El Decreto 1279 estimuló la investigación al reconocer puntos salariales adicionales por publicaciones académicas. Sin embargo, trasladó a las universidades públicas la responsabilidad de financiar estos incrementos sin que fueran incluidos en sus presupuestos, lo que produjo un efecto perverso: por un lado, las universidades promueven proyectos de investigación y publicaciones de alto impacto para mejorar sus indicadores de calidad; por otro, deben afrontar la presión de destinar una parte creciente de sus recursos a cubrir salarios superiores a los aumentos autorizados por el gobierno. Se trata de una disposición que, aunque beneficiosa para los profesores, no fue acompañada de una política estatal que asumiera los costos adicionales, dejando a las instituciones con una carga financiera que se acumula año tras año.

El problema se agrava porque los estímulos económicos se incorporan a la base salarial, generando un sistema sin techo. Así, un profesor puede incrementar indefinidamente su salario en función de sus publicaciones, lo que ha producido desigualdades notorias: algunos alcanzan remuneraciones superiores a los cuarenta millones mensuales, mientras otros, de igual categoría y dedicación, apenas superan los seis millones. Este mecanismo ha desestimulado la labor docente y ha privilegiado la investigación como medio de mejorar el salario, relegando el reconocimiento al buen maestro y a quienes se dedican principalmente a la enseñanza. Los estímulos a la docencia o a la dirección de tesis resultan ínfimos frente a los otorgados a la publicación.

El Decreto 1279 requiere, por tanto, una revisión inmediata que corrija estos defectos. Una modificación sencilla y razonable consistiría en establecer un tope anual para los puntos salariales derivados de publicaciones, de modo que el exceso se reconozca como bonificación única y no como incremento permanente. Este ajuste disminuiría la carga presupuestal de las universidades y, al mismo tiempo, incentivaría a los profesores a mantener una producción académica constante para obtener nuevas bonificaciones cada año. Se lograría así un equilibrio entre la sostenibilidad financiera y el estímulo a la investigación.

Las medidas impopulares suelen ser evitadas por los gobiernos, pero existen decisiones razonables que no implican un costo político significativo. Un ejemplo reciente es la imposición de un tope a las pensiones. En el caso que nos ocupa, sería igualmente bien recibida la fijación de un límite a los salarios del sector público: ningún servidor debería percibir una remuneración superior a la del presidente de la República.

@MantillaIgnacio