Aunque la paz es un derecho, y por lo tanto es un deber del Estado garantizarla, en Colombia todos menos el presidente nos habíamos dado cuenta que desde hace meses la intención del ELN era entretener la opinión pública y las miradas mientras que fortalecían su brazo financiero y armado.

Esto supone ahora un problema muy serio, puesto que la tarea de organizar las Fuerzas Armadas no es de ‘soplar y hacer botellas’. Es necesario verificar las capacidades tácticas y tecnológicas del ejército, fuerza aérea, armada y policía. En este blog no vamos a hablar de eso, pero vale la pena mencionar que este gobierno ha dilatado peligrosamente la decisión de la renovación de la flota super sónica (reemplazo de los KFir), así como la renovación de las Fragatas (Construcción de las Plataformas Estrategicas de Superficie), ambas columnas vertebrales de la defensa y seguridad nacional.

Retomando, así como él fue el único que no se dio cuenta del actuar del ELN, es necesario que el presidente salga de su urna de Cristal, en el que es un líder mundial que vencerá, él solito, al cambio climático, las petroleras y renovará la industria agropecuaria.

Bueno sería que el señor presidente ahora volteara a mirar cada una de las carteras que tiene a su cargo y se empiece a dar cuenta de las fallas en las que se han dejado dar largas y no se han dado soluciones de fondo.

Los casos de corrupción son alarmantes. Mientras el 60% de la población del país se encuentra en la pobreza o en riesgo de caer, no puede pasar que se roben plata en el gobierno que prometió trabajar por los pobres. Se requiere mano dura y agilizar los procedimientos para juzgar a los culpables, recuperar el dinero y entregarlo a quienes si lo necesitan.

La economía del país está en una no oficial recesión. Esto significa que los estímulos tienen que llegar para aumentar la producción, que aumentará el recaudo y que evitaría así una nueva reforma tributaria (aunque la quieran llamar ley de financiamiento). Es necesario hacer un recorte, ser austeros, ajustarse el cinturón y proceder a trabajar con consciencia y evitar que los impuestos hundan a la económica colombiana. Vale la pena decir que la inflación actualmente la está cediendo por la buena gestión del Banco de la República, no por la gestión del gobierno nacional.

En cuanto a las reformas, lo primero que debería hacerse es centrarse en la ejecución de la Reforma Rural. Fue de las primeras logradas, hace parte del mandato del Acuerdo de Paz con las FARC y es parte del plan de gobierno del Presidente, pero parece que al sector Agricultura le da miedo ejecutar. La ciudadanía no va a confiar en las reformas mientras que las que ya han salido no se ejecuten y no demuestren su potencial benéfico.

Y, aunque acá podríamos continuar un buen rato, lo importante es que el Presidente se dé cuenta de estas situaciones al interior de la administración y que no vuelva a pasar que todos sabemos qué está pasando, menos él.

Voté por Claudia López para alcaldesa de Bogotá. Prometo comportarme en adelante. Verán por qué.

No es sino que estalle un nuevo escándalo para saber de qué lado están ciertos medios de comunicación y los propios políticos que en materia de oportunismo son campeones. Uno creería que la prensa está siempre del lado de los ciudadanos para informarlos con objetividad, sin meter las manos en las brasas por los poderosos a los que debe vigilar, y los políticos asumiendo la responsabilidad compartida que les cabe como miembros de un partido, y no en la desbandada del sálvese quien pueda.

No se habla de nada distinto a otra gran estafa made in Colombia: la presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres (UNGRD) por la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Nos despertamos el domingo con el titular justiciero de la revista Semana: “El gobierno Petro los compró”. O sea, sin que la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía hayan fallado todavía, ya esa revista resolvió el caso con cinco palabras en su tapa. Por poco y titulan: “Gobierno Petro los corrompió”.

La analista de medios María Teresa Herrán hizo dos observaciones desapasionadas sobre un comportamiento que se volvió repetitivo en la revista de los Gilinski que dirige Vicky Dávila.

“… Semana acusa ambiguamente al “Gobierno Petro” de un delito no comprobado, lo que se ha vuelto costumbre de ciertos medios, que solo los desprestigia, aunque no se configura (en este caso de Semana para el medio y su directora) el delito de calumnia por su carácter general”. (…) “Es cierto que las acusaciones son comprobadas (pero “como acusaciones”, pues los ex funcionarios del caso analizado se defienden atacando)”.

El editorial de El Espectador se pronunció con vehemencia sin ser juez: “El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo lo correcto al pedir la renuncia de piezas claves dentro de su administración que podrían estar involucradas, pero la responsabilidad política del Gobierno no puede terminar allí”.

Vayamos a otra orilla. Decir como dice Juanita León, la dueña del portal La Silla Vacía, que el Partido Alianza Verde “ha sido capturado por el petrismo” es tanto como asegurar que el presidente les puso un revólver en la cabeza a ciertas figuras de esa colectividad para que formaran parte del gobierno.

Pobrecitos: los políticos nacen buenos y el Petrismo los corrompe. Como si fueran el Chapulín Colorado de la política, otros se aprovechan de su nobleza pero no contábamos con su astucia, como si un Iván Name llevara apenas horas -y no 34 años- haciendo proselitismo: empezó en 1980 cuando fue diputado del Partido Liberal por Cundinamarca (siendo barranquillero él). Si el dato sirve de algo, Gustavo Petro está activo desde 1990.

Ay, Juanita bonita, que llevas lustros ejerciendo el periodismo político, se te olvida que la política es producto de coaliciones y que no por nada el susodicho partido tiene la palabra “Alianza” en la mitad de su nombre.  Apostarle a Dios y al Diablo al mismo tiempo se volvió costumbre en Colombia.

¿Y si fuera al revés? ¿Un gobierno capturado por la clase política tradicional?

Verde que (ya no) te quiero verde

Los “verdes” nacieron en 2005 prometiendo luchar contra los rateros del erario y hoy el escándalo por posible corrupción les estalló literalmente en las manos untadas, si se les comprueba. Sin saber cuántas fichas podrían caer, tres de sus figuras están en la picota pública, -no en La Picota-, inocentes hasta que se demuestre lo contrario: Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Román González; el primero presidente del Congreso y un férreo opositor a las reformas del presidente Petro; ella Consejera Presidencial para las Regiones, a quien le tocó renunciar,  y el tercero es la cabeza del mencionado partido. La llegada de Iván Name a la presidencia del Senado fue resultado de los acuerdos que suelen hacerse cada 20 de julio para la elección de las mesas directivas del Congreso de la República.

Lamentable que los tres personajes pertenezcan al mismo partido que en 2018 lideró la llamada Consulta popular anticorrupción, a la cual le faltaron escasos doscientos mil y pico de votos para los 12 millones que se necesitaban para ser Ley. (Ese día los políticos debieron celebrar con champán).

Se entiende entonces que rapidito Claudia López haya saltado en paracaídas desde ese avión fallando, lo mismo que Antanas Mockus, “cofundador y ex candidato presidencial de la Alianza Verde en 2010, máximo exponente de la ética y la cultura ciudadana en el país”, a quien yo daba por jubilado de las lides políticas.  

No sé ustedes, pero para mí la aspiración presidencial de Claudia López saldrá herida; ella lo sabe, y lo confirma al despojarse del traje “verde”. Queda mal parada y en adelante muy seguramente se dedicará a renegar de aquel que le sirvió de paraguas (“si te vi no me acuerdo”) para que nada trunque su pasito tun tun hacia la Casa de Nariño, mientras encuentra un nuevo color que le siente bien a su candidatura.

La tendrá difícil porque sus contendores le refregarán el pasado reciente del partido en su cara de estudiante aplicada de Harvard. ¿Hizo lo correcto al abandonar el nido que la llevó a la alcaldía de Bogotá en 2020? Creo que se equivocó: aceleró sin encender…  y sin imaginarse que sería llamada por la Fiscalía para responder por presunta corrupción en el Metro de Bogotá. ¿Perdimos a la investigadora tesa de la parapolítica para quedarnos con una política más de lo mismo?

El asunto de pensar como hombre y mujer a la vez puede que termine por causarle más problemas que beneficios a la hora de jugar sus cartas; en una sociedad enferma de machismo tendrá que sortear el hecho de ser una mujer por encima del de ser una admirable mujer lesbiana.

Debió izar las banderas del partido, solicitar la purga y llevar el episodio hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, que es la otra frasecita que repiten hasta el cansancio en este país, usada con cinismo por una oposición que se cree con el derecho a tirar la primera piedra. Porque si alguien sabe sacarle punta a cada escándalo político en este país, son los propios políticos. ¡Vaya paradoja! Por mera sospecha, los presidentes de ambas Cámaras deberían ser separados de sus cargos, y así cada funcionario del gobierno que esté señalado.

A menos de dos años de las elecciones presidenciales, los demás partidos se asegurarán una buena pesca en el río revuelto, ondearán el eslogan de la decencia y ya deben estar engendrando, a puerta cerrada, otro partido anticorrupción: uno que abrigue a la candidata López.  

Doctora Claudia: Por si le sirve de consuelo, existe una amplia gama de verdes para armar rancho aparte: verde petróleo, cerceta, huevo de pato, aguamarina, esmeralda, pino, menta, pasto, manzana, pistacho, lima, limón, musgo, oliva o aceituna, suculenta, safari o militar…

Cada escándalo me conduce a la misma pregunta: ¿Con qué cara transitan los políticos por los ascensores de sus edificios? Pa’mí que deben vivir en penthouses con elevador privado para evitar vergüenzas. Se podrían vestir de sotana si quieren, pues al final no son distintos a esos curas que predican sin aplicar.

No hay manera fácil de acabar con la corrupción, a no ser que revivamos nuestra historia: hace exactamente 200 años (1824), Simón Bolívar decretó la pena capital para los responsables de la robadera estatal en las cinco naciones liberadas.

Gabriel García Márquez lo cuenta en “El general en su laberinto” (Página 192): “Era tan riguroso en el manejo de los dineros públicos que no conseguía volver sobre este asunto sin perder los estribos. Siendo presidente había decretado la pena de muerte para todo empleado oficial que malversara o se robara más de diez pesos”.

¿De diez pesos en adelante? ¿Serán esas las justas proporciones a las que aludió el ex presidente Turbay Ayala para reducir la corrupción?

En el mismo Decreto, emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima, se lee: “Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

Como la Constitución del 91 prohíbe hoy la pena de muerte en su artículo 11, nos queda la esperanza de la “muerte política” para esos servidores públicos que se sirven de nuestros recursos y que se les obligue a devolvernos hasta el último peso. No es justo que el único castigo posible por delitos contra la administración pública (como el peculado) sea el de convertir en disfuncionarios a funcionarios malandros vestidos de etiqueta. De poco sirve la cárcel si cumplida la pena vuelven como el perro al vómito.

Al cierre de esta columna converso con un amigo:

—¡Qué les corten las manos!

—¡Capaz que usan los pies!

Imagen tomada de www.mundialmedios.com

La historia que te traigo hoy no podrías entenderla sin antes tener claro estos dos actores que ya he mencionado en entradas anteriores: La Universidad en el Aire -por un lado- y por el otro, el rector sin título, cuyo protagonista hoy se transforma un poco para darle sentido a este blog, llamado: ‘El exgobernador sin PhD’.

Si te da mucha pereza leer sobre la ‘Universidad en el Aire de Santa Marta’, te resumo que esta fue una universidad de papel creada por Carlos Caicedo Omar, en la que se gastaron $500 millones de pesos en pocos meses y a punta de sueldos de corbata, pues la universidad ni siquiera funcionaba cuando ya le estaba metiendo al presupuesto la pendejada de 8 mil millones de pesos. Todo esto sin tener ni un solo estudiante inscrito, ni tampoco carrera alguna aprobada.

Pues bien, precisamente con esos mismos recursos que le metieron a la universidad de papel, el 2 de noviembre de 2023, la entonces alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson -subordinada de los designios de Carlos- ordenó que se firmaran los nombramientos de varios profesionales universitarios para que ‘trabajaran’ en esta universidad.

Digo que ‘trabajaran’ -así, con comillas simples- porque varios de estos profesionales universitarios tenían una tarea muy particular, que nada tenía que ver con el rol de la universidad: la misión, encomendada por el mismísimo Carlos Caicedo Omar, era la de redactar la que sería la tesis de un doctorado que el señor don Carlos Caicedo realiza en España. ¡Sí, así como lo lees!

Fue así como el rector de la Universidad en el aire, Hugo Paternina Espinosa, pensando en congraciarse con el exgobernador -pero a la vez encontrarle justificación al sueldo de los profesionales por la tarea ‘extrauniversitaria’- se le ocurrió una idea que terminó convirtiéndosele en un búmerang: crear el Centro de Estudios sobre Autonomía, Descentralización y Federalismo.

¡Para desgracia del rector!, el nombre que le puso al centro de estudios académico fue prácticamente el mismo que presentó Caicedo para su tesis doctoral, llamada ‘Federalismo y Autonomía Territorial en Colombia’: ¡qué desfachatez!

Por supuesto que, para Carlos Caicedo, la decisión de nombrar de esa manera el centro de estudios, lejos de ser un acto lambón que le gustaría, le dio mucha ira, pues -con justa razón- esto daría para que cualquier persona se enterara e hiciera la conexión en algún momento de que el centro de estudios (con el nombre de su tesis) era preexistente al trabajo que él presentaría, lo que abriría las puertas al evidente plagio.

Enojadísimo por lo sucedido, el exgobernador Caicedo ordenó a Virna Johnson a que citaran a todas las personas involucradas con la tesis y, en presencia de la directora jurídica de la Alcaldía de Santa Marta, les exigiera la renuncia a sus cargos, cuando estos ni siquiera llevaban un mes de haber sido nombrados.

Pero los trabajadores -ahora llamados al paredón del fusilamiento- no eran tan brutos como para renunciar a un cargo de nombramiento de planta con la semejante situación política que se estaba presentando en noviembre de 2023, pues ya Carlos Pinedo Cuello había sido oficialmente elegido alcalde de Santa Marta. ¡Carlos Caicedo ya no tenía el poder!

Impotente y con mucha rabia, Caicedo entonces ordenó a Virna Johnson a que demandara los actos de nombramientos de estas personas, menos de 50 días después de que estos habían sido nombrados. Efectivamente, así sucedió: el 19 de diciembre de 2023, corriendo y a las patadas, la efe jurídica de la Alcaldía, Bertha Lorean Vizcaíno Linero, radicó las respectivas demandas de nulidad de los actos administrativos, en una serie de recursos que -fueron hechos tan a la machota- que el Tribunal Administrativo del Magdalena los descartó por no haber cumplido con requisitos mínimos para su radicación. ¡Todo por salir corriendo ante la ira de Caicedo!

El fondo de esta historia -opino yo- radica en que este es un ejemplo más que muestra las conductas repetitivas de Carlos Caicedo Omar, las de un hombre que llegó a la Universidad del Magdalena sin título profesional, y que por eso fue objeto de burla por los estudiantes de los años 90, quienes llevaron hasta la sede de la Gobernación del Magdalena (cuyo gobernador de entonces, Jorge Caballero Caballero lo había nombrado) para evidenciar que la universidad era ‘dirigida’ por un ‘burro’.  (Si no me crees, lee la historia aquí).

En esa época, Carlos Caicedo fue denunciado por el estudiante de Economía Hugo Maduro ante el Procurador General de la Nación de entonces, hecho que llevó a una suspensión de su cargo que, tristemente, solo fue de 5 días y que disfrazaron como si fueran unas vacaciones. Maduro -en hechos que hasta la fecha no conocen la verdad jurídica de por qué sucedieron- fue asesinado a bala en medio de la época negra en la que el paramilitarismo se tomó las universidades públicas del país a sangre y fuego.

Ese fue el mismo Caicedo que -pese a haber pasado años en el monte alzado en armas, en la ilegalidad, y de tener ocupaciones en cargos públicos que le demandaban tiempo y presencia, sacó de repente un título que lo acreditó como abogado de la Universidad Nacional, sin que en esta universidad los propios estudiantes de su promoción lo recuerden.

Sin duda alguna un rector sin título y – todo parece indicar- que será también un exgobernador sin tesis ni PhD.

¡Y así, de segurito lo volveremos a elegir!

Porque así somos.

Pongámosle un TOQUE más de RITMO, casi casi como el que pasó por los días de ahora…

Y si del instante de ARREGLARNOS para el MUNDO actual, pasamos a una REALIDAD que genera parte de la PROBLEMÁTICA ambientalista sociocultural, que desde el NO es más CIEGO que aquel que NO quiere VER…
En todas partes de un PLANETA TIERRA que busca ser ARROPADO; no por la cantidad de ROPA que le dejemos creando temas como este…

Sin RASGARSE las vestiduras… pero si no pensamos que SEGUNDA vida le podemos DAR a muchas prendas…para que compramos MAS… mira que está ocurriendo HOY…contado de manera DESGARRADORA…

Será que NO INCOMODA..?
PENSEMOS y ACTUEMOS…!

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CONTINUARÁ…

CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

La época de Navidad y Fin de Año es de las fiestas más lindas para todos los colombianos, pero en especial, para los funcionarios. ¡No por los villancicos, los buñuelos y la natilla!, sino porque en esos días de recogimiento y reencuentro, estos administradores de lo público afinan la muñeca para firmar cuanto papel les permita liberar los recursos públicos, que se pierden en la maraña de contratistas que, a la hora de contratar, ¡resultan especialistas en todo!

Así pasó el 26 de diciembre de 2023, apenas cinco días antes de que el caicedismo tuviera que bajarse de un bus que ocupó por 12 años, en el que se beneficiaron del ‘tape-tape’ que implica el arroparse con la misma cobija.

Aquel martes, mientras la ciudad se quitaba el velo navideño, la entonces secretaria general de la Alcaldía de Santa Marta, Hilda Borja, firmaba un contrato de $247 millones de pesos con un objeto que resultó tan obvio, que generó intriga: ¿estructurar el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del distrito de Santa Marta?.

Es decir: la secretaria contrató todo ese billete para que el beneficiario le dijera cuáles eran los bienes de la Alcaldía, cuando justamente de eso es de lo que trata su cargo. ¡Todo eso a menos de una semana de finalizar!

Pa que me sigan el hilo: es como si la señora que vende tintos pagara un billete para que le explicaran cómo se filtra el café; como si la que hace arepa de huevos pagara para que le enseñaran a fritar, o como si un político corrupto pagara para que le enseñaran a robar ¿Si pillan?

Por muy estúpido que parezca, así se hizo: el 26 de diciembre de 2023, a las 5:00 p.m. (tal como quedó en el sistema de contratación), la Fundación por un vivir mejor (¡sí, así las nombran!), representada legalmente por Maritza Ester Rivero Zuleta firmó el contrato y, contra todo pronóstico, pues los estudios previos para esta contratación determinaban que los pagos deberían hacerse en 3 partes, de acuerdo al desarrollo del cronograma (pueden ver acá), la contratista recibió el pago del total del contrato… ¡Sorpréndanse!… ¡Apenas 3 horas después de firmar el contrato!.

Sí, ¡así como lo leen! Eso fue firmando y coronando. $247 millones 200 mil pesos de los samarios fueron desembolsados el mismo 26 de diciembre a las 8:04 de la noche a través de un pago electrónico.

El beneficiario del contrato es una fundación que ni siquiera es de Santa Marta, sino de Valledupar, cuya sede está ubicada en la carrera 13 # 9ª – 57, de un barrio residencial donde no operan fundaciones.

¡Eso sí! Si es por experiencia, esta fundación -que según su red de Instagram se dedica a ayudar a la niñez en situación de indigencia– tiene toda la versatilidad del mundo, pues gracias a unas cuantas entidades territoriales que se matricularon con la fundación ‘sin ánimo de lucro’, esta puede decir que ha invertido cientos de millones de pesos en temas tan distintos como “preparar plan de acciones de salud” (mira aquí), “atender adultos mayores” (revisa aquí), “implementar el PAE” (clic aquí) y hasta para “organizar reinados” (píllalo aquí), todo esto en Alcaldías de municipios pequeños.

Y si lo que les cuento les parece poco, les agrego una coincidencia más: Ese 26 de diciembre ese mismo contratista recibía un contrato el doble de grande (646 millones de pesos), aunque con un objeto distinto (administrar bibliotecas), adjudicado, ¿adivinan por quién? por la Gobernación del Magdalena.

No sé ustedes, pero al encontrarme con estas perlas es que termino opinando que a veces los políticos nos quieren ver la cara de pendejos.

Da lástima que ante esta gran cantidad de recursos a su alcance, los políticos, en vez de servirle a su comunidad y de tener una vocación de servicio, se les despepitan los sentidos pensando de qué manera es que mejor pueden malgastarse los recursos.

¡Más de 800 millones en un abrir y cerrar de ojos! ¿Coincidencia o concierto para raspar la olla?

Piensa mal y acertarás.

Una mirada apenas aguda puede reconocerlos: unos más jóvenes que otros, algunos de ellos con títulos y nombres divinamente, ya adoptados por las élites, pero todos con la misma mirada nerviosa, la misma inseguridad de sus rabos de paja. Son cautelosos, pero logran hacer maniobras para comprar Fiscalías. Viajan en asientos privilegiados, tratando de disimular operaciones y rellenos, ostentan conocimientos en financias mundiales, posan de empresarios o integrantes de alguna Unidad de Trabajo Lícito (UTL), pero fallan al disimular.

Pero todavía hay algunos que conservan huellas de la era estridente de los carteles. Me crucé con uno en algún aeropuerto, en una de esas caravanas parsimoniosas de emigración en las que unos agentes escanean, otros controlan, otros verifican la validez de los pasaportes y otros conducen a los menos afortunados a las salas aisladas de Alerta Aeropuerto. Me generó un asco que no sentía hace años. No tuve la calma para expresarle mi aversión, o asumir la vocería de una generación que creció entre bombas, secuestros y las esperanzas que generaba una gran Constitución.

El hombre llevaba por lo menos una cabeza de altura, aunque una jiba le empieza a pegar el mentón a un pecho cansado. Tendría unos cincuenta años. Se ocultaba bajo una gorra cualquiera y se había dejado crecer la barba canosa siguiendo la tendencia del que se quiere venderse como leñador. Tenía los brazos descubiertos.

Yo, que algo sé de las imágenes icónicas de Colombia, reconocí en su antebrazo derecho la mirada burlona de Pablo Escobar Gaviria preso en 1976, cuando sonrió para la foto de registro penitenciario, sabiendo que le apretaba el gaznate al país y que su horda de políticos, agentes, sicarios, patrulleros, directores de controladoras aéreas, traficantes y matones impediría que sobre él cayera alguna forma de justicia seria. 

Ya he visto visto camisetas y mugs destinados a turistas pubertos, malinformados y ansiosos por gritarle al mundo que son tan simples como las drogas, el sexo y el reguetón que motiva su vida meimportaculista. Pero una cosa es adoptar estereotipos ramplones en visitas en las cuales gastan poco y delinquen mucho y otra es ofrecer la propia piel como lienzo prostituido por la mafia.

El zig zag de la fila volvió a dar sus curvas. Confirmé que el rostro del peor criminal de la historia colombiana no era lo único que el malandrete (que también entraba a mi país de destino) se había tatuado.

En el otro brazo estaba lo que también reconocí como patrimonio de mis pesadillas: la estructura de un edificio de por lo menos diez plantas cuyos marcos heridos dejaban ver los pasadizos vaciados por el horror. El tatuador había dibujado con sevicia y precisión la escena desgarradora que generó la bomba contra el DAS el 6 de diciembre de 1989: dos carros en primer plano, uno de ellos un taxi, destruidos por la expansión de más de 500 kilos que los lamesuelas de la cocaína detonaron cobardemente contra la vida de 53 personas, la integridad de otras 600 y la salud mental de un país entero.

Entre la estupefacción y el asco seguí con la mirada al tipo. Otro tatuaje leí en su nuca: “Plata o plomo”. La caligrafía enrevesada bien podría también anunciar la marca de un lubricante íntimo o el nombre-marca de cualquier reguetonero que canta luchando contra el estreñimiento.

Tres marcas se mandó a hacer este pelandrún para venderse como simpatizante de un cartel que asesinó, robó y dañó a través de la cobardía y la bajeza, que incluso traicionó a sus propios integrantes para mantenerse con el negocio y escalar en el poder.

El trácala los exhibía sin pena, acaso inconsciente de la vergüenza y la rabia que despierta. Seguía la línea del casquivano, diciéndole a medio mundo que simpatizaba con lo más bajo de la humanidad.  

Supongo que tipos así se extinguirán poco a poco. Seguirán ostentando sus relaciones (ficticias o reales) con los grupos más asquerosos de la historia, retorciendo cada vez más silenciosos narrativas de salvadores y provocadores para justificar su adoración por el que supo hacer las cosas “a su manera” y “no dejarse de nadie”. Algún día los “artistas” dejaran de copiar las ostentosidad  y el mercado volverá a preferir el talento a las ganas baratas de atención.

Mientras tanto no es de extrañar que los hilos de la mafia lo operen taimados de corbatas finas y empresas fachada. Finalmente los números de producción y consumo de cocaína siguen en escalada. Qué importa el resto si hay un buen negocio…  

Ningún moralismo acompasa estas palabras.

Todos los seres vivos son cuadros complejos y se construyen a partir de una variedad de grises. Expreso un sentimiento de lástima por alguien que no se sabe discípulo de lo ruin, apenas un instrumento de quienes nunca aceptaron que tenemos que vivir bajo mínimas reglas para no perdernos ante leyes agresivas de la supervivencia del menos peor.

Sigo a un Popper, a lo mejor trastocado por la rabia al expresar mi absoluta resistencia a aceptar o siquiera tolerar este gesto de crueldad descarada. No tolero lo que no tolera unos mínimos principios por la compasión.

Tatuarse es la prueba de presencia en el mundo, en palabras de David LeBreton. Intervenir la piel es ir más allá del color que nos diferencia o nos une a los otros. Es el paisaje de nuestra vida, las marcas que elegimos expresar, una seña que se abre a los demás para que nos interpreten.

Aquel anónimo vocero del crimen canta con nostalgia tribal otra gentuza que arruinó vidas y países y que sigue causando sufrimiento en campos y ciudades. Arma una narrativa de sí mismo basado (al menos en estos tres adefesios) en su simpatía por incontables muertes injustificadas, crueles y feroces.

Las nuevas generaciones de narcos (que abundan) y terroristas (los de verdad, no los que imponen los dueños de las guerras) son menos ruidosos. Pasan desapercibidos, acaso porque ahora su red de contactos es más sutil y amplia, más silenciosa en la eficiencia de los procesos por estar cada vez más cerca de los poderes. Otro se han quedado con la estética de barrio falseado por el oro y la música fácil, inventándole altura a los oficios ruines.

Ellos, los que controlan el negocio desde emprendimientos fachada o cargos públicos, ya no se dan a sumar muertos porque han entendido que lo espectacular de la guerra sucia está reservado para los pobres. Como parte de la estrategia distractora botan al caldero a unos que se tragan un cargamento menor en bolsa de condón. Dotan con armas a unos que tienen hambre, más rabia, poco corazón y sangre barata. A otros les ragalan tatuajes. Seguro se lo celebran.

Y sudan sus perfumes discretos cuando ven las filas que hacen los que tienen que hacer inmigración por ventanillas insomnes y no por la que aceptan sus pasaportes diplomáticos o sus torcidos impunes. No se tatúan. No les hace falta. Callan el estigma pestilente en el alma que les tocó. No eligen nada para su piel. Porque no pueden. 

El  país fue sorprendido este fin de semana por la captura de 11 personas implicadas en el millonario fraude de Corelca, como se le conoce al desfalco que se registró con la venta irregular de un predio en la zona industrial de Cartagena que debía ser destinado al pago de indemnizaciones de 63 familias de campesinos que se vieron afectadas por la expansión irregular de la extinta empresa de servicios públicos, en el año 98. (http://www.semana.com/mundo/articulo/capturan-11-personas-por-defraudacion-a-campesinos-beneficiarios-de-una-indemnizacion-de-corelca/513554)

Dicho predio, que estaba avaluado en 18 mil millones de pesos, fue comprado en unos procedimientos fraudulentos por un valor de apenas 7 mil millones de pesos, en hechos que involucraron a funcionarios públicos, notarios, registradores, abogados, empresarios y particulares. (http://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/01-2017-otro-escandalo-de-corrupcion-corelca-y-su-lote-en-mamonal)

Sin embargo, en las más recientes capturas no figuró por ningún lado el nombre de Luis Orlando Barragán Gómez, propietario y gerente en su momento de la empresa Construcciones e Ingeniería y Equipos, Conequipos, la empresa que estuvo detrás de la compra del predio al precio muy por debajo del valor real.

Barragán es un personaje relevante para la opinión pública de Santa Marta, pues aparte de estar enredado en este escándalo de grandes proporciones, era también el representante legal del consorcio Obras y Proyectos del Caribe S.A., concesión que en su momento construyó el Mercado Público de la ciudad, pero luego logró que el Distrito le pagara 10 mil millones de pesos y ahora pretende que se les indemnice con otros 35 mil millones.

Este hombre de 68 años y nacido en Bogotá, capital de Colombia, había sido capturado en 2013 para responder por los delitos de concierto para delinquir, prevaricato, falsedad en documento público, peculado y cohecho, pero el 15 de junio de ese año, un juez le negó la medida de aseguramiento, aunque lo mantuvo vinculado al proceso. Esa oportunidad fue aprovechada por Barragán, quien de inmediato dejó el país y no se supo más de él.

Sin embargo, la medida que había tomado el Juzgado 18 Penal Municipal con Función de Garantías fue revocada en segunda instancia, por lo que se ordenó nuevamente la medida de aseguramiento en contra de Luis Orlando Barragán Gómez, quien ya no estaba en el país.

Tiempo después, en el transcurso de este proceso, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Cartagena ordenó el 24 de marzo de 2016 que se emitiera una circular roja de la Interpol para dar con la captura de Gómez, y llevarlo así a responder por los delitos que se le señalan dentro del escándalo de Corelca.

Seguimiento.co conoció en exclusiva que la captura de Barragán se hizo efectiva el 19 de mayo de 2016 en  Venezuela. En hechos que no fueron registrados por los medios de comunicación en Colombia, una de las piezas clave de este escándalo de corrupción fue detenido a las 10 a.m. cuando salía del edificio en donde residía en el municipio de Valencia, Estado Carabobo.

Cuando los agentes adscritos a la División de Investigaciones de la Interpol se acercaron a Barragán para solicitar sus documentos, este mostró una cédula de ciudadanía venezolana y se presentó como una persona nacida en Caracas. Luis Orlando Barragán negó su nacionalidad colombiana.

Venezolano por conveniencia

Desde mediados de 2016, Luis Orlando Barragán libró una batalla jurídica respaldado por tres abogados que se encargan de su defensa, para evitar tener que ser extraditado a Colombia y tener que responder así por el desfalco de Corelca.

Durante seis meses, Barragán, quien tiene cédula de ciudadanía colombiana número 19.061.861 (comprobar cédula en http://www.seguimiento.co/sites/default/files/luis_orlando_barragan_gomez_colombiano.pdf) la cual utilizó en este país durante años para hacerse con millonarios contratos públicos, fundamentó su defensa en el hecho de que él no era colombiano, sino que era natural de Caracas, donde supuestamente nació el 28 de junio de 1948. Para demostrarlo, su defensa adjuntó su cédula venezolana, dos licencias de conducir y hasta una supuesta partida de nacimiento del país vecino.

Después de varias audiencias, en medio de las cuales los abogados de Barragán solicitaron que se evaluara su situación de salud, finalmente la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela profirió la sentencia 501, con fecha del pasado 6 de diciembre –hace poco menos de dos meses-  en la que se declaró improcedente la solicitud de extradición que realizó Colombia.

(Leer sentencia http://www.seguimiento.co/sites/default/files/negacion_extradicion_tribunal.pdf)

El Estado venezolano argumentó la negativa en el hecho de que Luis Orlando Barragán era venezolano, y se comprometió con el Gobierno colombiano a realizar los trámites para procesar a Barragán en Venezuela por los delitos de estafa, asociación, uso de documento público falso, forjamiento de documento público y corrupción.

Según la sentencia venezolana, Luis Orlando Barragán Gómez se encuentra privado de su libertad actualmente, mientras que el país aún espera poder presentarlo ante la justicia colombiana para que se esclarezca este emblemático caso de corrupción.