Jhoana Garrido, una mujer indígena de Arquía, un resguardo del pueblo guna en el Darién chocoano, en Colombia, tenía 14 años el día en que descubrió el poder del agua. Desde niña había escuchado a las mujeres mayores y a los sabios hablar del agua como una madre, como lo primero y lo primordial en la vida de las personas y los demás seres. Había interiorizado ese credo y lo entendía en un nivel básico: el agua era su bebida favorita por encima de los jugos o las gaseosas; amaba la lluvia —el sonido de las gotas golpeando el dosel; la forma en que refrescaba su cuerpo y la respiración de la selva—, y desde que tenía recuerdo nadaba en el río como si fuera un bocachico, su comida preferida. Pero el agua era un mero milagro físico, por ponerlo de alguna manera. Algo para sentir, beber, surcar. Al menos hasta ese día en que se enfrentó por primera vez al mar.

Una mañana de 2010, la familia Garrido navegó la ciénaga de Unguía, el delta del río Atrato y las aguas del golfo de Urabá hasta llegar a Titumate, un poblado de playas ceniza enmarcadas por palmeras, selva y mangle. Mientras sus padres y hermanos disfrutaban del lugar, Jhoana Garrido dudaba si meterse al mar.

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Nunca lo había hecho, a pesar de su habilidad para nadar en el río. La detenía el miedo. Desconfiaba de las olas y la magnitud del mar. El agua iba y venía con una fuerza capaz de tumbarla y raptarla. A veces lo imaginaba: cuando por fin se decidía a ingresar, una ola la agarraba desprevenida y se la llevaba mar adentro.

Ese día, había algo adicional: Garrido llevaba un tiempo deprimida. Se sentía mal todo el tiempo, sin razón alguna. No era la persona que solía ser y no entendía qué le estaba ocurriendo.

En la playa, dudó un tiempo y, finalmente, se lanzó al mar.

El cambio fue instantáneo. Apenas sintió el agua salada, el miedo dejó de importarle. Si una ola se la llevaba, no sería el fin. Sumergida, abrazada por la sal, la tristeza desapareció. Se sentía bien. El contacto con las aguas del golfo había borrado la depresión que cargaba hacía días. Era magia. El agua no solo sostenía la vida de todos los seres, también los transformaba.

“Me sentí diferente”, le dijo a Mongabay Latam una mañana lluviosa de mayo, en el muelle de Unguía. “A partir de ese momento comencé a ver el agua de una manera distinta”, añadió.

Hoy, con 30 años, aguarda la salida de una lancha junto a un grupo de indígenas guna, embera dóbida, embera eyábida, afrodescendientes y campesinos del Darién colombiano. La mayoría charla y se toma fotos mientras una llovizna teje puntadas en la superficie del río. El grupo se dispone a viajar a Bogotá para inaugurar Caminos de agua, una exposición construida de manera colectiva por más de veinte comunidades de la región con el apoyo del Museo Nacional, el Museo Afro y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

Jhoana Garrido participó cosiendo relatos sobre el agua en una serie de molas, un arte textil del pueblo guna en el que se superponen y cortan recuadros de tela de diferentes colores para crear complejos patrones geométricos y figurativos. Algunas molas incluyen símbolos de protección, explica señalando una estampa de fondo negro con figuras rosa, amarillo, verde, azul, magenta y rojo en su torso. Es una mola para tener un buen viaje, dice. Hay otras para el trabajo, para caminar por la selva, para protegerse del jaguar.

Las decenas de obras sobre el agua que integran la exposición fueron elegidas por  el Comité Cultural del Darién, una organización de la sociedad civil que surgió a partir de la creación del Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Fue la excavación de esta ciudad perdida, una de las más importantes en la conquista de América, la que permitió crear y llevar la exposición a Bogotá y reunir a las comunidades afro, campesinas e indígenas embera y guna para navegar el territorio, mostrar sus culturas, narrar la historia desde su punto de vista y revivir cómo han resistido a la violencia que los golpea desde hace siglos.

La ciudad perdida

Para entender el Comité Cultural del Darién hay que retroceder más de 1000 años, dice Carolina Quintero, líder del área de Museología y una de las personas que impulsó la llegada de Caminos de agua al Museo Nacional en Bogotá.

Quintero lleva más de una década viajando de manera regular al Darién. Visitó la zona por primera en 2015, cuando estudiaba Historia en la Universidad Nacional de Colombia, y se enamoró de las personas, el calor, la humedad y la vida acuática de las ciénagas, que le recordaba su infancia en Leticia (su padre fue uno de los primeros gobernadores del departamento de Amazonas). En 2016, se unió oficialmente a un proyecto interdisciplinario, iniciado por el ICANH tres años antes, cuyo propósito era delimitar y excavar Santa María la Antigua del Darién, la primera ciudad española fundada en América continental.

Antes de la llegada de los europeos, el pueblo indígena cueva ocupaba la zona del Darién, cuenta Quintero una noche de mayo en las costas del golfo de Urabá. Se cree que vivieron en el istmo entre el siglo XI y el XVI y que desaparecieron poco tiempo después de la llegada de los españoles debido a epidemias, matanzas y los demás culpables de siempre. Según los cronistas de la época, hablaban cueva, una lengua perdida de familia desconocida, y ocupaban un pueblo llamado Darién, a las orillas del río del mismo nombre.

Los primeros conquistadores llegaron a esa zona en busca de esclavos en 1504. Pocos años después, tras establecer y abandonar un fuerte ante la resistencia indígena, embarcaciones españolas atravesaron la bahía y se dirigieron al poblado de Darién. Cémaco, el cacique, los esperaba con quinientos indígenas listos para combatir. Al verse ampliamente superados en número, los españoles se lanzaron a rezar y prometieron dedicar una futura población a la Virgen de la Antigua, la imagen de María en la Catedral de Sevilla a la que solían encomendarse los marinos antes de zarpar hacia el Nuevo Mundo.

Milagrosamente, dijo Quintero entornando los ojos, los españoles derrotaron a Cémaco y, en diciembre de 1510, fundaron Santa María de la Antigua del Darién, la primera ciudad en regla de la América continental. Por sus méritos en el combate, el conquistador Vasco Núñez de Balboa fue elegido alcalde y, más tarde, gobernador de la nueva provincia.

Desde la ciudad, Balboa expandió el dominio español del istmo, saqueando poblaciones indígenas, negociando alianzas con caciques afines y asesinando a manera de ejemplo a rebeldes e incautos para mantener el control de la población. Gracias a una alianza, en 1513 atravesó el istmo y se convirtió en el primer europeo en “tomar posesión” del océano Pacífico en nombre de la corona.

Al otro lado del mundo, el rey no tardó en enterarse de la designación y las hazañas de Balboa. Para retomar el control, envió en 1514 a Pedro Arias Dávila, mejor conocido como Pedrarias, un sangriento militar castellano que cada año dormía en un ataúd para conmemorar el día que había “regresado a la vida” tras un episodio de catalepsia. Pedrarias navegó el Atlántico con veinte barcos y 2000 personas, la mayor flota española hasta ese punto, para asumir como nuevo gobernador.

Al ver la flota, Balboa recibió a Pedrarias con un banquete. El castellano, quien al parecer envidiaba sus logros, retribuyó la atención encerrándolo, quitándole las propiedades y asumiendo su puesto. Como nuevo gobernador, Pedrarias rompió las alianzas con los pueblos indígenas y multiplicó las redadas en busca de oro, masacrando a la mayoría de los habitantes de cada poblado y tomando como esclavos a los sobrevivientes. Con el tiempo, su crueldad le granjeó el apodo de la “Ira de Dios” casi medio siglo antes de las acciones de Lope de Aguirre.

Balboa fue decapitado, por orden de Pedrarias, el 15 enero de 1519. No mucho después, Pedrarias, satisfecho con la muerte de su rival, dejó la ciudad y se dirigió hacia el norte, donde fundó Panamá. El centro del poder se movió con él y la primera ciudad del Reino de Tierra Firme se fue desalojando.

En 1524, apenas catorce años después de su fundación, grupos indígenas asaltaron y quemaron Santa María de la Antigua del Darién. Con el paso de los siglos, la selva la cubrió, continúa Quintero, y su historia, en gran medida, se olvidó.

Las olas arrastraban el sonido del viento en el golfo de Urabá. Quintero respiró profundo y observó el mar. Aquí es cuando surge el Comité Cultural del Darién, dijo.

Las violencias recientes

Una tarde a mediados de mayo, Vilardo Escobar, un hombre de 48 años resguardado por un sombrero vueltiao, un poncho y un machete, recoge un trozo de metal oxidado del suelo arcilloso del Darién. Lo sostuvo a contraluz entre el índice y el pulgar antes de arrojarlo a la selva.

“Es un clavo español”, dice encogiéndose de hombros y retomando el paso hacia la exposición de Caminos de agua, presentada originalmente en el Parque Arqueológico e Histórico de Santa María de la Antigua del Darién. Escobar es el administrador del parque arqueológico, el sexto y más reciente del país. También es miembro del Comité Cultural del Darién y ha sido uno de los principales testigos de los cambios que ha traído el proyecto a la región.

La gente de la zona sabía de la existencia de una ciudad antigua por los objetos de hierro, vidrio, cerámica, plata y oro que afloraban entre la maleza después de las lluvias, dijo Escobar. Algunos ancianos recordaban una expedición arqueológica liderada por el Rey Leopoldo de Bélgica en 1956. Luego, en 1986, hubo otros estudios realizados cerca del poblado de Tanela por el antropólogo paisa Graciliano Arcila Vélez. Pero los esfuerzos rara vez eran sostenidos y casi nunca involucraban a personas de la comunidad.

Escobar nació en Gilgal, un corregimiento de Unguía ubicado a alrededor de una hora de Santuario, la vereda donde se encuentra el parque. Desde niño vio cómo diferentes actores armados se disputaron El Darién.

En los años 70, testaferros de Pablo Escobar llegaron a la zona y compraron enormes fincas. El propósito no era recreativo: una vez las drogas ocuparon los titulares del mundo, los narcotraficantes comenzaron a enviar cargamentos al norte por las aguas del golfo. La cobertura de la selva, las costas poco pobladas y la ausencia del Estado en la región les facilitaban el trabajo.

Con las nuevas rutas, llegaron las guerrillas y los paramilitares. Como cuenta la Comisión de la Verdad, entre finales de los 80 y principios de los 90, Fidel y Carlos Castaño, los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, se dieron a la tarea de conquistar la región del Urabá. Los hermanos ordenaron decenas de masacres y asesinatos selectivos en contra de supuestos colaboradores de las guerrillas o señalados incautos. Sus grupos desplazaron a gran parte de las comunidades indígenas y afro del Darién.

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En 1991, como parte de un proceso de negociación con el gobierno, Fidel Castaño entregó las tierras que había tomado del resguardo Tanela, del pueblo embera eyábida, a la Diócesis de Apartadó, que a su vez las parceló y distribuyó entre campesinos y desmovilizados de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL). En esas tierras era donde aparecían clavos, cuentas de vidrio y monedas de plata que guaqueros de pueblos vecinos recogían después de los aguaceros.

Esa desmovilización, en la práctica no fue tal, como cuenta la Comisión de la Verdad. Durante toda la década de los 90, los Castaño, a menudo con ayuda de las fuerzas militares, se enfrentaron por el territorio y las rutas marítimas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En el Darién, controlaban a la población y establecían sus propias leyes. En un principio, por ejemplo, el alcohol estaba prohibido. Y cualquier persona acusada de pertenecer o colaborar con uno u otro bando corría un alto riesgo de desaparecer o ser torturado y asesinado.

Por lo mismo, había una desconfianza creciente entre la población. Se veía con recelo a los demás. Las comunidades se hablaban poco, dice Vilardo Escobar. Nadie imaginaba que los restos de esa ciudad española, olvidada en medio de la selva, ayudaría a unirlas.

El nacimiento del Comité Cultural del Darién

Los arqueólogos e investigadores regresaron formalmente a Santa María de la Antigua del Darién a mediados de los 2000, después del proceso de paz del gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares. Paolo Vignolo, un profesor de historia de la Universidad Nacional en Bogotá, contactó a la comunidad y empezó a organizar eventos —partidos de fútbol, sancocho, cine— para involucrarlos y hablarles sobre la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Luego, en 2013, el ICANH y el Ministerio de Cultura financiaron un proyecto para proteger y recuperar los restos de la ciudad. Alberto Sarcina, un arqueólogo italiano que había visitado por primera vez el Darién en 2006, fue el encargado del plan.

Antes de iniciar las excavaciones, Sarcina convocó a una decena de comunidades indígenas, afro y campesinas. El plan no era simplemente excavar, cercar lo que se hallara y crear un museo a partir de la investigación de los arqueólogos, sino incluir los conocimientos de todos al contar la historia de la ciudad y, con suerte, convertir la zona arqueológica en un espacio que todas pudiesen utilizar.

Las reuniones iniciales no fueron prometedoras, dice Vilardo Escobar, mientras recorre el parque. ¿Por qué debería interesarles contar la historia de las personas que llegaron a asesinar y acabar con sus comunidades?, preguntaron algunos habitantes indígenas. ¿Qué podía ofrecerles un parque arqueológico cuyo fin era preservar una ciudad española y hablar de la Conquista? ¿Se volvería a hablar del “descubrimiento” de sus propias tierras? ¿De esa cultura “civilizadora” que aniquiló a pueblos como los cueva?

Hubo decenas de discusiones, pero finalmente se alcanzaron varios acuerdos. Para empezar, los habitantes de la zona participarían en las excavaciones. Es decir, no solo harían parte de los equipos de sondeo: también recolectarían datos y formarían parte de la reconstrucción e interpretación de la historia. Los recuentos de los sabios de las comunidades indígenas, por ejemplo, se incluirían a la hora de contar la historia de Santa María de la Antigua del Darién. Se dejaría de simplificar la historia, que suele hablar solamente de la conquista y de la visión de los cronistas españoles, para incluir las luchas de los habitantes indígenas y cimarrones en la zona.

También se definió que los objetos hallados durante las excavaciones no saldrían del territorio: permanecerían en un museo nuevo en Santa María de la Antigua, una casa patrimonial que se construiría para alojar las piezas y contaría la historia de la ciudad y los puntos de vista sobre la región de los diferentes pueblos.

Finalmente, se compartirían los descubrimientos y la información arqueológica a través de exposiciones y memorias con la gente de la región. De esa manera, las comunidades podrían ver el recuento de su pasado en un contexto oficial.

Las labores iniciaron en 2013. Vilardo Escobar y otras cinco personas de las comunidades, coordinadas por Alberto Sarcina, excavaron más de 820 pozos de sondeo en un área de 6 kilómetros cuadrados. Se descubrió que la ciudad tenía dos veces el tamaño registrado por el antropólogo Graciliano Arcila, y que, en su apogeo, alcanzó a alojar a más de 5000 personas. También se hallaron centenares de piezas de cerámica, miles de clavos, una daga, balas y franjas de calles empedradas.

En 2015, Santa María de la Antigua fue declarada Bien de Interés Cultural de la Nación. El ICANH aprobó nuevas excavaciones y se recaudaron fondos internacionales para acoger la colección de objetos recuperados. Al mismo tiempo, las comunidades siguieron conversando con los arqueólogos. Entre todas, se acordó incluir construcciones propias de cada grupo dentro del parque arqueológico y se diseñó un proyecto sobre maternidades para una sala de exposición temporal.

El Comité Cultural del Darién, como se bautizó al grupo que continuaba reuniéndose para discutir el futuro del parque, se formalizó en 2018. Durante la pandemia, mientras el mundo se encerraba, indígenas embera y guna, comunidades afro, colonos, campesinos y arqueólogos se reunieron a hablar sobre una siguiente exposición. A todos les interesaban dos temas: la espiral y el agua.

En medio de las conversaciones, se decantaron por el segundo y delimitaron tres ejes: las vidas en el agua, las formas del agua y la justicia del agua. Una vez se decidieron los temas centrales, siguieron hablando y se contaron historias, barcos que trajeron la muerte, resistencias, poderes, ballenas y amor.

Las fuerzas del agua

El bote avanza a toda velocidad a través de la ciénaga de Unguía. Murallas de palmas, taruyas, yarumos, bejucos y arracachos franquean el agua. En uno de los asientos, cerca de Jhoana Garrido, Carolina Quintero y Vilardo Escobar, Patricia Guazarupa, una mujer embera eyábida de 28 años, observa el agua en forma de cascada que sale disparada a los lados de la lancha.

Patricia Guazarupa llegó al Comité Cultural del Darién por María Guazarupa, su madre, una gobernadora del resguardo Cuti, en el municipio de Unguía. María llevó a su hija a las reuniones y Patricia poco a poco se ganó un puesto.

Mientras se discutían los ejes de Caminos del agua, Patricia escuchó historias sobre barcos camaroneros que hace 30 años causaron daños irreparables en el golfo con la pesca de arrastre; ríos que murieron por culpa de la minería ilegal; terratenientes que deforestan las riberas; y poblados que lanzan los desechos y los cuerpos de los mataderos al agua.

Otros de los miembros del comité hablaron de las rutas de esclavos que atravesaron el océano hace siglos, las lanchas rápidas cargadas de drogas y las pangas repletas de migrantes que en ocasiones naufragaban y se perdían bajo las olas. Unos últimos también hablaron de  los sitios sagrados y los seres que habitan en los ríos y el mar; las aguas medicinales; y el agua como cuerpo, lo primordial y lo primero.

Como los demás, Patricia Guazarupa también tiene una historia para contar. Cuando era niña, la violencia llegó al resguardo Cuti. Hombres de las AUC entraban a las casas preguntando a qué grupo guerrillero pertenecían. Les gritaban y, como muchos habitantes indígenas no hablaban español, los terminaban golpeando o asesinando. Robaban sus animales y sus cultivos y había enfrentamientos y balaceras.

La mayoría de las personas del resguardo Cuti fueron desplazadas. Solo quedaron Patricia Guazarupa, su madre, dos de sus hermanos, y Aurora Domicó, una mujer indígena con discapacidad intelectual que hacía poco había dado a luz a una niña llamada Zunilda. En ese tiempo, huían cada vez que escuchaban a los paramilitares acercándose. Pasaban días o semanas en el monte sin comida. Buscaban frutas o vegetales y, en los peores momentos, lamían la sal de las reses en los potreros de las fincas.

A pesar de su cautela, hubo ocasiones en que las tomaron desprevenidas. A María Guazarupa la torturaron. Sus hijos, incluida Patricia, lo vieron. Sin embargo, María Guazarupa se rehusó a partir. Los paramilitares llegaron varias veces a insistirle que vendiera las tierras del resguardo a unas personas de Gilgal. Con una sola firma, le darían dinero suficiente para que no volviera a tener que preocuparse en el futuro. Podría comprar nuevas tierras en otro lugar.

Ella se negó. No quería dejar su tierra. Era lo único que podía ofrecerles a sus hijos. Allí había buena tierra para cosechar y un río lleno de peces. Les dijo que había hablado con los demás miembros del resguardo y que todos planeaban regresar en tres meses. Era una mentira, pero los paramilitares le creyeron, aunque le advirtieron que, si en ese tiempo no volvían, la matarían con sus hijos y la mujer discapacitada.

A pesar de las amenazas, María Guazarupa persistió. Primero convenció a su madre y a su hermana de que regresaran, y luego a otras madres solteras. Marchó hasta Unguía para solicitar que la posesionarán como gobernadora del resguardo y así poder exigir la ayuda del Estado. Después viajó a Pereira, Cali y Bogotá para denunciar lo que estaba ocurriendo en los alrededores de Gilgal.

Las cosas se calmaron un poco gracias a su labor y unos pocos hombres regresaron. Por fin, se sentían algo protegidas cuando, una noche, el río creció en medio de una tormenta y el agua se metió en las casas.

María Guazarupa había salido a visitar a un nieto enfermo y había dejado sola a Aurora Domicó y a su niña, a quienes había intentado cuidar a lo largo de todo ese tiempo.

Pasada la medianoche, el viento arreciaba y Aurora Domicó dejó a la bebé en la cama para prender el fogón y calentarse. Se demoró encontrando el mechero y sintió que algo andaba mal. Regresó a buscar a Zunilda, pero no estaba por ninguna parte. Poco después del amanecer, los primos de Patricia Guazarupa hallaron el cuerpo de la niña arrastrado por el agua.

Patricia Guazarupa cuenta la historia una tarde de mayo en el aeropuerto de Apartadó, poco antes de salir hacia Bogotá a inaugurar Caminos de agua. Está emocionada por la exposición, dice. No tiene saco, pero Carolina Quintero le va a prestar uno.

Después de lo ocurrido, su madre, María Guazarupa la envió a terminar el bachillerato en la ciudad de Quibdó, la capital del departamento del Chocó. Es la única de su familia con ese diploma. Al graduarse, entró a estudiar Psicología. Ya le falta poco para terminar. Se inclinó por esa carrera porque quiere aprender a cuidar a los demás. En el Darién la violencia no ha acabado: las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) son una de las principales autoridades en la región desde hace casi dos décadas.

Patricia Guazarupa quiere escuchar a las personas y escucharse, dice. Aprender cómo contar el pasado y persistir.

Los cuerpos del agua

Minutos antes de la inauguración de la exposición, los miembros del Comité Cultural participan en una ceremonia con el equipo del Museo Nacional. En un gran óvalo, se prende una vela y todos se presentan y hablan mientras la sostienen. Varias personas mencionan las diferentes maneras de interpretar el agua: en la ciudad, por ejemplo, el agua es algo que sale cuando se abre una llave; el agua “se acaba” el día que deja de salir.

En el Darién, el agua es como una madre, lo primordial y lo primero, dicen los sabios. La palabra di, río en guna, también significa, dependiendo del contexto, estar, vivir, pisar y sobrevivir. Aún más importante, el agua tiene poder.

En una sala cercana, cuelgan las molas que Garrido y las demás mujeres de Arquía cosieron durante meses. A ella, su madre le enseñó a coser a los siete años. Comenzó con molas de dos capas y fue progresando. Las de la exposición tienen cinco. Son mapas, recuerdos de otros tiempos, historias del pasado de los guna y el agua.

Una de ellas muestra a una niña guna de doce años que se enamoró de una ballena. La niña aprendió su idioma y las claves para vivir bajo el agua. Un nele, un gran sabio, alertó a la comunidad, pues la niña no debía tener una pareja que no fuera guna. Le prohibieron seguir viendo a la ballena. Pero durante una ceremonia para celebrar la pubertad de la joven, mientras la comunidad se emborrachaba bebiendo chicha, un grupo de ballenas rodeó el poblado. La tierra se agrietó y empezó a salir agua a borbotones. El pueblo se hundió y allí, donde antes estaban las casas, se formó la ciénaga de Unguía.

Fui feliz mientras tejía las molas, le había dicho Garrido a Mongabay Latam en el muelle de Unguía, en tanto la llovizna punteaba el río.

Mientras tejía las imaginaba y era feliz.

*Imagen principal: exposición «Camino del Agua», en el Museo Nacional en Bogotá. Foto: Camila Morales.

El artículo original fue publicado por Santiago Wills en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada año, el 16 de junio, se conmemora el Día Mundial de las Tortugas Marinas. La fecha llega este año con un panorama que mezcla esperanza y urgencia. Un estudio global publicado por el Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) reveló que décadas de esfuerzos de conservación están dando resultado. Más del 40 % de las poblaciones de tortugas marinas son consideradas actualmente de bajo riesgo y baja amenaza, frente al 23 % registrado en 2011. Sin embargo, el mismo estudio advierte que la pesca incidental sigue siendo la amenaza más urgente para las tortugas marinas en todo el mundo, junto a otros riesgos como el desarrollo costero, la contaminación por plásticos, el cambio climático y la captura directa de tortugas y sus huevos.

En América Latina, tres historias iluminan tanto los avances como los desafíos que enfrentan estas especies en el Pacífico y el Atlántico Sur. En Ecuador, investigadores descubrieron que dos playas de la provincia de Esmeraldas son refugios únicos en el Pacífico Oriental para la resiliencia de las tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea) frente al cambio climático.

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En Colombia, las comunidades afrodescendientes del Chocó protagonizan una transformación profunda: de consumir tortugas a protegerlas, mientras la ciencia advierte la necesidad de acompañar esas iniciativas para que sean realmente beneficiosas. Y en Argentina, un equipo de investigadores logró por primera vez rastrear por satélite a machos de tortuga laúd (Dermochelys coriacea) en el Atlántico Sur, develando los movimientos de los individuos más desconocidos de la especie más grande de todas.

Ecuador: el refugio de tortugas macho

En la costa noroccidental de Ecuador, donde el bosque del Chocó llega hasta el mar y una capa permanente de nubes filtra la luz del sol, dos playas guardan un secreto que la comunidad científica tardó décadas en descubrir: casi todas las crías de tortuga golfina que nacen allí son machos.

El hallazgo, publicado en octubre de 2025 en la revista Climatic Change, podría ser una de las noticias más importantes para la conservación de tortugas marinas en el Pacífico Oriental. Y su historia comenzó, casi por casualidad, con una pregunta sobre el cambio climático.

«Necesitábamos un bioindicador para evaluar los efectos del cambio climático en comunidades pesqueras», recuerda Rubén Vinueza Chérrez, biólogo marino y uno de los autores del estudio. En 2017, trabajando con la cooperación técnica alemana en el proyecto Procambio, propuso a los reptiles —y en particular a las tortugas marinas— como esa ventana para leer el clima. La razón es biológica: el sexo de las tortugas depende de la temperatura de incubación de los huevos. A más calor, más hembras. A más frío, más machos.

Lo que encontraron al instalar los primeros sensores en los nidos de Portete y Galera —en la provincia de Esmeraldas, al norte de Ecuador— fue sorprendente. Las temperaturas promedio de incubación fueron de apenas 27 °C en Portete y 27.3 °C en Galera, muy por debajo de los más de 30 °C que se registran en la mayoría de playas de anidación del mundo. El resultado: entre el 99.9 % y el 99.3 % de las crías nacidas entre 2018 y 2022 fueron machos.https://www.youtube.com/embed/eJ2w6CRTfM8?si=XAWtnbiuwwYOaRxU

Tortuga golfina anidando en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Estos resultados son clave. De hecho, en la gran barrera de coral, en Australia, hasta el 99 % de las tortugas verdes que nacen son hembras, al igual que en el norte de Chipre. En Turquía, la cantidad de tortugas nacidas hembras alcanza el 74 %. Esta tendencia, asegura la investigación, “conlleva una marcada desproporción entre sexos que puede afectar el éxito reproductivo y, por consiguiente, la viabilidad a largo plazo de las poblaciones, así como la reducción del éxito de eclosión”.

“Para la comunidad científica es urgente encontrar estas zonas que podrían ser refugios del cambio climático. Necesitamos definir qué playas están todavía generando machos”, explica Vinueza Chérrez.

La clave está en la geografía. Portete y Galera se encuentran dentro del corredor del Chocó, uno de los ecosistemas más húmedos del planeta. La presencia de bosque, la nubosidad constante y la humedad reducen la entrada de radiación solar, manteniendo las temperaturas locales significativamente más bajas que en otras zonas tropicales de anidación. Además, la temporada de anidación de la golfina —de agosto a noviembre— coincide con los meses más frescos del año en la región.

El estudio proyectó las temperaturas futuras de los nidos bajo tres escenarios del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Las conclusiones son alentadoras: incluso en el peor escenario posible —el de desarrollo intensivo en combustibles fósiles—, la probabilidad de que las temperaturas superen los 30.5 °C (el umbral a partir del cual se producen hembras) llegaría al 71 % en Portete y al 68 % en Galera hacia finales de siglo. En otras palabras, aun en ese escenario extremo, una porción relevante de los nidos seguiría produciendo machos.https://www.youtube.com/embed/97Sta8sVHIc?si=LOOWgIB6ncCwzNIk

Eclosión de tortugas marinas en playa Portete, Ecuador. Video: Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores. 

Sin embargo, el futuro de estas playas no depende solo del clima. Portete, aunque protegida, enfrenta la presión del turismo de un hotel cercano en Mompiche. Galera, más inaccesible, está por ahora más resguardada. Ambas integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Ecuador, pero «ser área protegida no garantiza el cien por ciento», advierte Estefanía Sánchez-Flores, coautora del estudio e investigadora en ingeniería ambiental. La urbanización, los perros sueltos en las playas, las luces artificiales y la pesca incidental siguen siendo amenazas reales. Conservar estos refugios, concluyen los investigadores, requiere no solo proteger el clima, sino también el bosque y la oscuridad de la noche.

Colombia: una tortuga viva vale más que una tortuga muerta

En Nuquí, un municipio del departamento del Chocó colombiano, hay personas que cada noche, entre julio y diciembre, recorren la playa esperando el rastro inconfundible de una tortuga que sube a desovar. Cuando la encuentran, esperan en silencio hasta que termina. Luego recogen los huevos y los trasladan a corrales protegidos donde permanecerán hasta la eclosión. El propósito del traslado es proteger los nidos de las mareas que pueden arrastrar los huevos mar adentro o de los perros que excavan la arena para devorarlos.

“Cuando los huevos eclosionan, las dejamos [a las tortugas] caminar solas hacia donde suena la ola», cuenta Jorge Enrique Murillo Palacio, integrante del Consejo Comunitario General Los Riscales. «Es muy difícil que una tortuga se devuelva para arriba. Siempre busca la parte de abajo». Esa caminata importa: la playa queda grabada en el vientre del animal, como un mapa, y cuando la tortuga es adulta regresa al mismo lugar a anidar.

Murillo forma parte del Consejo Comunitario General Los Riscales, autoridad territorial que administra más de 31 469 hectáreas en el municipio de Nuquí y que lleva más de 10 años coordinando la conservación de tortugas marinas en la zona. “Para nosotros es algo muy lindo porque estamos contribuyendo a que esa especie pueda seguir existiendo en el planeta”.

No siempre fue así. Un estudio publicado en 2025 en la revista Ethnoscientia, con trabajo de campo realizado en 2015 por Laura Soto-Cortés y Dennis Castillo-Figueroa en las comunidades de Jurubirá, Panguí y la cabecera de Nuquí, documenta una relación histórica mucho más compleja entre estas comunidades afrodescendientes y las tortugas marinas que llegan al Pacífico colombiano para reproducirse, todas en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), en Peligro Crítico; la caná o laúd (Dermochelys coriacea), Vulnerable; la verde (Chelonia mydas), en Peligro; y la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), Vulnerable.

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A partir de entrevistas con pescadores locales, la investigación registró un vínculo multidimensional con las tortugas: alimenticio, medicinal, ornamental, espiritual y ritual. Se consumían huevos y carne y la grasa del animal se usaba para tratar enfermedades respiratorias. El pene del macho, conocido localmente como «el viril» o «la picha», tenía alta demanda comercial como afrodisíaco, con compradores llegados desde ciudades como Medellín, y podía venderse entre 18 y 36 dólares. Incluso existía una práctica ritual llamada ombligada, en la que partes de la tortuga se ahumaban y raspaban para incorporarlas al cordón umbilical de los recién nacidos. De esa manera se les transfería, supuestamente, cualidades como la resistencia en el agua.

El estudio también documentó que los propios entrevistados percibían una disminución en las poblaciones y la vinculaban directamente a décadas de captura y consumo. «Cuando yo era muchacho, había mucha tortuga. Uno se iba por aquí, por la playa de Boca Chori, encontraba 10 nidadas de huevos y la gente se las traía«, relató uno de los participantes de Jurubirá. Los investigadores concluyen que incorporar estas percepciones y valores culturales locales es indispensable para diseñar estrategias de conservación verdaderamente efectivas y sostenibles en el tiempo.

Hoy, según Murillo, la transformación en Nuquí es real: quien sea encontrado con carne o concha de tortuga puede ser judicializado. Además, “nos dimos de cuenta de que una tortuga viva nos puede generar mucha más plata que terminar con su existencia. Nosotros anteriormente matábamos la tortuga. Pero gracias a Dios desde hace varios años a la tortuga la miramos como una fuente de ingreso, porque hay mucha gente turista que viene acá y de una u otra forma dejan recursos en el territorio”.

Sin embargo, la práctica de reubicar huevos, advierten los investigadores ecuatorianos Rubén Vinueza Chérrez y Estefanía Sánchez-Flores, “es complejo” y debe hacerse considerando diversos factores para evitar daños en las tortugas. De acuerdo con los especialistas, las tortugas seleccionan zonas de playa con perfiles térmicos específicos, y un nido mal reubicado —demasiado superficial o en una zona más expuesta— puede alterar la temperatura de incubación hasta afectar, incluso, el desarrollo neurológico de las crías. La reubicación puede ser necesaria, coinciden los investigadores, pero debe tomarse como última opción y con conocimiento técnico del perfil térmico de cada playa. No basta con que las tortuguitas lleguen al mar. Importa también cómo llegan.

Argentina: los machos invisibles del Atlántico Sur

De las siete especies de tortugas marinas que existen, la laúd (Dermochelys coriacea) es la más grande y una de las más misteriosas. Los adultos pesan entre 200 y 250 kilos —el ejemplar más grande registrado superó los 900 kilos—, pero a pesar de su porte, se sabe muy poco de ellas.

Victoria González, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras de la Universidad Nacional de Mar del Plata y el Conicet, explica que la especie pasa la mayor parte de su ciclo de vida en zonas alejadas de la costa, lo que la hace muy difícil de estudiar. Aunque esta dificultad aplica tanto para hembras como para machos, todo lo que la ciencia conocía provenía de las playas de anidación, donde las hembras salen a desovar y los investigadores pueden acercarse. Los machos, que nunca abandonan el océano, permanecían como una incógnita.

Eso empezó a cambiar en aguas cercanas a la costa de la provincia de Buenos Aires, donde un equipo de investigadores logró colocar transmisores satelitales a machos de tortuga laúd. Capturarlos no fue sencillo. La metodología consiste en aproximarse lentamente a los animales con una embarcación y colocar en su camino un aro —similar a uno de básquet, pero mucho mayor— para que entren solos en la red. Una vez retenidos, se los sube a una balsa inflable. «A la cuenta de tres, entre tres o cuatro personas», cuenta González, quien también es investigadora del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP). La colaboración de pescadores artesanales, acostumbrados a trabajar en el mar y a manejar cargas pesadas, fue indispensable.https://www.youtube.com/embed/trMDUNQhxU8

Científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Video: Proyecto Tortuga Laud-Argentina

Los transmisores, fijados en el caparazón, envían datos de geolocalización cada vez que los animales salen a respirar. Los primeros resultados revelaron comportamientos inesperados: los cuatro machos marcados permanecieron durante semanas en aguas de la plataforma continental argentina, alimentándose en el norte de la provincia de Buenos Aires, muy cerca de la costa y no mar adentro como se pensaba. «Quizás lo vienen haciendo hace cientos de años, pero no lo sabíamos», reflexiona la investigadora.

Uno de ellos hizo luego algo diferente a los demás: se desplazó bordeando la costa bonaerense hacia el Rincón, otro sistema de alta productividad donde hay abundancia de medusas, su alimento principal. Los pescadores artesanales empezaron a reportar presencia de medusas en las redes y al poco tiempo los transmisores confirmaron que los animales los seguían. Hacia finales de mayo, los cuatro iniciaron el desplazamiento hacia el norte. Hoy están en el sur de Brasil.

A partir de este hallazgo se disparan muchas preguntas, dice González. “¿Cuántas hay? ¿Están separadas en grupos? ¿Están todas juntas?”, se preguntan los investigadores.

Se sabe, por estudios genéticos, que las tortugas laúd que llegan a Argentina provienen principalmente de una pequeña población del norte de Brasil, en el estado de Espíritu Santo, y de colonias en la costa occidental de África, en Ghana, Gabón y Congo.

Hace unos 20 años, hembras muertas en playas argentinas con marcas metálicas colocadas para su identificación en las aletas permitieron comprobar por primera vez la migración transatlántica de la especie. El año pasado, el equipo capturó una hembra que llevaba en las aletas una chapa colocada 11 años antes en el Congo.

El seguimiento satelital busca no solo identificar los corredores migratorios una vez que las tortugas llegan a Argentina, sino también identificar zonas de superposición con las actividades pesqueras, uno de los principales factores de mortalidad a nivel global, y con los residuos en el mar. La contaminación por plástico es otra amenaza documentada: en tortugas verdes recuperadas muertas es frecuente encontrar bolsas, fragmentos de plástico duro y tapas de botella en el estómago, cuenta González.

El equipo espera colocar cuatro transmisores más en la próxima temporada, si consiguen financiamiento.

*Imagen principal: científicos marcan tortugas macho en el mar argentino. Foto: cortesía Proyecto Tortuga Laud-Argentina.

El artículo original fue publicado por Michelle Carrere en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una reserva que declara a la Sierra Nevada de Santa Marta como un territorio libre de minería y explotación de hidrocarburos en el extremo norte de Colombia, junto con un decreto presidencial reciente que precisa el territorio ancestral de los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo son parte de la respuesta del Gobierno colombiano para proteger a esta región montañosa única en el país. Especialistas y líderes indígenas celebran la decisión, pero también advierten los desafíos que existen para traducir estas herramientas en protección efectiva de una zona conocida como el “corazón del mundo”.

Ambos instrumentos eran una promesa del presidente Gustavo Petro para la protección ambiental, cultural y espiritual de la Sierra Nevada y de los pueblos que la habitan.

Expertos consultados por Mongabay Latam destacan que además de estas nuevas medidas, el Estado colombiano debe activar mecanismos y acompañar su implementación, por ejemplo, con el fortalecimiento de consultas previas frente a los proyectos energéticos, de minería, ganaderos o de infraestructura en la región.

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La Línea Negra, un sistema clave de espacios sagrados

El nuevo decreto 0514, emitido el pasado 19 de mayo, surge en respuesta a una decisión del Consejo de Estado, uno de los altos tribunales de Colombia, que declaró la nulidad de un decreto anterior, el 1500 de 2018. Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas mediante un límite simbólico y sagrado conocido como la “Línea Negra”, que abarca un sistema 348 espacios sagrados que están interconectados y sostienen el equilibrio espiritual, cultural y ambiental en la región, según estas comunidades.

Para Jaime Luis Arias Ramírez, gobernador del pueblo kankuamo y miembro del Consejo Territorial de Cabildo, la Línea Negra es lo que permite llamar a esta región el “corazón del mundo”, dada su importancia para el ordenamiento territorial y cultural.

“Para nosotros la Línea Negra representa el tejido de espacios sagrados, cumple una función natural y ancestral y es donde se salvaguarda el conocimiento, la semilla y los elementos que equilibran la vida en el territorio”, explica el líder indígena a Mongabay Latam.

Aunque la cartografía de estos espacios sagrados ya se encontraba reconocida en el decreto anterior (el 1500), uno de los argumentos del Consejo de Estado para anular la norme fue que al momento de ser expedido no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

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Al respecto, Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), destaca que el nuevo decreto 0514 no solo repara en esta falla de procedimiento, sino que también retoma una resolución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de 2022. Allí, se inscribió al sistema de conocimiento ancestral de los pueblos arhuaco, kankuamo, kogui y wiwa de la Sierra Nevada a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esto implica que para proteger el sistema ancestral de conocimientos de los pueblos es necesaria la protección del territorio.

“El Gobierno tiene un mandato de reafirmar la protección de estos territorios a nivel interno y adoptar medidas para su protección. Ya no es un sistema que se protege solamente como patrimonio cultural y material para Colombia, sino que es de la humanidad y que está siendo vigilado por una instancia global”, señala la especialista.

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Otro de los argumentos por los cuales el Consejo de Estado anuló el decreto anterior fue que no se agotó la consulta previa con otros grupos indígenas y afrodescendientes que habitan la Sierra Nevada, por lo que la nueva norma también tuvo que corregir este señalamiento. Para ello, realizó procesos de consulta con otras comunidades étnicas, como los pueblos taganga, ette ennaka, wayuu y comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras que habitan en el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra.

Aunque han surgido críticas de autoridades indígenas, por ejemplo del pueblo wayuu, que consideran que ambos decretos mantienen una jerarquización entre pueblos indígenas, el Ministerio del Interior sostuvo que en los procesos de consulta se identificaron dinámicas territoriales con “necesidades de atención sin preferencias y con toda la imparcialidad debida apartándose de intereses particulares”.

Rodríguez comenta que este aspecto es de los más difíciles de atender al considerar que los pueblos indígenas que habitan la Sierra Nevada tienen diferentes formas de diálogo intercultural dentro de la Línea Negra.

“Fueron consultas formales acompañadas por las autoridades del Gobierno, el Ministerio del Interior, Parques Nacionales y allí se realizaron algunos acuerdos de concertación donde se incorporó el respeto de las otras comunidades hacia lo que es la Línea Negra”, señala,

Para Arias, el proceso de consulta para el nuevo decreto también contó con el apoyo de otros pueblos indígenas y afrodescendientes. “Se estableció una ruta de diálogo con los pueblos indígenas y afros, que es lo que llevó finalmente a tramitar la consulta previa que ratificó el contenido, pero también llevó a tener en cuenta esas medidas que puedan preservar algunos derechos que también tienen las otras comunidades que están en este territorio”, reconoce.

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Una reserva complementaria en Sierra Nevada

El 4 de junio el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entregó oficialmente una resolución que delimita y declara como Reserva de Recursos Naturales Renovables a la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto implica que es considerada un territorio libre de nuevos títulos mineros, así como de la explotación de combustibles fósiles.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, sostuvo que esta reserva no solo es un documento, sino “una herramienta” para que los pueblos de la Sierra Nevada puedan defender el territorio.

“Estamos diciendo que en el corazón del mundo no se hará minería, ni explotación de hidrocarburos porque rompe las conectividades naturales y el tejido espiritual que sostiene el territorio. La reserva permite la agricultura, el turismo, el ecoturismo y turismo de los pueblos, las economías para la vida y las economías productivas”, agregó la ministra.

Sin embargo, Rodrígez advierte que la medida no detiene toda la actividad minera pues los proyectos que ya cuentan con título minero, permisos ambientales y autorizaciones vigentes podrán continuar operando, además de que se mantienen excepciones para materiales de construcción destinados a obras públicas —asociados a gran parte de la minería en Sierra Nevada— y para ciertos procesos de formalización de pequeña minería en ríos.

De acuerdo con datos procesados por AIDA, existen al menos 120 títulos mineros vigentes activos en la Línea Negra de Sierra Nevada y más de 90 solicitudes en evaluación.

Pese a los avances que puede representar el decreto y la reserva para la protección de la sierra, la especialista advierte que un reto está en la implementación de estos instrumentos no sólo por parte de las comunidades y gobiernos indígenas, sino especialmente por parte de las autoridades nacionales, especialmente ahora que Colombia está en medio de una elección y un cambio de gobierno.

“Para que el nuevo decreto no vuelva a generar conflictos jurídicos [en temas de consulta previa] esto va a depender de que el Gobierno adopte regulaciones para proteger los territorios, implemente el nuevo decreto, pero también blinde jurídicamente la Sierra Nevada para no generar expectativas en el sector privado”, explica la abogada a Mongabay Latam.

Rodríguez considera clave que el nuevo decreto avance en la recuperación espiritual y física de esos espacios en lugar de abrir camino a nuevos proyectos extractivos.

Arias considera que existe un desafío para la protección de la región frente a intereses económicos en el territorio.

“Aún hay amenazas de megaproyectos mineros, extractivos, también presión turística y de otros sectores productivos en este territorio. Con este Gobierno venimos trabajando una propuesta que pueda generar un instrumento vinculante complementario al decreto frente a una moratoria minera”, expone el dirigente indígena sobre la reserva.

Informes elaborados por el CINEP dan cuenta también de cómo el conflicto armado, junto con el avance de la minería y otros megaproyectos, representan una amenaza directa para poblaciones indígenas de la Sierra Nevada, quienes enfrentan crisis humanitarias, desplazamiento forzado y persecución por la defensa de sus territorios.

Rodríguez insiste también en cómo la comprensión del concepto del territorio será clave a la hora de saber si procede o no un proyecto extractivo en la Sierra Nevada y en los espacios sagrados de la Línea Negra, los cuales señala que deben entenderse no sólo como espacios físicos sino como espacios sagrados para los pueblos donde existen complejas interconexiones culturales y espirituales.

“Es un territorio indígena cuyos espacios se interconectan entre sí, lo que quiere decir que la definición, por ejemplo, del área de influencia de un proyecto debe valorar las interconexiones espirituales que existen entre los diversos espacios sagrados”, explica la especialista. Rodríguez agrega: “Si el espacio 40 se conecta con el espacio 41 de determinada forma, el concepto de afectación directa debe ampliarse y construirse con enfoque biocultural y en respeto de ese sistema ancestral de conocimiento”.

*Imagen principal: las poblaciones indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta se enfrentan a megaproyectos mineros, energéticos o turísticos por sus impactos socioambientales. Foto: cortesía Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Prólogo

“El único verdadero viaje, el único baño de juventud,

no sería ir hacia nuevos paisajes,

sino tener otros ojos”.

— Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, V: La prisionera

(Ed. Santiago Rueda, Buenos Aires, 1927).

Nadie puede cultivar en el suelo que no ha aprendido a mirar con detenimiento. Los textos reunidos en este libro son el testimonio de esa mirada atenta que emprendieron los maestros en formación de Primer semestre del Programa de Formación complementaria (PFC) de la Escuela Normal Superior de Piedecuesta. Su trabajo no surge de la teoría descontextualizada, sino de la voluntad de detenerse para observar atentamente. El lector encontrará el testimonio de una travesía que implicó la inmersión en el abismo del aula para rescatar la música propia, el detalle y la potencia de cada niño.

La cocina del libro

Este libro se escribió desde la tensión viva de la práctica pedagógica y su relación con la investigación. Surgió del desafío de transformar el rol del normalista: de ser un ejecutor de planes de clase a convertirse en un investigador de su propia práctica. Para lograrlo, se implementó la metodología MARPA (Mapeo de Aula para la Reflexión y la Práctica Académica), un sistema de indagación diseñado para registrar, decodificar y transformar la observación en saber pedagógico estructurado.

El proceso no fue sencillo. Los autores de estos capítulos tuvieron que enfrentarse a las realidades del aula que desbordan los manuales teóricos. La cocina de este proyecto implicó sesiones de escritura, debates intensos para desterrar las visiones adulto-centristas de la infancia, y el ejercicio de contrastar la teoría científica con la vida en el aula.

¿Para qué hacer este esfuerzo? Se editaron estas páginas para demostrar que los futuros maestros son productores de un saber válido y pertinente. Este libro busca dejar una base indagatoria y un precedente ético. La escuela no se transforma con directrices externas, sino sistematizando la riqueza que emerge de su interior.

La ruta y sus hallazgos

El libro está organizado de acuerdo con los hallazgos que emergieron cuando el Pensamiento Crítico y el Trabajo Colaborativo se buscan en el aula. Cada capítulo es el resultado de un proceso de indagación donde la teoría se contrastó con la observación:

El recorrido comienza con “Semillas diferentes, misma tierra: el arte de cultivar el saber en la diversidad”. A partir de la observación de una práctica pedagógica donde la duda de una estudiante fue silenciada y la solidaridad de un par fue sancionada, se propone que la diversidad cognitiva no es un obstáculo, sino el motor que impulsa el saber. Las autoras aseguran que el aula debe ser un ecosistema donde el conocimiento se construye desde el desacuerdo y la pluralidad.

En el segundo capítulo titulado “Callar el error o enfrentarlo: lo que el diálogo revela sobre la construcción del conocimiento” se evidencia la tensión entre la evaluación punitiva y la construcción de saberes. Los autores proponen que el error es necesario y promueve el aprendizaje auténtico, siempre que haya una mediación que fomente la honestidad intelectual.

Por otro lado, “Tejiendo saberes entre voces, risas y miradas: el diálogo sociocultural como motor del aprendizaje significativo” pretende explicar por qué el trabajo en grupo muchas veces se fragmenta y por qué la convivencia es el cimiento indispensable para que el aprendizaje en el aula sea verdaderamente significativo.

En “La brújula del pensamiento: el cuidado del criterio en la construcción del pensamiento crítico” los autores abordan la urgencia de formar estudiantes capaces de habitar la infoxicación[1], cultivando una vigilancia epistémica que permita construir juicios propios frente a la saturación de información.

Finalmente, en “Decidir pisando el acelerador: cuando la mente corre más rápido que el pensamiento”, la investigación trasciende la definición clínica del TDAH[2] para proponer una mirada ética que protege la infancia de la medicalización. Aquí, la impulsividad se analiza como una expresión de una mente que corre más rápido que el pensamiento regulado, exigiendo al docente estrategias que valoren la velocidad cognitiva como una potencia y no como un déficit.

La reflexión como acto de resistencia

Escribir sobre lo que ocurre en el aula es, hoy más que nunca, un acto de resistencia pedagógica. En un mundo que exige inmediatez, estos hallazgos muestran que el verdadero cambio educativo empieza cuando el maestro se atreve a habitar el abismo de la pregunta.

Este libro no pretende dar respuestas a los cuestionamientos trazados. Todo lo contrario. Los autores inician su proceso de configuración identitaria como futuros maestros investigadores a partir de la comprensión del aula y de las indagaciones que surgen de ella. Asimismo, este libro es una invitación a que la comunidad educativa —maestros, normalistas y familias— reconozca que el aula es un lugar de encuentro humano y de transformac0’ión constante.

Se invita al lector a recorrer estas páginas como quien descubre un territorio nuevo. Que su lectura sea, para ustedes también, ese “baño de juventud” que menciona Proust. Y que, al terminar de leer, puedan volver a sus propias aulas habiendo obtenido, finalmente, otros ojos.

Lee el libro interactivo y completo de forma gratuita haciendo clic en el enlace.

[1] Estado de sobrecarga informativa que impide profundizar en los temas y dificulta la construcción de un criterio propio debido al exceso de datos sin procesar.

[2] Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad: es una condición del neurodesarrollo que afecta la regulación de la atención, el control de los impulsos y el manejo de las funciones ejecutivas.

Por ello, escribir las memorias regionales del Sur de Colombia constituye hoy una tarea urgente, acaso una de las más importantes formas de resistencia frente a la amnesia histórica que acompaña a la modernidad contemporánea. El cuarto tomo de Patrimonio Panga se inscribe precisamente en ese horizonte. No se trata únicamente de una compilación de artículos, testimonios o relatos; es un ejercicio de recuperación de la palabra colectiva, una invitación a escuchar las múltiples voces que han dado forma a la historia profunda de Nariño, el Cauca y el Macizo Andino. Sus páginas nos recuerdan que la historia no habita exclusivamente en los archivos oficiales ni en los monumentos erigidos por los vencedores. También vive en la memoria de las abuelas, en las narraciones campesinas, en los caminos de herradura, en los rituales comunitarios, en las fiestas populares y en los silencios que durante siglos han custodiado los pueblos.

La oralidad aparece aquí como una de las expresiones más poderosas de la cultura. Antes de convertirse en escritura, la memoria fue palabra compartida alrededor del fogón, conversación entre generaciones, enseñanza transmitida mediante el ejemplo y la experiencia. En ella se conservan formas particulares de comprender el mundo, la naturaleza, la muerte, lo sagrado y la existencia misma. Cada relato oral constituye una filosofía de vida; cada mito, una explicación del universo; cada tradición, una respuesta colectiva a las preguntas fundamentales de la condición humana.

Sin embargo, los tiempos actuales amenazan con fracturar esos vínculos. La aceleración tecnológica, la uniformización cultural y la lógica del mercado tienden a reducir la diversidad de las experiencias humanas a modelos homogéneos de pensamiento y consumo. Frente a ello, la escritura de las memorias regionales adquiere una dimensión política y ética. Escribir es resistir. Escribir es impedir que los territorios sean reducidos a simples coordenadas geográficas. Escribir es devolverles alma, rostro y palabra a las comunidades que los habitan.

Desde esta perspectiva, Patrimonio Panga IV constituye una apuesta por la construcción de una historia desde abajo, una historia narrada por quienes tradicionalmente han permanecido al margen de los grandes relatos nacionales. El proyecto Ágora Panga asume la memoria como un espacio de encuentro, diálogo y reciprocidad, donde convergen testimonios, archivos, vestigios arqueológicos, relatos orales y experiencias de vida que enriquecen nuestra comprensión del pasado y del presente.

La obra se nutre de las percepciones andinas y de las múltiples formas de conocimiento que han florecido en los territorios del Abya Yala. No busca imponer una verdad única ni una interpretación definitiva de la historia. Por el contrario, reivindica la pluralidad de voces y reconoce que la realidad solo puede comprenderse plenamente desde la diversidad de las experiencias humanas. En sus páginas confluyen cuentos, crónicas, investigaciones, memorias autobiográficas, reflexiones filosóficas y testimonios que permiten reconstruir una cartografía cultural profundamente arraigada en la geografía y en la sensibilidad del Sur colombiano.

Las páginas de Patrimonio Panga IV están atravesadas por una misma inquietud: la necesidad de salvar del olvido las huellas que dan sentido a la existencia de los pueblos. Allí aparecen reflexiones sobre el ser nariñense como expresión de una identidad histórica singular; críticas a las formas de conocimiento que durante siglos han subordinado los saberes locales; ejercicios de recuperación de la memoria territorial de los pueblos originarios; y aproximaciones al universo simbólico del Macizo Colombiano, donde la espiritualidad, la naturaleza y la vida comunitaria conforman una misma trama cultural. Cada texto constituye, a su manera, un esfuerzo por comprender las raíces profundas de un territorio que se resiste a desaparecer bajo los discursos uniformadores de la historia oficial.

Particular relevancia adquieren los relatos que rescatan personajes populares, memorias familiares y experiencias cotidianas. En ellos emerge una historia distinta de aquella que suele registrarse en los manuales escolares. Son estas historias las que terminan revelando el verdadero rostro de una región. La vida del campesino, la palabra del artesano, las travesías del músico popular, las luchas de los líderes comunitarios o las memorias de quienes vivieron la violencia constituyen piezas fundamentales para comprender la complejidad histórica de nuestros territorios.

Resulta especialmente valioso que la obra reivindique espacios simbólicos como la tulpa y la chagra. Ambos representan mucho más que prácticas tradicionales: son auténticas escuelas de la memoria. Alrededor de la tulpa se transmitieron conocimientos, afectos y formas de comprender el mundo; en la chagra se cultivaron no solamente alimentos, sino también relaciones de reciprocidad entre los seres humanos y la naturaleza. Son territorios de conocimiento que desafían las lógicas individualistas de la modernidad y recuerdan la importancia de la vida comunitaria.

Quizás el mayor mérito de Patrimonio Panga IV sea recordarnos que la memoria no constituye una mirada nostálgica hacia el pasado. La memoria es, ante todo, una herramienta para construir futuro. Los pueblos que conocen sus raíces poseen mayores posibilidades de enfrentar los desafíos del presente. Quienes ignoran su historia terminan condenados a repetir las formas de dominación que otros han escrito para ellos.

Por ello, la escritura de las memorias regionales del Sur de Colombia debe entenderse como una tarea colectiva de enorme trascendencia cultural. No basta con conservar documentos en los archivos o acumular fechas en los libros. Es necesario escuchar las voces de las comunidades, registrar sus experiencias, comprender sus cosmovisiones y reconocer la riqueza de sus saberes. En cada relato rescatado se preserva una parte de nuestra humanidad; en cada memoria escrita se abre una posibilidad de diálogo entre generaciones.

Patrimonio Panga IV nos invita, en última instancia, a asumir la memoria como una forma de dignidad. Porque un pueblo que escribe sus historias deja de ser objeto de narraciones ajenas para convertirse en sujeto de su propio destino. Y porque en estas montañas del Sur, donde confluyen la palabra indígena, la memoria campesina y los sueños de innumerables generaciones, la historia sigue esperando ser contada por quienes la han vivido.

Fotos: Pablo Alejandro Muñoz Martínez.

El silencio que ya no guardo

Mi voto

La voz que nadie puede callar: cuando el miedo cruza todas las fronteras

Decidí publicar un fragmento situado de las conversaciones que he tenido con Margarita Rosa. Lo hice tras un largo proceso de metaconciencia, de sopesar cada palabra y cada consecuencia. Entendí con absoluta claridad que el interés público está por encima de cualquier vínculo particular. No se trata de exponer mensajes aislados ni detalles de una amistad, ni de revelar secretos de la vida privada ni intimidades que no le conciernen a nadie. Se trata de poner sobre la mesa una denuncia que el país necesita escuchar, analizar y asumir como propia. El diálogo que compartí no es privado. Es una advertencia sobre la realidad que vivimos, sobre la polarización extrema que nos divide y sobre el hecho aterrador de que hoy, en Colombia, estamos votando con miedo.

Lo que dijo Margarita Rosa es revelador y trascendente. Es una mujer rica, poderosa, con marca personal consolidada, con agenda y agencia propia, con todos los recursos para protegerse y con la posibilidad de vivir lejos de las dificultades cotidianas. Y aun así, habla aterrorizada. Expresa con angustia el temor real de ser incluida en una lista de exterminio si llega a ganar la derecha colombiana. Esa afirmación cambia todo el panorama. Muchas personas pueden pensar que las advertencias sobre listas o persecuciones son exageraciones cuando vienen de voces anónimas, de personas sin recursos o sin herramientas de protección política o social. Y cuando ese mismo miedo sale de la boca de alguien que, en teoría, debería estar fuera de peligro por su posición, surge la pregunta inevitable y urgente:

¿Cómo es posible que mujeres poderosas sientan el mismo terror que las mujeres que caminan solas por las calles, que no tienen nada y están totalmente desprotegidas? ¿Cuál es el fenómeno que hace que el miedo no entienda de riqueza, de influencia ni de estatus? ¿Por qué ante la amenaza de muerte o persecución, todas nos volvemos iguales ante la fragilidad de la vida?

Esta no es la primera vez que escucho advertencias de este calibre.

Recuerdo con dolor y culpa profunda lo que me contó Viviana, quien fue jueza de la República. Me llamó por teléfono para decirme claramente que la iban a matar. Me aseguró que nunca había tenido ganas de quitarse la vida y que lo que le esperaba era una muerte provocada por otros.

En ese momento decidí no hacer nada, no hablar, no difundir sus palabras. Pensé entonces que, al ser una mujer poderosa, rica, con agenda y agencia propia, y por su condición de jueza de la República, tenía todas las garantías para defenderse sola. Equivoqué mi juicio por completo.

Poco tiempo después apareció muerta. La versión oficial habló de sobredosis y otras causas.

Yo no creo en esa historia. No tengo herramientas para investigar, ni pruebas para presentar, ni capacidad para cambiar lo establecido. Solo me quedó aceptar la verdad oficial y cargar con la duda eterna. Hoy tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que no le presté la atención debida, que no hice mi aporte, aunque hubiera sido pequeño o inútil. Y lo que pesa no es la utilidad de la acción, sino el silencio que elegí. Por esa razón, hoy he tomado una decisión irrevocable: no voy a volver a callarme ante este tipo de anuncios, vengan de quien vengan.

Lo que dicen los hechos: el nuevo mapa del poder

Para comprender a fondo lo que sucede, pongo en diálogo esta experiencia vital con la lectura aguda y rigurosa que hace Hernando Gómez Buendía en su texto Primera vuelta: las ocho cosas que no se dijeron. Sus palabras son el diagnóstico exacto de este momento histórico. Yo comparto cada una de sus apreciaciones, porque coinciden plenamente con lo que he vivido, con lo que he escuchado y con lo que me llevó a cambiar de opinión para tomar la decisión más difícil de mi vida pública.

Gómez Buendía explica que a Iván Cepeda no lo derrotó Abelardo. Lo derrotó la abstención. Su apuesta de movilizar a millones de personas que normalmente no votan no alcanzó la fuerza esperada. Él representa una forma de ver el mundo que considera que la paz se construye negociando con todos, que la riqueza debe distribuirse, que las víctimas tienen un solo rostro y que el Estado debe tener un papel central. Son posturas que ya han probado sus límites en demasiadas partes del mundo. El autor señala también que Abelardo se ha convertido en el nuevo líder de quienes votan contra la política tradicional, tal como pasó hace cuatro años. Hay una diferencia fundamental: él no está solo. Lo respaldan las maquinarias, los partidos, los dirigentes regionales y todos aquellos que tienen un único objetivo: impedir que el proyecto de gobierno actual continúe.

Lo más revelador de su análisis es cuando describe a Abelardo como el jefe de una nueva derecha, distinta a la de siempre y ajena al uribismo que quedó electoralmente derrotado con la baja votación de Paloma Valencia. Es una derecha que gira alrededor de una persona, que prefiere el espectáculo a la doctrina, que habla de enemigos y no de programas, que moviliza rabia y miedo antes que ideas, y que promete castigo en lugar de soluciones. Y aquí es donde su texto se cruza dolorosamente con lo que yo he escuchado de mujeres poderosas y amenazadas. Gómez Buendía advierte con claridad que el riesgo autoritario que señalan en el otro lado es falso o exagerado. Dice que la constituyente que se usó como amenaza no tiene ni los votos ni las condiciones para salir adelante. Es el pretexto perfecto para que Abelardo se presente como defensor de las instituciones. Al mismo tiempo, su programa plantea megacárceles, miles de presos sin condena, ocupación militar, cierre de entidades y desmantelamiento de lo público, todo ello amparado por el poder económico, político e internacional que lo respalda.

El autor marca una diferencia decisiva: la que existe entre querer poder y tener realmente el poder para imponerlo. Y es ahí donde su argumento me da la razón pública a mis miedos más profundos. Lo que él describe como estilo, como forma de hacer política y como proyecto de poder, es exactamente lo que las voces que yo escucho identifican como peligro de muerte. Esa mezcla de espectáculo, enemigos imaginarios, promesas de castigo y respaldo total de las estructuras del Estado, es lo que hace posible que alguien anuncie con terror que existe una lista de exterminio. No es una exageración. Es la consecuencia lógica de lo que el análisis describe con tanta claridad. Todo lo que advierte Gómez Buendía coincide con lo que he vivido y con lo que he decidido denunciar. Sus argumentos fortalecen mi postura y me confirman que no estoy ante una percepción aislada, sino ante una realidad estructural que el país debe reconocer.

Mi cambio de rumbo: convicción, libertad y responsabilidad

Yo tenía una posición clara y distinta. Mi deseo democrático era votar a favor de Abelardo. Mi intención era hacerlo para ejercer control político desde una mirada feminista que no fuera petrista y que tampoco se doblegara ante lo establecido. Yo pensaba apoyar incluso la búsqueda de respaldo que hizo Francisco Santos hacia su candidatura. No lo hice porque me quedé petrificada ante la evidencia. Esto es real, no es un invento. Comprendí entonces que mi actitud inicial, legítima desde la política, podría estar favoreciendo un escenario aterrador: la posibilidad real de que, apenas él llegue al poder, se desate un exterminio contra personas de izquierda, contra petristas, contra todos aquellos que no piensen igual a la línea oficial que se impondría desde el Estado. Por eso tuve que recular. Por eso explico hoy con total transparencia por qué cambié de rumbo.

Quiero dejar algo absolutamente claro. Esta decisión no obedece a presión de grupo ni a inquisición partidista de ningún lado. No cedo a señalamientos, ni a campañas de descrédito, ni a intentos de silenciar mi voz o mi pensamiento. Soy una mujer putamente libre, con el derecho absoluto a rectificar, a equivocarme, a caerme y a levantarme cuantas veces sea necesario. Esa libertad no me aparta de la conversación política de mi país. Al contrario, me da autoridad para hablar con verdad. Mi cambio de postura responde exclusivamente a dos razones poderosas: el terror fundado de estar apoyando desde mi voto posibles crímenes de Estado, y la coincidencia total entre lo que he vivido, lo que he escuchado y el análisis riguroso que Gómez Buendía expone en su texto. Es la suma de la experiencia vital y la reflexión política lo que me trae hasta aquí.

Me preocupa profundamente cómo está funcionando la democracia participativa en Colombia. Me angustia la polarización, el chantaje, la dictadura del miedo en la que nos han sumido. Mi fuerza tiene palabra y es la única fuerza que me acompaña. Por eso hablo, porque al final del día, es lo único que puedo hacer.

El escenario que nos toca vivir: democracia bajo amenaza

Nos están poniendo a escoger entre dos escenarios aterradores. De un lado, una persona sobre la cual el análisis político nos dice que tiene el poder y la intención de imponer un orden basado en el castigo, y sobre la cual voces autorizadas me han advertido que prepara persecución y muerte sistemática desde las estructuras del Estado. Del otro lado, una propuesta que defiende ideas que no comparto, que ha modificado su discurso sobre la constituyente de manera sospechosa a pocas semanas de la elección, y que representa un modelo que también pone en riesgo las instituciones y la estabilidad. Esto es un chantaje moral absoluto. En un país serio ya estarían investigando todo esto con rigor. Yo defiendo una política posibilista, social, con trazabilidad y economía cooperativista. Nunca quise que me persiguieran por pensar así.

Gómez Buendía cierra su texto diciendo que la esperanza no está en los candidatos, sino en las instituciones, y advierte que la campaña ya entró en su etapa más oscura, marcada por denuncias infundadas de fraude, guerra sucia y el choque entre dos visiones que ya casi no se entienden. Yo voy más allá: esto no es democracia imperfecta. Es democracia terrorífica. Son elecciones marcadas por el terrorismo moral, el terrorismo político y también el terrorismo armado, con proselitismo que usa armas de verdad verdad. Nos obligan a elegir bajo miedo. Quien vota por uno lo hace por temor al otro. Nos quieren imponer la dictadura del miedo.

Voto en blanco: la única forma de no ser cómplice

Por eso mi decisión es definitiva. Voy a votar en blanco. Lo hago con terror, pero con conciencia absoluta. Lo hago porque no quiero ser cómplice de ninguna criminalidad de Estado, ni de derecha ni de izquierda. Desde ambos lados me exigen que me calle, que “coma callada” al amparo del voto secreto. Entiendo que muchos usen ese derecho para proteger la vida. Al mismo tiempo, aquí también se usa para prohibir el voto de opinión y el debate abierto en un país donde hablar de política rompe todo vínculo si no piensas igual.

Voto en blanco aunque me juzguen y digan que me desentiendo o que soy cómoda. Derecha e izquierda solo quieren votos obedientes o fanatismo movido por el miedo, no por propuestas serias. Afirmo que esta es la campaña del terror. Todo argumento ideológico se desvanece ante la amenaza concreta de una lista que apunta contra activistas, gente de izquierda y petristas. Tengo muchísimos amigos petristas y yo misma lo fui. No quiero que los maten ni que me maten por pensar distinto ni por ejercer mi libertad.

No me importa lo que piensen de mí. Me importa que se dé el diálogo de fondo. Que entendamos por qué estamos votando bajo amenaza. Que sepamos que hasta quienes tienen todo el poder sienten el mismo miedo que los desprotegidos. Que aceptemos que el revólver moral y el revólver real son las cartas que se juegan hoy.

Yo no volveré a guardar silencio. Viviana, jueza de la República, Margarita Rosa, el análisis serio de Gómez Buendía y tantas otras voces me enseñaron que callarse es también ser cómplice. El país merece saber toda la verdad. Yo la pongo sobre la mesa con todas sus letras, con todo su dolor y con toda la responsabilidad que merece. Que cada uno decida qué hace con ella. Que nadie diga después que no lo sabía.

La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

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Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

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Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

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Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

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Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un aparente cementerio de frailejones. Esa fue la desoladora imagen que dejó tras de sí el voraz incendio que el 22 de enero de 2024 arrasó con una parte del Páramo de Berlín, ubicado a una hora y media de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, y estas plantas nativas de Colombia. Durante casi cinco días el fuego ardió, consumiendo 317 hectáreas, de acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental en la región.

“El ingeniero Javier [Leal] me llamó como a las 4.30 de la mañana. Me dijo que se estaba presentando un incendio en el predio de Plan de Mesa y yo inmediatamente acudí al lugar. Cuando llegué me encontré algo muy impresionante: era un incendio ya muy avanzado. Fue terrible, las llamas, la altura, todo”, recuerda José Yamel Moreno, guardabosques del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre esos primeros momentos de la emergencia.

La dimensión del desastre no solo quedó registrada en las imágenes que se transmitieron a través de los medios de comunicación, sino también en las que investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tomaron días después de la tragedia, al sobrevolar el páramo con drones. “Estaba todo completamente negro, chamuscado. Solamente se veían los tallos de los frailejones”, relata Paula Uzcátegui, quien en ese momento era estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas de la UIS.

Uzcátegui, quien además había cursado dos años de biología, estaba por esos días buscando un proyecto de grado en el que pudiera unir sus dos carreras. Las imágenes de dron capturadas por estudiantes del profesor Björn Reu, un ecólogo alemán que desde hace 10 años vive en Colombia, fueron el punto de partida para que ella ayudara a resolver un interrogante: ¿cómo podían hacer uso de la inteligencia artificial para monitorear el estado de la vegetación de ecosistemas de difícil acceso como los páramos?

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Para Reu y sus estudiantes, el incendio representó al mismo tiempo una urgencia científica y una oportunidad inédita para estudiar el páramo y su respuesta ante el impacto del fuego, dada la cercanía del predio afectado con Bucaramanga.

Al llegar al terreno, seis días después del incendio, los miembros del grupo de investigación Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA) se propusieron observar dos aspectos: la recuperación general de la vegetación y el comportamiento particular de los frailejones. Lo que encontraron inicialmente llamó su atención: aunque gran parte del ecosistema había desaparecido, muchos frailejones habían resistido el fuego.

“Mientras toda la vegetación desapareció, los frailejones sobrevivieron; las hojas centrales persistieron y, pocos días después, incluso empezaron a florecer”, señala Reu. Esa resistencia planteó nuevas preguntas: ¿cuántos habían sobrevivido realmente? ¿Cuántos morirían con el tiempo? ¿Cómo monitorear un territorio tan amplio y de difícil acceso?

En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta para responder los interrogantes. Como Reu ya trabajaba con drones y sensores remotos, ahora necesitaba integrar capacidades de análisis de imágenes. El encuentro con Paula Uzcátegui permitió concretar esa posibilidad. Así nació un proyecto piloto que combinó vuelos de dron con algoritmos capaces de identificar frailejones uno por uno para contarlos y, de alguna manera, hacer un inventario de su presencia en el área de páramo afectada.

A diferencia de los métodos tradicionales, basados en pequeñas parcelas y extrapolaciones a áreas más amplias, Uzcátegui logró realizar un censo más completo, por lo menos de los ejemplares más grandes, registrando 86 000 frailejones en un área de 83 hectáreas.

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Una mirada desde gran altura

El proceso para entrenar un software de inteligencia artificial que sea capaz de contar frailejones, a partir de las imágenes capturadas por un dron, comienza desde el momento en que se hacen los sobrevuelos del área. “Primero se vuela el dron, que toma muchas fotografías que se sobreponen entre sí. Luego, con un software, esas imágenes se procesan y se convierten en un mapa continuo de toda el área”, cuenta la investigadora Uzcátegui.

No fue una tarea sencilla: la neblina, el viento y la menor duración de la batería en el páramo obligaban a trabajar en ventanas muy cortas de tiempo.

El encargado de esta misión fue Cristian Mateo Jaimes Prada, biólogo de la UIS, quien viene trabajando junto al profesor Reu en temas de teledetección y sensores remotos desde 2016. “Acá [en el Páramo de Berlín] estamos como a 3600 metros sobre el nivel del mar. Para el dron es un reto porque le cuesta más desplazarse por el aire menos denso de las alturas. Además, hay una cuestión de suerte para esperar una buena mañana, como la de hoy”, detalla Jaimes mientras la jornada de toma de imágenes llega a su fin por cuenta de la llegada inesperada de las nubes.

Jaimes señala que esa nubosidad —que apresuradamente convierte ante nuestros ojos un paisaje montañoso en una capa espesa de blanco que oculta los acantilados— muchas veces les juega una mala pasada en la toma de fotografías. Cuando se atraviesan, dejan un manchón blanco sobre el verde de las montañas y su vegetación.

En esta tarea, los investigadores también debían equilibrar altura y detalle. “Si vuelas muy alto cubres más área, pero pierdes resolución; si vuelas más bajo tienes más detalle, pero menos cobertura”, explica la ingeniera Uzcátegui.

Al final, para el estudio que ella lideró obtuvieron  —a partir de sobrevuelos realizados en agosto y diciembre de 2024 y en junio de 2025— tres ortomosaicos (mapas fotográficos aéreos) de alta resolución, donde cada píxel representa cerca de un centímetro. También obtuvieron otro ortomosaico de menor calidad, que abarcaba las 83 hectáreas quemadas, con una resolución de 3.6 centímetros por pixel y que es propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Ese contraste planteaba el primer reto técnico: lograr un modelo de IA que identificara automáticamente los frailejones tanto en imágenes muy detalladas como en otras más amplias y menos nítidas.

La segunda etapa de la investigación de Uzcátegui consistió en entrenar al algoritmo para reconocer cada planta. La investigadora partió de un modelo ya existente, diseñado para detectar objetos, y lo especializó. “Lo que hice fue entrenarlo con imágenes de frailejones. Corté los mapas y etiqueté alrededor de 12 000 plantas para crear un conjunto de datos de entrenamiento”, señala.

Con ese aprendizaje, el software se convirtió en un especialista capaz de identificar frailejones de manera automática en todo el mosaico. Aunque la precisión era mayor en las imágenes de alta resolución, los resultados en el mapa completo fueron suficientemente sólidos.

“En el área grande, de 83 hectáreas, detectamos cerca de 86 000 frailejones con un diámetro mayor a 20 centímetros”, señala la investigadora. De esta forma, el algoritmo no solo contó plantas una por una, sino que permitió construir un inventario detallado del ecosistema afectado, algo que habría sido casi imposible de lograr únicamente con trabajo de campo.

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Diagnosticar la salud de los frailejones desde el cielo

Paula Uzcátegui recuerda que, tras la visita al páramo realizada en diciembre de 2024, el equipo advirtió que la recuperación no era tan lineal como parecía en los primeros meses. El florecimiento de los frailejones, que en un inicio se había celebrado como esperanzador, podía no serlo tanto.

“Regresamos a finales de 2024 y fue cuando nos dimos cuenta de que estaban muriendo muchos de esos frailejones que se habían recuperado. Ahí dijimos que valía la pena no solamente contarlos, sino ver cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos”, explica la investigadora de la UIS.

La clave para dar ese paso estuvo en la incorporación de los datos del sensor multiespectral del dron, lo que permitió contar con información del infrarrojo cercano, una parte del espectro de la luz que no se puede ver con el ojo humano, pero que está muy cerca de la luz visible roja. En esa banda del espectro las plantas sanas reflejan la radiación, mientras que las dañadas la tienden a absorber porque las estructuras internas de la hoja ya no funcionan de la misma manera. Esta metodología se suele usar para el monitoreo de cultivos.

A partir de esa diferencia, el equipo calculó un índice de vegetación conocido como NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que compara la luz roja absorbida con el infrarrojo cercano reflejado. “Esa diferencia te dice qué tan saludable está la planta”, señala Uzcátegui.

Con los frailejones ya identificados por el algoritmo, el software calculó el promedio de ese índice dentro de cada ejemplar y estableció un umbral: por encima de él, la planta se consideraba viva; por debajo, muerta. Para comprobar los resultados, la investigadora también recolectó datos de validación en terreno poco después de haber capturado las imágenes de dron.

“El censo se hace con el mapa reconstruido con las imágenes de dron desde un celular, guiándonos por los datos del GPS. Esto nos permite estimar luego la mortalidad y tener certeza de que la estimación es buena, pero tiene cierto porcentaje de error”, señala. De esta manera, el ejercicio permitió estimar que cerca del 30 % de las plantas habían muerto un año después del incendio.

El hallazgo reveló, además, una dinámica inesperada: la mortalidad no ocurrió inmediatamente después del fuego. “Los frailejones no se murieron por completo por el incendio, murieron tiempo después”, señala el profesor Reu. Ese patrón coincide con reportes en otros páramos andinos, donde las plantas pueden morir incluso dos años después del evento, lo que hace necesario un seguimiento prolongado.

La posibilidad de repetir el análisis con nuevas imágenes abre, según Reu, una ventana inédita para estudiar la recuperación del ecosistema a largo plazo. “Con esta tecnología tenemos herramientas para hacer ese seguimiento en el tiempo”, afirma. Basta con nuevos vuelos periódicos para comparar los resultados: identificar cuántos individuos mueren, cuántos sobreviven y cómo aparecen nuevas plantas que, con el crecimiento, entrarán en el rango detectable por el algoritmo.

“Podemos tomar una foto cada año y contar los frailejones; así vamos a saber las dinámicas de mortalidad y regeneración”, explica. Para el ecólogo, el mayor valor del método es que permite realizar monitoreos continuos con pocos recursos, algo poco frecuente en estudios de este tipo. “Eso demuestra que con bajo presupuesto es posible hacer un seguimiento a largo plazo”, indica, y agrega que esto convierte a la herramienta en vital para comprender cómo se recuperan los páramos tras el fuego.

El enfoque, además, abre la posibilidad de replicar la metodología en otros ecosistemas de alta montaña. Desde el punto de vista técnico, el profesor Hoover Fabián Rueda Chacón, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explica que el modelo fue entrenado para reconocer la forma de roseta típica del frailejón.

“Es una forma similar [en las distintas especies de frailejón], desde el punto de vista de morfología. Tengo mucha esperanza de que sea aplicable directamente”, afirma el ingeniero de sistemas que también acompañó, junto a algunos de sus estudiantes, a los biólogos en su salida más reciente al páramo este año. Esta colaboración es algo poco común entre los profesionales de estas disciplinas, pero Rueda asegura que este proyecto lo ha hecho posible.

No obstante, el ingeniero advierte que podrían requerirse ajustes según las especies presentes en cada páramo, ya que en este proyecto se enfocaron en las características de Espeletia standleyana, la especie de frailejón que se ve con mayor frecuencia en el Páramo de Berlín. “En el peor de los casos puede que nos toque reentrenar, como lo hicimos acá, con un conjunto más reducido de imágenes de los frailejones particulares de otro páramo”, añade.

Sin embargo, para el investigador, esa flexibilidad es precisamente una de las fortalezas del método: la inteligencia artificial permite adaptar el análisis a distintos territorios y monitorear zonas de difícil acceso, ampliando las posibilidades de seguimiento y conservación de estos ecosistemas andinos. A pesar de esto, los científicos son enfáticos en que para darle continuidad a estos estudios se necesita financiación, un aspecto que suele ser un limitante para la ciencia en Colombia.

De momento, los investigadores de iBGA apuntan a seguir con los sobrevuelos para obtener más datos y desarrollar proyectos para mejorar el procesamiento y el monitoreo de la evolución y crecimiento de los frailejones a través del tiempo, incluso de manera individual. Con estas propuestas esperan participar en convocatorias para obtener más financiación.

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Un ecosistema que se recupera

En el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, el paisaje del páramo da cuenta de los cambios generados por la intervención humana. Sus frailejones, la especie más emblemática de estos ecosistemas, son más bajos y menos numerosos, en comparación con áreas más alejadas del complejo de Santurbán, del que forma parte el Páramo de Berlín.

Es un ecosistema que durante años ha sufrido las presiones de la ganadería y la agricultura, y en el que desde hace 15 años algunas de sus áreas empezaron a ser protegidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Es por esto que de las 317 hectáreas afectadas por el incendio de 2024 el 87.69 % (277.85) eran de predios pertenecientes a esta entidad.

De acuerdo con los expertos del AMB, dos años después del incendio, la recuperación en estas zonas del páramo avanza a ritmo lento, pero persistente. Javier Leal, ingeniero forestal enfocado en el proceso de conservación y gestión ambiental del acueducto, explica que la intervención humana ha sido mínima y deliberadamente cautelosa. “El área que fue quemada no la hemos tocado; lo único que hicimos fue delimitarla y aislarla para que no ingrese nadie y dejar que por sí sola se vaya recuperando”, señala.

La decisión, que contó con la asesoría de expertos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca, en primera instancia, permitirle al ecosistema recuperarse por su propia cuenta. Los especialistas han podido observar cómo la vegetación empieza a reorganizarse de manera natural.

Aunque el proceso es lento, el monitoreo constante, con apoyo de los investigadores de la UIS y de la inteligencia artificial, ha mostrado señales que el ingeniero Javier Leal considera alentadoras: “Si bien en este momento lleva una evolución adecuada, tenemos que esperar un poco más para ver cómo continúa el ecosistema”.

Sobre la duda de si reforestar es el camino para recuperar el páramo, Leal señala que aún es pronto para saberlo. “Si bien en este momento lleva una evolución que consideramos adecuada y significativa, tenemos que esperar un poco más para evaluar si es necesario hacer una intervención con frailejones y otras especies del páramo”.

Leal añade que cuando ocurren eventos que generan perturbaciones en áreas dedicadas a la conservación, la idea es que se vayan recuperando por sí solas, lo que se conoce como restauración pasiva. Intervenir inmediatamente, por ejemplo con la siembra indiscriminada de frailejones, puede amenazar la fragilidad del ecosistema porque la capa vegetal del suelo se ha visto destruida.

Desde la UIS, el equipo del profesor Reu también ha monitoreado en campo el progreso de la restauración del páramo. Un año después del incendio, la bióloga Andreina Ortiz López decidió observar el páramo a ras de suelo: no desde los drones, sino desde pequeñas parcelas distribuidas entre la zona quemada y otra que había permanecido intacta.

Entre noviembre y diciembre de 2024 comparó especies, coberturas y formas de crecimiento, y encontró señales discretas pero contundentes de recuperación. “Después de un año, al menos en el número de especies, eran muy similares; ya solo era cuestión de dejar que pase más tiempo para que la cobertura vuelva a ser comparable”, explica.

En los primeros meses, recuerda Ortiz, el paisaje había quedado “totalmente en ceros en cuanto a vegetación”, y la floración de los frailejones, un último esfuerzo reproductivo antes de morir, llamó la atención del equipo. El monitoreo posterior, a finales del 2024, mostró que el ecosistema comenzaba a reorganizarse por sí mismo: frailejones, pastos y otras plantas con semillas termorresistentes o estructuras protegidas rebrotaban lentamente, mientras aún persistían zonas con suelo descubierto.

Para la investigadora, el resultado más relevante es que el propio páramo parece tener la capacidad de recuperarse sin intervenciones directas.

Al visitar la zona en 2026 Mongabay Latam pudo ver un paisaje que sigue marcado por las cicatrices del fuego, pero que ya no es el mismo terreno desolado de los primeros meses. Ahora los frailejones más altos no están rodeados de tierra calcinada, sino del verde de los pastos y los musgos.

Según Javier Leal, el páramo comienza a mostrar una recuperación heterogénea, con áreas que avanzan con mayor rapidez que otras. “El ecosistema se va a recuperar; habrá zonas con un poco más de dificultad [en donde la restauración pasiva se puede quedar corta], y es en esas donde entraremos nosotros”, afirma sobre los posibles esfuerzos de reforestación a futuro. Es por eso que han aprendido a reproducir frailejones y otras especies de páramo en viveros.

La imagen del Páramo de Berlín hoy es la de un territorio en transición: menos negro –aunque aún están presentes los frailejones que murieron– y más verde. Aunque frágil todavía, el páramo está encaminado a reconstruir lentamente su equilibrio: diversas zonas llenas de pequeños brotes de nuevos frailejones son un reflejo de esperanza.

*Imagen principal: el Páramo de Berlín, justo después del incendio de 2024. Foto: cortesía Bjorn Reu.

El artículo original fue publicado por Alejandra López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La inteligencia artificial (IA) es protagonista constante de debates y polémicas sobre los usos que las personas puedan darle, pero en lo que sí parece haber un consenso es en que llegó para quedarse. El lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 fue un punto de inflexión en el tema porque eliminó la necesidad de saber programar y, por primera vez, cualquier persona podía interactuar con la IA simplemente escribiendo en su idioma nativo, como si hablara con otra persona. Su uso se expandió rápidamente y cientos de herramientas de IA empezaron a surgir.

La ecología y la conservación no fueron la excepción. El uso creciente de la tecnología, como las cámaras trampa y la bioacústica, ya ayudaba a los científicos a monitorear bosques, seguir especies, y elaborar programas y proyectos para la protección de la biodiversidad. Sin embargo, el gran volumen de información requería de un intenso trabajo por parte de los investigadores para procesarla.

En otras palabras, se generaba un cuello de botella en el que se obtenían datos en poco tiempo, pero las conclusiones sobre esos datos podían tomar meses e incluso años. Fue precisamente ahí donde la inteligencia artificial empezó a ganarse un espacio.

“El gran paso adelante de la IA no es que identifiquemos aves —los expertos también identifican aves—. Lo interesante con la IA es que nos permite hacer 100 o 1000 veces más procesamiento de datos que antes. Esa es la cosa crítica”, asegura Jörg Müller, profesor de Ecología Animal y Biología Tropical de la Universidad Julius-Maximilians de Würzburg (Alemania) y subdirector del Parque Nacional Bosque Bávaro.

En América Latina ya existen proyectos que han obtenido resultados que hace unos años parecían imposibles de lograr. En Argentina, biólogos y físicos trabajan de la mano para grabar y procesar los cantos de un ave esquiva que se creyó extinta durante 40 años y así conocer más sobre su comportamiento y sus movimientos. En Ecuador, un proyecto científico detecta en tiempo real los sonidos de las motosierras y los disparos para que dos comunidades indígenas kichwa puedan proteger su territorio en la Amazonía. En Colombia, una investigadora se alió con una institución pública para sobrevolar un páramo calcinado y al procesar los videos de dron reconocer cuántos frailejones murieron y cuántos sobrevivieron.

El Instituto Smithsonian trabaja contrarreloj en Panamá para describir la gran variedad de insectos que habita en la isla de Barro Colorado antes de que se extingan, mientras que científicos tratan de identificar por sus manchas a cada jaguar que habita en la Reserva Nacional Tambopata en Perú y un proyecto innovador en Costa Rica clasificó con precisión y devolvió a los océanos más de una tonelada de conchas que los turistas intentaban sacar ilegalmente del país.

Estos son sólo algunos de los casos de éxito que Mongabay Latam presenta en este especial periodístico donde la IA se ha convertido en una aliada para conservar la biodiversidad.

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Procesando datos a gran velocidad

“Instalamos cámaras hace 20 o 25 años, cuando tenían rollo. La tecnología de las cámaras evolucionó, son digitales, las puedes dejar cuatro meses en el campo y ahora instalamos hasta 200 cámaras. Tienes muchas más imágenes que antes y necesitas inteligencia artificial para procesar toda esa cantidad. En un muestreo, fácil te salen 500 000 imágenes”, dice Mathias Tobler, investigador del San Diego Zoo Wildlife Alliance en Tambopata, Perú.

De hecho, un artículo publicado en la revista Biología Futura en 2024 ya mencionaba que la inteligencia artificial, especialmente el deep learning —que utiliza redes neuronales artificiales para imitar el aprendizaje humano, permitiendo que las computadoras procesen datos complejos, reconozcan patrones y realicen tareas de forma autónoma—, ya es muy relevante para la conservación de la biodiversidad porque ayuda a procesar enormes volúmenes de datos que antes eran demasiado lentos de analizar manualmente. Es por esto que la IA está pasando de ser una herramienta experimental a una infraestructura central para monitoreo, predicción y priorización de acciones de conservación.

Con el paso de los años, la IA está pasando, efectivamente, de un rol secundario a uno central en la conservación. Luego de que un voraz incendio consumiera más de 300 hectáreas del páramo de Berlín, en Santander (Colombia), la investigadora Paula Uzcátegui utilizó drones para sobrevolar el área y con el uso de la IA estimó qué tanto afectó el fuego a los frailejones de la zona, una tarea que a escala manual sería supremamente lenta.

“Desde los drones se pueden ver patrones a una escala a la que antes tú no podías ver. Puedes ver patrones a nivel de cientos de hectáreas y también puedes tener datos de miles de individuos [frailejones]”, comenta Uzcátegui. “La mortalidad la determinamos a partir de la información multiespectral del sensor. No teníamos que ir al lugar para saber si los frailejones estaban vivos o muertos, sino que se veía por el sensor”, agrega.

El procesamiento de imágenes de cámaras trampa y satélites para detectar fauna o cambios en la cobertura forestal es uno de los principales desarrollos de la IA en el campo de la conservación, pero no es el único. El artículo menciona también el análisis de bioacústica y textos, por ejemplo para reconocer cantos de aves o extraer observaciones de redes sociales. También hay sistemas híbridos más eficientes, como el active learning —subcampo del aprendizaje automático donde el algoritmo elige inteligentemente qué datos necesita aprender en lugar de procesar grandes cantidades de información de forma pasiva—, que reducen el trabajo de etiquetado y clasificación humana casi por completo en algunos casos.

Aunque la IA está cada vez más presente en los proyectos, aún no se ha desarrollado todo su potencial. Jorge Ahumada es gerente de conservación en WildMon, una ONG dedicada al monitoreo de biodiversidad y conservación de ecosistemas mediante herramientas de IA, y director ejecutivo de Wildlife Insights, una plataforma global basada en la nube que con IA ayuda a gestionar, analizar y compartir fotos y datos de cámaras trampa para la conservación de la fauna. Según dice, el campo de la IA en conservación “está ahora comenzando”.

“El mayor uso lo veo en tratar de desembotellar el procesamiento de la información básica, mientras que los ecólogos se encargan de los análisis más grandes, ya que llevan muchos años enfocados en métodos para trabajar con la biodiversidad. Yo veo que hay un potencial muy grande para automatizar muchas cosas”, asegura Ahumada.

Muchos científicos están convencidos de esto. Gabriel Mindlin, director del Laboratorio de Sistemas Dinámicos de la Universidad de Buenos Aires, asegura que “la inteligencia artificial va a modificar dramáticamente los esfuerzos de conservación porque va a incorporar un montón de herramientas que permitirán procesamientos masivos de datos cuantitativos para su posterior manejo por parte de expertos”.

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El control sigue siendo humano

“La tecnología CNN [Red Neuronal Convolucional en español] actual es capaz de alcanzar más del 90 % de la precisión humana en la identificación de especies en imágenes de cámaras trampa”, indica el artículo publicado en la revista Biología Futura. Sin embargo, reconoce que para llegar a ese éxito se depende de una gran inversión previa de trabajo humano, pues se deben tener identificadas las especies para que el modelo pueda aprender.

Los expertos enfatizan en que no se trata de reemplazar a los científicos —es más, consideran que es muy poco probable que esto ocurra— sino que puedan dedicarse a asuntos de fondo al ahorrarles tiempo en trabajo repetitivo y hasta operativo. Jorge Ahumada afirma que el valor de un científico radica en responder preguntas mucho más complejas que suceden en los sistemas naturales y la inteligencia artificial aún está muy lejos de eso.

Por ejemplo, una de las preocupaciones de Maxim Larrivée, director del Insectario de Montreal, Canadá, es que los insectos están extinguiéndose a gran velocidad y aún se desconoce el nombre de muchos de ellos. En este momento, dice, existen algoritmos de IA capaces de identificar insectos y nombrarlos, pero sólo pueden hacerlo con las especies que conocen. “Lo que hicimos fue dar vuelta al guión y entrenamos a un algoritmo para reconocer insectos —mariposas nocturnas, en este caso— que nunca había visto. De modo que es capaz de decir: ‘nunca he visto esto, pero se parece mucho a algo que conozco’, y eso ayuda a acotar qué es esta nueva especie y con qué está asociada”.

Para Larrivée, esto es un avance importante porque “todos estos insectos existen allá afuera en el neotrópico y en los trópicos del mundo, pero no tienen nombre porque no tenemos el ‘ancho de banda’ humano para describirlos y catalogarlos”.

Pero no solo se trata de procesamiento y análisis de imágenes, sino también de sonidos. “Con los audios nos ha tomado más tiempo, pero ya empezamos a ver resultados. Tenemos la información, pero siempre hace falta una validación humana. Igual que con las imágenes de cámaras trampa, los audios tienen que pasar por un humano que confirme lo que dice la inteligencia artificial”, comenta David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco en Ecuador, sobre el trabajo que realizan en la Amazonía para detectar, por sonido, diferentes especies de animales y amenazas como motosierras y disparos.

En Argentina, la IA también permitió que un grupo de científicos conociera más sobre la enigmática gallineta chica (Rallus antarcticus). Como esta ave es muy difícil de observar, sólo a través de sus sonidos pudieron detectar los sitios de la Patagonia donde aún habita.

Pero no se conformaron con esto: “Lo que se hace bastante es identificar especies por su canto, usando redes neuronales. Lo que estamos haciendo es ir un paso más allá y decir: ‘bueno, no sólo queremos identificar qué especie está cantando, sino qué individuo de esa especie está cantando’”.

Estas experiencias de conservación se sustentan en un concepto que aparece cada vez con mayor frecuencia en estudios sobre inteligencia artificial: human in the loop, mediante el cual los expertos participan proporcionando retroalimentación y evaluando las respuestas del sistema durante el entrenamiento del modelo, lo cual es esencial para limitar sesgos y alucinaciones. La IA trabaja a gran escala y reduce esfuerzo, pero el humano conserva el control en las etapas críticas.

“Mi postura definitivamente es: necesitamos a los expertos más que nunca, y todas las nuevas técnicas, desde el metabarcoding [técnica genética que identifica a la vez a todas las especies presentes en una muestra compleja, como agua o tierra] hasta la acústica, necesitan a los expertos urgentemente”, afirma el profesor Jörg Müller.

Yolanda Camacho, bióloga de la Universidad de Costa Rica, asegura que su experiencia utilizando la inteligencia artificial —para clasificar las conchas marinas que se iban a devolver a las playas costarricenses— le permitió comprobar el enorme potencial de esta herramienta para apoyar programas de conservación ambiental. “A mí sola me hubiera tomado mucho tiempo clasificar las conchas, hubiera tenido que pedir hasta seis meses sabáticos para completar la tarea”, dice Camacho, pero agrega que la IA no reemplaza el conocimiento y el trabajo de campo de años de un científico, pues su precisión depende completamente de la calidad de datos con los que se entrena el algoritmo. “Como taxónoma tenía que estar constantemente validando lo que la aplicación estaba mostrando. Si los datos son malos, la respuesta va a ser errónea”.

La premisa para Jorge Ahumada es simple: “no le vamos a creer a la inteligencia artificial todo lo que nos dice. Hay que verificar los datos”. Y esa verificación está en manos de los investigadores.

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El impacto ambiental y otros retos de la IA

El boom de la IA en conservación ha traído expectativas pero también preocupaciones. Por ejemplo, la industria de los centros de datos quiere construir nuevas instalaciones en la Latinoamérica a toda velocidad, prometiendo inversión, empleo y crecimiento para los países. Sin embargo, las comunidades vecinas a esos centros han mostrado varias preocupaciones, entre las que destacan menos agua y cortes de energía, como lo mostró el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en una investigación de 2025.

Las empresas tecnológicas que utilizan agua para el funcionamiento y la refrigeración de estos centros de datos podrían necesitar entre 4200 y 6600 millones de metros cúbicos de agua para 2027.

Los expertos consultados para este reportaje reconocen que mitigar y reducir los impactos ambientales es un asunto en el que se debe trabajar, pero también creen que poco a poco la industria tecnológica se enfocará en ser cada vez más sostenible.

Juan Lavista Ferres, director científico de datos de Microsoft, comenta que el principal reto es la transición de la generación eléctrica hacia fuentes de energía renovable para alimentar estos centros de datos, aunque el mercado de energías renovables aún no es lo suficientemente amplio para satisfacer toda la demanda actual.

“Hay muchos algoritmos que requieren un montón de generación eléctrica, por ejemplo, los grandes modelos de lenguaje (LLM por sus siglas en inglés), pero es importante destacar que no todos los algoritmos de inteligencia artificial consumen la misma cantidad de energía porque no están hechos de la misma forma”, destaca Lavista.

Pedro Galindo, científico de datos y líder del departamento de Tecnología Aplicada a la Conservación de la Fundación Jocotoco, señala que los modelos más pequeños, como las redes neuronales convolucionales (CNN), utilizadas para identificar cantos de aves, ranas o mamíferos, son mucho menos exigentes en términos de energía. Sin embargo, reconoce que casi siempre habrá algún tipo de impacto medioambiental.

En el caso de las CNN, dice Galindo, a pesar de su bajo consumo, necesitan paneles solares para su alimentación, los cuales contienen minerales específicos que tienen una vida útil limitada. Además, requieren baterías (de litio o gel) para almacenar la energía, lo que añade un impacto adicional, y los componentes electrónicos de estos dispositivos, como las tierras raras y los semiconductores, también contribuyen a afectar el medioambiente. Si bien considera que siempre hay que buscar el menor impacto posible, se cuestiona: “todo esto también lo tienes en tu teléfono. ¿Por qué no tenerlo a servicio de la conservación?”.

Jorge Ahumada plantea un camino a seguir: “Los que estamos trabajando en conservación debemos hacer mucho más énfasis en la necesidad de regulación ambiental en los países y que las compañías sean responsables en el manejo de la energía”, y añade que actualmente hay tanta inversión en inteligencia artificial, que lograrlo no debería ser un problema.

Lo que para Ahumada sí sigue siendo un problema es la financiación, pues gran parte de ella “todavía está muy orientada a inteligencia artificial en cosas comerciales, un poquito en ciencias aplicadas, pero poco en conservación”. Este es un gran reto porque las organizaciones que trabajan en el área de biodiversidad a menudo carecen de recursos, destaca Lavista.

Los expertos consideran que la IA en conservación debe ser incluyente y participativa, por lo que se debe proyectar su uso no sólo para los científicos sino para las comunidades campesinas y étnicas. Lavista asegura que “no queremos a nivel de sociedad que el uso de la inteligencia artificial amplíe la brecha digital que se generó entre la gente que sabe usar computadoras y la gente que no las sabe usar”.

Evitar esa brecha a su vez generará nuevos retos como un trabajo intensivo en capacitación y educación, pero es un trabajo que vale la pena “porque la inteligencia artificial permite separar la parte técnica y hacerla mucho más fácil para un grupo mucho más grande de personas”, concluye Ahumada.

*Imagen destacada: Cada una de las especies incluidas en el modelo fue validada por Yolanda Camacho, quien es curadora de colección en el Museo de Zoología de la UCR. Esto con tal de garantizar que la información que recibía la IA fuera exacta. Foto: cortesía FIFCO / Heineken.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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