A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde su computadora, un investigador especializado en teledetección de hidrocarburos pasa meses revisando datos de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2, cruzando cada sobrevuelo con algoritmos para identificar anomalías y registrar la superficie de los cuerpos de agua de Venezuela. Para él, la imagen desde el espacio de una lámina iridiscente sobre el Lago de Maracaibo —visible incluso en fotografías satelitales de la NASA desde 2021— no es un evento aislado, sino un patrón crónico de contaminación.

Entre 2023 y 2025, el especialista —quien prefirió mantener su identidad en reserva por el complejo clima político del país— detectó de forma persistente manchas de hidrocarburos no sólo en la superficie del Lago de Maracaibo, sino también a lo largo de las costas de los estados de Anzoátegui, Monagas, Sucre, Carabobo y Falcón, así como en múltiples áreas marino-costeras protegidas. Estos patrones coinciden con registros de fugas y derrames continuos en la región y sugieren que dichas descargas están ligadas a la infraestructura de la empresa estatal de hidrocarburos más reconocida de Venezuela: Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA).

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“Lo que vemos es permanencia”, explica el investigador sobre el Lago de Maracaibo. “Una capa de hidrocarburos que varía de espesor, pero que está siempre allí”. Además, señala que el seguimiento satelital del equipo de investigación muestra un aumento sostenido de los incidentes con hidrocarburos en aguas venezolanas. En el primer semestre de 2023 se registraron 949 casos mientras que en el primer semestre de 2025, la cifra ascendió a 1364, lo que representa un incremento cercano al 44 %.

Al sumar los registros correspondientes a los primeros semestres de 2023, 2024 y 2025, el total acumulado asciende a 3091 incidentes. De ese total, dos fueron derrames mayores a 100 kilómetros cuadrados: uno desde la Refinería El Palito, en diciembre de 2023; y otro, en agosto de 2024, entre los estados de Falcón y Carabobo. El resto corresponden a fugas menores, pero igualmente recurrentes. El conteo total de incidentes indica que se afectaron 25 090 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi la mitad del territorio de Costa Rica.

“El peor derrame que he visto recientemente fue el de agosto de 2024, dejó una estela que alcanzó manglares y refugios de fauna. Las descargas no fueron sólo de petróleo: también hubo aguas negras, sedimentos y agroquímicos. El impacto es visible en la cadena alimentaria: moluscos como las ostras quedaron contaminados y ya no son aptos para el consumo” comenta el investigador.

Aunque en años recientes Washington había otorgado licencias limitadas para que empresas como Chevron operaran en el país, en 2025 muchas de esas autorizaciones fueron revocadas y restricciones más estrictas se impusieron sobre exportaciones petroleras y buques asociados al comercio de crudo venezolano. El panorama político e internacional del país estaría cambiando radicalmente en 2026, pues otra vez Venezuela es observada por inversionistas extranjeros interesados en reactivar la industria petrolera, debilitada por décadas de deterioro y sanciones internacionales.

La intervención internacional

Para el especialista que pidió la reserva de su nombre, las sanciones económicas internacionales que ha recibido Venezuela no han reducido el impacto ambiental de la industria en el país. Por el contrario, han aumentado los riesgos señalados en informes de varias ONG, en los que se comenta que al empujar las exportaciones hacia rutas opacas —como flotas ilegales y transferencias de crudo en mar abierto— se debilitan los controles ambientales y crece la probabilidad de derrames, especialmente en zonas costeras y portuarias.

La capacidad petrolera venezolana, de la que depende gran parte de la economía del país, se mantiene en torno a un millón de barriles por día, muy por debajo de su capacidad potencial, que podría ser tres veces mayor. Sin embargo, este escenario podría cambiar en el corto y mediano plazo.

Tras años de operaciones opacas, el sector petrolero venezolano enfrenta ahora la posibilidad de un repunte productivo, impulsado por el giro en la política de Donald Trump hacia el país, quién, luego de la intervención que terminó con la captura de Nicolás Maduro, promovió la apertura de esta industria a empresas estadounidenses y europeas, incentivando a las compañías para que evalúen inversiones para reconstruir y aumentar la producción. En declaraciones públicas, Trump mencionó que se podrían movilizar hasta 100 000 millones de dólares en inversión privada.

Esta dinámica de interés corporativo surge en un momento en que el Gobierno venezolano, ahora liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, ha propuesto una reforma a la Ley de Hidrocarburos, con el objetivo explícito de atraer mayores inversiones extranjeras al sector petrolero. La iniciativa busca responder a las críticas de compañías como Exxon Mobil sobre la falta de seguridad jurídica y satisfacer la demanda de empresas como Repsol y Chevron de operar bajo condiciones regulatorias “seguras” que permitan la entrada de capital y operaciones en campos dónde hoy no existe infraestructura.

En paralelo a este rediseño del marco legal, Rodríguez anunció la firma del primer contrato para exportar gas licuado de petróleo (GLP), marcando un giro en la estrategia energética venezolana y su intención de monetizar subproductos de la actividad petrolera. El anuncio, presentado como un hito comercial, se produjo en un contexto en el que altas cantidades de gas asociado continúan siendo quemadas o liberadas a la atmósfera por falta de infraestructura.

Este panorama abre dos escenarios opuestos. El primero, y en el que coinciden la mayoría de fuentes consultadas, es que se dé una expansión acelerada de la industria petrolera, sin salvaguardas robustas y profundizando los daños ecológicos en ecosistemas ya altamente vulnerables a la crisis climática. El segundo es la esperanza de que la llegada de capital y tecnología introduzca estándares más estrictos de regulación ambiental.

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El antes del petróleo venezolano y la incertidumbre por su futuro

Un ingeniero que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad y que creció en el campo petrolero de Judibana, en la península de Paraguaná, recuerda que entre 1990 y 2002, cuando trabajó en PDVSA, llegó a liderar un equipo técnico responsable del mantenimiento y la confiabilidad de los sistemas de instrumentación del Centro de Refinación Paraguaná, que integra las refinerías de Amuay y Cardón.

“Cada vez que entraba a la planta veía equipos con letreros pintados que decían ‘100 días sin accidentes’, y eso era un incentivo para nosotros”, relata. En ese período, explica, la empresa medía la eficiencia a partir del tiempo transcurrido sin fallas operativas y otorgaba bonos de productividad, una lógica que marcaba la cultura interna de la industria petrolera.

El punto más alto de producción del país fue en 1997, cuándo superó la producción de 3 millones de barriles diarios, al aprovechar las reservas más grandes de crudo pesado en el mundo. El ingeniero asegura que la industria tenía mecanismos de monitoreo ambiental en algunas refinerías, por ejemplo, casetas de medición de contaminantes y separadores de hidrocarburos en afluentes.

“En la refinería de Amuay había dos casetas ambientales conectadas a una estación de monitoreo que medían contaminantes como óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO₂), monóxido de azufre (SO) y partículas en suspensión. Una de esas casetas se instaló en el sureste-noreste, donde el viento suele llevar las emisiones hacia las comunidades, para detectar variaciones en la contaminación y activar medidas en las plantas cuando los niveles aumentaban”, señala el ex trabajador de la empresa.

Sin embargo, esta supervisión era costosa, requería de personal capacitado para monitorear continuamente las instalaciones y no se ejecutó en todas las instalaciones de la industria. En la actualidad, se desconoce si medidas como estas se siguen implementando. “Ya hasta colegas me han dicho que los equipos se los robaron” comenta.

Venezuela posee aproximadamente el 17 % de las reservas de petróleo conocidas en el mundo, de las cuáles, de acuerdo a Edgar Chacín, geólogo con más de tres décadas de experiencia en PDVSA y empresas petroleras internacionales, están distribuidas de la siguiente manera: 53 % extrapesado, 20 % pesado, 15 % mediano, 8 % liviano y 4 % condensado. “Para procesar este crudo hay que trabajar con mayor prioridad el mantenimiento y la recuperación de la infraestructura de transporte de hidrocarburos en el país. Hablamos de oleoductos, gasoductos y terminales de embarque”, señala.

Chacín explica que contar con infraestructura apta es necesario para refinar con mayor facilidad y producir combustibles de alto valor en el mercado internacional. “Venezuela tiene grandes reservas de crudo pesado, pero para transportarlo y venderlo es necesario mezclarlo con diluyentes [crudo liviano o condensados] o someterlo a procesos de mejoramiento en plantas especializadas. Ese tipo de capacidad requiere inversión y ahora [con la situación política actual] podría ser viable”, indica.

Aún así, alerta que la producción de esos crudos debe acompañarse con técnicas que reduzcan el impacto ambiental durante la extracción. “Elaborar agrupaciones de perforaciones, planificación ambiental y otros factores ecológicos y de hábitat. Todo esto es posible sólo si hay personal capacitado”, dice.

Gladys Rincón es doctora en ingeniería ambiental y tiene dudas sobre el cumplimiento de altos estándares ahora que se quiere potenciar la industria petrolera en Venezuela. Trabajó durante las décadas de 1980 y 1990 como analista en PDVSA, actualmente es investigadora universitaria y señala que, a pesar de que en la época de la bonanza petrolera venezolana existían normas internacionales que minimizaban los accidentes, no se consideraba la contaminación de manera integral. Por ejemplo, no se tenía en cuenta la calidad del aire.

En estudios realizados años después, Rincón modeló la dispersión de contaminantes atmosféricos generados por complejos petroquímicos, incluyendo óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y material particulado fino para determinar de dónde venían las emisiones.

“En el Complejo Petroquímico José Antonio Anzoátegui hubo comunidades afectadas debido a fallos en la hidrodesulfuradora y sus emisiones. Eso se expuso hace años”. La investigadora señala que hubo reclamos por problemas respiratorios, cardíacos y neurológicos, además de registros de supuestas malformaciones en algunos centros médicos.

Hoy, ya dedicada al estudio de la contaminación atmosférica y el cambio climático, Rincón observa con preocupación el posible retorno de grandes volúmenes de producción petrolera. “Si no hay evaluaciones ambientales ni regulación efectiva, el impacto será enorme: aguas contaminadas con metales pesados, emisiones de CO2 y metano, pasivos que se acumulan. Si el Gobierno actual o futuros inversionistas no hacen evaluaciones ni regulaciones, la situación seguirá igual a la que vivimos actualmente o peor”, advierte.

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El clima y el costo de la producción petrolera

Aunque Venezuela hoy no figura entre los mayores emisores globales de gases de efecto invernadero, su enorme reserva de crudo pesado en la Faja Petrolífera del Orinoco (región al norte del país, dividida en los bloques Boyacá, Junín, Ayacucho y Carabobo, y que contiene las mayores reservas de petróleo extrapesado y pesado del planeta) la coloca como un actor climático clave si la producción se reactiva.

En un informe, la organización Global Witness advierte que un aumento sustancial de la extracción de este crudo de complejo procesamiento podría añadir emisiones equivalentes a las de todo el transporte marítimo global.

El informe estima que un escenario de producción elevada podría generar hasta 729 millones de toneladas de CO2 equivalente al año y subraya que gran parte de ese riesgo está ligado a la infraestructura deteriorada, las fugas, las fallas operativas y la quema de gas que elevan drásticamente el impacto climático.

Y es que la infraestructura petrolera atraviesa ecosistemas clave del país. En las costas de Falcón, Carabobo y el eje Puerto La Cruz–Mochima, fallas operativas han causado daños severos al ambiente marino. Por otro lado, en el oriente, sabanas, morichales y el río Guarapiche, fuente de agua para consumo humano en la ciudad de Maturín, han sido impactados por vertimientos. A esto se suma que en la Faja Petrolífera del Orinoco, advierte la investigadora Rincón, el mejoramiento del crudo pesado estaría generando subproductos contaminantes como coque y azufre.

En este mapa de afectaciones, el Lago de Maracaibo destaca de forma recurrente como uno de los territorios más afectados. Mayra Leal lo conoce bien, vive en el sector Altos de Milagro Norte, en Maracaibo, y trabaja con comunidades pesqueras e indígenas Añú en el lago. Además de dirigir una fundación de alimentación para niños, mujeres y adultos mayores, ha sido testigo de la contaminación constante de las refinerías cercanas: “Somos una comunidad pesquera y con petróleo en el agua no se puede salir porque se daña la ropa, la red se daña. Esto ha traído enfermedades en la piel a los niños que viven cerca del agua”, señala.

Ella, así como muchas personas de estas comunidades, no entienden sobre inversión en la industria petrolera, sólo saben que si esto no se traduce en responsabilidad social y decisiones políticas que les permitan recuperar el lago en el que han crecido, su vida no cambiará.

Con esto coincide Joaquín Benítez, profesor de impacto ambiental y desarrollo sostenible de la Universidad Católica Andrés Bello. Benítez plantea que la reactivación petrolera no puede entenderse como una decisión económica aislada, sino que debe integrarse en un debate público más amplio sobre transición energética, cambio climático y justicia internacional.

“Somos un país que necesita desarrollarse y estabilizarse socio-económicamente, pero sólo si se tiene en cuenta el contexto climático internacional. Hay países donde la explotación petrolera aún es motor de desarrollo, pero la institucionalidad ambiental suele ser sólida y la gobernanza funciona con un monitoreo constante”, indica.

De acuerdo con Benítez, además de gobernanza se requiere democracia o, de lo contrario, se vulneran derechos ambientales y humanos. “En Venezuela no sólo hará falta tecnología y recursos, sino también fortalecer capacidades institucionales, actualizar el marco legal, garantizar un sistema judicial operativo y habilitar la fiscalización ciudadana. Sin esos elementos, la supervisión ambiental no puede operar plenamente”.

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El eslabón débil: la falta de fiscalización ambiental

En los años 90, con la llegada de inversiones internacionales a la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela construyó un andamiaje legal y técnico para regular el impacto ambiental de una industria intensificada. Se aprobaron normas como la Ley Penal del Ambiente y se establecieron procedimientos de evaluación de impacto ambiental para actividades susceptibles de degradar la naturaleza. “Recuerdo que incluso se diseñaron planes de gestión territorial y socioeconómica, para atender los desajustes regionales que traería el crecimiento petrolero”, indica Benítez.

Sin embargo, con el paso de los años, la capacidad de fiscalización se ha erosionado. Aunque en 2015 se aprobó la Ley de Calidad de las Aguas y del Aire, su implementación depende de decretos y normas técnicas que, en la práctica, siguen basándose en parámetros de 1995 y no han sido actualizados con estándares contemporáneos de organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“La capacidad institucional aún debe mejorar muchísimo”, enfatiza Benítez.

En un contexto de debilidad institucional, los recientes cambios en el gabinete ministerial venezolano han generado inquietud entre organizaciones ambientalistas. A mediados de enero de 2026, Delcy Rodríguez nombró a Freddy Ñáñez como nuevo ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, con la misión declarada de “promover políticas públicas para la protección de la Pachamama y todo lo relacionado con materia ambiental”.

A pesar de esto, ONG como SOSOrinoco y World Heritage Watch han señalado que el reemplazo de figuras políticas no necesariamente se traduce en una mejora real de la gestión ambiental, advirtiendo la continuidad de políticas extractivas.

Imagen principal: hombre camina sobre zona impactada por petróleo en las costas del sector El Bajo, cerca de la Refinería Bajo Grande (2020). Foto: cortesía MedioSur.

El artículo original fue publicado por Liliana Rivas en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Para el momento en que Argemiro Luzardo* experimentó la sutil inminencia de la muerte llevaba unas tres horas sumergido en el agua. Casi a punto de terminar su trabajo notó que la manguera que había estado manipulando dejó de succionar material; se atascó entre las piedras profundas y verdosas del río Inírida, en el departamento de Guainía, en Colombia. En la superficie, sus compañeros esperaban señales mientras la balsa se bamboleaba. Estaban allí para sacar arena y restos de rocas que, tras un rudimentario proceso con mercurio, terminarían convertidas en pepitas de oro.

Decidió salir a flote y, estando a metro y medio de lograrlo, sintió el estallido de una gran ola que lo devolvió a lo hondo del cauce. La manguera, de unas 10 pulgadas, ocasionó un derrumbe en las entrañas turbias del lecho. La tierra debajo del agua crujió.

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Otras piedras conocidas entre los mineros como “mariposas” —porque tienden a moverse y a volar dentro del río— se desplazaron creando un jugo de barro y palos que le impidieron a Luzardo ver algo de luz. Varios años después, sentado en la cocina de su casa a orillas del río Inírida, recuerda que estuvo sumergido en el caos no más de diez segundos, tiempo suficiente como para haber creído que moriría.

La historia de este hombre de 55 años, de padre curripaco —pueblo con alta presencia en la amazonia colombiana— y de madre indígena yeral, originaria de Brasil, es apenas una mínima muestra de los lastres que deja la minería ilegal en el departamento del Guainía. Hace más de diez años, Luzardo aprendió en Brasil el riesgoso oficio de ser buzo, un trabajo que hoy sigue realizando pese a los peligros y que es muy apetecido por las dragas que extraen oro de los afluentes amazónicos.

Es tan cotizada esa labor, que en la zona se ha sabido de gente a la que han enviado a Miami, Estados Unidos, para entrenarse en la complejidad del océano, según cuenta Juan Sebastián Anaya, experto en los impactos de la minería y asesor de incidencia política en la Fundación Gaia Amazonas.

El pago para los buzos en el río Inírida se traduce en metal dorado. El mismo Luzardo dice que 40 % de lo que sacan siempre está destinado al hombre capaz de arriesgar su vida sumergido en profundidades que pueden llegar hasta los 40 metros.

Cada balsa podría llegar a extraer 20 gramos de oro en una semana, cuenta el buzo. Dos fuentes consultadas en el territorio indican que en la zona (para septiembre de 2025) comerciantes informales estaban comprando el gramo a 410 000 pesos colombianos (unos 97 dólares).

No es un secreto que la zona está plagada de dragas, artefactos responsables de una buena parte de la contaminación con mercurio en los ríos. Mongabay Latam y Vorágine recorrieron distintos parajes del departamento y a través de varias entrevistas con trabajadores informales de la minería de aluvión —a los cuales protegemos por seguridad— pudimos establecer la ubicación de al menos 31 balsas que, a plena luz del día, continúan sacando oro del río Inírida, una actividad que ha dejado preocupantes daños al ambiente y, de paso, a la salud de los habitantes de esta región selvática del oriente del país. La mayoría de las balsas son operadas por la guerrilla, relata un hombre que recorre constantemente la zona y de quien omitimos su nombre por razones de seguridad.

Una draga es algo parecido a una barcaza flotante que trabaja directamente sobre el lecho de los ríos. En un trayecto por el río Atabapo, que divide a Colombia de Venezuela, observamos una de ellas en pleno funcionamiento. La función principal de esta infraestructura, que a simple vista luce precaria, es servir como un centro donde se realiza la amalgamación (o compactación) del oro que se encuentra disperso en el sedimento del río. Este proceso se logra al mezclar el material extraído con mercurio metálico, que se une al oro, lo que permite luego su separación del resto de componentes de los sedimentos.

La pregunta es, ¿qué hacen luego con el mercurio? ¿Cómo lo manipulan? Ramiro Andrade*, un hombre que se gana la vida transportando en lancha a los mineros que trabajan en las balsas, lo ha visto con sus propios ojos:

—Lavan, sacan el material y lo botan. Lo botan por ahí, así, al borde, nomás llega un aguacero y eso cae al río otra vez, imagínese—dice—.

Esa es la razón por la que las dragas son una gran amenaza para el ambiente. Un informe de consultoría de la Gobernación del Guainía (2018-2019) indica que todos los desechos del proceso de extracción de las balsas detectadas en la región son vertidos directamente al ambiente, sin ningún tipo de tratamiento, tal como lo reafirma Ramiro, el motorista. Una vez en el agua y por su alta densidad, el mercurio usado en la extracción se va al fondo del río. Ese es apenas el comienzo del desastre ambiental.

La mayor toxicidad aparece cuando microorganismos del fondo de los ríos convierten el mercurio inorgánico en metilmercurio, la forma más peligrosa para los humanos. Un estudio del Instituto Sinchi documenta que este componente se acumula a lo largo de la cadena alimentaria hasta alcanzar sus mayores concentraciones en los llamados depredadores tope, que son los peces carnívoros en la cima de esa cadena. En ellos, el químico se concentra en el tejido muscular, lo cual es grave si se tiene en cuenta que el pescado es la base de la dieta en Guainía.

Economías ilegales, sin freno

Pablo Álvarez* es un joven venezolano que trabaja con personas que trafican el mineral coltán en Guainía. Desde el balcón de un hotel en Puerto Inírida dice que llegó a la zona atraído por la riqueza de vetas (depósitos de minerales) que hay en la región.

“Es de los lugares del mundo donde más encuentras minerales, están a flor de piel, de aquí puedes sacar oro, coltán, estaño, rodio… es impresionante. El coltán es más abundante que el oro”, dice.

Tener en el bolsillo gramos de metal dorado, añade, es como andar con plata en efectivo y por eso sigue siendo tan apetecido. El rodio, en cambio, se parece más a cargar con una pieza de arte porque se vende en lugares más especializados.

Y es que gran parte del territorio de Guainía se asienta sobre el Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, con rocas que tienen más de 1800 millones de años. Estos suelos tan antiguos facilitan la presencia de metales valiosos y de minerales como las tierras raras porque sus estructuras —como fallas y vetas— actúan como canales por donde circularon antiguas aguas calientes del subsuelo, capaces de mover y concentrar minerales. En resumen, la historia geológica de Guainía explica en buena parte la riqueza minera que hoy se encuentra allí.

En contraste, en Guainía es difícil que brote una mata de coca. No es el terreno más propicio para que se extienda el cultivo. Y eso ha traído cosas buenas y malas. Por un lado, en esta parte del mapa colombiano el conflicto armado se ha sentido con un poco menos de intensidad que, por ejemplo, en el departamento de Putumayo (en el último informe de cultivos ilícitos Guainía registró 42 hectáreas sembradas, mientras en Putumayo se contabilizaron 53 343). Pero por otro, los grupos armados han encontrado en la minería una fuente de financiación menos perseguida que el narcotráfico.

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Dragas arrojan mercurio sin control

En nuestras visitas a campo, mineros informales describieron el panorama de las balsas ilegales a lo largo del río Inírida. Señalan la presencia de 31 dragas activas, ubicadas a más de seis horas en lancha desde Puerto Inírida, pasando por los cerros de Mavicure y en dirección a la reserva Puinawai, mucho más al sur del departamento. El daño comienza a apreciarse con mayor claridad río arriba de una comunidad llamada Morroco. Las zonas de mayor concentración se extienden desde un sitio conocido como Caño Mina hasta otro de nombre Zancudo, incluyendo comunidades como Báquiro y Barranco Alto, donde los entrevistados calculan la presencia de al menos doce balsas en un solo sector. La mayoría de las dragas, insisten las fuentes, pertenecen a la guerrilla.

Los grupos armados ejercen en la zona una fuerte influencia, como dueños directamente de las balsas o cobrando “vacuna” a los operadores civiles. Para evadir a las autoridades, la guerrilla frecuentemente disfraza su propiedad usando como fachada a miembros de la comunidad.

Así se ve reflejado en varios documentos reservados de la Fiscalía General de la Nación y Ejército conocidos por Mongabay Latam. Estos confirman lo dicho por las fuentes consultadas en el territorio y además dan cuenta de que la problemática viene de tiempo atrás. Se trata de seis informes producidos entre 2020 y 2022, que revelan información crucial sobre el accionar de grupos armados en la zona.

La mayor parte de este material se compone de reportes de inteligencia militar, como apreciaciones estratégicas y diagnósticos orientadores emitidos por batallones del Ejército. Estos documentos están formalmente clasificados como “secretos”. También hay archivos de la policía judicial, incluyendo informes de campo y declaraciones juradas de testigos, producto de investigaciones de la Fiscalía.

Los papeles indican que en la zona, ya desde 2020, operaba una intrincada red de explotación de oro de aluvión, arenas negras y materiales asociados al coltán, controlada y financiada por lo que las autoridades llaman Grupos Armados Organizados Residuales (GAO-r). Entre ellos está la Estructura Acacio Medina (disidencia de las FARC asociada a la Segunda Marquetalia) y la comisión Santiago Lozada del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Un informe citado por el diario El Tiempo de 2025 señala que ambos grupos estarían operando unidos en la región.

El negocio de las dragas —continúan los documentos reservados— se sostienen también gracias a lo que los guerrilleros llaman «impuestos de guerra»: “Los propietarios de estas unidades de extracción, que pueden producir hasta 50 gramos de oro diarios, son obligados a entregar aproximadamente dos gramos de oro por draga funcional al día a las estructuras residuales”. Es entonces cuando el mineral ingresa a la cadena de comercialización a través de presuntos integrantes de la red de apoyo, es decir, milicianos vestidos de civil que operan desde los pueblos. Estos últimos coordinan los insumos y traen repuestos de maquinaria para la minería de ciudades como Villavicencio (Meta).

Hay dos formas de sacar el oro del Guainía. Los informes de las autoridades que citamos líneas arriba muestran que el “blanqueo” —como se llama a los mecanismos usados para legalizar el oro— se ejecuta principalmente en el municipio de Puerto Inírida. Allí algunos establecimientos de compraventa actúan como «fachadas de legalidad». En estos locales facilitan el lavado de activos de los grupos armados.

El proceso de «formalización» se da cuando el oro llega a estas compraventas, allí es reportado a nombre de supuestos mineros artesanales o “barequeros”, que están inscritos en Registro Único de Comercializadores Mineros (RUCOM). Después llevan el metal a las ciudades siguiendo distintas rutas. Una de las mencionadas es el trayecto Puerto Inírida-Cumaribo (Vichada)-Villavicencio (Meta)-Bogotá. En ocasiones, dice uno de los documentos clasificados, este tipo de tráfico cuenta con el apoyo de funcionarios o miembros de la fuerza pública.

Por otra parte, los mineros consultados por Mongabay Latam hablan de un desgaste de los canales habituales y aseguran que muchos traficantes desvían el botín por otras vías. Esto se debe a que en Inírida cada vez hay más ojos. Transportan el material por río hacia el municipio de San José del Guaviare y de ahí lo sacan para Bogotá. Prefieren este camino, narran al menos dos personas de la zona, porque, en comparación con Inírida, los operativos se concentran en la cocaína y no en el oro. Mencionan que también hay contrabando en Brasil, donde pagan un precio más alto, aunque no especifican los montos. El mercurio llega a la zona gracias a las labores de grandes comerciantes locales, quienes son, a su vez, administradores o testaferros de fondos de la guerrilla, se lee en los papeles de inteligencia.

Mongabay Latam quiso contrastar con el Ejército Nacional los testimonios y datos que recogimos en la región, así como los documentos secretos. La solicitud fue enviada al general Luis Emilio Cardozo Santamaría, comandante de la fuerza a nivel nacional, quien autorizó una entrevista con la Brigada 28 de Selva, responsable de la seguridad en esta parte del territorio colombiano. Sin embargo, tras el envío de un cuestionario con preguntas sobre operativos desarrollados en Guainía contra la minería ilegal, no obtuvimos una respuesta.

Ríos y personas contaminadas, según estudios

José Paiva Cordero no se paró de la cama durante quince días. Fue tanto el delirio por la fiebre que llegó a pensar que sus dolencias lo estaban subiendo al cielo; es su manera de decirlo. El capitán Iván Hernández, un joven indígena de 29 años que tiene la responsabilidad de liderar y tomar las decisiones más importantes de la comunidad, entró en desesperación.

Playa Blanca, donde vive, es un caserío escondido en uno de los bordes del río Atabapo, afluente que delimita la frontera entre Colombia y Venezuela, y expuesto a uno de los focos de mayor contaminación por mercurio, según un estudio de la Gobernación de Guainía que procesó muestras que datan de 2019. Allí no hay ni siquiera un acetaminofén. Mucho menos un centro de salud. Quizás no era tan grave la enfermedad de José Paiva, quizás sí. El caso es que no hubo un diagnóstico. Los síntomas deambularon libremente por el cuerpo de este hombre de 66 años: dolor de cabeza, malestar general, mareo, deshidratación. Paiva sobrevivió, dicen en su comunidad, gracias a las plantas de una curandera. Esa es la constante en esta región fronteriza: un abandono absoluto del Estado.

El tema no deja de ser grave si se tienen en cuenta antecedentes que evidencian que los ríos de la zona están contaminados con mercurio. Mongabay Latam analizó los seis estudios más recientes sobre la presencia de este metal en los afluentes de Guainía, publicados entre 2001 y 2022 por distintas instituciones y organizaciones. La muestra incluyó el análisis de sangre y cabello, además de los estudios aplicados a peces y sedimentos fluviales.

A esa información se sumaron datos preliminares de una investigación inédita de 2025, desarrollada por la Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (Arimo). Parte de esos hallazgos fueron compartidos por Esperanza Leal, directora en Colombia de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, en el marco de la COP6 del Convenio de Minamata sobre Mercurio. En ese trabajo se estudiaron muestras de los ríos Isana y Cuyarí, en el extremo sur de Guainía, justo en la frontera con Brasil.

Los resultados dejan ver una catástrofe silenciosa. En todos los estudios, los niveles del metal pesado superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En entrevista con Mongabay Latam, la ingeniera Yady Cristina González Álvarez, consultora de la Gobernación de Guainía, aseguró que en el departamento la exposición ha sido continua y prolongada: durante al menos medio siglo se ha vertido mercurio de manera indiscriminada en los ríos de esta parte de la Amazonía.

La contaminación persistente quedó aún más clara en el informe elaborado por la Gobernación de Guainía. En las muestras de sangre de las comunidades, el registro más alto alcanzó los 346 μg/L (mililitros por litro). Para dimensionarlo mejor: la OMS fija en 10 μg/L el límite de referencia, lo que significa que ese caso superó el umbral en un 3360 %. Además, rebasó el llamado horizonte clínico, a partir del cual suelen aparecer los primeros síntomas.

Ese estudio examinó a 500 habitantes de las cuencas de los ríos Guainía, Inírida y Atabapo, estos dos últimos visitados por el equipo de Mongabay Latam. El 85 % de las personas analizadas (425 en total) tenía concentraciones de mercurio en el cabello superiores al valor considerado normal por la OMS. De esos, 116 (el 23 %) admitieron que tenían alguna vinculación laboral directa con la minería. El registro más alto fue de 77,6 μg/g, un nivel que, según los expertos, indica una exposición de largo tiempo que se bioacumula en el cuerpo.

También analizaron 125 ejemplares de peces y encontraron que el 47 % excedía la concentración máxima recomendada. Un caso extremo fue el de una muestra de bagre rayado (Pseudoplatystoma metaense) del río Atabapo, cuyo valor superó en un 112 % el límite permitido.

Enfermos abandonados

Saliendo desde Puerto Inírida por el oriente, el trayecto hacia el Atabapo pasa por un brazo del río Guaviare hasta desembocar en la estrella fluvial del Orinoco, donde confluyen los tres caudales. El viaje por la frontera se asume sabiendo que se navega por el territorio de Gener García Molina, alias “Jhon 40”, comandante de la Estructura Acacio Medina de las disidencias, narco y guerrillero responsable de la minería ilegal y los negocios ilícitos en ambos países.

Funcionarios de la secretaría de Salud de Guainía dicen que el problema del mercurio se exacerba por la falta de capacidad estatal para atacar la fuente de la contaminación. Las soluciones de fondo no están necesariamente en su sector, agregan, pues ellos solo están al «final de la cadena, viendo los enfermos».

Los intentos por mitigar el daño mediante la atención clínica se enfrentan a un ciclo vicioso: los pacientes que son valorados en Inírida, la capital, pueden recibir un tratamiento costoso y dispendioso (como la quelación), pero regresan al territorio, donde continúan expuestos al mercurio por el pescado contaminado o por seguir ejerciendo la minería. Y ahí es donde aparecen de nuevo los niveles altos del metal. Pero para ser atendido cuando llegan los males, se necesita pagar la gasolina de una lancha, plata que, por ejemplo, don José Paiva Cordero no ha visto en muchos años de vida.

En el departamento de Guainía, el Ministerio de Salud y Protección Social dice que ha invertido 100 000 millones de pesos en el fortalecimiento de infraestructura sanitaria. Aseguran, además, que han capacitado al personal de salud en el Protocolo Clínico de Atención Integral para manejar los casos de exposición en Inírida. Se han notificado apenas cuatro casos de intoxicación por mercurio en Guainía entre 2007 y 2023 y la cifra abre el interrogante sobre si se trata de un registro subestimado debido a las dificultades de vigilancia en zonas remotas.

Esta precariedad se replica de manera constante a lo largo del río Atabapo. En la comunidad de Caño Raya, con 180 habitantes, tampoco cuentan con un centro de salud, transporte ni medicamentos. En medio del silencio que cubre la frontera, aparecen niños que se lanzan sin camisa al río. Una bandera de Colombia desteñida ondea lánguida sobre un asta alquitranada. Atrás se dibujan palmas de moriche, caucho, vegetación densa, entretejida; raíces expuestas en la orilla cubiertas de musgo y líquenes.

Aunque los estudios no mencionan directamente a Caño Raya, sí analizan el río que moja sus orillas. El informe de la Gobernación del Guainía documentó una contaminación ambiental severa en este afluente. Los análisis de sedimento del Atabapo, que actúa como depósito del mercurio usado en la minería, superaron el límite de seguridad establecido por la USEPA en el 100 % de las muestras. Además, la amenaza se extiende a la dieta, pues los peces capturados en el río han registrado niveles de mercurio total que duplican el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En este caserío ya perdieron la cuenta de las veces que han pedido a los gobernantes un espacio adecuado para atender a los enfermos. El centro de salud más cercano está en Cacahual, a dos horas de distancia, un trayecto difícil por la falta de transporte. Gripa, diarrea, malaria, paludismo, dengue, dolores de cabeza y mareos son las enfermedades más comunes en las familias, según el líder Santiago Garrido.

Mucho más al sur de Caño Raya y Playa Blanca está Chaquita, la comunidad más grande de esta parte del Atabapo, en la frontera con Venezuela. Tienen casi 400 habitantes y no hay ni siquiera botiquín. “Una enfermera contratada por la Gobernación tuvo que retirarse después de tres o cuatro meses porque le daba pena atender personas sin tener medicamentos”, denuncia el capitán Jacobo Garrido López.

Además del oro, Juan Sebastián Anaya, el consultor de Gaia, advierte que la región enfrenta la amenaza de una minería ilegal cada vez más tecnificada. Es más, asegura que todos los ríos de la Amazonía están contaminados con mercurio. El impacto más alarmante de esta acumulación de afectaciones se observa en los niños. Los testimonios que ha escuchado Anaya en la región relatan malformaciones en bebés, problemas neurológicos y lesiones en la piel, posibles afecciones ligadas a la exposición al mercurio. En Chaquita, por ejemplo, un estudio de la CDA (2020) reveló una situación alarmante: se detectaron niveles de mercurio en el cabello de niños que superan el límite establecido por la OMS en un 1410% y un 1910%.

Los resultados preliminares de la investigación de la Sociedad Zoológica de Frankfurt de 2025 tampoco son alentadores y más bien reflejan que la situación continúa al límite en el sur de Guainía, de donde recogieron muestras. Según Esperanza Leal, la media de concentración de mercurio total en el cabello de la población indígena analizada es “significativamente alto”. Lo mismo sucede con los peces.

Leal dijo que la contaminación en Guainía no puede entenderse como un hecho aislado. El mercurio está llegando a comunidades que ni siquiera están cerca de las zonas mineras. Esto ocurre porque el metal se desplaza de muchas formas: una parte viaja por los ríos arrastrada por las corrientes; otra se libera al aire durante las quemas y luego cae con la lluvia; y otra más se mueve desde los mismos campamentos mineros a través de suelos y quebradas. “La Amazonía se está convirtiendo en el sumidero de todo este mercurio agregado”, dijo. Su mayor temor es que las secuelas de la minería estén alcanzando incluso a los pueblos en aislamiento voluntario.

En uno de los recorridos que hicimos por el río Atabapo, el motorista advirtió que en cualquier momento podía salir al paso la Guardia venezolana, o los señores de ‘los grupos’, o el ejército colombiano. Pero luego de seis horas navegando por la arteria que moja los dos países no se asomó nadie: ni disidencias ni soldados ni uniformados de Venezuela. En medio de las garzas que planeaban sobre las aguas brillantes y oleosas del Atabapo, lo único que saltó a la vista en el camino fue una draga que trabajaba a todo motor.

*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.

Imagen principal: las aguas de los ríos Inírida y Atabapo esconden una crisis de salud pública por el vertimiento indiscriminado de mercurio durante más de medio siglo. Esta investigación documentó al menos 32 balsas mineras operando en zonas controladas por estructuras como el ELN y disidencias de las FARC. Ilustración: Angie Pik

El artículo original y completo fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Entre los fríos oleajes del Pacífico y el pulso cálido de las ciudades latinoamericanas se extienden playas turquesas que atraen tanto a ballenas migratorias como a visitantes. Pero estas costas también han estado acumulando un viajero no deseado: botellas plásticas, uno de los rastros más persistentes de la contaminación marina.

Centroamérica —donde coinciden altas densidades poblacionales e infraestructura limitada de gestión de residuos— alberga algunos de los sitios más contaminados de la región, según una nueva investigación publicada en Journal of Cleaner Production. “Es la primera vez que un estudio que analiza origen y abundancia cubre una sección tan amplia del Pacífico latinoamericano”, dijo el coautor Ostin Garcés-Ordóñez, científico marino del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian en Maryland. “Analizamos botellas de ciudades, playas continentales e islas, lo que nos permitió ver patrones de contaminación que no habíamos observado antes”.

Cientos de científicos ciudadanos en México, Centroamérica y Sudamérica participaron en la investigación liderada por Garcés-Ordóñez y la red chilena Científicos de la Basura, rastreando de dónde provenían las botellas y qué revelaban sus trayectorias sobre la contaminación regional. Trabajando con científicos y educadores locales, los participantes recolectaron botellas de playas, ríos e islas cercanas en 10 países.

En Costa Rica, donde solo cinco de los 84 municipios cuentan con instalaciones que separan residuos reciclables de los no reciclables, el coautor Juan Manuel Muñoz-Araya, científico marino y coordinador del acuario en el Parque Marino del Pacífico, organizó a decenas de estudiantes para recolectar cerca de 5000 botellas a lo largo de la costa.

Juntos catalogaron miles de botellas y tapas: algunas con etiquetas desteñidas por el sol; otras, sin etiquetas. Algunas estaban brillantes e intactas, con marcas reconocibles como Coca-Cola y PepsiCo. “Ver los productos internacionales ayudó a que los jóvenes entendieran que forman parte de un esfuerzo científico internacional”, dijo Muñoz-Araya. “No solo están limpiando una playa”.

Cada botella fue registrada por científicos ciudadanos, quienes anotaron su condición y elementos identificadores como logotipos, códigos de barras e idioma. Las botellas etiquetadas en español y producidas por empresas regionales se atribuyeron a fuentes locales, mientras que aquellas con idiomas asiáticos sugerían orígenes internacionales.

Más de la mitad de las botellas que se originaron dentro de Costa Rica fueron arrastradas por los sistemas fluviales desde centros urbanos, incluido San José, hacia las costas rurales. El resto probablemente recorrió océanos enteros: las botellas con etiquetas en chino o japonés probablemente viajaron miles de kilómetros, transportadas por corrientes del Pacífico que atraviesan rutas marítimas comerciales, explicó Garcés-Ordóñez.

En Panamá, aproximadamente el 60 % de las botellas eran extranjeras, lo que revela cómo las rutas de navegación, especialmente a través del Canal de Panamá, contribuyen a la contaminación. Este patrón refleja lo observado en islas como las Galápagos en Ecuador, donde con frecuencia aparecen botellas provenientes de Asia, particularmente de China.

En el estudio, las islas acumularon constantemente más botellas extranjeras que las costas continentales. Esto podría deberse a que muchas islas están más cerca de rutas marítimas importantes y reciben una exposición más directa a los vientos y a las corrientes. Ubicadas en zonas donde convergen grandes corrientes del Pacífico, algunas islas actúan como trampas naturales que interceptan desechos flotantes que, de otro modo, permanecerían dispersos en el mar.

Los hallazgos regionales reflejan una crisis mayor que se desarrolla en los océanos del mundo. Globalmente, más de 11 millones de toneladas métricas de plástico ingresan al mar cada año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, una cifra que podría triplicarse en las próximas dos décadas.

Aunque estas cifras muestran la magnitud del problema, los investigadores también lo aterrizan en la costa, revelando cómo la contaminación plástica está profundamente entrelazada con la infraestructura local. El consumo de bebidas embotelladas suele surgir de un acceso poco confiable al agua potable, explicó Garcés-Ordóñez. En regiones sin sistemas municipales funcionales, las bebidas embotelladas se vuelven una fuente esencial, pero ambientalmente costosa, de hidratación.

Grandes barreras educativas impiden que muchos municipios latinoamericanos operen sistemas de reciclaje eficientes, explicó Salma Terrazas, de Ecolana, una startup mexicano dedicada a facilitar el acceso al reciclaje. “Una gran parte de la población no sabe lo que es la cadena de reciclaje en México, solo llega al proceso de que alguien se lleva su basura, pero desconoce a dónde va o qué hacen con ella”, dijo. “Esto hace que los residuos se entregan revueltos, sucios y limita más el proceso de reciclaje”.

En algunos países latinoamericanos, la devolución de botellas ya incluye compensación económica. Ampliar estos incentivos podría aumentar la participación y reducir la contaminación marina, añadió Garcés-Ordóñez. “La recomendación principal es implementar un sistema estandarizado de botellas plásticas retornables que puedan devolverse en cualquier país y a cualquier empresa”.

REFERENCIA
Garcés-Ordóñez, O., Ergas, M., Baeza-Álvarez, J., Honorato-Zimmer, D., López-Xalín, N., Vásquez, N., … & Thiel, M. (2025). Abundance, provenance, and characteristics of plastic beverage bottles in human settlements and on beaches of the Latin American Pacific region: a citizen science study. Journal of Cleaner Production, 521, 146234.

Imagen principal: clasificación de botellas plásticas recolectadas en Costa Rica para su análisis. Foto: cortesía Juan Manuel Muñoz-Araya.

El artículo original fue publicado por Olivia Maule en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Hace más de 20 años, el 22 de mayo de 2001, se firmó el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes. El acuerdo, ratificado por más de 150 países, buscaba “regular sustancias químicas que persisten en el medio ambiente, se bioacumulan a través de la red alimentaria y plantean el riesgo de causar efectos adversos para la salud humana y el medio ambiente”. Sin embargo, dos décadas después, los contaminantes orgánicos persistentes (COPs) siguen siendo una amenaza para los ecosistemas.

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Un reciente estudio científico, publicado en la revista Science of The Total Environment, reveló que los contaminantes conocidos como COPs están presentes en la base de la cadena alimenticia marina del océano Austral, específicamente en zonas cercanas a las bases científicas de la Antártida, en la bahía Flandes. Su presencia no es casual, llega impulsada por el viento, atrapada por el frío, y hoy se reactiva con el deshielo provocado por el cambio climático.

“Encontramos pesticidas como DDT (diclorodifeniltricloroetano), HCB (hexaclorobenceno) y lindano, prohibidos en muchos países, como Chile, desde la década de 1980, pero aún están presentes en la Antártida”, explica Thais Luarte, bióloga marina, doctora en Medicina de la Conservación y autora principal del estudio.

“Uno de los más impactantes es el lindano, que hasta principios de los 90 se vendía en farmacias como tratamiento para piojos. Era barato, efectivo y hoy sigue apareciendo en muestras tomadas a miles de kilómetros de su lugar de uso”, explica la  académica de la Universidad Andrés Bello, en Chile.

Descongelando errores antiguos

“Lo que queríamos entender es cómo estos contaminantes se mueven entre matrices: el aire, el hielo, el mar, los organismos vivos”, señala otro de los autores, Cristóbal Galván, doctor en Ciencias del Mar y académico del Centro de Genómica, Ecología y Medioambiente de la Universidad Mayor. “La Antártica nos permite observar esto porque es, en teoría, un ecosistema prístino. Pero sabemos que desde hace décadas recibe contaminantes que vienen desde muy lejos, especialmente por vía atmosférica”.

Ese transporte a larga distancia es conocido como “efecto saltamontes”: los pesticidas se evaporan en zonas más cálidas, se trasladan por la atmósfera, se depositan y se vuelven a evaporar, repitiendo el ciclo hasta alcanzar los polos. “Es como si el contaminante se evaporara, viajara un poco, se depositara, volviera a evaporarse y así sucesivamente hasta llegar al Polo Sur”, describe Luarte.

Las bajas temperaturas actúan como trampa donde se depositan los contaminantes. Al llegar a latitudes polares, los COPs ya no pueden evaporarse más y quedan atrapados en la nieve o en el hielo marino. El problema, es que con el calentamiento global, esa trampa se está rompiendo. “Lo que estamos viendo es una contaminación secundaria. No se trata de nuevos eventos, sino de una liberación desde el pasado”, advierte Juan Höfer, académico de la Universidad Católica de Valparaíso, investigador del Centro Ideal y otro de los autores del estudio. “Es como si estuviéramos descongelando errores antiguos”, dice.

La lista de compuestos hallados en el estudio incluye pesticidas que marcaron la historia ambiental del siglo pasado: DDT, HCB, heptacloro, lindano, entre otros. Todos ellos fueron ampliamente usados durante décadas, tanto en agricultura como en salud pública, y hoy están prohibidos por el Convenio de Estocolmo, por las graves consecuencias a la salud y a los ecosistemas que generan.

Algunos de estos contaminantes cumplieron roles importantes. Por ejemplo, durante décadas, el DDT fue aclamado como un “milagro químico” contra la malaria. Su uso masivo a mediados del siglo XX ayudó a reducir drásticamente los casos en América Latina, Asia y África. Se utilizaba en viviendas, plantaciones e incluso sobre personas, su efectividad como insecticida lo convirtió en un símbolo del progreso sanitario.

Sin embargo, con el tiempo, emergieron sus efectos colaterales: bioacumulación, persistencia ambiental y toxicidad para humanos y fauna. “El DDT es parte del legado químico del siglo XX. Se usó para salvar vidas, pero su huella tóxica persiste hasta hoy, incluso en la Antártida”, comenta Luarte. “Eso es lo que hace tan complejo este tipo de contaminantes: pueden tener un origen justificado, pero su permanencia termina generando nuevos riesgos”.

De hecho, el DDT aún está permitido. El Convenio de Estocolmo determinó que es posible su uso restringido y únicamente para el control de enfermedades, cuando no existan otros compuestos que cumplan la función con una efectividad similar, como ocurre con la malaria en África.

Prohibidos pero todavía presentes en la base de la vida

“El problema es que la prohibición no implica desaparición”, señala Luarte. “Muchos de estos compuestos tienen una vida media de 20, 30 o hasta 50 años. Se acumulan en organismos, viajan por el aire y pueden seguir causando daño mucho tiempo después”.

El DDT, por ejemplo, fue prohibido en Chile en 1984. Sin embargo, estudios muestran que continuó circulando ilegalmente en algunos países latinoamericanos durante años. El lindano, un insecticida organoclorado muy popular, fue vendido sin receta hasta mediados de los años 90. “Lo usábamos como shampoo para eliminar piojos. Se aplicaba en la cabeza de los niños. Nadie sabía que era un disruptor endocrino y neurotóxico”, comenta Luarte. “Y hoy está en el krill. Esa es la herencia que arrastramos”.

El equipo científico a cargo del estudio analizó muestras de fitoplancton y krill, organismos que constituyen la base de la cadena alimenticia marina. El krill, en particular, es consumido por peces, focas, pingüinos, aves marinas y ballenas.

“Vimos que el fitoplancton —al tener lípidos— capta estos compuestos hidrofóbicos [que no se unen al agua]. Luego el krill, que se alimenta del fitoplancton, los acumula en mayor cantidad, y así sucesivamente. Es un proceso de bioacumulación”, explica la investigadora.

Galván complementa: “A eso lo llamamos transferencia trófica. El krill concentra más que el fitoplancton y las especies que consumen krill —aves, peces, mamíferos— terminan expuestas a niveles mucho más altos”.

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Aunque las concentraciones no son letales, su efecto es complejo. Los investigadores coinciden en que muchos de estos compuestos son disruptores endocrinos. “Pueden alterar la reproducción, afectar el desarrollo embrionario, generar tumores o alterar la conducta”, detalla Galván. “Lo más complejo es que muchas veces no afectan al individuo, sino a su descendencia. Son impactos transgeneracionales”.

El biólogo marino Höfer añade una preocupación adicional. Y es que “no se trata de un solo contaminante aislado, sino de mezclas complejas. La interacción entre ellos puede generar efectos aún más dañinos que los de cada sustancia por separado”, explica.

La migración de especies es otro factor de preocupación. Ballenas, aves y peces que se alimentan en el océano Austral muchas veces migran a zonas templadas o tropicales. “Una ballena azul que se alimenta de krill contaminado puede llevar esos compuestos a otros océanos”, dice Höfer. “La Antártica no está aislada. Es parte de una red planetaria”.

Ese carácter de nodo global convierte al continente blanco en una especie de medidor de la contaminación. Si hay contaminantes allí, es porque el planeta entero los compartió.

“La Antártica es un espejo. Refleja nuestras decisiones globales. Lo que aparece allá abajo es consecuencia de lo que hacemos acá arriba”, enfatiza Luarte.

Galván es aún más directo: “Pensar que la Antártica está lejos y por eso no nos afecta es una ilusión peligrosa. Lo que se concentra allá, eventualmente, vuelve”.

Falta de apoyo institucional y esperanza en las bacterias

Uno de los hallazgos más inesperados del estudio fue la detección de genes bacterianos capaces de degradar los COPs. “No vimos la degradación directa, pero sí encontramos el gen que podría hacerlo”, explica la académica Luarte. “Eso sugiere que ciertos microorganismos estarían evolucionando para enfrentar esta contaminación”.

Galván valora el descubrimiento, pero explica que falta mucho trabajo: “Que el gen esté presente no significa que el proceso ocurra de forma eficiente o significativa. Podría tomar siglos. Por ahora es solo una hipótesis alentadora”.

La posibilidad de que ciertas bacterias se conviertan en aliadas en la lucha contra los contaminantes abre una línea de investigación en torno a la biorremediación polar, es decir, utilizar microorganismos para limpiar los contaminantes presentes en entornos polares. Sin embargo, este trabajo aún está en fase inicial.

“No podemos caer en la trampa de pensar que la naturaleza resolverá sola lo que nosotros provocamos”, advierte Höfer. “La biodegradación es una carrera contra el tiempo y vamos perdiendo”.

Para poder avanzar en esta tarea, los investigadores coinciden en un punto que debe ser remediado: la falta de monitoreo científico sistemático en la Antártica. Mientras el Ártico cuenta con programas de observación respaldados por organismos multilaterales, por otro lado, en el sur del planeta todo depende de iniciativas individuales o universidades.

“No hay un sistema coordinado ni financiamiento estable. Cada país mide lo que puede, cuando puede y muchas veces no se comparten los datos”, crítica Galván. “Eso es inadmisible para un ecosistema tan clave”.

Chile, pese a su tradición antártica, tampoco escapa a esta debilidad. “Tenemos bases, tenemos barcos, tenemos científicos de altísimo nivel, pero no tenemos una política de vigilancia ambiental robusta”, lamenta Höfer. “La ciencia avanza, pero sin Estado, sin reglas comunes, queda como una voz en el desierto”.

Luarte agrega que “la Antártida no puede seguir dependiendo de la buena voluntad de los investigadores. Se necesita una gobernanza seria, con recursos públicos y una agenda común”.

Este hallazgo no sólo interpela a la ciencia. También plantea preguntas éticas y políticas. ¿Cómo es posible que pesticidas prohibidos hace décadas sigan circulando? ¿Quiénes son responsables por esa carga tóxica que ahora reaparece? ¿Alguien pagará las consecuencias?

“La contaminación secundaria es un espejo de la injusticia ambiental”, reflexiona Galván. “Los países que más usaron estos compuestos ya no los sufren. Pero sus residuos están llegando al lugar más vulnerable del planeta”.

Höfer, por su parte, insiste en que “la Antártida se convirtió en un archivo tóxico de nuestra historia. Y ahora lo estamos abriendo”. Lo que este estudio demuestra, indica el experto, “es que no basta con prohibir un pesticida para que desaparezca. La historia no termina cuando lo sacamos del mercado. La contaminación no obedece a decretos ni fronteras. Sigue su curso, como un legado tóxico que nos recuerda el precio de décadas de decisiones mal tomadas”.

Imagen Principal: un equipo de científicos detectó pesticidas prohibidos desde hace más de tres décadas en la base de la cadena alimenticia de la Antártida. Foto: cortesía equipo de investigación científica

El artículo original fue publicado por Michael Lieberherr Pacheco en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un reciente estudio científico liderado por la doctora en Ecología y Biología Evolutiva Rocío Álvarez Varas ha encendido las alarmas sobre la salud de las tortugas marinas que se alimentan en las aguas de Rapa Nui, en el océano Pacífico de Chile. Entre 2018 y 2024, un equipo de investigación analizó muestras de 52 tortugas verdes (Chelonia mydas) en esta isla chilena, encontrando alteraciones fisiológicas que están asociadas con deficiencias nutricionales, infecciones y exposición a contaminantes.

Uno de los hallazgos más preocupantes del estudio fue la detección de concentraciones de mercurio, consideradas entre las más elevadas del mundo registradas en esta especie. Este metal pesado puede tener efectos tóxicos severos en la salud de los animales marinos, alterando funciones inmunológicas, reproductivas y neurológicas.

Las tortugas verdes, una especie catalogada en Peligro de Extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), llegan a Rapa Nui para alimentarse y permanecer allí durante largos períodos, hasta alcanzar la madurez sexual, que puede tardar hasta 30 años.

“La exposición prolongada a contaminantes en esta etapa crítica de desarrollo plantea serias preocupaciones sobre su supervivencia a largo plazo”, alerta Álvarez.

Aunque todavía no se ha identificado con certeza la fuente exacta del mercurio, los investigadores sospechan que podría estar relacionada con la alimentación oportunista de las tortugas, que consumen restos de peces de gran tamaño —como el atún— que son descartados y lanzados al mar tras las faenas de pesca artesanal. Estos peces, al estar en lo alto de la cadena trófica, acumulan mayores concentraciones de contaminantes, como mercurio, los que podrían estar siendo transferidos a las tortugas.

Este estudio no solo representa una llamada de atención sobre la presencia de contaminantes en los ecosistemas marinos, sino que también abre nuevas preguntas sobre posibles riesgos para otras especies, incluida la salud humana. Una de las hipótesis que los científicos exploran es que el mercurio acumulado en peces de alto nivel trófico, como el atún, no solo podría estar siendo transferido a las tortugas sino también a las personas que los consumen con frecuencia en Rapa Nui.

La doctora Álvarez y su equipo planean continuar investigando para determinar con mayor precisión el origen de esta contaminación, sus vías de transferencia y sus consecuencias ecológicas y sociales.

Las posibles fuentes del mercurio

El hallazgo más inquietante del estudio no solo fue la detección de mercurio en la sangre de las tortugas, sino que los niveles de contaminación están entre los más altos reportados a nivel mundial para la especie Chelonia mydas. Los investigadores encontraron correlaciones directas entre las concentraciones de mercurio y anomalías en los perfiles sanguíneos de los animales: anemia, inmunosupresión y elevados niveles de enzimas hepáticas y renales fueron algunas de las señales fisiológicas que indican un estado de salud deteriorado.

“Estos resultados muestran un cuadro clínico preocupante, especialmente porque hablamos de individuos juveniles, en una etapa clave para su desarrollo y supervivencia”, explica Álvarez, quien también es profesora asociada del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Aunque Rapa Nui se encuentra aislada geográficamente, la presencia de mercurio en estas tortugas sugiere que ni siquiera los ecosistemas más remotos están libres de contaminación. Sin embargo, investigaciones del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI) han demostrado que los peces locales no están contaminados.

“Hicimos un análisis de contaminantes en peces costeros de la isla y los resultados mostraron que tienen los niveles más bajos de mercurio y glifosato de todas las islas del Pacífico”, cuenta el biólogo marino Javier Sellanes, investigador de ESMOI. ¿Cómo se explica entonces que las tortugas estén tan contaminadas? “Porque no se alimentan de esos peces”, dice Sellanes. “Se alimentan de los restos de grandes depredadores, como el atún, que no son locales”.

El atún, como especie pelágica y migratoria, puede recorrer vastas distancias por el Pacífico, acumulando contaminantes en su camino. “Los atunes no son endémicos. Hoy pueden estar en Rapa Nui, mañana en [las islas] Salas y Gómez , y en tres días más en Taiwán. Al ser depredadores tope, van bioacumulando mercurio en sus tejidos. Por eso, sin importar de dónde vengan, siempre tienen niveles altos de mercurio”, añade el investigador.

Para los investigadores, este hallazgo pone en evidencia la necesidad de integrar el conocimiento científico con políticas de manejo costero y, sobre todo, con educación ambiental dirigida a las comunidades.

Desde la mirada local, la presencia de tortugas alrededor de las embarcaciones no genera mayor alarma. “No es que el pescador les dé de comer, pero ellas se acostumbraron al sonido del bote, saben que traen comida”, relata Nels Hereveri, pescador rapanui. “Nosotros hacemos nuestro trabajo y la tortuga aprovecha el descarte de restos de pescado que lanzamos al mar”, agrega.

La relación no se basa en una alimentación intencional, aclara Hereveri, sino que es una consecuencia de la convivencia cotidiana entre especies que comparten el mismo borde costero. Esta familiaridad también implica otros riesgos: al asociar el ruido del motor con alimento, muchas tortugas se acercan a las embarcaciones y algunas terminan golpeadas, lo que explica las lesiones detectadas en sus caparazones.”El 50 % de las tortugas evaluadas tienen daño en el caparazón probablemente causadas por hélices”, asegura Alvarez.

El fenómeno de bioacumulación —que según una hipótesis del estudio estaría relacionado con el consumo de peces de gran tamaño, como el atún— no solo podría estar afectando a las tortugas, sino también poniendo en riesgo la salud humana.

“Aquí en la isla se come mucho atún. Sabemos que tiene mercurio, pero es parte de nuestra vida, es un pescado exquisito”, comenta Hereveri.

Más allá del impacto ecológico, esta situación refleja la complejidad de las relaciones entre comunidades humanas y fauna silvestre. No se trata de prácticas negligentes, sino de interacciones tradicionales que hoy se ven atravesadas por contaminantes globales y transformaciones ambientales.

Hereveri, que además se desempeña como buzo, cuenta que cuando encuentra una tortuga herida o enferma, no duda en actuar. “Si veo que está mal, la limpio, le saco los cangrejos o las algas que se le pegan, lo hago con lo que tenga a mano, una piedra o un cuchillo”, relata.

Para Hereveri, este vínculo con la tortuga no es nuevo, sino parte de una historia milenaria. “En la antigüedad, nuestros tupuna —ancestros en lengua rapanui— llevaban tortugas en las canoas, porque las tortugas siempre vuelven a tierra. Era una forma de guiarse en el océano”, explica.

Este conocimiento empírico y cuidado espontáneo muestran que la comunidad local no es parte del problema, sino una aliada clave para la solución. “Incorporar sus voces, saberes y prácticas será esencial para avanzar hacia una conservación más justa, efectiva y culturalmente enraizada en Rapa Nui”, sostiene Álvarez.

Por otro lado, los científicos no descartan un origen natural del mercurio, vinculado a procesos geológicos o climáticos antiguos. Un estudio paleoclimático liderado por la geoquímica Marta Pérez Rodríguez documentó 71 000 años de deposición natural de mercurio atmosférico en los sedimentos de la turbera Rano Aroi, lo que demuestra que este metal ha estado presente en la isla durante milenios.

“Aún se requiere más investigación para determinar si esta fuente natural podría explicar los altos niveles observados actualmente en las tortugas”, sostiene Álvarez.

Monitorear para proteger

Desde 2018, la doctora Rocío Álvarez lidera los monitoreos científicos de tortugas verdes en Rapa Nui. Aunque la pandemia obligó a suspender temporalmente los trabajos, estos se retomaron con fuerza en 2023 y 2024, involucrando la captura temporal de tortugas para la recolección de muestras biológicas que luego son analizadas en laboratorio.

Un aspecto clave de esta investigación es la participación activa de la comunidad local. Álvarez trabaja con un grupo de aproximadamente siete voluntarios que viven en Rapa Nui, quienes apoyan en las tareas de campo y contribuyen a generar un vínculo respetuoso y colaborativo entre la ciencia y las tradiciones locales.

Entre ellos está Nayade Campos, buzo y voluntaria que lleva 10 años viviendo en Rapa Nui.

Recuerda que llegó a la isla en 2014, atraída por la vida tranquila y el profundo contacto con la naturaleza. Aunque reconoce que adaptarse no fue un proceso fácil, valora la experiencia y el aprendizaje que le ha entregado la isla.

Nayade Campos participó en los monitoreos de tortugas en 2023 y 2024. “Partíamos temprano, a las nueve de la mañana, con el equipo ya organizado. Dos o tres personas entraban al agua para capturar las tortugas, que están bastante acostumbradas a la presencia humana, así que es fácil atraparlas. Trabajamos en zonas donde siempre hay muchas tortugas cerca de la orilla”, cuenta.

Una vez que la tortuga era cuidadosamente sacada del agua, el equipo, siempre atento y respetuoso, tomaba las muestras necesarias sin causar estrés al animal. “Había mucha coordinación para que todo fuera rápido y suave, para que la tortuga no se sintiera perturbada”, explica.

Los días de monitoreo eran largos: desde la mañana hasta la tarde, y aunque a veces el número de voluntarios variaba, el compromiso siempre fue fuerte. “En los mejores días éramos siete, pero a veces solo tres, porque no todos podían dedicar todo el día. Pero lo importante es que siempre logramos avanzar”.

Para realizar el trabajo, el equipo de investigadores y voluntarios debe contar con permisos administrativos. “Esas autorizaciones para trabajar en el mar las entrega la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava, la autoridad marítima local que toma decisiones sobre lo que pasa en el mar de Rapa Nui”, afirma Campos.

Para ella, participar en el monitoreo no es solo una actividad científica, sino un compromiso con la conservación y el respeto por la fauna marina que habita su hogar adoptivo. “Cada vez que vemos una tortuga, sabemos que estamos cuidando un tesoro que nos conecta con la historia y el futuro de Rapanui”.

Centinelas del mar

La investigación liderada por Álvarez forma parte de un esfuerzo mayor de conservación marina en Rapa Nui, donde todo el territorio marino fue declarado Área Marina Protegida de Múltiples Usos en 2018. Esta protección, impulsada por la comunidad rapanui y respaldada por el Estado chileno, busca resguardar especies clave y gestionar de forma sustentable los recursos del mar.

“El monitoreo de las tortugas es un insumo clave para la implementación del plan de administración del área protegida”, señala Carlos Gaymer, director del centro de Ecología y Sustentabilidad en Ambientes Oceánicos Insulares (ESMOI).

Gaymer ha colaborado con Álvarez en los últimos años, aportando desde la perspectiva de conservación y gestión territorial. “Las tortugas son uno de los objetos de conservación definidos en el plan, junto con corales, aves marinas y otras especies. Por eso, conocer su estado de salud es fundamental para saber si las medidas de protección están funcionando o si debemos ajustarlas”.

El plan de administración fue elaborado de forma participativa con el Consejo del Mar – Koro Nui o Te Vaikava y, tras un proceso de consulta al pueblo rapanui bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue aprobado por amplia mayoría. Hoy se encuentra vigente, a la espera de los recursos estatales necesarios para su implementación total.

Frente a los hallazgos sobre el mal estado de las tortugas y los altos niveles de mercurio detectados, Gaymer es claro: “La preocupación sin acción no sirve de nada. Tener este tipo de información es lo que permite diseñar mejores políticas de conservación. Pero también implica asumir que, si se confirma que ciertas prácticas humanas están causando daño, es necesario cambiar esas conductas. Y eso, como todo lo que involucra el comportamiento humano, toma tiempo”.

“El trabajo de la doctora Alvarez no se queda solo en la ciencia: siempre comparte sus resultados con talleres abiertos a la comunidad. Y eso es clave, porque los cambios de conducta —como dejar de alimentar involuntariamente a las tortugas con restos de atún— toman tiempo, pero son posibles”, dice Gaymer.

Las tortugas verdes cumplen un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas marinos. Ayudan a mantener saludables los arrecifes de coral, regulan el crecimiento de algas, favorecen el rebrote de praderas marinas y transportan nutrientes entre hábitats costeros. Su presencia sostiene redes ecológicas complejas que benefician a muchas otras especies, incluidas las humanas.

Proteger a las tortugas es proteger todo un ecosistema, comenta Álvarez. “Son centinelas de la salud del océano. Si ellas están en riesgo, es porque algo más grande también lo está”.

*Imagen Principal: Investigadores detectaron altas concentraciones de mercurio en tortugas verdes que se alimentan en las aguas de Rapa Nui. Foto: Claudio Correa.

El artículo original fue publicado por Barinia Montoya en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La lucha contra la contaminación plástica tiene un papel relevante este 2025. No solo forma parte del lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, también se espera que en este año la mayoría de los países del mundo logren (ahora sí) un tratado global contra la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones quedaron pausadas desde finales del año pasado.

Leer más | Basura cero: pescadores artesanales del sur del Perú evitan que toneladas de plástico terminen en el océano

La promesa de este instrumento debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Sin embargo las diferencias entre los países en áreas críticas persistieron durante la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), realizada en Busan, Corea.

En un reciente mensaje, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los negociadores a retomar las conversaciones en agosto próximo con “la determinación de encontrar una vía común para superar sus diferencias y lograr el tratado que nuestro mundo necesita”.

Aun así, la producción de plásticos a nivel mundial sigue creciendo. Del año 2000 a 2019, la producción anual pasó de 234 millones de toneladas a 460 millones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que la cantidad de residuos plásticos se triplicará para 2060, sin políticas nacionales y cooperación internacional.

En medio de una creciente producción de plásticos y a dos meses de que los países vuelvan a reunirse para negociar un tratado mundial que intente frenar esta contaminación, Mongabay Latam comparte algunos esfuerzos en Latinoamérica que buscan comprender y atender esta problemática.

Leer más | Tratado Global de Plásticos: expertos denuncian presencia de lobistas para debilitar el acuerdo

Científicos de la basura: mapear la ruta de los plásticos

En Chile, un grupo de científicos trabaja desde 2008 en proyectos que involucran a estudiantes, docentes y voluntarios para tratar de entender la contaminación principalmente en playas y ríos.

Se trata de Científicos de la basura, una iniciativa que ha logrado conformar un red de colaboradores por toda la costa oeste del Océano Pacífico, para investigar las causas de la contaminación en zonas costeras y marinas.

En 16 años de trabajo, este proyecto ha realizado desde muestreos en Chile para medir la basura en playas del país, hasta coordinar personal de 50 escuelas de Latinoamérica para averiguar el origen de las botellas plásticas en el mar.

En 2023, por ejemplo, la red impulsó una investigación con más de 1000 voluntarios de nueve países que recolectaron y clasificaron botellas y tapas plásticas de 92 playas del continente para identificar el origen de la contaminación. El estudio confirmó que el 59 % de las botellas de plástico provenían de la misma localidad donde fueron recolectadas.

“A los voluntarios les pedimos ir a sus playas, tomar botellas plásticas y contarnos los códigos que hay en ellas. Hay códigos distintos de una botella que pueden dar mucha información y esto también nos ayudó a poder decir que la mayor parte tiene un origen local”, explica Mauricio Ergas L’Homme, coordinador de proyectos de Científicos de la basura.

Para el biólogo marino, generar este conocimiento permite tomar acciones en localidades para difundir la problemática de la contaminación por plásticos.

“Si la mayor parte de la basura viene de la gente que está utilizando una playa o un río, significa que si hacemos conciencia local, nuestro río, nuestra playa podrían estar mucho más limpios”, señala el investigador.

Ergas señala que a nivel latinoamericano hay un problema serio de contaminación principalmente por plásticos de un solo uso, por lo que se requieren regulaciones a nivel internacional, que los países emitan un tratado global, el cual debe contemplar impuestos y medidas para las empresas productoras de plásticos.

El biólogo también destaca que la ciencia colaborativa de estos proyectos ha logrado resultados en política ambiental a nivel local.

“En Chile nuestras investigaciones fueron una base importante para la ley que nos hizo prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Toda esa idea y buena fe venían en parte de las investigaciones que habíamos hecho”, cuenta Ergas a Mongabay Latam.

También destaca que en Panamá, una profesora colaboradora de Científicos de la basura alcanzó una diputación, por lo que ahora busca replicar más esfuerzos de colaboración en colegios del país.

“Existen diferentes caminos y posibilidades, también con alianzas con ONG que permiten esta articulación, en la que nos concentramos en hacer estas investigaciones, que a la vez nutren a agrupaciones para avanzar en el tema político”, sostiene.

Actualmente, la red de Científicos de la basura trabaja en el Proyecto “Viajeros del Océano”, en el que también a través de la participación de voluntarios investigan la basura flotante, especialmente plásticos, en los océanos y en organismos epibiontes, como son las algas, percebes y hongos.

Leer más | «La industria del plástico tiene intereses muy grandes para seguir produciendo cantidades monumentales»: Daniela Honorato | ENTREVISTA

Regular plásticos del comercio electrónico en México

El comercio electrónico en México, principalmente en la capital del país, ha provocado un problema ambiental por la generación de más de 235 toneladas diarias de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 29 camiones de basura plástica, de acuerdo con un informe de la organización Oceana México.

Esto ha motivado a ambientalistas y organizaciones a promover un cambio en la ley donde se detenga el uso de estos plásticos innecesarios y de un solo uso en el envío de comercio electrónico en la Ciudad de México.

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia Política de Oceana México, explica que la llegada de empresas chinas de comercio electrónico probablemente incrementó la cantidad de basura plástica de un solo uso que se ha reportado desde 2021, por lo que señala la urgencia de regular el exceso de plástico a través de la ley de la ciudad.

“Lo que estamos pidiendo es que esta legislación exista, que se ponga un freno para que la Ciudad de México siga siendo la pionera en ponerle freno a la contaminación plástica, como ha sido en los años anteriores”, comenta Gocher en referencia a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que en 2020 estableció la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, la prohibición de desechables como cubiertos, popotes, mezcladores o platos.

La propuesta, explica, busca modificar el artículo 3 de la ley para definir el embalaje como el material que contiene los productos enviados mediante comercio electrónico, pues la norma actual se emitió previo a la pandemia de COVID-19, época donde la compraventa de productos mediante plataformas como Amazon o Mercado Libre se disparó.

Gocher sostiene que la iniciativa busca modificar los artículos 23 y 25 de la misma ley, donde se indican las responsabilidades de las empresas responsables de la producción, recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de productos, pues se busca que generen planes de tratamiento para los residuos plásticos.

De acuerdo con una investigación de Oceana México, solo en 2021, la Ciudad de México gastó más de 2.7 millones de dólares en la gestión de basura plástica innecesaria del comercio electrónico, por lo que señalan una omisión de las empresas de comercio electrónico en la cadena de suministro.

La investigadora señala que la iniciativa fue presentada ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México para su revisión, pero la iniciativa no avanzó a ninguna etapa legislativa.

“Eso ocurrió en la legislatura pasada, pero ahora tenemos grandes posibilidades [de que avance la iniciativa] porque va iniciando la legislatura, va iniciando el gobierno que tiene una línea de erradicar el consumo de plásticos. Estamos ahí trabajando para que sea posible”, sostiene.

Educación ambiental en las juventudes de Perú

Ante la ola de contaminación plástica que viven desde hace años las playas de la Zona Metropolitana de Lima, Perú, una iniciativa de educación ambiental organiza jornadas de acción contra esta problemática.

La asociación Canto Vivo trabaja desde hace 25 años la educación ambiental especialmente en infancias y juventudes, con el objetivo de que se involucren en proyectos comunitarios sensibles a los problemas ambientales de la capital peruana.

Dayamis Torino Véliz, responsable del área infantil y juvenil de Canto Vivo, cuenta que precisamente ante la falta de limpieza permanente y de una política local para el tratamiento de residuos, la iniciativa realiza campañas de sensibilización ambiental y saneamiento en playas de Lima, donde encuentran principalmente plásticos.

“En los veranos tenemos muchos problemas con el desecho en las playas. Felizmente ha habido un avance gracias a las iniciativa de varias organizaciones, en las que hacemos partícipes a los jóvenes como voluntarios de esta jornadas de recolección”, expone.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, esto representa el 46 % de los residuos de este tipo a nivel nacional.

Por este motivo, Torino sostiene que los esfuerzos por inculcar el reciclaje se ven opacados por la ausencia de normas y leyes que contemplen el tratamiento de residuos o limiten su producción.

“Una vez que reciclamos, ¿cuál es el destino final de esos residuos? Simplemente llega el camión de basura y lo junta todo. (El reciclaje) queda como una nebulosa en el limbo, sino fuera por los trabajadores informales que separan los residuos”, sostiene.

La integrante de Canto Vivo cuenta que pese a este panorama han logrado construir proyectos resilientes con juventudes en educación ambiental, como el programa de Huertos Solidarios, en el cual utilizan ciertos desechos plásticos para sembrar alimentos en colegios en zonas urbanas.

“Los espacios verdes son casi nulos, entonces usamos botellas y bidones para hacer utensilios para cavar la tierra e implementar huertos en escuelas”, explica Torino.

El proyecto —que cuenta ya con 25 huertos— está basado en los principios de la cooperación y la solidaridad que también involucra a padres y madres de familia para replicar formas más responsables de consumo en los hogares, así como fomentar la seguridad alimentaria, afirma la ambientalista.

Uno de los huertos está ubicado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima como parte de los esfuerzos de reinserción social y sensibilización ambiental para adolescentes que han sido privados de la libertad.

Imagen principal: voluntarios de al menos 9 países de Latinoamérica colaboraron con científicos para identificar el origen de la contaminación por botellas plásticas en sus playas. Foto: cortesía Mauricio Ergas / Científicos de la basura

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo de 2025, 11 militares ecuatorianos fueron asesinados durante un operativo de control en la zona del río Punino, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El hecho levantó las alarmas sobre el crecimiento y el impacto de la minería ilegal en ese territorio.

Lee más: Avanza la autonomía indígena en Colombia y los pueblos podrán tener su propio gobierno

Entre noviembre de 2019 y junio de 2024, 1422 hectáreas fueron deforestadas por la minería irregular, de acuerdo con información de la fundación Ecociencia y el Programa Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés). Además, un estudio de Corporación Participación Ciudadana encontró altas concentraciones de mercurio en las zonas afectadas. Aunque los metales pesados no han llegado a Francisco de Orellana, la ciudad incurre en gastos adicionales para tratar el agua que viene cargada de sedimentos por la actividad minera.

Tras la fatal emboscada, unos 1800 militares se desplegaron y están rastrillando un área selvática de unos 460 kilómetros cuadrados. Como referencia, el Distrito Metropolitano de Quito, que abarca la zona urbana y grandes extensiones rurales, tiene una superficie de 372 kilómetros cuadrados. En los primeros días del conflicto, el Ministerio de Defensa comunicó que alias Compadre, líder de los Comandos de la Frontera en Ecuador, fue “abatido durante la operación de respuesta”. Además, el Ejército encontró dos cuerpos, presuntamente de miembros de la disidencia.

El 15 de mayo, el presidente Daniel Noboa dispuso identificar como grupos armados organizados a los Comandos de la Frontera, el Frente Óliver Sinisterra y Disidencias Comuneros del Sur. Estas dos últimas también son disidencias de las ex FARC que operan en la frontera con Ecuador. Con esto se busca facilitar la acción estatal en contra de estas agrupaciones y sucede en el contexto del Conflicto Armado Interno declarado por Noboa a inicios de 2024.

El rastrillaje del área dio hasta el 18 de mayo con unos 12 campamentos clandestinos, en los que había viviendas, maquinaria pesada, tanques de combustible, armas, municiones, uniformes y hasta siluetas utilizadas para entrenamiento de tiro. El Ejército Ecuatoriano también comunicó que gracias a información de inteligencia hallaron a otro integrante de los Comandos de La Frontera, quien murió tras un enfrentamiento.

La minería creció exponencialmente

Entre junio de 2024 y mayo de 2025, la minería aluvial irregular continuó creciendo en esta zona de Ecuador. “Podría haber unas 300 hectáreas nuevas de deforestación, tenemos que verificar”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia quien prefiere mantenerse en el anonimato por seguridad. De ser así, el área afectada ya sumaría alrededor de 1700 hectáreas, equivalente a unas 2390 canchas de fútbol profesional.

El primer reporte elaborado por MAAP de minería irregular en la zona mostró que 32 hectáreas alrededor del río Punino fueron deforestadas entre noviembre de 2019 y noviembre de 2021. El río está en la frontera de las provincias de Napo y Orellana. Hasta diciembre de 2022, 185 nuevas hectáreas fueron deforestadas, sumando 217 hectáreas afectadas. El crecimiento porcentual fue del 578 %, uno de los más altos registrados, y se dio hacia el este, tomándose el noroeste de la provincia de Orellana.

A diciembre de 2023, la actividad ilegal ya sumaba 1001 hectáreas y se había expandido hacia los ríos Sardinas, Lumucha y Supayacu. Los tres desembocan directamente en el río Coca, mientras que el Punino llega de manera indirecta a través del Payamino.

Los especialistas de MAAP estaban realizando monitoreos anuales, con corte a los últimos meses de cada año, pero el acelerado crecimiento de la minería elevó la preocupación y en 2024 hicieron un corte a junio, que reveló el daño de otras 420 hectáreas. “El último reporte muestra que la expansión fue bastante fuerte, se extendía hacia el norte, afectando a otras cuenca hidrográficas, y se extendía por la cuenca del Punino hacia el sur hasta llegar casi al Payamino”, relata el experto.

El equipo de MAAP también documentó que la actividad minera se sobrepuso a territorios indígenas de la nacionalidad kichwa, afectando 300 hectáreas. Además, la expansión solapó la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y deforestó 144 hectáreas del Área de Conservación Municipal El Chaco.

Si bien cerca de 1700 hectáreas son directamente afectadas por la creación de trochas, piscinas de procesamiento de oro y campamentos mineros, el área en la que están operando los mineros ilegales es mucho más amplia, entre los ríos Punino, Payamino y Coca. Al especialista de Ecociencia le preocupa que las carreteras abiertas faciliten el cometimiento de otros delitos ambientales, incluyendo la deforestación y el tráfico de vida silvestre.

Un estudio realizado en 2025 por investigadores del Laboratorio de Geoinformación y Teledetección de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) evidenció que 182 hectáreas de área deforestada por minería se encontraban aproximadamente a cuatro kilómetros del río Coca.

También detectaron con imágenes satelitales un aumento en la turbidez del agua del río Payamino entre 2023 y 2024, resultado asociado a la expansión de la minería ilegal. El color del agua turbia contrasta con el color de los ríos amazónicos en buen estado.

Hasta mayo de 2025, encontraron un frente de minería ilegal en alto Punino, otro en las proximidades del río Coca y cuatro frentes extendiéndose hacia el río Payamino.

Lee más: Minería ilegal se expande en cuatro áreas protegidas de la Amazonía ecuatoriana

El Punino tiene metales pesados

Un estudio realizado por la Corporación Participación Ciudadana encontró que el agua y los sedimentos de la parte baja del río Punino tienen concentraciones de metales pesados que exceden los límites permitidos por la normativa ecuatoriana.

El informe presentado en septiembre de 2024 incluyó la toma de muestras de agua y sedimentos. Los investigadores inicialmente se plantearon llegar a la zona caliente de la actividad minera. Sin embargo, funcionarios del Municipio de Francisco de Orellana, la capital de Orellana, les advirtieron que allí operan grupos criminales.

El equipo tomó muestras en la confluencia del Punino con el Payamino y se apoyó de habitantes del sector para la recolección de muestras en dos puntos más del Punino. Por motivos de seguridad, no fue posible llegar a la zona de mayor actividad minera, por lo que las muestras más cercanas fueron tomadas a 13 kilómetros aguas abajo de esa zona.

Los resultados de calidad revelaron que el agua era ácida y presentaba niveles altos de turbidez, es decir, partículas de suelo en suspensión están mezcladas con el agua. Ambos indicadores están asociados a la minería aluvial realizada sin precauciones técnicas.

Tras analizar el agua, encontraron concentraciones elevadas de aluminio, cadmio y plomo. Los análisis de sedimentos también revelaron altas concentraciones de metales pesados, entre esos, cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo y zinc.

Las zonas más bajas presentaron valores más altos de metales pesados. Esto se debe, explicaron los investigadores, a que la actividad minera creció hacia el río Payamino y a la geografía de la zona.

La cuenca alta del Punino está en una zona de transición entre los Andes y la Amazonía baja. La intersección con el Payamino ya es una zona de mayor planicie. Es decir, en las zonas de pendiente los sedimentos son arrastrados con mayor facilidad por la corriente de agua, mientras que en las zonas planas hay mayor probabilidad de que estos se depositen en las orillas o en el fondo. Además, uno de los puntos donde se tomaron las muestras es una curva sinuosa donde se estima que se acumulan los metales pesados que arrastra el río.

El costo de tratar el agua

Desde la confluencia del Punino y el Payamino hay unos 25 kilómetros por río hasta la ciudad de Francisco de Orellana. Omar Proaño, director de agua potable y alcantarillado del Municipio, cuenta que debido a derrames de petróleo y la erosión regresiva que afectan al río Coca, desde 2020 la ciudad capta agua del Payamino.

El funcionario asegura que hasta el momento no se han detectado metales pesados fuera de la normativa. “El río, a medida que avanza, se va autodepurando”, dice. Sin embargo, el agua sí llega con mucha turbidez y hierro, un mineral asociada a la minería ilegal.

Además de monitoreos mensuales en laboratorios certificados, la dirección monitorea cada dos horas el agua con el fin de darle el tratamiento adecuado. A mayor presencia de tierras, lodos o arcillas, hay que colocar concentraciones más altas de policloruro de aluminio. Este es un químico que hace que las partículas de sedimentos se junten y caigan al fondo de los depósitos por gravedad, dejando en la superficie el agua clara.

En noviembre de 2022, el año en el que se registró el mayor crecimiento porcentual de la minería ilegal, la concentración de materia flotante liviana se incrementó en un 10 %, de acuerdo con Nelson Cambo, ingeniero químico de la dirección. Esta materia tendría relación con las actividades mineras. El aumento de estos contaminantes provocó que haya pérdidas del 15 % del agua y que, para obtener la calidad de agua acostumbrada, el tiempo de trabajo en “horas hombre” se incremente en un 300 % y haya un 15 % más de consumo energético.

En contraste, dice Proaño, en el sector de la Unión Imbabureña hay un sistema por pozo donde solo se trata el agua con filtros y cloración para desinfección.

Después de la emboscada y el despliegue del Ejército en la zona, la actividad minera paró por completo y el agua empezó a llegar más clara. Para Proaño esta es la prueba de que la minería ilegal sí incide en la calidad del agua del río.

El Ejército anunció que intensificará las operaciones en contra de la minería ilegal en Orellana, pero también en Sucumbíos, provincia fronteriza con Colombia donde tendrían mayor actividad los grupos de delincuencia organizada.

Foto principal: desde el 9 de mayo, 1800 militares están rastrillando las zonas afectadas por la minería ilegal alrededor del río Punino. Foto: cortesía Ejército Ecuatoriano

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Cuando Fredy Yavinape era pequeño, no sabía que conocía el concepto biológico de especie sombrilla. Las “especies sombrilla” son aquellas que requieren grandes extensiones de territorios poco intervenidos por el ser humano para sobrevivir, por eso se convierten en un indicador del estado de conservación de todo el ecosistema. Hoy, a sus 48 años, Yavinape sabe que lo sabe.  Lleva más de una década recopilando muestras y registrando lo que ocurre a diario en el inmenso territorio de caños, lagunas y ríos en que vive: la Estrella Fluvial del Inírida, un importante complejo de humedales al oriente de Colombia, entre los departamentos de Guainía y Vichada, donde la selva Amazónica se confunde con las sabanas inundables de la Orinoquía.

“Cada vez que uno salía mi papá nos decía: ‘ojo con el abuelo, que debe estar por ahí, no lo molesten, debe estar pescando o cazando, hay que respetarlo’”. El abuelo al que se refería su padre es el jaguar, ancestro de los indígenas curripacos según su tradición. Fredy lleva una parte de él en los apellidos, pues en su lengua materna Yavinape significa “brazo del jaguar”.

“Él siempre está cuidando, donde está el jaguar quiere decir que hay comida”, asegura Yavinape. La última vez que se topó con uno fue en diciembre de 2024, durante un monitoreo de la Mesa RAMSAR, de la que él es presidente.

La Mesa es un espacio de gobernanza creado por las comunidades locales y los pueblos indígenas de la zona, tras la declaratoria por parte del Gobierno Nacional de la Estrella Fluvial del Inírida como sitio RAMSAR en julio de 2014. Con ello el país se comprometió a la especial protección de 253 000 hectáreas de caños, humedales, lagunas y cuerpos de agua en la confluencia de los ríos Inírida, Guaviare y Atabapo, que suman sus torrentes con el Ventuari, del lado venezolano de la frontera, y juntos conforman el nacimiento del gran río Orinoco.

La Convención RAMSAR, es un tratado internacional suscrito por 172 países, entre ellos Colombia. Busca proteger los humedales considerados “un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable”. Ello, debido a su importante función como “reguladores de los regímenes hidrológicos y como hábitat de una fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas”.

Desde el mismo año de la declaratoria RAMSAR para la Estrella Fluvial del Inírida se formuló un plan de manejo. De la mano con las comunidades indígenas locales, comenzó un proceso para realizar un monitoreo pesquero que permitiera entender mejor el estado de conservación de las especies de las que se alimentan los indígenas.

Las comunidades campesinas de la región, así como los siete resguardos indígenas que albergan a los pueblos puinaves, curripacos, tukanos, piapocos, cubeos, sikuanis y wananos, abarcan parte de las cuencas de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo. Esto convierte a la Mesa RAMSAR en una herramienta para proteger sus territorios, amenazados por fenómenos ilegales como el narcotráfico y la minería, pero también por la pesca descontrolada y el uso irracional de los recursos naturales.

Un modelo exitoso de gobernanza comunitaria

“Esa es la seguridad alimentaria de nosotros; ese monitoreo nos ayuda a tener claridad para un diagnóstico”, observa Fredy Yavinape. Las malas prácticas pesqueras, sumadas a una bonanza de minería informal que empezó en la década de 1980 en los ríos de la región, llevaron a la disminución de muchas de las especies, asegura. Delio Suárez, un líder indígena del pueblo tukano, puede corroborar por su propia experiencia en los sesenta años vividos, el agotamiento del recurso.

“Yo crecí acá. Era muy diferente. Había muchos peces, peces grandes. Uno nunca iba lejos a pescar. Había mucho. Con una jornada se sacaba para la semana”, recuerda. “Hoy en día todo eso ha cambiado. Es como un sueño esa riqueza de peces de esa época. Ahora la población ha crecido, las necesidades han crecido y hay muchos pescadores que usan malla, eso ha sido el problema”.

Suárez coincide con que las mallas de nylon eran desconocidas por los pueblos indígenas de la región hasta que llegó la bonanza de la minería de oro a mediados de la década de 1980, impulsada por mineros brasileños informales que dragaron el río Inírida durante “veinte años consecutivos”. “Los brasileños trajeron las mallitas y todavía siguen existiendo”, dice. Las mallas significaron un cambio radical en las formas ancestrales de pesca, pues de acuerdo con Suárez, permiten atrapar muchos más ejemplares de todos los tamaños, lo que ha contribuido al agotamiento del recurso pesquero.

Suárez aprendió de sus mayores lo que estos habían aprendido a su vez de los suyos: las artes de tejer  “cacures”, unas trampas que se sumergen en la corriente y permiten atrapar los peces, atraídos por carnadas. Delio Suárez recita de memoria que para coger pirañas —en la región llamadas “caribes” (Pygocentrus cariba)— deben usarse carnadas de lagartija. Pero si se utiliza la baba de la espina del cubarro (Bactris maraja) entonces sólo caerán bocachicos en la trampa. Las ciruelas silvestres, en cambio, atraen a las palometas (Pygocentrus palometa).

Las artes de pesca tradicionales incluyen desde complejas trampas elaboradas con palmas y bejucos para atrapar ejemplares vivos con cebos y carnadas, hasta arpones, flechas e incluso el cuestionado uso del barbasco. Ese es el nombre común con el que se conoce a varias plantas amazónicas de los géneros Caryocar, Lonchocarpus, Thephrosia, Clibadium y Phyllantus que liberan toxinas capaces de paralizar o incluso de matar a los peces. A pesar de ser un método milenario de pesca, ahora está proscrito por la mayoría de comunidades dado el impacto perjudicial que tiene sobre las poblaciones de peces.

La Estrella Fluvial del Inírida es habitada por comunidades de los pueblos curripaco, puinave, piapoco, desano y tucano. En tiempos más recientes, también han llegado desde el Vichada miembros de la etnia sikuani y colonos atraídos por la bonanza minera. Todos dependen de la pesca para su supervivencia. En la región hay 476 especies distintas de peces, el 50% de todas las que habitan en la gran cuenca del río Orinoco, según datos del Plan de Manejo. La zona es un importante reservorio de biodiversidad, pues la caracterización biológica para declararla como sitio RAMSAR también encontró que es el hábitat de 100 especies de anfibios y reptiles, 324 especies de aves y más de doscientas especies de mamíferos, que recientemente comenzaron también a ser monitoreados por las comunidades locales en sus recorridos y faenas en la selva.

Jaime Cabrera es biólogo y coordinador de monitoreo del Fondo Mundial de la Naturaleza, más conocido por sus siglas en inglés (WWF), la ONG que apoya este proceso. Explica que el conocimiento ancestral de las comunidades y los datos que recopilan en sus faenas diarias juegan un papel crucial para que la ciencia entienda cómo se comportan las especies de agua dulce en la zona, sus ciclos de desove y reproducción, así como los impactos que el cambio climático con las sequías y temporadas lluviosas más prolongadas están causando sobre el ecosistema.

El monitoreo pesquero ha detectado 108 especies de peces diferentes que sirven a la dieta de las comunidades y aportó datos clave para modificar las restricciones que imponía en la región la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP).

“Desde el principio los indígenas dijeron ‘esas vedas están mal’”, cuenta Jaime Cabrera, explicando cuál fue su respuesta: “ustedes ya lo saben, pero tenemos que demostrarle eso a la autoridad ambiental”. El proceso que siguió —y que aún realizan las comunidades— consiste en llevar un registro detallado después de cada faena pesquera, anotando hora de salida, tiempo en el sitio, cuántos individuos fueron capturados, de qué especies, entre otros datos.

En respuesta para este reportaje la AUNAP ha reconocido el valor de este proceso, indicando que la normatividad y los acuerdos están “adaptados a las particularidades y características de cada comunidad” una regulación que no solo “protege al ecosistema y su biodiversidad, sino que también garantiza una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad pesquera para las comunidades locales”.

“Es una faena normal de pesca, ya en la casa uno los pesa y los mide, para saber si son adultos, les abre las vísceras y revisa el contenido estomacal. Así se fue plasmando la información de todos los peces que tenemos en nuestros ríos”, detalla Delio Suárez, refiriéndose a mediciones que se han hecho en las cuencas del Atabapo, el Guaviare y el Inírida, así como en lagunas y humedales conectados.

Todos estos datos son anotados y sistematizados con apoyo de la WWF. Con la evidencia tomada en cinco años, entre 2014 y 2019, los indígenas le demostraron a la AUNAP que las vedas y restricciones estaban mal estipuladas, pues algunas de las especies eran más pequeñas en su talla de reproducción sexual de lo que la AUNAP presumía.

Entre los hallazgos más relevantes se demostró que para el caso de cuatro especies muy apetecidas la madurez sexual ocurre en tamaños menores a los que la AUNAP permitía pescar. Estos fueron los casos del bocón (Brycon sp), que empieza a reproducirse desde que tiene 31 centímetros, aunque la veda prohibía capturar ejemplares menores de 40. El chancleto (Angeneiosus sp), que también alcanza su madurez sexual a los 31 centímetros, sólo se permitía capturar ejemplares de más de 35. En los casos de la palometa (Mylossoma sp) y el bocachico (Prochilodus sp), que comienzan su reproducción a los 21 y 25 centímetros respectivamente, la autoridad pesquera únicamente permitía su captura cuando los ejemplares tenían 23 y 27 centímetros de talla.

En una primera resolución, la 2575 de 2020, la AUNAP reconoció lo que los indígenas probaron con evidencia científica: que “la talla media de madurez sexual se da en un rango más pequeño” y que “entre las especies con mayor abundancia registradas en los monitoreos se encuentran: caribe (Serrasalmus sp.), bocachico (Prochilodus sp), pampano (Myleus sp.), palometa (Mylossoma sp.), chancleto (Ageneiosus sp.), pavón (Cichla spp.), cabeza palo, guabina y payarita”.

La misma resolución reconoció artes tradicionales de pesca conocidas como caucures y nasas, un tipo de trampas confeccionadas con bejucos y astillas de palma que sirven para capturar peces vivos dentro del río. También, las sagallas, arpones, arcos y flechas con que los indígenas pescan desde hace cientos o quizá miles de años.

Se incluyeron igualmente técnicas modernas aprendidas de los colonos como las caretas y mallas, prohibidas expresamente para la pesca comercial en muchos de los puntos del sitio RAMSAR, aunque aprobadas para la pesca de subsistencia en algunas comunidades de los ríos Guaviare, Inírida y Atabapo, siempre que el “ojo” de la malla, es decir, el espacio entre los hilos de nylon, sea superior a tres pulgadas o 6.7 centímetros.

Una segunda resolución de la AUNAP, la 2663 de 2022, retomó nuevos datos sobre la reproducción de especies ornamentales y de consumo como la sapuara (Semaprochilodus laticeps), cambiando los tiempos de veda y prohibición de la pesca, pues se detectó con un estudio gonadal —un análisis de los órganos reproductivos de cada ejemplar— que su periodo de desove y reproducción ocurre entre marzo y junio, y no a partir de mayo como se creía antes.

No obstante, los cambios acelerados que el calentamiento global está produciendo en los ciclos hídricos preocupan a los científicos y a las comunidades indígenas, pues ahora las temporadas de lluvia y sequía, que antes ocurrían en periodos determinados del año, se han desdibujado, alterando el comportamiento de las especies.

Delio Suárez cuenta que los peces tienen sitios específicos para el desove: “con el cambio climático ha habido mucho problema, porque a veces el río está seco y ellos no saben dónde poner los huevos. Tenemos un problema grave, los peces se están extinguiendo”, dice refiriéndose al río Guaviare, que sufrió los rigores de la temporada seca en 2024 llegando a niveles de apenas tres metros con setenta centímetros, según la prensa local, cuando podía superar los nueve metros en algunos tramos.

Fredy Yavinape cuenta que “sus paisanos” ahora han descubierto en las faenas diarias que, como ellos mismos dicen, “los peces andan locos, andan desorientados” debido a la inestabilidad climática. “Los ciclos de tiempos antes estaban muy definidos, el verano iba desde noviembre hasta marzo, de ahí seguían las lluvias, pero ahora con el cambio climático a veces llueve y se crece el río, el pescado anda desorientado porque cree que ya llegó el invierno, eso se ha podido detectar con el monitoreo”.

Asegura que esta información servirá para tomar medidas urgentes y posiblemente incidir en nuevas regulaciones pesqueras, pero además han detectado la afectación a otros animales de agua dulce, como sucede con varias especies de tortugas en estado de amenaza, por ejemplo, las terecay (Podocnemis unifilis) y las charapas (Podocnemis expansa). “Se ha encontrado que ellas desovan en las playas, pero en tiempo de desove está inundado y no tienen condiciones. O a veces está seco pero el río crece y los huevos se dañan”, comenta Yavinape.

Lagos de Tarapoto: otro bastión de la conservación indígena

Los efectos del cambio climático ya son un grave problema para la cuenca amazónica, donde la sequía extrema ha llegado al punto de afectar la navegación en los ríos. Así lo explica Lilia Java desde los Lagos de Tarapoto, un complejo de 22 humedales y cuerpos de agua que abarcan 45 mil hectáreas, conectados con el gran río Amazonas, que fueron declarados en 2018 como el primer sitio RAMSAR de la Amazonía colombiana.

Cuando se le pregunta a Java si los Lagos fueron golpeados por las últimas sequías que redujeron a niveles inéditos los caudales del Amazonas y varios de sus afluentes en los últimos meses del año, tanto en 2024 como en 2023, ella ofrece una respuesta contundente: “golpeados no, quedaron secos. Golpeados fuimos nosotros, porque no teníamos peces para comer”.

Java pertenece al pueblo Kokama, que habita en un resguardo compartido con las etnias Tikuna y Yagua, donde también se ha implementado un monitoreo pesquero de la mano con las comunidades indígenas, llamado Vigías de los Lagos de Tarapoto.

“Ha sido difícil pero seguimos en el trabajo, seguimos en la lucha”, asegura ella, quien pide más apoyo oficial para esta iniciativa. De acuerdo con Java, a los monitores que ejercen vigilancia y control dentro de los Lagos se les da un incentivo económico para apoyarlos en su alimentación y necesidades básicas, pero aspiran a formalizar su labor con un salario.

Los monitoreos comenzaron en 2012 y ahora contribuyen al cuidado territorial con una balsa de control y vigilancia ubicada a la entrada de los Lagos, desde donde se vigila que se cumpla con las disposiciones pesqueras y los acuerdos comunitarios de pesca que han sido autorizados por la AUNAP. También han ayudado a reintroducir ejemplares de mamíferos acuáticos al ecosistema, como manatíes amazónicos.

Desde 2009, en Tarapoto se han pactado acuerdos de pesca responsable que fueron reconocidos por la AUNAP en una resolución de 2017. Los acuerdos hacen parte del Plan de Vida del resguardo Ticoya y por lo mismo se erigen como normas internas de la comunidad, limitando la cantidad de pescado autorizada para ser capturada por cada grupo familiar, las artes de pesca permitidas y prohibiendo la captura de algunas especies como el pirarucú (Arapaima gigas). Además, prohibieron el ingreso de barcos pesqueros comerciales a los Lagos, así como el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas.

Esto ha permitido que regresen tres especies que “ya estaban desapareciendo del ecosistema”, según explica Lilia Java: el emblemático pirarucú (Arapaima gigas), la gamitana (Colossoma macropomum), que es un tipo de cachama muy apetecida en la dieta local, e igualmente el acarahuazu (Astronotus ocellatus). “Se han recuperado esas especies, no en grandes cantidades, pero volvieron a aparecer registros a través del monitoreo, también identificamos nidos del pirarucú, eso nos ha servido para seguir incentivando el monitoreo”.

El biólogo Jaime Cabrera insiste en que procesos como estos son cruciales para tener información actualizada y de primera mano desde la zona, algo que sólo es posible con el apoyo de las comunidades locales. Mientras un equipo de expertos puede viajar por temporadas cortas y tomar muestras y datos parcializados, los indígenas habitan e interactúan con el ecosistema las veinticuatro horas al día durante todo el año, lo que constituye una fuente de información de un valor incomparable.

Para él, la conservación se hace con la gente, no sin ella, por eso acude a tres conceptos que resumen la gobernanza cultural que los indígenas hacen de su territorio: cuidarlo, gobernarlo y utilizarlo, algo que según el experto es, en esencia, una misma práctica. “No puedes cuidar lo que no conoces. La base para cuidarlo es conocer y saber qué está pasando en los territorios”.

Cabrera insiste en que los saberes tradicionales son tan importantes como los aportes que se hacen desde la ciencia occidental. Incluso defiende la idea de que “todo es ciencia, lo nuestro es ciencia y lo que ellos hacen también”.

Antes, en el Caño Cunubén, aguas arriba sobre la margen derecha del río Guaviare, al norte del departamento de Guainía, la abundancia de babillas era tanta que por la noche sus ojos alumbraban a ras de agua como si fueran “arbolitos de navidad”. La imagen la trae a la memoria Fredy Yavinape, quien creció en las orillas de esa quebrada y añora todavía la profusión de peces y animales de caza que ahora escasean.

“Uno interactuaba con las pirañas, con el jaguar, con la anaconda, todos parecían de la familia de uno, eran uno más de la casa, uno más del patio”, dice con una mezcla de entusiasmo y nostalgia, resumiendo en sus palabras la encrucijada que significa enfrentarse al cambio climático y al colapso de las especies en uno de los lugares más biodiversos del planeta. “Uno vive pendiente del vecino, ¿qué pasó con tal güio [anaconda] o con tal babilla que teníamos en el puerto del caserío? El día en que no los vimos, como que nos hacían falta”.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Baudó Agencia Pública y Mongabay Latam.

**Imagen principal: Ilustración de Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Camilo Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El anuncio se hizo a fines de marzo, cuando el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, informó que Bolivia negocia un acuerdo con la República Islámica de Irán para la exploración y explotación de tierras raras en el territorio boliviano.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos en el proceso de transición energética debido a que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, imanes para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, así como armas de alto rendimiento, entre otros muchos usos. Un ejemplo es el color en las pantallas de los celulares que no sería posible sin algunas de las denominadas tierras raras.

Según el viceministro Rodríguez, en Bolivia hay dos lugares donde se desarrollarían los proyectos para explotar tierras raras. Uno de ellos se encuentra en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, donde según el Gobierno, existen 16 000 hectáreas de terreno para explorar y explotar. El otro corresponde al Cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 12 000 hectáreas para explotar, de acuerdo con información oficial a la que hizo referencia el viceministro. Entre los elementos que se han encontrado en suelo boliviano están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

El anuncio de Rodríguez ha despertado dudas y cuestionamientos. Por un lado están los impactos ambientales que puede ocasionar la explotación de estos elementos; por otro lado la transparencia y factibilidad de la propuesta. Además, surge la pregunta de por qué Irán se ha acercado nuevamente a Bolivia como socio estratégico.

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Los riesgos ambientales

“El yacimiento más importante está en el Cerro Manomó, en Santa Cruz, en medio de la selva amazónica. Entonces, se podría destruir un hábitat muy frágil. Ese es el principal problema, porque la concentración de tierras raras no es muy alta”, señala el experto en minería Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo. “Se tendría que movilizar una gran cantidad de material del suelo para obtener muy poca cantidad de estos elementos. Y hacer eso en la selva es verdaderamente dañino”, agrega.

Córdova también menciona que para procesar todos estos elementos se utilizan diversos reactivos químicos que pueden generar desechos tóxicos. “En medio de la selva eso me parece muy grave”. Adicionalmente, Córdova considera que de concretarse la propuesta, “seguramente sería una mina a cielo abierto”, lo que ocasionaría que “se destruya el entorno”.

Para tener una idea de la cantidad de tierra que se tendría que remover para extraer los elementos químicos, Córdova pone como ejemplo la explotación del zinc en la mina San Cristóbal. En ese caso, señala el experto, se remueven cada día 150 000 toneladas de tierra para obtener 1000 toneladas del concentrado de zinc. “Es gigantesco, y eso que el zinc está en una buena proporción, en cambio, las tierras raras están en una proporción mucho menor. Habría que mover cantidades gigantescas de material para extraer lo que se requiere y hacer comercial la operación”. Córdova señala, además, que hasta ahora, la prospección para determinar la cantidad de tierras raras que hay tanto en el Cerro Manomó como en Ayopaya, en Cochabamba, ha sido superficial.

Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) también menciona las consecuencias que ocasionaría la explotación del Cerro Manomó. “Estos proyectos van a afectar de manera indirecta y, en alguna medida, también directa, a tres territorios indígenas: Bajo Paraguá, Monteverde y Lomerío. Son territorios que están en la Chiquitanía”.

Según Vargas, uno de los problemas es la falta de información sobre la forma en que se realizan los procesos de prospección y explica que de acuerdo a la actual ley de minería, para la prospección no se requiere un proceso de consulta previa, sino solo el permiso de la autoridad minera. “El hecho de que las comunidades, al momento de iniciar las actividades de prospección, no conozcan las características, los posibles daños y afectaciones que podría dejar este proyecto, no es un problema menor”.

Vargas comenta también que los trabajos de prospección seguramente “significará el movimiento de grandes cantidades de tierra y una posible deforestación”.

Además, manifiesta su preocupación porque las comunidades corren el riesgo de perder sus medios de producción y podrían afectarse las fuentes de agua. “En la zona de la Chiquitania donde están estos proyectos, existe un estrés hídrico muy importante”.

Explica que, así como está ocurriendo en los ríos de la Amazonía, la Chiquitania, al ser una área en la que hay riqueza mineral importante, principalmente oro y ahora, tierras raras, está enfrentando la presencia de grandes cantidades de mineros, principalmente nucleados en cooperativistas. Pero las comunidades no tienen certeza de si las actividades de prospección o de explotación ya se están desarrollando, pues no existe información, asegura Vargas.

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Minerales en disputa

En los últimos días, las llamadas tierras raras se han ubicado en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En la guerra de aranceles que se ha desatado entre ambos países, China decidió restringir la exportación de estas tierras raras a Estados Unidos.

Desde que Donald Trump llegó al poder ha sido evidente su interés por un mayor acceso a estos elementos. Prueba de ello es su objetivo de asumir el control de Groenlandia, territorio danés con grandes depósitos de tierras raras.

Hasta ahora el principal país que procesa estos elementos es China, que posee por lo menos la tercera parte de las reservas conocidas de tierras raras que tiene el planeta, además del 60 % de la extracción y de más del 80 % del procesamiento. Otros lugares se suman a esta lista: Vietnam, Brasil y Rusia, por ejemplo, además del depósito Per Geijer, en Suecia, descubierto en 2023 y que ha resultado ser el mayor yacimiento de tierras raras en Europa.

En el caso de Bolivia, no es reciente que el Gobierno quiera explotar los yacimientos de tierras raras. “Desde su llegada al gobierno, Luis Arce ha venido hablando de la importancia del aprovechamiento de las tierras raras que existen en nuestro país. Esto lo ha manifestado en varios espacios”, comenta Vargas.

En efecto, en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, el presidente de Bolivia habló sobre la industrialización de los recursos estratégicos, entre ellos, las tierras raras. “Es momento de consolidar cadenas de valor regionales que prioricen la industrialización de nuestros recursos estratégicos en beneficio de nuestros pueblos. Bolivia reitera su compromiso con la industrialización del litio, el gas, tierras raras y los minerales estratégicos con una visión soberana”, afirmó el jefe de Estado.

Sin embargo, concretar este ofrecimiento no sería fácil. “Tenemos que ver cómo evoluciona esta propuesta, porque todos los acuerdos tienen que ser ratificados por la Asamblea Legislativa y el Gobierno no tiene mayoría. Además, muy pronto habrá cambios en la conducción del Ejecutivo. Es difícil que prospere en la asamblea legislativa”, comenta Córdova, de la Fundación Jubileo, para explicar que cualquier iniciativa de explotación de minerales en Bolivia debe pasar por la aprobación del Congreso.

Las características del proceso de prospección hasta llegar a la explotación y procesamiento también son un inconveniente, según Córdova, puesto que son muy caras y tardan mucho tiempo. “Fácilmente puede tomar 15 años”, dice el experto.

En cuanto al interés de Irán en los recursos de Bolivia, ambos países tienen varios años de acercamiento mutuo. En 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el entonces presidente del país islámico, Mahmud Ahmadinejad, visitó Bolivia. En ese momento recorrió yacimientos de uranio y financió la apertura de un canal de televisión en territorio boliviano.

En esta oportunidad, según explicó el viceministro Rodríguez, la propuesta de cooperación incluye la investigación científica, la cooperación técnica específica con intercambio de prestación de servicios, la participación de empresas iraníes en proyectos de inversión conjunta y la posibilidad de que Irán complete la carta geológica boliviana.

Imagen principal: las comunidades indígenas del Bajo Paraguá podrían resultar afectadas con la explotación del yacimiento de tierras raras, en especial por la disponibilidad de agua. Foto: cortesía Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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