A casi dos meses del derrame de petróleo ocurrido en aguas del Golfo de México sus remanentes persisten en zonas costeras del país, sin embargo aún hay vacíos de información sobre el origen de la contaminación. Ante este escenario, los análisis científicos y satelitales permiten reconstruir una parte del incidente y sus alcances.

El conocimiento que tienen las comunidades pesqueras y las acciones de ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil también han contribuido a entender qué provocó que el derrame se dispersara a lo largo de más de 900 kilómetros de costa e impactara en las economías y biodiversidad de la región, de acuerdo con el monitoreo de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México.

Especialistas, representantes de comunidades y ambientalistas consultados por Mongabay Latam identifican las inconsistencias y algunos aciertos en la información difundida por el gobierno de México para explicar este nuevo derrame en el mar.

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El origen del derrame y las omisiones de autoridades

Imágenes y análisis satelitales detectaron el derrame desde el pasado 6 de febrero en la zona de Cantarell, un campo de alta explotación petrolera en las aguas del estado de Campeche.

Para Abigail Uribe Martínez, científica del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), se trató de un derrame breve pero de alcances prolongados, pues aunque inició en los primeros días de febrero, las corrientes marinas y las condiciones del clima provocaron la llegada de hidrocarburo a zonas costeras hasta el 1° de marzo.

“La fuga hace mucho tiempo que ya está cerrada. Lo que tenemos son los remanentes de lo que salió. Es posible que [el derrame] no haya durado ni una semana. La primera vez que vimos petróleo en esa zona fue el 7 de febrero y la última vez fue el 15 de febrero”, explica la especialista a Mongabay Latam.

Estas fechas coinciden con los reportes de organizaciones civiles, que usando también imágenes satelitales denunciaron que entre el 7 y el 14 de febrero, un buque especializado en reparación de ductos permaneció sobre uno de los oleoductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) mientras había “una gran mancha de petróleo en la zona”.

Este grupo de más de 30 organizaciones —entre ellas el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación, la Alianza Mexicana Contra el Fracking y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)— dieron a conocer imágenes satelitales que mostraban una embarcación cercana a la plataforma petrolera Abkatún.

De acuerdo con el reporte, para el 13 de febrero el derrame era visible y mostraba al menos cinco embarcaciones que realizaban labores de contención, “una de ellas usando chorros de agua típicos de acciones para controlar derrames”.

También coincide con la investigación realizada por el periódico El País, que dio a conocer que este buque contratado por Pemex para la reparación de ductos submarinos, llamado Árbol Grande, pasó 200 horas sobre un oleoducto que conecta el campo de Cantarell con la terminal marítima de Dos Bocas, rodeado de otras embarcaciones y sobre una mancha aceitosa en el mar.

Plataformas de monitoreo satelital, como Global Fishing Watch, permiten identificar que la embarcación Árbol Grande se movilizó desde el 6 de febrero hacia la zona del derrame, donde permaneció hasta el 18 de febrero.

Al respecto, Pemex sostuvo que la embarcación Árbol Grande es una de 13 embarcaciones de mantenimiento y 62 de logística que prestan servicios permanentes en el Golfo de México realizando “inspecciones preventivas en plataformas y embarcaciones especializadas de atención de derrames”.

En tanto, las autoridades federales emitieron información sobre el origen del derrame hasta el pasado 26 de marzo en una conferencia de prensa, donde dijeron haber identificado tres fuentes de contaminación que incluía el vertimiento ilegal de un buque (de entre 13 embarcaciones que se encontraban en la zona), así como de dos chapopoteras que son emanaciones naturales de hidrocarburo.

Sin embargo, este grupo interinstitucional, ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum para atender el derrame, omitió información sobre las fechas del vertimiento en febrero, así como de la embarcación responsable que aún no ha sido identificada.

Alejandra Jiménez, ambientalista e integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que hay vacíos de información en la versión oficial para explicar qué provocó el derrame y una reacción tardía para contener la falla.

“Hay instrumentos científicos y técnicos que pudieron haber ayudado a informar y que no se usaron, por ejemplo las imágenes satelitales. Nos parece que se reservaron muchísima información que no han hecho pública y eso habla de que hay algo que no quieren que se sepa”, dice la ambientalista a Mongabay Latam.

Este medio intentó contactar a dependencias del grupo interinstitucional, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) para tener su versión sobre la falta de información en el origen del derrame. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.

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Chapopoteras naturales, una respuesta constante a los derrames

El Golfo de México tiene cientos de emanaciones naturales de hidrocarburo conocidas como chapopoteras, sin embargo no todas se expresan igual y las más conocidas tienen huellas que logran identificarse, de acuerdo con la científica Abigail Uribe, quien ha estudiado la forma que se reflejan en la superficie.

La chapopotera de Cantarell nace de fisuras en el piso oceánico y forma una huella que la especialista describe como de “garra de león”, con unas líneas paralelas que salen de varios puntos.

“Esta huella de garra es muy característica en esas emanaciones y además una característica importante es que su extensión suele ser muy corta. Un gran porcentaje es de unos cuantos kilómetros, dos o cinco kilómetros. Eventualmente, bajo condiciones que no tenemos del todo claras, puede llegar a ser mucho más larga, de 30 o 50 kilómetros”, describe Uribe.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, sostuvo que la principal fuente de contaminación por el derrame en el Golfo de México es la chapopotera de Cantarell, aunque sin mostrar evidencia que comprobara este fenómeno. “Estas chapopoteras tienen una emanación permanente natural. Sin embargo se ha detectado un mayor flujo de contaminantes en el último mes”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, la especialista señala que a inicios de 2026 la chapopotera de Cantarell sí tuvo emanaciones intensas, pero también explica que el origen de las emanaciones entre febrero y marzo también se ha podido mapear y están más asociadas a los ductos petroleros.

“Sabemos muy bien el origen de Cantarell, lo tenemos perfectamente mapeado. Hay orígenes que no necesariamente son de la chapopotera y están más bien asociados a infraestructura petrolera. Aquí el origen está mucho más cerca de ductos, pozos, plataformas”, dice a Mongabay Latam.

La especialista también precisa que es común que las emanaciones de la chapopotera de Cantarell se mezclen con incidentes en plataformas y ductos, lo que dificulta diferenciar las fuentes de contaminación.

La presidenta Sheinbaum insistió este 31 de marzo en que no se ha encontrado evidencia de fugas en los ductos de Pemex, pero dijo que se revisan las instalaciones de la empresa estatal.

“Estamos investigando junto con científicos si son estas chapopoteras naturales que hay en la zona, que se han reportado en muchas ocasiones y hay muchos reportes científicos de ellas, o alguna fuga de las instalaciones. Hasta ahora, no ha habido una fuga. Si se llegara a ver que hay una fuga, se informaría y se entraría a la reparación”, expuso la mandataria.

Esta no es la primera vez que las autoridades atribuyen los derrames petroleros a las emanaciones naturales en el mar. En 2025, Mongabay Latam y Data Crítica revelaron que la mayor parte de los vertimientos no se reportan. Solo entre 2018 y 2024, especialistas identificaron, mediante el análisis de imágenes satelitales, un subregistro oficial de casi el 60 % de estos incidentes en instalaciones petroleras.

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Afectaciones costeras y responsables sin identificar

El derrame petrolero llegó en el peor momento para las comunidades costeras del Golfo de México, principalmente de los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, donde no solo viven de la pesca, sino también del turismo que llega en el periodo vacacional de Semana Santa.

Eunices Contreras Sánchez, secretaria de la cooperativa Punta del Salado, ubicada en la comunidad de Olapa, municipio de Mecayapan, Veracruz, sostiene que desde el 2 de marzo que llegaron los primeros remanentes de petróleo a la costa no han dejado de limpiar las playas.

“Los pescadores intentaban sacar el crudo, pero se desvanecía en las manos, venía casi líquido y no se podía manejar. Provocó afectación en la zona hacia las redes, en la costa, se quedó entre los arrecifales. Cuando los pescadores quisieron ir a sacar sus artes de pesca ya estaban dañados”, cuenta Contreras.

Las organizaciones civiles que denunciaron el derrame también señalaron un retraso en activar el Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos y Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas en las Zonas Marinas Mexicanas, el cual obliga a notificar el incidente de forma inmediata, identificar la fuente del derrame, evaluar su trayectoria y coordinar una respuesta institucional.

“Todo indica que hubo un derrame, que no fue una chapopotera y que fue un ducto de Pemex. Nos preocupa muchísimo porque dentro de este mecanismo de atención a derrames, el plan marca que es responsabilidad de quien contamina”, expone Jiménez.

La defensora destaca principalmente la respuesta de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (ASEA) que ha realizado 11 recorridos de supervisión en los municipios afectados y ha emitido cinco requerimientos de información a empresas con operaciones de extracción de hidrocarburos, sin que hasta ahora se sepa quién o quiénes son los responsables del derrame.

“La Agencia es central para atender todo lo que tiene que ver con cuidado al medioambiente en el sector hidrocarburos y nos preocupa que no tenga un papel importante en un caso al que se le ha dado muchísima difusión y del cual hay muchísima evidencia”, afirma.

Aunque el Grupo Interinstitucional ha informado la recolección de 430 toneladas de hidrocarburo y acciones de limpieza en 223 kilómetros de playa, la ambientalista advierte que no se están contemplando los impactos sostenidos a las comunidades costeras y a ecosistemas claves como los arrecifes.

“Hay familias independientes de pescadores que todavía no reciben atención. Hay afectaciones a la fauna y al Sistema Arrecifal, un Área Natural Protegida desde 1992, y ha habido descuido por parte de las autoridades para aplicar los mecanismos necesarios para proteger esa zona, indispensable para todo el Golfo de México, que protege de los huracanes y de los eventos climáticos”, expone.

Contreras sostiene que en 35 años de actividad pesquera en Olapa este derrame ha sido el de mayor magnitud en la localidad.

“Ya fue controlado [el derrame], pero uno camina por la playa y te manchas. Hemos hecho mucha limpieza porque es nuestra área de trabajo y aun así nos sigue manchando”, dice la pescadora a Mongabay Latam.

Incluso, sostiene que de tanta experiencia con derrames en el Golfo, los pescadores ya saben la reacción de los peces cuando hay un vertimiento. “El pescado cuando nota el peligro se aísla, se guarda. En este caso, percibe el olor, se guarda y eso ha perjudicado en esta temporada al sector”, explica.

Contrera pide dejar de minimizar los impactos del derrame en los ecosistemas de los cuales dependen comunidades enteras para subsistir.

*Imagen principal: el derrame ya impactó a lo largo de 900 kilómetros de costa en el Golfo de México. Foto: cortesía Eunices Contreras Sánchez.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los defensores ambientales y del territorio en Guatemala viven un momento crítico ante la expansión de la violencia. Durante 2024, al menos 20 de ellos fueron asesinados en el país, un incremento del 500 % en comparación con 2023, de acuerdo con un reciente informe de la organización internacional Global Witness.

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El país se ubicó sólo por detrás de Colombia en el registro de asesinatos y desapariciones de defensores ambientales. A nivel mundial concentró más del 13 % de las agresiones reportadas por la organización internacional.

Además de este incremento, que ubica a Guatemala como el país con la tasa más alta de homicidios de defensores ambientales en el mundo, el reporte “Raíces de resistencia: documentar las luchas de las personas que defienden los derechos ambientales y del territorio” destaca que al menos diez de las víctimas eran indígenas o campesinos.

Desde 2012, el país acumula 106 asesinatos y desapariciones documentados por Global Witness, de los cuales la mitad eran indígenas y una quinta parte eran personas campesinas que defendían sus derechos sobre el territorio o se oponían a la extracción de recursos naturales.

Autoras del informe, activistas y defensoras analizan a pedido de Mongabay Latam los principales factores que explican el incremento de la violencia, como la distribución de la tierra que históricamente ha beneficiado a las élites, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas y la expansión del crimen organizado.

Leer más |“La gran preocupación que tenemos ahora es el incremento de la violencia y los territorios militarizados” | ENTREVISTA

El nuevo escenario político

La llegada en enero de 2024 del presidente Bernardo Arévalo con el partido Movimiento Semilla, que tuvo un amplio respaldo de pueblos indígenas, no necesariamente implicó una reducción de la violencia contra comunidades y defensores ambientales.

El informe de Global Witness señala que la actual administración no ha logrado contener la violencia contra defensores, pese a tener una agenda política más inclusiva.

“Es realmente paradójico y dramático que estemos en esta situación, cuando tenemos un gobierno que ha subido al poder gracias en parte al apoyo de los pueblos indígenas, que ha hablado de la desigualdad de acceso a la tierra del campesinado, pero esto no ha resultado en una disminución de la violencia”, dice a Mongabay Latam Laura Furones, principal autora del informe y asesora de la campaña de las personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness.

Sin embargo, la investigadora también considera que hay otros factores en la crisis política que atraviesa Guatemala, como el conflicto con el Poder Judicial, incluido el Ministerio Público, que abrió investigaciones contra el mandatario con motivos supuestamente políticos, de acuerdo con reportes de Human Rights Watch.

Ante las promesas para la redistribución de tierras y solución a conflictos agrarios más la crisis entre los poderes Ejecutivo y Judicial, representantes de comunidades indígenas y defensores de derechos humanos señalan inacción por parte del gobierno actual en Guatemala.

Neydi Juracán, integrante del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), un movimiento campesino de productores y artesanos rurales en Guatemala, considera que las personas defensoras del ambiente y el territorio quedaron en la primera línea de estas disputas, lo que las ha dejado más vulnerables.

“En los últimos 70 años no habíamos tenido un gobierno socialdemócrata, pero también tenemos un aumento de esta violencia en contra de los defensores y defensoras. Fuimos quienes defendimos este proceso y ahora hay una disputa entre los poderes del Estado”, sostuvo la defensora durante la presentación del informe global.

Para Juracán, estar frente a esta disputa también implica para los defensores ambientales vivir otras violencias realizadas por el Estado, como la criminalización y judicialización de delitos en su contra, pero también ha derivado en desalojos extrajudiciales a comunidades de sus territorios, por parte de grupos clandestinos que operaron durante el conflicto armado interno que vivió el país hasta 1996.

“No solamente tenemos los desalojos judiciales directamente realizados por el aparato estatal, sino que además se han reactivado los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos utilizados durante la guerra que enfrentamos en Guatemala durante 36 años”, sostuvo Juracán durante la presentación del informe.

La defensora también advierte que pese a que existe un acuerdo agrario con el actual gobierno, hasta ahora no se ha resuelto un solo caso de los 1300 que acompaña el comité campesino. En cambio, sostiene que los mecanismos de violencia se profundizan.

“Durante esos 19 meses sí hemos tenido 12 asesinatos, 3100 órdenes de captura activas, una de ellas en mi contra como coordinadora del CCDA, más de 15 desalojos extrajudiciales realizados, 60 comunidades con órdenes de desalojo activas y 25 compañeros han pasado por las cárceles”, informó la defensora.

Además, Juracán advierte cómo se ha sofisticado este hostigamiento a través de figuras legales e instituciones que facilitan la apertura de procesos judiciales contra las comunidades y defensores.

“La creación de la fiscalía contra la usurpación plantea una modificación al Código Penal para que a los defensores, a través de la judicialización, se les acuse de usurpación agravada y el aumento de la sentencia judicial”, comentó la defensora a Mongabay Latam.

Incluso destacó la creación del Observatorio de Derechos de la Propiedad, que facilita los procesos judiciales. “Básicamente es una iniciativa de la oligarquía histórica terrateniente del país para también realizar peritajes privados que luego son utilizados en juicios en contra de defensoras y defensores”, agrega.

Brenda Guillén, coordinadora de la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), coincide en que los mecanismos de criminalización se han hecho más complejos, principalmente por la cooptación del sistema de Justicia, que no investiga ni castiga las agresiones contra este grupo de defensores de derechos humanos, dice la experta.

“Lastimosamente las agresiones sobrepasan el límite y llegan al asesinato, porque al final no hay instituciones del Estado que estén investigando y que estén castigando estos delitos”, comenta la coordinadora de UDEFEGUA.

Guillén agrega que la criminalización ha sido mayor contra comunidades indígenas, como la de los pueblos Q’eqchi’ y Poqomchi’, que han enfrentado órdenes masivas de captura y desalojo en diferentes comunidades.

“Quienes más han vivido la criminalización durante muchos años son los pueblos indígenas. Nosotros acompañamos a una comunidad entera que tiene orden de captura y la particularidad es que son mujeres que están defendiendo el río donde viven y tienen una participación mucho más activa como defensoras”, expone la defensora de derechos humanos.

Mongabay Latam contactó al Ministerio Público de Guatemala para conocer su postura ante las cifras del informe, así como para conocer si han habido detenciones por los asesinatos documentados en 2024, pero hasta la publicación de esta nota no hubo respuesta.

Crimen organizado incrementa la violencia en Guatemala

El informe de Global Witness advierte que el incremento de actividades del crimen organizado en Guatemala ha sido otro factor de riesgo para las personas defensoras al mencionar que en los últimos 12 años más de la mitad de los ataques se dieron en cuatro departamentos: Alta Verapaz, Izabal, Jalapa y Huehuetenango, focos rojos de economías ilícitas, como la plantación de coca y el comercio de drogas.

También destaca la violencia en la provincia costera de Escuintla, que, solo en 2024, registró el asesinato de ocho personas defensoras. En seis de estos asesinatos los presuntos responsables estarían vinculados al crimen organizado, de acuerdo con el reporte.

“La proximidad de Escuintla a México y sus puertos en la costa del Pacífico la han convertido en una vía estratégica para el tráfico de drogas, lo que ha impulsado la violencia y los conflictos por los recursos durante la última década”, sostiene el documento.

La organización UDEFEGUA incluso ha reportado dificultades para acompañar y generar mecanismos de protección en estos territorios debido a la fuerte presencia del crimen organizado.

Al respecto, Guillén menciona algunas señales que muestran la relación del crimen organizado con los riesgos que enfrentan las personas defensoras en zonas como la costa sur del país.

“Tienes ahí los monocultivos más antiguos de Guatemala, que están asociados a las familias oligárquicas, que son quienes están al frente de cámaras de comercio y que tienen sus plantaciones de azúcar, banano y otras”, explica la defensora a Mongabay Latam.

También menciona la ubicación de dos de los principales puertos de Guatemala que dan al Pacífico, como el Puerto Quetzal y Puerto San José, ambos ubicados en Escuintla, escenario de disputa para control del territorio por parte de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que domina la mayor parte del litoral del Pacífico mexicano y Guatemala, de acuerdo con reportes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Cuando vas viendo las apropiaciones ilícitas e ilegales que se hacen de los territorios y cuando las comunidades empiezan a oponerse y empiezan a realizar desalojos, lo que tienes posterior a estos desalojos es el asesinato de varios líderes de las comunidades”, expone Guillén.

Medidas urgentes para frenar los asesinatos de defensores

Las voces consultadas sostienen que la escalada de violencia ocurrida en 2024 continuó creciendo en 2025 con el asesinato de más personas defensoras del territorio y el hostigamiento contra comunidades y defensores que se resisten a proyectos extractivos.

Tal es el caso de Marco Zuleta, bombero forestal y defensor de la Reserva Sierra de las Minas, quien estaba amenazado y fue asesinado tras denunciar irregularidades en la explotación de recursos del área protegida. También está el caso de Misael Mata Asencio, quien participó en protestas y verificación de actividad minera en Sierra Santa Cruz, área de protección especial que vive bajo permanente acecho de actividades mineras y fue asesinado en mayo pasado.

“Empezaron atacando primeramente a los líderes comunitarios, luego a los líderes regionales y ahorita en 2025 han detenido a tres de nuestros liderazgos nacionales. Lamentablemente es un privilegio ser capturado y no ser asesinado”, expuso Juracán en la presentación del informe.

Pese al entorno violento y a la crisis política de Guatemala, para Guillén, el gobierno actual debe continuar con acciones que permitan a las comunidades indígenas defender sus territorios. Destaca, por ejemplo, la cancelación de 10 licencias mineras en Sierra Santa Catarina, una reserva natural de la que dependen al menos 54 comunidades para el abastecimiento de agua en el departamento de Izabal.

“Hay que destacar la oportunidad que tiene este gobierno de medianamente hacer mecanismos, acciones y políticas que, aunque sean solo desde el Ejecutivo, puedan paliar de cierta forma la seguridad y la protección de personas que defienden los territorios”, señala la defensora.

También insiste en que la Administración debe cumplir con la promesa de una política pública de protección para personas defensoras de derechos humanos, impulsada tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014.

“Esa política sigue sin aprobarse y creo que es súper necesaria cuando ves las cifras de asesinatos y de criminalización que las personas que defienden la tierra y el territorio y el medio ambiente están sufriendo”, insiste Guillén.

Mongabay Latam también buscó a la Comisión Presidencial por La Paz y los Derechos Humanos de Guatemala y al Ministerio de Gobernación para conocer su postura en el caso, sin obtener respuesta.

Imagen principal: Guatemala concentró más del 13 % de los asesinatos reportados en 2024 por Global Witness a nivel mundial. Foto: Bernardo Arévalo / Presidencia de Guatemala.

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La lucha contra la contaminación plástica tiene un papel relevante este 2025. No solo forma parte del lema de este Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, también se espera que en este año la mayoría de los países del mundo logren (ahora sí) un tratado global contra la contaminación por plásticos, cuyas negociaciones quedaron pausadas desde finales del año pasado.

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La promesa de este instrumento debe abordar el ciclo de vida completo del plástico, incluyendo su producción, diseño y eliminación. Sin embargo las diferencias entre los países en áreas críticas persistieron durante la quinta reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-5), realizada en Busan, Corea.

En un reciente mensaje, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a los negociadores a retomar las conversaciones en agosto próximo con “la determinación de encontrar una vía común para superar sus diferencias y lograr el tratado que nuestro mundo necesita”.

Aun así, la producción de plásticos a nivel mundial sigue creciendo. Del año 2000 a 2019, la producción anual pasó de 234 millones de toneladas a 460 millones, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El informe advierte que la cantidad de residuos plásticos se triplicará para 2060, sin políticas nacionales y cooperación internacional.

En medio de una creciente producción de plásticos y a dos meses de que los países vuelvan a reunirse para negociar un tratado mundial que intente frenar esta contaminación, Mongabay Latam comparte algunos esfuerzos en Latinoamérica que buscan comprender y atender esta problemática.

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Científicos de la basura: mapear la ruta de los plásticos

En Chile, un grupo de científicos trabaja desde 2008 en proyectos que involucran a estudiantes, docentes y voluntarios para tratar de entender la contaminación principalmente en playas y ríos.

Se trata de Científicos de la basura, una iniciativa que ha logrado conformar un red de colaboradores por toda la costa oeste del Océano Pacífico, para investigar las causas de la contaminación en zonas costeras y marinas.

En 16 años de trabajo, este proyecto ha realizado desde muestreos en Chile para medir la basura en playas del país, hasta coordinar personal de 50 escuelas de Latinoamérica para averiguar el origen de las botellas plásticas en el mar.

En 2023, por ejemplo, la red impulsó una investigación con más de 1000 voluntarios de nueve países que recolectaron y clasificaron botellas y tapas plásticas de 92 playas del continente para identificar el origen de la contaminación. El estudio confirmó que el 59 % de las botellas de plástico provenían de la misma localidad donde fueron recolectadas.

“A los voluntarios les pedimos ir a sus playas, tomar botellas plásticas y contarnos los códigos que hay en ellas. Hay códigos distintos de una botella que pueden dar mucha información y esto también nos ayudó a poder decir que la mayor parte tiene un origen local”, explica Mauricio Ergas L’Homme, coordinador de proyectos de Científicos de la basura.

Para el biólogo marino, generar este conocimiento permite tomar acciones en localidades para difundir la problemática de la contaminación por plásticos.

“Si la mayor parte de la basura viene de la gente que está utilizando una playa o un río, significa que si hacemos conciencia local, nuestro río, nuestra playa podrían estar mucho más limpios”, señala el investigador.

Ergas señala que a nivel latinoamericano hay un problema serio de contaminación principalmente por plásticos de un solo uso, por lo que se requieren regulaciones a nivel internacional, que los países emitan un tratado global, el cual debe contemplar impuestos y medidas para las empresas productoras de plásticos.

El biólogo también destaca que la ciencia colaborativa de estos proyectos ha logrado resultados en política ambiental a nivel local.

“En Chile nuestras investigaciones fueron una base importante para la ley que nos hizo prohibir las bolsas plásticas en los supermercados. Toda esa idea y buena fe venían en parte de las investigaciones que habíamos hecho”, cuenta Ergas a Mongabay Latam.

También destaca que en Panamá, una profesora colaboradora de Científicos de la basura alcanzó una diputación, por lo que ahora busca replicar más esfuerzos de colaboración en colegios del país.

“Existen diferentes caminos y posibilidades, también con alianzas con ONG que permiten esta articulación, en la que nos concentramos en hacer estas investigaciones, que a la vez nutren a agrupaciones para avanzar en el tema político”, sostiene.

Actualmente, la red de Científicos de la basura trabaja en el Proyecto “Viajeros del Océano”, en el que también a través de la participación de voluntarios investigan la basura flotante, especialmente plásticos, en los océanos y en organismos epibiontes, como son las algas, percebes y hongos.

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Regular plásticos del comercio electrónico en México

El comercio electrónico en México, principalmente en la capital del país, ha provocado un problema ambiental por la generación de más de 235 toneladas diarias de plásticos de un solo uso, lo que equivale a 29 camiones de basura plástica, de acuerdo con un informe de la organización Oceana México.

Esto ha motivado a ambientalistas y organizaciones a promover un cambio en la ley donde se detenga el uso de estos plásticos innecesarios y de un solo uso en el envío de comercio electrónico en la Ciudad de México.

Nancy Gocher, directora de Campañas e Incidencia Política de Oceana México, explica que la llegada de empresas chinas de comercio electrónico probablemente incrementó la cantidad de basura plástica de un solo uso que se ha reportado desde 2021, por lo que señala la urgencia de regular el exceso de plástico a través de la ley de la ciudad.

“Lo que estamos pidiendo es que esta legislación exista, que se ponga un freno para que la Ciudad de México siga siendo la pionera en ponerle freno a la contaminación plástica, como ha sido en los años anteriores”, comenta Gocher en referencia a la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal que en 2020 estableció la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso y, posteriormente, la prohibición de desechables como cubiertos, popotes, mezcladores o platos.

La propuesta, explica, busca modificar el artículo 3 de la ley para definir el embalaje como el material que contiene los productos enviados mediante comercio electrónico, pues la norma actual se emitió previo a la pandemia de COVID-19, época donde la compraventa de productos mediante plataformas como Amazon o Mercado Libre se disparó.

Gocher sostiene que la iniciativa busca modificar los artículos 23 y 25 de la misma ley, donde se indican las responsabilidades de las empresas responsables de la producción, recolección, manejo, tratamiento, reciclaje, reutilización, distribución o comercialización de productos, pues se busca que generen planes de tratamiento para los residuos plásticos.

De acuerdo con una investigación de Oceana México, solo en 2021, la Ciudad de México gastó más de 2.7 millones de dólares en la gestión de basura plástica innecesaria del comercio electrónico, por lo que señalan una omisión de las empresas de comercio electrónico en la cadena de suministro.

La investigadora señala que la iniciativa fue presentada ante legisladores del Congreso de la Ciudad de México para su revisión, pero la iniciativa no avanzó a ninguna etapa legislativa.

“Eso ocurrió en la legislatura pasada, pero ahora tenemos grandes posibilidades [de que avance la iniciativa] porque va iniciando la legislatura, va iniciando el gobierno que tiene una línea de erradicar el consumo de plásticos. Estamos ahí trabajando para que sea posible”, sostiene.

Educación ambiental en las juventudes de Perú

Ante la ola de contaminación plástica que viven desde hace años las playas de la Zona Metropolitana de Lima, Perú, una iniciativa de educación ambiental organiza jornadas de acción contra esta problemática.

La asociación Canto Vivo trabaja desde hace 25 años la educación ambiental especialmente en infancias y juventudes, con el objetivo de que se involucren en proyectos comunitarios sensibles a los problemas ambientales de la capital peruana.

Dayamis Torino Véliz, responsable del área infantil y juvenil de Canto Vivo, cuenta que precisamente ante la falta de limpieza permanente y de una política local para el tratamiento de residuos, la iniciativa realiza campañas de sensibilización ambiental y saneamiento en playas de Lima, donde encuentran principalmente plásticos.

“En los veranos tenemos muchos problemas con el desecho en las playas. Felizmente ha habido un avance gracias a las iniciativa de varias organizaciones, en las que hacemos partícipes a los jóvenes como voluntarios de esta jornadas de recolección”, expone.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente de Perú, solo en Lima Metropolitana y el Callao se generan 886 toneladas de residuos plásticos al día, esto representa el 46 % de los residuos de este tipo a nivel nacional.

Por este motivo, Torino sostiene que los esfuerzos por inculcar el reciclaje se ven opacados por la ausencia de normas y leyes que contemplen el tratamiento de residuos o limiten su producción.

“Una vez que reciclamos, ¿cuál es el destino final de esos residuos? Simplemente llega el camión de basura y lo junta todo. (El reciclaje) queda como una nebulosa en el limbo, sino fuera por los trabajadores informales que separan los residuos”, sostiene.

La integrante de Canto Vivo cuenta que pese a este panorama han logrado construir proyectos resilientes con juventudes en educación ambiental, como el programa de Huertos Solidarios, en el cual utilizan ciertos desechos plásticos para sembrar alimentos en colegios en zonas urbanas.

“Los espacios verdes son casi nulos, entonces usamos botellas y bidones para hacer utensilios para cavar la tierra e implementar huertos en escuelas”, explica Torino.

El proyecto —que cuenta ya con 25 huertos— está basado en los principios de la cooperación y la solidaridad que también involucra a padres y madres de familia para replicar formas más responsables de consumo en los hogares, así como fomentar la seguridad alimentaria, afirma la ambientalista.

Uno de los huertos está ubicado dentro del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima como parte de los esfuerzos de reinserción social y sensibilización ambiental para adolescentes que han sido privados de la libertad.

Imagen principal: voluntarios de al menos 9 países de Latinoamérica colaboraron con científicos para identificar el origen de la contaminación por botellas plásticas en sus playas. Foto: cortesía Mauricio Ergas / Científicos de la basura

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En la región del Chocó, en el noroeste de Colombia, a Arnold Alexander Rincón López se le reconoce como una autoridad ambiental y comunitaria para la defensa del territorio. Desde que hombres armados lo secuestraron el pasado 26 de abril, sus compañeros ven no solo una afectación directa a familiares y amigos, sino también a las comunidades de este departamento de la costa del Pacífico y el Darién colombiano.

Desde 2020, Rincón se ha desempeñado como director de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó). Es uno de los 33 organismos que hay en Colombia dedicados a la planificación, administración y control de los recursos naturales, así como de la conservación de la biodiversidad de cada región.

En 2024, el departamento del Chocó registró siete asesinatos de personas defensoras, un aumento de 600 % respecto a 2023, de acuerdo con el informe de la organización Somos Defensores.

El estudio advierte que al menos en Quibdó, la capital de Chocó, se vivió una disputa entre bandas criminales que en algún momento participaron en los espacios de negociación de la Política de Paz Total en Colombia.

Ese año, la Defensoría del Pueblo dijo haber respondido solicitudes de intervención ante las crisis humanitarias provocadas por conflictos armados entre grupos disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Somos Defensores registró entre 2021 y 2024 un total de 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, de las cuales 25 fueron asesinatos, por lo que la región es considerada un foco de crisis humanitaria.

Astrid Torres, coordinadora de la organización, advierte que en el Chocó hay un escenario de alto riesgo, principalmente para quienes hacen defensa del territorio, como las comunidades indígenas, afrodescendientes, así como líderes comunitarios y activistas de derechos humanos, quienes fueron los principales objetivos de estos ataques.

“(La violencia) tiene que ver con asuntos ligados a las comunidades, principalmente étnicas, que luchan por la permanencia del territorio contra esa lógica que imponen principalmente los actores armados, pero también empresas legales en los territorios donde hacen extractivismo”, explica a Mongabay Latam.

Para Torres, la situación de riesgo que viven personas defensoras, e incluso las propias autoridades ambientales, tiene una relación con conflictividades socioambientales y una “depredación del territorio”, sin que exista una respuesta de la fuerza pública o las entidades locales.

Pese a este contexto, tanto Escobar como Klinger sostienen que no hay antecedentes que pudieran advertir el secuestro de Rincón o relacionar la agresión con su labor como autoridad ambiental.

“Creo más en la hipótesis de delincuentes que quieren financiarse a través del secuestro porque si fuera por un tema de liderazgo ambiental, hace mucho rato nos hubiera ocurrido algo a nosotros”, afirma el investigador Klinger.

De acuerdo con autoridades de Codechocó, los captores de Rincón no se han comunicado con ningún integrante de la corporación ni con sus familiares para exigir algún pago por la liberación del líder comunitario.

Escobar se une a los llamados que han hecho familiares y autoridades hacia los captores de Rincón para que lo liberen.

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“Exigimos el retorno pronto de nuestro amigo y compañero no solamente al seno de su hogar, sino a liderar estos espacios. Hoy no trabajamos por nosotros, trabajamos por 520 mil personas que merecen desarrollarse y crecer en nuestro territorio”, sostiene.

En la búsqueda de Rincón

El 22 de mayo, con la ausencia de su principal dirigente, la corporación cumplió 57 años de vida como la máxima autoridad ambiental en esta región de Colombia, que trabaja junto con las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas por la conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos.

En este reciente aniversario, funcionarios de la corporación aseguraron que no permitirán que “la misión ambiental sea silenciada por la violencia que enfrentan los territorios” y señalaron la necesidad de mecanismos a nivel nacional para proteger a quienes defienden el ambiente y la vida.

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Para Harry Alexander Escobar Mosquera, quien ha sido subdirector de Control Ambiental en Codechocó, el trabajo que ha realizado el dirigente secuestrado es clave en el desarrollo de las comunidades afrodescendientes de la región. “Consideramos que parte del desarrollo de Chocó debe partir de lo ambiental, por eso nuestro compañero y líder [Rincón] es muy importante, porque compartimos una visión de desarrollo conjunta, en el marco del principio de desarrollo sostenible”, dice sobre la gestión del territorio que ha realizado el funcionario durante sus cinco años de mandato.

Escobar sostiene que como autoridades ambientales en la región, los funcionarios de Codechocó son pilares para encontrar el equilibrio entre el desarrollo de las comunidades en el territorio y la conservación de la biodiversidad. “Siempre se cree que el desarrollo sostenible es ver y no tocar. No, ese es el valor agregado del territorio, producir pero garantizando los recursos naturales y mejorar la calidad de vida”, señala el trabajador de Codechocó.

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia contempla también la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI), áreas naturales destinadas al uso sostenible, la preservación, restauración, conocimiento y disfrute.

Esto permite que sus habitantes —principalmente comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas— puedan extraer madera, agua, realizar actividades turísticas e incluso pequeña minería en ciertos territorios para subsistir.

Entre las medidas impulsadas por Rincón, Escobar destaca las licencias ambientales como una forma de dar sustento a las comunidades marginadas de Chocó, sin descuidar los recursos naturales de la región.

“[Rincón] fue elegido en 2019 como director. Ese año, la corporación tenía solamente tres licencias para comunidades negras e indígenas. Hoy hemos podido otorgar alrededor de 53 licencias ambientales temporales para la actividad minera bajo los principios de desarrollo sostenible”, cuenta su colega a Mongabay Latam.

Para Escobar, la apuesta por canalizar las potencialidades del territorio y trabajar con los consejos comunitarios le ha dado reconocimiento al trabajo de Codechocó y de Rincón. “Trabajamos el aprovechamiento de recursos, pero en otras zonas también trabajamos la conservación. Por eso la corporación tiene una alta aceptación y muy buena imagen en los territorios predominantemente negros”, sostiene.

A más de un mes de la desaparición de Rincón, el trabajador de Codechocó señala que no cuentan con información sobre el caso, lo que sigue generando dolor y consternación en la región. “Más que verlo como el líder que hoy no está, es el amigo, la persona con la que venimos dialogando hace más de 20 años, con el que venimos trasegando, caminando juntos como equipo de trabajo”, sostiene.

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Chocó, la esquina de las Américas

El Chocó es considerado uno de los territorios megadiversos del mundo, con más de 2000 especies endémicas de flora y fauna, así como grandes extensiones de bosques tropicales que son clave para la regulación climática.

Pero más allá de su ubicación estratégica, la población de Chocó ha sido crucial para proteger la cultura y la biodiversidad que ahí habita, destaca William Klinger Brahan, director general del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP).

“La gente de ese territorio, que es la que ha cuidado la naturaleza y la cultura, es la más vulnerable al cambio climático, en indicadores sociales y económicos”, señala el también ingeniero forestal, quien destaca el reto de garantizar mejores condiciones de vida para la población del Chocó.

Al mismo tiempo, la región es una de las más desiguales de Colombia, donde los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están por encima del promedio del país, pues casi 8 de cada 10 habitantes viven en hogares con algún tipo de carencia en servicios básicos, de acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

Ante este panorama, Escobar destaca la importancia de las licencias mineras en Chocó, pues considera que son instrumentos que permiten empoderar a las comunidades afrodescendientes, que están asentadas en zonas de yacimientos de minerales y con un arraigo por esta actividad.

“Por las condiciones del territorio hay importantes yacimientos de oro, plata, platino y cobre. La actividad minera viene arraigada en nuestras comunidades negras, en lo que somos como territorio”, sostiene el trabajador de Codechocó.

De acuerdo con el trabajador de la corporación, existen acuerdos con las comunidades que realizan la pequeña minería, para que puedan obtener un beneficio económico, pero respetando límites de impacto ambiental. Uno de estos acuerdos es la prohibición de utilizar mercurio en el proceso de extracción.

“Nosotros nos comprometemos a apoyar los procesos de formalización y ellos se comprometen a implementar las medidas ambientales en las zonas donde tienen jurisdicción. Son acuerdos de territorio”, explica Escobar.

El éxito de Rincón

Para el director del IIAP, el trabajo de Rincón como director de Codechocó destaca por encima del de otras corporaciones autónomas por la vinculación que hay con las comunidades de la región.

“Los principales logros de Arnold los encuentro en estrategias de conservación. Ha creado herramientas de manejo sostenible del territorio y ha promovido la bioeconomía como una alternativa para salir de la pobreza al mismo tiempo que la restauración”, dice Klinger a Mongabay Latam.

De acuerdo con Codechocó, se han declarado cinco Distritos Regionales de Manejo Integrado —en coordinación con otras corporaciones y organizaciones civiles— en los municipios de Acandí, Unguía, Nuquí, Bajo Baudó y El Carmen de Atrato.

Aunque en estas zonas buscan un aprovechamiento económico, Escobar sostiene que también tienen como objetivo conservar las condiciones naturales de los ecosistemas costeros del Chocó, como la protección de las zonas de anidación de tortugas, especialmente la caná; la protección de especies, como el manatí en Lago Azul; y el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos, así como el turismo responsable.

Klinger destaca el papel de Rincón como director de Codechocó para conservar, restaurar y usar sosteniblemente los recursos del territorio, al mismo tiempo que fortalece un vínculo con las comunidades indígenas y afrodescendientes.

Sin embargo, sostiene que la minería ilegal en el Chocó ha provocado los conflictos socioambientales más fuertes de la región.

“La minería ilegal va rompiendo al tanteo la tierra, si no encuentra aquí busca por otro lado. Ha roto todos esos corredores de conectividad biológica, ha sedimentado los ríos, desviado los cauces, ha contaminado con mercurio”, lamenta el investigador.

Imagen principal: integrantes de la Corporación Autónoma han salido a protestar por el secuestro de su dirigente y exigiendo su liberación inmediata. Foto: cortesía Codechocó

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Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 20 de diciembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) dio a conocer un fallo histórico contra el Estado colombiano y lo responsabilizó de múltiples violaciones a los derechos humanos de todo el pueblo indígena U’wa. En un documento de más de 200 páginas, el tribunal determinó que hubo violaciones al acceso a un medio ambiente sano, a la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libre determinación de los pueblos indígenas, la propiedad colectiva, la participación política, el acceso a la información, la vida cultural, la niñez y la protección judicial.

La Nación U’wa se ubica en el oriente de Colombia, entre los departamentos de Arauca, Santander, Casanare, Norte de Santander y Boyacá. Desde principios de los años 90 han defendido su territorio y cultura ancestral, enfrentándose a proyectos de turismo y a la explotación de recursos naturales, como el petróleo y gas.

El abogado U’wa Juan Gabriel Jerez Tegria destaca que la Corte IDH le ordenó al Estado colombiano que, en un plazo de dos años, les titule el territorio, clarifique los títulos coloniales, realice un proceso de participación respecto de los proyectos extractivos vigentes y que garantice que aquellos ubicados en el Resguardo U’wa o en áreas adyacentes no generan impactos en el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural del Pueblo U’wa.

“Para nosotros esta sentencia significa que nuestras exigencias y nuestros derechos fueron reconocidos. Significa que ya hay una jurisprudencia que permite hacer reclamaciones más justas y directas al Estado colombiano frente a violaciones de derechos humanos y vulneraciones en nuestras comunidades indígenas”, asegura Jerez Tegria.

Juliana Bravo, directora del Programa Amazonía de EarthRights International —organización que ha acompañado y asesorado legalmente al pueblo indígena—, menciona que este proceso ha sido muy largo y en él han participado muchas generaciones.

“Esta sentencia de alguna manera es devolverles la fe en el sistema de Justicia. Es lograr que un tribunal internacional reconozca su narrativa y todo lo que han dicho durante tantas décadas sobre las violaciones de derechos que han padecido”, dice Bravo.

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Un largo camino

Los indígenas U’wa se han opuesto a la exploración y explotación de gas y petróleo en su territorio y tuvieron que recurrir a instancias judiciales internacionales luego de agotar todos los caminos jurídicos a nivel nacional.

Heber Tegria Uncaria, vocero del pueblo U’wa, le dice a Mongabay Latam que, entre 1990 y 1993, varias empresas petroleras, entre ellas la Occidental Petroleum (OXY), empezaron a llegar al territorio indígena donde se encontraba el bloque petrolero Samoré, que se proyectaba como uno de los más promisorios para la industria de hidrocarburos en Colombia.

“Pero para el pueblo indígena U’wa la tierra es sagrada y es nuestra madre. El petróleo es la sangre de nuestra madre tierra y no se puede explotar”, afirma Tegria, y agrega que fue en ese momento cuando iniciaron un proceso de resistencia para no permitir que su territorio “sea profanado y explotado”.

Poco después combinaron sus acciones de resistencia con una búsqueda de protección judicial. “Acudimos a los organismos nacionales de Justicia: a la Defensoría del Pueblo, luego a los tribunales y después a las altas cortes en Colombia. Hubo una gran discusión jurídica, pero seguíamos sin la garantía de los derechos al territorio y a la consulta previa, libre e informada”, continúa Tegria.

El vocero del pueblo U’wa asegura que como las altas cortes no dieron garantía de esos derechos fundamentales, tomaron la decisión de llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1997, un proceso que culminó con un fallo de la Corte en 2024, casi 27 años después.

Juliana Bravo enfatiza que la Justicia colombiana, desde marzo de 1997, ya había determinado que las actividades extractivas en el territorio U’wa no eran legales. La Corte Constitucional emitió una sentencia donde declaró que el derecho a la consulta previa fue violado, que no se cumplió con el Convenio 169 de la OIT y ordenó que se llevará a cabo dicha consulta, pero esto nunca ocurrió.

“Hay un fallo, pero no se cumple porque continúan haciéndose proyectos sin consulta y sin las debidas garantías judiciales”, afirma Bravo. “También hubo algunos proyectos mineros y se hicieron algunas denuncias en la Justicia interna colombiana, pero no ha pasado nada”, detalla. Además, Bravo asegura que en este momento los procesos están abiertos, pero no hay ninguna respuesta del Poder Judicial. “Todo eso abrió la puerta para ir al sistema interamericano”, explica.

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Un territorio que atrae a las industrias extractivas

Poco después de que se conociera el fallo de la Corte IDH, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) afirmó en un comunicado que el pueblo indígena U’wa es el primero en Colombia en haber demandado al Estado colombiano ante esta instancia internacional y que “su victoria abre el camino de las reparaciones y medidas de protección a las que este pueblo indígena tiene derecho y deja un precedente favorable para que otros pueblos indígenas de Colombia y la región puedan acudir a instancias internacionales con garantías de justicia y reparación”.

La oposición de este pueblo indígena tiene muchos capítulos, ya que el conflicto no sólo se dio con la exploración del bloque Samoré, a principios de la década de los 90. En 1998 Oxy también empezó trabajos de exploración en la zona conocida como Gibraltar y, a pesar de las protestas de los U’wa, dos años más tarde el entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) y el Ministro de Agricultura declararon, sin consultar a los indígenas, que el área que rodea el sitio de perforación Gibraltar era una “zona de reserva petrolera”.

Entre 2002 y 2003, Oxy abandonó el bloque Samoré, pero este fue entregado a la estatal petrolera Ecopetrol, que lo delimitó nuevamente y lo dividió en dos: bloque Sirirí y bloque Catleya.

Entre 2004 y 2005, el Estado colombiano realizó reuniones de socialización para estos dos bloques, pero los U’wa rechazaron la exploración sísmica y, en general, cualquier proyecto petrolero en su territorio. A pesar de esto, en mayo de 2005 el Ministerio del Interior y Ecopetrol determinaron que Sirirí y Catleya no vulneraron los derechos de los U’wa y afirmación que en 2006 fue confirmada por el Consejo de Estado (alto tribunal en Colombia).

En 2008 el Estado otorgó el contrato de concesión minera de carbón GKT-081 que se superpone al territorio U’wa. Un año después se otorgaron dos concesiones mineras de carbón adicionales y el Ministerio de Ambiente otorgó una licencia a Ecopetrol para la construcción del gasoducto Gibraltar- Bucaramanga, el cual entró en funcionamiento en abril de 2012.

Los proyectos extractivos en territorio U’wa no pararon y también en 2012 la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó una licencia a Ecopetrol para el Área de Perforación Exploratoria (APE) Magallanes, en territorio ancestral de este pueblo indígena, que además advirtió en ese momento que el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) era deficiente e incompleto.

A todos los problemas con los proyectos extractivos, el pueblo U’wa también suma un conflicto con Parques Nacionales Naturales de Colombia, pues parte de su territorio se traslapa con el Parque El Cocuy. Jerez menciona que la sentencia de la Corte IDH también le pide al Estado involucrar al Pueblo U’wa en la administración y conservación en la zona de traslape del parque, de forma que se considere su cosmovisión.

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Insistir en el cumplimiento

Cuando se conoció públicamente la sentencia de la Corte IDH, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado expresó en un comunicado que “acata la decisión tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y reitera su compromiso con el cumplimiento de las órdenes proferidas”. Además, la agencia “expresa el sentimiento de solidaridad y empatía con los pueblos indígenas U’wa y está convencida de que la decisión de esta instancia internacional contribuirá a su reparación integral”.

Según los voceros del pueblo U’wa este ha sido el único pronunciamiento por parte de una entidad del Estado, pero no menciona cuándo se realizará el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por la violación de los derechos de los indígenas, un asunto para el que la Corte IDH dio un plazo de un año.

“Esperamos sentarnos en los próximos meses con el Estado para definir una ruta metodológica para la implementación de la sentencia, donde este Gobierno en particular sea coherente con todas las manifestaciones que ha hecho frente a la importancia del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas”, afirma Bravo.

La abogada también comenta que los U’wa y las organizaciones que los han apoyado estarán supervisando el cumplimiento de la sentencia en los plazos que dijo la Corte. Bravo hace énfasis en esto porque ha litigado casos de Colombia y otros países donde ha observado que la implementación se demora y los plazos por lo general no se cumplen.

Además, sostiene Bravo, el mayor problema siempre son las cuestiones que tienen que ver con temas estructurales como cambios en las políticas o revisión de leyes, normas y prácticas.

“Para nosotros esto es un paso más y es un triunfo desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, también tenemos claridad de que nos toca seguir exigiendo que el Estado cumpla con lo que ordena la Corte IDH. Es un triunfo que por ahora está en el papel”, sentencia Heber Tegria.

*Imagen principal: Indígena U’wa en la Corte IDH. Foto: cortesía EarthRights International – Jorge Sánchez

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Esas y otras cuestiones serán debatidas en el próximo Foro Social Panamazónico, que tendrá lugar en Bolivia en junio próximo, y también en el encuentro de los gobiernos en el marco de la Convención de la Diversidad Biológica, en Colombia, en octubre. Por lo tanto es oportuno repasar algunos aspectos de la coyuntura actual en la región desde la perspectiva de las alternativas al desarrollo y las posibles transiciones para alcanzarlas. En este primer artículo se pone el énfasis en las posiciones gubernamentales.

Los Estados amazónicos: empujes y estancamientos

Los gobiernos de los países amazónicos históricamente han tenido responsabilidades directas en las distintas crisis que se padecen en esa región, lo que ha sido denunciado por años. Pero a diferencia de otros momentos, en la actualidad uno de esos gobiernos ofrece un discurso diferente. Pretende dejar atrás los extractivismos en hidrocarburos y carbón, se propone un abordaje más amplio sobre la problemática amazónica (asociando factores ecológicos y económicos), y está abierto a iniciar transiciones (enfocándose en combustibles fósiles). Ese es el caso de la administración de Gustavo Petro en Colombia. Al menos en el pasado reciente, ningún gobierno amazónico ha ofrecido un discurso de este tipo, y por ello debe ser bienvenido.

Pero como ha sido advertido varias veces, por un lado están las intenciones y dichos presidenciales, pero por otro lado, no siempre hay claridad en las ideas que sustentan esas aspiraciones, en las acciones que son necesarias, así como en la capacidad de actores políticos y técnicos en concretarlas, sin olvidar que las ambiciones ciudadanas son mucho más radicales (1).

Esas aspiraciones colombianas deben lidiar con la de todos los demás países amazónicos. En ese frente puede diferenciarse, por un lado, la postura de Brasil, donde hay actores que comprenden la urgencia de transiciones y alternativas, y por el otro lado, la de los demás Estados, los que persisten en minimizar o desatender la Amazonia.

En el caso brasileño, la presidencia de Lula da Silva, encierra distintas tendencias, está enmarcada en una coalición que incorpora partidos de centro e incluso centro derecha, y está además presionada por los llamados “bolsonaristas” tanto en gobiernos estaduales como en el Congreso. De todos modos, no puede olvidarse que en su campaña electoral, Lula rechazó el llamado que había lanzado Petro para una coordinación postpetrolera entre Colombia, Brasil y México. En más de una ocasión, como candidato y luego como Presidente, Lula se manifestó a favor de continuar con la explotación de hidrocarburos, y siempre apostó por “desarrollar” la Amazonia.

Sin embargo, en ese gobierno de debe destacar la presencia de Marina Silva, una vez más al frente del Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella es amazónica, conoce la situación de la región, y no puede negarse su experiencia, preparación y vocación. Silva no tiene un discurso que proponga abandonar los extractivismos de combustibles fósiles, pero ha dejado en claro que entiende esa cuestión. Su ministerio respaldó, por ejemplo, la decisión de impedir nuevas exploraciones petroleras en la desembocadura del Río Amazonias por sus impactos ambientales, y eso desembocó en una controversia con el presidente Lula. Es más, la Ministra de alguna manera reconoció ante el propio Petro, en una mesa redonda en el reciente Foro Económico de Davos, que su gobierno discute las implicancias de una moratoria petrolera en la Amazonia, pero que eso involucra cuestiones que van más allá de las consideraciones ambientales. Tampoco es menor el papel de Sônia Guajajara, la nueva ministra de pueblos indígenas, con posiciones que servirían para explorar alternativas.

En otros temas hay más coincidencias. Por ejemplo, Colombia y Brasil detuvieron los planes de militarización de la gestión territorial amazónica que se habían lanzado bajo las administraciones de Duque y Bolsonaro. También concuerdan en la necesidad de mejorar la gestión ambiental en la Amazonia, y en especial en detener la deforestación. Pero de todos modos, Brasilia no apoya los discursos de transiciones que parten desde Bogotá.

Entretanto, los gobiernos de Ecuador, Bolivia, Perú, Venezuela, Guyana y Suriname, aunque no tienen posturas idénticas, pueden agruparse en un conjunto que carece de planes y gestiones efectivas para la Amazonia, que no logran detener la deforestación ni controlar los incendios, toleran la contaminación de suelos y aguas, y permiten la diseminación de los extractivismos. No discuten alternativas al desarrollo, e incluso las pueden considerar peligrosas al interpretarlas como obstáculos al provecho económico.

Algunas diferencias en ese grupo deben ser apuntadas. En Ecuador, la actual administración de Daniel Noboa debe lidiar con una situación que no se repite en ningún otro país, ya que allí, en 2023, tuvo éxito una consulta ciudadana para detener la explotación petrolera en la región amazónica de Yasuní. A pesar del contundente respaldo de casi el 60 % de los votos, se suman señales de que esa administración intentará postergarlo o incumplirlo. Es difícil determinar cómo avanzará esa contradicción, ya que el país está convulsionado por una ola de violencia y escándalos de corrupción que dominan la atención ciudadana.

En el caso de Bolivia, en la década pasada el gobierno mantuvo un enérgico discurso sobre la protección de la Madre Tierra, la plurinacionalidad y la indigeneidad, pero como es sabido, en su gestión apostó por más extractivismos, generándose múltiples conflictos con comunidades locales y organizaciones de base. Se toleró y hasta se apoyó el avance de los extractivismos en hidrocarburos y minerales, incluyendo la minería de oro, incluso dentro de áreas protegidas, y se padecieron severas crisis como las de los incendios forestales en 2019. La persistente crisis política en ese país, alimentada ahora por una fractura dentro del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), hace que en los hechos siga avanzando, por ejemplo, la explotación minera en su región amazónica, incluso invadiendo territorios comunitarios o en los incumplimientos de asegurar medidas de conservación dentro de las áreas protegidas.

La situación en Perú es en cierto modo similar. El anterior presidente, Pedro Castillo, respondía a un plan de gobierno extractivista y hostil a la participación ciudadana; la actual presidencia de Dina Boluarte cayó en más represión y autoritarismo. La consecuencia es que los problemas amazónicos siguen su marcha, e incluso empeoran por la inacción gubernamental. Por si fuera poco, se entretiene con rencillas políticas minúsculas, como la oposición presidencial a la designación de autoridades colombianas en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

Finalmente, en Venezuela distintos analistas y líderes ciudadanos han denunciado la proliferación de múltiples actividades en la Amazonia, tal como ocurre en los otros países. La particularidad es que la administración de Nicolás Maduro ha desplegado a los militares, tanto en la represión y desplazamiento de personas, como en encaminar extractivismos formales. Su apetencia extractivista queda en claro por el conflicto de este país con su vecino, Guyana, al disputarse las concesiones petroleras marinas.

En resumen, entre estos seis gobiernos podrán encontrarse llamados genéricos, a veces con sentido de publicidad u oportunismo, que se refieran a la Amazonia, su riqueza ecológica o repitiendo slogans como ser el “pulmón” del planeta. Pero carecen de planes y acciones concretas para detener problemáticas de fondo como el deterioro ambiental, la pobreza y la violencia, y sus gestiones ante urgencias como los incendios forestales o la invasión de la minería de oro, son insuficientes. La Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que sería el organismo clave para acordar y coordinar respuestas, es desatendida y hasta olvidada por los propios países. Ninguno de esos gobiernos se alineará con los llamados de Bogotá a una transición que deje atrás la dependencia en combustibles fósiles e, incluso, mantendrán distancia de muchas posiciones brasileñas (como la de realmente intentar controlar la deforestación, mientras que no hay medidas efectivas para lograrlo, por ejemplo en Bolivia o Perú). No sólo eso, sino que no están siquiera dispuestos a explorar las posibilidades de una transición.

La imposición de nuevos territorios

Existe una abundante información sobre la problemática amazónica, desde las advertencias por la pérdida de biodiversidad, a la desigualdad y la pobreza, y en especial aquella que golpea a los pueblos indígenas (2). No es posible aquí abordar en detalle todos esos frentes, pero un análisis de coyuntura permite alertar sobre un proceso que no siempre resulta evidente y en el que los gobiernos tienen responsabilidades directas.

En efecto, en la Amazonia persiste, y en varios sentidos se están agravando, procesos de radicales y sustantivas transformaciones territoriales. Sobre los viejos territorios, sean aquellos que responden a pueblos indígenas o comunidades campesinas, o los que se deben a arreglos administrativos como municipios o departamentos, se imponen nuevas territorialidades. Estos son extrovertidos, en el sentido de estar asociados y ser dependientes de agentes, mecanismos y flujos globales. Sus ejemplos más dramáticos son la diseminación de enclaves de emprendimientos mineros, petroleros o agrícolas.

Los territorios prexistentes tenían distintos vínculos con las zonas que les rodeaban, mientras que estos nuevos, precisamente por ser enclaves, están desconectados o están débilmente relacionados con los espacios vecinos; algunos de ellos incluso están cercados y resguardados por fuerzas de seguridad. Estos enclaves, en cambio, reciben insumos desde el exterior y los recursos naturales que extraen son exportados hacia otros continentes; frecuentemente mediados por empresas transnacionales, más allá que en algunos rubros o países pueden ser estatales o estar asociadas a compañías nacionales.

Esta nueva territorialización responde a agentes y dinámicas por fuera de la Amazonia, incluso más allá de las capacidades de regulación de los propios gobiernos. Inciden en ellos las subas y bajas de los precios de las materias primas, la disposición de capital de inversión, las trabas o aperturas comerciales, y el apetito de consumo de países como China o de las naciones industrializadas. Por ejemplo, el récord histórico del aumento del precio internacional de referencia del oro, por encima de los dos mil dólares la onza, que acaba de ocurrir en marzo de 2024, es un factor que fatalmente disparará aún más ese tipo de minería en la Amazonia. Los gobiernos locales o nacionales no controlan ese tipo de dinámicas.

Desde la mirada de las comunidades locales, esos enclaves significan muy pocos beneficios económicos y laborales, y se pierden prácticas ancestrales tales como la pesca, recolección, caza y agricultura adaptada a esos ecosistemas tropicales. Es también una territorialización impuesta: ocupa los espacios desconociendo los territorios antes existentes y sus habitantes, y además se bloquea la capacidad de esas comunidades en incidir, controlar o rechazarlos. Esa imposición puede seguir vías pretendidamente legales, como ocurre con las concesiones mineras o petroleras que se deciden en las capitales de los países amazónicos. Pero también puede ser ilegal, en lo cual el ejemplo más alarmante ocurre con la expansión de la minería de oro aluvial, que invade los territorios de muchas comunidades y los ocupan empleando la violencia.

De estos modos, la re-territorialización extrovertida crea lo que podría describirse como “huecos” en los espacios amazónicos, ya que al extraer o aspirar sus recursos, esos enclaves destruyen la continuidad de sus ecosistemas. Son huecos tanto sociales como ambientales, ya que pueden ser pasivos ambientales, como ocurre con sitios deforestados y contaminados con mercurio, los que difícilmente pueden ser restaurados, o por comunidades que son desplazadas o se dispersa a sus integrantes. La secuencia de paisajes y ecosistemas queda interrumpida por los enclaves, y éstos incluso pueden confluir en amplias superficies, como ocurre con el arco de deforestación amazónica que avanza desde el sur.

Bajo esta dinámica es como si la Amazonía fuese en realidad gestionada desde los centros financieros y comerciales. Los gobiernos nacionales no tienen capacidades para modificar o amortiguar esos factores, ya que prevalecen los mercados internacionales y la globalización. Pero a pesar de todo, los gobiernos y sus grupos de apoyo empresariales, apoyan ese tipo de inserción internacional, y por ello, los Estados terminan siendo funcionales a estas situaciones. Así se condenan las regiones amazónicas que quedan subordinadas a esas dinámicas globales.

Es cierto que distintas comunidades locales se han resistido a esas imposiciones de territorios que expolian sus ambientes e, incluso, han estallado conflictos sociales de distinta intensidad. Pero es sabido que las respuestas gubernamentales predominantes han sido las de apoyar la permanencia de los enclaves, y no han dudado en reprimir a las comunidades locales y hostigar a las organizaciones ciudadanas.

La importancia de esta cuestión radica en que los gobiernos no advierten esta dinámica, y si lo hacen no lo consideran un asunto de gravedad. Si bien por lo general minimizan las cuestiones amazónicas, cuando las abordan, se enfocan en problemas puntuales o locales, tales como la deforestación en un sitio, incendios salidos de control o un alzamiento indígena. Pero no parecen comprender que todos esos son síntomas de una enfermedad más profunda, la que radica en esa subordinación a la globalización como proveedores de los recursos naturales. Esa es una condición que se sufre desde cada país pero que se articula y potencia en su conjunto a nivel de toda la cuenca amazónica.

En las concepciones políticas más simplistas, no han faltado actores políticos o empresariales que consideren que la Amazonia está vacía o casi vacía, que debe ser “civilizada” y que para ello deben explotarse sus bienes naturales. Esperan multiplicar las exportaciones con la esperanza de obtener dineros para financiar el gasto del Estado, cubrir los déficits presupuestarios, y pagar la deuda externa. Bajo esa perspectiva, esta territorialización extrovertida es bienvenida, y no han dudado en promoverla.

Queda de este modo expuesto un dramático vacío. Esa reterritorialización amazónica es uno de los problemas más severos y complejos que afecta a toda la región. Sin embargo no solamente no se reconoce la cuestión, sino que cualquier acción ante ella requiere establecer estrategias y acciones coordinadas entre los gobiernos. Eso hace que, desde el punto de vista de unas transiciones enfocadas en alternativas al desarrollo, sea esencial recuperar la autonomía ante la globalización.

El contexto de las alternativas

A diferencia de lo que ocurre con los gobiernos, en algunos sectores de la sociedad civil existen múltiples propuestas alternativas, originadas en la propia región, y que revisten enormes potenciales. Aunque un análisis de coyuntura sobre las expresiones ciudadanas requeriría otro artículo, deben mencionarse algunos ejemplos. Entre ellos, el reconocimiento de los derechos de la Naturaleza tal como se aprobó en Ecuador, o la aplicación de moratorias, como la enfocada en la región de Yasuní, para emprendimientos que tienen impactos severos, que se consideran inaceptables o intolerables, y que no tienen resolución tecnológica. Ocurre otro tanto, con la experiencia peruana en organizar una plataforma ciudadana que reclame alternativas a los extractivismos. Esas y otras ideas muestran propósitos y orientaciones en las alternativas, y al tener eso en claro, es posible diseñar estrategias de transición para alcanzar tales fines. Es importante tener esa condición presente ya que en la actualidad, al proliferar el uso del término transiciones, no siempre está claro hacia dónde se quiere transitar, lo que a su vez está afectado por imprecisiones y confusiones en conceptos (3).

Teniendo presentes esas condiciones, es posible ofrecer algunas reflexiones sobre las alternativas. Desde una perspectiva regional, aquí se entiende que la reterritorialización hacia la globalización es la condición más grave que se enfrenta. Muchos de los problemas que se identifican como severos, como por ejemplo la deforestación o la minería de oro, sin duda lo son. Pero en casi todos los sitios son consecuencia de esa condición. El que prevalezcan las reacciones a los síntomas pero sin llegar a enfrentar las razones de fondo, no recibe la atención necesaria, y es urgente dejarlo en evidencia. Es que las alternativas, para ser realmente efectivas deben lidiar con las raíces de los problemas, como puede ser la condición subordinada.

Teniendo eso presente, la retórica del actual gobierno colombiano ofrece opciones para poner en discusión las alternativas desde otras posturas. Es cierto que sus acciones aún son insuficientes para resolver los problemas, pero sirven como base de apoyo para que la sociedad civil pueda sumarle sus propios aportes, con planes más precisos y organizados, como pueden ser los de asegurar los derechos de la Naturaleza en toda la Amazonia.

Finalmente, debe asegurarse la más adecuada identificación de los principales, y desde allí se deben articular las alternativas de cambio y los modos de alcanzarlas. Por ello es necesario no quedar encapsulados a los modelos de transiciones organizados en otros continentes, con realidades muy distintas a las amazónicas, para atender seriamente lo que se ha pensado y ensayado desde la propia Amazonia. Como tampoco puede repetirse el autolimitarse por obediencias o simpatías políticas. Las alternativas necesitan sumar tanto en independencia como en rigurosidad crítica.

Notas

1. Transiciones: una necesaria intención de cambio atrapada en una maraña de confusiones, E. Gudynas, Desde Abajo No 299, Bogotá, febrero 2023 – https://www.desdeabajo.info/ediciones/edicion-no299/item/transiciones-una-necesaria-intencion-de-cambio-atrapada-en-una-marana-de-confusiones.html

2. Véase por ejemplo los informes en RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), en https://www.raisg.org/es

3. Sobre las distintas alternativas y sus implicaciones en Desarrollos alternativos. Alternativas al desarrollo. Una guía ante las opciones de cambio, E. Gudynas, Ediciones desde Abajo, 2023 – https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=358

El presente texto adelanta algunos resultados del autor sobre alternativas y transiciones como investigador del Centro de Información y Documentación de Bolivia (CEDIB), basado en una versión publicada por el periódico Desde Abajo (Bogotá), y que luego fue republicada en distintos medios de la región.

En el análisis de los avances en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los departamentos de Caquetá y Putumayo, evidenciamos obras implementadas en departamentos distintos, pérdida del enfoque étnico, de género, comunitario y territorial, y valores distintos para los mismos proyectos; así como el cumplimiento parcial de las iniciativas con proyectos que abarcan sólo parte de lo que las comunidades propusieron. También encontramos casos en donde los mismos beneficiarios se repiten en más de cinco proyectos, los cuales no concuerdan con las iniciativas. Estos son algunos de los hallazgos que nos muestran que, quizás, el PDET no va como lo pintan.

Las subregiones PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y PDET Putumayo tienen un aproximado a 6.550 iniciativas, 3.438 en Putumayo y 3.112 en Caquetá y Algeciras, Huila. De acuerdo con la base de datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han cumplido con 4.964 iniciativas a enero del 2023, mientras 1.367 se encuentran en preparación. Según los datos de la ART, a enero del 2023 se habría implementado el 75.7% de estos PDET, una cifra ciertamente alentadora.

Pese a este panorama, organizaciones sociales del Caquetá y Putumayo vienen señalando fallas en el funcionamiento del PDET. Para algunos, este instrumento se ha convertido en “nuestra desilusión”, así lo afirmó Farid Murcia, miembro del grupo motor del Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, durante el conversatorio sobre posibilidades para la participación comunitaria en los PDET, desarrollado el 25 de abril del 2023.

Una de las causas de la desilusión son por lo menos cinco incongruencias en el reporte de implementación. A continuación se presentan algunos ejemplos:

1. Información errada:

Durante el proceso participativo de formulación de las iniciativas en el PDET Putumayo, las comunidades plantearon la necesidad de resolver la titulación de baldíos en un radio de 2.500 mts alrededor de áreas de explotación de recursos no renovables en Villagarzón, Putumayo. Paradójicamente, esta iniciativa se da por cumplida con un proyecto financiado por una alianza público-privada sobre regularización de baldíos en el municipio de Cantagallo, Bolívar.

Lo mismo sucede con cuatro obras que se realizaron en el municipio de Puerto Rico, Meta y que reportan en el cumplimiento del PDET de Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteña.

2. Proyectos distintos para los mismos beneficiarios

En el municipio de Puerto Asís existen siete proyectos que tienen diferente identificación, pero atienden a los mismo beneficiarios y objeto: dotar e instalar 207 sistemas fotovoltaicos en las comunidades indígenas Ksxa´w Nasa (40 familias); Kwe´sx Kiwe Ksxa´w (67 familias);  Yu´Luucx (64 familias); Kiwnas Cxhab (100 familias); Sa´t Tama (19 familias); Nasa Cxhab (31 familias); Nasa Fxiw (32 familias).

Los proyectos 30970, 30971, 30972, 30973 y 30977 por un valor de $78.546.210 cada uno, buscan el objetivo arriba mencionado. Por su parte, el proyecto 20191301010137 financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de $19.080.294.357, busca la instalación de sistemas fotovoltaicos en el departamento e incluye, entre otros, también a estos mismos beneficiarios. Como si fuera poco, el proyecto con identificación 33021 tiene el mismo objeto, por un valor de $48.336.109.

Es decir, parece que para la instalación de 207 paneles solares se hubieran implementado siete proyectos diferentes, seis de ellos destinados exclusivamente a ello y un proyecto macro en donde se incluye esta iniciativa. No es claro en este caso, la destinación específica de cada proyecto.

3. El mismo proyecto con valores distintos

En el seguimiento realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) hemos encontrado proyectos que, entre una y otra base de datos, cambian de valor, por ejemplo con la base de datos de obras implementadas en marzo del 2022, el proyecto 30773, relacionado con el fortalecimiento comunitario para el mejoramiento de la vía que conduce a la vereda El Loro 1 en Valle del Guamuez; costó $218.662.699. Luego, el mismo proyecto en la base de datos remitida en enero del 2023, tuvo un costo de  $327.673.235.

Caso similar es el de la iniciativa 18206 que tiene como objeto el “Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de una caseta comunal en la vereda la Cabaña del municipio de Puerto Asís Putumayo”, la cual, según base de datos del 2022, fue implementada por Fundación Panamericana Para el Desarrollo FUPAD por un valor de $31.599.784; mientras en la base de datos del 2023 aparece como ejecutada por la Unión Temporal Guanga por un valor de $55.382.071.

Lo mismo sucede con varios proyectos que cambian de valor, a pesar que se reportan como obras implementadas en el 2022. En este caso, cabría la posibilidad de adiciones presupuestales a último momento o luego de la implementación, lo que genera dudas sobre los mecanismos de verificación y control.

4. Proyectos que desconocen el componente territorial y participativo de las comunidades

En el departamento del Caquetá se han encontrado proyectos que desconocen la complejidad de las iniciativas propuestas por las comunidades. Un ejemplo es la iniciativa 618610303970 del municipio de San José del Fragua, en este caso la descripción busca la implementación de tecnologías que permitan mejorar las líneas productivas del municipio como el sector frutero, cárnico, panelero, del caucho, los granos, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la ART fue un proyecto para el mejoramiento de la competitividad de 1.400 productores de leche en el departamento del Caquetá.

En este mismo sentido, identificamos cerca de 35 iniciativas que, en su transformación en proyectos, limitaron el enfoque étnico, de género y comunitario, pues, aunque tengan una relación mínima con la iniciativa, se asocia a su cumplimiento.

En efecto, existe una inversión muy importante en proyectos que no responden a la complejidad de las descripciones de las iniciativas, evidenciando una respuesta no integral por parte de la ART. Aquí se evidencia que la ART no tiene mecanismos para una comprensión amplia de las iniciativas, ni herramientas que le permitan  medir el impacto sobre iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, desde una perspectiva cualitativa.

5. Proyectos que desconocen el enfoque étnico

Ejemplo del desconocimiento del enfoque étnico es el proyecto 40683, que responde a la iniciativa 1186320215151 del municipio de Orito. En este caso, el proyecto busca fortalecer la línea productiva de caña de azúcar, sin que ello implique atender  los usos y costumbres de la comunidades indígenas Embera Chamí , Nasa, Awá, Pastos, Siona, Kofan, Pijao, Kamentsa, Yanaconas y las comunidades Afro, como lo propone la iniciativa. De esta forma, se borra de un tajo el enfoque étnico en la implementación.

Lo mismo sucede con el caso del proyecto que busca fortalecer la competitividad de 1.400 productores que integran el sector lácteo, pues se asocia al cumplimiento de la iniciativa 618094296794 del municipio de Belén de los Andaquíes, en donde se busca fortalecer el valor nutricional de las familias de la comunidad del Resguardo Indígena La Cerinda.

En este caso se evidencia la unión de dos falencias, un proyecto que no tiene relación con la iniciativa y el desconocimiento del enfoque étnico en la implementación.

Así las cosas, las cuentas no cuadran…

Estos posibles hallazgos plantean serias dudas sobre las cifras de implementación del PDET en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De hecho, intentamos crear una herramienta de seguimiento a este instrumento, pero simplemente no fue posible. Las comunidades en la práctica se ven relegadas al rol de observadores o beneficiarios; en algunos casos, se quedan con sus denuncias de desviación de recursos e incumplimientos, sin que nada pase.

Como antes lo ha señalado la Asociación Ambiente y Sociedad, la participación de las comunidades es limitada, pues no existen herramientas de verificación de cumplimiento de las iniciativas, las organizaciones por lo general no conocen los contratos o convenios, menos si estos son privados, de cooperación o de obras por impuestos.

Así las cosas, la información disponible de proyectos y cumplimiento de iniciativas no permite hacer un balance real del avance en la implementación del PDET, lo que, sumado a las falencias en el reporte deja entrever que el PDET no va como lo pintan.