*Luisa Sánchez Casallas – Investigadora del programa de Alternativas al Desarrollo de la Asociación Ambiente y Sociedad.

Colombia, tierra de montañas, aves, manglares y páramos. El país de las mariposas, el agua y la selva en donde abunda la magia y la vida guarda también una historia de sangre y violencia que no ha sido ajena a quienes luchan por defenderlo. Nuevamente, el informe más reciente de la ONG Global Witness señala a Colombia como el país más peligroso para los líderes ambientales, lo que hace que el año 2022 sea otro período sombrío para la defensa de los derechos humanos y ambientales, que continúa hoy llevándose a cabo sin garantías suficientes.

Según este informe, se registraron al menos 60 asesinatos de líderes y lideresas, casi el doble de lo reportado en el 2021. Esto eleva la cifra total a 382 personas asesinadas desde 2012, año en que comenzó el proceso de documentación por parte de la ONG. Con esto, Colombia lidera desde entonces, de manera muy lamentable, la lista de países con el mayor número de asesinatos de líderes ambientales. El panorama regional en América Latina no es mucho más alentador. Según el informe, desde el 2012, a 1.335 defensores y defensoras en toda la región les ha sido arrebatada su vida, lo que representa el 70% de todas las muertes documentadas.

A pesar de este panorama, la impunidad ha prevalecido en la mayoría de casos, y muy pocas familias han obtenido justicia por estos asesinatos. Un análisis reciente de la red de sociedad civil colombiana Programa Somos Defensores, que documenta y reporta ataques contra defensores a nivel nacional, revela cómo el Estado colombiano ha fallado en proteger a los defensores al dejar prácticamente impunes la mayoría de los ataques, con solo un 5.2% de los asesinatos de defensores de derechos humanos, incluyendo a defensores de la tierra y ambiente, resueltos legalmente.

Así mismo, las medidas de protección no siempre son oportunas ni adecuadas. En distintos escenarios, defensoras y defensores han manifestado que en muchas ocasiones se ha privilegiado la pertenencia a partidos políticos para la emisión de medidas duras. Los liderazgos comunitarios rara vez reciben atención prioritaria, y cuando se les proporcionan medidas, suelen ser esquemas o medidas suaves que no abordan el riesgo real ni se adaptan a sus necesidades y al contexto en el que trabajan. En varios casos esto ha tenido como consecuencia una mayor estigmatización e incluso a la ruptura del tejido organizativo y comunitario. Pese a ello, las causas ambientales siguen sumando, y los líderes y lideresas continúan al frente de múltiples procesos, llevando con orgullo el nombre de sus comunidades y organizaciones en distintos espacios de participación en los que reiteran la necesidad de que en Colombia alzar la voz por los derechos no sea un peligro.

En este sentido, es importante destacar la necesidad de incrementar la implementación de medidas de protección colectivas para abordar los riesgos que enfrentan las comunidades y las organizaciones de base. Esto implica instar a una mejor coordinación entre las diversas autoridades con el fin de avanzar en la garantía de los derechos humanos de quienes defienden el ambiente.

Custodios de la vida, custodios del ambiente

Las luchas por la justicia ambiental tienen una larga historia y están respaldadas por numerosos precedentes. Un ejemplo destacado es la resistencia de los pueblos originarios, afrocolombianos y raizales quienes a lo largo de los siglos han sido custodios de tierras y territorios ricos en biodiversidad. Estos pueblos han mantenido una relación armoniosa y sostenible con la naturaleza, defendiendo su dignidad, a pesar de ser las principales víctimas de despojos, desplazamientos y afectaciones a su cultura, tierra y territorios a propósito de grandes intereses económicos y políticos. A través de la resistencia, estos pueblos, junto con comunidades campesinas y pobladores urbanos empobrecidos, han defendido su derecho a un ambiente sano y equilibrado, liderando movimientos en defensa de la tierra, el agua y la biodiversidad. Estas luchas nos enseñan la importancia de la interconexión entre la protección del ambiente y los derechos humanos, así como la necesidad de respetar y valorar los conocimientos tradicionales y las prácticas de manejo sostenible transmitidas de generación en generación.

El informe en mención, destaca que más de un tercio (36%) de los defensores asesinados pertenecían a pueblos indígenas y un 7% eran afrodescendientes. Más de una quinta parte (22%) eran agricultores de pequeña escala. Todos ellos dependían de sus tierras y recursos naturales para subsistir. También se incluyeron funcionarios estatales, manifestantes, guardaparques, abogados y periodistas.

Todos ellos fueron personas que llevaron consigo la historia de un pueblo, de un territorio, de un barrio, la historia de una lucha por el buen vivir. Todos ellos vecinos, amigos, familia, compañeros de alguién más que ahora clama justicia, verdad, y que en el fondo ruega que todo esto no haya sido en vano. Todos compartían el compromiso de defender sus derechos y mantener saludable nuestro planeta, la casa grande. Todos ellos pagaron con sus vidas por su valentía y dedicación a una causa común que aún tiene todo por ganar porque ya perdimos mucho y a muchos.

La explotación de la Amazonía y los ataques contra sus protectores

La Amazonía es una región que abarca territorios de distintos países como Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa (en un territorio de ultramar), Perú, Surinam y Venezuela, con una extensión de 7,4 millones de km² donde anida la mayor biodiversidad climática, de fauna y flora en el planeta y en la cual cohabita el 50% del total de las especies vivas existentes. Así mismo, tiene gran cantidad de reservas de recursos minerales, petroleros, agroindustriales y madereros que resultan seductores para una organización social y productiva que no reflexiona sobre la vorágine agresiva de explotación de la naturaleza y los bienes ambientales. El problema mayor radica en que reservas extensas no significa reservas infinitas y ese es un impacto que se empieza a evidenciar en el tiempo inmediato, tendrá un efecto mayor para las generaciones futuras.

El informe en mención, documentó de manera particular los ataques contra defensores en la Amazonía, donde se encontró que ocurrieron más de una quinta parte de todos los asesinatos el año pasado, lo que equivale a 39 de 177  es decir el 22%. Al menos 11 personas pertenecientes a pueblos indígenas perdieron la vida al defender su hogar. Muchos de estos asesinatos están relacionados con actividades extractivas como la minería. Desde 2014, Global Witness ha registrado un total de 296 muertes en la Amazonía, convirtiéndola en uno de los lugares más peligrosos para ser un defensor. A pesar de desempeñar un papel crucial en la protección del bosque tropical y salvaguardar el 80% de su biodiversidad, paradójicamente, las comunidades indígenas que defienden la vida son constantemente atacadas.

Aunque proteger a los defensores en lo profundo de la Amazonía sigue siendo un desafío a nivel institucional, es esencial seguir insistiendo en la consolidación de esfuerzos conjuntos por parte de los gobiernos de  los países que abarcan la Amazonia para el futuro de nuestro planeta. Si bien han habido avances en materia de protección de los defensores en América Latina a través del Acuerdo Regional de Escazú, la mayoría de los países dentro de la región amazónica aún no han ratificado este tratado, incluyendo a Colombia, en donde el tratado se encuentra en revisión por parte de la Corte Constitucional desde noviembre del 2022.

El Acuerdo de Escazú no solo se destaca como el primer acuerdo en el mundo que incluye disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos ambientales, sino que también tiene como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos a la información ambiental y garantizar su participación en los procesos de toma de decisiones. Esta participación ha representado una de las barreras más significativas hasta la fecha, convirtiéndose en un factor determinante en la proliferación de los conflictos ambientales en los territorios.

Los compromisos asumidos por el Estado colombiano deben respaldarse con acciones concretas por parte de las distintas entidades con competencias en garantizar los derechos humanos y ambientales. Las cifras de 2022 para Colombia son más que una advertencia de la urgencia de abordar esta cuestión, especialmente en un contexto de transición política en el que la agenda gubernamental incluyó expresamente la necesidad de proteger a los defensores y abordar las causas detrás de los ataques contra ellos. Es importante destacar que nunca antes un gobierno se había comprometido con la protección de los defensores ambientales, y ahora más que nunca, es fundamental que ese compromiso se vuelva acción. Solo así podremos hablar de Colombia como una verdadera potencia mundial de la vida, en esa vitalidad ambiental y humana que prolifera en estas tierras.

Por: Daniela Quintero Díaz – periodista Blog El Río y El Espectador

Colombia es uno de los países del mundo con más conflictos ambientales. La intervención de la reserva Van der Hammen, en Bogotá; el puerto de Las Américas, en la bahía de Taganga; y la minería y el páramo de Santurbán, en Santander, son algunos de los ejemplos de disputas frente a ecosistemas vulnerables que terminan convirtiéndose en batallas jurídicas de años. Lo mismo pasa en Manizales. A solo 20 minutos de la ciudad se encuentra la Reserva Forestal Protectora Río Blanco, considerada una de las zonas más ricas en biodiversidad del mundo, según Corpocaldas, pero también una de las más amenazadas y menos estudiadas.

Con una extensión de 4.932 hectáreas de bosque, y por su ubicación en la zona alta de la cuenca del río Chinchiná, la reserva Río Blanco presta uno de los principales servicios ambientales a Manizales: suministra el 35 % del agua para consumo humano. Además, actúa como pieza clave en el corredor biológico que conecta el Parque Nacional Natural Los Nevados con las zonas boscosas de municipios aledaños y demás reservas forestales de la región.

En el predio La Aurora, una zona contigua a la reserva forestal, la constructora CFC & Asociados S. A. -una de las más importantes de la región- planea construir un gran proyecto de vivienda, llamado Biociudadela Tierraviva, que albergaría cerca de 10 mil personas en más de 2 mil viviendas. Aunque apoyados en la ley adelantaron los procesos necesarios para conseguir los permisos de construcción, la idea de una megaobra cerca de una reserva tan importante de inmediato generó respuestas ciudadanas y la creación de la convergencia “Todos Somos Río Blanco”. Alegatos, audiencias, investigaciones, demandas y la suspensión de la construcción han sido parte del conflicto de más de siete años.

La cronología y el enredo legal

La Ley 2 de 1959 creó siete zonas de protección de reserva forestal en el país, entre ellas la Zona de Reserva Forestal Central, en la que se protege todo lo que esté ubicado en una franja de 15 km al lado oeste y 15 km al lado este del divorcio de las aguas de la cordillera central. La reserva Río Blanco y el predio de La Aurora alcanzan a ser cobijadas por esa zona de protección.

En 2003 empezaron las complicaciones, se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de 2001, cambiando los usos del suelo e incluyendo a La Aurora, zona rural, como un área de expansión urbana. Es decir, permitiendo la construcción en ese terreno. En 2017 volvió a cambiar: la Secretaría de Planeación de la ciudad informó que el sector de La Aurora ya no formaba parte de los Suelos de Expansión Urbana en el nuevo POT. Y, finalmente, en 2019, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Manizales declaró nula la incorporación de La Aurora como zona de expansión urbana en el POT de 2003, argumentando que no se cumplieron los requisitos legales para que el área adyacente a la reserva Río Blanco pasara de rural a zona de expansión urbana.

“En la Ley 388 de 1997 de ordenamiento territorial se señala cuáles son las condiciones para que pueda cambiar una zona rural a convertirse en una zona de expansión urbana”, señala Darío Arenas, director de la ONG Manizales en Común y miembro de la convergencia. “Por un lado, si se daba la revisión de largo plazo, que no era posible porque el POT llevaba apenas dos años. Por otro lado, si existían estudios técnicos ambientales que demostraran la necesidad de hacerlo. Y nunca se presentó ningún informe. Por eso mismo la justicia decretó la ilegalidad de esa modificación”.

“Lo que dice la ley es que, si se va a hacer cualquier otro desarrollo en las Zonas de Reserva Central, se tiene que tramitar una sustracción del área de reserva. El Concejo Municipal y la administración de Manizales se equivocaron al tramitar la reforma al POT de 2001 y declarar esta área como expansión urbana, porque primero debieron haber hecho el trámite ante el Ministerio de Ambiente de la sustracción, ya que el predio estaba establecido en una zona que en teoría es reserva forestal”, explica Andrés Felipe Betancourth, investigador en temas de hidrocuenca. Con el orden alterado, el trámite de sustracción se hizo hasta 2013, diez años después de la revisión del POT.

La constructora se defiende: “Ese era un terreno declarado urbano, y nosotros podíamos construir ahí si cumplíamos una función amortiguadora. Por eso comenzamos a hacer la concertación ambiental, en la que duramos tres años”, señala Carlos García, vocero de CFC & A.

Cuando se quitó en 2017 la zona de expansión de La Aurora, el Plan Parcial que la constructora había adelantado -y que el alcalde de Manizales adoptó- no tenía vuelta atrás, estaba protegido como una “situación jurídica consolidada”. En palabras de García hace referencia a un derecho adquirido que, además, ya estaba ejecutado, pues se había construido una de las torres. En consecuencia, así se revisara el POT, el Plan Parcial no se podía eliminar y el perímetro de TierraViva permanece protegido. No obstante, desde agosto de 2018 las obras se encuentran suspendidas provisionalmente tras una demanda de nulidad simple a las licencias de urbanización y construcción otorgadas a CFC & A.

La preocupación ambiental

El principal punto de debate es si la zona de La Aurora debe cumplir funciones de amortiguamiento para proteger la reserva Río Blanco o si en ella se pueden llevar a cabo proyectos de vivienda sostenible, como argumenta la constructora. Después de tantos años, la respuesta no es clara.

Para la constructora, el proyecto TierraViva iba a ser su máximo exponente de la construcción sostenible. “Diseñamos un proyecto con la intención de que fuera ejemplo de construcción muy saludable y benéfica con el ambiente en una zona limítrofe, con una compensación ambiental muy por encima de la que exigen. Ese territorio nunca ha sido una zona amortiguadora, entonces esa es una zona donde puede haber un desarrollo urbanístico con unos altos estándares ambientales. Seguimos con la certeza de que podremos demostrar cómo se debe construir protegiendo realmente a los ecosistemas estratégicos”, señala.

“Creo que si ese proyecto se hiciera en otro lugar, probablemente sería un gran proyecto. El lío es que lo están haciendo en un área de interés ambiental supremamente importante para Manizales, donde la ley prohíbe hacerlo”, explica Arenas. “Nuestra acción popular, impuesta desde el año 2012, lo que busca finalmente es resguardar los derechos colectivos al equilibrio ecológico, al ambiente sano”.

Aunque Betancourth se distancia de la convergencia en cuanto a las posibles afectaciones hidrológicas que los ambientalistas le achacan a la construcción asegurando que “el predio queda aguas abajo, por debajo de los puntos de toma de agua para el acueducto y al no quedar dentro de la reserva no hay una afectación directa”; insiste en que su cercanía a la reserva sí puede afectar de manera significativa la conservación de la fauna. “Habrá flujo vehicular, habrá ruido, luces, animales que, sin duda, generarán una perturbación e impactos en la fauna y la flora”.

¿Qué dice el informe del perito designado por el Tribunal Administrativo de Caldas? En primer lugar, que para un caso de tal magnitud e interés en términos ambientales y de desarrollo urbano para el municipio, sería conveniente la creación de un comité científico técnico. También que, si bien las medidas de manejo propuestas en el Plan Parcial son importantes y tienen la capacidad de mitigar el impacto, no pueden evitarlo en su totalidad, “con lo que se permite concluir que la propia realización del proyecto posee el potencial de ocasionar una serie de afectaciones o presiones sobre la reserva y las demás áreas colindantes. Afectaciones sobre las cuales se desconoce su verdadera magnitud, lo que genera cierto grado de incertidumbre frente a si pueden tener un efecto negativo significativo que ponga en riesgo la biodiversidad”.

Además, asegura que uno de los impactos que no fueron previstos en el Plan Parcial se relaciona con el componente hidroecológico, por lo que concluye que dada la importancia del área en términos de regulación hidríca y la cercanía con la reserva Río Blanco, cabe la duda en cuanto al principio de precaución sobre la conveniencia o no de llevar a cabo el proyecto urbanístico.

Para oponerse al peritaje realizado, CFC & A contrató a un investigador de la Universidad de El Bosque para mostrar nuevos estudios sobre el tema, que fueron presentados en una audiencia este martes 4 de febrero. Los ambientalistas, por su parte, aseguran que no cuentan con los recursos para contratar una investigación propia que respalde sus argumentos.“No tenemos expertos de renombre, porque no contamos con dineros propios, todo lo que hacemos es con plata de muchos de nosotros, en comparación a una defensa de expertos pagados como lo hace la constructora”, afirma Juan Pablo Gómez, de la convergencia, quien pide la ayuda de expertos para seguir haciéndole frente al proyecto de vivienda.

Por ahora, la suspensión de las licencias se mantiene con el fin de que se aporten elementos de juicio adicionales a los que ya existen para poder tener una “conclusión fiable sobre los reales efectos que el macroproyecto TierraViva puede ocasionar en la reserva forestal Río Blanco”, insiste el Tribunal.

El desgaste del proceso judicial

Si bien las diferencias son muchas, todas las partes coinciden en los graves daños que causa la dilación en la toma de decisiones. “Todo este tiempo que pasa ha generado más tensiones, ha generado especulaciones y va a terminar en que, cuando se falle, sea cual sea el resultado, la afectación para la gente va a ser mucha”, dice Betancourth. “Después de muchos ires y venires y de demoras exageradas, ya vamos casi para una década de este proceso y no se falla de fondo”, añade Arenas. “El proyecto lleva mucho tiempo suspendido porque esa juez no ha hecho nada, ni siquiera ha convocado a las partes a presentar sus argumentos, ella ha tenido el proceso quieto y no entendemos por qué esa dilación”, señalan desde la constructora. ¿Llegarán más respuestas después de la audiencia del martes?

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