Marilyn Gatica Huanio llegó a la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia a fines de marzo para reunirse con sus pares, otras lideresas indígenas. Su objetivo es reducir el impacto ambiental y social que traería la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho, que impulsa el Gobierno peruano y que pasará por la mitad de su comunidad indígena.

La lideresa de 36 años es jefa de Centro Arenal, una comunidad indígena que reúne a 300 integrantes del pueblo murui-muinani en el distrito de Punchana, en la región de Loreto, en el oriente amazónico de Perú.

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Centro Arenal, ubicada apenas a 10 kilómetros de la ciudad de Iquitos, se encuentra en pie de lucha. “El trazo que propone el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la carretera pasa por la mitad de la comunidad. Esto solo traerá más invasores, no estamos de acuerdo”, dice Gatica Huanio a Mongabay Latam durante un viaje a la zona.

La ruta de la carretera fue aprobada en 2025 por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El primer tramo de este proyecto unió Bellavista con Santo Tomás e implicó la construcción del puente Nanay. El segundo tramo se extenderá hasta Mazán. El tercero será una ruta fluvial de Mazán al Salvador y el cuarto llega hasta El Estrecho, con 147.4 kilómetros de carretera. En total el camino tendrá alrededor de 200 kilómetros.

Según el estudio definitivo del segundo tramo del proyecto, se construirán 35.6 kilómetros de carretera, iniciando en el centro poblado de Santo Domingo —justo al final del puente Nanay—, pasando por las localidades Picuroyacu y San Antonio. La carretera llegaría a la comunidad indígena Centro Arenal, atravesando por la mitad este territorio. Luego avanzaría hacia el caserío San Juan de Sinchicuy hasta llegar a la comunidad campesina San Rafael y finalizaría en el río Mazán.

“Cuando hicieron el estudio no nos explicaron que la carretera pasaría por la mitad de nuestra comunidad, por eso es que los anteriores líderes lo aprobaron. Recién en 2024 nos enteramos que dividiría nuestro territorio”, cuestionó la lideresa.

Once denuncias en diez años

Para llegar a Centro Arenal se debe tomar un vehículo desde la ciudad de Iquitos. La ruta es un viaje de 20 minutos por un camino sin asfalto. Sin embargo, no es la única vía que hay dentro de la comunidad. En 2014, cuando se confirmó la construcción de la carretera Bellavista—El Estrecho y que pasaría cerca de la comunidad de los murui-muinani, empezaron las invasiones, según denuncian Gatica Huanio.

La referente indígena explicó que la comunidad tiene 1977 hectáreas y está titulada desde 1967. “Nosotros nos encontramos al lado del río Amazonas y al otro extremo de la comunidad los invasores han abierto una trocha [camino de tierra] a la que denominaron Joaquin Abensur, por donde sacan madera ilegalmente de nuestro territorio”, asegura.

En los últimos 10 años, la comunidad realizó once denuncias por tala ilegal, sostiene Gatica Huaino.

“Todas las denuncias que realizamos se archivan. No hay justicia para nosotros porque no podemos ingresar a esa parte de nuestro territorio. Cada vez que nos acercamos nos amenazan con armas o golpean”, contó.

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) en un estudio de 2024 también identificó daños a la comunidad Centro Arenal, pese a que aún no se había iniciado con la construcción formal de la vía. “Luego de la ejecución del primer tramo y la construcción del puente Nanay se generaron invasiones, deforestación y tráfico de tierras en la comunidad Centro Arenal”, se lee en el documento.

Bryan Jara, especialista legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA, explicó a Mongabay Latam que la construcción de la carretera está afectando la forma de vida tradicional de la comunidad Centro Arenal.

“Si bien la vía traería conectividad para los pobladores locales, también hay impactos de alto costo: deforestación, cambio en la vida comunal e invasiones. Si no se planifica bien esta carretera tendrá grandes impactos ambientales y sociales, principalmente para los habitantes indígenas de las zonas colindantes, por lo que los mecanismos de participación ciudadana deben considerar la vulnerabilidad de la población local”, afirmó.

Consulta previa: planes del Ejecutivo y críticas de los habitantes indígenas

En septiembre de 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) inició el proceso de consulta previa para obtener la licencia social para la construcción del segundo tramo de la carretera: Santo Domingo—Mazán. En ese primer encuentro el Gobierno informó a la comunidad que la carretera pasará por la mitad de la comunidad.

“El plan del Ministerio es abrir una nueva vía dentro de la comunidad. Es decir, la trocha Joaquín Abensur, la que ya está invadida no está considerada, sino que será una nueva. Esto traerá más invasiones”, coincide Isaac Alejo, especialista legal de la ONG Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), quien acompaña a la comunidad en el proceso de consulta previa.

El abogado explicó que durante 2025, el proceso de consulta previa se paralizó porque otras comunidades no habían sido incluidas, solo estaba Centro Arenal, pero tras los reclamos ahora también participan Santa Clotilde, El Milagro e Independencia, que se verían afectadas de manera indirecta por el trazo de la carretera.

Sin embargo, el Ministerio solo ha puesto en consulta el estudio definitivo de la carretera. Es decir, el trazo que construirá, pero no se está poniendo en consulta el estudio de impacto ambiental ni el estudio de arqueología, sostienen los expertos y referentes indígenas consultados.

“La justificación es que el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) realizará su propio proceso de consulta del estudio de impacto ambiental, pero se debería llevar a consulta previa los impactos del estudio y las medidas de mitigación y adaptación y quienes intervienen dentro de eso para tener claro las cláusulas sociales y ambientales”, cuestionó Alejo.

Mongabay Latam consultó al Ministerio por qué no incluyen el estudio de impacto ambiental, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Mientras tanto, la Oficina de Diálogo y Gestión Social de esta cartera solicitó una aplicación de plazos de la consulta previa para gestionar temas administrativos.

“Los talleres informativos deberán retomarse en julio”, adelantó Isaac Alejo.

Dos áreas protegidas serán atravesadas por el proyecto

Mayra Collantes y Rubiela Ríos viven en extremos diferentes, pero comparten una misma lucha: evitar que la carretera Bellavista—El Estrecho pase por las áreas de conservación regional (ACR) Maijuna Kichwa y Ampiyacu Apayacu, territorios de sus pueblos que ahora están bajo la administración del Estado.

Ambas lideresas se reunieron con Marilyn Gatica, jefa de Centro Arenal, en Leticia, en la Amazonía de Colombia, para hablar sobre el avance de la obra.

En tanto, la comunidad Pucaurquillo, de donde es Mayra Collantes, es parte de la cuenca del Ampiyacu. El último tramo de la carretera: Salvador—El Estrecho no pasará por su comunidad, ni cerca de ella. Sin embargo, sí afectará el territorio del ACR Ampiyacu Apayacu, un espacio protegido por su pueblo, los boras, desde hace siglos y que tras su creación, en diciembre del 2010, la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (Fecona) han ayudado a conservar.

“Una carretera que pase por el ACR solo traerá invasores y nos afectará a las comunidades que vivimos en el Ampiyacu. Esta zona está protegida, hacer una carretera que pase por medio de áreas protegidas es una irresponsabilidad”, cuestionó Collantes.

La comunidad de Rubiela Ríos está cerca del ACR Maijuna Kichwa, que se instaló en junio de 2015 con 391 039 hectáreas, en las provincias de Maynas y Mariscal Ramón Castilla, del departamento de Loreto.

“No nos oponemos a la carretera, pero debe existir otra forma de tener esta vía sin afectar las áreas protegidas. Son espacios que cuidamos hace siglos para permitir que ahora sean deforestados. Las carreteras permiten el ingreso de extraños”, anotó.

En 2011, cuando el Congreso de la República declaró de interés nacional la creación de esta carretera, ya existía el ACR Ampiyacu Apayacu y en 2014. Cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró la viabilidad de la ruta estaba en proceso la creación del ACR Maijuna Kichwa, que terminó siendo creada un año después.

Pese a esto, el proyecto continuó, ejecutándose el primer primer tramo: Bellavista—Santo Tomás, incluyendo el puente Nanay, de 2017 a 2021.

Consecuencias de una carretera resistida

Con el avance del segundo tramo, las invasiones han incrementado. “Los invasores exigen la construcción de la carretera, mientras nosotros queremos seguridad para impedir más deforestación en nuestras tierras”, dice Gatica Huanio.

En tanto, el estudio de Identificación de condiciones del proyecto que realizó la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCSD Perú) estima que se deforestarán 16 800 hectáreas de bosque para construir la carretera de Bellavista al Estrecho.

Ciro Salazar, analista sectorial y de conflictos sociales de FCSD, señala que el principal cuestionamiento al estudio de factibilidad es la estimación de la intensidad media diaria (volumen de tráfico) de la carretera. “Se plantea que 1104 vehículos diarios recorrerán la vía hasta El Estrecho. La cual nos parece excesiva porque la ciudad de Iquitos tiene un tráfico similar y no podría alcanzar esa cantidad hasta la frontera, no encontramos sentido”, indica.

El especialista también advierte que la carretera generará ventaja logística a los grupos criminales que realizan tráfico de drogas, extracción de oro y madera ilegal. “En el estudio también realizamos un estimado del costo económico que el Estado debe invertir para realizar interdicciones en este territorio tras la construcción de la carretera porque se necesitará mayor cuidado”, anotó.

*Imagen principal: la carretera Bellavista–El Estrecho llegará hasta la frontera con Colombia. Foto: cortesía Vico Méndez/SPDA.

El artículo original fue publicado por Geraldine Santos en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Por: Carlos Andrés Baquero
Investigador de Dejusticia

Angélica María Cuevas
Redactora de El Espectador

La idea de que se ejecute una segunda etapa de la represa El Cercado para el Distrito de Riego Ranchería, en la Guajira, vuelve a avivar la molestia de los indígenas wiwa. Creen que, por segunda vez, su opinión no ha sido tenida en cuenta dentro de los planes que tiene el gobierno de autorizar, este año, la construcción de obras para los Distritos de Adecuación de Tierras de Ranchería y San Juan del Cesar que según Ariel Borbón Ardila, gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), ascienden $546 mil millones.

Los wiwa, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, dicen que se enteraron de la reactivación del proyecto por medios de comunicación locales y por una reunión informativa, pero quieren entender por qué ningún representante del estado los ha citado a concertar, para saber si están de acuerdo con que pronto vuelvan las volquetas, y los ingenieros a su territorio. “No nos han tenido en cuenta”, asegura el Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).

Por su parte el director del Incoder asegura que por ahora lo único claro es que para el 30 de junio de 2015 se sabrá si es viable la creación de una Asociación Público Privada (APP) que permita sacar adelante la segunda fase de la represa. “De ser viable financieramente, la estructuración del APP terminaría en diciembre de 2016, la cual permitiría la contratación del operador especializado para construcción y operación del Proyecto Río Ranchería (acueductos, riego y energía)”, dice Borbón Ardila.

Es claro que los conflictos sociales que giran en torno a la represa El Cercado comenzaron hace por lo menos diez años.  En 2005, cuatro años después de haberse planteado el proyecto al país, el Incoder  obtuvo la licencia ambiental para levantar el embalse y los distritos de riego del río Ranchería y San Juan del Cesar. Una obra que fue presentada por los políticos como el camino para la reactivación económica de la Guajira pero que se ha caracterizado por su bajo desempeño.

Además, los wiwa, se han declarado afectados directos por la construcción de la represa y por años han reclamado que ésta se levantó sin su consentimiento.  denunciando que realmente no hubo un proceso de consulta previa.

Los indígenas le han pedido al gobierno que escuche sus peticiones. / Foto: Dejusticia

Aunque el Incoder ha argumentado que las consultas sí se hicieron y  “durante los meses de marzo (días 14 a 16)  y mayo (día 13) del año 2005, se socializó el proyecto multipropósito Río Ranchería y sus impactos, acatando toda la normativa”, los indígenas han sostenido que éstas no fueron más que reuniones informativas donde no se tuvieron en  sus posiciones.

La ‘megaobra’ tenía tres objetivos principales: en primer lugar el gobierno buscaba dotar de agua los acueductos de nueve municipios guajiros (Distracción, Fonseca, Manaure, Uribia, Maicao, Hato Nuevo, Barrancas, Albania y San Juan del Cesár) beneficiando a 354.900 habitantes; además se realizarían obras de infraestructura para la construcción de los Distritos en Gran Escala de Ranchería y San Juan del Cesar que servirían para alimentar 18.500 hectáreas de cultivos y por último la represa funcionaría como hidroeléctrica y así iluminaría todo el sur de la Guajira.

“Esta es una experiencia y una prueba fehaciente de que las regalías también se invierten bien, como lo ha hecho La Guajira con este proyecto”, fueron las palabras del ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo en noviembre de 2010 cuando entregó la primera etapa de las obras en compañía del entonces gerente del Incoder, Juan Manuel Ospina, y el gobernador de La Guajira, Jorge Eduardo Pérez.

Pero pasó el tiempo y la represa aún no cumple con las expectativas. El año pasado, el fuerte verano que soportó la Guajira le dejó ver a algunas autoridades que el proyecto no está funcionando. En agosto, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la represa tan sólo cumple con uno de los cuatro objetivos para los que se construyó: aunque surte de agua los distritos de riego de la Ranchería, no se aprovecha para los otros propósitos por los cuales se creó.

Panorámica de las zonas de vegetación que fueron inundadas. /Foto:Dejusticia

“Los diferentes municipios que se beneficiarían con el proyecto no han realizado sus conexiones a la presa para surtirse del preciado líquido para sus pobladores, además es evidente la falta de control por parte de Corpoguajira en la vigilancia de las concesiones de agua otorgadas”, fue el balance del ente de control. Desde 2010, la falta de recursos hizo que la puesta en marcha de la segunda fase se retrasara, generándole al país pérdidas anuales que han sido calculadas por la Contraloría General de la República en $22 mil millones.

En El Caney muchos de los habitantes piensan El Cercado es otro elefante blanco de la Guajira que además estuvo marcado por la presión de grupos armados. Según informes publicados por el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en el 2002, los paramilitares atravesaron los primeros retenes en la misma zona donde después se construyeron los muros que dividieron el río Ranchería. “Los ataques paramilitares llevaron  al desplazamiento de 1.500 personas, entre las que se encontraban familias indígenas y campesinas”, dice el informe. Ese traslape de la zona de la represa con la de expansión militar del bloque Norte de la AUC ha sido denunciado en distintas ocasiones por el Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra Nevada de Santa Marta (CTC), ente de representación política de los wiwa, arhuacos, kankuamo y koguis.

“Con la llegada de los paras a Caracolí, nos tocó recoger nuestras cosas y desplazarnos a San Juan (…) eso fue por ahí en el 2006”, recuerda una de las víctimas de la represa que pidió mantenerse en el anonimato por miedo a un segundo ataque.

“Antes de la represa yo tenía un pequeño cultivo de yuca que me daba para mantener a mis hijos”, contó Julio Vega, un indígena que tuvo que trasladarse con toda su familia para ese lugar después de que el agua arrasara con su casa y su cultivo. Debajo del agua también quedaron los animales que tenían para su subsistencia y más de treinta sitios sagrados, lugares de pagamento y ritos ceremoniales de los pueblos wiwa, kankuamo, arhuaco y kogui; cuidadores ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Nos habían dicho que el agua no llegaría a mi casa porque estaba alta, que la inundación duraría tres años pero en pocos meses la represa se llenó y así inundó nuestras casas y todos los cultivos” es lo que recuerda otra de las afectadas.  Esta situación fue confirmada por la Contraloría, que en uno de sus informes reveló cómo el acelerado proceso de llenado de la represa, que estaba planeado a 3 años y se hizo en 3 meses (entre agosto y diciembre de 2010), causó serios impactos ambientales y socioeconómicos.

Pedro Loperena, coordinador de derechos humanos de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT)./Foto:Dejusticia

Ahora, mientras caminamos por el borde del embalse, Pedro Loperena se queda viendo el bosque muerto que fue inundado por la represa. “Esta es la cara del desarrollo que muestra el hermano menor, lo que para ellos es desarrollo, para nosotros es muerte. Qué hace la autoridad ambiental, otorga permisos para destruir porque esto es lo que han hecho” dice.

“La enfermedad que nosotros sufrimos fue la del dengue y nosotros no sabíamos lo que era eso”, narró uno de los habitantes de Caracolí quien cuenta que una de las víctimas más recordadas fue un vecino que dejó huérfanos a ocho hijos. Medios como La Silla Vacía registraron la muerte de un soldado del ejército, y los habitantes Nelson Turizo y Oriso Bonilla. En respuesta, el Incoder ha afirmado que ha realizado los estudios epidemiológicos pertinentes y  hasta la fecha no se han registrado epidemias que hayan afectado a la población vecina al  embalse por efecto de su llenado y operación.

Los medios de comunicación local reseñaron la aparición de nuevos casos de dengue. /Foto:Dejusticia

La lucha por ser escuchados llevó a los indígenas de la Sierra, organizados en el Consejo Territorial de Cabildos (CTC), a presentar una  tutela por violación del derecho a la consulta previa, que fue negada  tres oportunidades, incluida la Corte Constitucional, al considerar que los indígenas se tardaron mucho en exigir la realización de las consultas.

Como un último recurso judicial, en 2013, el CTC, junto al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, acudieron a instancias internacionales para buscar la protección de su derecho a la consulta y la reparación por los daños generados en sus vidas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aún no se ha pronunciado sobre la denuncia que presentaron contra del Estado colombiano.

Ahora que se anuncia una segunda etapa del proyecto, los habitantes de El Caney, Caracolí y toda la parte baja de la Guajira siguen esperando que la represa funcione en algún momento, mientras que los pueblos indígenas continúan esperando que se les tenga en cuenta.

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