La pesca artesanal en el Pacífico colombiano, clave para la vida y la alimentación de comunidades de la costa norte, enfrenta una crisis por la sobrepesca de al menos tres especies de importancia comercial: la sierra (Scomberomorus sierra), el pargo lunarejo (Lutjanus guttatus) y el burique (Caranx caballus), las cuales están siendo capturadas por debajo de la talla de madurez y con una reducción en su potencial reproductivo.

Un reciente estudio publicado en la revista Regional Studies in Marine Science detectó señales de sobreexplotación pesquera tras analizar las tallas capturadas en 769 viajes de pesca durante 2023 en puntos de desembarque de los municipios de Bajo Baudó, Nuquí y Bahía Solano, en el departamento de Chocó. De cuatro especies analizadas, únicamente una no presentó evidencias de sobrepesca, la picuda (Sphyraena ensis), un pez representativo de la región.

Además de detectar que estos peces están llegando al desembarque antes de haber podido reproducirse, el estudio señala un uso inadecuado de algunas artes de pesca, como redes de enmalle, así como una deficiente vigilancia y gestión de los recursos pesqueros.

Especialistas y autores de la investigación explican a Mongabay Latam cómo estos factores generan una presión sobre las poblaciones de peces que pone en riesgo su capacidad para reponerse. Sin embargo, también destacan el conocimiento de comunidades pesqueras para implementar posibles soluciones que permitan no solo la recuperación de las poblaciones, sino también garantizar el sustento de pescadores y sus familias.

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Artes de pesca que influyen en la sobreexplotación

Para identificar las razones de la sobreexplotación pesquera, los autores del estudio analizaron el tipo de arte de pesca utilizado, el tiempo en el cual se hace, el tipo de especie e incluso las condiciones donde se realizó la pesca.

De acuerdo con la investigación, el método predominante en la medición de más de 20 393 individuos fue la línea de mano (en un 56.7 %), seguido por las redes de enmalle (25.5 %), las redes camaroneras (11.1 %) y los palangres (6.7 %).

El estudio advierte también que aspectos del arte de pesca influyen en el tamaño de captura de los peces. Por ejemplo, las redes de enmalle y las camaroneras extraen diferente tamaños, incluyendo peces más juveniles, mientras que las líneas de mano y los palangres tienden a capturar peces grandes y maduros.

Gian Luca Lo Verso, investigador principal del estudio, explica que las características de las diferentes artes de pesca utilizadas en esta región costera han sido poco estudiadas, pese a que influyen en las especies que se capturan y en su conservación.

“Los pescadores comienzan a utilizar diferentes configuraciones del arte. Por ejemplo, utilizan un paño de red de enmalle de dos pulgadas, unido a un paño de cuatro pulgadas, uniendo diferentes tamaños de malla. Entonces, comienzan a capturar en una misma faena diferentes porciones de la estructura de las longitudes de las especies”, explica el autor a Mongabay Latam.

Lo Verso precisa que la investigación no incluyó al atún ni a la merluza, especies de gran valor comercial en la zona, debido a que ya han sido objeto de otros estudios.

El modelo de investigación permitió identificar patrones en las diferentes localidades donde se hizo la investigación, detectando zonas y temporadas en las que hay mayor impacto para las especies.

“Nuquí es una zona donde la mayoría de los artes de pesca y para todas las especies se están capturando individuos inmaduros en un porcentaje muy alto, con excepción de algunos casos como la picuda o el burique”, destaca el especialista.

En cuanto a la temporalidad, se detectó, por ejemplo, que entre los meses de abril y agosto se capturan principalmente individuos inmaduros con todas las artes de pesca. Lo Verso detalla que las longitudes promedio de las especies son cada vez menores.

“La tendencia es clara, cada vez se están capturando individuos más pequeños y eso es un riesgo muy grande, sobre todo para poblaciones de peces que son vulnerables y que están agotadas porque no solamente están disminuyendo los volúmenes de desembarco, sino también está disminuyendo el potencial reproductivo de las especies, que no alcanzan a reproducirse ni siquiera una sola vez en su ciclo de vida”, sostiene el ingeniero pesquero.

Jairo Altamar López, investigador y docente de la Universidad del Magdalena, quien no participó del estudio, coincide en el riesgo que representa este hallazgo para las especies analizadas, que representan el sustento de las comunidades pesqueras a lo largo de esta región de Colombia.

“Termina disminuyendo el potencial de individuos que van a sostener la biomasa desovante y en consecuencia los próximos cortes de estas poblaciones serán cada vez menores, poniendo en riesgo a la especie, no de extinción, pero sí de una disminución importante de las abundancias de estos recursos que al final terminan poniendo contra la pared a los pescadores”, comenta el experto a Mongabay Latam.

Altamar considera que el estudio científico debe despertar alarmas en la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) para examinar con más detalle las pesquerías artesanales del Pacífico colombiano, una zona pesquera productiva pero de difícil acceso para su vigilancia.

“Todas esas dificultades en materia de movilidad terminan impactando también en la manera como el Estado llega a esas regiones con personal y con recursos. Se evidencia en la falta de control y vigilancia alrededor de los recursos pesqueros de esta región”, dice el especialista.

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La crisis se ve en el mar y en el bolsillo

Ana Zita Pérez, tecnóloga pesquera y presidenta del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca Artesanal del Pacífico chocoano, cuenta que en Bahía Solano, uno de los puntos de medición del estudio, las redes de enmalle y camaroneras están prohibidas dentro de la Zona Exclusiva de Pesca Artesanal (ZEPA) debido que no son selectivas con los tamaños de los peces.

“La red captura cualquier tamaño. Y en muchas ocasiones el pescador se llevaba lo que le servía y el resto lo dejaba en la orilla. Hay embarcaciones que salen y en el sitio donde tiran redes desaparece la pesca por días. Entonces aquí la red está prohibida”, sostiene la lideresa.

De las especies en sobrepesca detectadas en el estudio, Zita comenta que en Bahía Solano el caso más evidente es el del pargo lunarejo y otras especies de pargo cotizadas por restaurantes que llegan a pagar entre 5 y 6 dólares el kilo.

“Al pargo rojo y al pargo lunarejo por ese tipo de comercio no los dejan crecer. Hay pescadores que ya han tomado conciencia, pero la mayoría no porque el mercado se lo exige”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Pone como ejemplo un pargo lunarejo de entre 400 a 900 gramos que pese a no haber alcanzado aún su madurez sexual se paga igual que uno adulto.

También destaca el caso del burique con desembarques cada vez más reducidos. “Anteriormente usted conseguía todos los días burique. Pero hay momentos en que desaparecen, que el pescador coge uno o dos. A veces llegan muy pequeños, pero decimos que eso debe ser debido al cambio climático”, agrega Zita.

Especialistas consultados por Mongabay Latam coinciden en que las investigaciones de sobrepesca de especies no pueden dejar de lado la realidad de las comunidades pesqueras, quienes optan por pescar especies de menor tamaño ante la necesidad de sostener sus medios de vida.

“La realidad de las comunidades que viven de la pesca es otra. Muchos pescadores nos decían: ‘Si yo no salgo a pescar y no tiro esta red de enmalle, no tengo con qué alimentar a mi familia’. Las medidas de manejo también tienen que hacerse pensando en la comunidad y con la comunidad”, comenta Lo Verso, autor principal del estudio.

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Conocimientos y cambios clave en la pesca pueden revertir el daño

El principal autor de la investigación explica que una de las ventajas del estudio fue involucrar a los pescadores locales en la medición de las especies capturadas, lo que permite conectar mejor los hallazgos con las realidades que viven las comunidades.

“Tenemos que cambiar el chip y comenzar a trabajar en conjunto con las comunidades y decirles: ‘Vamos a unir ciencia con conocimiento tradicional y con las necesidades de las comunidades’ y dejar de reportar solo la afectación de los recursos para comenzar a reportar cómo van mejorando y cómo se van recuperando estas poblaciones”, sostiene Lo Verso.

Altamar considera que la metodología de este tipo de estudios representan una nueva herramienta “ideal” para países como Colombia y regiones donde no se invierten recursos suficientes para monitorear la pesca.

“A partir de esta información limitada tenemos un primer análisis que nos da un estado que permite tomar medidas precautorias en torno a ciertos recursos”, sostiene el investigador, quien advierte que no se debe desconectar el conocimiento ecológico tradicional de las comunidades de pescadores de los hallazgos técnicos-científicos. Los pescadores, advierte, son quienes “tienen un mayor convencimiento de la necesidad de la sostenibilidad de las pesquerías, entienden la necesidad de realizar la actividad pesquera de manera responsable y sostenible”.

Para Zita, estas posibles alternativas pasan también por explorar otro tipo de pesquerías que permitan diversificar la alimentación y los medios de vida de las personas que dependen de la pesca, especialmente en zonas como Bahía Solano, donde familias y principalmente mujeres han encontrado en la pesca orillera un sustento.

“Hay que mirar otras especies que hay en la región, pero que todavía no se explotan, como el dorado, la centolla que se da en la región, y que sabemos que tiene muy buenos precios. Está la anguila, el calamar, pero no lo explotamos”, comenta Zita.

*Imagen principal: las especies presionadas por la sobrepesca son claves para el sustento de comunidades. Foto: cortesía Evaristo García.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una persona, en cualquier lugar de Colombia, llega a una autoridad ambiental con un tigrillo entre los brazos. Dice que ya no puede cuidarlo. Un funcionario recibe al animal, diligencia un acta de «entrega voluntaria» y el felino pasa a un centro de atención de fauna silvestre.

En apariencia, el procedimiento cumple un objetivo de conservación: sacar a un animal silvestre del cautiverio y darle una nueva oportunidad: rehabilitarlo y devolverlo a su hábitat natural o mantenerlo en un centro especializado para su cuidado. Investigadores que analizaron más de 600 registros oficiales de entregas voluntarias de pequeños felinos en el país encontraron que esta vía se ha convertido en la principal forma en que estos animales ingresan al sistema de las autoridades ambientales en Colombia.

El hallazgo abrió una pregunta que hoy no tiene respuesta: ¿cuántos de esos animales provienen del tráfico ilegal de fauna?

El interrogante surgió de manera inesperada. Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, buscaba entender la magnitud del tráfico de jaguares en Colombia cuando, junto con otros investigadores, solicitó información a las autoridades ambientales del país sobre todos los felinos que habían ingresado a su cuidado bajo distintas figuras administrativas.

«Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», recuerda Muñoz Cassolis.

Entre 2015 y 2021, más del 60 % de los registros recopilados correspondían a entregas voluntarias, muy por encima de decomisos e incautaciones. El dato fue publicado este año en la revista Biological Conservation y constituye uno de los primeros análisis sobre pequeños felinos recuperados en Colombia.

El estudio documentó 643 entregas voluntarias que involucraron 708 felinos de 11 especies distintas, entre 2015 y noviembre de 2021. El ocelote (Leopardus pardalis) fue, por mucho, la especie más afectada: representó el 56.7 % de los individuos registrados, casi cinco veces más que la segunda especie más común, la oncilla (Leopardus tigrinus).

“El tamaño hace que la gente los quiera tener», explica Johana Herrera, investigadora y coautora del estudio, vinculada actualmente a WWF Colombia. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas. Diferente a que fuera un jaguar o un puma, que ya tiene que estar en otras condiciones”, dice.

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Pero el porcentaje de ocelotes entregados voluntariamente no fue lo único que sorprendió al equipo.

«Empecé a buscar dónde estaba regulada la figura de la entrega voluntaria y no la encontraba en ninguna parte», explica Muñoz Cassolis. «Hasta que descubrí que la definición aparece únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entidad pública que existió bajo ese nombre hasta 2011, cuando se dividió en dos carteras independientes. Ahí fue cuando entendimos que había un problema jurídico importante«.

La resolución define la entrega voluntaria como el ”acto mediante el cual un tenedor desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública o en el campo, herido o desamparado y desean garantizarle su bienestar”. Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización.

«Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», afirma.

Un sistema con demasiados vacíos

Las dudas no terminan en la norma. Cuando los investigadores comenzaron a revisar la información enviada por las Corporaciones Autónomas Regionales —máximas autoridades ambientales a nivel regional— encontraron otro problema: el país ni siquiera cuenta con un sistema consolidado para registrar estos casos.

«No existe un sistema nacional funcionando», explica Muñoz Cassolis. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en excel.»

Aunque hace 17 años, en la Ley 1333 de 2009, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS) asumió el compromiso de crear el Portal de Información sobre Fauna Silvestre (PIFS), el sistema no se encuentra actualmente disponible para consulta pública. Según respondió el Ministerio a Mongabay Latam, el PIFS tuvo una primera versión, pero actualmente está siendo sometido a revisión y ajustes técnicos y tecnológicos, por lo que aún no existe una fecha definitiva para su puesta en funcionamiento.

Aunque el MADS asegura que las entregas voluntarias forman parte de la información que deben registrar las autoridades ambientales y que existen instrumentos nacionales para documentar aspectos como la procedencia reportada, la fecha y circunstancias de recepción, la identificación del animal y su disposición final, los investigadores encontraron problemas de calidad y homogeneidad en la información que analizaron.

Las bases de datos de las corporaciones regionales presentan nombres científicos incompletos, errores de identificación de especies, campos vacíos y formatos diferentes entre autoridades.

Francisco Perera, encargado del análisis estadístico del estudio, encontró que incluso aspectos básicos variaban según la entidad que hubiera diligenciado el registro.

«Algunas escribían la especie completa; otras solo registraban el género y otras simplemente anotaban ‘felino’. Eso limita mucho cualquier análisis», explica.

Herrera detalla un problema adicional de identificación. Ocelote, margay y oncilla pertenecen al mismo género, Leopardus, y son fácilmente confundibles para quien no tiene entrenamiento especializado. «Un policía tal vez va a decir: ‘No, eso es un tigrillo’, y un tigrillo puede ser un ocelote, puede ser un margay, puede ser una oncilla», explica. «No hay mucha confiabilidad de que se identifique bien la especie.»

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Los instrumentos nacionales contemplan mecanismos para reconstruir parte de la historia del animal, pero no garantizan que esa trazabilidad sea completa. El Ministerio de Ambiente explicó a Mongabay Latam que los registros pueden incluir información sobre la procedencia reportada, las circunstancias de recepción, la identificación del ejemplar, su historia clínica y el manejo previo. Sin embargo, el Ministerio reconoció que estos instrumentos no permiten necesariamente verificar cuánto tiempo permaneció un animal en cautiverio o cómo fue adquirido: esos aspectos deben ser investigados y valorados por la autoridad en cada caso.

Además, en la base de datos analizada, los investigadores no encontraron información suficiente para reconstruir sistemáticamente quién entregó cada animal, cuánto tiempo permaneció en cautiverio o cómo llegó hasta la persona que finalmente lo entregó.

«Está muy raro que no se anote quién entrega el animal», dice Perera. «Sin esa información es imposible saber si existen reincidencias o identificar patrones.»

La respuesta del Ministerio ayuda a explicar parte de esa dificultad. La cartera dice que, aunque la normativa permite solicitar y registrar los datos de identificación de quien entrega un animal, la Resolución 2064 no establece que la identificación plena de la persona sea un requisito absoluto para recibir y atender al ejemplar.

Entonces, ¿en qué caso una entrega voluntaria llega a convertirse en una investigación penal? La respuesta tampoco está clara para las propias instituciones.

Una pista que se pierde entre instituciones

Para entender si las entregas voluntarias terminan derivando en investigaciones por tráfico de fauna, Mongabay Latam consultó a la Fiscalía General de la Nación. La respuesta mostró otra limitación institucional: la entidad aseguró que sus sistemas de información no permiten identificar cuántas investigaciones se originaron a partir de una entrega voluntaria de fauna silvestre, pues esa variable no existe dentro de sus mecanismos de consulta.

La Fiscalía también informó que no lleva un registro diferenciado que permita saber si una investigación comenzó por una entrega voluntaria, un decomiso o una incautación, por lo que tampoco puede generar estadísticas bajo esos criterios.

Esa ausencia de información coincide con una de las principales preocupaciones planteadas por las autoras del estudio.

La Fiscalía indicó, además, que una entrega voluntaria no genera automáticamente una noticia criminal. Eso significa que la sola entrega de un animal silvestre no implica que exista una investigación penal, aunque, como lo explica Muñoz Cassolis, la tenencia de fauna silvestre sin autorización está prohibida por la legislación colombiana.

La entidad también reconoció que no cuenta con herramientas para establecer si una persona que hizo una entrega voluntaria volvió a aparecer posteriormente en otra investigación por tráfico de fauna, ya que sus sistemas tampoco registran esa información.

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Un problema difícil de medir

El tráfico de fauna es, por definición, un mercado clandestino. Por eso los investigadores trabajan con indicadores indirectos, como decomisos, incautaciones o registros oficiales, para aproximarse a su dimensión.

Las entregas voluntarias podrían ser otro de esos indicadores. El problema es que hoy permanecen en una zona gris.

El Ministerio de Ambiente hizo una precisión importante a Mongabay Latam: las entregas voluntarias sí forman parte de la información que reportan las autoridades ambientales, pero no pueden equipararse automáticamente con tráfico ilegal. Según el Ministerio, establecer si detrás de una entrega hubo tenencia ilegal, rescate o una posible cadena de comercialización requiere analizar las circunstancias particulares de cada caso.

«Si esta figura no está siendo analizada dentro del fenómeno del tráfico, entonces estamos subestimando el problema», explica Herrera.

La investigadora aclara que el equipo no afirma que todas las entregas voluntarias correspondan a tráfico ilegal. Muchas personas, dice, efectivamente rescatan animales o deciden entregarlos cuando comprenden que no pueden mantenerlos.

Sin embargo, también existen otros escenarios posibles.

«Si una persona tiene un animal en su casa, la pregunta es cómo llegó hasta allí», señala. «Puede haber alguien que lo rescató de buena fe, pero también puede existir una cadena de comercialización detrás de ese animal.»

Para los investigadores, la falta de trazabilidad impide diferenciar esos escenarios.

El vacío tiene además una dimensión internacional. La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES), el marco global de referencia para medir el tráfico de fauna, solo contabiliza decomisos e incautaciones. «Al parecer, la figura de entrega voluntaria todavía no está siendo reconocida como un dato dentro de esa cuantificación del tráfico», dice Herrera. Es decir, mientras la cifra oficial internacional no incluya las entregas voluntarias, cualquier estimación del problema en Colombia, y en la región, arranca ya subestimada.

Muñoz Cassolis resume así la limitación de fondo: «Tienes unos sesgos de entrada. Solo estás viendo lo que la autoridad es capaz de capturar o lo que la gente es capaz de entregar, pero no tienes ninguna forma de medir qué es lo que no está siendo capturado o qué es lo que no está siendo entregado. Es decir, el iceberg completo».

Educación o sanción

Las respuestas obtenidas por Mongabay Latam a través de derechos de petición muestran que las autoridades ambientales tampoco actúan de manera uniforme.

Corantioquia —autoridad ambiental de 80 municipios del departamento de Antioquia— aseguró que cuando una persona realiza una entrega voluntaria, la Corporación privilegia un enfoque pedagógico. Según la entidad, quienes entregan animales reciben información sobre la normatividad ambiental, la importancia ecológica de la fauna silvestre y las consecuencias de reincidir en este tipo de conductas.

La Corporación explicó que la estrategia busca incentivar que las personas entreguen voluntariamente animales mantenidos en cautiverio y evitar que permanezcan en condiciones inadecuadas.

Cornare —autoridad ambiental de las cuencas de los ríos Negro y Nare—indicó que evalúa cada caso de manera individual para determinar si existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental.

Estas respuestas reflejan, precisamente, una de las preocupaciones planteadas por los investigadores: la ausencia de criterios homogéneos sobre cómo debe aplicarse la figura.

El Ministerio de Ambiente, sin embargo, no reconoce por ahora la existencia de un vacío regulatorio específico. En su respuesta a Mongabay Latam, señaló que actualmente revisa la aplicación de la Resolución 2064, incluida la recepción, el registro, la trazabilidad y la disposición de los animales entregados voluntariamente, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y precisar responsabilidades.

«La ley está en un papel», dice Muñoz Cassolis. «Pero quien la aplica también tiene percepciones sociales, culturales y jurídicas que terminan determinando cómo actúa.»

Lo que el Estado todavía no sabe

El estudio no concluye que las entregas voluntarias estén siendo utilizadas sistemáticamente para encubrir el tráfico de fauna. Tampoco sostiene que quienes entregan animales formen parte de redes criminales.

Lo que sí evidencia es que el Estado colombiano no dispone hoy de la información necesaria para responder esas preguntas.

«Podemos tener medidas de justicia restaurativa, trabajo social, jornadas educativas», dice Muñoz Cassolis. «No estoy diciendo que a todo el mundo hay que meterlo preso o ponerle multas, pero tenemos que saber de dónde sale esto”, asegura.

Mientras las autoridades ambientales continúan recibiendo animales bajo esta figura, el Estado colombiano sigue sin saber cuántos corresponden a rescates genuinos, cuántos a tenencias ilegales aisladas y cuántos podrían ser la última evidencia visible de una cadena de tráfico que nunca llegó a investigarse.

*Imagen principal: en octubre de 2025, una ocelote juvenil fue entregada voluntariamente a la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) después de ser encontrada en una vivienda del municipio de Caucasia, Antioquia, donde permanecía bajo tenencia humana. Tras varios meses de atención veterinaria y rehabilitación, fue liberada. Foto: cortesía Corantioquia.

El artículo original fue publicado por Natalia Pedraza Bravo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Si bien, existen varios mecanismos alternativos sobre Solución de controversias (como el arbitraje y la conciliación), tales como la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras o Convención de Nueva York (1958); la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1966); la Ley Modelo sobre Conciliación Comercial Internacional (2002), entre otros; es una muy buena noticia, que la Convención de Singapur entre en vigor para Colombia.

La Convención fue aprobada mediante la Ley 2309 del 02 de agosto de 2023 y declarada exequible mediante la Sentencia C-418 del 3 de octubre de 2024. En virtud de lo previsto en el artículo 14 de la Convención, la misma entra en vigor seis meses después de la fecha del depósito del instrumento de ratificación, vale decir, que Colombia lo depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas el 12 de marzo del 2026 y, por lo tanto, hoy 12 de septiembre de 2026, entra en vigor para nuestro país, lo que nos convierte en el número 21 de los Estados Parte^[1].  

La Convención, como su nombre lo indica, promueve la Mediación como un método alternativo para la solución de las controversias (MASC), brindando carácter vinculante a acuerdos privados que alcancen las partes mediante lo que podemos llamar un pacto o transacción.^[2]

¿Cuál es entonces el valor agregado de la Convención frente a otros mecanismos existentes de solución de controversias? 

Tanto la Mediación como la Conciliación son mecanismos para la resolución de controversias que recaen sobre derechos discutibles y transigibles. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que es el órgano legal principal del sistema de las Naciones Unidas en el campo del derecho comercial, ha considerado que Mediación y Conciliación son conceptos similares o intercambiables^[3]. En el ordenamiento jurídico colombiano son mecanismos que han tenido diferente desarrollo normativo. La conciliación ha sido ampliamente desarrollada desde el año 1991, y a la mediación se le han otorgado efectos jurídicos en normas como la Ley 1801 de 2016^[4] (Código Nacional de Policía); la Ley 906 de 2004^[5] (Código de Procedimiento Penal) y el Decreto 915 de 2017^[6] (Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).

La Convención, que según su artículo primero, es aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las Partes con el fin de resolver una controversia comercial (“transacción”) y que al momento de celebrarse sea internacional, resalta en el preámbulo que el uso de la mediación produce beneficios importantes, como disminuir los casos en que una controversia lleva a la terminación de una relación comercial, facilitar la administración de las operaciones internacionales por las partes de una relación comercial y dar lugar a economías en la administración de justicia por los Estados.

En un mundo en el cual las transacciones comerciales internacionales son diarias es de la mayor importancia reafirmar la ventaja de contar con un sistema comercial intencional basado en reglas, entre ellas, procedimientos adicionales al litigio y al arbitraje, como la mediación, que siendo ágil permite tramitar las controversias. El efecto positivo es doble, pues cuando se brinda seguridad jurídica en Estados (con sistemas económicos y ordenamientos jurídicos diferentes), se fomentan a la vez las inversiones privadas de capital y precisamente, la Convención procura la armonización legislativa de las reglas sobre comercio internacional en un aspecto definitivo como es el de la resolución pacífica de los conflictos que de allí surgen.

La Convención conlleva ventajas que desde su entrada en vigor internacional son evidentes:

• Permite que un acuerdo de conciliación internacional alcanzado por las partes comerciales pueda aplicarse o invocarse con un procedimiento simplificado y ágil. Sin ello, los acuerdos de conciliación tendrían que hacerse cumplir como contratos ordinarios a través de procesos judiciales onerosos y largos.
• Promueve el comercio internacional, ya que las partes saben que cuentan con mayor seguridad al tener la mediación como una opción adicional a la del arbitraje o el litigio, para resolver sus disputas comerciales.
• Se fortalece el acceso a la justicia y la certeza jurídica.
• La mediación no se contrapone al arbitraje, e incluso se complementan, ya que las partes pueden intentar la mediación dentro de un proceso de arbitraje, es decir, el proceso puede dar como resultado un acuerdo mediado que se ejecute bajo la Convención de Singapur o un laudo arbitral que se ejecute bajo la Convención de Nueva York.

Cuando las partes podían resolver disputas mediante la mediación, no se tenía una manera uniforme de hacer cumplir el resultado en diferentes jurisdicciones por lo que en muchas ocasiones no se optaba por la mediación para resolver disputas internacionales, con la Convención ese obstáculo se disipa y además por la Convención, los acuerdos que resulten de la mediación son ejecutables.

Así, en el mundo de las transacciones comerciales cada vez más se utilizan acuerdos de mediación independientes o se encuentra la mediación en las cláusulas de resolución de disputas, (antes de llegar al arbitraje o al litigio) y la Convención de Singapur les da a estas cláusulas un valor práctico.  La aplicación de la Convención resulta crucial en la promoción de una cultura, en el mundo del comercio y la economía internacional, que favorezca la resolución amistosa de los conflictos lo que a su vez contribuye a preservar las relaciones, los socios y los negocios internacionales, así como a fomentar la inversión extranjera.

* Margarita Eliana Manjarrez Herrera es abogada egresada de la Universidad de los Andes en Bogotá, con maestría en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Funcionaria de la Carrera Diplomática y Consular de Colombia, ha sido directora de Asuntos Migratorios y Consulares, directora de Control Interno, jefe de Tratados, coordinadora en Derechos Humanos, cónsul en Nueva York, cónsul en Berlín, consejera en la Misión de Colombia ante la OEA, embajadora de Colombia en Israel, directora de Organismos Regionales y actualmente, es la embajadora de Colombia en la República de Singapur.

[1] Jurisdiction Profiles | Singapore Convention on Mediation

[2] Convención de las Naciones Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de la Mediación. Artículo 1. Ámbito de aplicación 1. La presente Convención será aplicable a todo acuerdo resultante de la mediación que haya sido celebrado por escrito por las partes con el fin de resolver una controversia comercial (“acuerdo de transacción”) y que, en el momento de celebrarse, sea internacional debido a que:

a) Al menos dos de las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos en Estados diferentes; o

b) El Estado en que las partes en el acuerdo de transacción tienen sus establecimientos no es:

i) El Estado en que se cumple una parte sustancial de las obligaciones derivadas del acuerdo de transacción; o

ii) El Estado que está más estrechamente vinculado al objeto del acuerdo de transacción.

[3] ‘Mediación’ es un término que se utiliza ampliamente para hacer referencia a un proceso en que las partes solicitan a un tercero o terceros que les presten asistencia en su intento de llegar a un arreglo amistoso de una controversia derivada de una relación contractual u otro tipo de relación jurídica o vinculada a ellas. En los textos ya aprobados y demás documentos pertinentes, la CNUDMI utilizó el término “conciliación” en el entendido de que los términos “conciliación” y “mediación” eran intercambiables. Al preparar el texto modificado de la Ley Modelo, la Comisión decidió utilizar en cambio el término “mediación” para tratar de adaptarse al uso que efectivamente se hace de estos términos en la práctica y con la expectativa de que el cambio facilite la promoción de la Ley Modelo y aumente su visibilidad. Este cambio en la terminología no tiene consecuencias de fondo ni conceptuales”. https://undocs.org/sp/A/CN.9/WG.II/WP.205.

[4] “ARTÍCULO 231. MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE DESACUERDOS Y CONFLICTOS DE CONVIVENCIA. Los desacuerdos y los conflictos relacionados con la convivencia pueden ser objeto de conciliación y de mediación, sólo en relación con derechos renunciables y transigibles y cuando no se trate de situaciones de violencia”.

[5] “ARTÍCULO 523. CONCEPTO. Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda, logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón”.

[6] “ARTÍCULO 1 numeral (xii) Participar en los Comités de Conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional”.

A las víctimas y damnificados que tardarán años en recuperarse. Ojalá tengan la fuerza para hacerlo.

A las voluntarias y voluntarios que se volcaron a las calles para socorrer y ayudar a conocidos y desconocidos.

Primer movimiento 

Aconteció el 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, a nueve días de mi cumpleaños número 53. Yo estaba sentado en la mesa del comedor, hablaba con mi mamá por el altavoz del teléfono mientras esperaba que estuviera el agua caliente para prepararme el primer café de la mañana. Era mi segunda semana de clases y ya tenía todo listo para salir a trabajar, incluso había alistado los pliegos de papel que mis estudiantes de didáctica de los medios llenaron ocho días atrás. 

De pronto sentí el primer envión y luego el balanceo, no le presté mucha atención al movimiento pues ocurría lo mismo cada tanto desde hacía meses, incluso desde hacía años después del terremoto de 1999. Pensé que como los sismos eran parte de la vida cotidiana de Colombia, sólo había que calmarse y esperar a que pasara. 

Sin embargo y por si acaso le dije a mi mamá: está temblando, salga de la casa ya. Ella no me entendió y siguió como si nada, pero el remezón no se detuvo como otras veces. La tierra se sacudió más fuerte, más violenta que nunca.

Al notar que el suelo se retorcía entre espasmos y convulsiones, solté el teléfono móvil. Me lancé hasta la puerta con la llave en la mano y casi que no encuentro el orificio de la cerradura, logré abrir mientras escuchaba los gritos de mi madre por el altavoz del teléfono…¡se está cayendo todo!, decía, ¡ay Dios mio socórrenos!, ¡amacita bendita!. ¡Mario!, !Mario¡…fue así que me enteré que mi hermano mayor estaba con ella, y en medio del terror sentí algo de alivió porque al menos estaban juntos.

Después supe que el terremoto alcanzó los 7.4 grados en la Escala de Richter, con 103 kilómetros de profundidad, una duración entre 90 segundos y 2 minutos y con epicentro en San José del Palmar, Chocó. Siete días después el Servicio Geológico Colombiano SGC reportó 336 réplicas, 21 de ellas mayores a 3.0 grados y 2 con magnitud mayor a 4.0, con profundidades de hasta 118.4 kilómetros.

Segundo movimiento

Detrás de mí se apagó el fogón, la biblioteca vomitó los libros de educación que tenía apilados en la parte superior, estallaron los vasos y las copas en el suelo de la cocina, se dobló el armario metálico sobre mi cama, se separaron las paredes de la casa vecina, crujieron con fiereza las planchas de concreto, como los dientes afilados y apretados de una mandíbula rabiosa, y desde la puerta vi cómo se dibujaron en cuestión de segundos, dos fisuras finas e irregulares en el techo blanco de la sala. Un zigzag delgado interrumpido por la puerta de la habitación, quedó trazado desde la puerta de entrada hasta el fondo de la casa.

El tropel de vecinos y vecinas no me dejaba pensar. Con dificultad me sostenía entre el marco de la puerta mientras rogaba en voz alta que se detuviera ya. Pero el cielo azul seguía inquieto. Los pájaros no encontraban el rumbo entre las nubes de polvo gris, dorado y ámbar, que se levantó sobre las casas y los edificios, cubriéndolo todo de una niebla espesa de muerte y de ruina.

Ese lunes soleado de agosto, la tierra se sacudió como si de lo profundo emergiera un cíclope colérico, luego de una larga noche de insomnio, pesadillas y agonía.

Tercer movimiento

Cuando al fin la tierra se detuvo, se cayó la llamada, y ya no escuché más a mi mamá. Y con un nudo de saliva pasé por la garganta la mudez de los teléfonos. Entonces sobrevino un silencio trémulo y aturdido interrumpido por las alarmas de los carros. Yo seguía de pié perturbado.

Aún así, agitado, actué con tal frialdad que parecía entrenado para ese momento: cerré la llave del gas, guardé el celular en el bolsillo, me puse unos tenis, y salí corriendo en busca de mi familia. 

Más adelante, en el otro barrio, no había reglas en las calles, ni señales de tránsito, ni semáforos que funcionaran. Carros y motos se esquivaban como podían. Los cables de la luz chocaban entre sí, hacían corto, se reventaban y se caían, los techos se derrumbaban y los postes se partían en pedazos. 

Un alud de tierra taponó la vía principal del barrio, que era a la misma vez la entrada y la salida, y se escuchaban a lo lejos las primeras sirenas de las ambulancias y de los bomberos.

En mi trayecto escuché sollozos, vi caos y rostros de incertidumbre. Pero también vi como de repente se borraron las viejas rencillas entre vecinos, los odios secretos y las envidias, y a cambio de eso, surgió en la atmósfera un sentimiento de solidaridad y compasión que se desprendió espontáneo desde el árbol de la vida, e invadió los muros tarjados, las ventanas rotas, las puertas arrugadas, las casas recogidas. 

Entonces, como en una despedida, las madres bendijeron a sus hijos y las parejas se abrazaron, para agradecer que ese no fue para ellas y ellos el último día. Un joven sobre su moto, detenido en la vía, lloraba porque encontró a su abuela viva. 

Otro que vagaba por la calle solitario, cubrió con su cobija a una mujer semidesnuda aunque no la conocía. Y una joven madre solitaria en el andén, balanceaba a su bebé de meses, como si ambos flotaran en un mar a la deriva.

A mi mamá y a mi hermano Carlos Mario los encontré vivos, estaban a punto de partir en mi búsqueda, pero yo llegué antes. De Leonardo Fabio, el menor, todavía no sabíamos nada.

Cuarto movimiento

Pensé en Samara, la investigadora brasilera de posdoctorado que había llegado a mediados de julio desde Brasil, para que yo supervisara su estancia en la universidad, y me preocupé por mis estudiantes con los que seguramente, ya no me encontraría a las 10 de la mañana, pero lamentablemente no tenía cómo comunicarme con ellos, pues todos los servicios públicos estaban suspendidos. Sólo quienes tenían radio podían enterarse de lo acontecido. 

Recordé que meses antes de viajar desde Fortaleza, Samara me había preguntado si aquí temblaba mucho la tierra, y también recordé que el primer día que nos vimos en la universidad, ella se había sorprendido con la cantidad de señales de “precaución” y “puntos de encuentro” instaladas en el campus, pues pensaba que se trataba de lugares para conversar, al estilo de los círculos de cultura freireanos. Yo le aclaré que eran sitios para reunirnos en caso de evacuación por una emergencia, y le dije que aquí temblaba pero no con la magnitud de lo ocurrido en Venezuela. 

Quinto movimiento

Horas después, menos aturdido por la catástrofe, caminé en medio de la destrucción y la algarabía hasta encontrar una antena de telecomunicaciones que seguía en pié, quería escribirles a mis estudiantes y a Samara, y de paso enterarme de las noticias. Tuve sólo unos minutos de acceso a WhatsApp, y en ese instante me llegaron una cantidad de mensajes de familiares y amigos que viven dentro y fuera del país, la mayoría de Brasil. Nadie sabía de mí o de mi familia. Entonces comencé a dar respuesta a cada uno de ellos hasta que perdí la señal. No pude ingresar ni al correo ni al Classroom de mis cursos. 

Desde ese momento y durante varios días no tuvimos comunicaciones, y fue con el paso del tiempo que nos enteramos de la destrucción ocasionada en todo Colombia. Al parecer Pereira era el caso más dramático. Del campo y de los pueblos pequeños no llegaban imágenes. Tampoco las ayudas.

A mitad de la tarde vimos un globo blanco que flotaba sobre el barrio. Algunas personas dijeron que era un OVNI, otras que era parte del proyecto HAARP instalado en Alaska, y que el terremoto había sido provocado por los Estados Unidos. Luego, en los medios explicaron que era un globo estratosférico utilizado para investigación científica y meteorológica, para telecomunicaciones o incluso para la vigilancia y la seguridad nacional norteamericana.

Cuando tuve Internet consulté y la IA de Google me dijo que los globos pertenecían a la empresa estadounidense Raven Aerostar, operados en coordinación con misiones científicas de la NASA y el permiso de la Aeronáutica Civil colombiana. No quise averiguar más. 

Sexto movimiento

El mundo conoció la tragedia antes que nosotros, pues minutos después del sismo circularon las imágenes por las redes sociales y los noticieros, llegaron hasta las pantallas del metro de Barcelona, São Paulo y París. 

Seguro algunas personas que estaban en las calles, alcanzaron a subir videos a Internet antes de que se suspendiera el servicio, y sus familiares que viven en el exterior los hicieron virales junto a influencers, periodistas y medios de comunicación. 

El día después del terremoto llegaron los reporteros de la capital, de Estados Unidos y de Europa, y con su ropa límpida se pararon entre las ruinas o se hicieron a un ladito del encuadre, para mostrar en vivo y en directo la ciudad destruida, con miles de voluntarios espontáneos que estaban en las calles desde el primer día, removiendo los escombros con sus propias manos, muchos sin protección. 

Con el paso de los días, sólo quedaron los damnificados en albergues, las ollas comunitarias en los parques y en las calles, y los voluntarios que siguieron escarbando hasta que los hicieron sacar de la policía. 

Los reporteros desaparecieron y no se supo más de ellos. Pero llegaron los norteamericanos y los israelitas que dijeron hacer parte de los cuerpos de socorro. Otros grupos de rescate llegaron de El Salvador y de Ecuador, y comenzaron a llegar las ayudas humanitarias de otros países, pese a que inicialmente el gobierno nacional se opuso sin una justificación válida. 

Mientras todo eso ocurría, estuvimos aislados en los barrios casi una semana. Algunos lo estuvieron mucho más tiempo.

Séptimo movimiento

Minutos después del terremoto, Sabrina, la hermana de Samara, me escribió angustiada desde Fortaleza pero no me llegaron los mensajes porque no había Internet. Al cabo de unas horas nos escribimos. Samara había sobrevivido y no estaba herida, pese a la destrucción de edificios que hubo en el barrio los Álamos, que queda al lado de la universidad.

Días después, luego de confirmar que la pista del aeropuerto Matecaña servía, la repatriaron a ella en un vuelo humanitario junto a otros estudiantes extranjeros. La oficina de Relaciones Internacionales y los consulados se encargaron de eso. 

En un día gris de mucha lluvia nos enteramos de que mi hermano menor estaba bien, en Cartago, y con las horas nos juntamos todos en Dosquebradas. Revisamos las casas y confirmamos que no les había ocurrido mayor cosa, todo se podía recuperar, pero miles de personas corrieron con otra suerte. También verificamos la existencia de víveres para varios días, pues era seguro que todo iba a escasear, pues los supermercados y tiendas que estaban en pie habían cerrado.

Mientras tanto en los albergues no alcanzaban las carpas ni los plásticos para cubrir a tanta gente desprotegida,  muchas personas pasaron la noche con hambre y con frío, y el temor de todos era que con el agua que caía comenzaran a derrumbarse los edificios y las viviendas más deterioradas. 

…punto cuatro. El final de los movimientos.

Por las noches, un grupo de vecinas y de vecinos, alumbrados por la luz de una vela comenzaron a recordar cómo vivieron el momento del desastre. Después se contaron historias sobre sus familias, y sobre los lugares de la ciudad que habían desaparecido bajo el polvo. 

Sobre esas ruinas todos teníamos algo entrañable que evocar, algo que atesorar. En cada rincón de la urbe encontraríamos un episodio de nuestra historia de vida. 

No recuerdo cuánto tiempo pasó, pero cuando tuvimos energía eléctrica y acceso a la información, mis hermanos, mi mamá y yo vimos las imágenes en los noticieros, y recorrimos la ciudad durante varias jornadas para llevar ayudas. 

Pereira parecía una ciudad del Medio Oriente, bombardeada, con cientos de muertos, miles de heridos y refugiados en albergues rodeados de escombros e incertidumbre. 

Al cabo de cuatro semanas supimos por medios locales y fuentes oficiales, que hubo cientos de muertos y desaparecidos, cientos de casas y edificaciones que sucumbieron al instante, miles de heridos e inmuebles que serán demolidos. Miles más que aún presentan afectaciones graves, entre ellos hospitales, escuelas, colegios, universidades, supermercados, iglesias, restaurantes, centros comerciales, hoteles, apartamentos y viviendas.

Ahora además de todo lo material, teníamos que reconstruir simbólicamente nuestras memorias, y quizá, más adelante, contarles a otros cómo nos levantamos una vez más de las cenizas.

Nota: Este relato en primera persona está basado en hechos reales y es el resultado inicial del currículo situado que emergió después del terremoto, para retomar los cursos que oriento en la Escuela de Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira – UTP. Hace parte de dos líneas de investigación del grupo Edumedia-3: Autobiografia, Medios y Educación; y (Auto)medialidad, y de un proyecto de investigación emprendido por investigadores de Colombia y Brasil. 

También puede leer este texto en www.edumedia3.co y acceder a otros contenidos y recursos.

El domingo 21 de junio de 2026, en la Autopista Norte con calle 220, un tractocamión arrolló a mi amigo. El impacto le costó las piernas. Hasta ese día era un ciclista recreativo apasionado; hoy enfrenta la vida desde otra perspectiva, con la esperanza de volver a caminar gracias a unas prótesis.

Aporta a la Vaki

El día anterior, el sábado 20 de junio, habíamos compartido una ruta larga y exigente. Apenas nos encontramos para un café, sin imaginar que sería la última vez que lo vería sobre la bicicleta.

“Qué buena salida, como en los viejos tiempo”, dijo Julián en la despedida cálida de ese reencuentro.

Todo puede cambiar en un instante

El domingo 21 de junio, Julián, profe de violín en un colegio privado de Bogotá, transitaba por la sabana de Bogotá en bicicleta, en un muy reconocido ejercicio de ‘recuperación’. Rutina.

Julián recuerda que paró en Cajicá en su panadería favorita, donde compró pan de masa madre para llevar a la casa. Los recuerdos le alcanzan hasta el momento cuando pasó por el puente de Chía, que permite la conexión con la Autonorte.

Su memoria se vuelve a conectar dos días después, al despertar en una clínica, donde al abrir los ojos temió lo peor. ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy aquí?

Los médicos le contaron que una tractomula lo había embestido en la Autonorte con calle 220 y que milagrosamente habían podido salvarle la vida. Pero, ante la gravedad de sus heridas, le habían amputados sus piernas.

Aporta a la Vaki

Podemos acatar las normas y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidarnos, pero nada nos protege de un auto que invade el carril.

Las cifras que no podemos ignorar

Recientemente, tras la caída de Pogacar en la octava etapa de La Vuelta a España 2026, que lo obligó a abandonar la competencia, el periodista Mauricio Silva G, escribió en X: “La diferencia entre futbolistas y ciclistas es que los primeros fingen que les duele y los segundos fingen que no les duele”[1].

Parace chiste, pero el comentario apunta a la rudeza que caracteriza al ciclismo, sobre otros deportes. Si bien podemos cuidar ciertas variables que están a nuestro alcance, hay otras que no, como los atropellamientos en carretera.

De acuerdo con un documento titulado Epidemiología de lesiones y enfermedades en todas las diciplinas del ciclismo, patrocinado por la Unión Ciclística Internacional UCI y publicado en agosto de 2025, encontramos que el ciclismo de montaña y de ruta aportan el mayor número de lesionados[2].

A lo anterior, es necesario agregarle las lesiones y muertes por choques con motocicletas, autos, buses y camiones. Solamente en Bogotá, el año pasado el Observatorio de la Movilidad de la Alcaldía de Bogotá reportó 58 fallecimientos de ciclistas y más de 1700 lesionados.

Algunos casos conocidos

Egan Bernal: chocó contra un bus en la Autopista Norte, en Gachancipá, el 24 de enero de 2022. Tuvo más de 20 fracturas. No sólo se salvó de quedar parapléjico, sino que a finales de ese mismo año volvió a competir.

Daniela Carolina Munévar Flórez: Una promesa del ciclismo juvenil, perteneciente a la escuela de Rafael Antonio Niño, fue arrollada por un camión en una vía de Duitama, en abril de 2014. Las lesiones produjeron la amputación de su pierna izquierda.

La fortaleza espiritual de Julián

Han pasado un poco más de dos meses de la tragedia de Julián. Familiares, amigos y conocidos hemos transitado desde la conmoción, pasando por la comprensión y la ayuda, hasta llegar a la aceptación.

Tres semanas después del accidente lo visité en la UCI del Hospital Fundación San Carlos, donde había sido remitido luego de la amputación de sus piernas en la Clínica Colina, centro asistencial al que fue trasladado esa mañana trágica del domingo 21 de junio.

En esa primera visita coincidí con su traslado de la UCI a piso. Para ese momento, Julián ya había publicado un video inverosímil en Instagram contando la historia y mostrando la amputación sufrida, como si se tratara de un raspón más.

Su actitud increíblemente esperanzadora parte de una madurez insospechada en alguien de 32 años: esa actitud deliberada de valorar lo que tenemos sobre lo que nos falta. Por duro que parezca Julián, agradece a Dios tener una segunda oportunidad. Estuvo muy cerca de morir.

La montaña más difícil de escalar

Viktor Emil Frankl en su libro El hombre en busca de sentido remarca que lo que más importa es tener un propósito para existir. En el caso de Julián ese propósito es simple: volver a recuperar la movilidad para caminar y ascender montañas, a pie y en bicicleta, como lo hizo durante muchos años antes del accidente.

Por ahora, está en una etapa de sanación, que se ha tomado más tiempo de lo esperado a causa de un par de bacterias alojadas en la herida de su pierna derecha y que combaten día y noche los especialistas de la Fundación San Ignacio, el hospital que lo recibió recientemente.

Han sido dos meses de combate permanente con el dolor, pues luego de la amputación ha tenido cerca de 10 operaciones adicionales. En este lapso, el ambiente ha sido el de hospital: jeringas, medicamentos, camillas y quirófanos.

De repente, Julián ha podido superar en gran medida el dolor neuropático, tal vez, uno de los dolores más fuertes que puede experimentar un humano y que por consiguiente exige el uso de sedantes potentes.  

La etapa de la adaptación protésica (uso de prótesis) tardará un poco, pero desde ya Julián está recaudando los fondos, pues estas ayudas tecnológicas pueden costar entre 400 y 600 millones de pesos.

Vaki

Al respecto, los padres de familia del colegio donde trabaja Julián lanzaron una vaki mediante la cual recaudaron una suma importante y a través de la cual brilló una inmensa y hermosa solidaridad.

Hoy Julián necesita nuestra ayuda. Ha iniciado una nueva vaki para reunir fondos y comprar las prótesis que le devolverán movilidad y esperanza. Únete a la causa: dona y sé parte de su nueva oportunidad de vida.

Aporta a la Vaki

Nota

Este escrito hace un llamado a conciencia sobre los peligros del ciclismo. En medio de nuestra pasión deportiva se nos olvida que es un milagro regresar sanos y salvos a casa después de pedalear cientos de kilómetros. Ningún riesgo vale la pena. En medio de tanta dicha, también se nos olvida que es nuestra familia y casi nadie más, la que siempre estará para auxiliarnos. Por supuesto, esta publicación es un llamado a todos los conductores de autos, camiones y buses: ningún ciclista merece la muerte, a todos nos esperan en casa.

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[1] Publicación de Mauricio Silva G en X https://x.com/msilvaazul/status/2093766997246935227?s=20

[2] Epidemiology of injury and illness across all the competitive cycling disciplines: a systematic review and meta- analysis https://bmjopensem.bmj.com/content/bmjosem/11/3/e002364.full.pdf

[3] Observatorio de Movilidad de Bogotá https://observatorio.movilidadbogota.gov.co/tableros/siniestralidad-vial

[4] «Es volver a nacer» Primeras palabras de Egan Bernal tras accidente. Noticias Ahora. 7 de febrero de 2022 https://noticias-ahora.com/egan-bernal-volvio-a-nacer-grave-accidente/

[5] La ciclista boyancese Carolina Munévar obtuvo medalla de bronce en el Mundial de Pista. Marzo de 2024 https://www.orfetv.com/2024/03/22/la-ciclista-boyancese-carolina-munevar-obtuvo-medalla-de-bronce-en-el-mundial-de-pista/

Las diferentes especies de primates de América Latina padecen una crisis ecológica alarmante y se encuentran en las categorías de mayor riesgo según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Una buena parte de los primates están a un paso de la extinción en estado salvaje debido a la destrucción masiva de sus hábitats, pero también debido a la caza y el tráfico ilegal. En diferentes países existen planes para salvar a estas especies.

Cada 1° de septiembre se celebra el Día Internacional de los Primates. Mongabay Latam contactó a expertos de Bolivia, Colombia y Perú para conocer las amenazas que sufren las 217 especies de primates que viven en América Latina.

Entre los más afectados de la región figuran el mono araña o marimono (Ateles chamek), el chango o mono araña centroamericano (Ateles geoffroyi) y el tití de cabeza amarilla (Callithrix flaviceps). También, el mono capuchino de Brasil (Cebus kaapor), el mono capuchino ecuatorial (Cebus aequatorialis), el tití de alta Floresta (Plecturocebus grovesi), el mono guariba (Alouatta guariba) y el mono araña de cabeza café (Ateles fusciceps). Estos datos son recogidos por la UICN.

El refugio en Bolivia que rescata a primates víctimas del mascotismo

Senda Verde es uno de los refugios de animales más grandes de Bolivia. Allí habitan 350 primates de al menos nueve especies, que, explica su directora, Vicky Ossio, fueron rescatados del tráfico ilegal. Muchos de ellos fueron capturados para ser vendidos como mascotas. Ahora, este refugio también enfrenta la amenaza de la minería ilegal que avanza sobre sus límites geográficos.

“Todos los primates que están ahora en el refugio fueron víctimas de tráfico ilegal. La mayoría de las especies que están en Senda Verde son el mono araña, los monos aulladores y los capuchinos, que, solo ellos, conforman un grupo de más de 140 individuos”, detalló Ossio en contacto con Mongabay Latam.

La experta relató que los primates llegan a Senda Verde en “pésimo estado” porque al ser víctimas de tráfico o ser utilizados como mascotas las condiciones de estas especies son “deplorables” debido a la alimentación que recibieron. Por ejemplo, contó que la última primate que llegó al refugio es una cría de mono araña y que la familia que la tenía le daba pan y leche de vaca.

“Llegan mal alimentados porque la gente que compra estos primates que son víctimas de tráfico piensa que hacen bien dándoles comida de humanos. Alimentar mal a un animal constituye maltrato y es importante que la gente sepa eso. Los primates llegan [a Senda Verde] físicamente y mentalmente muy dañados. Hay que recuperar la confianza y algunos no se recuperan nunca”, relató Ossio.

La directora de Senda Verde afirmó que en Bolivia la especie de primate más afectada por el tráfico ilegal es el mono araña o marimono, el primate más grande de ese país. “Esta especie es la más vulnerable no solo por tráfico, sino también porque son alimento de pueblos indígenas”, dijo Ossio.

Esta especie enfrenta un escenario cada vez más preocupante en Bolivia. La especie fue recategorizada en 2026 de Vulnerable (VU) a En Peligro (EN) en la nueva edición del Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia, debido al fuerte descenso de sus poblaciones y al incremento de las amenazas que enfrenta.

La evaluación científica establece que la población del mono araña o marimono a nivel global se redujo en al menos un 50 % durante los últimos 45 años. Entre las principales causas se encuentran la pérdida y fragmentación de su hábitat por incendios, deforestación, construcción de caminos, minería y expansión agropecuaria. A esto se suman la cacería, el tráfico ilegal y el uso de estos animales como mascotas.

Estas actividades están prohibidas por la normativa boliviana que protege a la fauna silvestre, ya sea a través de la Ley 1.333 de Medio Ambiente como del Decreto Supremo 4489, que refuerza las disposiciones relacionadas con la conservación, bienestar y preservación de la fauna silvestre, incluyendo restricciones a la caza, comercialización y tenencia ilegal.

El Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia explica que el mono araña o marimono permaneció en la categoría Vulnerable durante evaluaciones anteriores y que ahora su situación exige medidas de conservación más urgentes. Según Ossio, una de las mayores dificultades para recuperar las poblaciones de mono araña está relacionada con su baja capacidad reproductiva.

Las hembras alcanzan la madurez sexual aproximadamente entre los cuatro y seis años y tienen, en promedio, una sola cría cada tres o cuatro años. Esto significa –dijo Ossio- que la pérdida de individuos adultos o de crías tiene consecuencias importantes para la supervivencia de las poblaciones.

Después de períodos de cacería o extracción, la recuperación puede tomar décadas, especialmente cuando la pérdida de animales ocurre al mismo tiempo que la destrucción de los bosques donde viven.

Ossio denunció que en Senda Verde, el refugio que está en los Yungas de La Paz, la minería ilegal está destruyendo sus límites. La ambientalista informó que una cooperativa minera excavó con maquinaria pesada sobre una superficie de 100 metros cuadrados y una profundidad de hasta 30 metros. Esa acción pone en riesgo el santuario que alberga a más de 1100 animales de más de 70 diversas especies. Hubo dos aprehendidos, pero recuperaron la libertad.

Colombia: primates que pierden sus bosques

Colombia es el tercer país con mayor diversidad de primates en América Latina, pero más de la mitad de sus especies enfrenta algún grado de amenaza, según el estudio Retos de la conservación y el conocimiento de los primates en el departamento de Tolima, Colombia, publicado en la Revista De La Academia Colombiana De Ciencias Exactas, Físicas Y Naturales.

En ese país hay 38 especies de primates, nueve de ellas endémicas. Las dos especies más afectadas son el tití cabeciblanco (Saguinus oedipus) y el mono araña café (Ateles hybridus), que en Colombia están catalogadas en peligro crítico de extinción.

Andrés Link, biólogo y profesor del departamento de Biología de la Universidad de Los Andes, explicó a Mongabay Latam que el mayor riesgo que enfrentan los primates en Colombia es la pérdida de hábitat en todas las regiones del país. “Se siguen perdiendo los ecosistemas naturales, los bosques, sobre todo, y eso lleva de la mano el declive de las poblaciones de los primates que dependen de estos bosques para vivir”, dijo el experto.

Link añadió que el tráfico y la cacería son las otras amenazas que enfrentan los primates en Colombia. “Este sigue siendo un problema porque los primates tienen ciclos de vida muy lentos y les cuesta recuperarse de pérdidas de individuos de sus poblaciones. Hay un tráfico de vida silvestre bastante grande en Colombia y los primates son algunas de las especies que más se trafican”, afirmó el biólogo.

El experto es fundador de la Fundación Proyecto Primates, que se dedica al estudio y a proyectos de conservación de algunas de estas especies. Link es experto en el mono araña café, que en Colombia es uno de los monos más amenazados por el tráfico y la pérdida de su hábitat.

Los primeros pasos de Link cerca del mono araña café fueronen la zona de Macarena, donde trabajó como asistente de campo del científico Pablo Stevenson. Esa labor fue hasta que el conflicto armado lo obligó a salir en 2001, pues la extinta guerrilla de las FARC tomó el control de esa área. En 2005 regresó a Colombia y desde ese año no paró en su labor de defensor e investigador de los primates.

“Diría que lo primero que se debe hacer es tratar de detener la destrucción de los hábitats que todavía existen. En muchos sitios, por ejemplo, el bosque seco tiene menos del 5 % de lo que era el bosque seco original y la Amazonía se está perdiendo rápidamente. Entonces, la primera cosa para salvarlos sería proteger todos los hábitats donde ahora viven los primates”, dijo Link.

Un segundo paso, resaltó Link, será mejorar las condiciones de los primates a través de corredores y enriquecimiento de sitios que ya están degradados. “Pero lo más importante es detener la deforestación tan fuerte que se da en Colombia y tratar de detener el tráfico, que es la otra amenaza”, dijo el biólogo.

Como una medida de conservación, la Fundación Proyecto Primates construyó viveros de especies nativas y las plantó para crear corredores entre los bosques que aún quedan de pie. Con esta iniciativa los primates pueden moverse por una extensión más larga. Según esta fundación, hasta mayo de 2025 se sembraron alrededor de 15 de estos corredores.

“El proceso de recuperación del ecosistema es lento, realizado, precisamente, con la paciencia de personas que están acostumbradas a quedarse quietas por horas observando a monos araña en temperaturas que están por encima de los 30 °C y rodeados de mosquitos”, relató Link, quien añadió que, luego de tres años de plantar los primeros ejemplares, en los corredores se empezaron a ver pasar especies terrestres, como jaguares, pumas y paujiles. Y a los cinco o seis años comenzaron a transitar especies trepadoras de árboles, como los puercoespines y los mismos monos araña.

Perú: los regeneradores del bosque en peligro

En Perú, la situación de los primates tampoco es alentadora. Una de las principales amenazas para estas especies sigue siendo la pérdida y fragmentación de sus bosques.

Fanny Cornejo, directora ejecutiva de Yunkawasi y co-vicepresidenta de países andinos del grupo de especialista de primates de la IUCN, explicó a Mongabay Latam que esta pérdida se da principalmente por el cambio de uso del suelo, la expansión de actividades productivas no sostenibles y el desarrollo de infraestructura sin una adecuada planificación territorial.

“Como resultado, las poblaciones de primates quedan aisladas en espacios cada vez más pequeños, con menos alimento y mayores dificultades para desplazarse y reproducirse”, dijo Cornejo.

En el caso del tráfico ilegal, Cornejo explicó que muchas veces se mata a la madre primate para poder capturar a la cría. “Luego estos animales son trasladados durante días, escondidos en cajas o costales, sin alimento ni cuidados adecuados. Muchos mueren en el camino y los que sobreviven suelen llegar con heridas, desnutrición y un nivel muy alto de estrés”, lamentó.

Los primates, explicó Cornejo, cumplen un papel fundamental en la regeneración de los bosques porque dispersan las semillas de los frutos que consumen. “Por eso, cuando perdemos primates, también estamos perdiendo a algunos de los principales aliados que tienen nuestros bosques para recuperarse”, dijo la bióloga.

Según Cornejo, que obtuvo datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 3500 animales silvestres afectados por el tráfico ilegal. Los mamíferos fueron el tercer grupo con más registros, después de las aves y los reptiles, y dentro de los mamíferos los primates fueron los más afectados.

“Pero esas cifras son solo una parte del problema. Por cada animal que logra ser recuperado, no sabemos cuántos otros recorrieron la misma ruta sin ser detectados o murieron durante la captura y el traslado. Mientras sigan existiendo personas que quieran comprar un mono, tenerlo como mascota, exhibirlo o utilizarlo para una fotografía, seguirá habiendo alguien dispuesto a sacarlo del bosque”, resaltó Cornejo.

La bióloga explicó que los primates que aparecen con mayor frecuencia en el tráfico son principalmente especies amazónicas, que son capturadas para venderlas como mascotas y trasladadas desde la Amazonía hacia otras regiones y ciudades. Según los últimos datos que obtuvo, los monos frailes o monos ardillas fueron los más encontrados por las autoridades, junto con los machines, los pichicos y los leoncitos.

“También se registran primates más grandes, como los monos choros, los maquisapas y los monos aulladores. En estos casos, el impacto puede ser todavía mayor porque para llevarse a una cría generalmente matan a la madre y estas especies tienen una reproducción lenta. La pérdida de un solo individuo adulto puede afectar a todo su grupo”, dijo Cornejo.

Además, la experta recalcó que un primate no debe vivir como mascota, ya que son animales muy sociales y que necesitan crecer junto con otros individuos de su especie, aprender de ellos y desplazarse por grandes áreas de bosque. “Una casa, una jaula o un patio nunca podrán reemplazar todo lo que necesitan para vivir y comportarse como primates”, dijo.

Como medidas de conservación, Cornejo explicó que se necesita mayor vigilancia en los lugares donde los animales son capturados, pero también en las carreteras y terminales de buses, puertos y aeropuertos, donde pueden ser transportados, y en mercados y redes sociales, donde suelen ser  comercializados.

Perú cuenta con la Estrategia Nacional para Reducir el Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre 2017-2027, que reconoce que este problema debe abordarse desde distintos puntos de la cadena: la captura, el transporte, la comercialización y la demanda. El reto es que estas acciones se mantengan en el tiempo y cuenten con recursos.

“Por ejemplo, en Amazonas, desde Yunkawasi trabajamos junto con la Asociación de Conservación Oso Dorado Hierba Buena Allpayacu en la campaña ‘Yo no soy parte de la ruta del tráfico de fauna silvestre’. Nos enfocamos en uno de esos puntos de la cadena: el transporte. Trabajamos con empresas y transportistas para que pudieran reconocer posibles casos, conocer cómo actuar y comprender que también pueden convertirse en aliados para impedir que los animales sean trasladados fuera de sus territorios”, destacó Cornejo.

Sin embargo, aclaró que el control no será suficiente si no se reduce la demanda. “Todavía hay personas que piensan que comprar una cría es rescatarla o darle una vida mejor, cuando en realidad esa compra hace que otros animales sean capturados. Necesitamos hablar de este tema en las escuelas, con las familias, con los turistas, con las empresas y en las redes sociales”, resaltó.

*Imagen principal: Mono lanudo de cola amarilla en cautiverio. Foto: cortesía Yunkawasi.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una embarcación cargada con madera navega por el río Putumayo, en la Amazonía colombiana, rumbo a Puerto Asís. Es noviembre de 2024. A bordo viajan apilados más de 304 bloques o tablones de granadillo (Brosimum rubescens), achapo (Cedrelinga cateniformis) y sarrapia (Dipteryx odorata), que suman 20 metros cúbicos de madera amazónica. Lo suficiente para llenar un camión mediano.

Los papeles que autorizan el transporte parecen en regla. El salvoconducto de movilización —un documento oficial entregado por la autoridad ambiental (Corpoamazonía) que certifica el origen legal de la madera, la especie, el volumen y el destino del cargamento— indica que la madera proviene de un aprovechamiento forestal autorizado en Tarapacá, un corregimiento remoto ubicado al sur del departamento Amazonas, a más de 1500 kilómetros de Puerto Asís por el río.

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Este cargamento y el salvoconducto que lo avala se convertirían un año más tarde en una pieza clave para desmantelar una presunta red de tráfico de madera que, según las autoridades colombianas, habría generado ganancias ilícitas por más de 1600 millones de pesos (cerca de 500 000 dólares). La red que operaba en los departamentos de Nariño, Putumayo y Amazonas llevaba por nombre “Puerto Hong Kong” y, según la Fiscalía, extraía madera ilegalmente de áreas protegidas de Colombia y Perú, así como de otras zonas amazónicas. Los cargamentos tenían como destino ciudades principales como Bogotá, hasta donde aparentemente llegaban utilizando los documentos fraudulentos.

Ese fue el hilo que siguieron las autoridades y que llevó a la Fiscalía, el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF) y la Policía a realizar una serie de operativos simultáneos que, en diciembre de 2025, culminaron con la captura de 17 personas, entre ellas tres funcionarias de Corpoamazonía. Paradójicamente, esa es la entidad encargada de la protección ambiental y del control de la movilización, procesamiento y comercialización de recursos naturales.

El operativo y la posterior investigación judicial dieron a conocer que la madera fue movilizada empleando salvoconductos adulterados y que tenía como supuesto lugar de origen una concesión forestal administrada por Flor Ángela Martínez en representación de la Asociación de Usuarios del Bosque, en Tarapacá. El Brigadier General Carlos Oviedo, director de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, confirmó en ese momento en una entrevista con Noticias Uno cómo Corpoamazonía ayudó a poner en marcha ese engranaje de ilegalidad: “Los funcionarios públicos se encargaban de expedir conceptos técnicos y salvoconductos de movilización forestal, que pueden usarse para amparar productos ilegales”.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto investigaron este caso a profundidad para entender cómo esta red se valió de aprovechamientos forestales y salvoconductos oficiales emitidos por las autoridades colombianas para lavar madera de aparente origen ilegal. La investigación muestra cómo los involucrados se movieron dentro del sistema y encontraron una rendija para sortear los controles del Estado. Para reconstruir este modo de operar, se revisaron cientos de documentos oficiales y expedientes, se visualizaron más de 30 horas de audiencias del proceso judicial y se construyó una base de datos con todos los salvoconductos emitidos por Corpoamazonía entre 2023 y 2025. En esos años, la autoridad ambiental autorizó 1289 movimientos de madera.

Uno de los hallazgos principales de esta investigación evidencia cómo un instrumento diseñado para controlar el transporte legal de madera puede convertirse en un mecanismo para hacer pasar como legal madera extraída de zonas no autorizadas y hasta de países vecinos.

Además, con el apoyo de expertos de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), realizamos un análisis geográfico para confirmar si la madera declarada en los salvoconductos fue realmente extraída de la concesión forestal administrada por la Asociación de Usuarios del Bosque en Tarapacá. A partir de expedientes oficiales sacamos la ubicación de cada uno de los 976 árboles autorizados para ser talados y luego viajamos en el tiempo con las imágenes satelitales para saber en qué momento fueron cortados. Lo que descubrimos es que el área permitida para el aprovechamiento no sufrió grandes cambios desde el 2017. La selva sigue en pie hasta hoy.

Tarapacá, un punto estratégico para el paso de madera ilegal

En Tarapacá no hay carreteras abiertas por motosierras o vías que conecten ese territorio con el resto del país. Tampoco hay claros extensos visibles desde el aire, ni la imagen típica de un bosque arrasado por la tala. Es un refugio de comunidades indígenas —en su mayoría de los pueblos uitoto, yagua y tikuna— que llegaron siglos atrás y se asentaron en la selva para protegerse de la fiebre del caucho y del tráfico de pieles.

Ubicado a orillas del río Putumayo, Tarapacá es también un lugar estratégico: está muy cerca de la frontera con Brasil y, a través del mismo río, se conecta con Perú. Es un vasto territorio en donde confluyen los tres países y sus dinámicas. Esa ubicación privilegiada y remota, sin embargo, ha hecho que el control del Estado sea difícil. El río se ha convertido en un corredor para el paso de armas, insumos derivados del narcotráfico y productos de la extracción de oro y madera.

Como explica un trabajador de una ONG ambiental que se encuentra en la zona, y que pidió la protección de su nombre por seguridad, “Tarapacá está en un punto donde el río conecta directamente con la frontera. Esa ubicación hace que no solo la madera, sino prácticamente cualquier mercancía pueda moverse con facilidad”. Además, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo señala que “de estas actividades devienen importantes fuentes de financiación para los actores armados ilegales, quienes ejercen presiones y amenazas a las comunidades asentadas en dichos territorios”.

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Según los registros de Corpoamazonía analizados para esta investigación, Tarapacá concentra buena parte de la madera movilizada legalmente desde la Amazonía colombiana. De los 118 salvoconductos para movilizar madera expedidos en el departamento de Amazonas entre 2023 y 2025, 104 (el 88 %) registraban a Tarapacá como punto de partida. El 78 % registraba a Puerto Asís, en Putumayo, como destino. Es decir, la mayoría de madera movilizada legalmente desde Amazonas surcó el mismo recorrido que el cargamento incautado en 2024.

Ese fue uno de los motivos por los que la Fiscalía decidió investigar la zona: “Sabíamos que desde Tarapacá venía, hacia Puerto Asís, un cargamento de madera que en su mayor parte no correspondía con lo que los documentos decían que se estaba movilizando. Solo esa carga estaba valorada en cerca de 100 millones de pesos (alrededor de 31 200 dólares) y tenía como destino final Bogotá”, aseguró el fiscal del caso.

En Tarapacá los datos satelitales no coinciden con los papeles

En la última década, Colombia ha perdido más de 1.5 millones de hectáreas de bosque, un área equivalente a más de nueve veces el tamaño de Bogotá. La presión persiste: en 2025, gran parte de la pérdida se concentró en la selva amazónica, que acumuló el 65 % de la deforestación. Ante este escenario, el país ha impulsado distintas estrategias que buscan conciliar el aprovechamiento del bosque con su conservación para que las comunidades puedan usarlo y obtener ingresos de forma sostenible. Entre esas se encuentran los permisos de aprovechamiento forestal persistente.

Como explican desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la estrategia se asemeja a lo que pasa en el ambiente natural: “Cuando un árbol se cae por causas naturales, deja un pequeño claro por donde entra la luz. Esta mayor disponibilidad de luz favorece la germinación de las semillas y el crecimiento de nuevas plantas. Así continúa el ciclo natural del bosque”.

Los permisos de aprovechamiento y los planes de manejo que los acompañan —el documento técnico que define cómo debe aprovecharse el ecosistema de manera sostenible— imitan está dinámica de forma planificada y controlada: extraer pocos árboles, dejar suficientes individuos alrededor para que continúen produciendo semillas y permitir que el ecosistema se regenere.

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Aunque estos permisos pueden cubrir miles de hectáreas, la autoridad ambiental define cada año qué parte del bosque puede ser intervenida y qué árboles pueden cortarse al interior de cada aprovechamiento. La decisión se basa en visitas técnicas al terreno en donde los funcionarios identifican las especies que pueden usarse, miden los árboles y calculan cuánta madera puede extraerse legalmente de ese aprovechamiento forestal sin perjudicar el bosque. Se trata de una especie de “inventario” que también permite definir el volumen de madera que puede ser movilizado y expedir los salvoconductos necesarios.

Desde 2022, Corpoamazonía solo ha otorgado un aprovechamiento forestal persistente en el departamento de Amazonas. Se autorizó en Tarapacá y pertenece a la Asociación de Usuarios del Bosque. El permiso abarca un área de 3272 hectáreas (3030 aprovechables y 241 destinadas a la protección) conocida como Caño Alegría. Como lo muestra la siguiente imagen, funcionarios de la autoridad ambiental hicieron un inventario forestal del área, revisaron decenas de parcelas y delimitaron 10 Unidades de Corte Anual (UCA): sectores del bosque que pueden aprovecharse por turnos, mientras las demás áreas permanecen sin intervención.

Solo en la primera UCA, por ejemplo, Corpoamazonía autorizó que, para el año 2023, se podían aprovechar 303 hectáreas de bosque equivalentes a 976 árboles (identificados coordenada por coordenada). Pero, ¿cómo corroborar que la madera movilizada por el río Putumayo, avalada con salvoconductos, efectivamente salió de allí?

Con el apoyo de la EIA, se analizaron satelitalmente todas las Unidades de Corte Anual de Caño Alegría con el fin de verificar si los árboles fueron extraídos de la zona y en los períodos autorizados. Para hacerlo, se utilizó una herramienta capaz de detectar cambios muy pequeños en el bosque, una tecnología a la que los expertos llaman el Índice de Fracción de Diferencia Normalizada (NDFI por sus siglas en inglés). Lo que hace la herramienta es contrastar con imágenes satelitales de alta resolución si la cobertura forestal cambió en algún momento, ya sea por la tala selectiva autorizada, la apertura de caminos o cambios en la copa de los árboles. El nivel de detalle es clave, pues se analiza píxel por píxel. «Es una herramienta especialmente útil para detectar las huellas que deja la tala selectiva en la Amazonía», explica Julio Patiño, senior campagnier de EIA.

Tras analizar geográficamente el expediente de Caño Alegría, Patiño identificó inconsistencias importantes.

Una de ellas, la más importante, es que de las 10 Unidades de Corte Anual autorizadas, en al menos seis el análisis satelital no encontró evidencia de aprovechamiento forestal durante el período autorizado por Corpoamazonía. En otras dos tampoco se halló evidencia de tala, mientras que solo en dos se identificó “posible actividad en el período autorizado”, aunque sin tener la certeza de si el cambio forestal se debía a actividades humanas.

Las imágenes, además, registran señales pequeñas y dispersas de cambio del bosque que podrían corresponder a procesos de degradación natural. “Pueden corresponder a la caída de árboles por el viento y no se aprecian claros evidentes durante el periodo de autorización [del aprovechamiento]”, agrega Patiño. En otras palabras, no hay señales que indiquen que los cambios en el bosque identificados en las imágenes satelitales correspondan a los volúmenes de madera que, de acuerdo con los salvoconductos expedidos por la autoridad ambiental, habrían sido extraídos y movilizados desde Caño Alegría.

Si los árboles no salieron de este sector administrado por la Asociación de Usuarios del Bosque, ¿de dónde se extrajo la madera movilizada? Esa es una de las preguntas que tiene por resolver la Fiscalía en la investigación que tiene en curso.

Hay otra inconsistencia que, a juicio de Patiño, amerita una revisión más profunda. En dos de las Unidades de Corte Anual (las 8 y 9), “predominan copas [de árboles] más pequeñas y una menor presencia aparente de árboles de gran porte”, señala el análisis. A lo que se refiere es que las imágenes satelitales no muestran árboles grandes con las características necesarias para ser aprovechados. Además, indica Patiño, esta diferencia se mantiene a lo largo de los años (de 2017 a 2023). Sin embargo, en el informe técnico de Corpoamazonía se considera que esos árboles sí tienen las dimensiones necesarias para ser aprovechados.

“Estos elementos, considerados en conjunto, plantean interrogantes sobre la consistencia del inventario presentado y la evaluación técnica realizada por Corpoamazonía”, insiste el experto.

Aunque desde abril de 2026 Mongabay Latam y Rutas del Conflicto consultaron a la autoridad ambiental por estos hallazgos y sobre sus visitas realizadas a campo, Corpoamazonia respondió que se negaba a entregar la información por protecciones legales de reserva y garantía del debido proceso de las investigaciones llevadas adelante por la misma entidad y por la Fiscalía. Pese a que esta alianza de medios reiteró la posibilidad de una entrevista, la entidad no respondió al cierre de esta investigación.

Reconstruyendo el tráfico de los salvoconductos

En un escenario ideal, cada árbol que es autorizado para el aprovechamiento debe ser identificado, medido y georreferenciado por la autoridad ambiental. Y toda madera que sale de un aprovechamiento forestal autorizado debe estar acompañada por un salvoconducto de movilización. Así se garantiza lo que los expertos llaman su “trazabilidad”.

En el caso de el aprovechamiento forestal de Tarapacá, “la trazabilidad empezó por el salvoconducto, pero dejó por fuera el primer paso: verificar que la madera realmente saliera del árbol autorizado”, relata un trabajador de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). “Entre la distancia, la dificultad inmensa que tiene la autoridad para hacer control efectivo y la ausencia de funcionarios permanentes, aparecen espacios donde nadie sabe realmente qué ocurre. Buena parte de la movilización ocurre sin supervisión”, insiste.

Un investigador de una ONG ambiental que trabaja en el terreno coincide: “Si un Policía detiene un camión lleno de troncos, puede revisar el salvoconducto, pero no tiene cómo saber si esa madera salió realmente del lugar autorizado. Sólo ve un documento de movilización y que el peso corresponda con lo reportado”. Esa desconexión es la que permite que madera extraída en otros lugares pueda circular con apariencia de legalidad.

Una vez que la madera es movilizada por los ríos y tiene el papel que respalda su origen legal, puede llegar a distintos destinos, repartirse en ciudades principales, transformarse e, incluso, llegar a otros países.

En Tarapacá, además, el mecanismo de lavado encontró un escenario propicio para operar: allí no hay oficina de Corpoamazonía ni presencia permanente de sus funcionarios. La oficina más cercana de esa entidad está a un trayecto en avión de distancia a Leticia. Ante esos retos, como lo explica el fiscal del caso, “los permisos se expidieron bajo un principio de buena fe y la verificación física del cargamento solo se hace cuando la madera llega a Puerto Asís”, ubicado a más de 35 horas por río, en el departamento vecino de Putumayo.

Durante el trayecto de Tarapacá a Puerto Asís, según el expediente judicial al que se tuvo acceso para esta investigación, los madereros cargaban más producto (incluso proveniente de otros países), recogían o descargaban parte de la mercancía en otros puntos o alteraban las especies movilizadas. “Antes de llegar al sector de la Esmeralda escondían la madera en sitios ya determinados, para que, cuando los funcionarios revisaran la carga, ésta coincidiera con lo que decía el salvoconducto”, agrega el fiscal.

Así, el salvoconducto se convirtió en el eslabón más importante de la cadena criminal. Expertos, funcionario públicos, personas en territorio consultadas por Mongabay Latam y Rutas del Conflicto, así como investigadores del caso, señalaron que el precio de estos documentos en el mercado negro puede oscilar entre un millón y 10 millones de pesos (315 a 3200 dólares) dependiendo de la especie forestal autorizada y del volumen de madera que permiten movilizar.

De hecho, un informe realizado por la EIA y publicado en 2018 ya alertaba que los comerciantes de madera aprovechaban el vacío de gobernanza colombiana para lavar y traficar madera no autorizada, incluyendo especies como el cedro (Cedrela odorata), cuya comercialización está prohibida desde 2015. En Puerto Asís, la EIA también documentó que quienes tramitaban documentos fraudulentos y se encontraban en cercanías de los muelles aseguran que, incluso, es “fácil ‘legalizar’ cedro proveniente del Perú con documentos de Corpoamazonía”.

Así operaba el tráfico de salvoconductos, según la Fiscalía

Durante casi 30 horas de audiencia, la Fiscalía reconstruyó cómo operaba una parte de esta red en Tarapacá. Reportes de inteligencia, interceptaciones de llamadas y otras pruebas recopiladas por la Fiscalía apuntan a tres nombres clave: Gloria Guarín y Tulio Cortés —señalados por la entidad de liderar la red conocida como Puerto Hong Kong y pagar casi 4 millones de pesos (1045 dólares) por un salvoconducto—, y Flor Ángela Martínez quien, como representante legal de la Asociación Usuarios del Bosque, “certificó” que la madera había salido de su aprovechamiento forestal con el respectivo salvoconducto.

De acuerdo con los registros telefónicos recopilados por la Fiscalía, Gloria Guarín y Tulio Cortés se habrían comunicado con Martínez en más de 140 ocasiones. Fragmentos de las llamadas permitieron corroborar cómo se coordinaba la compra de los salvoconductos y de la madera.

“Flor Martínez sería la encargada de la extracción y aprovechamiento ilícito de productos forestales maderables directamente en las áreas de corte. Una vez obtenida la madera, coordinaba con otros integrantes de la red su transporte y comercialización”, reveló el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos de Guarín y Cortés.

Incluso, según la investigación, Guarín y Cortés solicitaron a una de las funcionarias de Corpoamazonía que les expidiera un salvoconducto para movilizar madera y que éste correspondiera con las especies y el volumen que la entidad le había autorizado al aprovechamiento de Usuarios del Bosque.

Gloria Guarín y Tulio Cortés continúan con medida de aseguramiento y, al cierre de esta investigación,el Juzgado Penal de Puerto Asís no ha emitido aún una decisión de fondo sobre su presunta participación en los delitos ambientales que les atribuye la Fiscalía. Los demás integrantes de la red suscribieron preacuerdos de colaboración con la Fiscalía o permanecen a la espera de juicio. Rutas del Conflicto y Mongabay Latam se comunicaron a los celulares a nombre de Guarín y Cortés sin encontrar respuesta, además de contactar a los representantes legales que los acompañaron durante las audiencias y quienes afirmaron que desde el mes de mayo no son los abogados que llevan el caso.

Un proyecto “para mostrar” con su representante investigada

Flor Ángela Martínez, la representante legal de la Asociación de Usuarios del Bosque de Tarapacá y la principal titular de los permisos de aprovechamiento forestal, es una mujer reconocida en el sector maderero y ambiental de la Amazonía colombiana. Durante muchos años fue una de las grandes representantes del aprovechamiento sostenible de madera en Tarapacá y su proyecto sirvió de ejemplo internacional.

Como menciona un investigador de una organización que trabaja en el territorio, “en muchos escenarios era reconocida por trabajar por la gobernanza forestal para combatir la tala y el tráfico ilegal de madera a través de actividades de control y vigilancia”.

En julio de 2020, por ejemplo, fue invitada a exponer ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre un pacto intersectorial para hacer frente a la tala ilegal y garantizar que la madera comercializada en el país fuera de fuentes autorizadas. “Nosotros, como usuarios del bosque, somos garantes de que las especies en peligro se conserven a largo plazo y de que los bosques sigan siendo el futuro económico, social y ambiental de esta región tan apartada”, dijo en su discurso.

También fue elegida entre las iniciativas de “Negocios Verdes” que lanzó Corpoamazonía y como empresaria del mes en julio de 2019.

Su trayectoria en el sector forestal viene de larga data. En 2013, Corpoamazonía le otorgó un aprovechamiento forestal conocido como Caño Pexiboy en un área de 1630 hectáreas en Tarapacá. Tras vencer ese permiso, Martínez fundó la Asociación Usuarios del Bosque, registrada ante la Cámara de Comercio del Amazonas, con la que años después solicitó un nuevo permiso de aprovechamiento forestal.

En 2015, Martínez también creó una empresa de transformación de madera. Según el informe de gestión de Corpoamazonía, “se dedica a producir, cosechar y transformar madera del bosque amazónico y actualmente cuenta con la marca ‘Amazonia Esencia de Vida’”. Sus principales productos son bloques, vigas, tablones y tablas, de diferentes especies como abarco, achapo, granadillo y polvillo.

Pero la imagen que se tenía de Martínez empezó a cambiar con la investigación de la Fiscalía. Las organizaciones o autoridades con las que trabajaba prefieren, por ahora, no pronunciarse sobre el caso. Varias de ellas la reconocían como un puente entre las entidades ambientales y el sector maderero de la región. En diciembre de 2025, Martínez fue capturada luego de que la Fiscalía la señalara por integrar y “desempeñar un papel directivo” en la red dedicada a la explotación y comercialización ilegal de madera en la Amazonía colombiana. Se le imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado y fraude procesal. Martínez negó todos los cargos.

El ente acusador argumentó que, debido a la presunta capacidad de la red para influir en funcionarios públicos y utilizar rutas transfronterizas con Brasil y Perú, existía un riesgo de obstrucción a la Justicia y de continuidad de las actividades ilegales. Por eso, tras su captura, a Martínez le fue impuesta inicialmente una medida de aseguramiento en detención domiciliaria. En segunda instancia, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Leticia revocó esa decisión y ordenó su reclusión preventiva en un establecimiento carcelario. Sin embargo, en mayo, esa orden fue nuevamente revocada y se le concedió la detención domiciliaria, medida que se mantiene mientras la Fiscalía continúa con la presentación de las pruebas dentro del proceso penal.

Mongabay Latam y Rutas del Conflicto le escribieron varios mensajes a Flor Ángela Martínez entre mayo y agosto de 2026 al celular registrado de la Asociación Usuarios del Bosque y al correo electrónico. También intentaron contactarla a través del correo y el número de teléfono de su empresa de transformación de madera y se le dejó un mensaje en sus redes sociales. Además, la alianza se comunicó con integrantes de la junta directiva de la Asociación e intentó ubicar a su abogado a través de la Fiscalía, pero no fue posible comunicarse con él.

Mientras el proceso investigativo avanza, la selva de Caño Alegría conserva una cobertura boscosa aparentemente intacta, aunque los registros oficiales muestren decenas de salvoconductos y más de 1000 metros cúbicos de madera movilizados a su nombre. En Tarapacá, donde los árboles parecen no haber caído, los documentos cuentan una historia distinta.

*Imagen principal: Imagen de archivo. Autoridades ambientales decomisaron madera ilegal durante una jornada de control a nivel nacional realizada en marzo de 2026. Foto: Ministerio de Ambiente

El artículo original fue publicado por Pilar Puentes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 24 de agosto se celebra el Día Internacional de los Parques Nacionales. La fecha recuerda la importancia de mantener intactas áreas que albergan paisajes únicos, biodiversidad asombrosa y servicios ecosistémicos de los que dependen la provisión de agua limpia, el aire fresco, la polinización de alimentos y la captura de gases de efecto invernadero.

Aunque en Latinoamérica los parques nacionales son una de las categorías más altas de protección dentro de los sistemas de áreas protegidas nacionales, enfrentan todo tipo de amenazas. El avance de la deforestación, la minería ilegal e informal y la expansión de la industria petrolera son tres de ellas.

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En el Parque Nacional Natural La Paya, en Putumayo, el extremo sur de Colombia, la ganadería ilegal, cultivos de coca y la presencia de grupos armados ilegales han provocado la pérdida de bosques en una zona clave para la conectividad entre el Escudo Guayanés, la Amazonía y Los Andes.

En el Parque Nacional Islote Lobos, en Río Negro, el noreste de la Patagonia argentina, la construcción de un oleoducto y una terminal de exportación petrolera preocupa por los antecedentes de derrames de petróleo que ha habido en el país. Un vertimiento podría llegar en menos de un día a sitios de anidación y de reproducción de fauna marina.

En el Parque Nacional Bahuaja Sonene, entre Puno y Madre de Dios, en el sur de Perú, la minería ilegal e informal acecha al parque. Aunque se logró detener la actividad al interior del área protegida, la actividad se expande en la zona de amortiguamiento y los ríos que la rodean.

Mongabay Latam habló con especialistas y conocedores de las tres áreas para entender mejor qué está en juego y las soluciones que plantean.

Colombia: la deforestación pone en riesgo la conectividad del Parque Nacional La Paya

El Parque Nacional Natural La Paya está en el extremo sur de Colombia, en la triple frontera con Ecuador y Perú. La zona es tan biodiversa que los otros dos países también tienen áreas protegidas en sus límites. Sin embargo, este es considerado por muchas autoridades y expertos el punto fronterizo más conflictivo de la cuenca amazónica. La expansión de la ganadería ilegal, los cultivos de coca y las carreteras ilegales están destruyendo los bosques de La Paya, de acuerdo con Julia Miranda, quien dirigió Parques Nacionales de Colombia entre 2004 y 2020.

Entre 2013 y 2023, el parque perdió 8759 hectáreas de bosque, según el más reciente informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos. Esta pérdida convirtió a La Paya en la quinta área protegida más deforestada del país.

La deforestación continuó en 2024, año en el que se perdieron 459 hectáreas adicionales de bosque, según datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia, enviados a Mongabay Latam por Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). En 2025, 433 hectáreas más fueron deforestadas. Es decir, 892 hectáreas en esos dos años.

“Se perdieron zonas que habían sido restauradas durante las últimas dos décadas, que son críticas en la recuperación de la conectividad del parque”, señala Botero.

La exdirectora detalla que detrás de la tala no solo hay campesinos que amplían sus asentamientos y potreros. Asegura que también hay grupos armados ilegales que controlan buena parte de esos territorios. Botero añade que el parque “ha sido epicentro de la disputa entre las facciones disidentes de los Comandos de la Frontera y el Estado Mayor Central, con graves implicaciones sobre las poblaciones locales”.

Para el director de FCDS, el mayor impacto de la deforestación es la pérdida de conectividad, “la principal función de La Paya”. Explica que es un paisaje que conecta al noreste con el Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mientras que al sur conecta con el Parque Nacional Güeppí-Sekime, en Perú, y la Reserva de Producción de Fauna de Cuyabeno, en Ecuador.

“La gran biodiversidad que se mueve entre Los Andes, el Escudo Guayanés y la depresión del Napo está siendo seriamente afectada por este proceso de deforestación”, dice Botero.

La pérdida de bosque también amenaza la gobernabilidad, tanto de Parques Nacionales como de los gobiernos indígenas, de acuerdo con Miranda. “Los grupos ilegales imponen sus actividades ilícitas y afectan la vida tranquila de las comunidades indígenas”, se lamenta. Las comunidades siona, que dependen del bosque para obtener alimentos y medicina ancestral, han rechazado las economías ilícitas, asegura la exdirectora y hasta hace poco congresista.

Para la exfuncionaria, revertir la tendencia depende de una decisión política de hacer control territorial. Frente al mal recuerdo que quedó en La Paya tras la operación militar Artemisa de 2019 contra la deforestación, por su nivel de violencia, Miranda recomienda que se establezcan mesas de diálogo encaminadas a que se cumpla el Acuerdo de Paz, que estableció rutas de reubicación para las familias asentadas en parques antes de 2016.

Argentina: una terminal de exportación petrolera amenaza al Parque Nacional Islote Lobos

Al Parque Nacional Islote Lobos y a Punta Colorada, donde se tiene planificado construir la terminal de exportación petrolera Vaca Muerta Oil, los separan cerca de 10 kilómetros. Un derrame de petróleo podría alcanzar la zona, en la costa oeste del Golfo San Matías, provincia de Río Negro, Argentina, en un plazo de entre seis y 12 horas bajo ciertos escenarios de viento, según un modelado de Wildlife Conservation Society (WCS) Argentina.

“Diez kilómetros pareciera ser una distancia razonable en tierra, pero ecológicamente eso no sirve de nada, porque cualquier derrame de petróleo se va a desplazar sobre el agua siguiendo las corrientes, las mareas y los vientos”, explica Raquel Perier, bióloga marina e integrante de la Multisectorial de Defensa del Golfo.

El área protegida es un pequeño archipiélago costero. Alberga una importante diversidad de aves marinas y costeras, incluyendo migratorias. También acoge un importante apostadero de lobos marinos (Otaria flavescens) y la colonia de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus) más septentrional del mundo, de acuerdo con la información oficial del parque.

“Esta colonia se comenzó a formar en la década de 1990 y actualmente reúne a miles de parejas de pingüinos”, cuenta la especialista. Los islotes y las zonas intermareales funcionan como área de nidificación, descanso y alimentación, añade. La colonia de pingüinos se concentra entre septiembre y enero.

La forma del Golfo San Matías agrava los impactos de un posible vertimiento, de acuerdo con la especialista. “Es como una olla, con profundidades centrales mayores que su plataforma adyacente”, señala. Esa configuración hace que el agua recircule dentro del golfo durante meses en lugar de dispersarse hacia el mar abierto, explica.

De suceder un vertimiento, el petróleo podría alterar el aislamiento térmico del plumaje de estas aves, que además podrían ingerirlo cuando se acicalan, indica Perier. Otro impacto sería el que ocasionarían los hidrocarburos al adherirse a los sedimentos intermareales, prolongando su presencia más allá de las manchas visibles en la superficie del agua.

Desde 1990, la ley provincial 3308 prohibía toda actividad hidrocarburífera y de infraestructura portuaria en el Golfo San Matías. En 2022, la legislatura de Río Negro modificó la norma y habilitó el transporte y la construcción portuaria para exportación de petróleo y gas.

La construcción del proyecto Vaca Muerta Oil Sur ya arrancó. Consiste en un oleoducto que comienza en Vaca Muerta, provincia de Neuquén, y llega hasta Punta Colorada. Perier, como parte de la Multisectorial de Defensa del Golfo, denuncia que las audiencias públicas del proyecto no garantizaron participación ciudadana real.

Aunque las autoridades dicen que tienen planes de contingencia, la bióloga marina se muestra desconfiada. “A unos kilómetros de nosotros, en Catriel, un pequeño derrame lo pararon con una pileta de plástico”, relata.

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Perier también cuestiona la ausencia de un análisis de impactos acumulativos sobre el conjunto del golfo, que incluye proyectos de exportación de gas natural en Bahía San Antonio y Caleta de los Loros, otras dos áreas naturales protegidas de la misma costa.

“Cada vez más gente se nos está acercando y viendo la posibilidad de quedarnos sin un golfo azul por siempre”, dice. Y concluye: “No está dicho nada hasta la última palabra y mientras tanto seguimos resistiendo”.

Perú: la minería ilegal presiona la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene

La minería ilegal e informal ha afectado 5680 hectáreas del Parque Nacional Bahuaja Sonene y su zona de amortiguamiento hasta el segundo trimestre de 2026, según datos de Amazon Mining Watch. Un guardaparques que prefiere proteger su identidad por seguridad envió un mapa oficial a Mongabay Latam y explicó que la información de Amazon Mining Watch incluye la zona de amortiguamiento, donde se realiza gran parte de la actividad ilegal. Asegura que la extracción se logró detener dentro del parque en 2023.

El ambientalista Pedro Solano no descarta que el área protegida sufra bastante presión a medida que se incrementa el precio internacional del oro. “Se está convirtiendo en una suerte de zona de guerra”, afirma. El Bahuaja Sonene, ubicado entre las regiones de Madre de Dios y Puno, colinda con la Reserva Nacional Tambopata, que acumula casi 29 000 hectáreas afectadas, según Amazon Mining Watch. Esta, a su vez, colinda con el corredor minero de Madre de Dios, departamento que suma 163 000 hectáreas de superficie minada, según la misma herramienta.

Entre 2021 y 2023, funcionarios del parque registraron más de 50 puntos de minería ilegal al interior del área protegida. Los focos estaban en las quebradas Palma Real Grande y Patuyaku, en el sector de Vigilancia y Control Heath, detalla el guardaparques. “No contábamos con puesto de vigilancia ahí, entonces el personal no llegaba a hacer los patrullajes”, contextualiza.

Intervenciones conjuntas de la Fiscalía Especializada en Ambiente, la Marina de Guerra y la Policía Nacional frenaron la extracción ilegal, asegura el guardaparques. Hoy, el parque ya tiene un puesto de vigilancia permanente en el área.

El Proyecto Mapeo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) de Amazon Conservation identificó que, entre 2021 y 2023, 2439 hectáreas fueron deforestadas para la minería en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas del sur de Perú. Las más afectadas fueron la Reserva Nacional Tambopata, Bahuaja Sonene y la Reserva Comunal Amarakaeri, tres áreas contiguas. En el sector de Bahuaja Sonene hay minería ilegal y en menor medida, en proceso de formalización, de acuerdo con el guardaparques.

Para agosto de 2025, MAAP encontró que parte de la deforestación por minería de oro se mantenía en la zona de amortiguamiento del Bahuaja Sonene, aunque no ofreció cifras. El proyecto también identificó al río Inambari como uno de los afectados. En esa cuenca, relata el guardaparques, los mineros llevan a cabo operaciones con maquinaria pesada, embarcaciones artesanales y campamentos móviles.

Además, el parque sufre impactos indirectos de la minería realizada en otras zonas. El río Tambopata ya llega con alta sedimentación y con contaminación por mercurio, combustibles y aceites. Esto ha provocado que la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) se aísle, asegura la fuente en el territorio. Las taricayas (Podocnemis unifilis), por otro lado, han perdido las playas donde anidaban y los peces son cada vez más vulnerables. Los pobladores de la zona que dependen de la pesca también sufren las consecuencias.

Según Solano, las interdicciones, que implican destruir maquinaria, generan violencia en la región. A eso se suma la violencia que ejercen los mineros contra los defensores ambientales. Por eso, cree que se necesita aplicar una política integral que atienda la pobreza rural y que ofrezca oportunidades económicas.

*Imagen principal: minería en el río Inambari, en los alrededores del Parque Nacional Bahuaja Sonene, Perú. Foto: obtenida por Mongabay Latam

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un terremoto de magnitud 7.4 en la escala de Richter, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, departamento de Chocó, sacudió el occidente de Colombia el 10 de agosto de 2026. El sismo golpeó con fuerza 15 departamentos y los mayores daños se concentraron en Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Si bien el país no tardó en iniciar un censo de los afectados y sus pérdidas, en los territorios indígenas nadie llevaba un registro.

«No pudimos tener información inmediata de los hechos ocurridos por este fenómeno en los territorios indígenas», cuenta Walter Mecha, secretario técnico de la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó. «Las instituciones del Estado a nivel municipal y departamental no están documentando todas las afectaciones presentadas en los territorios indígenas«, agrega.

Con corte al 19 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportaba 314 personas fallecidas, 4400 heridas y 262 desaparecidas en todo el país. Pero en este balance oficial no hay un solo dato desagregado a nivel étnico. Más de una semana después del sismo, han sido las propias autoridades indígenas y algunas autoridades afrodescendientes las que han tenido que salir a contar sus muertos, sus heridos y sus damnificados.

El primer informe fue publicado por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dos días después del terremoto. Identificaron que 1009 comunidades, de un total de 13 868 analizadas, habían sufrido las sacudidas más fuertes. Rosalino Guarupe Joropa, consejero mayor de la ONIC, le explicó a Mongabay Latam cómo lo hicieron: superpusieron el mapa de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) con el registro de asentamientos de la propia ONIC y su Sistema de Monitoreo Territorial (SMT).

Con ese cruce de información establecieron que Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, por su cercanía al epicentro y por contener un gran número de población indígena, serían los departamentos a priorizar con la llegada de la guardia indígena.

Para confirmar con exactitud el nivel de afectación en sus comunidades, líderes de diferentes organizaciones se adentraron en la selva chocoana, establecieron contacto telefónico con las organizaciones que habitan las montañas de valle y viajaron a los resguardos más afectados en Risaralda. Así pudieron confirmar el pasado 19 de agosto, en una rueda de prensa llevada a cabo en Bogotá, que tres personas fallecieron, 1488 se encuentran heridas y 2297 viviendas resultaron afectadas.

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Aunque la ONIC no cuenta con un desglose de afectados o fallecidos por departamento sino por organización, Mongabay Latam pudo conocer a través de sus voceros que las tres personas indígenas fallecidas pertenecen al pueblo embera en Risaralda. Además, es Risaralda el departamento que registra el mayor número de familias afectadas, con 1247, seguido de Chocó (762) y Valle del Cauca (593). Risaralda también encabeza la lista de viviendas afectadas con 882, mientras que Valle del Cauca y Chocó registran 593 y 592, respectivamente.

En cuanto a heridos, Valle del Cauca concentra el 100 % de los reportados (1488, todos pertenecientes a la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, ORIVAC).

Para Guarupe Joropa es clave aclarar que estas cifras pueden seguir cambiando, dado que aún no tienen información sobre comunidades que viven en zonas de difícil acceso y sin conexión a internet. «Por ahora, todo parece indicar que las etnias más afectadas, según nuestros últimos datos, son los embera chamí y los wounaan, pero necesitamos la ayuda del Gobierno Nacional para seguir llegando al territorio», dice.

Esta falta de caracterización oficial hizo que los organismos de control levantaran la voz. La Defensoría del Pueblo le pidió al Gobierno Nacional y a la UNGRD acelerar el envío de ayuda humanitaria y hacer censos diferenciados para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes del Pacífico, ya que la falta de datos con enfoque étnico profundiza la vulnerabilidad en territorios que históricamente han estado marginados.

En su censo, que coincide con las cifras de la ONIC, la Defensoría indica que las mayores afectaciones a poblaciones vulnerables están en municipios con alta presencia indígena y afrodescendiente, como Chocó, Valle del Cauca y Risaralda, donde, además, las barreras geográficas y el conflicto armado ya limitaban el acceso del Estado.

Mongabay Latam consultó al Ministerio del Interior y a la UNGRD sobre lo dicho por la ONIC y la Defensoría, pero los líderes de comunicaciones de ambas entidades mencionaron que están a la espera de un consolidado general de los censos, el cual está a cargo de las alcaldías y gobernaciones.

Para Joropa, de la ONIC, la desarticulación que describe la Defensoría del Pueblo no es nueva: tiene una explicación estructural. Antes del sismo, la organización ya había construido, junto con el gobierno anterior, un borrador de Plan de Gestión del Riesgo para Comunidades Indígenas que quedó suspendido con el cambio de administración. «Nos toca retomar el diálogo con el nuevo gobierno. No sabemos cuál sea la propuesta de ellos frente a lo que se trabajó con el gobierno anterior», dice.

El corazón de esa propuesta es simple: que las comunidades indígenas tengan su espacio en los comités de gestión del riesgo departamentales y municipales. «Se hacen comités de gestión en los departamentos, pero no convocan a las comunidades indígenas. Y somos nosotros los que tenemos el censo propio de lo que tenemos dentro del territorio», afirma.

A esta traba se suma la transición del Ejecutivo: la posesión del presidente Abelardo De la Espriella tuvo lugar el 7 de agosto de 2026 en Cali, tres días antes del sismo. Los voceros regionales señalan que el poco tiempo que lleva posesionada la nueva administración es un obstáculo adicional para saber a quién acudir.

Disney Gutiérrez, de ORIVAC, lo explica así al hablar de los canales de comunicación con las entidades nacionales: «En este momento no tenemos contacto con este nuevo gobierno porque apenas se posesionó. Hemos enviado nuestros últimos reportes a los correos de los ministerios, pero no hay ninguna respuesta por parte de ellos».

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Chocó: la carrera comunitaria por evaluar daños en medio del olvido estatal

Aunque muchas zonas de Chocó permanecen incomunicadas, Mongabay Latam pudo entrevistar a algunos líderes indígenas y afrodescendientes del sur del departamento. Todos coinciden en que han tenido que armar sus propios mecanismos de identificación y análisis de necesidades en un territorio invadido por los grupos armados.

Walter Mecha, quien además es líder social y vocero del pueblo indígena embera dóbida del Chocó, dice que pese al riesgo que implica recorrer su territorio, hasta el 14 de agosto habían verificado afectaciones en 184 comunidades de 13 de los 30 municipios del Chocó. Dentro de esas comunidades identificaron tres personas indígenas heridas, 263 casas destruidas y 293 más averiadas.

El daño no se quedó en las viviendas: también resultaron afectados los centros educativos propios, los puestos de salud, los puentes sobre trochas y ríos que las comunidades usan para moverse y las casas de armonización, espacios de gobierno propio y espiritualidad. «Perdimos muchos cultivos», agregó Mecha.

Con la UNGRD, dijo, apenas habían logrado un primer acercamiento técnico para unificar los formatos de censo. Sobre la ayuda humanitaria que ya llegó, fue igual de directo: «A los territorios indígenas no. Todavía no». Y usó como ejemplo a su propio municipio, Alto Baudó: «Sí han llegado unas ayudas mínimas para el municipio, pero es para todos los habitantes, más de 32 000 habitantes entre comunidades afro e indígenas. Eso no alcanza».

Esa mezcla constante entre lo indígena y lo afro en el Chocó no es casual. Según cifras del DANE (2021), el 78.9 % de los habitantes del departamento se reconoce como negro, mulato y afrodescendiente, mientras que el 16 % se reconoce como indígena. Hablar de «todo el Chocó», un departamento de más de 47 000 kilómetros cuadrados, es hablar casi exclusivamente de población étnica.

Así las cosas, “armar un panorama real de los daños en esta zona no será un trabajo fácil”, declaró Baltazar Mecha Forastero, integrante de la Organización Gobierno Ancestral del Chocó. El líder indígena calcula que tomará semanas o incluso meses establecer un número final de afectados por lo extenso y desconectado del territorio: «Los datos de los indígenas afectados del Chocó los estaremos consolidando quizás en dos meses o más, porque el Chocó es como una segunda Amazonía: para llegar a una comunidad hay que navegar o caminar hasta cuatro y cinco días».

A las dificultades institucionales se suma una restricción severa de movilidad que impide verificar los daños en las zonas más apartadas. Mauricio Parra Bayona es asesor del Consejo Comunitario General de San Juan (Acadesan), una organización que agrupa a 72 comunidades afrodescendientes en cinco municipios del sur del Chocó y un municipio del Valle del Cauca: Sipí, Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Litoral del San Juan y Buenaventura.

Parra explica que no cuentan con recursos para contactar directamente a sus afiliados. «Nosotros hemos empezado a hacer algunos recorridos, pero tenemos problemas de escasez de recursos y en particular ausencia de gasolina», dice Parra.

Debido a la cercanía de Nóvita con San José del Palmar, epicentro del sismo registrado el pasado 10 de agosto, Acadesan pudo compartir algunos datos preliminares sobre las afectaciones que sufrieron algunos de sus afiliados en este municipio. “Cinco sedes educativas, el juzgado municipal, la registraduría, la casa de la justicia y varios templos religiosos resultaron afectados en su estructura”.

Mongabay Latam habló con el alcalde de Nóvita, Alberto Williams Rivas, quien aseguró que en su consolidado preliminar reportaron al Gobierno Nacional aproximadamente 2447 familias afectadas.

Debido a que su población es mayoritariamente afrodescendiente, aseguró que el apoyo que han recibido por parte de las entidades departamentales y nacionales ha incorporado un enfoque diferencial y por pueblos. “Esperamos que este enfoque se mantenga y fortalezca durante las siguientes etapas de atención, recuperación y reconstrucción”.

Adicional a la pérdida de viviendas y los daños en la infraestructura comunitaria, muchas familias que viven en la zona del Bajo y Medio San Juan (subregión a la que pertenecen municipios como Nóvita) denuncian las afectaciones a sus viviendas que agregó otro evento natural: un vendaval que azotó la cuenca del río San Juan la noche del jueves 13 de agosto.

De acuerdo con un reporte enviado por Acadesan a este medio, «algunas comunidades del municipio del Medio San Juan (Bebedó, La Unión, Chambacú, Noanamá y Santa María de la Loma) dan cuenta de por lo menos 71 casas averiadas, daños a estructuras de instituciones educativas y daños adicionales causados por las fuertes lluvias que han arrasado con los techos de muchas viviendas”, se lee en el comunicado.

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Risaralda: monitoreos al pie en la cordillera

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, el derrumbe de una vivienda causado por el sismo dejó la muerte de tres integrantes del cabildo indígena Tachinave, del pueblo embera, quienes vivían en arriendo en esta propiedad. De los 19 resguardos y cabildos que agrupa el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), solo dos, la Comunidad Indígena Kurmadó y Dachi Namabena, ambas en Pereira, habían recibido asistencia del Estado una semana después del desastre.

«Me preocupa bastante esta situación, porque ya quedaron 17 resguardos en los cuales no se les ha llevado ninguna ayuda, donde prácticamente hay resguardos que quedaron entre 40 y 50 familias esperando esa atención«, dice Marco Fidel Guasarave, consejero mayor del CRIR, quien nombra los municipios donde las comunidades indígenas siguen esperando ayudas: Pueblo Rico, Mistrató, Guática, Belén de Umbría, Balboa y La Celia, entre otros.

El CRIR formalizó estas solicitudes en un documento que envió el 10 de agosto a ministerios, alcaldías y organismos de control. Guasarave dice que armar un balance definitivo en municipios como Pueblo Rico, Mistrató o Marsella va a tomar tiempo debido a la difícil topografía del terreno: «Son resguardos que hay que caminar mucho, 10 horas dentro del mismo territorio, y en los cuales ayer [19 de agosto] no se tenía esa información».

Mientras espera la respuesta institucional, el líder ha recurrido a la solidaridad de conocidos: «He estado por ahí con los amigos pidiendo algunas ayudas, pues gracias a Dios hay gente que se ha compadecido para enviar a la ciudad de Pereira».

A los daños de las viviendas se suma la preocupación por la pérdida de infraestructura comunitaria y educativa que se obtuvo después de las movilizaciones de 2024, donde las comunidades lograron la asignación de 15 000 millones de pesos (aproximadamente 4.88 millones de dólares) para la edificación de aulas en sus 19 resguardos. Sin embargo, dice Guasave, “el terremoto derrumbó gran parte de estas construcciones, dejando nuevamente a cientos de niños usando plásticos [como techos] para recibir clases”.

Ante la demora del auxilio estatal y los vacíos dejados por los cambios en el Gabinete nacional, las autoridades indígenas reiteran el llamado urgente a proteger el derecho a permanecer en sus territorios ancestrales, evitando así el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos.

Mongabay Latam intentó comunicarse con otros líderes indígenas de este departamento y con la gobernación de Risaralda, pero no fue posible establecer esta comunicación debido a que el departamento tiene serios problemas de conexión y está enfocado en la reubicación de cientos de familias que lo perdieron todo, especialmente en la ciudad de Pereira.

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Valle del Cauca: el reto del censo en zonas rurales

En el Valle del Cauca, la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC), que agrupa a los cabildos y resguardos indígenas del departamento, describe una situación crítica. Su consejero mayor, Disney Gutiérrez, la resume con un caso: «El pueblo wounaan está asentado tradicionalmente a ambos lados del río San Juan, en el límite entre Chocó y Valle del Cauca. La mayoría de su población vive en territorio chocoano, pero también tiene una comunidad histórica en la zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca». Esa comunidad wounaan de Buenaventura tiene 400 familias damnificadas por el sismo y la respuesta oficial, dice Gutiérrez, ha sido mínima.

El daño material en el norte del Valle golpeó tanto a las viviendas como a la base alimentaria de las comunidades: «Las casas que tenían se cayeron, pero también hubo afectaciones en deslizamientos de tierra que afectaron los cultivos», describe Gutiérrez. Entre lo perdido menciona cultivos como caña, fríjol, café y plátano, de los que dependen las familias para su sustento.

Óscar Lenis, secretario de Asuntos Étnicos de la Gobernación del Valle del Cauca, le dijo a Mongabay Latam que han estado en contacto con las organizaciones representativas del departamento y explicó que consolidar las cifras de afectación ha sido complejo por la dispersión geográfica.

«En el Valle del Cauca hay más de 125 comunidades indígenas, las cuales están representadas por cuatro organizaciones: la ORIVAC, la Asociación de Cabildos indígenas del Valle del Cauca, Región Pacífico (ACIVA-RP), la Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca y la Asociación de Autoridades Tradicionales Wounaan Nonam del Valle (Kowondev). A través de ellos hemos podido contactar a resguardos y cabildos indígenas, prestándoles las ayudas a los municipios mayormente afectados», afirmó Lenis.

Según el funcionario, los reportes iniciales que han enviado las propias comunidades ya suman una cifra considerable: «La información que ellos nos han enviado de comunidades indígenas afectadas suman más de 800 familias indígenas, que eso nos puede sumar en promedio casi 5000 personas afectadas«.

Lenis detalló que los municipios con mayores daños fueron Buenaventura, Dagua, varios del norte del departamento, como El Águila, Argelia, El Dovio y Ansermanuevo, además de afectaciones en Florida, Trujillo, Restrepo, Calima El Darién y Yotoco.

Frente a las críticas por la demora en formalizar la ayuda y los censos, el secretario dijo que la Gobernación está en la fase de consolidación técnica para ingresar los datos a las plataformas oficiales del Estado. Solo así podrán tener el censo oficial de qué resguardo o qué cabildo se afectó.

Por otro lado, mencionó que en algunos municipios ya están hablando de la reconstrucción y que la administración departamental le apostará a un esquema participativo: «La gobernadora [Dilian Francisca Toro] lo que ha dicho es que va a haber autoconstrucción. Que nosotros les damos los insumos que se necesitan y ellos mismos, con sus ingenieros o arquitectos, hacen sus reconstrucciones. Pero en los casos en los que toca construir desde cero, es un proceso que se demora más, se necesita un acompañamiento y supervisión para que estas mismas comunidades puedan hacer los ejercicios de reconstrucción».

El funcionario destacó, además, que junto con el Ministerio del Interior se coordinan protocolos de atención diferencial para los más de 48 consejos comunitarios afrodescendientes afectados en la zona rural de Buenaventura y Dagua.

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Conflicto armado y despojo: una vulnerabilidad previa al sismo

A las barreras geográficas se suma la ausencia histórica del Estado en la ruralidad y la presencia constante de grupos armados, dos factores que ponen en riesgo la entrega de ayuda humanitaria.

Mientras visita los cabildos más afectados en el departamento de Chocó, Baltazar Mecha Forastero afirma que casi toda la ayuda ha llegado por parte de la solidaridad ciudadana y de las ONG, y eso representa un riesgo para las propias organizaciones indígenas: “Nos da susto que las caravanas con víveres sean atacadas o retenidas por los grupos armados que están en la zona”, denuncia.

Es por eso que para el ingreso de los suministros de emergencia, las autoridades indígenas planean abrir canales directos de diálogo con los grupos armados, con el fin de fijar puntos neutrales de acopio donde la guardia indígena y las instancias de gobierno propio reciban las ayudas y las repartan internamente.

En el norte del Valle del Cauca, Disney Gutiérrez describe un patrón de desplazamiento que viene desde antes del terremoto: «Históricamente las comunidades indígenas hemos sufrido esta situación porque nosotros vivimos en las zonas rurales donde siempre va a haber grupos armados […] varias comunidades en el norte del Valle estaban confinadas porque había mucha problemática territorial y el terremoto nos ha afectado más».

La situación también ha sido complicada para la Gobernación de Valle del Cauca. «El desafío es justamente la ruralidad. Eso queda muy adentro y hay situaciones relacionadas con el conflicto armado, sobre todo lo que tiene que ver con Ansermanuevo, El Águila, Argelia, El Dovio y Calima El Darién«, detalló Lenis.

En Risaralda, Guasarave describe uno de los episodios de desplazamiento reciente: la comunidad de Karradapó, ubicada en el municipio de Puerto Rico, fue desplazada a Medellín por enfrentamiento entre grupos armados. «Estamos haciendo todo lo posible para que estos compañeros sean retornados. Pero sabemos que muchos tendrán miedo de volver a sus territorios porque quedaron afectados por el sismo», dice.

En medio de este panorama, en Chocó ese miedo se está enfrentando con otra estrategia: quedarse. Mecha Forastero cree que las familias del Chocó van a permanecer en sus tierras pese al temor de un desplazamiento masivo hacia las ciudades: “Muchas de nuestras escuelas se cayeron, pero en algunas comunidades los profesores están levantando enramadas tradicionales de madera y paja para retomar las clases de los niños. Y también están construyendo cambuches [ranchos o chozas] para que la gente siga en el territorio”, cuenta.

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¿Qué piden las comunidades?

La respuesta comunitaria se ha convertido en la principal línea de defensa. Para canalizar el apoyo de la ciudadanía, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) abrió la campaña nacional e internacional “S.O.S. Pueblos Indígenas”, con una cuenta de ahorros oficial en el banco Bancolombia y un centro de acopio en su sede principal de Bogotá para recibir alimentos no perecederos, potabilizadores de agua, mantas, medicamentos, kits de aseo y carpas o plásticos para resguardarse de las lluvias.

De forma paralela, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) envió brigadas humanitarias de la Guardia Indígena (Kiwe Thegnas) hacia los resguardos más golpeados de Chocó, Risaralda y el norte del Valle del Cauca. Con herramientas para remover escombros, plantas eléctricas de emergencia y víveres recolectados en mingas solidarias, los guardias indígenas se han encargado de abrir caminos y repartir ayudas en zonas donde la maquinaria pública todavía no ha podido entrar.

A esta movilización se han sumado iniciativas de la sociedad civil y de creadores de contenido digital. Varios influenciadores y figuras públicas abrieron centros de acopio independientes y promovieron colectas en redes sociales, con las que han logrado enviar toneladas de víveres, medicamentos y filtros de agua directamente a municipios golpeados como San José del Palmar, Nóvita y Pueblo Rico, en el departamento de Chocó.

Sin embargo, las autoridades indígenas advierten que las donaciones particulares y el esfuerzo propio no reemplazan las obligaciones del Estado. Rosalino Guarupe Joropa, de la ONIC, insiste en que reconstruir las viviendas, las escuelas y las casas de armonización destruidas requiere una concertación institucional que respete la cosmovisión y el ordenamiento territorial propio.

“Necesitamos que el censo oficial incorpore la información de los censos comunitarios y que cualquier intervención en los territorios se haga en armonización con nuestras autoridades y respetando la espiritualidad de los pueblos”, concluye.

*Imagen principal: vivienda afectada en el Valle del Cauca. Foto: cortesía ONIC

El artículo original fue publicado por Tatiana Rojas Hernández en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.