Poco o nada se sabía de esta congresista antes de que le hablara al primer mandatario con lenguaje de culebrero, en lugar de utilizar las formas en las que se debe expresar una congresista que —por su investidura— está obligada a guardar la compostura y las formas para dirigirse mientras esté al frente de un micrófono.

No me extraña que el resto de la oposición al Gobierno Nacional aplauda la grosería, agresividad y altanería de esta señora; al fin de cuentas, el país ya se acostumbró al nivel mediocre de este sector político, del que solo se han salvado tres personas: Paloma Valencia, David Luna y Paola Holguín.

Lo que sí me extraña —y debo decir que me sorprende— es el despliegue que desde el periodismo se ha dado a Garrido. El mismo periodismo que pide todos los días al presidente de la República eliminar los insultos, mientras, por debajo de la mesa y en ocasiones de frente, aplaude los agravios y groserías de la oposición.

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Últimamente me he preguntado si los periodistas somos conscientes de lo que hacemos y promovemos. Se supone que la razón nuestra es la de informar, analizar y cuestionar. Pregunto entonces: ¿es que acaso este actuar de Lina María Garrido es digno de felicitar y nunca de cuestionar?

En un país donde los ánimos se encuentran exaltados —y en mucho de esto tienen que ver los insultos, agravios y maledicencias que se han vuelto costumbre en el cruce de palabras entre Gobierno y oposición, de forma mutua—, y que han derivado en hechos lamentables como amenazas, atentados como el de Miguel Uribe Turbay, asesinatos a políticos locales, torturas y desapariciones de líderes sociales, no es normal que desde los medios de comunicación, en lugar de rechazar este lenguaje de culebrero, más bien nos dediquemos a exaltarlo y hasta felicitarlo entre frases y preguntas complacientes.

Seguramente nos puede gustar o no gustar la manera como Petro conduce el país. Podremos estar en total desacuerdo con su discurso, pero eso no es excusa para que desde las noticias nos dediquemos a actuar como parlante repetidor de palabras de una señora que, sin argumentos ni análisis riguroso, desde el pasado 20 de julio ha pretendido acabar moralmente con todo aquel que se atreva a discutirle.

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Por supuesto que al presidente de la República hay que exigirle resultados; estoy totalmente de acuerdo en que es necesario debatir las cifras. Pero también considero necesario cuestionar y vigilar a quienes cuestionan y vigilan al presidente de la República. En ese sentido, quisiera preguntar: ¿por qué, hasta el momento, nadie ha dicho nada sobre los pobres resultados en materia legislativa que actualmente arroja la gestión de Lina María Garrido en la Cámara de Representantes?

Les recuerdo, mis queridos colegas, que al Legislativo hay que cuestionarlo y vigilarlo con la misma vara con la que se cuestiona y se vigila al Ejecutivo y al Judicial. Por lo anterior, si vamos a exigirle resultados en su gestión y buenas formas en el lenguaje al presidente Gustavo Petro, también debemos hacer la misma exigencia a los congresistas de oposición.

Oscar Sevillano

“Busque llamar la atención a cualquier precio. (…) Haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es y para brillar más que quienes lo rodean (…) cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder”: Ley sexta de Las 48 leyes del poder, inspiradas en El Príncipe de Nicolás Maquiavelo.

El domingo anterior, día de la instalación del último año de sesiones en el Congreso de la República, el turno de mojar prensa fue para la congresista Lina María Garrido, hasta entonces una perfecta desconocida para los colombianos, tanto así que hoy uno lee titulares como este de El Tiempo: ¿Quién es Lina Garrido, la representante que confrontó con duro discurso al presidente Petro este 20 de julio?

Una parte del país y de la prensa amaneció “amando” a la congresista, a pesar de que hasta el 20 de julio muy pocos sabían de su existencia. Ahora sabemos que es representante a la Cámara por Arauca, pertenece al otrora cuestionado Cambio Radical y según ella votó por el presidente Petro, cosa bien rara y hasta difícil de creer. Si la señora votó por la izquierda, siendo ella de la derecha, eso significa que en este país los partidos políticos están pintados en la pared.

Vamos a los titulares:

“Petro es un traidor y mentiroso; el cambio salió chimbo”, dijo la honorable legisladora a través de Blu Radio.

“Después de tres años, no hay un logro para mostrar”, tituló El Tiempo, haciendo eco de sus palabras.

“Le di tan duro que tuvo que salir corriendo”, trinó la representante después.

Lo primero: la congresista falta a la verdad, otra cosa es que ella y la oposición no quieran reconocerle nada a este gobierno por la Petrofobia crónica que padecen y ese afán por satanizar todo lo que provenga de la izquierda. No olviden que la senadora Cabal los llama “izquierdópatas” cada vez que quiere, como si a personas enfermas se refiriera.

Lo cierto es que el presidente se jugó su capital político queriendo abrazar las reformas profundas que necesita el país en lo social y se encontró con un Congreso petrofóbico. No esperemos mucho en este año de cierre, porque los y las honorables entrarán en modo elecciones, a expensas del sueldo que se le debe seguir pagando para que hagan proselitismo en vez de legislar.

¿Y ella por qué es famosa?

En tres años nada supimos de Garrido, salvo en esta recta final en que necesita mostrar gestión ante su electorado y muy seguramente, envalentonada como está, ya debe estar pensando que de la Cámara de Representantes (obtuvo 10.534 sufragios en Arauca), podrá saltar al Senado de la República, para lo cual se necesitan los votos nacionales; es posible que lo esté pensando ahora que tiene el beneplácito de ciertos medios, que se relamen de gusto creando estrellas fugaces, sin indagar ni cuestionar los resultados de su labor.

Lo de envalentonada lo digo por este trino:

Si bien es cierto que iniciativas como la Paz Total o la Reforma a la Salud siguen en veremos, el primer gobierno de izquierda en 200 años, aún con el Cristo de espaldas, sacó adelante la reforma laboral que, después de dos décadas, les devuelve a los trabajadores los derechos que un gobierno de derecha (el de Álvaro Uribe) les tumbó.

La Historia debe reconocerle el mérito a una exministra comunista, Gloria Inés Ramírez, por dignificar a la clase obrera, consecuente con los postulados del Partido Comunista Colombiano a lo largo de 95 años de historia. Antes de salir del gabinete, ella logró, por la vía de la negociación, los consensos necesarios entre partidos, y el ministro entrante, Antonio Sanguino, culminó la labor.

Y si bien la reforma agraria, otra de las banderas de este gobierno, tropezó con el bloqueo legislativo, en un extenso ensayo para el periódico Desde Abajo, el profesor Germán Enrique Caviedes Solano, politólogo de la Universidad Nacional, argumenta que “con la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria reglamentado por el presidente durante una Asamblea Popular Campesina, se abrieron las compuertas para que el movimiento agrario protagonizara notables progresos. Uno de ellos fue la Constitución de 14 nuevas Zonas de Reserva Campesina (ZRC, la reglamentación de los territorios campesinos Agroalimentario-Tecam y Ecosistemas Acuáticos y Agroalimentarios-EAA), como parte de las demandas históricas del campesinado…”.

Una fuente autorizada de Minagricultura me confirma que el gobierno ha entregado 600 mil hectáreas de tierra a los campesinos, lo que constituye la entrega de tierras más grande en la historia de Colombia. Estos resultados dejan mal parados a Iván Duque (poco más de mil hectáreas) y a Juan Manuel Santos (apenas 8 mil hectáreas). La meta del gobierno Petro es millón y medio de hectáreas antes del 7 de agosto de 2026.

Decir que “después de tres años, no hay un logro para mostrar” es faltar a la verdad, hablar por hablar, sin haberse tomado el trabajo de investigar y, en un acto deliberado, negar ramplonamente las cifras que sustentó el mandatario. Pero se entiende porque en campaña los honorables saben que sin escándalo no hay paraíso mediático. Claramente, el presidente y su gobierno son víctimas de la desinformación; aún así, algo debe estar haciendo bien para que su imagen haya mejorado: según la última encuesta Datexco, su aprobación alcanzó el 38%.

Lo que se vio el 20 de julio fue la lucha de las matemáticas contra la discalculia y el analfabetismo funcional.

Ahora bien, las formas del lenguaje importan. Usar el término chimbo para calificar el Cambio prometido, es más propio del lenguaje arrabalero que circula en las calles y las redes sociales, no de la dignidad de un congresista de la República. De estos personajes se espera un lenguaje medianamente alfabetizado, no callejero.  Lo que se vio el 20 de julio fue la lucha de las matemáticas -el balance de Petro-, contra la discalculia y el analfabetismo funcional de la representante Garrido.

La política colombiana ha caído en la banalidad, cercada por la pobreza intelectual del debate y las frases vacías y fríamente calculadas, que se dicen con el fin de llamar la atención de las redes sociales y la prensa, tan ávida siempre del escándalo y el sinsentido para ganar audiencia. Hoy los titulares parecen memes. El debate de las ideas murió hace rato en Colombia. Lo reconoce Diego Santos, otro antagonista del presidente: “Insultamos a Petro como si eso nos diera réditos y potenciales votos, nos agarramos del político de turno que mejor lo esté atacando para elevarlo a presidencial (Name, Cepeda, Garrido). Seguimos sin mensaje y sin dar golpes de opinión contundentes”.

El dicho dice que “uno no debe estar donde no lo quieren”, así que el presidente hizo bien en irse del recinto ante los insultos que recibió por parte de una oposición predecible, lo que confirma que sus oponentes siguen creyendo que en este país gana el más gritón. Con razón hasta Felipe Zuleta Lleras, panelista de Blu Radio y crítico de Petro, tildó a la legisladora de insolente con el presidente de la República. “El tonito me parece un poco irrespetuoso”, remarcó el periodista.

Tres años de Petro en el cargo son los mismos tres años que lleva la congresista Garrido en el Congreso, sin que hasta ahora haya conseguido una sola ley de la República de su autoría con la que pueda sacar pecho a favor de la región que la eligió. “…Las obras son las que hablan por uno”, le dijo al presidente.

Eso sí, llama la atención que aparece como coautora de tres proyecto de ley alusivos a regiones distintas a la suya: el que otorga la categoría de Distrito Especial, Turístico, Portuario y Cultural a la Ciudad de Girardot (Cundinamarca); otro que eleva a la categoría de Distrito Turístico, Cultural, Histórico y de Tecnología al municipio de Puerto Colombia (Atlántico) y uno más que declara zona de interés ambiental, turístico y ecológico al sistema cenagoso de La Zapatosa y la Ciénaga de Mallorquín en Cesar, Magdalena y Atlántico, y al complejo de humedales de la Ciénaga Grande de Santa Marta ubicado (…) se reconoce su potencial pesquero.

Como su nombre lo indica, es deber principal de los representantes a la Cámara representar a los ciudadanos de su circunscripción electoral. Otorgándole el beneficio de la duda, es probable que sus paisanos sepan más de su gestión que lo que reporta la prensa. Pero si los ciudadanos desconocen la diferencia entre un senador y un representante a la Cámara, será bien difícil hacer veeduría para pedirles cuentas a los políticos; peor aún, sé de personas que ni siquiera recuerdan por cuál congresista votaron en 2022.

Desde Arauca, una profesora me dice a través de WhatsApp: “Yo hasta ahora con el escándalo es que la escucho mencionar. Por lo general estas personas una vez las eligen se olvidan de los territorios”. En esta nota, la Agencia de Periodismo Investigativo, (API), se refiere a “las luces y sombras” de la congresista. “… se ha conocido que su padre  fue destituido según decreto 529 de 2018 expedido por la gobernación de Arauca. A esto se suma que su aliado político José Facundo Castillo, exgobernador de Arauca fue condenado por la Corte Suprema”.

Valdría la pena entonces que la prensa hiciera el balance de la gestión de los 280 legisladores, porque ellos y sus equipos de trabajo les cuestan miles de millones de pesos al erario público cada mes, y ese erario somos los ciudadanos que aportamos con impuestos para sostener tanta burocracia; por lo tanto, deberíamos tener derecho a que se les ponga bajo lupa durante los cuatros años que muchos van a calentar butaca.  

Como enhorabuena lo hizo El Espectador este fin de semana al denunciar que “en medio de estos 12 meses que Efraín Cepeda (Senado) y Jaime Salamanca (Cámara) lideraron el Congreso se celebraron cerca de 6.000 contratos por cerca de $625.000 millones”. El periódico encontró que de estos se beneficiaron “personas (…) que apoyaron a los equipos del senador conservador y del representante de Alianza Verde”.

Aquí caben un par de preguntas: ¿Por qué ni el país ni los medios están horrorizados con dicha denuncia? ¿Qué más cosas permanecen ocultas debajo de los tapetes del Capitolio Nacional ¿Dónde quedó el periodismo que investiga? ¿Hasta cuándo se harán “noticias” de las declaraciones de políticos en redes sociales, sin hurgar más allá de lo evidente? En los libros y archivos de las Secretarías de Leyes de ambas Cámaras hay demasiada información para rastrear. ¿Es mucho pedir que se privilegie el trabajo de campo sobre el “periodismo” de escritorio y el copy paste? 

A la prensa hay que recordarle que en Colombia existen tres poderes según le enseñaron a uno en el colegio: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero pareciera que para la inmensa mayoría de los medios el único poder que debe estar siempre bajo sospecha es el Ejecutivo.

Gracias a esa prensa, Lina María Garrido ya no es una perfecta desconocida.

“A los pobres Dios no los juzga”: Stefan Zweig, escritor.

Un Congreso de la República errático está hoy entre el agua y la pila bendita.

Ninguna jugada le ha reportado los frutos deseados a los contradictores de Gustavo Petro. Archivaron la reforma laboral sin discutirla y cuando celebraban, el presidente, que es un animal político, les salió con una Consulta Popular que se arropó de popularidad con pasmosa rapidez y le mejoró notablemente su imagen.

El Congreso, como el loro viejo que no aprende a hablar, en un acto de suicidio político, pocas veces visto en este país de políticos calculadores que no dan puntada sin dedal, hundió la Consulta Popular y resucitó la reforma laboral.

Digo suicidio político porque, sí o sí, ahora el Congreso está obligado a tramitar una reforma que deje contentos, no al presidente y a su gobierno, sino a los colombianos propiamente dichos, a esos empleados que llevan veinte años esperando que un buen samaritano les devuelva los derechos que se embolsilló Álvaro Uribe a favor de terceros siendo presidente, para congraciarse con el empresariado. Pudiéramos decir, con aires bíblicos, que es más fácil ver camellos pasar por el ojo de una aguja que a los ricos de Colombia mostrando empatía hacia los pobres.

El jefe del Senado, el conservador Efraín Cepeda —para mí uno de los tipos mejor vestidos de este país, siempre tan tieso -no teso- y siempre tan majo, todo un petimetre, pulcramente afeitado, de mancornas y esas cosas que usa la gente elegantísima—, debe estar muy asustado con lo que se viene, a juzgar por algo que trinó en X luego de votar contra la Consulta Popular: “Llamo a los colombianos a la calma”, dijo el honorable parlamentario.

Tengan presentes esas palabras en negrita y cursiva, porque si el Legislativo le sale al país con un chorro de babas —es decir, si le hace pistola a los trabajadores con la reforma laboral y siquiera intenta maquillar con articulitos ambiguos derechos que deberían ser restituidos—, es muy posible que esta vez el pueblo se rebote y, una vez salido de los chiros, por primera vez se produzca un estallido social, no contra un Gobierno como el que vivió en su propio pellejo Iván Duque, en 2018, sino contra un Congreso de la República, algo inédito. Y súmele que está pendiente el destino del proyecto de ley del senador Iván Cepeda, que les pide encarecidamente a sus compañeros bajarse el sueldito, ojalá a sus justas proporciones. Es decir, el Congreso terminó él solito acorralado.

Hoy los honorables congresistas están advertidos: lo que hagan dentro del Capitolio Nacional tendrá repercusiones en la calle.

Si algo dejó claro la torpeza del senador Efraín Cepeda y demás antagonistas es que en el Capitolio Nacional están cómodamente sentados quienes se oponen a las reformas sociales que el país reclama a gritos, y se oponen dilatando en el tiempo o negándose a discutirlas. Esa verdad es obvia. ¡Mostraron el cobre y de qué manera!

Colombia dejó de ser un analfabeta político y hoy los honorables congresistas están advertidos: lo que hagan dentro del sagrado recinto tendrá repercusiones afuera del Capitolio Nacional, en la calle, donde está el ciudadano en quimbas y con la misma ropa tratando de sobrevivir con chichiguas, expuesto al sol y a la lluvia para llevar el pan a su casa.

La historia no le perdonaría a los que ganan $50 millones de pesos mensuales —¡mal contados son $1.600.000 diarios, trabajando como mucho tres días a la semana— que le metan la mano en el bolsillo a quienes difícilmente reúnen esa cifras trabajando 30 días con sus noches, domingos y feriados, y aun así viven al debe, empeñados, saltando matones, tapando un hueco aquí para abrir otro allá y, en el peor de los casos, con los “gota-gota” respirándoles en la nuca, con sus caras de asesinos que parecen recién salidos de prisión.

Porque ese es el rostro del país real que el Congreso desconoce. Si un día se atreve a verlo de frente, ese día entenderán que la verdadera transformación de la sociedad colombiana pasa por un tema del que nadie habla en Colombia: la necesaria redistribución de la riqueza, que sería cortar de raíz las múltiples miserias que nos abrigan. Pero, aunque sea harina del mismo costal, dejemos quieto ese asunto para otra ocasión.

Soñemos por ahora con la posibilidad de que salarios justos y condiciones laborales dignas, por la vía de una reforma laboral sensata, será una forma sana de empezar a “compartir” un poquito de riqueza con quienes les dan la mano (la mano de obra, entiéndase). Ni ellos ni sus herederos se quedarán pobres.

Recordemos que esta reforma laboral nace de la Izquierda y desde sus entrañas fue defendida por una mujer comunista, Gloria Inés Ramírez, siendo ministra de Trabajo, lo que confirma lo que ya sabemos: que históricamente la Izquierda ha velado por los derechos del pueblo camellador y madrugador, la plebe, en orgulloso idioma latín.

La torpeza de este Congreso la desnudó el propio presidente Gustavo Petro. Cuando aquellos iban a celebrar sus indignas actuaciones, Petro ya venía con propuestas debajo del brazo, sin que nadie lo sospechara desde un principio, porque el torpe actúa con ceguera.

Insisto: Desdeñan la inteligencia del presidente, un zorro criado entre políticos añejos y mañosos, pero que a diferencia de la mayoría de aquellos, no pasó por el Congreso calentando banca, sino que construyó la imagen de un tipo juicioso que preparaba sendos debates, enfrentándose al mismísimo diablo, léase paramilitarismo y parapolíticos, y se adueñaba de la palabra con elocuencia. Un cerebro que no necesita de papelitos que le soplen nada, porque todo lo tiene escrito en la cabeza desde joven, cuando testarudamente soñó que el día menos pensado sería presidente de la República. Para no caer en más yerros, a sus opositores les vendría bien leerse la Ley 5ª que habla sobre el funcionamiento del Congreso; estoy seguro de que Petro la conoce al derecho y al revés.

Hoy no hay en Colombia un político capaz de plantársele a Petro y no se ve de la otra orilla una oratoria tan eficaz como la suya. Lo único que vemos son políticos con pocas propuestas y sí mucho blablablá.

El país está del lado de una (todavía posible) Consulta Popular: 57% de favorabilidad, según la encuesta de la firma Cifras y Conceptos. Señor Efraín Cepeda y compañía, por favor no insulten más la inteligencia de los colombianos por su tirria contra el presidente.

Próxima Cura de reposo: Las torpezas de la prensa con Petro.  

Seguramente por ello, desde el colombiano más humilde hasta el más encumbrado; desde el casi analfabeta hasta el más erudito académico, considera que todavía vive en una de las democracias más longevas y estables del continente americano. Exceptuando, obviamente, la estadounidense, que hoy se encuentra en su fase agónica bajo el liderazgo de un autócrata como Donald Trump. Un autócrata que exhibe con orgullo su perfil de gánster político[ii] impune en lugar de estadista, puesto que incitó la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021 para desconocer e impugnar el legítimo triunfo electoral del presidente Joe Biden, sin consecuencia judicial y menos política alguna.

Más bien todo lo contario, acaba de ser electo presidente por más de 71 millones de estadounidenses, cubriéndose así de inmunidad e impunidad. Algo muy parecido nos sucedió con la reelección del presidente Uribe entre el 2006-2010. Una reelección posible después de la aprobación de un artículito de la Constitución mediante la comisión del delito de cohecho, que le costó la condena a cárcel a sus ministros del Interior y Justicia, Sabas Pretelt de la Vega y de Salud, Diego Palacio Betancourt[iii], en el escándalo conocido como la “Yidispolítica”.

En la reelección de ambos presidentes, Trump y Uribe, la legitimidad democrática, que presupone la legalidad y el respeto a la Constitución, fue sustituida por su legitimidad carismática, pues a sus millones de electores nada les importó que ellos desconocieran en forma olímpica las reglas del juego democrático e incluso promovieran delitos.

Así, en forma imperceptible, muere la democracia en nombre de las elecciones, siendo esta la mayor paradoja de los tiempos aciagos que corren. Lo han demostrado en otras latitudes mandatarios tan distintos como Putin, Bukele, Ortega y Maduro, desde orillas ideológicas y políticas opuestas, pero con una personalidad carismática y autoritaria que los reviste y autoproclama como salvadores de sus pueblos, pero también victoriosos e impunes sepultureros de la democracia y el Estado de derecho, elegidos y admirados por millones de sus seguidores.

La Tramoya De Elecciones Contra La Democracia.

Lo paradójico es que todo ello se realiza bajo la tramoya de las elecciones, que por sí solas parecen conferir legitimidad a semejantes gobernantes electos y estabilidad a la democracia. Tramoya en las dos acepciones del diccionario de la Real Academia Española (RAE). La primera, como “conjunto de dispositivos manejados durante la representación teatral para realizar los cambios de decorado y los efectos escénicos” y, la segunda, “de enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”. Ambos atributos son propios de las mencionadas elecciones, sin que por ello se pueda afirmar que sean suficientes para la existencia de la democracia. Más bien suele suceder todo lo contrario.

En nuestro caso, los dos sentidos se cumplen simultáneamente, gracias al ingenio y la astucia de la llamada “clase política”, más allá incluso de las ideologías de derecha, centro o izquierda que exhiban sus líderes y partidos políticos. Basta recordar la “democrática” fórmula del Frente Nacional, que permitió “realizar cambios de decorado y efectos escénicos” durante 16 años, conservando casi intacto el Statu Quo para garantizar que el “país político” continuará viviendo a expensas del “país nacional”.

Se institucionalizó, entonces, aquello contra lo que Gaitán siempre luchó y le costó su vida: “el triunfo de las oligarquías liberales y conservadores” de una manera tan estable, civilista y antidemocrática que perdura y resiste hasta el presente, bloqueando o recortando tímidas reformas sociales como la agraria, laboral, pensional y de salud de este gobierno, que la oposición tilda de mamertas y comunistas porque supuestamente amenazan de muerte la democracia.

Del Golpe de Opinión al robo de las elecciones y el holocausto de la Justicia.

Así lo hizo el entonces presidente Carlos Llera Restrepo[iv] cuando escamoteó y burló el triunfo del general Gustavo Rojas Pinilla en 1970, obtenido legítimamente en las urnas. Lo más irónico y paradójico es que a ese mismo general lo catapultaron y sentaron líderes civiles de ambos partidos en el solio presidencial en 1953, mediante un “golpe de opinión” promovido por el patricio liberal Darío Echandía y el conservador Mariano Ospina Pérez.

Tales acontecimientos, ambos profundamente antidemocráticos, se consumaron en nombre de la democracia y son por ello el mejor ejemplo de un “enredo dispuesto con ingenio, disimulo y maña”, como terminó siendo el juicio en el Congreso contra el general Rojas Pinilla promovido por los mismos que lo llevaron a la Presidencia. Enredo que solo en ocasiones extremas queda al desnudo y nos revela así el disimulo y la maña de esa falsa civilidad que exhiben impúdicamente supuestos líderes democráticos y jefes de Estado.

Una civilidad acostumbrada a gobernar en complicidad con el poder militar y su impunidad histórica casi absoluta, sin asumir responsabilidad alguna por la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos y las libertades públicas, sin las cuales no existe democracia.

Así sucedió hace 39 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, cuando el poder civil, representado por el presidente Belisario Betancur, actuó en complicidad con el poder militar y en nombre de la democracia decapitó la cúpula de la rama judicial y fueron sacrificados 11 magistrados, al no atender el llamado de “cese el fuego” que imploraba el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.

Como lúcida y valientemente lo expresó el entonces Procurador General de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en su denuncia ante la Cámara de Representantes: “En el Palacio de Justicia hizo crisis en el más alto nivel el tratamiento que todos los Gobiernos han dado a la población civil en el desarrollo de los combates armados”. Ese es el típico tratamiento de las dictaduras, apenas comparable con el bombardeo de Pinochet a la Casa de la Moneda en Chile en 1971 contra el presidente Salvador Allende. Ambos operativos, respaldados por numerosos líderes civiles y ejecutados por militares, destruyeron en lugar de retomar los dos edificios republicanos, arrasando de paso con la democracia.

Un tratamiento que recientemente se repitió violentamente contra la población juvenil en el paro nacional del 2021, bajo la presidencia de Iván Duque, cuyo lema de “Paz con legalidad” terminó siendo paz con letalidad, pues dejó entre 46 víctimas mortales según la ONU[v] y 80 para diversas organizaciones de derechos humanos, como “Rutas del Conflicto”[vi].

La Tramoya de incivilidad y criminalidad del ELN.

Para completar semejante tramoya de incivilidad y criminalidad, hoy supuestos rebeldes del ELN exigen cínicamente al gobierno su reconocimiento como organización política insurgente, pero realizan un paro armado en el Chocó que alcanza un nivel de degradación insuperable y ahoga a miles de familias campesinas en el confinamiento de la desesperación, el hambre y la muerte, mucho más profundo que el agua de los ríos desbordados que las circundan.

Semejante comportamiento no es otra cosa que la criminalidad propia de un grupo armado organizado y como tal no tiene cabida reconocer al ELN como un grupo rebelde con proyecto político.

Sin libertad de locomoción de la población campesina no hay política, sino confinamiento, miedo y desolación, que es lo propio de los criminales y los reaccionarios con sus campos de concentración.

Por todo lo anterior, sin superar la paradoja mortal de la violencia política, el entramado de imposturas de esta tramoya estatal cacocrática y la supuesta civilidad de nuestros gobernantes y opositores armados, continuaremos muriendo en el ensueño de ser la democracia más longeva y estable de Suramérica.

Longeva en perpetuar múltiples violencias, desfalcar los bienes y el presupuesto público en beneficio de cacocratas disfrazados de políticos. Pero también muy estable en cavar trincheras y fosas comunes en defensa de una democracia y un Estado de derecho que ha sido condenado en 50 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos[vii] por violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos fundamentales de su población, como las más de 6.000 víctimas de la Unión Patriótica[viii] y su exterminio como partido político.

Últimas noticias de la Tramoya nacional criminal.

Para terminar, las noticias de esta semana condensan en forma inverosímil tan desolador escenario. Conocimos la absolución de Santiago Uribe[ix] por falta de pruebas concluyentes en la conformación del grupo paramilitar de los llamados 12 apóstoles, por lo cual su hermano, el expresidente Álvaro Uribe, dio gracias a Dios, como si se tratará de un milagro celestial, que seguro espera se repita en la investigación penal en su contra por los delitos de soborno a testigo y fraude procesal.

Continuó con el reconocimiento de los miembros del Secretariado de la extinta Farc-Ep de haber reclutado cerca de 18.677 niños y niñas entre 1996 y 2016, según la imputación realizada por la JEP[x], además de cometer graves delitos contra su integridad personal, abusos y violencia sexual[xi]. Y, por si fuera poco, el presidente Gustavo Petro nombra como gestor de paz a Hernán Giraldo[xii], temible jefe paramilitar del Bloque Tairona, apodado “taladro” por ser sindicado de la violación sexual de más de 200 niñas menores de edad, prontuario de depredador sexual por el cual fue expulsado de la jurisdicción de Justicia y Paz “por seguir en la vía del crimen, ligado principalmente a delitos sexuales contra menores”[xiii].

Ante semejante tramoya criminal nacional, asistimos a la rehabilitación y absolución de numerosos victimarios, bien por cuestionados fallos judiciales o resoluciones gubernamentales, que terminan revictimizando y mancillando la memoria y dignidad de miles de víctimas.

Al anterior tramado y tinglado de impunidad, se suma la forma vergonzosa y oprobiosa en que el representante a la Cámara, Miguel Polo Polo[xiv], agredió a la Madres de Soacha al botar a la basura cientos de botas de plástico que simbolizaban la memoria de sus hijos ejecutados extrajudicialmente, cuyo número asciende a 6.400 “falsos positivos” que investiga la JEP[xv] por los cuales ya han sido imputados numerosos agentes de la Fuerza Pública[xvi].

Crímenes que ahora niega cínicamente el representante Polo, contra toda la evidencia judicial demostrada por la JEP[xvii]. Sin duda, estamos sumergidos en un desastre nacional no solo por causa de las lluvias, sino por la degradación ética y política de quienes persisten en llamar democracia a esta tanática tramoya institucional y defender este supuesto Estado de derecho que condena a millones de sus cándidos pobladores a malvivir y morir sin haberles garantizado el ejercicio de sus derechos ciudadanos básicos: los civiles: a la vida, libertad, propiedad, seguridad y justicia; los políticos: a elegir, expresarse y oponerse sin temor a ser asesinados o desaparecidos y los sociales a vivir en paz en un medio ambiente sano y a salvo de catástrofes evitables, con empleos decentes, pan, techo, educación, salud y dignidad, que es lo mínimo que garantiza, promueve y existe en toda auténtica democracia.

[i] https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/conflicto-dejo-450666-muertos-los-datos-que-revelo-la-comision-de-la-verdad/

[ii] https://blogs.elespectador.com/actualidad/calicanto/regresa-un-ganster-a-la-casablanca-blanca/

[iii] https://www.elcolombiano.com/colombia/corte-suprema-confirma-condenas-a-exfuncionarios-de-uribe-por-caso-yidispolitica-BK25498845

[iv] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/la-noche-en-que-lleras-restrepo-reconocio-el-triunfo-de-rojas-pinilla-parte-ii-article-417288/

[v] https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/

[vi] https://rutasdelconflicto.com/especiales/victimas-mortales-paro

[vii] https://corteidh.or.cr/mapa_casos_pais.cfm

[viii] https://www.minjusticia.gov.co/Sala-de-prensa/Documents/resumen-455-esp.pdf

[ix] https://www.semana.com/nacion/articulo/estas-son-las-claves-del-fallo-que-absolvio-a-santiago-uribe-velez/202409/

[x] https://www.elespectador.com/judicial/las-cifras-que-tuvo-en-cuenta-la-jep-para-imputar-a-los-exfarc-por-reclutamiento-forzado-noticias-hoy/

[xi] https://www.elespectador.com/colombia-20/jep-y-desaparecidos/jep-y-farc-respuesta-del-secretariado-por-imputacion-donde-reconoce-reclutamiento-de-ninos/

[xii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiii] https://www.elespectador.com/judicial/hernan-giraldo-serna-el-depredador-sexual-que-fue-nombrado-gestor-de-paz-por-el-gobierno-petro/

[xiv] https://www.pulzo.com/nacion/polo-polo-se-gano-denuncia-penal-botar-basura-obras-madres-soacha-PP4085140A#google_vignette

[xv] https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html#container

[xvi] https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-resolucion-conclusiones-imputados-falsos-positivos-catatumbo-sanciones-propias.aspx

[xvii] https://caracol.com.co/2024/11/14/jep-rechaza-ataque-de-polo-polo-a-tributo-falsos-positivos-estan-probados-judicialmente/

Sería bueno que en Colombia se abriera el debate sobre el papel que cumplen los profesionales que son contratados por los congresistas, concejales, diputados e incluso ministros y demás altos funcionarios del Estado que son contratados bajo la denominación de, asesores.

Sí seguimos al pie de la letra lo que significa la palabra asesor, tendríamos que decir que son las personas que, por sus conocimientos y experiencia en determinados temas, indican a los personajes con los que trabajan los puntos claves que debe tener en cuenta a la hora de ejercer la misión que le es encomendada junto con los riesgos que tiene cada labor que han de abordar, bien sea desde un cargo político o en el Estado.

Sin embargo, gracias a los inmensos egos de quienes fungen como sus jefes, quienes son contratados como asesores, en realidad cumplen el papel de un asistente, secretario e incluso de mensajero o mandadero, pero jamás el de una especie de guía o alto consejero de determinado asunto de uno de nuestros mal llamados “padres de la patria”.

Ellos no pueden discutir a sus patronos, solo deben obedecer sus órdenes no importa si estas conducen al lugar equivocado, y no importa sí se es o no se es consciente de, que sí algo sale mal, el culpable no es el político en cuestión sino el asesor en cuestión, porque al fin de cuentas, su labor es utilizada como una especie de ‘fusible’ que se vota o se desecha en el momento en que este se quema.

Son muy pocos los casos en que la majestad del cargo de asesor es respetada por el personaje a quien sirve como guía o aconseja, porque sí este llega a mencionar que está equivocado o se atreve a criticar algo de lo que dice o hace, el enojo del político no se hace esperar.

Como caso anecdótico puedo contar que en una ocasión recibí la misma observación de dos personajes de la vida nacional (León Valencia y Roy Barreras), quienes en diferentes momentos y distintas circunstancias me dijeron que, “yo todo lo criticaba”. Pero por supuesto que tenía que hacer criticas, de lo contrario mi papel como asesor se desdibujaría porque no podría señalar los riesgos que cada misión encomendada podría traer, no con el ánimo de destruir el trabajo sino con la intención de evitarlos y así llegar al éxito.

Con el tiempo muchos de estos “asesores” terminan por convertirse en aduladores de oficio perdiendo todo tipo de objetividad, para convertirse en una especie de hinchas foribundos y fanáticos que aplauden todo cuando hagan y digan sus jefes así sean las más grandes idioteces que se le pueden ocurrir a un ser humano.

Son los primeros en enojarse si un periodista o un medio de comunicación pública algo que puede perjudicar a su jefe y poco les importa sí lo que se menciona o se denuncia tiene algo de cierto. Recuerdo que cuando se destapó el escándalo del Carrusel de la Contratación en Bogotá y se supo que estos hechos involucraban al entonces personero, Francisco Rojas Birry, una de sus asesoras me confesó su molestia porque según ella, “todo se trataba de un complot de una élite capitalina que le molestaba ver a un indígena en un alto cargo en la ciudad”.

Con el tiempo se demostró que Rojas Birry si había participado en el robo a manos llenas de las finanzas públicas de Bogotá durante la administración de Samuel Moreno y que la condena al entonces personero no se trataba de ningún complot de una élite capitalina que le molestaba ver a un indígena en un alto cargo en la ciudad.

También recuerdo que hace dos años conocí a una de las asesoras de la excongresista recién fallecida, Daira Galvis, quien se enojó y me reclamó porque durante el diálogo mencioné que la entonces senadora de la república fue abogada de Enilce López, alias ‘La Gata’.

Curiosamente los asesores son los primeros en declararse enemigos de los colegas de sus jefes que en medio de los debates les discuten, y olvidan que este cruce de declaraciones se da en medio del acaloramiento del momento y que cuando este escenario finaliza, estos políticos que a través de los micrófonos de las curules minutos antes se insultaron mutuamente, en la puerta del recinto se dan la mano y vuelven a ser los mejores amigos.

En algún momento de mi vida fui asesor en una organización de la sociedad civil, lo mismo que en el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y en tres campañas políticas, y debo confesar que en varias ocasiones caí en los mismos errores que señalo en este escrito, y ahora que veo los toros por detrás de la barrera, ruego a Dios porque no deba retornar a este escenario para no repetir las mismas equivocaciones, no importa que tanto haya aprendido y lo muy agradecido que esté con el momento vivido.

Oscar Sevillano

El trabajo en el sector público saca lo peor del ser humano y rara vez hace mejores a las personas, porque el poder y el dinero envilecen a unos y doblegan a otros.

De los pocos cuentos políticos que me sé, el que más me gusta es este que le escuché a una politóloga amiga: “Dos señoras entran al Capitolio Nacional y una le dice a la otra: —¡Mija, agarra bien tu cartera porque estamos en el Congreso de la República!”.

Parece chiste pero es anécdota.

También trabajé en esa Corporación, como periodista. No niego que la primera vez (2000) me dio cosita aceptar el cargo por la mala fama que precede a los políticos. Llamé a un amigo, que en ese entonces era subeditor político en un periódico, y él sin vacilar me aconsejó: “Acepte de una, porque acreditar experiencia en el sector público es algo muy bueno para su hoja de vida, ¡pero ni se le ocurra firmar papel alguno a ningún político!”.

—”Dios mío, ¿en qué me iré a meter?”, pensaba yo.

—“¡Cuidado con lo que firma o con prestar su cuenta bancaria, es fácil que alguien quiera untarle la mano a otro”!”, insistió el colega, que llevaba rato cubriendo escándalos y sesiones en comisiones y plenarias.

Necesitaba el trabajo, así que lo tomé.

En el tiempo que estuve allí, nunca nadie me propuso cuestiones raras ni indecentes, pero sí pude darme cuenta que de vez en cuando pasaban cosas en ese mundo de oficinas que llaman Unidades de Trabajo Legislativo, UTL. Son unas 280 (contando que son 108 senadores y 172 representantes a la Cámara), distribuidas entre el edificio nuevo del Congreso y el Capitolio Nacional, conectados por un túnel que pasa por debajo de la Carrera 7ª.

No sé si tales vainas sigan pasando. Me refiero a los malos tratos, con gritos incluidos, de algunos jefes hacia sus subalternos; empleados que figuraban en nómina y nunca iban a trabajar (se les llama corbatas y se usan para pagar favores políticos); el intercambio de empleados entre congresistas (yo contrato a tu familiar, tú contratas al mío); el secretario de Comisión acusado de ataques sexuales y acoso laboral, los congresistas que se hacían negar cuando la gente llegaba reclamando los puestos que les prometieron en campaña o presionando para mover palancas en una entidad oficial, las garroteras por la repartición de oficinas cada cuatro años, porque resulta que en el Congreso hay oficinas de primera, segunda y tercera categoría, y así mismo esas etiquetas definen la categoría a la que pertenece un parlamentario… 

¿Quién es un parlamentario de primera clase? Esos que, para bien y para mal, usted ve mojando prensa todos los santísimos días o como comentaristas en la radio. Los demás poco figuran, así que nadie les pone la lupa ni les paran bolas.

Infundados o no, aquellos secretos a voces circulaban por el correo de las brujas y los pasillos. Algunos llegaron a oídos de la prensa.

Recuerdo la vez que un noticiero de televisión llegó a una UTL a mediodía, entre semana, preguntando por Fulanita de tal, la asesora de un congresista. Le contestaron al reportero que la funcionaria estaba en hora de almuerzo… y no le mintieron, pues en efecto la susodicha, según las malas lenguas, estaba en pleno voleo, de cajera, en el restaurante de la familia. Nunca supimos en qué terminó el cuento, ni si la investigación salió al aire.

Muy sonado fue también el caso del ex-congresista indígena Francisco Rojas Birry por sus fiestas en el Congreso y por el escándalo de llamadas a líneas calientes que se hicieron desde su oficina en el año 2000, como contó este artículo de El Tiempo.

Quisiera seguir, pero el espacio es corto y el prontuario largo.

Colombia necesita hace rato una Reforma Política, pero antes los ciudadanos deberíamos exigir que se actualice la Ley 5ª del Congreso (Ley 5ª de 1992, ver texto aquí), que es la que determina los procedimientos administrativos que rigen a esa Corporación, incluidos los sueldos de los funcionarios.

ARTÍCULO 388. Modificado por el art. 1, Ley 186 de 1995 , Modificado por el art. 7, Ley 868 de 2003 Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato. La planta de personal de cada unidad de trabajo legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en este Artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podrá sobrepasar el valor de treinta y cinco (35) salarios mínimos para cada unidad.

La ley 5ª de 1992 estipula, por ejemplo, los salarios asignados a los funcionarios de las UTL, sean asistentes o asesores, jerarquizados por grados, del I al V en el caso de los asistentes: mientras el asistente I se gana al mes 3 salarios mínimos ($4.635.000), el asistente V recibe 7 salarios mensuales ($10.815.000). Y del grado I al grado VIII en el caso de los asesores: mientras el Asesor I recibe 8 salarios mensuales ($12.360.000), al Asesor VIII le corresponden 15 salarios mínimos ($23.175.000).

Cada congresista tiene total libertad para distribuir como mejor le parezca los 35 salarios asignados cada mes. Al sumar 280 UTLs por $54.075.000, eso nos da algo así como $83 mil millones por mes (sin incluir las prestaciones de ley).

Demasiada tentación para transar por debajo de la mesa, como si fuera la caja menor, ¿no les parece? Y sin contar que, para 2024, el sueldo de un congresista es de $48.142.046, según datos del “Informe sobre la remuneración del empleo público en Colombia” del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Sepan que toda esa burocracia se sostiene con nuestros impuestos, razón de más para que seamos veedores de la cosa pública, porque con solo emberracarnos nada sacamos. La indignación ciudadana debería tener siempre un propósito.

La Ley 5ª también aclara en el artículo 388 que “la certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo legislativo será expedida por el respectivo Congresista”. Con base en dicha certificación se paga el salario de los servidores.

Pregunta al viento: ¿Qué instancia al interior del Legislativo supervisa que, en efecto, los funcionarios sí van a trabajar, no sólo a cobrar el sueldo, o con qué frecuencia cambian sus nóminas las UTLs?

En el pasado, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo “al encontrarse que incurrió en indebida destinación de recursos públicos”.

“Según el fallo proyectado por el magistrado de la Sección Segunda Rafael Francisco Suárez Vargas, uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró. En el curso del proceso se comprobó que en junio del 2012 recibió su sueldo completo, pese a que en esa época se ausentó varios días, por haber viajado a Panamá, lo mismo ocurrió en noviembre del 2013, cuando estuvo en Canadá. Sin embargo, el congresista certificó que había laborado los 30 días del mes. La Sala Plena determinó que, con su conducta, el congresista hizo que se le reconociera a su subalterno el pago de un dinero al que no tenía derecho, por lo que se configura una destinación indebida de recursos públicos”.

Como dije en una Cura de reposo anterior, (Enséname a no robar), la honradez, siendo una virtud, es el requisito que se le debe exigir a todo funcionario público, aunque la realidad muestra que es más fácil que los honrados se vuelvan corruptos, y nunca al revés.

Imágenes del IG del congresista David Racero.

Dicho lo anterior, a lo que vinimos, vamos.

Vergonzoso leer los chats que le sacó Daniel Coronell al representante David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), una figura joven de la política, ayer con fama de persona seria, juiciosa, ecuánime y decente, y hoy, deshonrado, entre el agua y la pila bendita.

En uso del derecho a la presunción de inocencia, el congresista tendrá que demostrarle al ente investigador (la Corte Suprema de Justicia en este caso), que es falso de toda falsedad que les exija un porcentaje del sueldo a funcionarios de su UTL, o que los ponga a trabajar en negocios privados, o que haya movido sus influencias para pedir puestos en el Sena.

Ante el riesgo de una posible pérdida de investidura, por bien suyo y el de la Izquierda, ojalá David Racero salga con las manos limpias.

Haciendo de abogado del diablo, me pregunto a quién —en estos tiempos de Gran Hermano, en que todos sentimos que nos vigilan—, se le ocurre dejar por escrito la prueba de lo que podría ser un presunto delito de concusión. Muy sospechoso eso sí que nadie en la oposición de Derecha esté indignado, sabiendo que aprovechan cualquier papayazo para caerle encima al Petrismo.  

El asunto se volvió mediático por tratarse de un alfil del gobierno, pero apenas unos días antes habíamos conocido la denuncia contra el exsenador Carlos Ferro (Partido de la U), por presuntamente incurrir en la misma práctica; el asunto pasó casi que de agache en los medios.  El 24 de septiembre de 2024, la revista Cambio tituló: “Por pedirle su sueldo a un subalterno, va a juicio el exsenador Carlos Ferro Solanilla”.

Recuerden también el caso de la ex periodista Tatiana Cabello Flórez: de ser reportera política se convirtió en representante a la Cámara por el Centro Democrático. Fue a juicio en el 2021 por presuntamente haber “exigido porcentajes de sus salarios a mujeres funcionarias que pasaron por su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2014 y 2017”, que así lo reseñó El Espectador.

¿Acaso quitarle plata a un empleado es lo de ley o se trata de la corrupción “legalizada” y llevada a sus justas proporciones, como lo decretó de palabra Julio César Turbay Ayala, el expresidente al que más chistes le sacaron en este país, pero que se desquitó imponiendo su maquiavélico Estatuto de Seguridad, dejándonos además como servidor público a su nieto, el niño Miguel Uribe, el mismo que tiene ganas presidenciales como el abuelo?

Volviendo al cuento: ¿Qué hacer, entonces, para poner a raya tanta sinvergüencería?

Una reforma a la Ley 5ª debería obligar a los congresistas y a su séquito a trabajar de lunes a viernes como lo hace todo empleado, y no únicamente dos días, a lo sumo tres, y apenas un par de horas diarias, con vacaciones de diciembre a marzo y nuevamente de junio a julio.

Hago esta acotación para que el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), no siga diciendo que madruga a las 4:00 de la mañana a “trabajar, trabajar y trabajar”, porque el cuentico no se le creyó ni él. Eso sí, en lo chistoso algo le sacó al abuelo. 

Para que no quede duda de que nuestros “honorables” son la flor del trabajo, ya la Cámara de Representantes anunció que no sesionará esta semana de receso escolar.

También es inaudito que senadores y senadoras en ejercicio estén ya en campaña política cuando deberían estar haciendo leyes o modificándolas, discutiendo las reformas que necesita Colombia, promoviendo audiencias públicas o ejerciendo control político (debates), en lugar de desbaratar el quorum cada vez que se les da la gana. Lo sensato sería que precandidatos y candidatos renuncien a las curules y se dediquen a hacer proselitismo con plata de sus bolsillos o la de sus benefactores, no con la nuestra.

Pero no me hago ilusiones, porque quienes deben reformar la Ley 5a de 1992, ¡ah caramba!, son los propios “padres y madres de la Patria”, que ni bobos legislarán contra sí mismos y sus chequeras. Porque los políticos perdieron el rubor hace rato.

Bien lo dijo Wilfrido Vargas: “Por la plata baila el mono”. ¡Olé, olé, ¡qué poder tiene el dinero!

“Poderoso caballero… es el buen dinero / Olé, olé un funcionario / Olé, olé de la nación / Olé, olé fue señalado / Olé, olé por corrupción / Olé, olé un hombre serio / Olé, olé intelectual /Olé, olé ahora resulta / Olé, olé controversial”. (Por la plata baila el mono, canción de Wilfrido Vargas)

El trabajo en el sector público saca lo peor del ser humano y rara vez hace mejores a las personas, porque el poder y el dinero envilecen a unos y doblegan a otros.

De los pocos cuentos políticos que me sé, el que más me gusta es este que le escuché a una politóloga amiga: “Dos señoras entran al Capitolio Nacional y una le dice a la otra: —¡Mija, agarra bien tu cartera porque estamos en el Congreso de la República!”.

Parece chiste pero es anécdota.

También trabajé en esa Corporación, como periodista. No niego que la primera vez (2000) me dio cosita aceptar el cargo por la mala fama que precede a los políticos. Llamé a un amigo, que en ese entonces era subeditor político en un periódico, y él sin vacilar me aconsejó: “Acepte de una, porque acreditar experiencia en el sector público es algo muy bueno para su hoja de vida, ¡pero ni se le ocurra firmar papel alguno a ningún político!”.

—”Dios mío, ¿en qué me iré a meter?”, pensaba yo.

—“¡Cuidado con lo que firma o con prestar su cuenta bancaria, es fácil que alguien quiera untarle la mano a otro”!”, insistió el colega, que llevaba rato cubriendo escándalos y sesiones en comisiones y plenarias.

Necesitaba el trabajo, así que lo tomé.

En el tiempo que estuve allí, nunca nadie me propuso cuestiones raras ni indecentes, pero sí pude darme cuenta que de vez en cuando pasaban cosas en ese mundo de oficinas que llaman Unidades de Trabajo Legislativo, UTL. Son unas 280 (contando que son 108 senadores y 172 representantes a la Cámara), distribuidas entre el edificio nuevo del Congreso y el Capitolio Nacional, conectados por un túnel que pasa por debajo de la Carrera 7ª.

No sé si tales vainas sigan pasando. Me refiero a los malos tratos, con gritos incluidos, de algunos jefes hacia sus subalternos; empleados que figuraban en nómina y nunca iban a trabajar (se les llama corbatas y se usan para pagar favores políticos); el intercambio de empleados entre congresistas (yo contrato a tu familiar, tú contratas al mío); el secretario de Comisión acusado de ataques sexuales y acoso laboral, los congresistas que se hacían negar cuando la gente llegaba reclamando los puestos que les prometieron en campaña o presionando para mover palancas en una entidad oficial, las garroteras por la repartición de oficinas cada cuatro años, porque resulta que en el Congreso hay oficinas de primera, segunda y tercera categoría, y así mismo esas etiquetas definen la categoría a la que pertenece un parlamentario… 

¿Quién es un parlamentario de primera clase? Esos que, para bien y para mal, usted ve mojando prensa todos los santísimos días o como comentaristas en la radio. Los demás poco figuran, así que nadie les pone la lupa ni les paran bolas.

Infundados o no, aquellos secretos a voces circulaban por el correo de las brujas y los pasillos. Algunos llegaron a oídos de la prensa.

Recuerdo la vez que un noticiero de televisión llegó a una UTL a mediodía, entre semana, preguntando por Fulanita de tal, la asesora de un congresista. Le contestaron al reportero que la funcionaria estaba en hora de almuerzo… y no le mintieron, pues en efecto la susodicha, según las malas lenguas, estaba en pleno voleo, de cajera, en el restaurante de la familia. Nunca supimos en qué terminó el cuento, ni si la investigación salió al aire.

Muy sonado fue también el caso del ex-congresista indígena Francisco Rojas Birry por sus fiestas en el Congreso y por el escándalo de llamadas a líneas calientes que se hicieron desde su oficina en el año 2000, como contó este artículo de El Tiempo.

Quisiera seguir, pero el espacio es corto y el prontuario largo.

Colombia necesita hace rato una Reforma Política, pero antes los ciudadanos deberíamos exigir que se actualice la Ley 5ª del Congreso (Ley 5ª de 1992, ver texto aquí), que es la que determina los procedimientos administrativos que rigen a esa Corporación, incluidos los sueldos de los funcionarios.

ARTÍCULO 388. Modificado por el art. 1, Ley 186 de 1995 , Modificado por el art. 7, Ley 868 de 2003 Unidad de Trabajo Legislativo de los Congresistas. Cada Congresista contará, para el logro de una eficiente labor legislativa, con una unidad de trabajo a su servicio integrada por no más de seis (6) empleados, y/o contratistas. Para la provisión de estos cargos cada Congresista postulará, ante la Mesa Directiva, en el caso de la Cámara y, ante el Director General, o quien haga sus veces, en el caso del Senado, el respectivo candidato para su libre nombramiento y remoción o para su vinculación por contrato. La planta de personal de cada unidad de trabajo legislativo de los Congresistas se conformará dentro de las posibilidades que permite la combinación de rangos y nominaciones señalados en este Artículo a escogencia del respectivo Congresista. El valor del sueldo mensual de dicha planta o unidad de trabajo no podrá sobrepasar el valor de treinta y cinco (35) salarios mínimos para cada unidad.

La ley 5ª de 1992 estipula, por ejemplo, los salarios asignados a los funcionarios de las UTL, sean asistentes o asesores, jerarquizados por grados, del I al V en el caso de los asistentes: mientras el asistente I se gana al mes 3 salarios mínimos ($4.635.000), el asistente V recibe 7 salarios mensuales ($10.815.000). Y del grado I al grado VIII en el caso de los asesores: mientras el Asesor I recibe 8 salarios mensuales ($12.360.000), al Asesor VIII le corresponden 15 salarios mínimos ($23.175.000).

Cada congresista tiene total libertad para distribuir como mejor le parezca los 35 salarios asignados cada mes. Al sumar 280 UTLs por $54.075.000, eso nos da algo así como $83 mil millones por mes (sin incluir las prestaciones de ley).

Demasiada tentación para transar por debajo de la mesa, como si fuera la caja menor, ¿no les parece? Y sin contar que, para 2024, el sueldo de un congresista es de $48.142.046, según datos del “Informe sobre la remuneración del empleo público en Colombia” del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Sepan que toda esa burocracia se sostiene con nuestros impuestos, razón de más para que seamos veedores de la cosa pública, porque con solo emberracarnos nada sacamos. La indignación ciudadana debería tener siempre un propósito.

La Ley 5ª también aclara en el artículo 388 que “la certificación del cumplimiento de labores de los empleados de la unidad de trabajo legislativo será expedida por el respectivo Congresista”. Con base en dicha certificación se paga el salario de los servidores.

Pregunta al viento: ¿Qué instancia al interior del Legislativo supervisa que, en efecto, los funcionarios sí van a trabajar, no sólo a cobrar el sueldo, o con qué frecuencia cambian sus nóminas las UTLs?

En el pasado, el Consejo de Estado decretó la pérdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo “al encontrarse que incurrió en indebida destinación de recursos públicos”.

“Según el fallo proyectado por el magistrado de la Sección Segunda Rafael Francisco Suárez Vargas, uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibió la totalidad de su salario por días durante los cuales no laboró. En el curso del proceso se comprobó que en junio del 2012 recibió su sueldo completo, pese a que en esa época se ausentó varios días, por haber viajado a Panamá, lo mismo ocurrió en noviembre del 2013, cuando estuvo en Canadá. Sin embargo, el congresista certificó que había laborado los 30 días del mes. La Sala Plena determinó que, con su conducta, el congresista hizo que se le reconociera a su subalterno el pago de un dinero al que no tenía derecho, por lo que se configura una destinación indebida de recursos públicos”.

Como dije en una Cura de reposo anterior, (Enséname a no robar), la honradez, siendo una virtud, es el requisito que se le debe exigir a todo funcionario público, aunque la realidad muestra que es más fácil que los honrados se vuelvan corruptos, y nunca al revés.

Imagen del IG del congresista David Racero.

Dicho lo anterior, a lo que vinimos, vamos.

Vergonzoso leer los chats que le sacó Daniel Coronell al representante David Ricardo Racero Mayorca (Pacto Histórico), una figura joven de la política, ayer con fama de persona seria, juiciosa, ecuánime y decente, y hoy, deshonrado, entre el agua y la pila bendita.

En uso del derecho a la presunción de inocencia, el congresista tendrá que demostrarle al ente investigador (la Corte Suprema de Justicia en este caso), que es falso de toda falsedad que les exija un porcentaje del sueldo a funcionarios de su UTL, o que los ponga a trabajar en negocios privados, o que haya movido sus influencias para pedir puestos en el Sena. Ante el riesgo de una posible pérdida de investidura, por bien suyo y el de la Izquierda, ojalá salga con las manos limpias.

Haciendo de abogado del diablo, me pregunto a quién —en estos tiempos de Gran Hermano, en que todos sentimos que nos vigilan—, se le ocurre dejar por escrito la prueba de lo que podría ser un presunto delito de concusión. Muy sospechoso eso sí que nadie en la oposición de Derecha esté indignado, sabiendo que aprovechan cualquier papayazo para caerle encima al Petrismo.  

El asunto se volvió mediático por tratarse de un alfil del gobierno, pero apenas unos días antes habíamos conocido la denuncia contra el exsenador Carlos Ferro (Partido de la U), por presuntamente incurrir en la misma práctica; el asunto pasó casi que de agache en los medios.  El 24 de septiembre de 2024, la revista Cambio tituló: “Por pedirle su sueldo a un subalterno, va a juicio el exsenador Carlos Ferro Solanilla”.

Recuerden también el caso de la ex periodista Tatiana Cabello Flórez: de ser reportera política se convirtió en representante a la Cámara por el Centro Democrático. Fue a juicio en el 2021 por presuntamente haber “exigido porcentajes de sus salarios a mujeres funcionarias que pasaron por su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2014 y 2017”, que así lo reseñó El Espectador.

¿Acaso quitarle plata a un empleado es lo de ley o se trata de la corrupción “legalizada” y llevada a sus justas proporciones, como lo decretó de palabra Julio César Turbay Ayala, el expresidente al que más chistes le sacaron en este país, pero que se desquitó imponiendo su maquiavélico Estatuto de Seguridad, dejándonos además como servidor público a su nieto, el niño Miguel Uribe, el mismo que tiene ganas presidenciales como el abuelo?

Volviendo al cuento: ¿Qué hacer, entonces, para poner a raya tanta sinvergüencería?

Una reforma a la Ley 5ª debería obligar a los congresistas y a su séquito a trabajar de lunes a viernes como lo hace todo empleado, y no únicamente dos días, a lo sumo tres, y apenas un par de horas diarias, con vacaciones de diciembre a marzo y nuevamente de junio a julio.

Hago esta acotación para que el senador Miguel Uribe (Centro Democrático), no siga diciendo que madruga a las 4:00 de la mañana a “trabajar, trabajar y trabajar”, porque el cuentico no se le creyó ni él. Eso sí, en lo chistoso algo le sacó al abuelo. 

Para que no quede duda de que nuestros “honorables” son la flor del trabajo, ya la Cámara de Representantes anunció que no sesionará esta semana de receso escolar.

También es inaudito que senadores y senadoras en ejercicio estén ya en campaña política cuando deberían estar haciendo leyes o modificándolas, discutiendo las reformas que necesita Colombia, promoviendo audiencias públicas o ejerciendo control político (debates), en lugar de desbaratar el quorum cada vez que se les da la gana. Lo sensato sería que precandidatos y candidatos renuncien a las curules y se dediquen a hacer proselitismo con plata de sus bolsillos o la de sus benefactores, no con la nuestra.

Pero no me hago ilusiones, porque quienes deben reformar la Ley 5a de 1992, ¡ah caramba!, son los propios “padres y madres de la Patria”, que ni bobos legislarán contra sí mismos y sus chequeras. Porque los políticos perdieron el rubor hace rato.

Bien lo dijo Wilfrido Vargas: “Por la plata baila el mono”. ¡Olé, olé, ¡qué poder tiene el dinero!

Voté por Claudia López para alcaldesa de Bogotá. Prometo comportarme en adelante. Verán por qué.

No es sino que estalle un nuevo escándalo para saber de qué lado están ciertos medios de comunicación y los propios políticos que en materia de oportunismo son campeones. Uno creería que la prensa está siempre del lado de los ciudadanos para informarlos con objetividad, sin meter las manos en las brasas por los poderosos a los que debe vigilar, y los políticos asumiendo la responsabilidad compartida que les cabe como miembros de un partido, y no en la desbandada del sálvese quien pueda.

No se habla de nada distinto a otra gran estafa made in Colombia: la presunta corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en Desastres (UNGRD) por la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira.

Nos despertamos el domingo con el titular justiciero de la revista Semana: “El gobierno Petro los compró”. O sea, sin que la Corte Suprema de Justicia ni la Fiscalía hayan fallado todavía, ya esa revista resolvió el caso con cinco palabras en su tapa. Por poco y titulan: “Gobierno Petro los corrompió”.

La analista de medios María Teresa Herrán hizo dos observaciones desapasionadas sobre un comportamiento que se volvió repetitivo en la revista de los Gilinski que dirige Vicky Dávila.

“… Semana acusa ambiguamente al “Gobierno Petro” de un delito no comprobado, lo que se ha vuelto costumbre de ciertos medios, que solo los desprestigia, aunque no se configura (en este caso de Semana para el medio y su directora) el delito de calumnia por su carácter general”. (…) “Es cierto que las acusaciones son comprobadas (pero “como acusaciones”, pues los ex funcionarios del caso analizado se defienden atacando)”.

El editorial de El Espectador se pronunció con vehemencia sin ser juez: “El presidente de la República, Gustavo Petro, hizo lo correcto al pedir la renuncia de piezas claves dentro de su administración que podrían estar involucradas, pero la responsabilidad política del Gobierno no puede terminar allí”.

Vayamos a otra orilla. Decir como dice Juanita León, la dueña del portal La Silla Vacía, que el Partido Alianza Verde “ha sido capturado por el petrismo” es tanto como asegurar que el presidente les puso un revólver en la cabeza a ciertas figuras de esa colectividad para que formaran parte del gobierno.

Pobrecitos: los políticos nacen buenos y el Petrismo los corrompe. Como si fueran el Chapulín Colorado de la política, otros se aprovechan de su nobleza pero no contábamos con su astucia, como si un Iván Name llevara apenas horas -y no 34 años- haciendo proselitismo: empezó en 1980 cuando fue diputado del Partido Liberal por Cundinamarca (siendo barranquillero él). Si el dato sirve de algo, Gustavo Petro está activo desde 1990.

Ay, Juanita bonita, que llevas lustros ejerciendo el periodismo político, se te olvida que la política es producto de coaliciones y que no por nada el susodicho partido tiene la palabra “Alianza” en la mitad de su nombre.  Apostarle a Dios y al Diablo al mismo tiempo se volvió costumbre en Colombia.

¿Y si fuera al revés? ¿Un gobierno capturado por la clase política tradicional?

Verde que (ya no) te quiero verde

Los “verdes” nacieron en 2005 prometiendo luchar contra los rateros del erario y hoy el escándalo por posible corrupción les estalló literalmente en las manos untadas, si se les comprueba. Sin saber cuántas fichas podrían caer, tres de sus figuras están en la picota pública, -no en La Picota-, inocentes hasta que se demuestre lo contrario: Iván Name, Sandra Ortiz y Carlos Román González; el primero presidente del Congreso y un férreo opositor a las reformas del presidente Petro; ella Consejera Presidencial para las Regiones, a quien le tocó renunciar,  y el tercero es la cabeza del mencionado partido. La llegada de Iván Name a la presidencia del Senado fue resultado de los acuerdos que suelen hacerse cada 20 de julio para la elección de las mesas directivas del Congreso de la República.

Lamentable que los tres personajes pertenezcan al mismo partido que en 2018 lideró la llamada Consulta popular anticorrupción, a la cual le faltaron escasos doscientos mil y pico de votos para los 12 millones que se necesitaban para ser Ley. (Ese día los políticos debieron celebrar con champán).

Se entiende entonces que rapidito Claudia López haya saltado en paracaídas desde ese avión fallando, lo mismo que Antanas Mockus, “cofundador y ex candidato presidencial de la Alianza Verde en 2010, máximo exponente de la ética y la cultura ciudadana en el país”, a quien yo daba por jubilado de las lides políticas.  

No sé ustedes, pero para mí la aspiración presidencial de Claudia López saldrá herida; ella lo sabe, y lo confirma al despojarse del traje “verde”. Queda mal parada y en adelante muy seguramente se dedicará a renegar de aquel que le sirvió de paraguas (“si te vi no me acuerdo”) para que nada trunque su pasito tun tun hacia la Casa de Nariño, mientras encuentra un nuevo color que le siente bien a su candidatura.

La tendrá difícil porque sus contendores le refregarán el pasado reciente del partido en su cara de estudiante aplicada de Harvard. ¿Hizo lo correcto al abandonar el nido que la llevó a la alcaldía de Bogotá en 2020? Creo que se equivocó: aceleró sin encender…  y sin imaginarse que sería llamada por la Fiscalía para responder por presunta corrupción en el Metro de Bogotá. ¿Perdimos a la investigadora tesa de la parapolítica para quedarnos con una política más de lo mismo?

El asunto de pensar como hombre y mujer a la vez puede que termine por causarle más problemas que beneficios a la hora de jugar sus cartas; en una sociedad enferma de machismo tendrá que sortear el hecho de ser una mujer por encima del de ser una admirable mujer lesbiana.

Debió izar las banderas del partido, solicitar la purga y llevar el episodio hasta las últimas consecuencias, “caiga quien caiga”, que es la otra frasecita que repiten hasta el cansancio en este país, usada con cinismo por una oposición que se cree con el derecho a tirar la primera piedra. Porque si alguien sabe sacarle punta a cada escándalo político en este país, son los propios políticos. ¡Vaya paradoja! Por mera sospecha, los presidentes de ambas Cámaras deberían ser separados de sus cargos, y así cada funcionario del gobierno que esté señalado.

A menos de dos años de las elecciones presidenciales, los demás partidos se asegurarán una buena pesca en el río revuelto, ondearán el eslogan de la decencia y ya deben estar engendrando, a puerta cerrada, otro partido anticorrupción: uno que abrigue a la candidata López.  

Doctora Claudia: Por si le sirve de consuelo, existe una amplia gama de verdes para armar rancho aparte: verde petróleo, cerceta, huevo de pato, aguamarina, esmeralda, pino, menta, pasto, manzana, pistacho, lima, limón, musgo, oliva o aceituna, suculenta, safari o militar…

Cada escándalo me conduce a la misma pregunta: ¿Con qué cara transitan los políticos por los ascensores de sus edificios? Pa’mí que deben vivir en penthouses con elevador privado para evitar vergüenzas. Se podrían vestir de sotana si quieren, pues al final no son distintos a esos curas que predican sin aplicar.

No hay manera fácil de acabar con la corrupción, a no ser que revivamos nuestra historia: hace exactamente 200 años (1824), Simón Bolívar decretó la pena capital para los responsables de la robadera estatal en las cinco naciones liberadas.

Gabriel García Márquez lo cuenta en “El general en su laberinto” (Página 192): “Era tan riguroso en el manejo de los dineros públicos que no conseguía volver sobre este asunto sin perder los estribos. Siendo presidente había decretado la pena de muerte para todo empleado oficial que malversara o se robara más de diez pesos”.

¿De diez pesos en adelante? ¿Serán esas las justas proporciones a las que aludió el ex presidente Turbay Ayala para reducir la corrupción?

En el mismo Decreto, emitido por el Libertador desde el Palacio Dictatorial de Lima, se lee: “Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

Como la Constitución del 91 prohíbe hoy la pena de muerte en su artículo 11, nos queda la esperanza de la “muerte política” para esos servidores públicos que se sirven de nuestros recursos y que se les obligue a devolvernos hasta el último peso. No es justo que el único castigo posible por delitos contra la administración pública (como el peculado) sea el de convertir en disfuncionarios a funcionarios malandros vestidos de etiqueta. De poco sirve la cárcel si cumplida la pena vuelven como el perro al vómito.

Al cierre de esta columna converso con un amigo:

—¡Qué les corten las manos!

—¡Capaz que usan los pies!

Imagen tomada de www.mundialmedios.com

Este es un camino complejo y arriesgado. En primer lugar, porque el presidente de la República, que según la constitución -que juró defender y ahora quiere cambiar- representa la unidad nacional. Lo que directamente le obliga a encontrar las vías de construir y consolidar consensos y mayorías, no de encontrar todas las maneras posibles para dividir, aún más, el país.

También es perjudicial para el precario avance que ha tenido el Acuerdo de Paz. Esto debido a que dentro de su afán para encontrar un enemigo invisible y de ponerle un calificativo se están invisibilizando las víctimas de un fenómeno que dentro del conflicto armado ha dejado en el país con más de 92.000 muertos y 205.000 víctimas directas, según cifras del Centro de Memoria Histórica.

Además, es preocupante porque muestra una faceta de auto engrandecimiento y mega exaltación del presidente sobre su figura y sobre sus ideas, ya conocida pero mucho más exacerbada. En esta nueva línea discursiva y de ataques a aquellos quienes no acogen sus voluntades Petro demuestra que solo él tiene la razón, solo él tiene el conocimiento, solo él tiene la forma y solo él tiene la solución a los problemas de la República. Esto aplicable no solo a las reformas que transitan en el legislativo, sino también a temas locales como el metro de Bogotá.

Pero lo que más debería preocuparnos es que dada la inconformidad que el presidente ha suscitado debido al incumplimiento de sus propuestas de campaña, los colombianos terminen acogiendo ese enemigo que tanto él menciona como una solución al incumplimiento del presidente y como una forma de viraje extremo para la difícil situación nacional que atraviesa el país.

Preocupante sería una palabra muy pequeña para poder describir lo que podría pasar en Colombia en el caso que se abracen los principios del paramilitarismo o que sus políticas se aplicaran a nivel nacional, como otrora ocurrió en algunas regiones del país.

Es destacable aclarar que en estas líneas no busco en absoluto defender la gestión del presidente, ni espero intentar convencer a usted -apreciado lector- a que tome alguna posición respecto a los procesos legislativos y formas de ejecución que está teniendo el gobierno. Más bien, es una invitación a detallarse más sobre las cosas que pasan en el día a día, porque como dicen por ahí “el diablo está en los detalles”.

Para cerrar la idea, y que este texto no se haga más tedioso, la situación seguirá empeorando mientras que la oposición siga citando desenfrenadamente a los ministros a debates de control político y el gobierno no abra las puertas a una conversación abierta y franca sobre las reformas en las que se incluyan los puntos que la oposición quiere que sean tenidos en cuenta.

Como siempre, gracias por leerme.