Continuar en el camino de construir una Colombia con mayor equidad y calidad de vida para todos implica el compromiso de todos. Sobre todo en Educación.

Concebir la educación como un derecho, no sólo como un servicio, cambia la manera como se construye y desarrolla la política educativa. La educación es un derecho “habilitante” que permite a las personas salir de la marginalidad y participar activamente en la sociedad. Es crítico avanzar en dicha comprensión.

Lea el especial Derecho a la Educación. 

Ahora bien ¿cómo avanzar en dicha comprensión? ¿Cómo saber el grado de adecuación de las políticas y prácticas de un país al derecho de la educación? ¿Cómo medir la educación como un derecho como medio para avanzar en dicha comprensión? Katarina Tomaseveski propuso organizar las obligaciones estatales relacionadas con el derecho a la educación en un esquema que denominó las 4 A, dimensiones que intentan abarcar o comprender este derecho en su integralidad, además como derecho habilitante. Estas son[1]:

1. Asequibilidad: asegurar la disponibilidad de una oferta educativa gratuita que cuente con las capacidades adecuadas (maestros y directivos profesionales, infraestructura y dotación adecuadas).
2. Accesibilidad: garantizar a todos y cada uno el acceso pertinente a una educación o educaciones sin discriminación de ningún tipo.
3. Aceptabilidad: asegurar procesos y contenidos relevantes y de calidad, culturalmente apropiados, consecuentes con los derechos humanos.
4. Adaptabilidad: que sea una educación capaz de adaptarse y evolucionar de acuerdo con las necesidades, intereses, capacidades de la sociedad y de cada individuo, con sentido para cada estudiante; que promueva la integración de estrategias sectoriales por el principio de indivisibilidad de los derechos humanos.

Katarina habla también de cuatro actores principales que participan en la garantía del derecho a la educación:

1. los niños y niñas como titulares del derecho a la educación y con el deber de educarse
2. las familias que son las primeras educadoras
3. el Estado que debe asegurar el derecho a la educación
4. los educadores a cargo de los procesos de enseñanza aprendizaje

Continuar en el camino de construir un país con mayor equidad y calidad de vida para todos implica el compromiso de todos. En Colombia un grupo de organizaciones de la sociedad civil, de la cual hace parte la Fundación Compartir crearon hace ya muchos años la alianza Educación Compromiso de Todos – ECT [2]con el objeto de promover la garantía integral del derecho a la educación, en el marco de la construcción de una sociedad incluyente, democrática y equitativa.

En sus últimos años la alianza creó el Índice del Derecho a la Educación – IDE con el fin de contribuir a que todos los ciudadanos colombianos avancen en la comprensión de dicho derecho y así aportar en la optimización de recursos y mejores decisiones para su garantía, de parte de cada uno de los actores involucrados que participan en esta.

El IDE se construyó a partir de la información del sector educativo colombiano. Se presentó por primera vez en el año 2015, y en el año 2019 se presentarán nuevos resultados, con la información más reciente con la que pueda contar el país para el sector. Se espera que su divulgación genere conversaciones, a nivel nacional y territorial, que nos ayuden a comprender mejor las brechas que aún mantenemos en materia de educación.

Más allá de la obvia necesidad de formación que todo maestro debería tener, subsiste la pregunta sobre si es pertinente hablar de unas necesidades particulares de formación para el docente rural y si la respuesta es afirmativa, qué es entonces aquello que se le debería considerar en particular en su formación y su perfil.

Es necesario decir que en el contexto colombiano no solo es importante  hablar de necesidades particulares para la formación del maestro rural, sino que es indispensable, si de cerrar la brecha educativa entre campo y ciudad se trata.

Ahora bien, ¿por qué es necesario entonces considerar necesidades particulares? ¿Qué factores son los se deberían considerar en su formación?

En primer lugar, creemos que hay necesidad de una formación especial dadas las condiciones de abandono estatal y social en las que los territorios rurales han estado sumidas. La debilidad del Estado, la falta de condiciones básicas para hacer posible el desarrollo humano y los factores que dinamizan la violencia y la pobreza hacen que el docente rural deba enfrentarse al desafío de convertirse en un líder de la innovación y el emprendimiento social en su territorio.  El liderazgo colaborativo, las herramientas para el desarrollo de proyectos sociales, las habilidades para la gestión social y comunitaria deberá ser parte de cualquier pensum en la formación del docente rural.

En segundo, hay que tener en cuenta que los desafíos sociales que se enfrentan en las áreas urbanas son rápidamente soportados por los diversos organismos sociales que se encuentra alrededor. En las zonas rurales esto no ocurre de la misma forma y por tanto es necesario que el maestro no solo tenga conocimientos sobre las disciplinas y sus respectivas didácticas, sino que esté capacitado para generar procesos en que se facilite, como diría Martha Nussbawn, la creación de capacidades humanas, asunto esté para el que deben conciliarse las potencialidades de la persona con las posibilidades que brinda el entorno social e institucional.

Tercero, los desafíos educativos que emanan de las problemáticas casi propias del territorio rural (dispersión geográfica muy alta, migraciones por cosechas, inestabilidad en las zonas de frontera, población étnica y cultural muy diversa, caos social por las bonanzas extractivas, etc.) demandan una respuesta rápida de las instituciones educativas, pero sobretodo de los maestros que son a los que directamente llegan las secuelas de estas problemáticas. Contar con herramientas para generar innovaciones educativas que de forma creativa y comunitaria den solución a estos desafíos. Las competencias para realizar I+D+I en educación del territorio es un agregado insustituible en la formación de los futuros maestros rurales.

Cuarto, el abismo existente entre las competencias que tienen los niños y jóvenes de la ciudad en las diferentes áreas del conocimiento requieren de un maestro altamente calificado para generar lo que en la literatura se conoce como “la buena enseñanza”, es decir, una serie de competencias relacionadas con la preparación para la enseñanza, creación de ambientes propicios para el aprendizaje, enseñanza para el aprendizaje de todos y las responsabilidades profesionales. La docencia rural debe ser la mejor calificada para que pueda mitigar y revertir las debilidades que han ocasionado siglos de abandono e indiferencia estatal y social.

Otro factor a considerar, que más que características de la formación de un maestro rural, es su perfil. El proyecto de vida de un maestro rural  debe estar ligado al territorio en donde enseña. Es común en nuestro país que los maestros asignados a zonas rurales vean esta opción como un castigo, en lugar de una oportunidad de vida. Por esto, suele suceder que sean aves de paso en la ruralidad. El maestro querrá construir su proyecto de vida en el territorio rural cuando este sea el lugar que le ofrece condiciones para desplegar y desarrollar sus capacidades, que han sido dinamizadas desde su formación inicial en la Escuela Normal y/o en la facultad de educación de alguna universidad.

Es por esto que el país debería estudiar con seriedad la necesidad de fortalecer las Escuelas Normales y las facultades de educación por una vía que, además de la vigilancia y el control, cuenten con las condiciones y orientaciones para desarrollar su capacidad de formar para responder a esas necesidades particulares de la ruralidad. Las Escuelas Normales por ejemplo llevan tiempo pidiendo que se les reconozca en los hechos su identidad propia como formadoras de maestros rurales, esa que se les reclama en los procesos de acreditación. Las facultades de educación por su parte, requieren repensarse y reconfigurarse en pro de cumplir con esta misión que les demanda el país ¡Ambas esperan por mejores tiempos!

Autores:

Wilson Acosta. Director del laboratorio de innovación para la formación de maestros rurales del Doctorado en Educación y Sociedad, Universidad de La Salle.
Mary Simpson. Directora Desarrollo y Liderazgo Pedagógico de la Fundación Compartir.
Ambos miembros de la Mesa Nacional de Educaciones Rurales.