El Gobierno ordenó retirar más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, entre ellas objetos relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión se inscribe en la llamada «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente, empeñado en restaurar unos valores tradicionales que, a juzgar por sus primeras decisiones, parecen necesitar para sobrevivir que desaparezca todo aquello que los contradiga.

Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que este gobierno de ultraderecha, que no pierde oportunidad para denunciar los males del comunismo, haya terminado protagonizando una escena que recuerda ciertos procedimientos de la Unión Soviética de Stalin. Uno habría esperado que sus asesores, tan aficionados a la defensa de la libertad y tan dispuestos a señalar los errores de la izquierda, conocieran al menos la historia de los regímenes que tanto invocan para asustarnos. Pero acaso pedirles que lean antes de censurar sea una forma excesiva de optimismo.

Stalin tenía una costumbre extraordinaria: cuando uno de sus antiguos compañeros caía en desgracia, no siempre le bastaba con encarcelarlo o mandarlo ejecutar. También había que borrarlo de las fotografías. Nikolái Yezhov, uno de los responsables del aparato represivo soviético, apareció junto a Stalin en una imagen tomada a orillas del canal Moscú-Volga. Después de su detención y ejecución, su figura desapareció de las versiones oficiales. Los retocadores reconstruyeron el paisaje para que el antiguo funcionario dejara de existir incluso en aquella fotografía. David King reunió estos y otros ejemplos en The Commissar Vanishes, un libro que documenta la falsificación de imágenes durante el estalinismo.

El procedimiento tenía una lógica impecable, si uno acepta la lógica de los tiranos: si alguien ha dejado de ser útil para el poder, tampoco merece haber formado parte de su historia. La fotografía, que debería servir como testimonio de lo ocurrido, se convierte entonces en una declaración de lo que el gobernante desea que haya ocurrido. El pasado deja de ser un territorio que se investiga y pasa a ser una propiedad privada del Estado.

Nuestro miserable Stalin criollo tiene una curiosa manera de combatir el comunismo: imitando, en materia de memoria, algunos de los procedimientos que tanto dice aborrecer. El abogado que llegó al poder después de construir una trayectoria profesional ligada a la defensa de los mafiosos y paramilitares en Colombia pretende ahora enseñarnos qué partes de nuestra historia merecen permanecer a la vista. Su cruzada contra la izquierda parece haberlo conducido a una paradoja que quizá no advierta: mientras denuncia el fantasma comunista, se arroga la facultad de corregir el pasado desde el poder. Stalin mandaba borrar de las fotografías a quienes habían dejado de convenirle; nuestro aprendiz de censor descuelga piezas que incomodan a su proyecto ideológico. No hace falta convertir la historia soviética en una caricatura para reconocer la ironía: quien dice combatir una tradición política termina recurriendo a mecanismos de exclusión que recuerdan algunos de sus episodios más conocidos. Y es que el autoritarismo, a diferencia de lo que creen sus devotos, no necesita declararse comunista o, como es el caso de Colombia, fascista, para querer decidir qué puede recordar una sociedad.

El argumento oficial habla de combatir la apología del terrorismo. Pero mostrar una pieza sobre Carlos Pizarro no equivale a justificar los crímenes del M-19; exhibir documentos sobre el Acuerdo de Paz no obliga a compartir todas las decisiones de quienes lo firmaron; conservar materiales sobre las luchas feministas o la diversidad sexual no convierte al museo en una organización militante. Un museo no es una tribuna que obliga al visitante a obedecer una doctrina. Es, precisamente, el lugar donde los objetos, los documentos y las interpretaciones deben ponerse a disposición del público para que este pueda examinar una historia compleja y, cuando sea necesario, discutirla.

Por eso importa tanto la autonomía curatorial. Las exposiciones permanentes del Museo Nacional fueron resultado de años de investigación y de un esfuerzo por incorporar experiencias que durante mucho tiempo quedaron relegadas a los márgenes del relato nacional. Retirar piezas sin presentar un nuevo guion curatorial conocido no constituye una revisión histórica rigurosa. Es, cuando menos, una intervención política cuya justificación merece ser examinada públicamente. Los museos de arte moderno que protestaron contra la medida tienen razón al reclamar que ningún gobierno convierta sus preferencias ideológicas en criterios para decidir qué puede ver la ciudadanía.

La ironía final es que los censores suelen sobreestimar su poder y subestimar la inteligencia de quienes los observan. Las paredes vacías del Museo Nacional no han conseguido borrar las luchas feministas, las vidas de las personas LGBTIQ+, los asesinatos políticos ni el proceso de paz. Por el contrario, han suscitado preguntas sobre lo que falta y sobre las razones de esa ausencia. El espacio vacío, que debía silenciar una historia incómoda, termina revelando la voluntad de silenciarla.

Quizá nuestro miserable Stalin debería aprender algo de aquel Stalin al que tanto se parece en sus pretensiones: ni siquiera el poder de un Estado puede garantizar que el pasado obedezca para siempre. Las fotografías sobreviven en los archivos; los documentos reaparecen; los testigos hablan; las generaciones siguientes descubren las huellas de aquello que se quiso borrar.

Y las paredes, tarde o temprano, vuelven a llenarse.

Albeiro Guiral
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