Al detallar paso a paso de las actuaciones podríamos decir que nadie está actuando fuera de la norma o de lo legal. Tan legítimo es que se hagan movilizaciones sociales, como legítimo es que el Congreso de la República elijan firmar ponencias de archivo a las reformas. Sin embargo, que algo sea legal no quiere decir que sea bueno.

Me refiero explícitamente a la forma en la que el gobierno está haciendo el llamado a la movilización social en contra del Congreso y no en favor de sus reformas. El gobierno habla de una ruptura, que ha sido generada por el mismo gobierno al no dar los suficientes espacios para los debates o para que sus proyectos puedan ser puestos en consideración desde otros puntos de vista.

La vehemencia con la que el gobierno nacional está atacando al Congreso y a quienes firmaron el proyecto de archivo es digno de aquellos quienes NO reconocen la oposición, de quienes NO aceptan las reglas democráticas y que buscarán por cualquier medio conseguir sus objetivos. Es imperativo que recordemos que los congresistas, al igual que el presidente, fueron elegidos democráticamente, por lo que de una u otra forma, la solicitud de archivo del proyecto es una decisión que si representa a los colombianos.

Sobre las movilizaciones y acciones en contra de quienes no apoyan la reforma se está convirtiendo en una persecución hacía el paredón público. La actuación del gobierno está limitándose a convertir a todo el país en amigos y enemigos, destruyendo cada posibilidad de construir puentes. Además, la idea de convocar a una gran consulta popular, en un año pre electoral, tiene un tono político. Dejando entrever algo más allá que sólo la expresión participativa de la ciudadana en torno a la política laboral colombiana.

Esta ruptura, que más parece una declaración de guerra entre poderes, no se ha de tomar a la ligera ni de manera banal, como algunos lo están interpretando. Esta clara declaración de intenciones es apenas el comienzo de una estrategia coordinada para lograr la intromisión del ejecutivo sobre el legislativo. Entonces, esto no es más que un recordatorio de que: en Colombia hay que modificar el sistema ultrapresidencialista que tenemos.

Por: Marco Antonio Valencia Calle

Un estudio psiquiátrico de la Universidad de Harvard arrojó que la gente es más feliz después de los sesenta años porque a medida que se avanza en edad, nos deshacemos de amistades innecesarias y evitamos asistir a reuniones poco agradables; además, el cerebro ya tiene suficiente edad emocional para enfocarse en lo positivo de la vida.

La calidad de vida de una persona adulta mayor depende de asuntos como el cuidado médico, la capacidad de movilizarse sin dolor, no tener discapacidades, la seguridad en el hogar, un estilo de vida saludable, rutinas de ejercicio y ocio, la calidad de las relaciones sociales con amigos y familiares, la capacidad de tener autonomía, acceso al transporte, el respeto y la valoración de la sociedad, pero también el acceso a recursos económicos. Y muchas veces, esto último depende de una pensión.

Las pensiones para una vejez digna se remontan al siglo XVIII, cuando empresas alemanas e inglesas comenzaron a ofrecer a sus empleados una jubilación para garantizar su permanencia, y desde entonces se implementa en muchos países la seguridad social; en Estados Unidos, se comenzó a dar después de 1870 por empresas de ferrocarriles y el gobierno. Hoy en día, en casi todo el mundo se puede obtener una pensión después de trabajar un cierto número de años y alcanzar una edad. Si no existieran las pensiones, las personas mayores tendrían que vivir de sus ahorros, el apoyo de sus familias y/o la caridad.

La edad y el monto de las pensiones son temas de debate permanente en todo el mundo. En Perú, el Congreso aprobó recientemente una ley para que las personas puedan trabajar hasta los 75 años; mientras que en Francia, las protestas callejeras son fuertes por el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años decretado por el presidente Emmanuel Macron. En Colombia, el tema también es noticia, ya que el gobierno de Petro propone una reforma pensional y los debates son intensos desde todos los sectores sociales y políticos.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, aseguró que el proyecto de reforma pensional que se radicó en el Congreso va a obligar a todas las personas que actualmente solo alcanzan a cotizar 1.150 semanas a estar en el sistema 3 años más, es decir, 150 semanas más. “Hoy, un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone, deberá cotizar 1.300 semanas, es decir, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación. Eso es un aumento de facto, un aumento en la edad de jubilación, aunque digan que no”, argumenta Montenegro.

Por otro lado, le advierte al gobierno que los subsidios deben ser lo menos posibles para no endeudar al Estado. Solicita que haya varias AFP de carácter público para competir en igualdad de condiciones con los fondos privados. También sugiere que en el momento de la jubilación, el dinero de las personas, ya sea en régimen público o privado, se entregue a Colpensiones para que se encargue de pagar las pensiones. Proponer permitir a las personas incrementar sus ahorros para pensiones libremente, que aquellos que ganen menos del salario mínimo puedan acceder al sistema pensional, y sobre todo, que se calcule el monto de la pensión utilizando el promedio salarial de toda la historia laboral de los trabajadores y no solo de los últimos 10 años.

En las próximas dos semanas veremos qué ocurre con el tema y si las sugerencias de Montenegro prosperan.

¿Creen que fueron suficiente los once millones y pico de votantes quienes lo prefirieron? ¿O, la apatía de la abstención? Quizás, la incertidumbre que hemos vivido por décadas debido a la malversación de ideologías y fondos con que la cúpula reinante ha subyugado los connacionales. ¿O sería probablemente la necesidad de cambios que la humanidad vive en el mundo entre las ideologías de la derecha y la izquierda?

Lo cierto es que la humanidad en el mundo y, por supuesto Colombia, vive la pugna entre lo divino y lo diabólico, verdades y mentiras, derecha e izquierda…

El juego de las consultas e información falsa fue contundente en estas elecciones, pero francamente, no les doy el valor que quizás otros hagan. Y no se lo adjudico, porque, juzgando por mi propio proceder – no leo esos mensajes idiotizados – estoy por asegurar que muchos no lo hacen tampoco. Solo el fanático los lee.

En cuanto a las consultas, estoy por aseverar – como es el caso de los Char en Barranquilla – es que dichas encuestas se hacen bajo la vigilancia de los patrones, pero al momento de ejercer el voto, se les voltean.

Hoy, Petro es el presidente con la oportunidad de establecer cambios contundentes y necesarios para todos los estratos sociales, específicamente el 1, 2, 3, y 4, cada uno a su medida. El problema de nosotros los colombianos es que nos sentimos perteneciendo al 5 y al 6 no importa donde vivamos.

Y los temores de la derecha de que Petro se perpetuará en el poder (nunca podría), se les olvida que Uribe trató y no pudo a pesar de la adoración que existía sobre él. Los vestigios de las fuerzas armadas tienen formaciones de militares por décadas que generarían un golpe militar aplastando cualquier intento, revolucionando una guerra civil.

Además, la burocracia judicial no está integrada todavía para represalias, y tardaría demasiado el tratar de formular una alianza que pudiese perseguir a sus enemigos políticos.

Comparar la situación colombiana con la venezolana, ni se les ocurra. Son dos fenómenos completamente diferente. Además, a Maduro lo eligen con votos. Falsos, comprados o fraudulentos, Maduro ha sido elegido presidente de Venezuela.

Pero el fenómeno de las elecciones populares a favor de la izquierda conlleva el sentimiento de los elegidos a entender que la guerra no es el camino. Ya razonaron que las armas no es la solución, que son los votos y por eso están ganando elecciones en Latinoamérica. El triunfo de Petro de ayer se consolidó en las elecciones del 2018 cuando obtuvo más de 8 millones de votos.

La humanidad está dividida entre la derecha con el eufemismo de religión y dios y la izquierda creyendo en la posibilidad de la evolución mental del hombre hacia un socialismo que garantice derechos constitucionales de educación, vivienda y salud gratis a sus coterráneos.

Además, algo que está claro alrededor del mundo es que las personas que tendemos a ser más liberales, somos más, pero se entiende que la diferencia es de un porcentaje pequeño.

Aclaro que no soy petrista ni político, solo un observador. A Petro, como a la gran mayoría de los dirigentes políticos, senadores, congresistas, policías y todos los demás, en mis páginas los considero criminales de acuerdo con lo que descifro e interpreto de las leyes penales colombianas.

Esta presidencia es producto de un parto donde la madre es Colombia, nuestra patria. Como cuando criamos a nuestros hijos, hay que observar su crecimiento, tender la mano cuando sea necesario, corregir los pasos mal dados, pero también endurecer castigos por violaciones si ocurriesen.

Como colombianos, es nuestra obligación permitir el transcurso del tiempo para esta presidencia, y desear, rogar, esperar o condescender, que lo que predicó en su campaña, así suceda para que nazca un solo color en el territorio colombiano.

ben.bustillo@gmail.com

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#presidencia

Creo que, para opinar sobre lo contencioso del tema, habría que hacerlo separadamente dentro de los ámbitos legal, moral y económico. Cualesquiera de los tres difíciles de confrontar, polémicos con públicos en contra y a favor, y al final, es una decisión personal. El problema es que, nos contunde a todos como sociedad.

Los sistemas legales en el mundo son ambivalentes en cuanto a la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los delitos que conllevan la pena de muerte a nivel federal están contemplados en el capítulo 18 del USC – 40 estatutos relacionados con el asesinato de otro – uno con espionaje, y dos más – uno de ellos relacionado al tráfico de drogas en cantidades grandes – y el otro, relacionado con la matanza de algún testigo, jurado u oficial, tocante un juicio contra la atribución de una empresa comercial criminal.

A nivel estatal se ejecuta también con 31 estados a favor y 19 en contra; en 4 de ellos, Colorado, Oregón Pensilvania y Washington existe una moratoria en su aplicación. El tema es diverso, con una profundidad como la del océano y en pocas palabras, su ejecución tan compleja como la propia vida.

En Colombia la prohíbe el Artículo 11 de la Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable.” Suena bien como derecho constitucional, ¿cierto? Pero hay ciertos delitos repugnables que remueve entrañas a cualquier ser pensante, como los delitos sexuales cometidos con la niñez que conllevan a su muerte, o cualquiera – a la hora de la verdad – que tenga que ver con asesinatos de niños. Este tema lo trajo a colación en el 2015 el tal controvertido General Rodolfo Palomino cuando el asesinato de los cuatro niños en Caquetá, pero encontró resistencia de parte del mismo gobierno.

La máxima pena en Colombia es de 60 años de cárcel, porque tampoco existe la cadena perpetua. Sin embargo, una condena de 60 años podría significar una sentencia de muerte camuflada, dependiendo de la edad del condenado.

Desde el punto de vista moral – que implica tácitamente el religioso – nos proyecta inmediatamente a la Biblia, quien en el Antiguo Testamento especificaba patentemente su aprobación en Éxodo 21:12 (asesinato), 22:16 (secuestro), 22:19 (relación sexual con un animal), Levítico 20:10 (adulterio), y no importa cuál traducción o versión se use, todas la transcriben como aceptación. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el simple hecho de ser humanos y pecadores, nos condena a la pena de muerte, Romanos 6:23.

Inverosímil que el libro de Dios, promulgue un testimonio hacia la tolerancia por la pena de muerte, por pecados tan simple como el de poseer la vida. ¿Cuál debería ser nuestro entendimiento al discernir sobre los delitos que deberían ser castigados con la pena de muerte? ¿Una tan salvaje como el de aquél que mata?

El punto de vista económico es otro. ¿Cuánto le cuesta al estado mantener a un individuo en Colombia que es penalizado con 60 años de cárcel? Según Semana en el artículo, “¿Cuánto le cuesta un preso al país?” publicado en septiembre 16 del 2014, dice que es de $13.336.449 anualmente. Multiplique esa cantidad por 60 años, ese individuo le costaría al gobierno $800.186.940 sin incluir inflación. Es una cantidad exorbitante, ¿no les parece?

Pero este artículo no incluye costos de cuando un reo requiere atención especial, como es el caso de Rafael Uribe Noguera, quien está separado de los otros presos (que piden a gritos que lo pongan con ellos) por temor a represalias en su contra. Requiere vigilancia 24 horas al día, comida especial y atención en su preparación.

No importa qué lenguaje se utilice, el leguleyo, el religioso o económico, como pertenecientes a un estrato socio-económico, debemos afrontar que ciertos actos criminales – como los cometidos contra la niñez – requieren un discernimiento mucho más allá de la comprensión rutinaria de la vida. Pero desafortunadamente intereses económicos e imposiciones religiosas, controlan decisiones de esta envergadura imponiéndonos criterios que debemos aceptar como tal.

Esta columna se trata de mi opinión; y como en ocasiones anteriores, he manifestado que no tengo el conocimiento ni estudios suficientes para promulgar lo que voy a decir; pero es eso precisamente, mi opinión: Si la decisión de la condena de Rafael Uribe Noguera estuviera bajo mi poder, lo pondría con los otros presos bajo la condición de que no lo mataran, pero que hiciesen con él, lo que les viniese en su gana, y así terminaría condenado penal, moral y económicamente.