Durante décadas, la costa pacífica del departamento de Nariño, en el sur de Colombia y limítrofe con Ecuador, ha vivido la violencia de la guerra entre grupos armados ilegales que se han disputado el territorio. Desde los años 90 ejercieron control histórico los frentes 29 y la columna Daniel Aldana de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se enfrentaban con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos paramilitares. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, disidencias de las extintas FARC siguen disputándose las rutas del narcotráfico y otras economías ilegales con el ELN y el Clan del Golfo.

En ese entramado de violencia y corrupción también se involucraron integrantes de la fuerza pública. Según reveló a mediados de marzo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ocho militares, pertenecientes al Grupo Cabal y al Batallón 93 del Ejército de Colombia, son responsables de crímenes contra el pueblo negro afrocolombiano, los pueblos indígenas awá y eperara siapidaara y comunidades campesinas.

Luego de investigar y considerar los aportes de víctimas colectivas e individuales, de las autoridades étnicas y del Ministerio Público, además de los aportes de integrantes del Grupo Cabal y el Batallón 93, la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la JEP imputó a los militares por estigmatización y violencia selectiva contra procesos organizativos, asesinatos presentados como bajas en combate (falsos positivos) y control militar sobre territorios étnicos y campesinos.

Según el magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, actual presidente de la JEP, por años los habitantes de los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte sufrieron una violencia desproporcionada por crímenes que estaban completamente en la impunidad. “Territorios que desde hace mucho tiempo han estado abandonados, donde no ha llegado la Justicia por múltiples razones y donde la voz de las víctimas no había sido escuchada”.

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Ramelli agregó: “Estamos haciendo justicia con los asesinatos de autoridades tradicionales, exeducadores, ex gobernadores indígenas, presidentes de juntas de acción comunal e igualmente por la destrucción de los cultivos, las plantas medicinales, el deterioro de la salud, los desplazamientos, los confinamientos, los atentados contra el medioambiente y todos los daños culturales que padecieron estas comunidades y sus territorios”. La JEP acreditó un total de 110 677 víctimas entre las que están no sólo miembros de las comunidades afro, indígenas y campesinas, sino también los territorios ancestrales y colectivos de los pueblos étnicos.

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Los tres patrones criminales en los que operaba la fuerza pública

La investigación de los crímenes cometidos contra comunidades étnicas y campesinos en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Nariño se conoce como el caso 02 de la JEP y ha sido una investigación que ha tomado casi ocho años.

La magistrada Belkis Izquierdo es indígena arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta, miembro de la Sala de Reconocimiento de la Verdad y ha sido la encargada de avanzar con el caso en el que se señala a los militares como responsables de tortura, homicidio, desaparición forzada, exterminio, traslado forzoso de la población y persecución. Estos delitos fueron calificados como crímenes de guerra y lesa humanidad. En su investigación se documentaron 72 crímenes no amnistiables y, según los hallazgos, los integrantes del Ejército Nacional participaron en el 79 % de los hechos investigados.

Izquierdo asegura que la forma en la que se implementó la política estatal de consolidación territorial en los tres municipios, entre 2001 y 2012, se tradujo en una militarización intensiva de la vida cotidiana de sus habitantes, que no consideró que se trataba de un territorio mayoritariamente étnico y que se dio sin una coordinación con sus autoridades, sistemas organizativos y de gobierno propio.

La investigación determinó que los crímenes no fueron hechos aislados, sino parte de tres «patrones macrocriminales sistemáticos» en la actuación de la fuerza pública. El primero de ellos es que, durante más de una década, integrantes de la fuerza pública ejercieron estigmatización y violencia selectiva orientada a debilitar procesos organizativos, así como sus expresiones políticas, sociales y culturales y la reivindicación de los derechos individuales, colectivos y territoriales.

El documento en el que la JEP determinó la responsabilidad de la fuerza pública indica que la resistencia a modelos económicos de extractivismo, y las manifestaciones políticas, sociales y culturales, se interpretaron como actos de subversión que derivaron en el uso de la violencia por parte de miembros del Ejército Nacional. “Las víctimas de este patrón fueron señaladas y estigmatizadas como ‘guerrilleros’, ‘auxiliadores’ o ‘colaboradores’ de grupos armados ilegales, lo que derivó en homicidios selectivos, detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, amenazas e intimidaciones individuales y colectivas”, señala la magistrada Izquierdo.

El segundo patrón fue el asesinato de indígenas, afros y campesinos que fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate para simular resultados operacionales del Ejército. La Sala de Reconocimiento de la Verdad señaló que los homicidios se dirigieron principalmente contra autoridades tradicionales, liderazgos sociales, etnoeducadores, ex gobernadores indígenas y presidentes de Juntas de Acción Comunal. Además, resalta que, en algunas ocasiones, dichos asesinatos estuvieron acompañados de torturas, tratos crueles y amenazas a testigos y familiares, lo que en muchos casos derivó en desplazamientos de familias y comunidades enteras.

Finalmente, el tercer patrón identificado fue el control militar y la privación de derechos sobre los territorios étnicos, la naturaleza y las tierras campesinas. La investigación reveló que entre 2003 y 2012 se registraron 42 hechos de desplazamiento, confinamiento y hostilidades contra pueblos étnicos y comunidades campesinas, asociados al actuar de la fuerza pública en la región. Estos hechos afectaron aproximadamente a 16 337 personas: 10 738 pertenecientes al pueblo awá, 3796 integrantes del pueblo afrocolombiano y 1800 campesinos.

La JEP reconoció ampliamente no sólo la afectación de las personas, sino que las agresiones se extendieron al territorio, la naturaleza y los lugares sagrados como sujeto colectivo de derechos.

La magistrada Izquierdo destaca que “se identificaron afectaciones sobre la vida y los ecosistemas, cuerpos de agua, suelos, animales y plantas que sustentan la subsistencia y equilibrio territorial de los pueblos y comunidades”. Izquierdo añade que eso llevó también a la ruptura del tejido comunitario, los sistemas de conocimiento, la organización social, la espiritualidad y los sistemas de cuidado que garantizan la pervivencia física, cultural y espiritual de las comunidades.

“El daño más grande que nos han causado es, sin duda, la pérdida de la vida de muchas personas, entre ellas varios de mis familiares. Pero, después de eso está el daño al tejido social que hasta hoy no se ha podido recuperar. Estamos trabajando en eso, pero el solo hecho de vivir actualmente inmersos en un conflicto armado que está activo, nos impide avanzar como debería ser”, le dice a Mongabay Latam una lideresa afro de la que omitimos su nombre por razones de seguridad.

Un indígena awá, que pidió la reserva de su nombre, asegura que los diálogos de paz que el Gobierno adelanta con varios grupos armados en el país son necesarios y que muchas de esas personas podrían dejar las armas. Sin embargo, a él y a otros líderes les preocupa que estas personas no estén dispuestas a dejar los territorios. “La garantía es que abandonen las armas y se vayan para que nosotros volvamos a ser autónomos sobre nuestros territorios. El temor de muchos de nosotros es que los diálogos [de paz] se usen como una estrategia para despojarnos de nuestros territorios”.

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Los retos de una investigación de ocho años

Para la magistrada Izquierdo, uno de los principales retos de la investigación era probar los daños ambientales. Finalmente lograron determinar que la ubicación estratégica de los municipios de Ricaurte, Barbacoas y Tumaco (con fácil acceso al océano Pacífico) favoreció la expansión de los cultivos de coca para uso ilícito y que la erradicación mediante aspersión aérea de glifosato, desarrollada por la fuerza pública, impactó cultivos de subsistencia, ríos, ecosistemas y territorios colectivos.

Una de las apuestas de la magistrada Izquierdo era lograr imputar las afectaciones a la salud y al medioambiente causadas por el glifosato, sin embargo, reconoce que en esa política participan muchas entidades nacionales e internacionales, por lo que era muy difícil determinar a quién se llamaba a versionar.

Finalmente, comenta la magistrada, optaron por hacer un acápite muy grueso de los daños ambientales al territorio y esperan que la visibilización de esos daños lleve a una reflexión entre los creadores de política pública sobre la política antidrogas.

Izquierdo reconoce que otro de los obstáculos que tuvieron que sortear fue la falta de información sobre delitos cometidos por los militares. “Había más información de las FARC, más investigaciones en la Fiscalía. Sobre la fuerza pública hay poco y casi todo está relacionado con ejecuciones extrajudiciales. Además, en la costa pacífica nariñense la información que se tiene es aún menor”, afirma.

Aunque los pueblos afro, indígenas y campesinos celebran la imputación de cargos contra los militares, reconocen que no probar la responsabilidad por las afectaciones de las aspersiones aéreas con glifosato es uno de los grandes sinsabores que quedan.

“La naturaleza nos está cobrando los daños que causaron los cultivos de coca que cada día se esparcían más y los daños que causó después su fumigación. Los químicos fueron dañando y afectando nuestras fuentes hídricas y hoy en día es difícil obtener productos que ancestralmente adquiríamos como el cangrejo de río, la mojarra de río y los animales de monte que cazábamos para el autoconsumo”, dice la lideresa afro. “Tuvimos una pérdida impresionante, tanto que para que nuestros suelos vuelvan a dar fruto tenemos que esperar alrededor de unos 50 a 60 años”, agrega.

Otro asunto que las comunidades sienten que no tuvo desarrollo en la última decisión de la JEP fue el tema de género. “Las mujeres fuimos muy afectadas, especialmente mujeres entre los 10 y los 18 años. Fueron muchas menores de edad y no sólo fueron casos sexuales, también fueron utilizadas para el transporte y consumo de sustancias psicoactivas”, dice la lideresa.

En 2023 la JEP ya había atribuido responsabilidad a 15 exintegrantes de las antiguas FARC por crímenes cometidos en los mismos tres municipios. En esa primera decisión se hicieron imputaciones por masacres; asesinatos selectivos y desapariciones forzadas; confinamientos y desplazamientos forzados; reclutamiento y utilización de niñas y niños; violencia sexual y de género; uso de minas antipersonal y artefactos explosivos, y destrucción del territorio y la naturaleza.

Ahora, con la decisión de la Sala de Reconocimiento de la Verdad respecto a la fuerza pública, se cerró la etapa de investigación para identificar a los responsables de crímenes contra las comunidades de la costa pacífica nariñense.

¿Qué sigue ahora? Si los militares reconocen su responsabilidad, continuarán en la ruta dialógica, es decir, irán a una audiencia pública de reconocimiento y se les impondrán sanciones propias —penas restaurativas como trabajo comunitario y reparación a víctimas, no cárcel común.

Por otro lado, si no reconocen responsabilidad, serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que decidirá si formula cargos ante el Tribunal para la Paz y, de ser hallados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

*Imagen principal: viviendas en una comunidad afro del municipio de Tumaco, Nariño, Colombia. Foto: cortesía Ana Lucía Caicedo.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La integridad no se negocia ni se lava de púrpura

Reflexiones desordenadas

Don Fidel, leí el editorial oficial del periódico referente a la denuncia que hizo Pilar, así como el trino que le enviaste donde reconociste que aquello nunca debió haber sucedido.

I. De la escucha al resarcimiento: el testimonio de quien hizo camino a Don Fidel

Debo reconocer que gran parte de mi empoderamiento profesional, intelectual y activista se lo debo a este valioso espacio que he habitado durante años.

Siempre que he necesitado comunicarme contigo ha sido cordial, con la escucha activa; aunque no he tenido la oportunidad de interactuar personalmente, imagino la integridad de tus palabras desde la coherencia.

He aprendido en la distancia sobre tu trabajo y he admirado la capacidad que tienes siempre de poner la cara a las audiencias.

Me acerqué al periódico cuando ni siquiera había terminado los procesos para iniciar la educación superior, cargando apenas con una primaria y un bachillerato validado tras pasar por muchos colegios que no lograron enseñarme.

Tuve que hacer camino al andar, puntada a puntada, para convertirme en la periodista y educomunicadora que hoy soy. En ti encontré a un hombre de oídos abiertos y la posibilidad de ensanchar el eco de mi voz; recibí algunas jaladas de oreja y atravesé el miedo de perder los espacios ganados, ahí estuviste, dándome siempre la oportunidad de crecer.

Por eso hoy escribo desde mi lugar de escribidora; escribo para más que aleccionar y dar demandas éticas —que ojo, sí existen—, quiero anexionar.

Deseo entender qué viene, qué vamos a hacer para desaparecer el lavado púrpura de los medios.

Lo ocurrido en Caracol sirvió para que empezaran a abrirse muchas puertas y ventanas, revelando una verdad que ya no puede ocultarse. Ya vimos las excusas públicas; ahora la pregunta es: ¿De qué manera viene la reparación para aquellas mujeres que tuvieron que salir despavoridas a razón del abuso de poder, del acoso laboral y sexual en este #MeToo Colombia?

La gravedad de la situación alcanza niveles alarmantes cuando voces de impecable trayectoria periodística confirman la crisis estructural. “En El Espectador también acosan y tienen un protocolo poco riguroso, con falencias y que no saben aplicar. Revictimizan a quienes denuncian y las empujan a renunciar. Mi nombre es Pilar Cuartas Rodríguez, fui la primera ‘editora’ de género de un medio tradicional en Colombia (de El Espectador)”, escribió la periodista al iniciar su denuncia pública. Esta afirmación no es solo un testimonio; es una evidencia del fallo sistémico en la protección de quienes investigan y narran la realidad. El respaldo a la voz de Pilar y de las cientos de mujeres que están levantando su palabra como periodistas es innegociable. Su regreso y su florecimiento serían la prueba de que este diario transforma sus estructuras para que la integridad no sea un concepto abstracto.

II. El laberinto del deseo y la justicia estructural: Puta o no puta, mis derechos no se disputan

Como defensora de la sexoafectividad, me genera una profunda tristeza que estemos llegando a un punto donde las relaciones eróticas se vean mediadas por un punitivismo rígido. Sin embargo, entiendo que esta es la respuesta a décadas de una sordera histórica.

¿Por qué nos cuesta tanto entender la diferencia entre una mirada seductora y la imposición de poder que constituye el acoso?

Sé qué es el acoso, sé qué es la violencia sexual y conozco perfectamente cómo funcionan el abuso de poder y el acoso sexual como una dupla enloquecedora. Cuando decidí traer una versión de la Marcha de las Putas a Colombia fue muy difícil; al final del día encontré el camino de la mano de otras mujeres que en ese momento, al igual que yo, no formábamos parte de la línea feminista académica del país. Lo mío son principios; creo genuinamente en que tenemos derecho a vivir como mujeres putamente libres en todos los espacios y que, putas o no putas, nuestros derechos no se disputan.

Por eso hoy me sumo al grito de “Yo te creo, colega” y pregunto: ¿De qué manera va a haber resarcimiento para aquellas mujeres que han levantado la voz dentro del diario?

Como plantea Silvia Rivera Cusicanqui, debemos descolonizar nuestros gestos; no basta con el discurso, hay que practicar la coherencia. Desde el Feminismo Artesanal reivindicamos todas las formas de ser mujer: la precarizada, la neurodivergente, la afro, la trans, la creadora, la disidente.

Algunas personas dicen que no tengo autoridad para defender esto por ser una mujer liberal, de principios ácratas, que cree que cada mujer lleva dentro de sí una Puta Sagrada. Para mí, este es un concepto performático; una respuesta que resignifica una palabra usada históricamente para secundarizar a las mujeres en sus derechos y convertirlos en objeto de estigma. La mejora de nuestros protocolos no es un favor, es una necesidad para que la impunidad se detenga.

III. La ética del cuidado frente al deterioro de los vínculos eróticos

Me preocupa legítimamente el deterioro de las relaciones eróticas cuando la voluntad se confunde con el abuso de poder. Es una complejidad dolorosa: ¿cómo garantizar que ningún acosador quede impune sin que la “policía moral” invada nuestras libertades más íntimas?

Siguiendo la sabiduría de Lola Cendales, la educación popular y la educomunicación deben servir para reconstruir el tejido social desde el respeto; la transformación solo es real si nos permite aprender a relacionarnos desde la autonomía.

Las mujeres hemos pasado la mayor parte de nuestra vida cuidándonos de quienes dicen amarnos y de desconocidos que nos violentan. Al mismo tiempo, reconocemos que hay hombres con quienes quisiéramos acercarnos, el miedo es mutuo porque la historia del abuso nunca fue escuchada.

Ahora las relaciones están atravesadas por la sospecha. Esta búsqueda de los derechos sexoafectivos libres no puede estar por debajo del sufrimiento de millones de mujeres que fueron abusadas en silencio. El consentimiento es sencillo, un “no” debe ser suficiente sin importar el contexto previo. La zozobra del abuso sexual en la que viven tantas mujeres es una realidad que no admite matices complacientes.

¿Estamos listos para construir consensos claros donde el consentimiento sea la regla y la integridad sea el límite innegociable? La respuesta no puede ser el silencio ni la negación, debe ser la construcción de espacios donde la libertad no signifique vulnerabilidad.

IV. Mi fuerza tiene palabra: una apuesta por la reexistencia colectiva

Finalmente, quiero decirte, Don Fidel, que mi saber ya no es una intuición ni un presentimiento; es una comprensión que denuncia y anuncia. Como bien señala Maya Angelou: “Haz lo que puedas con lo que sabes y cuando sepas más, hazlo mejor”. Hoy sabemos más y por eso te demando, a ti y a toda la redacción, que este momento sea el motor de una reexistencia colectiva.

Deseo dejar clara mi admiración profunda por tu historia profesional y por el hombre encarnado en este tiempo; eres hijo de una época distinta que ha sabido abrir espacios para que las mujeres podamos reexistir. Cuestiono el lavado púrpura en cualquier escenario y por eso me animé a escribirte públicamente, como un ejercicio dialógico educomunicativo, no como un juicio ni una indagatoria, sino con genuinas reflexiones.

Sé que tienes la altura intelectual, ética y moral para los ejercicios ejecutivos necesarios; cuentas con oídos abiertos y un auténtico deseo de accionar. Conmigo no cuenten para descomplificar lo que es imposible: esto es multidimensional y atraviesa todas las realidades sociales.

¿Cómo equilibraremos nuestros derechos eróticos y amatorios con el derecho a una vida libre de violencia sin acudir siempre a lo punitivo? Muchos se escandalizan por la rigidez de las leyes actuales, esas normas no llegaron de la noche a la mañana; fueron décadas de silencios cómplices y de mirar hacia otro lado. La ley es rígida porque la realidad ha sido rígida.

No tengo idea de cómo resolveremos esto, lo que sé es que debemos iniciar hoy con demandas concretas, confiando en que el futuro será más amable y aprenderemos a equilibrar la balanza entre nuestros derechos afectivos y el derecho a vivir sin violencia machista.

Agradezco a la vida por la autoridad moral que me ha dado este proceso para escribir hoy desde adentro.

Este texto ha sido escrito de la mano de la Inteligencia Artificial en mi rol de escribidora, y me hago cargo de cada una de las palabras y conceptos aquí expresados.

Espero que esta carta toque el corazón de quienes la lean y abramos diálogos a la altura de nuestro tiempo.

Caminar, para el pueblo awá, es una forma de aprender el mundo. Andar su territorio —dicen— es la única manera de conocerlo de verdad. “Al caminar se cuentan historias de la cultura y eso para nosotros es mejor que estar detrás del escritorio en una oficina”, explica Yuri Caicedo. Alguna vez, un mayor se lo dijo con claridad a un biólogo: si quería conocer al pueblo awá, tenía que “batir barro”, es decir, internarse por caminos donde no llegan los vehículos, atravesar suelos húmedos que se vuelven barrizales y aceptar que el conocimiento también implica ensuciarse.

Así se entiende la vida en la Reserva Natural La Planada, ubicada en el municipio de Ricaurte, en el departamento de Nariño. Esta área protegida al sur de Colombia es gestionada desde 2010 por el Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo. Allí, bajo la dirección de Caicedo, recorrer el territorio sigue siendo la base para cuidar la selva.

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De esos recorridos surgieron, precisamente, los investigadores awá: un grupo de 18 mujeres y hombres —de entre 24 y 70 años— capacitados no solo para guiar visitas de turismo científico en la reserva, sino también para liderar procesos de educación ambiental en escuelas locales y colaborar en proyectos de investigación junto a universidades, organizaciones e investigadores independientes.

El grupo nació en 2021 cuando los conocimientos ancestrales del pueblo awá comenzaron a dialogar con la investigación científica de la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt.

“Fue un proceso de entrar en confianza y conversación entre investigadores locales e investigadores científicos; lo que se plantea es que todos los actores del proyecto aprendan el uno del otro”, dice Caicedo. “Ayudó mucho caminar en los diferentes senderos de la reserva, conocer e identificar plantas y animales; fue una formación en doble vía para lograr esa participación entre lo científico y lo ancestral”.

Así, la Universidad de Nariño aportó herramientas de monitoreo biológico; el Instituto Humboldt, enfoques sobre turismo, mapeo y dinámicas socioecológicas; y el resguardo, el conocimiento tradicional y su relación profunda con la naturaleza de la región.

“Los investigadores fueron seleccionados por asamblea general, cada uno según sus distintas habilidades y gustos, y se vincularon a cinco diferentes grupos biológicos: aves, mariposas, plantas útiles, plantas epífitas vasculares y anfibios y reptiles”, describe Caicedo.

Una reserva para la investigación

La Reserva Natural La Planada se encuentra en un paisaje oculto entre nubes bajas. Enclavada en las montañas del suroccidente colombiano, esta área protegida despliega 3200 hectáreas de bosque de niebla ubicado entre los 1200 y 2300 metros sobre el nivel del mar, en la vertiente pacífica de los Andes. Es territorio del pueblo awá, que se nombra a sí mismo Inkal Awá, “gente de montaña”.

Aquí, la selva no es solo un entorno: es Katsa Su, la “casa grande”, un espacio vivo donde la comunidad habita en relación con los ciclos naturales y los espíritus del territorio.

Ubicada en un punto estratégico del corredor biológico Chocó-Darién, la reserva se ha consolidado como un sitio clave para el flujo e intercambio de especies entre Norte y Suramérica. Esa posición privilegiada explica su extraordinaria biodiversidad: datos del Sistema de Información de Biodiversidad (SiB) Colombia —resultado de un proceso de organización y sistematización de registros biológicos, literatura y monitoreos realizados junto a investigadores awá y la Universidad de Nariño— indican que en la zona se han registrado al menos 2144 especies de flora y fauna. Esto representa el 21 % de las especies reportadas para el departamento de Nariño y el 2.8 % del total nacional.

En La Planada habitan más de 400 especies de aves, equivalentes al 23 % de las registradas en Colombia. Entre las más destacadas, se encuentran el terlaque de Nariño (Andigena laminirostris) y una amplia variedad de tangaras.

Además, se registraron 324 especies de mariposas diurnas, 57 anfibios, 25 reptiles y al menos 24 especies de mamíferos, entre ellas el oso de anteojos (Tremarctos ornatus), el puma (Puma concolor), el kinkajú  (Potos flavus) -también llamado tejón- y el mono aullador de manto (Alouatta palliata).

La riqueza vegetal también es excepcional: se han identificado más de 1000 especies de plantas, incluidas más de 300 variedades de orquídeas. Esta abundancia le valió una de sus descripciones más emblemáticas: en 1991, el botánico Alwyn Gentry la denominó “el imperio supremo de las epífitas”, en alusión a la impresionante presencia de estas plantas que crecen sobre los árboles.

“Nuestros ancestros han sido científicos de naturaleza porque han convivido en medio de la flora y la fauna”, dice Irene Caicedo Guanga, investigadora awá sobre plantas epífitas. “Con la parte científica occidental pudimos reforzar nuestros conocimientos; yo creía, según mi conocimiento ancestral, que solo existían las orquídeas grandes, pero aprendí que hay orquídeas diminutas que no se pueden observar a simple vista”.

Según el SiB, dadas las condiciones ecológicas y evolutivas de la reserva, esta alberga 112 especies endémicas para el país. Dentro de ellas se registran 107 plantas, cinco animales y 29 especies migratorias. Igualmente, la reserva alberga 50 especies con alguna categoría de amenaza, como la rana venenosa de La Planada (Paruwrobates andinus), en peligro crítico de extinción.

“Aquí no se colecta”

En 2023, los investigadores awá publicaron sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Esta información se recopiló a través del intercambio entre participantes de talleres y actividades de documentación y caracterización de la reserva, así como en el diálogo de intereses, perspectivas y características del vivir de los awá.

“Desde mi experiencia como investigadora awá el proyecto ha sido un éxito porque desde nuestra ancestralidad hemos podido compartir con los científicos de la academia occidental a través del proyecto de turismo científico”, agrega Caicedo Guanga.

Uno de los ejercicios participativos con investigadores awá permitió identificar 95 especies clave en la Reserva Natural La Planada —61 plantas y 34 animales—, valoradas no solo por su utilidad, sino también por su vínculo cultural, espiritual y cotidiano con la comunidad.

Los resultados revelaron un dato alarmante: al menos 34 de estas especies han disminuido drásticamente o desaparecido en otras zonas del territorio awá debido a la deforestación y la degradación ambiental. En este contexto, la reserva ha funcionado como un refugio vital, al albergar de forma exclusiva 41 de estas especies. Entre los casos más representativos está el palmito (Prestoea acuminata), un alimento tradicional que hoy casi ha desaparecido fuera de la reserva.

“Los recorridos son bastante importantes”, dice Germán Libardo Ortiz Nastacuas, investigador awá de plantas útiles. A sus 58 años y con tres décadas de experiencia como guía, recuerda especialmente la primera vez que explicó la importancia del palmito: “Recuerdo tanto la primera vez que explicaba la importancia del palmito, que es un alimento tradicional para nosotros los awá y los campesinos mestizos en Ricaurte, y que también es una planta que sirve para hacer los techos de las chozas”.

Para él, estos espacios tienen un valor que trasciende la enseñanza. “A nosotros nos queda la satisfacción de haber explicado, compartido y que otros aprendan, que no se quede ahí el conocimiento y se pierda el saber nuestro, sino que otras personas también sepan qué tanta importancia tiene la Prestoea acuminata”, comenta.

El grupo de la Universidad de Nariño y del Resguardo Indígena Awá Pialapí Pueblo Viejo desarrolló extensas jornadas de campo, en las que identificaban especie por especie en cada punto del territorio. Durante dos años recorrieron la zona con libreta en mano, documentando cada hallazgo.

“Todos iban adquiriendo conocimiento, tanto práctico como teórico, sobre las aves y las plantas, sus nombres científicos y comunes, mientras iban seleccionando y colectando información en sus libretas”, explica Yuri Caicedo.

Históricamente, la reserva se ha consolidado como un referente de investigación a nivel nacional e internacional, con más de un centenar de estudios sobre la biodiversidad que han aportado información clave de todos los grupos biológicos. Sin embargo, en los últimos años, la formación de investigadores awá en ámbitos biológicos, ambientales y socioculturales ha marcado un nuevo rumbo.

Este proceso ha impulsado líneas de investigación prioritarias, ampliando el enfoque hacia temas como el manejo de recursos —incluyendo energías limpias, sistemas de agua y gestión de residuos—, la construcción de una política de manejo de fauna, así como áreas emergentes como la bioacústica, la gastrobotánica, el monitoreo comunitario y la recuperación de la lengua y las expresiones culturales del pueblo awá.

Así, la reserva y sus investigadores se convirtieron en los primeros actores comunitarios en publicar datos en el SiB de Colombia, abriendo un camino inédito para que las comunidades locales participen activamente en la construcción, publicación y difusión del conocimiento científico.

Bajo el mandato del pueblo Awá, este territorio ha sido declarado tangán de la biodiversidad. Este concepto cobra especial significado al entender su origen: en la vida cotidiana awá, el tangán es un espacio dentro de las cocinas familiares donde se resguardan y conservan elementos esenciales.

Esa visión redefine las reglas de la reserva: en La Planada no se permite la caza —ni siquiera para subsistencia—, tampoco derribar vegetación ni la colecta científica que implique sacrificar animales. La decisión marca un punto de inflexión en la investigación biológica en Colombia, al anteponer la ética y la espiritualidad a las prácticas occidentales de estudio.

“Como expertos de su territorio, nos enseñaron a entrar en su dinámica y sus normas, a conocer la parte espiritual y todo lo que los mayores recomiendan”, dice Andrés Felipe SantoDomingo, investigador en ciencia participativa y enfoque biocultural del Instituto Humboldt. “Dentro de eso, una pauta fuerte que tiene la reserva y que los investigadores awá hacían cumplir, es ‘aquí no se colecta’. En este territorio se colectó antes, cuando no pertenecía al resguardo, pero ahora tienen el principio de cuidar la vida en todas sus manifestaciones”.

Turismo científico para la conservación

La Reserva Natural La Planada comenzó su historia a inicios de la década de 1980, impulsada por una fundación civil. Sin embargo, desde 2010 su rumbo cambió: la administración pasó al Resguardo Awá Pialapí Pueblo Viejo. Desde entonces, es la propia comunidad awá la que lidera su manejo y conservación, construyendo alternativas desde el territorio.

A través de un modelo de turismo científico de naturaleza, la reserva se ha abierto a investigadores y visitantes, quienes se integran a una Red de Amigos de La Planada, lo que ha permitido incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad y aspectos sociales de la zona.

“Desde el momento que la reserva fue entregada en calidad de donación al pueblo awá, se adquirió el gran compromiso de cuidar igual o mejor que antes. Con grandes desafíos, hemos logrado cumplir ese objetivo”, afirma Caicedo.

Durante décadas, el pueblo awá ha enfrentado las consecuencias del conflicto armado, en un territorio marcado por la violencia y el desplazamiento de varias de sus comunidades. Frente a este contexto, surgió desde las propias comunidades la necesidad de generar alternativas que garantizaran ingresos directos y sostenibles. Así, con el apoyo de la Gobernación de Nariño y el Instituto Humboldt, se impulsó un proyecto que no solo promoviera la investigación y gestión de la biodiversidad, sino que también abriera oportunidades económicas a través del turismo científico.

En este camino, la reserva logró articular a distintos actores —agencias de viajes, universidades y otras instituciones— para consolidar un modelo que combina conservación y experiencia en campo. Como parte de esta apuesta, se diseñaron senderos interpretativos con guiones que orientan a los guías sobre cómo explicar la biodiversidad en cada recorrido, identificando zonas clave según los grupos biológicos. Esto permite que, al recibir visitantes, los recorridos sean más precisos, educativos y conectados con el entorno.

“Hay varios senderos donde ellos lograron identificar, por ejemplo, dónde hay mayor concentración de epífitas o de ranas y lagartos para que, al momento de que lleguen los turistas, puedan llevarlos al lugar indicado”, agrega Caicedo.

Actualmente, el impacto de La Planada trasciende sus propios límites. En el municipio de Ricaurte se ha convertido en un punto de partida: otros resguardos comienzan a replicar su modelo de conservación, delimitando zonas de reserva y desarrollando sus propios procesos de monitoreo de fauna y flora. La experiencia se comparte de mano en mano: investigadores awá viajan a otros territorios para intercambiar conocimientos y capacidades.

El siguiente paso ya está en marcha: llevar a niños y niñas de las escuelas locales a la reserva para que crezcan entendiendo el valor de la biodiversidad que los rodea.

“Nosotros, como awá, nos hemos criado toda la vida con la fauna y la flora, y desde temprana edad nuestros padres nos enseñaron los nombres de cada planta”, concluye Germán Libardo Ortiz Nastacuas. “Los recorridos dentro de la reserva para nosotros son un orgullo porque nos sentimos juntos, dándoles a conocer a los visitantes la importancia de nuestra reserva”.

*Imagen principal: en 2023, los investigadores awá publicar sus hallazgos junto a la Universidad de Nariño y el Instituto Humboldt. Foto: cortesía Banco de Imágenes Ambientales (BIA) / Instituto Humboldt.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El pasado 19 de febrero una noticia sorprendió a los indígenas arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, los cuatro pueblos ancestrales que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta, un macizo montañoso único en Colombia, aislado de los Andes y el más alto del mundo junto a la costa, con picos que superan los 5700 metros. El Consejo de Estado, uno de los altos tribunales del país, declaró la nulidad del decreto 1500 de 2018, más conocido como el decreto de la Línea Negra.

Esta norma redefinió el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas, trazando un límite simbólico y sagrado llamado “Línea Negra” (o Sheshiza, en su cosmovisión), basado en 348 espacios sagrados. Su principal objetivo era proteger el valor espiritual, cultural y ambiental del territorio, regulando el uso de recursos, la consulta previa en decisiones que los afecten y su autonomía en la conservación.

“Para los pueblos indígenas esta decisión significa desconocer un proceso histórico de reivindicación de nuestras culturas y del conocimiento que tienen los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta”, dice José Mario Bolívar, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Wiwa. Por su parte, Jaime Luis Arias, gobernador del Cabildo Indígena del Pueblo Kankuamo, asegura que rechazan la decisión y les preocupa porque “la interpretación que hace este tribunal es completamente regresiva en derechos”.

La sentencia del Consejo de Estado, que no puede apelarse, también generó rechazo en sectores sociales y ambientales. Juana Hofman, directora de integración territorial técnica en Amazon Conservation Team (ACT), comenta que la decisión de anular el decreto por razones de forma y no de fondo pone en jaque más que un acto administrativo. “Lo que está en riesgo son los avances en la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, la garantía efectiva de la diversidad étnica y cultural y, en un plano más estructural, la coherencia del Estado colombiano como Estado social de derecho que se reconoce pluriétnico y multicultural”.

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Un decreto que incomodó desde el momento de su firma

Los principales argumentos del Consejo de Estado para anular el decreto de la Línea Negra están en que, al momento de ser expedido, no existía cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y no se agotó la consulta previa con otros grupos étnicos que quedaron incluidos dentro del territorio ancestral, entre ellos los pueblos indígenas ette enaka y wayúu, así como varios consejos comunitarios afro.

El alto tribunal también expresó que en 2018 hubo un exceso en la potestad reglamentaria del Presidente, quien interfirió en la autonomía territorial de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena y en la de sus municipios.

Se generó tanta polémica que pocos días después de conocerse la sentencia, el presidente Gustavo Petro se pronunció a favor de los pueblos indígenas y propuso la elaboración de una nueva norma. “He convocado la unidad de los pueblos indígenas del corazón del mundo. Los espero masivamente en las playas de Santa Marta, a firmar el nuevo decreto de la Línea Negra que expanda el territorio sagrado de los cuidadores del agua”, dijo el mandatario.

El expresidente Juan Manuel Santos, quien firmó el decreto de 2018 un día antes de dejar su cargo, también defendió la norma. “Los pueblos kogui, arhuaco, wiwa y kankuamo están en riesgo. Preservar la Línea Negra no es un capricho. Es proteger la Sierra Nevada, su riqueza incomparable y su dimensión espiritual. Y es honrar una orden de la Corte Constitucional”, dijo en un video que publicó en la red social X. Dicha orden le pedía al Gobierno Nacional adoptar medidas efectivas para delimitar y proteger el territorio ancestral de los cuatro pueblos indígenas.

Jenny Ortiz es coordinadora del Programa Movilización, Derechos Humanos e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), fundación colombiana dedicada a la investigación, formación y defensa de los derechos humanos y la paz. Según dice, detrás de la demanda que llevó a la nulidad del decreto hay intereses económicos, ya que la norma funcionaba como una barrera que impedía la entrada de agricultura a gran escala y proyectos extractivos como la minería.

Datos recogidos y procesados por el CINEP, y que fueron obtenidos de la plataforma de la Agencia Nacional de Minería (ANM), muestran que para febrero de 2024 existían 151 títulos mineros vigentes dentro de la Línea Negra, los cuales ocupaban un área de 77 805 hectáreas, aunque la mayoría se encuentran inactivos o en fase de exploración. También había registro de 95 solicitudes mineras en espera de aprobación y que abarcan 74 644 hectáreas.

Precisamente, una de las preocupaciones con la nulidad del decreto es que las presiones mineras, agroindustriales y petroleras aumenten.

Hofman afirma que desde 2018 sectores gremiales y económicos alertaron que la aplicación del decreto “paralizaría el desarrollo” de tres departamentos y que cualquier actividad requeriría consulta previa. Sin embargo, para ella, no se prohibía el desarrollo sino que se establecían reglas de protección y coordinación en un territorio ancestral reconocido. “Lo que incomodaba era el reconocimiento efectivo de límites al extractivismo y a una expansión sin diálogo”, dice.

Jaime Luis Arias comenta que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta son conscientes de que históricamente ha habido intereses por explotar toda la riqueza cultural y ambiental de la zona. “Esta decisión desde luego afecta y crea una incertidumbre jurídica [que favorece] a esos intereses porque este decreto obedecía, precisamente, a una decisión de la Corte Constitucional que orientaba a establecer mecanismos y garantías para la protección del territorio”. Arias agrega que no solo se trata de intereses legales sino que en la Sierra hay minería ilegal y grupos armados que generan afectación a los derechos de los pueblos indígenas.

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Un nuevo decreto viene en camino

Aun en medio del escenario de preocupación, los expertos consideran que la Sierra Nevada de Santa Marta no queda del todo desprotegida. “Cualquier actividad que genere afectación sobre los cuatro pueblos indígenas tiene que pasar por consulta previa”, comenta Hofman.

Yeny Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), considera que el territorio ancestral que está fuera de los resguardos, y es parte del polígono conocido como Línea Negra, no queda desprotegido porque el decreto se cayó, pues hay otras figuras legales que lo protegen, como el artículo 330 de la Constitución Política de Colombia o tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Los cuatro pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta se encuentran en constantes reuniones para pensar en un nuevo decreto, aunque José Mario Bolívar dice que tienen claro que una norma no los hace indígenas ni cambia su cosmovisión: para ellos el decreto era “un formalismo para podernos entender en el diálogo y en la convivencia con un pensamiento [occidental] diferente”.

Además, después del apoyo del presidente Petro, los indígenas iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional. El 28 de febrero Gabriel Rondón, viceministro del diálogo social y los derechos humanos del Ministerio del Interior, instaló un espacio de diálogo intercultural para construir colectivamente la ruta hacia un nuevo decreto de protección de la Línea Negra. “El propósito es empezar desde el principio, aclarar dudas y generar una ruta amplia que nos lleve a concertar un nuevo acto administrativo sin las fallas del anterior”, dijo Rondón.

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 4 de marzo el inicio de la consulta previa sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Oficialmente declaro iniciado el proceso de consulta a las comunidades étnicas de la Sierra en pos de la Línea Negra”, dijo al cierre de una asamblea donde participó cada uno de los delegados de los pueblos indígenas y afro.

Los gobernadores indígenas le dijeron a Mongabay Latam que esperan que el decreto quede listo en abril. Sin embargo, Bolívar es insistente al afirmar que la nulidad de la norma no cambia para nada la manera en que los indígenas se relacionan con el territorio y sus sitios sagrados. “Siempre hemos sido claros: con o sin decreto nosotros seguiremos defendiendo el territorio de la Línea Negra”, concluye.

*Imagen principal: el decreto de la Línea Negra buscaba proteger más de 300 lugares sagrados de cuatro pueblos indígenas. Foto: cortesía AIDA/Yeny Rodríguez.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La Reforma Pensional —probablemente el mayor logro político del Gobierno— hoy está en vilo en los estrados judiciales por vicios de trámite. La Reforma Laboral avanzó a medias y dejó inconformes incluso a quienes la impulsaban. La reforma a la salud naufragó en el Congreso. La tributaria generó controversia. Las propuestas de consulta popular y hasta la idea de una nueva Constitución quedaron en el terreno del discurso.

Aunque mucho análisis se podría hacer sobre las derrotas de dichos procesos, solucionaban problemas de los colombianos, pero no el que más los afecta. Según la encuesta de INVAMER publicada en febrero de 2026, el 30% de los colombianos cree que el mayor problema del país es la seguridad. Adicionalmente, afirma que 3 de cada 10 colombianos no se sienten seguros en su barrio, vereda o sector de residencia. El miedo dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en experiencia cotidiana.

Podemos debatir si el problema es la falta de pie de fuerza, la inteligencia, la inversión social o la prevención. Todo eso es válido. Pero hay un embudo donde el sistema colapsa: la judicialización. Cerca del 91% de los capturados por cometer delitos en Colombia terminan siendo liberados y por ende la impunidad cunde en todos los rincones del país.

No importa qué tantas capturas logren realizar las Fuerzas Armadas o qué tantos cargos y delitos tengan los criminales. Mientras que la justicia siga siendo tan laxa y prevalezcan los derechos de los capturados sobre el beneficio común de la seguridad, no podremos avanzar.

En ese sentido, la reforma que si necesita Colombia es una para la justicia. Esa reforma debe contemplar el final de impunidad para aquellos que cometan crímenes, sin distingo del tamaño o el impacto de este. La justicia debe incluir la Inteligencia Artificial – IA, para garantizar la agilidad de los procesos. Se debe reevaluar la ley de pequeñas causas, puesto que la justicia en si misma es una gran causa, y finalmente, se tiene que tener un marco jurídico más sólido para aquellos insurrectos que quieran dejar las organizaciones criminales: que dejen de delinquir, pero que paguen por sus crímenes.

Esa propuesta la ha venido planteando Wilson Ruíz Orejuela, exministro de Justicia y expresidente del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy es candidato al Senado por Movimiento Salvación Nacional con el número 20. Wilson es un valluno que conoce del Estado y en materia jurídica, tiene experiencia en lo público, lo privado y la academia. No es de los youtubers y tiktokers que creen que pueden ganarse la vida viviendo del Estado, ganando millones y contando con esquema de seguridad.

Más allá de simpatías o antipatías partidistas, el debate debería centrarse en esto: votar por gente inexperta y youtubers o vamos a entregar el poder a quien se ha preparado para ejercerlo. La seguridad no se resuelve con discursos épicos ni con guerras retóricas en redes sociales. Se resuelve con instituciones que funcionen y con justicia que se cumpla.

A todos quienes leen esta columna, los invito a que voten por una propuesta seria, con experiencia, lejos de los lentes de las redes sociales, pero muy cercana a la experiencia y las capacidades necesarias para el servicio legislativo.

Me cuentan desde la interna del Deportes Quindío que don Hernando Ángel está tan motivado este año que, incluso, empezó a otorgar incentivos apenas iniciando el torneo. Y eso es, quizá, uno de los motivos que explica el buen arranque del equipo. No ha sido un accidente; son decisiones que explican claramente por qué el equipo cafetero llega a la sexta fecha con cuatro partidos ganados y 13 puntos de 15 posibles —86,67 % de rendimiento—. No puede ocultarse que este 2026, por lo menos en el inicio, hay ajustes puntuales, apuestas concretas y, sobre todo, un plan que empieza a mostrar coherencia.

Ahora la pregunta es: ¿cómo dar ese paso que falta para transformar el buen inicio en una posibilidad de ascenso real? Este equipo debe jugar como quien entiende que el ascenso se construye de a poco, pero con rapidez. Y ello puede comprobarse fácilmente; el rendimiento de las cinco fechas de este año choca con los inicios de 2025, cuando apenas alcanzó 26,67 % y 20 % en las mismas fechas de ambos semestres. Esto no es sólo una diferencia estadística; es un cambio que se confirma con buenos números: +6 en la diferencia de gol y apenas un tanto recibido. Seguro hay mucho por mejorar; mientras tanto, hay que ajustar la fórmula para tener éxito en una categoría larga y traicionera.

Tenemos que ser claros, este año se ven aciertos. El primero fue sostener al técnico Hárold Rivera; ese fue un gesto de cordura. El DT ya conocía los errores y su continuidad está permitiendo corregir. El tiempo que ganó se nota en lectura táctica, en orden, disciplina y una mentalidad que antes no se veía. Acompañando esa decisión vino otra clave; la llegada de Carlos Eduardo Velasco como preparador físico. En la B no basta con la idea; hace falta potencia física, mantener intensidad en canchas ásperas y sostener el rendimiento. Velasco tiene experiencia y eso se traduce en piernas que aguantan, en hombres que llegan enteros y en la posibilidad de sacar ventaja cuando el rival se canse. Zapatero a tus zapatos: él aporta lo que el club necesita.

No es menos importante que Rivera entendió que un equipo serio se arma con refuerzos, con jugadores que sumen en talento, sacrificio y experiencia —ese fue el segundo acierto—. La llegada de jugadores con recorrido como Joel Silva, Javier Reina y Martín Payares, además de otros jugadores en defensa y ataque, le dio frescura a una nómina acostumbrada a perder. Los jóvenes, que poseen talento, encuentran ahora referentes que los ordenan y los cuidan en la cancha.

Y ojo, la dirigencia en cabeza de Ángel, parece estar respondiendo. Las incorporaciones mencionadas aportan liderazgo; ahora esperemos que el delantero ecuatoriano Eduardo Esterilla llegue con goles. Si su adaptación es rápida, dará las soluciones que faltaban, y ese es un insumo que decide campeonatos. Si, además, Joao Rodríguez recupera la lucidez que muchos le atribuyen, el salto de calidad será evidente y allí aparecerán esos recursos para competir en partidos cerrados que habitualmente marcan la diferencia en la B.

Dicho eso, el proyecto sigue demandando ambición. Si el objetivo real es el ascenso, hace falta algo más. Creo que no sobraría un par de refuerzos de peso —un central de experiencia que ordene la defensa y un volante de marca con buen pie— que garanticen solidez en los momentos calientes. Con esos ajustes, la nómina ganaría en variantes, músculo y fútbol para sostener una campaña larga y exigente. No quiero que se vea como un capricho, pero eso puede hacer la diferencia entre llegar a los cuadrangulares por inercia o hacerlo con opciones reales de pelear el título de 2026-I.

Un párrafo aparte merece la apuesta por el talento local, algo que siempre se ha pedido en Armenia. Que jugadores juveniles como José Samuel Ortiz Amaya y Sergio Alejandro Figueroa Restrepo —laterales izquierdo y derecho, respectivamente— entrenen con el plantel profesional ayuda a recuperar ese vínculo emocional con el territorio. Muy bien por Ortiz, que llegó desde Athletic CD, y por Figueroa, transferido desde Asociados Quindianos; ambos representan la posibilidad de abrirle camino a nuevos quindianos en el equipo. Qué lindo sería que les llegue la oportunidad y que ambos la sepan aprovechar.

Todo suena bien, pero cuidado que en el fútbol nada es garantía. La B castiga errores en medio de un torneo largo; y mucho más si no se dejan atrás esos acostumbrados tropiezos administrativos. Por eso el llamado al propietario no es retórica; es una demanda fundada en la historia del equipo. Hernando Ángel debe saber que este buen inicio exige un esfuerzo adicional. Hay que ser coherentes con 75 años de existencia y con el hecho de que el Deportes Quindío ha pasado más del 83 % de su historia en la máxima categoría. Completar la plantilla obedece a la lógica del anhelado ascenso.

Quiero decirlo, tantos años ocultos en la B hacen que muchos en el país la subestimen, pero Armenia es una ciudad que respira fútbol. Esta capital necesita que el Quindío siga siendo el símbolo de la tierra y que vuelva a ser el motor social y económico de la región. La marca Deportes Quindío no puede normalizar más la permanencia en la B; esa es una traición a su historia y a su afición. Lo bueno es que hoy se observan señales en la cancha; y es bonito que en la tribuna y en la ciudad se sienta un aire diferente, hay expectativa.

Don Hernando; el cuerpo técnico es competente, hay jugadores interesantes, llegaron refuerzos, hay jóvenes que piden pista y hoy vemos una tabla que, por fin, hace sonreír. Ajustar lo que falta y sostener la ambición no es un lujo; es honrar 75 años de historia. Aquí estamos para recordarle que ascender no es un favor. Usted suma 25 años con este proyecto que le ha dado mucho en todos los aspectos. Regrésele al club ese lugar que, por historia y peso propio, siempre debe ocupar.

Don Hernando, no lo piense más. Llegó la hora de ascender.

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