la vía Calamar-Miraflores. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por Antonio Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El primer semestre de 2025 fue muy trágico para los defensores de derechos humanos en Colombia. Entre enero y junio de este año asesinaron a 78 activistas -una cada casi dos días y medio- y se registró un total de 342 agresiones individuales cometidas en contra de 308 defensores de derechos humanos. En algunos casos, varias personas fueron víctimas de más de un tipo de agresión en un mismo hecho.

Leer más: Se agudizan la violencia, la criminalización y la exclusión contra los defensores climáticos | INFORME

En relación con el mismo período de 2024, el total de agresiones registradas mostró una leve disminución del 3 % (diez hechos menos). Muchos de estos hechos de violencia tuvieron lugar en escenarios de crisis humanitaria que aparecieron o se agravaron durante el primer semestre de 2025.

Estas cifras salen del informe semestral del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH) del Programa Somos Defensores. Según estos datos, la cifra de asesinatos en este periodo (78) representa un preocupante incremento del 20 % en la violencia letal desplegada contra defensores colombianos respecto al primer semestre de 2024.

En el informe sobresalen los hechos ocurridos en el suroccidente de Colombia, que concentra el 46 % de los homicidios, y especialmente en la región de Nariño, que registró un incremento del 500 % en los asesinatos respecto al primer semestre de 2024, pese a albergar dos de los principales escenarios de diálogo entre el gobierno de Gustavo Petro y grupos armados en busca de la paz: los bloques Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

En los primeros seis meses de este año, también se registró un aumento del 6 % en los eventos de conflictividad social respecto al mismo periodo del año pasado. La Defensoría del Pueblo de Colombia registró 1834 sucesos de este tipo en 395 municipios y, además, identificó que “los mayores aumentos de un período a otro se observaron en conflictos por el incumplimiento del acuerdo para la finalización del conflicto armado”.

“En numerosos territorios donde las personas ejercieron el derecho a defender derechos, ocurrieron igualmente confrontaciones entre actores armados legales o ilegales que cometieron infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Ejemplo de ello son las restricciones a la movilidad, el desplazamiento forzado y el confinamiento”, dice parte del informe.

Astrid Torres, coordinadora de la ONG Programa Somos Defensores y miembro de la red de la organización internacional Global Witness, explicó a Mongabay Latam que el documento analiza también 175 amenazas, 30 desplazamientos forzados, 22 atentados y 14 desapariciones forzadas de defensores, entre otros hechos violentos dirigidos contra quienes defendieron derechos durante el primer semestre de este año.

Las regiones más violentas

Los departamentos que concentraron la mayoría de los casos siguen siendo el Cauca, con el 26 %, y Antioquia, con el 12 %. Le siguen Norte de Santander y Valle del Cauca, que, comparados con el primer semestre de 2024, tuvieron un incremento del 78 % y 114 %, respectivamente. Mientras que la ciudad de Bogotá concentró casi una décima parte de las agresiones registradas en todo el país y cada vez es un escenario más difícil para la defensa de derechos.

“Los liderazgos que concentran la mayoría de agresiones continúan siendo los mismos del semestre anterior y además conservan el mismo orden”, destacó Torres, quien enumeró las vulneraciones: primero están los defensores indígenas, que reúnen el 28 % de los casos registrados en el primer semestre de este año. Le sigue la defensa comunitaria con el 23 %, el comunal (urbano) con el 14 % y el campesino con el 8 %.

Luego se encuentran dos sectores que, comparados con los seis primeros meses de 2024, presentaron un incremento significativo: el sindical, que con 30 casos más aumentó en un 900 %, y el ambiental, que con 17 agresiones más tuvo un incremento del 31 %.

“En Colombia seguimos sin una política estatal y de emergencia efectiva capaz de proteger estos liderazgos que ya están advertidos y que también ya están en riesgo, esa es la complejidad”, cuestionó Torres.

Mongabay Latam no obtuvo una respuesta del Gobierno de Colombia para conocer su percepción sobre la violencia contra los defensores de ese país. Se envió un pedido de solicitud al Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.

La Corte Constitucional de Colombia concluyó la semana pasada que existen entidades públicas colombianas que vulneran los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la seguridad personal. Este tribunal analizó la tutela presentada por una líder indígena víctima de desplazamiento y amenazas y del homicidio de su cónyuge, ocurrido en 2024.

Leer más: Autonomías indígenas: una carrera de obstáculos y procesos engorrosos para los pueblos indígenas de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia

La Corte constató que, a pesar de los riesgos persistentes, la Unidad Nacional de Protección (UNP) modificó su esquema de protección reduciendo las medidas previamente otorgadas. La Corte consideró que la actuación administrativa careció de motivación suficiente y desconoció el enfoque diferencial de género y etnicidad que exige la jurisprudencia. En consecuencia, ordenó restablecer el esquema original e impartió instrucciones para reforzar la protección del núcleo familiar de la accionante.

Un segundo caso corresponde a un líder indígena que alegó amenazas de grupos armados por su trabajo comunitario. En su caso, la Corte declaró improcedente la acción de tutela por no haberse agotado los mecanismos ordinarios, aunque reiteró que la población defensora de derechos humanos requiere especial atención del Estado.

Actores desconocidos

El documento del Programa Somos Defensores también muestra que en la mayoría de los casos la presunta responsabilidad de las agresiones se continúa atribuyendo a autores desconocidos, que actuaron en el 40 % de los hechos. Les siguen los grupos post acuerdo de paz, con el 26 %. Luego están el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras paramilitares, con 12 % cada uno.

Con respecto a las mujeres defensoras de derechos humanos, en el primer semestre del año se dirigieron 83 agresiones en contra de 74 personas: la amenaza (con 53 hechos) fue la más recurrente, seguida de los asesinatos (con diez hechos), los desplazamientos forzados (ocho hechos), los atentados (seis hechos), la desaparición forzada (tres hechos) y los secuestros (tres hechos).

Este documento también detecta regiones donde las labores de los liderazgos se vieron directamente afectadas por escenarios de crisis humanitaria y la presencia de despliegue militar y grupos armados ilegales. En este último caso se muestra que continúa la confrontación armada y las disputas de control territorial, la degradación de métodos de guerra que afectan directamente a quienes ejercen liderazgos y un silencio de las agresiones cotidianas en territorios donde se han expandido y consolidado los grupos armados, como sucede con el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Desde el Programa Somos Defensores se manifiesta preocupación por la militarización de los territorios y los nexos denunciados entre la fuerza pública con grupos armados ilegales”, se afirma en el documento. Además, la organización presentó un análisis crítico sobre la fragmentación de la política de paz total del Gobierno nacional y las interrogantes que existen de cara al futuro, haciendo énfasis en los procesos que se están dando en Nariño y Catatumbo, dice el informe.

Mientras, la Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia, entidad encargada de la protección de los derechos humanos en ese país, reveló que en los primeros cinco meses del año hubo 81 asesinatos de personas defensoras y liderazgos sociales en el país. Estas cifras incluyen a defensores del ambiente, pero también a líderes políticos y miembros del Estado.

Esta entidad sostiene que para su registro contrasta información con organizaciones sociales y la Fiscalía General de la Nación. Para los primeros tres meses del año, la institución reportó 41 casos, cifra similar a la reportada por Somos Defensores.

“En Colombia, el ejercicio legítimo de la defensa de los derechos humanos sigue siendo un gran desafío, a pesar de los avances obtenidos en espacios como el Seminario Nacional de concertación de la Política Pública Integral de Garantías. Si bien allí se propició un espacio de diálogo con vocerías de todo el país, aún no hay medidas eficaces para preservar la vida de quienes ejercen el derecho a defender derechos humanos”, afirmó Juan Manuel Quinche, responsable del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (SIADDHH).

Imagen principal: la organización Programa Somos Defensores contabilizó 78 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante el primer semestre de 2025. Foto: cortesía Defensoría del Pueblo y la Naturaleza de Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

Leer más | En 2024 hubo al menos 120 asesinatos y desapariciones de personas defensoras ambientales en Latinoamérica | INFORME

El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

Leer más |“La gran preocupación que tenemos ahora es el incremento de la violencia y los territorios militarizados” | ENTREVISTA

El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Luis Misael Socarras Ipuana es líder Wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia, que históricamente ha vivido en la norteña Península de La Guajira. Sus territorios han sido constantemente amenazados por los conflictos armados, la degradación ambiental y la emergencia climática. Su testimonio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y servirá para que por primera vez un tribunal internacional se pronuncie por el impacto de esta crisis en la vida de las personas más vulnerables.

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“Hoy estamos en riesgo de ser extinguidos, de quedar siendo un pueblo indígena que pasa a la historia”, dice el representante de comunidades de La Gran Parada, cuyo testimonio fue uno de decenas presentados ante la Corte IDH. Este 3 de julio, el tribunal emitirá una opinión consultiva, una interpretación legal que ayuda a los países a cumplir sus obligaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta Opinión Consultiva, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, se ha realizado con un nivel de participación inédito, señala la Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), pues más de 280 organizaciones, comunidades indígenas, colectivos feministas, académicos y defensores ambientales participaron en siete audiencias regionales para compartir evidencia de cómo la crisis climática ya afecta derechos básicos como la salud, el agua, el territorio y la alimentación.

“La Corte Interamericana es un tribunal muy importante en la región. Lo que diga será vinculante y fortalecerá el marco jurídico que tiene que ver con las obligaciones de adaptación, mitigación, pérdidas y daños”, afirma Ávila ante la consulta de Mongabay Latam.

La especialista plantea que el nivel de participación histórico de este proceso es ya en sí mismo una victoria para las comunidades de Colombia, Chile y el mundo que ya enfrentan los impactos de la crisis climática, pues la opinión consultiva les dará herramientas legales para exigir derechos y mejorar los compromisos de sus respectivos países.

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De Colombia y Chile para el continente

Si bien este proceso legal fue solicitado por Colombia y Chile, la opinión consultiva que genera la Corte IDH tendrá alcance para todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además de representar obligaciones internacionales claras para los gobiernos, establecer estándares legales y guiar las resoluciones judiciales, también reconocerá que la emergencia climática afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres e infancias.

“Cuando hablamos de cambio climático no hablamos sólo de reducir emisiones, sino de un impacto en vidas concretas, en comunidades que están perdiendo la capacidad de sembrar, donde las temporadas de huracanes son más complicadas y el mar entra en sus casas”, señala Ávila sobre los impactos reales que suceden desde hace años en países de América Latina.

Entre las voces en los territorios que llegaron hasta la Corte IDH está Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo de mujeres indígenas que se ha organizado en defensa de su territorio y autodeterminación ante los megaproyectos de mineras de carbón, el desplazamiento forzado y los conflictos armados en La Guajira, al norte de Colombia.

Angélica Ortiz, integrante de esta agrupación sostiene que a su pueblo actualmente se le está borrando del mapa.

“Han desaparecido más de 27 comunidades étnicas y campesinas, más de 19 cuerpos de agua, pero también se han desviado y se han secado otros afluentes como son El Cequión, Arroyo la Chercha, fuentes de agua importante para los pueblos étnicos en La Guajira”, advierte.

Ortiz señala que las mujeres del pueblo Wayúu llegan a este proceso con afectaciones en la salud y hasta en la educación.

“Estamos defendiendo una pervivencia cultural, el derecho a permanecer en nuestro territorios, pero también con garantías para la vida”, sostiene.

A esta instancia también llegaron representantes del pueblo Kankuamo, al norte de Colombia, quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa.

Jaime Luis Arias, integrante del Cabildo del pueblo Kankuamo, advierte la destrucción de su hogar ancestral conocido como la Línea Negra, ante conflictos armados y socioambientales.

“Esto rompe el equilibrio natural y cultural afectando ríos, desapareciendo los nevados, desapareciendo manglares, desapareciendo los bosques secos tropicales y los corales marinos”, señala.

Para Arias, este proceso legal debe implicar medidas que vean al territorio como “un cuerpo vivo, como una madre” y que contribuyan a preservar los conocimientos de los pueblos que ahí habitan.

En la opinión consultiva no solo están las voces de pueblos indígenas, también de sectores históricamente invisibilizados. Yoko Ruiz, integrante de la Liga de Salud Trans, advierte que los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o la sequía, impactan de forma diferenciada a este sector de la población en Colombia, principalmente en zonas rurales.

“Cuando pasan catástrofes climáticas, la carestía de los alimentos es exagerada, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la exposición a los elementos hace que nos enfermemos muchísimo más y que estemos más vulnerables”, señala.

Ruiz advierte que los efectos de la emergencia climática se ven reflejados en la violencia contra la comunidad trans y no binaria, principalmente en el derecho a la salud.

“Solemos ser maltratadas por los equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de salud y la atención de las personas trans es precaria todo el tiempo”, afirma.

En el caso de Chile, plataformas de litigio climático también han acompañado a comunidades impactadas por la degradación ambiental. Un ejemplo es el del Movimiento de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), un agrupación en defensa del territorio y la salud de las personas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, que actuó ante la contaminación industrial en esta zona costera ubicada en la provincia de Valparaíso.

“Nosotros somos una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de mi país. Eso quiere decir que tenemos contaminados los suelos, el agua salada y dulce, el aire y el fondo marino”, sostiene Katta Alonso, fundadora de Muzosare, que también se integró al acompañamiento por una opinión consultiva de la Corte IDH.

Para Alonso, este proceso es importante para lograr que el Estado chileno se haga cargo de terminar con las llamadas zonas de sacrificio, en donde los territorios son utilizados por industrias para el beneficio económico, pese a los impactos ambientales que puedan generar.

“Para saber qué respiramos, para que nuestros niños puedan nacer sanos tienen que fiscalizar a cada una de las empresas, saber qué emiten, hacer la sinergia y de ahí tomar las medidas pertinentes”, señala Alonso.

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El papel de las empresas

Las voces de estas comunidades también quedaron registradas en la Declaración de Manaos, un documento entregado a la Corte IDH en agosto de 2024 como parte de las audiencia para la opinión consultiva que no solo pide aclarar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, sino también en reforzar la vigilancia y regulación en empresas y actores financieros mayormente responsables de los efectos de la crisis climática.

Ávila explica que la opinión consultiva de la Corte IDH establecerá criterios jurídicos obligatorios para que los gobiernos regulen las acciones tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

“El efecto más importante que van a tener estas decisiones tienen que ver con la forma en la que el Estado debe empezar a regular a los agentes públicos y privados para que no generen impactos en derechos humanos”, sostiene.

Sin embargo, también advierte que la Corte puede aclarar y fortalecer los deberes de empresas e industria ya establecidas en el derecho internacional.

“Las empresas de combustibles fósiles, las altas contaminantes, las empresas mismas que desarrollan extracción de minerales de transición tienen que adecuar sus comportamientos, normativas y regulaciones a los parámetros que establecen las leyes que también involucran al derecho internacional”, explica.

Ávila sostiene que la opinión consultiva de la Corte IDH va a propiciar nuevos escenarios de litigio en el mundo sobre emergencia climática y advierte que esto implica fortalecer las obligaciones de los países sustentadas en tratados internacionales.

“Nosotros trabajamos en litigio climático con comunidades ante organismos multilaterales y en todos estos escenarios vamos a utilizar la opinión consultiva para fortalecer nuestra capacidad de abogar por el clima estable, la protección de los derechos humanos y por un futuro sostenible”, aclara la abogada.

En esto coincide el representante del pueblo Wayúu Misael Socarras, quien sostiene que su movilización seguirá y se articulará con los grupos más perjudicados en la emergencia climática.

“Nuestra lucha es ambiental para que podamos dejarle a la nueva generación algo mejor de lo que hoy estamos viviendo”, afirma.

Imagen principal: ante el planteo de pueblos indígenas y colectivos de la sociedad civil, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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