Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

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—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

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—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

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—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Gobierno ordenó retirar más de treinta piezas del Museo Nacional de Colombia, entre ellas objetos relacionados con las luchas feministas, la población LGBTIQ+, los magnicidios de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa y la firma del Acuerdo de Paz de 2016. La decisión se inscribe en la llamada «contrarrevolución cultural» anunciada por el presidente, empeñado en restaurar unos valores tradicionales que, a juzgar por sus primeras decisiones, parecen necesitar para sobrevivir que desaparezca todo aquello que los contradiga.

Lo curioso, por decirlo de alguna manera, es que este gobierno de ultraderecha, que no pierde oportunidad para denunciar los males del comunismo, haya terminado protagonizando una escena que recuerda ciertos procedimientos de la Unión Soviética de Stalin. Uno habría esperado que sus asesores, tan aficionados a la defensa de la libertad y tan dispuestos a señalar los errores de la izquierda, conocieran al menos la historia de los regímenes que tanto invocan para asustarnos. Pero acaso pedirles que lean antes de censurar sea una forma excesiva de optimismo.

Stalin tenía una costumbre extraordinaria: cuando uno de sus antiguos compañeros caía en desgracia, no siempre le bastaba con encarcelarlo o mandarlo ejecutar. También había que borrarlo de las fotografías. Nikolái Yezhov, uno de los responsables del aparato represivo soviético, apareció junto a Stalin en una imagen tomada a orillas del canal Moscú-Volga. Después de su detención y ejecución, su figura desapareció de las versiones oficiales. Los retocadores reconstruyeron el paisaje para que el antiguo funcionario dejara de existir incluso en aquella fotografía. David King reunió estos y otros ejemplos en The Commissar Vanishes, un libro que documenta la falsificación de imágenes durante el estalinismo.

El procedimiento tenía una lógica impecable, si uno acepta la lógica de los tiranos: si alguien ha dejado de ser útil para el poder, tampoco merece haber formado parte de su historia. La fotografía, que debería servir como testimonio de lo ocurrido, se convierte entonces en una declaración de lo que el gobernante desea que haya ocurrido. El pasado deja de ser un territorio que se investiga y pasa a ser una propiedad privada del Estado.

Nuestro miserable Stalin criollo tiene una curiosa manera de combatir el comunismo: imitando, en materia de memoria, algunos de los procedimientos que tanto dice aborrecer. El abogado que llegó al poder después de construir una trayectoria profesional ligada a la defensa de los mafiosos y paramilitares en Colombia pretende ahora enseñarnos qué partes de nuestra historia merecen permanecer a la vista. Su cruzada contra la izquierda parece haberlo conducido a una paradoja que quizá no advierta: mientras denuncia el fantasma comunista, se arroga la facultad de corregir el pasado desde el poder. Stalin mandaba borrar de las fotografías a quienes habían dejado de convenirle; nuestro aprendiz de censor descuelga piezas que incomodan a su proyecto ideológico. No hace falta convertir la historia soviética en una caricatura para reconocer la ironía: quien dice combatir una tradición política termina recurriendo a mecanismos de exclusión que recuerdan algunos de sus episodios más conocidos. Y es que el autoritarismo, a diferencia de lo que creen sus devotos, no necesita declararse comunista o, como es el caso de Colombia, fascista, para querer decidir qué puede recordar una sociedad.

El argumento oficial habla de combatir la apología del terrorismo. Pero mostrar una pieza sobre Carlos Pizarro no equivale a justificar los crímenes del M-19; exhibir documentos sobre el Acuerdo de Paz no obliga a compartir todas las decisiones de quienes lo firmaron; conservar materiales sobre las luchas feministas o la diversidad sexual no convierte al museo en una organización militante. Un museo no es una tribuna que obliga al visitante a obedecer una doctrina. Es, precisamente, el lugar donde los objetos, los documentos y las interpretaciones deben ponerse a disposición del público para que este pueda examinar una historia compleja y, cuando sea necesario, discutirla.

Por eso importa tanto la autonomía curatorial. Las exposiciones permanentes del Museo Nacional fueron resultado de años de investigación y de un esfuerzo por incorporar experiencias que durante mucho tiempo quedaron relegadas a los márgenes del relato nacional. Retirar piezas sin presentar un nuevo guion curatorial conocido no constituye una revisión histórica rigurosa. Es, cuando menos, una intervención política cuya justificación merece ser examinada públicamente. Los museos de arte moderno que protestaron contra la medida tienen razón al reclamar que ningún gobierno convierta sus preferencias ideológicas en criterios para decidir qué puede ver la ciudadanía.

La ironía final es que los censores suelen sobreestimar su poder y subestimar la inteligencia de quienes los observan. Las paredes vacías del Museo Nacional no han conseguido borrar las luchas feministas, las vidas de las personas LGBTIQ+, los asesinatos políticos ni el proceso de paz. Por el contrario, han suscitado preguntas sobre lo que falta y sobre las razones de esa ausencia. El espacio vacío, que debía silenciar una historia incómoda, termina revelando la voluntad de silenciarla.

Quizá nuestro miserable Stalin debería aprender algo de aquel Stalin al que tanto se parece en sus pretensiones: ni siquiera el poder de un Estado puede garantizar que el pasado obedezca para siempre. Las fotografías sobreviven en los archivos; los documentos reaparecen; los testigos hablan; las generaciones siguientes descubren las huellas de aquello que se quiso borrar.

Y las paredes, tarde o temprano, vuelven a llenarse.

Albeiro Guiral
www.instagram.com/amguiral

El aire acondicionado de la habitación de Diego Calderón dejó de funcionar cuando él y su equipo ya se habían acostado, agotados después de una jornada de grabación en el Caribe colombiano. Al abrir la ventana, el biólogo y observador de aves escuchó algo que no había sonado cuando se fue a dormir: un coro de ranas que comenzaba a llenar la noche. Despertó al sonidista Sebastián Martínez y, cerca de la una de la madrugada, ambos volvieron a sacar sus equipos para registrar aquellos sonidos.

La grabación fue una coincidencia, pero también una muestra de la atención que exigía el trabajo: escuchar lo que aparecía, reconocerlo y encontrar la manera de capturarlo antes de que desapareciera. Esos sonidos terminarían integrados al paisaje sonoro de Cien años de soledad, la adaptación de Netflix de la novela del escritor colombiano Gabriel García Márquez.

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“Es un sonidito muy leve y seco, como un crrr, crrr, que se repite cada tanto y puede que alguien lo escuche en la serie y lo confunda con un insecto, pero es el sonido de una rana venenosa que grabamos en el Caribe colombiano”, describe Calderón. “En el momento en que está todo en silencio y que no suena nada, por allá al fondo, a lo lejos, crrr, crrr, suena la ranita. Y eso hace que el televidente se aterrice a que esa escena es real y está en un paisaje donde había vida”.

Durante cinco o seis días de trabajo en campo, Calderón y Martínez reunieron más de 30 gigabytes de grabaciones. El material incluyó cantos de cerca de 95 especies de aves, sonidos de cinco especies de anfibios y lagartos, varios mamíferos e insectos, además del viento, el agua y animales domésticos. La misión era construir una biblioteca sonora que permitiera escuchar un Macondo arraigado en los ambientes del Caribe colombiano, la región que inspira la geografía ficticia de la novela.

La necesidad surgió cuando el equipo de La Tina, el estudio colombiano encargado del diseño sonoro, visitó el lugar donde se filmó la serie. Para Andrés Silva, gerente del estudio, el paisaje acústico del rodaje no correspondía al universo que la historia necesitaba. La producción se realizó en el departamento del Tolima, en el interior del país, mientras que Macondo remite al Caribe, con sus propios sonidos, acentos y relaciones con la naturaleza.

“El caribe de colombiano es uno de los lugares donde hay mayor variedad de pájaros en el mundo”, explica Silva, diseñador de sonido e ingeniero de mezcla para audiovisuales. “Quisimos conseguir no solo fauna y sonidos de la zona —los ríos, el mar, el viento—, sino también el acento que en la costa es muy especial, por eso grabamos unos 150 extras para poder representar la actividad del pueblo. Eso fue una tarea muy interesante”.

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Del bosque seco a la ciénaga: los ambientes de Macondo

Calderón, biólogo y fundador de Colombia Birding, recibió el encargo a través de WhereNext, agencia creativa y productora audiovisual con la que había trabajado en proyectos anteriores. La primera temporada ya estaba filmada y editada, y sus escenas incluían sonidos procedentes de bibliotecas comerciales que no necesariamente correspondían a la fauna colombiana. La propuesta fue sustituir esos registros por sonidos capturados en la región que inspiró la historia.

El reto consistía en recorrer distintos ambientes en muy poco tiempo, por lo que diseñaron una ruta por el Caribe, entre La Guajira y los alrededores de la Sierra Nevada de Santa Marta.

En la interpretación de la geografía de la serie, narra Calderón, el recorrido comienza en un territorio árido, con cactus y vegetación adaptada a la escasez de agua; después asciende hacia montañas que evocan páramos y cumbres nevadas, para finalmente descender hacia las ciénagas donde se funda el pueblo. No se trataba de encontrar un único lugar que correspondiera a Macondo, explica el especialista, sino de reunir sonidos capaces de representar sus diferentes escenarios.

“Grabamos en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, porque esta gente subía a la sierra y debían tener aves completamente diferentes cantando allá arriba”, recuerda Calderón. “También grabamos en las zonas más bajas, en ambientes perturbados y rurales de fincas, de pastos ganaderos, de plátano… pero también grabamos en bosques en muy buen estado de conservación y en algunas zonas cenagosas o de humedales. Creo que cubrimos la mayor cantidad de hábitats y biorregiones posibles en el Caribe colombiano que permitieran a La Tina jugar al momento de diseñar el audio”.

La búsqueda también incluyó sonidos de perros, gatos, burros, gallinas, cabras, ovejas y cerdos. Estos últimos eran especialmente pertinentes por la presencia recurrente de la cola de cerdo en la historia de los Buendía.

“Los marranos eran súper importantes, porque siempre está esa vaina en la serie de que les va a nacer un hijo con colita de marrano, por eso tenían que estar sus sonidos”, ríe Calderón.

Una de las tareas más difíciles fue registrar aves en cautiverio. En la novela, José Arcadio Buendía llena Macondo de pájaros enjaulados y su algarabía se convierte en parte de la vida del pueblo. Durante una salida, Calderón y Martínez vieron una jaula en una casa y pidieron permiso para grabar. Al entrar, descubrieron decenas de aves silvestres capturadas por comerciantes ilegales.

“Eran unos comerciantes de aves que las capturaban en el monte”, recuerda el biólogo. “Tenían decenas de pájaros. Fue una escena que yo nunca había visto. Es normal ver uno o dos pájaros enjaulados, todo el mundo tiene una lora a la que quieren, pero la tienen secuestrada, básicamente. Pero ellos tenían decenas de pájaros en jaulas. Para mí fue muy difícil. Estuve casi llorando. Estaba grabando porque era necesario para la serie, pero fue muy duro”.

Las aves como personajes

De las cerca de 95 especies de aves registradas, algunas fueron seleccionadas desde el principio por su relación con personajes y situaciones de la novela. Uno de los ejemplos más claros son las oropéndolas, conocidas localmente en Colombia como gulungos o mochileros por sus nidos colgantes. Sus vocalizaciones tienen una cualidad extraña, casi electrónica, que llamó la atención de los diseñadores sonoros. Por eso se asociaron con Melquíades, el personaje misterioso que lleva a Macondo objetos, conocimientos e ideas que alteran la vida de sus habitantes.

“Los gulungos tienen un sonido muy futurista, muy de sintetizador o computacional, y lo hacen además mientras se paran en el nido y se mecen hacia adelante”, describe Calderón. “Es un sonido muy raro, muy sui generis y desde el principio La Tina quería que tratáramos de grabar gulungos para el leitmotiv [el sonido característico] de Melquíades”.

Para la plaza y el bullicio del pueblo se buscaron loros, guacamayas y pericos. El bichofué (Pitangus sulphuratus), un ave ruidosa y común en ambientes habitados, contribuiría a evocar la cotidianidad de las localidades caribeñas. También se incorporaron aves nocturnas, cuyos cantos podían acompañar momentos de tensión o anticipar que algo estaba por ocurrir.

Otro vínculo particularmente cuidadoso fue el de Rebeca, quien come tierra o barro cuando siente miedo. Calderón propuso asociarla con el cargabarro, un ave del género Furnarius que construye nidos de barro con forma de horno. Su canto acompaña algunas apariciones del personaje, lo que construyó una relación sutil entre el comportamiento del animal y la historia.

El banco de sonidos incluyó, además, un cuco conocido como sinfín (Tapera naevia), cuyo canto repetitivo se escucha en distintos momentos de la serie. “Esa ave silba dos notas ‘sin-fin’, por eso la gente le tiene ese nombre onomatopéyico”. Para Calderón, esa presencia ayuda a situar a Macondo en las tierras bajas del Caribe colombiano. Algunas personas le comentaron que reconocer esas aves les hizo recordar patios familiares, parques de pueblos y casas de sus abuelas en la región.

El trabajo también se extendió a los mamíferos. En el caso de los monos, Calderón pasó cerca de una hora bajo una tropa de aulladores que encontró hacia el final de la expedición.

“Muchas veces estaban en silencio, pero el silencio de una tropa de monos aulladores es cero silencioso”, describe Calderón. “O sea, el hecho de que no estén gritando o aullando, no hace que estén en mute: hay sonidos de conversaciones entre ellos, escuchas que se están rascando, alguna pelea, que están caminando en el techo del bosque, quebrando ramas y dejando caer frutas”.

Los insectos también aportaron detalles menos evidentes. En una pausa, Calderón y Martínez acercaron micrófonos a un camino de hormigas y consiguieron registrar el sonido diminuto de sus pasos.

De una biblioteca de sonidos a un paisaje vivo

Para Andrés Silva, el desafío era convertir esa colección de registros en un entorno que acompañara la historia sin limitarse a ilustrar lo que aparecía en pantalla. El diseño sonoro debía responder también a una pregunta: ¿a qué suena el realismo mágico?

“Esto no es magia, esto no es Harry Potter; es más bien el absurdo de la vida real lo que hace que las historias sean fantásticas”, explica. La naturaleza debía sonar reconocible, pero también podía contribuir a la extrañeza y al tono poético de la serie.

El conocimiento biológico ayudó a tomar decisiones concretas. La información entregada por Calderón incluía la identificación de las especies, sus hábitos diurnos o nocturnos, los ambientes donde viven y su relación con las personas. Ese contexto permitía saber, por ejemplo, qué ave podía escucharse cerca de una casa y cuál correspondía mejor a un bosque apartado.

Una vez recibidos los archivos curados y organizados, los diseñadores y mezcladores de La Tina escucharon el material con apoyo de un libro de aves colombianas y comenzaron a relacionar las especies con personajes, lugares y escenas.

La construcción final fue mucho más amplia que una sucesión de cantos. Según Silva, la sesión de Pro Tools de la primera temporada de la serie tenía alrededor de 700 canales: diálogos, voces reconocibles de extras, murmullos de fondo, ambientes continuos y sonidos específicos que entraban y salían a medida que avanzaba la acción. A esa mezcla se sumaban puertas, carrozas y otros sonidos de la vida cotidiana. La sensación de un ecosistema completo dependía de cómo interactuaban todas esas capas.

También importaba el silencio. Silva recuerda una escena en la que José Arcadio Buendía entra en un río y recibe, en una especie de sueño, la revelación del nombre de Macondo.

“Tú escuchas esa escena y es totalmente muda”, describe Silva. “Tienes un río que se ve muy potente y él está dentro, pero no suena nada. Es una composición como la música, con contrastes”.

Para Diego Calderón, el valor de llevar estas voces y sonidos del Caribe colombiano a millones de espectadores va más allá de la ficción: es una oportunidad para despertar curiosidad por las especies que comparten la vida cotidiana de las personas.

“Uno no conserva lo que no ama y no ama lo que no conoce”, concluye el biólogo. “Me parece muy chévere que la gente, viendo Cien años de soledad, pueda sentir que está visitando el patio de la casa de su abuela en Mompox, en el Caribe colombiano. Eso ya hace que la serie tenga un componente de conservación y de apropiación. Eventualmente, algunas de estas especies pueden ser valoradas de una manera diferente a través de una pantalla que supuestamente no debería serlo porque es otra industria —la del entretenimiento—, pero que también puede desencadenar la conservación”.

*Imagen principal: Verdulejo (Thraupis palmarum). Foto: cortesía Johnnier Arango / @TheAndeanBirder.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las flores de las orquídeas del género Dracula se asemejan a animales fantásticos. Esta particularidad las pone en el centro de un comercio internacional con dificultades para comprobar que los ejemplares tienen un origen legal. Este es el hallazgo central del artículo Dracula bajo amenaza: demanda persistente de un taxón de orquídeas amenazado y de distribución restringida, publicado en junio pasado en la revista Biological Conservation.

“Sabemos que las Dracula son de las orquídeas más deseadas entre los coleccionistas”, dice Edicson Parra-Sánchez, autor principal del artículo e investigador senior del Christ’s College de la Universidad de Cambridge. Además de la apariencia, su nombre fantástico, que viene del latín y significa “pequeño dragón” –no hace referencia directa al famoso vampiro de la ficción de Bram Stoker–, y su amplia gama de colores están entre las características que las vuelven atractivas, de acuerdo con el especialista.

El género Dracula comprende 133 especies que se distribuyen desde México por Centroamérica y hasta Perú. Sin embargo, la diversidad se concentra en Colombia y Ecuador. Solo este último país alberga 62 especies.

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Parra-Sánchez y un equipo de especialistas de Ecuador, Colombia, Costa Rica y el Reino Unido analizaron 34 087 registros de comercio reportados en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) entre 1977 y 2022.

Los autores encontraron datos que indican irregularidades e incluso tráfico ilegal. Más especies amenazadas por la extracción que las reportadas como comercializadas, países de exportación no nativos, altos volúmenes reportados como propagados artificialmente cuando se trata de especies difíciles de reproducir en laboratorio y venta incluso antes de que la especie exista formalmente para la ciencia son algunas de las alertas.

Para Marco Monteros, especialista en orquídeas, el trabajo de sus colegas permite corroborar con datos algo que para los orquideólogos es evidente desde hace años. “Las personas que trabajamos en la parte taxonómica nos damos cuenta de que existen muchas especies nuevas floreciendo en el extranjero”, dice el director ejecutivo de Fundación Ecominga, una organización no gubernamental ecuatoriana.

Lo anterior quiere decir que los ejemplares salieron de manera ilegal e irregular de los países de origen, con graves impactos para la conservación de especies únicas que están restringidas a pequeñas zonas geográficas de bosques nublados y bosques húmedos de montaña, precisa Monteros.

Exportaciones con volúmenes sospechosos

Según el estudio, entre 1981 y 2022 se exportaron 112 083 individuos vivos de 121 especies de Dracula, lo que equivale al 91 % de especies del género. Sin embargo, un porcentaje mayor, el 93 % está amenazado por la sobreexplotación, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El volumen anual pasó de 29 plantas en 1982 a un pico de más de 8200 en 2004, cuando Taiwán envió a Bélgica un solo cargamento de 4650 ejemplares de Dracula cordobae, una especie que hasta ahora solo ha sido registrada en el suroccidente de Ecuador.

“Si hubieran salido de Ecuador, tendría algo de sentido”, dice Luis Baquero, biólogo especialista en el género Dracula y coautor del artículo. Aun así, el volumen le parece sospechoso, pero no solo en este caso. En todos los registros de la base de datos se reportó que los ejemplares fueron propagados artificialmente.

Obtener permisos del Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador para colectar ejemplares en la naturaleza es “sumamente difícil”, asegura Baquero. De conseguirlos, después aparece otro reto, que es domesticar la planta y hacer varios ensayos hasta lograr la reproducción en laboratorio. Obtener una planta con flor puede tomar al menos cinco años.

Además, dice, las Dracula no son especies comerciales, es decir, no es común encontrarlas en las perchas de los supermercados como sí sucede con las del género Phalaenopsis o Cymbidium. “Es un nicho más específico, quienes compran Dracula son gente que sabe cultivarlas”, asegura Baquero.

“Se sospecha que bajo el nombre de Dracula cordobae deben haberse exportado muchas más especies, considerando que es muy difícil distinguir la mayoría de especies cuando se encuentran sin flor”, dice sobre el caso de Taiwán.

Pasar una especie por otra es lo que estaría sucediendo de manera general en el comercio de orquídeas, pues las autoridades portuarias no están capacitadas para corroborar que lo que se declara corresponde a lo que se exporta o importa, explican los especialistas.

Este caso ilustra uno de los principales hallazgos del artículo: el 49 % del comercio registrado se originó en países donde la especie no crece de manera natural.

Ecuador controló el 64 % del total de las exportaciones, lo que señala que desde el país también están saliendo especies no nativas, de acuerdo con Baquero. Le sigue Colombia, con el 18 % de las exportaciones. Mientras tanto, Alemania recibe el 68 % de todos los individuos importados. Estados Unidos desempeña un papel clave como intermediario al conectar con los principales países exportadores e importadores.

Especies no conocidas para la ciencia, a la venta

Los autores encontraron que el 89 % de las especies del género, 118 de 133, fueron descritas a partir de plantas que ya estaban en viveros. De esos casos, el 69.2 % de los especímenes usados para la descripción estaba fuera del país donde la especie crece de manera silvestre, principalmente en Estados Unidos.

“La mayoría de las especies Dracula estaban disponibles comercialmente sin que se conociera su identidad taxonómica, sus requerimientos de hábitat natural o incluso antes de que sus identidades estuvieran debidamente establecidas”, se lee en el artículo. Parra-Sánchez hace una analogía: esto es como si un niño sin documento de identidad saliera de su país de nacimiento.

En relación al momento de la descripción formal, los investigadores revelaron que D. fuligifera fue comercializada antes, D. tsubotae fue comercializada el mismo año y otras 20 especies fueron comercializadas menos de dos años después. Juntas representaron el 18 % de la base de datos.

Los investigadores identificaron algunas de estas especies a través de imágenes que promocionan su comercialización en redes sociales y páginas web. Los orquideólogos también identifican especies nuevas, todavía no descritas para la ciencia, en ferias y exposiciones internacionales, añade Baquero.

“A los pocos años de descubrir una Dracula no puede ser exportada. No hay forma en la que se haya tenido un número [de plantas cultivadas en laboratorios] para exportarla, necesitas volumen”, asegura Parra-Sánchez. Aquí es importante precisar que los ejemplares colectados de la naturaleza no pueden ser comercializados porque pertenecen al patrimonio natural de cada país.

Solo los reproducidos en laboratorio pueden ser comercializados, pero como explica Baquero, para pedir permisos de colecta, la especie debería estar descrita científicamente y, si es que se lo realiza de manera regular, los ejemplares para la venta deberían salir al menos cinco años después. Por eso, se sospecha que muchos de los ejemplares comercializados estén siendo extraídos de la naturaleza.

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El estudio también documenta que cerca del 10 % de todo el comercio internacional de Dracula, más de 11 000 individuos, se registró bajo identidades inciertas o incompletas. Por ejemplo, se registraron exportaciones bajo la etiqueta “Dracula sp.”, sin especificar a qué especie exacta pertenecía cada planta.

“Deberían cambiar las leyes para que la exportación suceda con nombres completos”, sugiere Parra-Sánchez. La regulación actual estaría permitiendo que los exportadores comercialicen diferentes especies con un solo permiso, sin necesidad de obtener autorizaciones nuevas, explica el investigador.

A Monteros le preocupan las implicaciones de este comercio ilegal. Muchas especies son endémicas y algunas incluso microendémicas, lo que significa que existen en espacios bastante reducidos. El director ejecutivo de Ecominga ha acompañado casos en los que las personas involucradas en la extracción de vida silvestre no solo remueven individuos aislados, sino que extraen poblaciones enteras. “Se genera un grave riesgo para su permanencia en estado silvestre e incluso se puede conducir a extinciones locales”, asevera.

Otro problema, señala Baquero, es que los países de origen están perdiendo el control sobre sus recursos genéticos, principalmente en los casos en los que la reproducción en viveros extranjeros está establecida. Esto implica la distribución desigual de los ingresos generados en la comercialización, afectando a los países de origen de las orquídeas.

Propuestas para disminuir la ilegalidad y la irregularidad

Todas las especies de Dracula están listadas en el Apéndice II de CITES, que permite el comercio regulado. Esto sucede a pesar de que el 71.5 % de las especies evaluadas por la UICN están catalogadas como amenazadas y que la sobreexplotación es señalada como la principal amenaza para cerca del 90 % de ellas.

Por eso, los autores proponen que el género pase al Apéndice I, que prohíbe el comercio a excepción de que se haya verificado que los especímenes fueron propagados en cautiverio. La medida “proporcionaría protección crítica para especies recién descritas, cuyas poblaciones silvestres permanecen completamente desprotegidas durante el periodo entre la descripción científica y el establecimiento de stocks cultivados verificables”, se lee en las conclusiones.

Además, proponen cuatro acciones regulatorias. En primer lugar, eliminar reportes a nivel de género, lo que Baquero considera que podría ayudar a la trazabilidad.

Como segundo punto, plantean documentar el hábitat natural de origen de las especies que todavía carecen esta información; tercero, usar código de barras genético/metabolómico para verificar si se trata de plantas silvestres o cultivadas; y, cuarto, establecer periodos de espera obligatorios entre la descripción de nuevas especies y su autorización comercial.

“No son acciones demandantes, son esfuerzos que se pueden hacer a pequeña escala y que van a tener una repercusión en toda la red de comercialización”, dice Parra-Sánchez. Aunque reconoce que el puente entre investigación e implementación es largo, este es el primer paso para proteger a las especies del género Dracula.

REFERENCIA

Parra-Sánchez, E., Baquero, L., Ordóñez-Blanco, J. C., Gil-Amaya, K., Edwards, D. P., & Morton, O. (2026). Dracula under siege: Persistent demand for a threatened and range-restricted orchid taxa. Biological Conservation, 321, Article 111986. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2026.111986

*Imagen principal: la orquídea Dracula cordobae es especie endémica de Ecuador. Los autores del informe encontraron irregularidades en su comercio internacional. Foto: cortesía Luis Baquero.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La opinión de Tomás Flórez abre, así, una reflexión sobre la moralidad y apela a la ética en tiempos convulsionados, en los que los magnicidios han vuelto a tocarnos. Pero, sobre todo, apela, con bondad, a la justicia, a la restauración y a la unidad.

En buena hora, y precisamente en estos momentos, necesitamos escuchar al futuro de Colombia, que, con su opinión, nos devuelve la esperanza y restaura la fe en nuestra amada patria.

Por Tomás F. Flórez Romero

Estudiante de Relaciones Internacionales y Jurisprudencia | Universidad del Rosario

Un sábado 7 de junio de 2025 se selló y se cerró el destino de una persona. En aquel instante, unos viles y cobardes dispararon en un barrio de Fontibón, se hizo inevitable y universal aquello que, por excelencia, define la vida: un desapacible magnicidio. En ese mismo lugar donde todo se decanta de una manera definitiva, donde incluso lo divino parece perder su arraigo, se cruzó la vida de una esperanza para nuestro país, destinada a acabarse por la cobardía de los grupos criminales o, incluso, por la responsabilidad mezquina del Gobierno complaciente de turno. Ahí, con todo el dolor, estaba Miguel Uribe Turbay.

Hoy, a un año y dos meses de aquel inexorable desenlace, en el marco del Summit de Liderazgo Valiente, tuvimos la oportunidad de honrar, una vez más y de manera pletórica, la vida de Miguel Uribe Turbay y cada uno de los rasgos que nos dejó como ejemplo para la construcción de un país mucho más justo, elevado en valores y principios que no son negociables.

Para ninguno de nosotros puede ser indiferente la historia de Miguel ni los percances que tuvo que atravesar a lo largo de su vida: el asesinato de su madre, Diana Turbay, durante un fallido operativo de la Policía Nacional; la persecución que sufrió su padre, el señor Miguel Uribe Londoño; y la permanente pretensión de sus contradictores de reducirlo a la condición de heredero de una tradición política por ser nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Pero Miguel respondía a esas circunstancias con una convicción propia. En sus palabras: “El servicio público no es un logro heredado, sino una decisión consciente de comprometerse con el destino del país”.

En este evento estuvo presente el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y su presencia me abrió una inquietud que considero inevitable: ¿estamos realmente entrando en tiempos conscientes, en los que las nuevas figuras políticas asumen un compromiso auténtico con nuestra “patria”? Porque hoy son muchos quienes, desde sus propias posiciones políticas e ideológicas, levantan las banderas de Miguel y reivindican su nombre. Pero honrar su memoria no puede reducirse a pronunciar su nombre, utilizar su imagen o apropiarse de aquello que representó.

Aquella afirmación puede ser bastante cuestionada, y no quiero que se me malinterprete. El Gobierno de Abelardo de la Espriella, en efecto, ha representado un cambio de 180 grados para el país. Se trata de un hombre que ha demostrado un talante decidido para adelantar sus propuestas, dispuesto a romper con el derroche y con la complacencia institucional a la que, en mi opinión, estuvimos acostumbrados durante cuatro años. También ha demostrado una determinación considerable para poner en jaque a los grupos al margen de la ley. Lo recalcó el señor De la Espriella durante su discurso de hoy: hizo referencia a la neutralización de alias «Robinson Gutiérrez», a quien las investigaciones de la Fiscalía y los comunicados oficiales han señalado como una persona presuntamente vinculada con la financiación y la planificación del asesinato de Miguel Uribe. De hecho, me atrevería a decir que el señor De la Espriella lo recalcó, sin exagerar, al menos cuatro veces. ¡Muy pertinente de su parte!

Pero es precisamente aquí donde quiero abrir el debate sobre la figura del presidente, y es a veces frustrante ver cómo el señor De la Espriella convierte reiteradamente la memoria de Miguel en parte de su propio relato político.

Quiero dar un paso atrás y volver a las elecciones presidenciales de las cuales Miguel era precandidato. Quiero citar las palabras de su amigo y mi compañero, Andrés Forero: «No sé si Miguel hubiera ganado las pasadas elecciones, pero tengo la íntima convicción de que, más temprano que tarde, él hubiera sido presidente de Colombia. Ya nunca lo sabremos, y eso ya no importa». Y quizá tenga razón. Lo verdaderamente importante es observar cómo, después de un magnicidio tan menesteroso, se desenvolvieron las elecciones en Colombia.

En la segunda vuelta —sin ánimo de faltar al respeto— nos encontramos frente a dos posibilidades políticas que, en buena medida, terminaron apelando a las palabras más atractivas y a las emociones más latentes, saltándose de forma olímpica los principios que Miguel tanto resaltó. Eran, en síntesis, ¡dos pusilánimes! El debate se fue perdiendo. Los principios de los líderes, las propuestas y los discursos fueron desplazados por la política del clickbait, el espectáculo mediático y la confrontación desembocando en una honda polarización nacional.

Vivimos, quizá, un tiempo de relativismo moral, como advertía el Dr. Álvaro Gómez Hurtado; un tiempo en el que se desdibuja la noción misma del bien y del mal, en el que la política pierde su dimensión ética, en el que prescriben los ideales y mueren los hombres. Ese mismo relativismo moral puede extenderse a cuestiones todavía más profundas: la concepción de Dios, de la vida y de la propia muerte. Y es precisamente frente a la muerte donde la figura de Miguel adquiere hoy una dimensión particular.

Hoy puedo decir, con seguridad, que Miguel está más vivo que nunca en la memoria de quienes lo conocimos, de quienes creyeron en él y de quienes todavía encuentran en sus palabras una razón para pensar el futuro de Colombia. Pero, al mismo tiempo, no puedo dejar de preguntarme si nosotros, como sociedad, nos estamos desvaneciendo en aquello que el Dr. Luis Carlos Galán advertía desde los años ochenta: una profunda crisis moral.

Una crisis que se manifiesta en la manera en que socavamos la dignidad humana, en que exponemos la muerte en bolsas blancas —y reconozco, por supuesto, el valor de los resultados militares y estratégicos del Gobierno—, pero esa no es la forma, presidente. No es la forma de darse rédito mediático y resaltar su circo permanente. Apelar a un populismo punitivo. Donde se manifiesta también ser el Gobierno de los «nunca» y terminar con los de «siempre»… Cuando incluso la fe cristiana corre el riesgo de ser reducida a un simple eslogan político. Así que, señores, no lo olviden: ¡viva Cristo Rey!

Entonces pregunto: ¿dónde ha quedado la moral, la coherencia y los principios?

Alfonso López Pumarejo lo dijo hace muchísimo tiempo: «Este rasgo de nuestra democracia se ha ido marchitando con el transcurso del tiempo (…) El discurso en tono mayor, en la plaza pública o en el Parlamento, se hace cada día más escaso». Y quizá esa advertencia encuentre hoy una nueva resonancia en las palabras de Gaitán, cuando afirmaba que «malaventurados los que en el gobierno ocultan tras sus bondades las palabras de la impiedad». ¿Hasta cuándo, señores lectores, seguiremos profundizando la polarización en lugar de recuperar el tono mayor de la política, aquel en el que el debate público vuelve a estar guiado por principios y no por la confrontación ideológicamente sesgada?

Y es precisamente desde esa preocupación que quiero dirigirme al presidente de la República. Sé que es un hombre preparado, un jurista que reconoce y respeta la Constitución. Pero precisamente por eso considero legítimo preguntarnos: ¿su elección fue verdaderamente el resultado de sus virtudes y de la confianza depositada en sus propuestas, o estuvo también atravesada por una estrategia política destinada a dividir al país, a enfrentarnos mediante el miedo y las diferencias ideológicas? No me cabe duda de que Miguel hubiera hecho de verdad una agrupación nacional. ¿Qué pensaría él al ver el país tan dividido ahora por egos y extremismos políticos?

Porque si algo debiese enseñarnos la historia de Miguel Uribe es que la política tiene que ser una discusión sobre el país que queremos construir y sobre los principios que estamos dispuestos a defender para hacerlo posible. Y quizá esa sea la pregunta que hoy debemos hacernos: después de Miguel, ¿qué clase de país queremos ser?

Hoy vuelvo a sus palabras y con el sentimiento hondo de dolor de su partida: «Si con el porqué uno se lamenta, con él para qué uno se inspira». No sabremos los devenires de nuestra política actual, ni de cómo trabajará este Gobierno, al que también le deseo lo mejor, pero en el que siempre ha faltado, en mi opinión, principios, coherencia y moralidad. Y esa era la mayor certeza de Miguel: que, a pesar de todo, vale la pena creer en este país y trabajar incansablemente por él.

Como joven, la muerte de Miguel tocó mi puerta, y la muerte y la violencia siguen tocando la puerta de miles de colombianos más ahora. Solo quiero ver su vida como la creación de un símbolo que convoque un movimiento de restauración, como lo hacen unos buenos compañeros de Miguel y agrupaciones políticas y juveniles, pero no reducirlo a las banderas de un líder político.

Terminando con este tema tan abyecto de la muerte, en sus épocas de cuentista, el Dr. Gómez Hurtado afirmó: «No se preocupe por mi sufrimiento, lo que no duele no es la muerte, sino lo que va quedando de vida».

Para mí… de vida política, por lo menos.

En la Reserva Natural El Dorado, un equipo de ornitólogos esperaba el anochecer para comenzar la búsqueda de un pequeño búho. En cada punto de conteo, se separaban unos 20 metros entre sí y reproducían una grabación del canto de la especie. Luego esperaban en silencio. Si un búho respondía desde algún lugar del bosque, orientaban sus brújulas hacia el origen del sonido para determinar su posición. De punto en punto, los recorridos se extendían hasta la madrugada. Así estudiaron a Megascops gilesi, el búho de Santa Marta, la única ave rapaz endémica de Colombia, con una distribución restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta.

El estudio, publicado en la revista Global Ecology and Conservation, buscaba comprender cómo responde esta especie a la transformación del hábitat y así entender qué tipo de bosque necesita para vivir. Para hacerlo, los investigadores compararon tres ambientes dentro de la reserva: bosques primarios, que conservan buena parte de su estructura original; bosques secundarios antiguos, que llevan años recuperándose; y pastizales con árboles dispersos.

La diferencia apareció con claridad. En los bosques con mejor estado de conservación —tanto primarios como secundarios antiguos— encontraron alrededor de diez veces más búhos que en los pastizales con árboles.

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“Pudimos confirmar que el búho es una especie especialista de interior de bosque”, explica Sergio García-Murcia, ornitólogo colombiano e investigador del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell. “Eso quiere decir que su hábitat óptimo es un bosque con árboles grandes, con una cobertura de dosel abundante, y que todas sus funciones ecológicas no las puede llevar a cabo en un pastizal porque no encuentra las condiciones para realizar su vida”.

El estudio también permitió identificar qué características del bosque estaban asociadas con una mayor presencia del búho. Los registros fueron más frecuentes donde había árboles altos, un follaje más cerrado y bromelias. En cambio, había menos búhos en lugares con sotobosque abierto, pendientes pronunciadas y cerca de carreteras, viviendas y bordes del bosque.

Pero el estudio tiene un alcance concreto: describe únicamente lo observado en una reserva, por lo que todavía no permite calcular cuántos individuos existen en toda la Sierra Nevada ni cómo ha cambiado su población con el tiempo.

Un búho que había escapado a las investigaciones

El búho de Santa Marta fue descrito como especie en 2017. Es pequeño, presenta un plumaje en tonos rojizos o grises y habita los bosques montanos de la Sierra Nevada. Su distribución restringida a esta región contribuye a que esté clasificado como especie Vulnerable a escala internacional. Pese al interés que despertó su descripción, hasta ahora faltaban estudios detallados sobre las condiciones del hábitat que necesita.

“Es una especie desconocida en todos sus aspectos, en su ecología básica”, explica García-Murcia, autor principal del artículo. “A partir de esa información es que uno puede tomar medidas de conservación”.

Para encontrar las respuestas, el equipo primero recorrió sus distintos ambientes y registró cómo era la vegetación: midió el tamaño de los árboles, su grosor, la cobertura del bosque y las características del terreno. Después regresó durante la noche para buscar al búho en diferentes puntos de conteo.

“Salía a buscarlos a las siete de la noche, empezaba mis muestreos y en los puntos más lejanos terminaba hasta a las tres de la mañana”, relata García-Murcia.

El método de búsqueda empleado, utilizando grabaciones del búho, permite detectar aves nocturnas que pueden ser difíciles de encontrar solo con la vista. A partir de la dirección de los llamados, los investigadores podían ubicar a los animales y registrar dónde aparecían con mayor frecuencia.

García-Murcia destaca un detalle de los registros obtenidos en pastizales arbolados: las respuestas venían de pequeños fragmentos de bosque cercanos a quebradas o ríos. “Nosotros nunca vimos al búho en un árbol aislado en un potrero o en un pastizal. Siempre provenían de pequeños fragmentos”, señala. Esta observación, dice, ayuda a explicar por qué dejar árboles dispersos en un área abierta no parece sustituir las condiciones que ofrece el bosque con una estructura más completa.

El bosque que necesita

La diferencia entre ambientes no significa que únicamente los bosques primarios puedan albergar al búho. En El Dorado, los bosques secundarios antiguos también registraron una densidad alta, aunque el estudio no evaluó si bosques secundarios más jóvenes ofrecerían condiciones semejantes. García-Murcia considera necesario conservar tanto los bosques mejor preservados como los que llevan más tiempo recuperándose.

“Lo que nos muestran estos resultados es que hay que conservar el bosque —no solo los bosques prístinos o en muy buen estado de conservación— sino esas sucesiones vegetales avanzadas que en la Sierra Nevada de Santa Marta son muy comunes”, dice.

Los árboles altos y el follaje cerrado forman parte de esa estructura. También las bromelias, plantas que crecen sobre los árboles y pueden ofrecer refugio a anfibios. García-Murcia plantea una posible relación con la alimentación del búho, aunque el estudio no demuestra que la presencia de bromelias aumente su densidad por proporcionar más presas. Existen registros de que come anfibios y cangrejos, pero faltan investigaciones para establecerlo con mayor detalle. Conocer aspectos como este permitiría entender mejor qué ocurre cuando un bosque pierde árboles grandes, cobertura o continuidad.

Jorge Luis Gutiérrez-Guillén, coautor del estudio e investigador de Otus Conservation, coincide en que el conocimiento sobre esta ave empezó a construirse recientemente. Antes de esta investigación, él y otros colegas habían trabajado sobre su uso del hábitat. Entre los aspectos que aún requieren estudio están precisamente su reproducción y el papel de distintas presas en su alimentación.

“Es una especie que ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema al fungir como controlador de las poblaciones de sus presas”, describe Gutiérrez-Guillén. “Estamos hablando de una especie endémica que se está alimentando de especies endémicas también. Eso habla de la importancia de la Sierra Nevado de Santa Marta como centro de endemismo”.

El estudio también halló una relación negativa entre la densidad del búho y la cercanía a carreteras, casas y bordes forestales. Por ello, los autores recomiendan conservar los bosques primarios y secundarios antiguos, mejorar la conexión entre fragmentos y evitar que nuevas aperturas degraden los que permanecen.

“Es decir, al búho no le gusta la presencia humana, es muy susceptible a eso”, explica García-Murcia. “Además, en las regiones que son más escarpadas encontramos menos búhos porque allí el bosque es mucho más simplificado, no tiene muchos elementos. El búho prefiere los bosques estructuralmente mucho más complejos que se dan en las zonas más planas”.

Lo que falta conocer fuera de El Dorado

La investigación ofrece datos sobre una zona concreta de la cara noroccidental de la Sierra Nevada. Guido Spinelli, biólogo de Otus Conservation que ha trabajado con el búho pero no participó en este artículo, considera que estos resultados son una base para orientar nuevas búsquedas. Advierte, sin embargo, que hace falta estudiar otros sectores antes de asumir que las densidades observadas en El Dorado se repiten en toda la montaña.

“Uno lo que esperaría es que en el resto de bosques conservados estuviera la misma situación de la estancia del búho”, comenta. Se trata de una expectativa, no de una estimación de sus poblaciones fuera de la reserva. Entre las tareas que propone está explorar otras zonas mediante monitoreo acústico para confirmar la presencia de la especie y evaluar las condiciones de los bosques donde se encuentre.

García-Murcia y Gutiérrez-Guillén cuentan que el equipo trabaja en otra investigación sobre la distribución del búho y su riesgo de extinción, pero esos análisis aún no forman parte de los resultados publicados en este artículo. Para García-Murcia, también hacen falta planes de manejo que reúnan investigación, educación ambiental y decisiones de conservación tomadas con quienes habitan la Sierra.

“Algo muy importante también es involucrar a las comunidades: la conservación no solo se hace con un artículo científico, la conservación se tiene que dar desde los territorios”, afirma el investigador. Gutiérrez-Guillén coincide en que proteger el hábitat y ampliar el conocimiento de la especie son pasos complementarios porque permitirían identificar qué áreas requieren atención y seguir sus cambios a futuro.

Conservar estos bosques es también una forma de proteger el hábitat de otras especies de la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los grandes centros de endemismo de aves del mundo, explica García-Murcia.

“La Sierra Nevada de Santa Marta es una joya no solo para las aves, sino para muchos otros organismos”, concluye el ornitólogo. “Es como una isla en el cielo donde solo las especies que están ahí se encuentran en ese pedacito de territorio”.

*Imagen principal: el búho de Santa Marta (Megascops gilesi) es un ave rapaz endémica de Colombia, restringida a la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: cortesía Jorge Luis Gutiérrez-Guillén.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia busca aplicar una vieja práctica para combatir los cultivos ilícitos en el país: fumigar de forma terrestre, aérea o con drones las zonas donde se produce hoja de coca, amapola o marihuana. El gobierno encabezado por el presidente Abelardo De la Espriella quiere retomar esta actividad utilizando el glufosinato de amonio.

Se trata de un herbicida con capacidad de inhibir no sólo el crecimiento de los cultivos de hoja de coca, sino de cualquier tipo de planta. Aunque las autoridades nacionales han ordenado realizar un programa piloto para “generar evidencia técnica y científica” sobre el uso de esta sustancia, especialistas consultados por Mongabay Latam advierten que en realidad hay más evidencias y señales de los daños que puede generar el agrotóxico en la biodiversidad.

Si bien no hay antecedentes ni estudios suficientes del uso de glufosinato de amonio en cultivos de Colombia, el país cuenta con una larga historia con la aspersión de glifosato, otro herbicida utilizado contra los cultivos ilícitos a partir de 1992, cuyos impactos en la salud y el ambiente no solo fueron documentados, sino que derivaron en sentencias judiciales que ordenaron suspender esta técnica.

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Glufosinato, un herbicida aún en estudio pero peligroso

El herbicida está diseñado para eliminar malezas sobre la superficie del suelo y, con ello, la competencia que le hacen a los cultivos por los nutrientes de la tierra, sin embargo no está pensado para utilizarse en plantíos ilícitos.

Gabriel Tobón Quintero, profesor del Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, explica que los arbustos como los de la hoja de coca crecen de uno a dos metros, por lo que se requieren varias aplicaciones del herbicida para realmente eliminar la planta.

“El glufosinato no llega hasta la raíz de la planta, lo cual sí hace el glifosato”, precisa el ingeniero agrícola, quien cuestiona la efectividad del uso del herbicida contra cultivos ilícitos. “El glufosinato puede acabar con el tejido verde de las hojas, pero como no llega hasta las raíces, la hoja de coca o el arbusto se puede reproducir más rápidamente”, dice a Mongabay Latam.

Un análisis a la toxicidad del glufosinato, realizado por el ingeniero químico y presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, describe los efectos de ambos agrotóxicos sobre las plantas y sostiene que si bien hay diferencias en los mecanismos de daño a la vegetación, ambos pueden representar riesgos para la salud y el ambiente.

El glifosato —considerado como probable carcinogénico para la salud humana por la Organización Mundial para la Salud (OMS)— entra a la planta, mata de raíz en un periodo de 15 a 20 días con un efecto duradero. Mientras, el glufosinato de amonio quema la zona de las hojas al contacto en entre tres y cinco días, pero permite el rebrote de las plantas y es utilizado en malezas que desarrollan cierta resistencia al glifosato, de acuerdo con el análisis citado.

Ambos especialistas coinciden en que no hay estudios concluyentes sobre los daños ambientales y a la salud que provoca el glufosinato de amonio, pues consideran que se requieren evaluaciones específicas para los contextos de Colombia. Además, el impacto dependerá también de su concentración, del método que se utilice y del uso de otras sustancias que acompañan a la aspersión para potenciar los efectos del herbicida.

Sin embargo, sostienen que hay más evidencias que señalan los riesgos para la salud humana, que pueden ir desde quemaduras químicas en la piel y ojos hasta afectaciones en el sistema reproductivo, intoxicaciones graves y acumulación de amoniaco en el cuerpo.

“Hay aspectos neurológicos, también desde el punto de vista genético, de la salud reproductiva, de vías respiratorias. Todo depende de la dosis, de las formas de aplicación y de las mezclas que se utilizan, pero los análisis clínicos y toxicológicos muestran que no es inocuo, eso es algo elemental, si no no se utilizaría para esos propósitos”, explica González a Mongabay Latam.

Estos análisis, de acuerdo con el especialista, señalan que el herbicida puede ser extremadamente tóxico para peces y plantas marinas, así como para polinizadores, como las abejas, e incluso acelerar la erosión del suelo.

Tobón menciona que aunque no hay estudios de campo que hayan analizado en laboratorio la toxicidad del glufosinato de amonio, la Organización Mundial de la Salud sí lo identifica como un sustancia de “un grado mediano de toxicidad y que es incluso mucho más perjudicial que el glifosato”.

El profesor advierte también que pese a los pocos estudios que hay sobre la sustancia, sí es posible identificar potenciales impactos socioambientales.

“El impacto ambiental es por los altos niveles de deforestación que puede causar, debido a la toxicidad que tiene ese herbicida en cualquier clase de tejido vegetal: árboles de la selva húmeda tropical, de los sistemas boscosos xerófitos, con las plantas de maíz, frutas, el pasto. Es un nivel de impacto muy alto”, sostiene Tobón.

Además, el especialista considera que las aguas superficiales, subterráneas y los suelos pueden ser afectados o contaminados al entrar en contacto con el herbicida.

González insiste en que hay una alta complejidad técnica para medir los impactos del uso de glufosinato de amonio para aspersión aérea de cultivos de coca, especialmente en regiones montañosas con presencia de grupos armados. Agrega que los riesgos dependen de las formulaciones empleadas, la tecnología de aplicación y las condiciones reales en que se hagan las fumigaciones.

Por ejemplo, ante la posibilidad de utilizar drones en la aspersión, González señala que los movimientos y las condiciones de viento pueden dispersar completamente el herbicida a otras zonas.

“Los drones generan una serie de dinámicas de movimiento que a su vez generan dispersión. Es decir que el efecto que se pueda producir es incontrolable. Queda una suspensión de partículas que puede ser movilizada por los vientos horas después”, explica el especialista.

Tobón agrega que si bien estos tipos de herbicidas están legalizados y comercializados, el grado de concentración que suele usarse para aspersiones es lo que puede implicar un daño a la salud humana y ambiental.

“No es lo mismo el grado de concentración que requiere una mezcla de herbicida preparada para jardín que para acabar las matas de coca”, precisa el profesor. “Esa diferencia fundamentalmente está en que para las plantas de coca se utilizan los aditivos o surfactantes que aumentan el poder tóxico del herbicida y por tanto aumentan el poder de destrucción”, añade.

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Glifosato, el antecedente del glufosinato de amonio que alerta en Colombia

El uso de herbicidas para la destrucción de cultivos ilícitos no es un tema nuevo en Colombia, donde durante casi 30 años se debatió legalmente su implementación, especialmente con el uso de glifosato, ante los impactos en la salud humana.

En 2020, la Universidad de Córdoba entregó al Instituto Nacional de Salud una evaluación de riesgos para la salud humana derivados por la aspersión aérea con glifosato en Meta, Vichada y Guaviare.

En el documento se alertaron los niveles de riesgos, los cuales dependiendo de las condiciones de exposición, la cantidad, la fórmula, el contacto y otras variables podrían generar “afectaciones de mayor complejidad para los seres humanos, asociadas a daños en diferentes sistemas orgánicos tales como el endocrino, respiratorio, renal y neurológico”.

Para 2022, la Corte Constitucional de Colombia rechazó los cambios al Plan de Manejo Ambiental (PMA) con los cuales el gobierno del expresidente Iván Duque buscó reanudar la aspersión aérea en el país.

La decisión del alto tribunal argumentó en su momento que la medida vulneraba el derecho a la participación de las comunidades de 104 municipios que serían afectadas por esta política. Además, sostuvo que el proceso no tuvo en cuenta que en muchas zonas se requería de una consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El pasado 18 de agosto de 2026 el Consejo Nacional de Estupefacientes, un organismo adscrito al Ministerio de Justicia, expidió una resolución que deroga el establecimiento de un procedimiento para reanudar el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional ordenó, como una “fase experimental, controlada, limitada, temporal y evaluable”, crear un plan piloto de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glufosinato de amonio a realizarse únicamente en un área del país y sin que eso implique la reanudación de todo el programa.

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Piloto detenido, pero listo para fumigar

El pasado 22 de septiembre, un juzgado otorgó una acción de tutela, un mecanismo constitucional para la protección de derechos, y frenó de manera provisional el piloto programado por las autoridades para comenzar en octubre, mientras no se acredite “el cumplimiento de las condiciones constitucionales, legales, ambientales, sanitarias, participativas y de consulta previa exigidas” por la Constitución.

Jonathan Meneses Valencia, defensor de derechos humanos y director ejecutivo de la Fundación Tiempo de Cambios, una de las promotoras de la tutela, cuenta que se vieron sorprendidos por la ubicación donde el programa piloto sería realizado en el departamento de Putumayo, al sureste del país.

“Recogimos un total de 10 a 12 acciones de tutelas acumuladas y esto llevó a que en primera instancia el juez fallara a nuestro favor y ordenara tener la aspersión parada hasta que no se cumplan dos cosas”, cuenta Meneses a Mongabay Latam.

La medida mantiene suspendida esta acción piloto hasta que las autoridades acrediten “el cumplimiento integral de las condiciones constitucionales exigidas para cualquier programa de aspersión aérea con herbicidas”, que incluye permisos y planes de manejo ambiental, así como ejercicios de consulta a las zonas impactadas por el ejercicio.

El presidente De la Espriella sostuvo, en respuesta a las acciones de tutela, que “todo aquel que se oponga a la fumigación, sea un funcionario o particular, está ayudando a que ese fenómeno [narcotráfico] se extienda” y debe “ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”.

Aunque aseguró que respetaría el fallo judicial, su Gobierno explora los canales legales para reanudar la aspersión. En tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, ha asegurado que eventualmente se harán las fumigaciones “protegiendo a la ciudadanía y al ambiente”.

“Vamos a fumigar, sin desconocer las decisiones. Cada vez que se nos pida que ajustemos algo, lo acataremos. Colombia es un país que necesita la fumigación terrestre, vía manual, la de drones o la aérea, con todo el respeto a la protección del ambiente, a la población civil y brindando alternativas en la sustitución de cultivos”, dijo en entrevista a la revista Semana.

Mongabay Latam buscó al funcionario para conocer el tipo de evidencia con la que cuenta el Gobierno sobre los impactos socioambientales del glufosinato de amonio, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

*Imagen principal: la Justicia colombiana frenó el pan de De la Espriella para comenzar a probar la fumigación con glufosinato de amonio. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En los humedales y bosques densos de la cuenca del río San Juan, en Chocó, Colombia, las amenazas no provienen de un único frente. Las comunidades afrodescendientes que habitan el territorio colectivo del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) enfrentan una encrucijada crítica. Acadesan reúne a 72 comunidades distribuidas en los municipios chocoanos de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina y Litoral del San Juan, así como en Buenaventura, Valle del Cauca. Es, además, el único consejo comunitario de Colombia que cuenta con un esquema de protección colectiva integral, aprobado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Mientras el fuego cruzado entre grupos armados ilegales y sus ataques con drones y tecnología de punta los obligan a desplazarse de su territorio o a quedar confinados en él, las secuelas del sismo de magnitud 7.4 ocurrido en la mañana del 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, terminaron de resquebrajar sus condiciones de subsistencia.

Según la Defensoría del Pueblo, desde el mismo 10 de agosto, presuntos integrantes del Clan del Golfo llegaron a la comunidad San Agustín, en Sipí, en donde permanecieron por tres días restringiendo la movilidad y las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales de la población.

Luego, los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se extendieron a otras partes del territorio étnico de Acadesan en zonas rurales de Nóvita y Sipí, con un agravante: el uso de drones cargados con explosivos. El 23 de agosto, en un comunicado, la Defensoría denunció que uno de esos artefactos fue detonado en el corregimiento de Charco Hondo, una zona rural del municipio de Sipí, dejando tres civiles heridos (dos hombres y una mujer) y provocando el desplazamiento forzado de decenas de familias.

La entidad mencionó que cerca de 3000 personas (652 familias) están en situación de confinamiento y 90 familias más se desplazaron hacia otros municipios por estos hechos. Según el comunicado, la población civil vive atemorizada no solo por los enfrentamientos entre estos dos grupos ilegales, “sino por la posibilidad de que sus campos y caminos hayan quedado contaminados con artefactos explosivos debido al uso recurrente de drones”.

De acuerdo con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, su equipo realizó una misión humanitaria el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, en donde evidenciaron daños graves en viviendas y bienes colectivos, ocasionados por explosivos y ráfagas de fuego, así como afectaciones psicológicas importantes en la población.

“Se acompañó el traslado de 40 personas desplazadas desde Torrá hacia Nóvita e Istmina, algunas de las cuales posteriormente continuaron su desplazamiento hacia otros lugares del país. Con estas acciones no se quiere decir que el corredor humanitario se encuentre plenamente normalizado. Persisten restricciones de movilidad y condiciones de seguridad que dificultan el acceso regular y seguro de la población y de la oferta institucional humanitaria. Por ello, continuamos realizando llamados a las autoridades competentes para garantizar condiciones efectivas de acceso, protección y atención”, señaló Ortiz a Mongabay Latam.

En efecto, Mauricio Parra, asesor de Acadesan, asegura que quienes han logrado huir de la violencia o de la pérdida de sus viviendas en las zonas rurales enfrentan hoy un drama silencioso en los centros urbanos. “En el municipio de Istmina, las familias desplazadas se encuentran alojadas en condiciones de extremo hacinamiento en casas de familiares y amigos”, comenta.

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El terremoto que profundizó la crisis

El escenario para las comunidades afro de Acadesan se ha complicado en las últimas semanas. La sede de la asociación en el municipio de Istmina, que históricamente ha funcionado como albergue temporal para atender las emergencias en el territorio, también resultó gravemente afectada por el terremoto, lo que impide alojar a las víctimas de los grupos armados. Todo esto ocurre mientras el departamento sigue sin terminar el censo de daños del sismo, lo que, según la propia Defensoría, impide dimensionar y atender oportunamente a las víctimas en zonas rurales que permanecen incomunicadas.

Acadesan calcula que más de 200 viviendas del territorio colectivo quedaron totalmente destruidas o inhabitables debido al sismo y a un vendaval posterior el 13 de agosto, aunque esta cifra es un estimado preliminar y es posible que sean muchas más.

Como si esto fuera poco, el proceso de censo y registro de damnificados por los desastres naturales ha enfrentado una serie de desafíos tanto logísticos como de seguridad.

Si bien muchas familias no están en sus casas debido a los enfrentamientos, otras denuncian que no han recibido la visita de los funcionarios públicos de las alcaldías para llenar el formulario de afectaciones a sus viviendas tras el terremoto, dispuesto por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El 4 de septiembre de 2026, Acadesan envió derechos de petición (solicitudes de información oficial) a las alcaldías de Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), así como a la UNGRD, para denunciar posibles irregularidades en la recolección de información en terreno.

“Tenemos entendido que los formularios de la UNGRD deben ser completados directamente por funcionarios públicos. Sin embargo, no conocemos ningún caso en donde se haya realizado este procedimiento. Por el contrario, algunas comunidades han manifestado que servidores públicos han enviado o dejado los formularios en las comunidades para que sean las mismas personas afectadas quienes los llenen”, denuncia Felipe Nery Martínez Arboleda, representante legal de Acadesan.

Desde la perspectiva de la organización étnica, esta práctica vicia el procedimiento legal y amenaza con dejar por fuera del registro oficial a cientos de familias que perdieron sus casas o cultivos, lo que posteriormente les impedirá acceder a la ayuda estatal o a programas de reconstrucción.

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Para tratar de encontrar una solución rápida a las familias que no pueden regresar a sus hogares debido a que sus casas quedaron destruidas por el sismo, por el vendaval o por los enfrentamientos armados, Acadesan también solicitó a la UNGRD la construcción de ocho casas comunitarias, una por cada una de las ocho zonas que componen su territorio, que sirvan para resguardarse frente a desastres naturales y para el desarrollo de actividades comunitarias. “Estas casas buscan que las comunidades no tengan que desplazarse necesariamente a las cabeceras municipales, en donde el desplazamiento se vive de manera mucho más brutal”, agrega Martínez.

Aunque Mongabay Latam consultó a la UNGRD para conocer sobre estos hechos, desde su oficina de prensa se limitaron a indicar que no tienen información al respecto.

El modelo de protección colectiva

Lo que hace particular la forma de organización de Acadesan en términos de seguridad es que, desde enero de 2024, cuentan con un esquema de protección colectiva para las 72 comunidades que la conforman. Se trata del primer esquema de este tipo reconocido en Colombia, tras más de cuatro años de insistencia.

Debido al contexto de conflicto armado en la cuenca del río San Juan, la UNP aprobó 50 medidas de protección a cargo de 23 entidades del Gobierno Nacional, un modelo que buscaba superar el enfoque tradicional de protección individual (escoltas, chalecos, celulares) para atender el riesgo de la comunidad como sujeto colectivo.

Esas 50 medidas apuntan a fortalecer el proceso organizativo de las comunidades e incluyen lanchas para misiones humanitarias, infraestructura para evacuaciones rápidas en medio de combates y casas comunitarias que sirvan de refugio. Además, procesos de recuperación de la cultura, el arte y la historia del pueblo negro de la cuenca del Rio San Juan y la financiación de equipos técnicos propios que le den a la organización mayor capacidad de diálogo con el Estado.

El eje central de estas medidas de protección es la estricta neutralidad. Acadesan rechazó cualquier tipo de esquema armado para evitar que sus líderes e integrantes fueran señalados por los actores legales o ilegales que operan en la zona. Bajo este enfoque, creen que la protección no se construye con armas, sino reduciendo las vulnerabilidades históricas de la población.

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Y es justamente este concepto de protección colectiva el que, según Astrid Torres, coordinadora del programa Somos Defensores, muchas comunidades han insistido en recibir, pero el Estado aún no lo contempla. “El analista es quien determina las medidas de protección preconcebidas dentro del Estado, cuando realmente son las personas en los territorios quienes pueden establecer con mayor claridad y rigurosidad qué tipo de acciones se deben desarrollar en términos de prevención, protección y reacción”.

Sin embargo, la pregunta que surge ante los hechos de violencia de agosto de 2026 es evidente: ¿qué tan efectivas han sido esas 50 medidas frente a una escalada de esta magnitud?

Mauricio Parra pone un ejemplo concreto sobre esa brecha: cuando se aprobó la medida de protección colectiva, Acadesan recibió gasolina para el uso de sus lanchas y botes a través de donaciones. Hoy, dos años después, no pueden mover sus medios de transporte, los cuales sirven, precisamente, para evacuar a la población y trasladar ayuda humanitaria en medio de emergencias como la actual.

Aunque el suministro de gasolina está consignado en la medida 42 de una Resolución DGRP del 22 de enero de 2024, el mismo acto administrativo que aprobó la protección colectiva, Parra asegura que no han recibido ni gasolina ni el mantenimiento necesario para las lanchas.

“Un gran porcentaje de las personas que usan vehículos de protección de la UNP son personas de estratos 4, 5, 6 [los más ricos del país] que pueden pagar la gasolina y pueden pagar el mantenimiento de los vehículos. Mientras que las comunidades rurales que se mueven por vía fluvial, en botes, están en un escenario de pobreza o de pobreza extrema, en un escenario de violaciones masivas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Pero a esas comunidades les toca sacar dinero que no tienen para pagar la gasolina. Ese sigue siendo un problema que debe ser corregido por el Gobierno”, denuncia Parra.

De acuerdo con la resolución citada, el Ministerio de Minas y Energía es la entidad encargada de suministrar “gasolina motor corriente” para 12 lanchas del colectivo y de establecer una mesa técnica que estipula un mecanismo de financiamiento para asegurar la entrega del combustible de manera anual. Sin embargo, en respuesta del 9 de septiembre de 2026 a una solicitud de Acadesan por la emergencia del sismo, el ministerio afirmó que no era posible atribuirle la obligación de suministrar el combustible ni autorizar recursos públicos para ese fin.

Mongabay Latam contactó al Ministerio de Minas y al Ministerio del Interior. Esta última entidad es la responsable de hacer seguimiento a los avances de la implementación de las medidas de protección colectiva y a la respuesta institucional ante el desplazamiento masivo. Hasta el momento de la publicación de este reportaje ninguna de las entidades ha respondido.

Para Astrid Torres, en este tipo de contextos de crisis humanitaria, es esencial una acción que parece simple y obvia: “El Gobierno Nacional debe iniciar una comunicación directa con la comunidad y valorar las medidas necesarias ante la situación de emergencia, no solo del terremoto, sino por el confinamiento y el desplazamiento causado por el conflicto armado. También es indispensable reconstruir de manera inmediata la sede comunitaria que funciona como refugio y reconocer las agendas colectivas y de autoprotección que ya se tienen para enfrentar este tipo de situaciones”. Sin embargo, los voceros de Acadesan aseguran que hasta el momento el Gobierno Nacional no ha establecido diálogo con ellos.

La otra función de Acadesan

En Acadesan, el  consejo comunitario tiene la responsabilidad de velar por la conservación y protección de los derechos de la propiedad colectiva y por la integridad de los territorios titulados a las comunidades afrocolombianas del río San Juan y sus afluentes. También, de adelantar campañas en defensa del ambiente y sus recursos naturales, según establece la organización en su propia carta de principios.

Esta labor cobra especial relevancia porque el territorio colectivo se ubica en pleno Chocó biogeográfico, considerado uno de los 36 hotspots de biodiversidad en el mundo, según la clasificación global de Conservation International (CI) y el Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), pero que está sometido a un deterioro acelerado. Muestra de esta presión es que, según cifras de Global Nature Watch, entre 2002 y 2025, el departamento del Chocó perdió 38 000 hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa el 29 % de su pérdida total de cobertura arbórea. El 62 % de la pérdida de cobertura vegetal en el departamento correspondió a deforestación permanente, impulsada principalmente por la agricultura permanente (75 000 hectáreas) y los procesos mineros y extractivos (5700 hectáreas), sumados a la infraestructura y asentamientos humanos (450 hectáreas).

Frente a este panorama, gran parte de las medidas de protección colectiva reconocidas a Acadesan en 2024 no solo buscan blindar a la población del conflicto armado, sino también avanzar en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es decir, mejorar la educación, la salud, la seguridad alimentaria y los ingresos de las familias a través de proyectos productivos y el acceso a energía limpia.

Esta dimensión ambiental añade otra capa de urgencia a la crisis actual: mientras el conflicto armado y el terremoto concentran la atención institucional, el territorio que Acadesan busca proteger sigue expuesto a la presión de actores legales e ilegales que disputan el control de sus recursos naturales y corredores fluviales.

Jazmín González Díaz, secretaria de Acadesan y directiva zonal en el municipio de Litoral del San Juan, señala que, entre las 50 medidas de protección adoptadas, el Ministerio de Ambiente y Codechocó —la autoridad ambiental regional— se comprometieron a implementar el Plan de Ordenamiento y Manejo Ambiental del territorio colectivo de Acadesan. El objetivo era proteger el territorio frente a la tala, la pesca y la minería ilegales. Sin embargo, asegura que ese compromiso sigue sin cumplirse.

“Estamos profundamente decepcionados y con muy poca esperanza porque no ha habido ningún avance en estos planes, a pesar de que el plan de manejo era un compromiso asumido por el gobierno anterior”, manifiesta González. A la lideresa le preocupa que, tras las afectaciones del reciente terremoto, la crisis obligue a las familias a recurrir a la extracción de recursos para subsistir: “Nos preocupa que muchas familias se vean forzadas a extraer oro de manera irregular, así como a talar madera en los manglares y en las más de 590 000 hectáreas de bosque del territorio de Acadesan, pues aquí la gente vive exclusivamente de lo que produce la tierra”.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Ambiente y a Codechocó pero hasta el momento no se han obtenido respuestas.

Acadesan Radio 101.3 FM: una herramienta contra el aislamiento

En medio del confinamiento, la incomunicación y la falta de energía eléctrica que afecta a la mayoría de los poblados rurales de la cuenca del río San Juan, las autoridades de Acadesan le apostaron a una última herramienta de autoprotección: la radiodifusión.

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El pasado miércoles 9 de septiembre de 2026, tras un largo proceso de gestiones y convocatorias ante el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), salió oficialmente al aire Acadesan Radio (101.3 FM).

A pesar de que el montaje de las torres y transmisores representó un enorme esfuerzo económico para el consejo comunitario, la emisora busca convertirse en el canal central para difundir alertas de emergencia, información comunitaria y resistencia cultural.

“La emisora es muy importante en un territorio en el que la mayoría de las comunidades no tiene energía o no tiene energía estable, y donde la telefonía e internet son muy precarios. Poder tener una emisora en FM, donde la gente simplemente con un radio de 30 000 o 50 000 pesos [entre 10 y 16 dólares] pueda saber qué está pasando en su territorio o recibir noticias de un familiar, tiene que ver con esa posibilidad de resistencia”, dice Mauricio Parra.

Previo al otorgamiento de la licencia, Acadesan recibió apoyos de alrededor de 10 entidades, entre estatales y ONG, para su funcionamiento. “Estas alianzas han permitido contar con un equipo intermitente para la gestión radial, desarrollar procesos de formación, realizar sondeos de audiencia, producir contenidos para redes sociales, sensibilizar a la comunidad sobre el lanzamiento y avanzar en infraestructura, como por ejemplo la donación de la antena, la mesa de mezclas, los micrófonos y otros equipos”, detalla Jonathan Sánchez Sinisterra, coordinador de Comunicación de Acadesan.

Para las 72 comunidades del consejo comunitario, mantener encendidos sus radios representa hoy una de las pocas garantías para informarse, prevenir nuevos impactos de la guerra y evitar que su historia y su cultura se borren en medio de la selva del Pacífico colombiano.

“Dado que se trata de un territorio geográficamente disperso donde muchas comunidades no se conocen entre sí, la radio fortalece las expresiones locales y permite reconocer la vigencia de prácticas compartidas. Por ejemplo, dentro de nuestra programación tenemos un espacio para la tradición oral («la hora del cuento»), concebido para registrar la memoria local y tejer redes de protección comunitaria alrededor de la palabra”, concluye Sánchez.

*Imagen principal: en el extremo sur de Chocó, las comunidades del Litoral del San Juan enfrentan con temor una guerra que ha escalado: los grupos armados que se disputan el territorio ahora utilizan drones cargados con explosivos. Foto: cortesía Acadesan.

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En tiempos de desinformación, populismos de derecha e izquierda, escándalos de corrupción y de discursos libertarios que buscan llevarnos a la anarquía capitalista para que nadie pague impuestos, es impopular hablar de ellos. Lamentablemente Bogotá fue víctima de todos estos actores en la reciente discusión del “Acuerdo para una ciudad inteligente” que logramos aprobar en el Concejo. Sin embargo, es indiscutible que el pago de tributos es absolutamente necesario para que una sociedad avance y se modernice. 

Fue Antanas Mockus quien por primera vez estableció un pago voluntario en los impuestos predial, vehicular y de ICA cuando les planteó a los bogotanos una sencilla pregunta: “¿Confías suficiente en tu ciudad como para pagarle un poco más de lo que te toca? La respuesta contagió a más de 56 mil ciudadanos que dieron un 10% adicional.

Sin embargo, ese pacto se rompió de alguna manera con el carrusel de la contratación, denunciado entre otros por el actual alcalde Carlos Fernando Galán, porque los ciudadanos dejaron de confiar en lo público. Y aunque en los últimos tres años este pago voluntario volvió a crecer desde los 14 mil en 2022 y a los 24 mil en 2025, la cifra sigue estando lejos de los tiempos de Mockus.

Da manera que es urgente que ese pacto se restablezca en beneficio de la ciudad que hoy luce atrasada en tecnología y ese fue el voto de confianza que dimos en el Concejo de Bogotá en pro de la modernización. El rezago que tenemos en alumbrado inteligente es inaceptable: Buenos Aires tiene más de 200 mil puntos telegestionados, Río de Janeiro 130 mil, Cali 33 mil, Bucaramanga 11 mil. ¡Y Bogotá ni uno! Estábamos en deuda de lograr la evolución del alumbrado para que se convierta no solamente en postes con mejor iluminación, sino en cámaras de seguridad con videos de alta calidad y en la atención de desastres con sensores de sismos e incendios.

El caso de Buenos Aires es bien interesante porque es la ciudad más avanzada de la región en convertir su alumbrado público en inteligente. Allá el impuesto ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) se cobra desde hace décadas, aunque desde 2013 unificado para la modernización e inclusión del Internet de las Cosas (IoT) en los postes de energía. El pago de este impuesto mensual varía dependiendo del valor de la propiedad, entre 33 mil y 100 mil pesos colombianos, pero se les cobra a todos, sin importar los ingresos. Su resultado traducido en una mejor infraestructura, es la demostración de que el pago de tributos sí se traduce en avances para la ciudad.

En Bogotá, la propuesta presentada por la Administración Galán para acabar con el atraso respetó el principio de progresividad que ordena la Constitución, es decir, que los que más tienen sean los que más paguen. Por eso, en lo aprobado quedó establecido que la sobretasa al predial para financiar esta modernización no la pagarán los estratos uno, dos y tres, salvo que tengan predios de más mil millones de pesos. En el estrato cuatro el pago será de 11 mil pesos mensuales, en el cinco será de 19 mil pesos mensuales y en el seis de 29 mil pesos mensuales; mientras que en el comercio será de 67 mil pesos, en las industrias de 139 mil pesos y en el sector financiero 195 mil pesos mensuales.

Oponerse a esta iniciativa bajo algunos argumentos de colegas de la derecha, enemigos per se de los impuestos, es sencillamente proteger a los más privilegiados de una sociedad a costa de los más vulnerables. Porque si ellos no aportan, no se logra la modernización que garantizaría el Distrito para que, por ejemplo, cerca de una vivienda de estrato bajo se instalen uno o varios postes telegestionados. Quizá habitantes de conjuntos cerrados en estratos cinco o seis sí estarían dispuestos a pagar esa tecnología en su administración, pero no el impuesto. ¿Por qué no permitir que la haya en toda la ciudad?

La sobretasa del predial, las modificaciones en el ICA y otros beneficios tributarios que trae esta iniciativa que aprobamos, no son un cheque en blanco para esta y las administraciones distritales futuras. Por eso, desde el Concejo estaremos vigilantes y haciendo control político para que se haga realidad la modernización del alumbrado público y para que se cumplan las proposiciones que respaldamos durante el debate para exigirle a Enel Colombia, así buscamos que la infraestructura –es decir, los postes de luz– vuelva a ser propiedad del Distrito y que esta empresa empiece el soterramiento de los cables, que se traduce en bienestar, embellecimiento de la ciudad y salud pública para los ciudadanos. “Los impuestos son el precio que pagamos por la civilización”, era la reflexión sobre justicia tributaria esbozada por el juez estadounidense Oliver Wendell Holmes. No puede ser que renunciemos a ella simplemente por la desinformación, populismo y corrupción que les señalaba al inicio. El futuro de una Bogotá moderna tiene un costo que será retribuido en beneficio de todos los que aquí vivimos. Así que, mi invitación a los ciudadanos con lo que significa este voto de confianza, más allá del cobro de un impuesto y de la modernización de la ciudad, es a que volvamos a confiar en lo público y a trabajar juntos por un propósito superior que es Bogotá.