Mario Erazo Yaiguaje ya perdió la cuenta de las veces que ha tenido que esconderse en el monte mientras la balacera amaina. La selva que lo vio crecer ha sido por décadas un campo de batalla. En los últimos años los actores armados le han arrebatado la libertad a su pueblo.

Nació en la parte alta de Buenavista, en Putumayo, un resguardo indígena formalizado en 1983, y conocido como la “raíz antigua”. Es una comunidad que se formó con siete familias lideradas por Arsenio Yaiguaje, un taita visionario. Erazo es hijo de un mestizo y una indígena Siona; creció entre dos mundos pero eligió el de su madre. Su verdadera escuela fueron los abuelos y el yagé. Desde 2008 fue gobernador y años más tarde entró a coordinar la Guardia Indígena.

Los Siona han sido cuidadores del territorio desde tiempos ancestrales. Protegían el río con la boa, la tierra con el tigre, el cielo con el águila. Pero en 2014, cuando la empresa petrolera Amerisur de Colombia intentó entrar a las comunidades, se dieron cuenta de que solo con la defensa espiritual no era suficiente. En ese momento, decidieron formalizar la Guardia Indígena, esa misma que siete u ocho años antes había intentado organizarse en medio de tropiezos.

Para 2015, y ya con 35 miembros, la Guardia de Buenavista se consolidó bajo un mandato espiritual y político. Fue un esfuerzo que tres años más tarde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacaría como parte del sistema tradicional Siona, aunque ya desde entonces advirtió que el conflicto armado amenazaba con desintegrarlos.

Los Siona del Putumayo contaban con una población aproximada de 2.578 personas, distribuídas en seis resguardos y seis cabildos. La cifra sale de censos realizados entre 2009 y 2012. Para 2017, Erazo contabilizaba 171 familias representadas en 633 habitantes.  El desplazamiento, la necesidad de huir a las ciudades y pueblos por el conflicto armado ha mermado a la comunidad y hoy no se sabe con certeza dónde han quedado diseminados algunos de sus miembros.

Perder la libertad es no poder quedarse donde se es feliz. Desde hace años se dice que la guerra ha generado un riesgo de extinción tanto físico como cultural para los Siona, así quedó consignado en el Auto 04 de 2009 de la Corte Constitucional que decretó una serie de medidas que buscaban la protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana. Y el panorama hoy no ha cambiado.

Medidas que no se cumplen

En su propia lengua, el pueblo Siona se percibe como gantë ya bain, o gente del río de la Cañabrava. Es una etnia milenaria que ha hecho su vida a lo largo y ancho del río Putumayo, en los municipios de Puerto Asís y Puerto Leguízamo, y hacia la frontera con Ecuador. También se registra población en las riberas del río Piñuña Blanco y el Cuehembí.

La selva y el agua, relata Erazo, son un supermercado vivo, una farmacia silvestre, un vehículo espiritual donde el yagé da las señales necesarias para obrar: tanto en lo cotidiano como en las decisiones trascendentales de la vida. De la tierra y los ríos obtienen lo que necesitan para vivir en armonía. Los Siona han dependido históricamente de la chagra, los peces y los animales del monte. El yagé y el yoco son su eje espiritual. Y la rayana, el casabe y la chicha de yuca son parte de su sustento. “Somos un pueblo de paz, pasivo pero golpeado”, dice Erazo.

El 14 de julio de 2018, la CIDH emitió una resolución que otorgó medidas cautelares a favor de las autoridades y miembros de los resguardos Gonzaya (Buenavista) y Po Piyuya (Santa Cruz de Piñuña Blanco). La decisión respondió a una solicitud que alertaba sobre serias amenazas y violencia de actores armados en su territorio.

Tras evaluar la información, la CIDH consideró la situación como urgente, y solicitó al Estado colombiano adoptar medidas necesarias para salvaguardar la vida e integridad de las autoridades y las familias Siona: muchos de ellos aparecían en listas negras y con amenazas inminentes. La petición incluía protección adecuada, garantías para vivir seguros, facilitar desplazamientos, retirar explosivos, prevenir reclutamiento, mejorar comunicaciones para emergencias y concertar las medidas con la comunidad, además de investigar los hechos.

Desde 2018, la CIDH ha seguido la situación mediante solicitudes de información, seis reuniones de trabajo y dos audiencias públicas. A pesar de la urgencia implícita y de siete años de ires y venires, Erazo lamenta que las acciones del Estado no se han materializado. La falta de avances concretos ha llevado a los Siona a creer que las medidas se quedaron “en una palabra”. A estas alturas, Erazo percibe desesperanza en su  comunidad.

Dada la persistencia del riesgo, el 21 de agosto de 2024 la CIDH amplió las medidas cautelares mediante una resolución. El antecedente que sustentó la medida era devastador: en 2023, fueron desplazadas y confinadas 713 personas (444 de la comunidad Siona Buenavista y 279 de Santa Cruz de Piñuña Blanco). Los civiles quedaron en medio de combates entre dos grupos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Frente 1 Carolina Ramírez y los Comandos de la Frontera, que todavía operan en la zona, según se recuerda en una nota de prensa de la época. Muchos de los desplazados, provenientes de distintas veredas, se fueron hasta Puerto Silencio, un caserío del mismo resguardo, donde permanecieron varios meses en completa zozobra.

“Se oye el tastaseo…tatatatata (…) cuando llegué ahí me dice, ‘viejo venga, tenemos que evacuarnos ahorita mismo, pasaron los armados en un bote diciendo que salgamos lo más rápido porque viene la balacera de lado a lado y una bala puede jodernos aquí donde estamos’”, relató en su momento un habitante de la zona, en un testimonio recogido por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR). El 2 de diciembre de 2023 se tuvo conocimiento de que uno de los grupos armados elaboró una lista de personas contra quienes se atentaría durante ese mismo mes.

Pese a que la CIDH ha continuado instando al Estado colombiano a informar y a perseverar en la concertación entre instituciones y la comunidad para una implementación efectiva de las protecciones, nada de eso se refleja en el territorio. Testimonios recogidos para este reportaje hablan de  incumplimiento a las medidas cautelares, falta de adecuación cultural de muchas medidas, militarización por parte de la Fuerza Pública e insuficiencia de recursos.

Estos incumplimientos a las medidas cautelares de 2018 están consignadas en el auto de seguimiento de la CIDH de 2024, aunque también menciona algunos progresos reportados por distintas instancias del Estado. Por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ha ejecutado procesos de consulta previa en el contexto de proyectos de extracción y licenciamiento ambiental en los territorios indígenas, hecho que en el pasado se daba de forma irregular. El documento también indica que el Estado anunció adelantos en investigaciones penales, una por acceso carnal violento agravado (con sentencia condenatoria de mayo de 2022), y otras por los delitos de acceso carnal abusivo agravado, fraude a resolución judicial por vulneración de derechos territoriales y colectivos, uso de menores de edad debido al reclutamiento ilícito de menores, y dos investigaciones activas por el delito de amenazas.

El Viceministerio del Interior, a través de su Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías (DAIRM), sostiene que las medidas cautelares de la CIDH de 2018 no los vinculan directamente según sus competencias definidas en la Resolución 2340 de 2015. A Vorágine le dijeron que harán el enlace con la Cancillería para poder entregar una respuesta más amplia sobre el tema. No obstante, dicen que han apoyado al pueblo Siona mediante la coordinación de diálogos interinstitucionales, la entrega de ayuda humanitaria durante desplazamientos y confinamientos en 2023, y el soporte logístico para 16 autoridades Siona en una reunión de seguimiento de las medidas en septiembre de 2023. También, aseguraron en un informe enviado a esta alianza periodística, que han avanzado en el Plan de Salvaguarda del Auto 004 de 2009, a través de diagnósticos comunitarios y concertaciones, aunque proyectos como la construcción de una Casa de Gobierno Propio están pendientes por limitaciones presupuestales.

La DAIRM también reportó demoras en las medidas de protección colectiva de la Resolución 4611 de 2017, como capacitaciones en derechos humanos y fortalecimiento organizativo. Sin embargo, dichas acciones, según dicen, han venido siendo reprogramadas. Asimismo, agregaron que están apoyando la formulación de Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) para Buenavista y Piñuña Blanco, actualmente en diseño, y que han coordinado con la Unidad para las Víctimas y entidades locales la asistencia de emergencia.

¿Qué acciones han llevado a cabo las comunidades? Aquí es donde entra la resistencia pacífica de la Guardia Indígena. Para Erazo, la organización es mucho más que una estrategia. Asegura que la Guardia está evolucionando. Pasó de ser un grupo de “mandaderos” a una “escuela de formación”. Él la concibe como una organización deliberante que no solo obedece sino que también propone y participa en las decisiones comunitarias. Para este líder, el concepto abarca a todos los miembros del resguardo. Un aspecto crucial para él es que los futuros líderes y autoridades deben surgir de la Guardia.

Se trata de una continuación de la labor milenaria del pueblo Siona como cuidadores de la tierra. Inicialmente, este esmero era solo de carácter espiritual. Tras revitalizarse como respuesta a las amenazas de la industria extractiva y los nulos avances en procesos de restitución de tierras —derecho que tienen las víctimas del conflicto armado a que se les devuelva su predio o tierra que fue despojada o abandonada debido a la violencia—, que es otro de los grandes problemas de la zona, se enfocaron en la protección y recuperación del territorio ancestral.

En ese sentido, Erazo señala que la mayor dificultad que enfrenta la organización son las restricciones de movimiento, incluso dentro de su territorio, por la presencia de minas antipersonales y actores armados. Cada miembro cuenta con un único instrumento de protección: el bastón de chonta, un símbolo asociado a la boa.

Lina María Espinosa es abogada y defensora de derechos humanos. Actualmente, desde la organización Amazon Frontlines trabaja por el fortalecimiento de las  Guardias Indígenas. Menciona el extractivismo como amenaza. Pero también habla de minería ilegal y deforestación para fines de narcotráfico. Finalmente, asegura, todo tiene que ver con la tierra. “Si uno sobrepone todas esas capas, termina entendiendo que son territorios de personas expuestas a múltiples presiones y riesgos a lo largo del tiempo. Y el común denominador es el abandono y la ausencia estructural de un Estado que no da garantías y no protege los derechos esenciales”.

Y es que de la tierra, agrega Espinosa, viene lo estructural: “Está la vocación que tienen estos pueblos de defender su casa. Hay una frase muy típica de que ‘indio sin tierra no es indio’, y es cierta, porque hay una relación diferenciada con el territorio. Su territorio es su único bien en términos materiales, espirituales y de identidad”.

Una guardia de hombres, mujeres y niños

El sol aún no se asomaba sobre el horizonte amazónico cuando Fredy Piaguaje emprendió su travesía desde el corazón de su territorio hacia Puerto Asís. Eran las cinco de la mañana y la misión parecía sencilla: entregar una dotación de chalecos, pantalones y buzos a los miembros de la Guardia Indígena que viven en el casco urbano del municipio.

Muchos de los cuidadores de la selva tuvieron que irse a un barrio en un pueblo con más de 60 mil habitantes. Pero no por haber huido de la selva los miembros de la organización han dejado de participar en las actividades. Desde allí emprenden el trabajo comunitario.

Piaguaje nació hace 40 años en el resguardo Santa Cruz de Piñuña Blanco, donde el caño Piñuña desemboca en el río Putumayo, un punto estratégico entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Es el menor de ocho hermanos —seis mujeres, dos varones— hijos de Aurelia Ortiz. Casado y con cinco hijos. Desde muy joven, Piaguaje supo lo que era salir corriendo ante el sonido de los disparos que se escuchaban a lo lejos, y vivió en carne propia el tener que desplazarse a causa de la guerra. Y también la experiencia de volver y de recibir amenazas. Su trayectoria en la Guardia comenzó hace diez años como coordinador, luego fue fiscal, alcalde mayor y, hasta 2023, gobernador.

La Guardia de Piñuña Blanco comenzó a conformarse en 2015, en medio de una ceremonia en la que los mayores dieron las primeras señales: era lo que había que hacer. El proceso inició con hombres, mujeres, jóvenes y niños, y se enfocaron en comprender el significado de ser un “cuiracua” o guardián a través de la espiritualidad. Eso era lo más básico.

Con los años, la Guardia desarrolló una visión propia, en lugar de simplemente imitar otros modelos. Aunque evolucionaron por separado, los de Piñuña Blanco y Buenavista terminaron uniéndose para trabajar por propósitos comunes.

Piaguaje describe cuatro principios fundamentales de la estructura de la Guardia: fortalecimiento espiritual, aprendizaje organizativo, comprensión política y preparación física y mental, incluida la “malicia indígena”. Añade que la organización es un ejercicio transversal que todo lo acoge. “Unos trotan, otros cocinan, otros tejen, otros enseñan, otros aprenden, todos cuidamos lo nuestro”. Además de lo anterior, se enfocan en la recuperación de las costumbres ante la amenaza de exterminio.

La mayor dificultad que han experimentado ha sido obtener el respeto de los actores externos, como la fuerza pública, grupos armados y, en general, las entidades del Estado. Ha costado que entiendan que la Guardia tiene su origen en el derecho constitucional a la autonomía. En la organización, las mujeres cumplen el mismo papel que los hombres. La única diferencia es que ellas pueden no  tomar medicina en los espacios espirituales, aunque tienen el deber, como todos, de participar en las ceremonias y de escuchar las indicaciones de los abuelos.

La restitución y las minas antipersonales

A los Siona les han ido arrebatando la tierra y con ello también la libertad. La ampliación del territorio, particularmente para los resguardos Buenavista y Piñuña Blanco, consiste en el reclamo y la búsqueda de la legalización y titulación de aproximadamente 52 000 hectáreas del perímetro ancestral.

Piaguaje y Erazo coinciden en que la causa es fundamental para la supervivencia de los Siona. Nada menos. Y no solo para acceder a recursos naturales esenciales para la subsistencia como agua, alimentos, medicinas y materiales para artesanías, sino para mantener sus prácticas culturales y espirituales. Esta aspiración, que está en trámite ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT) desde 2014, ha enfrentado los más complejos obstáculos. El más grave: la presencia de grupos armados y las minas antipersonales.

Los artefactos, sembrados principalmente por las FARC y otros grupos ilegales que han buscado el control territorial durante el conflicto armado colombiano, han generado los más grandes desplazamientos forzados y confinamientos de los que se haya tenido noticia entre la población indígena. Se sabe que entre 2009 y 2012 las FARC instalaron minas de forma indiscriminada en el área de Buenavista. Lo complejo es que estos explosivos generan consecuencias humanitarias inmediatas y a largo plazo: pueden permanecer activos durante más de cincuenta años.

Las minas son consecuencia de un conflicto que no ha terminado. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en 2024 se registraron en Putumayo 763 desplazamientos masivos y 6062 confinamientos, este último delito aumentó un 300 % respecto al año anterior.

Con minas nadie camina. La libertad de movimiento de los Siona se ve limitada a tal punto que la selva por momentos se vuelve una cárcel. No pueden acceder a zonas vitales para la cacería, la pesca, la recolección de plantas medicinales y la conexión con sus sitios sagrados. Incluso el acceso a la educación para los menores se ve comprometido por la peligrosidad de los caminos. Líderes como Piaguaje y Erazo han manifestado la imposibilidad de transitar libremente por el territorio ancestral que buscan ampliar, precisamente por la amenaza latente de las minas.

Aunque se han llevado a cabo operaciones de desminado militar en el área, la situación persiste y existen denuncias de re-minado de zonas previamente intervenidas. Los hallazgos de las autoridades en los últimos tiempos confirman que los grupos armados siguen instalando minas como táctica de guerra. En julio de 2024 el Ejército encontró un depósito con 248 artefactos explosivos improvisados en Puerto Asís. Y el pasado abril se produjo la incautación de  1000 minas antipersonales en el municipio de Puerto Garzón.

Piaguaje, por ejemplo, señala la falta de avance en el desminado en Piñuña Blanco, a pesar de los intentos de identificación de artefactos por parte de la comunidad. El Estado ha adelantado iniciativas como la educación en el riesgo de minas, que se ha traducido en talleres dirigidos a la comunidad.

En 2020, el Estado comunicó a la CIDH que no se habría avanzado en el desminado humanitario completamente debido a las restricciones de movilidad por la pandemia del COVID-19. Ya estaban identificadas 14 áreas para el proceso: 10 en Puerto Silencio, una en Buenavista y tres en Piñuña (Santa Cruz de Piñuña Blanco). En 2022, el Estado indicó que las operaciones para retirar los artefactos estarían en curso y se estimó la finalización de una zona parcial para diciembre de 2023. En las reuniones que se llevaron a cabo ese año entre la comunidad y distintas agencias del Estado, el desminado humanitario en el territorio fue uno de los puntos que aún estaba en proceso de concertación. La presencia continua de estos explosivos sigue siendo un obstáculo mayor para la recuperación de las prácticas culturales, la subsistencia y la consecución de la ampliación territorial que persigue el pueblo Siona.

En Buenavista saben muy bien lo que es perder a un ser querido por causa de una mina antipersonal. Las historias son incontables. Plácido Yaiguaje narró ante la CIDH el crimen de la abuela Eloisa Payoguaje (su madre) un día que salió de pesca y pisó un artefacto explosivo. El hecho ocurrió el 21 de diciembre de 2012, en un sitio conocido como Puerto Silencio. Para el año 2016, el ejército detonó cuatro minas más en el mismo lugar e indicaron que la zona quedaba segura. Sin embargo, miembros de la comunidad han encontrado otros artefactos en la zona, que posteriormente han sido georeferenciados e incluidos en un formulario de ubicación y localización de este tipo de eventos.

El primer tramo del viaje que hizo Piaguaje para entregar la dotación a los miembros de la Guardia que viven en Puerto Asís transcurrió sobre las aguas del río Putumayo, la arteria principal que conecta las comunidades. A bordo de una canoa de fibra impulsada por un motor fuera de borda, el líder navegó durante aproximadamente una hora, dejando atrás la selva para alcanzar el punto donde la vía terrestre se abría paso.

En un sitio conocido como Arriaga, cambió la embarcación por un bus que lo llevaría, en otra hora de camino, hasta las calles de Puerto Asís. En momentos en los que había señal de celular, habló de los puercos de monte, las dantas, los cerrillos, los guacamayos, y las loras chirqueras que le dan sentido a la vida de la selva. También mencionó el yagé, la planta del yoco, el tabaco, el cedro y el granadillo. El cuidado del territorio, dice, no es desde el ambientalismo como lo ven los occidentales. Se trata de vivir en armonía con la madre tierra, asegura.

El objetivo del viaje a Puerto Asís era extender el brazo protector de la Guardia a las cerca de 30 familias que, por diversas razones, se habían asentado en la ciudad, pero que seguían siendo parte esencial de la estructura comunitaria.

La entrega de las dotaciones se concretó alrededor de las nueve de la mañana del pasado 23 de marzo. Para Piaguaje, este sencillo acto simbolizaba la continuidad de la lucha y el compromiso por no dejar que la distancia diluyera la esencia de su pueblo. Otra llamada para esta entrevista lo encontró en el camino de regreso, navegando de nuevo por el Putumayo, a unos 20 minutos de su comunidad. Un aguacero bíblico que se desató poco después hizo que la conversación quedara en pausa hasta el día siguiente. El viaje no fue solo una entrega de implementos. Era un esfuerzo por mantener cohesionada a la Guardia —como intentando darle oxígeno a una llamita que el agua apaga— incluso más allá de los límites del resguardo.

*Este reportaje es una alianza periodística entre Vorágine y Mongabay Latam.

**Ilustración destacada: Desde 2014, el pueblo Siona ha denunciado la presencia de minas antipersonal en sus territorios, sembradas por actores armados ilegales. Solo en 2024 se registraron 763 desplazamientos y más de 6.000 confinamientos en Putumayo. Mientras el desminado avanza con lentitud, la Guardia Indígena mantiene viva la defensa del territorio ancestral con bastones de chonta, saberes milenarios y una organización que involucra a toda la comunidad. Crédito: Sara Arredondo – Baudó Agencia Pública.

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Jose Guarnizo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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¿Creen que fueron suficiente los once millones y pico de votantes quienes lo prefirieron? ¿O, la apatía de la abstención? Quizás, la incertidumbre que hemos vivido por décadas debido a la malversación de ideologías y fondos con que la cúpula reinante ha subyugado los connacionales. ¿O sería probablemente la necesidad de cambios que la humanidad vive en el mundo entre las ideologías de la derecha y la izquierda?

Lo cierto es que la humanidad en el mundo y, por supuesto Colombia, vive la pugna entre lo divino y lo diabólico, verdades y mentiras, derecha e izquierda…

El juego de las consultas e información falsa fue contundente en estas elecciones, pero francamente, no les doy el valor que quizás otros hagan. Y no se lo adjudico, porque, juzgando por mi propio proceder – no leo esos mensajes idiotizados – estoy por asegurar que muchos no lo hacen tampoco. Solo el fanático los lee.

En cuanto a las consultas, estoy por aseverar – como es el caso de los Char en Barranquilla – es que dichas encuestas se hacen bajo la vigilancia de los patrones, pero al momento de ejercer el voto, se les voltean.

Hoy, Petro es el presidente con la oportunidad de establecer cambios contundentes y necesarios para todos los estratos sociales, específicamente el 1, 2, 3, y 4, cada uno a su medida. El problema de nosotros los colombianos es que nos sentimos perteneciendo al 5 y al 6 no importa donde vivamos.

Y los temores de la derecha de que Petro se perpetuará en el poder (nunca podría), se les olvida que Uribe trató y no pudo a pesar de la adoración que existía sobre él. Los vestigios de las fuerzas armadas tienen formaciones de militares por décadas que generarían un golpe militar aplastando cualquier intento, revolucionando una guerra civil.

Además, la burocracia judicial no está integrada todavía para represalias, y tardaría demasiado el tratar de formular una alianza que pudiese perseguir a sus enemigos políticos.

Comparar la situación colombiana con la venezolana, ni se les ocurra. Son dos fenómenos completamente diferente. Además, a Maduro lo eligen con votos. Falsos, comprados o fraudulentos, Maduro ha sido elegido presidente de Venezuela.

Pero el fenómeno de las elecciones populares a favor de la izquierda conlleva el sentimiento de los elegidos a entender que la guerra no es el camino. Ya razonaron que las armas no es la solución, que son los votos y por eso están ganando elecciones en Latinoamérica. El triunfo de Petro de ayer se consolidó en las elecciones del 2018 cuando obtuvo más de 8 millones de votos.

La humanidad está dividida entre la derecha con el eufemismo de religión y dios y la izquierda creyendo en la posibilidad de la evolución mental del hombre hacia un socialismo que garantice derechos constitucionales de educación, vivienda y salud gratis a sus coterráneos.

Además, algo que está claro alrededor del mundo es que las personas que tendemos a ser más liberales, somos más, pero se entiende que la diferencia es de un porcentaje pequeño.

Aclaro que no soy petrista ni político, solo un observador. A Petro, como a la gran mayoría de los dirigentes políticos, senadores, congresistas, policías y todos los demás, en mis páginas los considero criminales de acuerdo con lo que descifro e interpreto de las leyes penales colombianas.

Esta presidencia es producto de un parto donde la madre es Colombia, nuestra patria. Como cuando criamos a nuestros hijos, hay que observar su crecimiento, tender la mano cuando sea necesario, corregir los pasos mal dados, pero también endurecer castigos por violaciones si ocurriesen.

Como colombianos, es nuestra obligación permitir el transcurso del tiempo para esta presidencia, y desear, rogar, esperar o condescender, que lo que predicó en su campaña, así suceda para que nazca un solo color en el territorio colombiano.

ben.bustillo@gmail.com

#Petro

#presidencia

Creo que, para opinar sobre lo contencioso del tema, habría que hacerlo separadamente dentro de los ámbitos legal, moral y económico. Cualesquiera de los tres difíciles de confrontar, polémicos con públicos en contra y a favor, y al final, es una decisión personal. El problema es que, nos contunde a todos como sociedad.

Los sistemas legales en el mundo son ambivalentes en cuanto a la pena de muerte. En Estados Unidos, por ejemplo, los delitos que conllevan la pena de muerte a nivel federal están contemplados en el capítulo 18 del USC – 40 estatutos relacionados con el asesinato de otro – uno con espionaje, y dos más – uno de ellos relacionado al tráfico de drogas en cantidades grandes – y el otro, relacionado con la matanza de algún testigo, jurado u oficial, tocante un juicio contra la atribución de una empresa comercial criminal.

A nivel estatal se ejecuta también con 31 estados a favor y 19 en contra; en 4 de ellos, Colorado, Oregón Pensilvania y Washington existe una moratoria en su aplicación. El tema es diverso, con una profundidad como la del océano y en pocas palabras, su ejecución tan compleja como la propia vida.

En Colombia la prohíbe el Artículo 11 de la Constitución Política: “El derecho a la vida es inviolable.” Suena bien como derecho constitucional, ¿cierto? Pero hay ciertos delitos repugnables que remueve entrañas a cualquier ser pensante, como los delitos sexuales cometidos con la niñez que conllevan a su muerte, o cualquiera – a la hora de la verdad – que tenga que ver con asesinatos de niños. Este tema lo trajo a colación en el 2015 el tal controvertido General Rodolfo Palomino cuando el asesinato de los cuatro niños en Caquetá, pero encontró resistencia de parte del mismo gobierno.

La máxima pena en Colombia es de 60 años de cárcel, porque tampoco existe la cadena perpetua. Sin embargo, una condena de 60 años podría significar una sentencia de muerte camuflada, dependiendo de la edad del condenado.

Desde el punto de vista moral – que implica tácitamente el religioso – nos proyecta inmediatamente a la Biblia, quien en el Antiguo Testamento especificaba patentemente su aprobación en Éxodo 21:12 (asesinato), 22:16 (secuestro), 22:19 (relación sexual con un animal), Levítico 20:10 (adulterio), y no importa cuál traducción o versión se use, todas la transcriben como aceptación. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el simple hecho de ser humanos y pecadores, nos condena a la pena de muerte, Romanos 6:23.

Inverosímil que el libro de Dios, promulgue un testimonio hacia la tolerancia por la pena de muerte, por pecados tan simple como el de poseer la vida. ¿Cuál debería ser nuestro entendimiento al discernir sobre los delitos que deberían ser castigados con la pena de muerte? ¿Una tan salvaje como el de aquél que mata?

El punto de vista económico es otro. ¿Cuánto le cuesta al estado mantener a un individuo en Colombia que es penalizado con 60 años de cárcel? Según Semana en el artículo, “¿Cuánto le cuesta un preso al país?” publicado en septiembre 16 del 2014, dice que es de $13.336.449 anualmente. Multiplique esa cantidad por 60 años, ese individuo le costaría al gobierno $800.186.940 sin incluir inflación. Es una cantidad exorbitante, ¿no les parece?

Pero este artículo no incluye costos de cuando un reo requiere atención especial, como es el caso de Rafael Uribe Noguera, quien está separado de los otros presos (que piden a gritos que lo pongan con ellos) por temor a represalias en su contra. Requiere vigilancia 24 horas al día, comida especial y atención en su preparación.

No importa qué lenguaje se utilice, el leguleyo, el religioso o económico, como pertenecientes a un estrato socio-económico, debemos afrontar que ciertos actos criminales – como los cometidos contra la niñez – requieren un discernimiento mucho más allá de la comprensión rutinaria de la vida. Pero desafortunadamente intereses económicos e imposiciones religiosas, controlan decisiones de esta envergadura imponiéndonos criterios que debemos aceptar como tal.

Esta columna se trata de mi opinión; y como en ocasiones anteriores, he manifestado que no tengo el conocimiento ni estudios suficientes para promulgar lo que voy a decir; pero es eso precisamente, mi opinión: Si la decisión de la condena de Rafael Uribe Noguera estuviera bajo mi poder, lo pondría con los otros presos bajo la condición de que no lo mataran, pero que hiciesen con él, lo que les viniese en su gana, y así terminaría condenado penal, moral y económicamente.