Sin embargo, la historia de la construcción nacional es mucho más compleja que el relato sencillo de un libertador que fundó, por sí solo, una República. Una cosa fue obtener la victoria militar frente a España y otra, muy distinta, construir un Estado capaz de gobernarse, definir una identidad común y garantizar su permanencia en el tiempo.

A diferencia de Estados Unidos, cuya independencia estuvo acompañada por documentos que expresaban una idea de nación y unos principios políticos relativamente definidos, la Nueva Granada llegó a la emancipación sin un proyecto nacional consolidado.

La ruptura con España no produjo inmediatamente una transformación profunda de las instituciones, del sistema tributario, de la administración territorial ni de las formas en las que se tomaban las decisiones públicas. En términos simples, un día los habitantes de estas tierras eran súbditos de la Corona y, al siguiente, debían reconocerse como ciudadanos de una República cuya forma, límites y propósito todavía estaban por definirse.

Las costumbres políticas del nuevo país continuaron siendo, en buena medida, las mismas del régimen colonial. Se sustituyó una monarquía que gobernaba desde ultramar por una élite criolla que buscaba controlar el poder en medio de un profundo desorden institucional.

La independencia cambió a los gobernantes, pero no resolvió de inmediato la pregunta fundamental: ¿Qué quería ser Colombia?

La ausencia de una respuesta clara le costó al país buena parte del siglo XIX. Durante casi ocho décadas, Colombia atravesó guerras civiles, levantamientos regionales y discusiones profundas sobre asuntos que hoy parecen elementales, pero que entonces dividían violentamente a la sociedad.

Se discutía si el Estado debía ser centralista o federal; si la Iglesia debía conservar el control de la educación y de la vida pública; si la esclavitud debía continuar; cuánto tiempo debía permanecer un presidente en el poder; qué facultades correspondían al Congreso; y si las Fuerzas Armadas debían responder a los gobiernos regionales o a una autoridad nacional.

La República había conseguido independizarse, pero todavía no había logrado organizarse.

Esa inestabilidad comenzó a encontrar un punto de contención con la llegada de Rafael Núñez a la Presidencia. Núñez gobernó en cuatro periodos: entre 1880 y 1882; entre 1884 y 1886; entre 1887 y 1888; y, finalmente, entre 1892 y 1894.

Su proyecto político, conocido como la Regeneración, buscó reemplazar el debilitado modelo federal por un Estado centralizado, con instituciones nacionales capaces de ejercer autoridad sobre todo el territorio.

La Constitución de 1886 fue el principal resultado de ese proceso. Con ella se reorganizó el país como una República unitaria, se fortaleció la Presidencia, se redefinió el papel del Congreso, se estableció una estructura judicial nacional y se consolidó el mando central sobre las Fuerzas Armadas.

También se fortaleció la relación entre el Estado y la Iglesia católica, se protegió la propiedad privada y se crearon condiciones para promover la actividad empresarial y la organización administrativa del país.

Núñez, además, participó en la consolidación de los símbolos nacionales. La letra del himno nacional fue escrita por él y musicalizada por Oreste Síndici. Aquellos símbolos ayudaron a construir una identidad común en una nación que todavía intentaba reconocerse a sí misma.

Solo varias décadas después de la batalla de Boyacá, Colombia comenzó a establecer con mayor claridad las bases institucionales de lo que quería ser.

Esto obliga a revisar críticamente la idea de que Bolívar dejó una nación consolidada. Su proyecto estuvo concentrado en la liberación del territorio, en la conservación del poder político y en la construcción de una gran unidad regional. Pero esa ambición no logró traducirse en un Estado sostenible.

La Gran Colombia se disolvió poco después de su muerte. Las divisiones entre centralistas y federalistas continuaron, las rivalidades regionales se profundizaron y las instituciones demostraron una fragilidad que acompañaría al país durante casi todo el siglo XIX. No basta con ganar una guerra para construir una nación.

Sin embargo, la Constitución de 1886 tampoco resolvió todos los problemas. Poco después de los gobiernos de Núñez, Colombia enfrentó la guerra de los Mil Días y la posterior separación de Panamá. Ambos acontecimientos demostraron que el Estado seguía siendo débil y que necesitaba fortalecer sus instituciones, su economía y sus Fuerzas Armadas.

En ese contexto apareció el segundo Rafael: Rafael Reyes Prieto.

Reyes ocupó la Presidencia entre 1904 y 1909. Durante su Gobierno impulsó una reorganización administrativa, promovió la infraestructura, fortaleció la presencia estatal y destinó mayores recursos al Ejército y a la Policía Nacional.

También promovió la profesionalización militar y la creación de instituciones de formación para los integrantes de la Fuerza Pública. Entre ellas se encontraba la Escuela Naval de Cartagena, antecedente fundamental de la formación naval colombiana contemporánea.

Rafael Reyes comprendió que una República no podía sostenerse sin unas Fuerzas Armadas profesionales, subordinadas al poder civil y comprometidas con la defensa del territorio nacional.

Sin embargo, aquellas instituciones también necesitaban una tradición, una identidad y un relato que orientara su misión. Fue entonces cuando la figura de Bolívar y la imagen del Ejército Libertador comenzaron a ser apropiadas con mayor fuerza como referentes simbólicos de la Fuerza Pública.

Como he sostenido en otras columnas, Bolívar no fue un estratega infalible. Sus campañas estuvieron marcadas por decisiones cuestionables, improvisaciones y graves errores de planificación. La Campaña Libertadora alcanzó sus objetivos gracias al sacrificio de miles de soldados, a la valentía de los llaneros y a las decisiones tomadas en el campo de batalla por hombres como Juan José Rondón y José Prudencio Padilla. También influyeron los errores cometidos por las fuerzas españolas y la incapacidad de sus comandantes para responder adecuadamente al avance independentista. La historia oficial concentró la gloria en Bolívar y dejó en segundo plano a quienes hicieron verdaderamente posible sus victorias.

Los tiempos han cambiado y muchas de las ideas defendidas durante la Regeneración o el Gobierno de Reyes ya no corresponden plenamente a la Colombia contemporánea. Sin embargo, su experiencia deja dos reflexiones vigentes.

La primera es el peligro de convertir a Bolívar en un símbolo absoluto, inmune a la crítica y situado por encima de los demás protagonistas de nuestra historia. Ninguna democracia madura debería construir su identidad alrededor del culto a un solo hombre.

La segunda es la necesidad de que Colombia vuelva a definir su norte estratégico. Un país no puede avanzar únicamente reaccionando a las crisis. Necesita saber qué instituciones quiere fortalecer, qué valores desea defender y qué clase de sociedad espera construir.

Más de dos siglos después de la Independencia, seguimos colocando el nombre de Bolívar sobre edificios, plazas y proyectos políticos. Quizá ha llegado el momento de preguntarnos no solo quién liberó el territorio, sino quiénes construyeron realmente la nación. Porque una República no se sostiene por el nombre de sus héroes, sino por la solidez de sus instituciones.

Las embajadas forman parte de ese mapa en movimiento. Vistas desde lejos, pueden parecer simples oficinas administrativas en otras capitales. Sin embargo, estas constituyen los puntos desde los cuales un Estado representa sus intereses, interpreta el entorno, construye confianza, negocia, anticipa riesgos y abre oportunidades. Por ello, decidir dónde debe estar Colombia no es una tarea burocrática menor, sino uno de los ejercicios más complejos de planeación estratégica.

Es por ello que el reciente anuncio del gobierno electo sobre el cierre de catorce embajadas, acompañado de la revisión de consulados y otras representaciones, ha abierto una discusión necesaria. Después de varios años en los que la política exterior colombiana estuvo excesivamente condicionada por afinidades ideológicas y decisiones de dudoso respaldo técnico, resulta legítimo examinar la estructura heredada, corregir desequilibrios, eliminar duplicidades y preguntarse si cada misión responde verdaderamente a las prioridades nacionales.

El gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene, en este sentido, una oportunidad significativa. No solo puede reorganizar la presencia internacional de Colombia, sino también sentar las bases de una política exterior más coherente, profesional y orientada al largo plazo. La revisión anunciada puede convertirse en el punto de partida de una transformación institucional importante, siempre que el nuevo mapa se trace con una brújula suficientemente bien calibrada.

Porque el debate de fondo no consiste en determinar si Colombia debe tener muchas o pocas embajadas. Tampoco debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden cada apertura realizada por el gobierno anterior y quienes consideran necesario desmontarlas. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿qué red diplomática necesita el país para defender sus intereses en las próximas décadas?

Abrir, cerrar, fusionar o transformar una embajada son decisiones igualmente válidas cuando obedecen a una estrategia nacional. Ninguna representación debería mantenerse únicamente por costumbre, ni debería desaparecer por el solo hecho de haber sido creada por una administración distinta. Las embajadas son herramientas del Estado, no trofeos políticos ni símbolos ideológicos.

Precisamente por eso, la reorganización anunciada debería superar la lógica de una simple corrección administrativa. No se trata únicamente de identificar cuánto cuesta una sede, cuántos funcionarios trabajan allí o cuántas reuniones se realizan al año. Esos datos son importantes, pero resultan insuficientes para comprender el valor real de una representación diplomática.

El primer criterio de la revisión debería ser geopolítico. Colombia necesita identificar con claridad los países y regiones decisivos para su seguridad, su estabilidad democrática, su inserción económica y su influencia internacional. Nuestra ubicación convierte a América Latina, el Caribe y Estados Unidos en espacios naturalmente prioritarios; la geografía impone realidades que ningún gobierno debería ignorar.

Sin embargo, la geografía inmediata no puede ser el único horizonte de nuestra acción exterior. El desplazamiento progresivo del poder económico hacia Asia, la creciente relevancia de África, la importancia estratégica del Golfo Pérsico, la transformación energética y la competencia global por tecnología, minerales y cadenas de suministro obligan a mirar más allá de nuestras relaciones tradicionales.

La política exterior, además, debe anticipar el mundo que viene. Una embajada en un país con un intercambio comercial reducido puede ser una apuesta acertada si ese territorio se proyecta como un centro económico de importancia regional. Del mismo modo, una misión históricamente estratégica puede requerir una estructura más pequeña si las condiciones que justificaron su apertura han cambiado.

La permanencia no constituye un argumento suficiente, pero ni siquiera la austeridad puede sustituir la lectura geopolítica. En diplomacia, reducir costos sin comprender el entorno puede terminar generando pérdidas mayores que el ahorro inicial.

A esta dimensión debe sumarse un criterio económico. Las representaciones diplomáticas deben contribuir a abrir mercados, atraer inversión, promover el turismo y acompañar la internacionalización de las empresas colombianas. Esto no significa reducir la diplomacia a un simple instrumento comercial, sino comprender que, en el mundo contemporáneo, es una herramienta para el desarrollo.

Para ello, los objetivos de cada misión deberían articularse con el Ministerio de Comercio, ProColombia, gremios, universidades y gobiernos territoriales. Una embajada puede ser clave para la agroindustria; otra para la transferencia tecnológica, la cooperación científica o la transición energética. Lo fundamental es que cada representación tenga un propósito claro y la capacidad institucional para cumplirlo.

Asimismo, la revisión de embajadas no puede confundirse con el análisis de la red consular. Mientras las embajadas representan políticamente al Estado, los consulados se concentran en la atención directa a los ciudadanos, respondiendo a los flujos migratorios y a los riesgos territoriales. Hay países con los que Colombia necesita interlocución política de alto nivel pese a tener una comunidad pequeña; en otros, requerirá una estructura consular robusta sin necesidad de embajada. Diferenciar estas funciones permite asignar mejor los recursos.

Junto con estas variables tangibles existen intangibles invaluables: la diplomacia produce confianza, acceso y capacidad de anticipación. Un canal político construido discretamente durante años puede ser determinante en medio de una crisis. Una alerta recibida a tiempo puede permitirle al Estado anticipar una decisión desfavorable.

Por eso, evaluar una embajada no puede reducirse a contar eventos o acuerdos firmados. En política exterior, algunos de los resultados más importantes consisten precisamente en evitar una crisis o impedir que una oportunidad desaparezca. Una misión puede parecer poco productiva y, en cuestión de días, convertirse en una infraestructura crítica para los intereses de Colombia.

De ahí que la auditoría anunciada deba ser la ocasión para construir una política exterior de largo aliento. Un documento que identifique los intereses permanentes de Colombia, establezca prioridades regionales y defina los criterios con los que el país decide abrir, fortalecer o cerrar una representación.

Si algo queda claro, es que Colombia no puede seguir reinventando su rumbo en el mundo cada cuatro años. Cada presidente tiene derecho a imprimirle prioridades a la acción internacional, pero esa conducción debe inscribirse en una visión de Estado que preserve la continuidad institucional frente a los ánimos cambiantes de la política doméstica. A partir de esa hoja de ruta, cada embajada debería contar con un mandato específico y evaluaciones periódicas diferenciadas. Algunas tendrían que fortalecerse; otras podrían asumir funciones regionales, y aquellas que ya no respondieran a un interés nacional identificable podrían cerrarse de manera ordenada.

En este empeño, el país no parte de cero. En el Ministerio de Relaciones Exteriores permanece una carrera diplomática con conocimientos técnicos, experiencia y memoria institucional. Aprovechar ese capital no limita la capacidad del gobierno; por el contrario, proporciona las herramientas necesarias para convertir sus orientaciones políticas en decisiones sostenibles.

Colombia podría avanzar, entonces, hacia una red más flexible: misiones integrales en países estratégicos; representaciones regionales; oficinas especializadas; y estructuras austeras donde sea necesario conservar presencia y observación. La eficiencia no es sinónimo de recorte. En algunos frentes habrá que reducir costos y revisar las estructuras. En otros, seguramente será necesario invertir más. La planeación consiste en distinguir unos casos de otros y asignar recursos con prioridades claras.

En este orden de ideas, el anuncio del rediseño diplomático puede convertirse en una oportunidad para ordenar la casa, corregir los excesos del pasado y construir una política exterior más profesional y previsora. Porque mover los puntos en el mapa es relativamente sencillo. Lo verdaderamente complejo es saber hacia dónde quiere dirigirse Colombia y qué instrumentos necesita para llegar allí. Y para eso no basta con tener un mapa. Se necesita, ante todo, una brújula construida con planeación, conocimiento y sentido de Estado.

La minería ilegal está llegando a lugares cada vez más recónditos de Colombia, como el Parque Nacional Natural Río Puré, en la zona fronteriza con Brasil. Allí, esta actividad ha disparado la deforestación con pérdidas de 506 hectáreas de bosque desde 2024, de acuerdo con un reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de la organización Amazon Conservation Association.

El monitoreo de las organizaciones que integran esta iniciativa advierte que la deforestación en esta región y la contaminación del río Puré por el uso de mercurio están aumentando los riesgos tanto para la biodiversidad de la región como para las comunidades indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos, los yuri y passé.

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En 2025, mediante el uso de imágenes satelitales, la misma alianza había documentado la presencia de al menos 27 dragas de extracción ilegal sobre el río Puré. Ahora, identificó cuatro zonas críticas, donde la minería ilegal ya afectó significativamente a algunas de sus riberas, incluso en zonas donde se realizaron operativos fronterizos entre Colombia y Brasil.

La demanda y precios históricos del oro, la falta de rastreo en su comercialización, así como la poca coordinación entre los países amazónicos han contribuido al deterioro ambiental de esta zona, considerada como refugio de biodiversidad y fuente importante de agua y alimento, de acuerdo con autores del reporte y especialistas consultados por Mongabay Latam.

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Deforestación ribereña enciende las alarmas

El análisis advierte que desde enero de 2024 se detectó la deforestación minera a lo largo de la zona ribereña del río Puré —el cual atraviesa el núcleo del área protegida y cruza hacia la Amazonía brasileña—, donde las extensiones de la deforestación pasaron de menos de cinco hectáreas en el primer semestre del año a un acumulado de 38 hectáreas.

Para el comienzo de 2025 ya se había detectado el doble de deforestación, respecto a diciembre de 2024. Aunque esta situación ha generado dos operativos binacionales en la zona fronteriza entre mayo y noviembre del año pasado, la pérdida de bosque continúa. Solo en lo que va de 2026, se identifican más de 177 hectáreas deforestadas en el área protegida.

Andrés Santana, gerente para combatir la deforestación ilegal en Amazon Conservation Association, señala que los operativos han tenido poco efecto para frenar la actividad, así como una respuesta descoordinada de gobiernos para la protección del Parque Río Puré.

“Lo desalentador en este caso es que el efecto del operativo duró solo dos meses. Estos operativos son costosos porque son áreas en donde los Estados no tienen presencia normalmente. Las fuerzas militares están unos días y después salen”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Santana señala que este tipo de acciones han provocado la dispersión de la minería ilegal a otras áreas. Agrega que el monitoreo de MAAP detectó cuatro zonas críticas que se expanden hacia el interior del área protegida.

“Los operativos se enfocaron en la frontera, sin embargo, el flujo del río va mostrando que hay gente que está dispuesta a adentrarse más en el parque nacional para excavar, extraer oro. Refleja básicamente la dificultad que tienen los dos Estados en hacer control de la presencia de mineros ilegales”, explica, en referencia a Colombia y Brasil.

Un informe de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS) de Colombia y el Instituto Igarapé destaca que el alto valor ecológico de la red de ríos que conectan al río Puré coincide también con la exposición a la minería ilegal y con la poca presencia del Estado en las extensas áreas selváticas.

“En materia fiscal, ambiental y aduanera, la presencia institucional es principalmente simbólica. Colombia carece de puestos de migración o aduana en esta sección de frontera y los operativos de Corpoamazonia [Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia en Colombia] o Parques Nacionales son esporádicos”, destaca el documento.

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Riesgos para los pueblos en aislamiento voluntario

Julia Yansura, directora del programa contra delitos ambientales y finanzas ilícitas de la coalición Financial Accountability and Corporate Transparency (FACT), destaca que la minería ilegal de oro ha llegado en los últimos años a zonas más vulnerables y remotas, lo que implica contactos no deseados con las comunidades y pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

“Ahora está penetrando en el corazón del bosque, donde nunca había llegado. Esto significa que está afectando regiones muy sensibles en su biodiversidad, en sus bosques, son zonas muy especiales. Está alcanzando por primera vez a pueblos no contactados, como los yuri y passé”, comenta la especialista a Mongabay Latam.

Los cuatro puntos críticos identificados en el informe de MAAP registran diferentes grados de afectación en el Parque Río Puré, una región donde también habitan estas poblaciones, lo que implica un riesgo adicional, de acuerdo con Santana.

“La minería ilegal está llegando a tal grado dentro del parque que nos da indicios de que va a haber un contacto no deseado. Los pueblos indígenas que están en aislamiento allí van a ser contactados por mineros que están viniendo principalmente desde Brasil”, advierte el especialista.

Este acercamiento ha sido advertido por diferentes instituciones, como el Grupo de Trabajo Internacional de Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (GTI-PIACI), la FCDS y la Defensoría del Pueblo de Colombia, quienes han señalado los riesgos de encuentros no deseados con estas poblaciones vulnerando no solo su decisión de no ser contactadas, sino también exponiéndolas a enfermedades y violencia.

“Las incursiones ilegales en zona intangible significaban un alto riesgo de contacto entre los mineros, madereros y los pueblos indígenas yuri-passé, lo cual podría resultar en encuentros violentos y en el contagio de enfermedades que podrían ser devastadoras para los grupos en aislamiento, dada su altísima vulnerabilidad epidemiológica», concluyó la Defensoría en una alerta emitida en 2023. «Las actividades mineras y madereras ilegales a su vez pueden modificar los determinantes ambientales que permiten la subsistencia de los pueblos en situación de aislamiento”, agregó el organismo.

Además, se han estudiado también los impactos socioambientales que deja esta actividad con la presencia de mercurio en los ríos, peces y cultivos de las poblaciones para subsistir.

Al respecto, Yansura también destaca que los niveles de violencia en esta región serán un indicador clave, ante el aumento de la minería ilegal de oro y la deforestación del parque.

“La minería ilegal se asocia de manera estadística con mayores niveles de violencia. No solo la minería llega a las zonas más remotas, sino que el crimen organizado también llega a esas zonas ahora. No es la minería ilegal por sí sola, sino quiénes están detrás”, expone la experta.

La calculadora de impactos desarrollada por Conservation Strategy Fund, que hace parte de la iniciativa Amazon Mining Watch, estima que la extracción de un kilogramo de oro utiliza 2.33 kilos de mercurio, de los cuales el 9 % se vierte en los ríos, de los que un 3 % puede ser absorbido por peces que migran hasta 2000 kilómetros. En un escenario conservador, se estima que el radio de dispersión del mercurio es de 100 kilómetros.

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Demanda global del oro, un factor clave

Tanto Yansura como Santana coinciden en que el precio del oro, la alta demanda a nivel global y la falta de trazabilidad tienen una responsabilidad grande que impulsa a la minería ilegal no solo en el río Puré, sino en la región de la Amazonía, debido a la rentabilidad del metal.

“Estamos en un año donde el precio del oro ha alcanzado cifras récord a nivel internacional y eso se debe principalmente a que la demanda responde a tiempos de crisis geopolítica, de incertidumbre. Cuando sentimos que no sabemos qué viene en el futuro queremos invertir en activos muy sólidos, tradicionales y antiguos como el oro”, afirma Yansura a Mongabay Latam.

Sin embargo, la experta considera que la demanda y el precio del oro son solo un factor, pues advierte que el sistema de opacidad en el que opera es el que permite el avance de la minería ilegal y el lavado de oro ilícito en el mercado.

“El incremento que vemos ahora en la minería ilegal en la Amazonía no solo se debe al precio del oro. También es la facilidad con la que se lava [blanquea], con la que se transporta, es la falta de debida diligencia en los mercados, son lagunas y brechas profundas”, sostiene.

Santana agrega que más allá de que sea un refugio para inversionistas, la falta de mecanismos, especialmente en la Amazonía, impiden rastrear su origen.

“El comercio internacional de oro tiene graves falencias en términos de trazabilidad y debida diligencia que permiten que el oro siga siendo extraído de esta forma ilegal, que entre a una cadena formal y de esta forma muchas organizaciones criminales o ilegales se están enriqueciendo”, afirma.

En el caso del Parque Río Puré, la calculadora de Conservation Strategy Fund estima que es mayor el valor monetario en impactos socioambientales (más de 26 millones de dólares) por 180 hectáreas afectadas que el valor del oro extraído (poco más de 20 millones de dólares).

“Si tú lo miras desde la perspectiva económica, ni siquiera es un buen negocio. Lo están extrayendo a un costo ambiental, humano y social que no es rentable y nosotros, como ciudadanos, vamos a terminar pagando el precio”, sostiene Santana.

El reporte de MAAP asegura que uno de los retos en este caso es fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como coordinar acciones con el gobierno de Brasil para frenar los insumos de la industria minería ilegal y la movilización del oro extraído.

“Los operativos y estas acciones para aplicar la ley, en realidad tienen un efecto temporal. Nosotros vemos ahí la oportunidad de que los gobiernos colaboren más en términos de alinear sus marcos normativos para dar una respuesta unificada frente a este fenómeno que es transnacional”, agrega Santana.

*Imagen principal: pese a los operativos binacionales entre Colombia y Brasil, la minería ilegal se intensifica en el río Puré. Foto: cortesía Fuente Aeroespacial Colombiana.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Del lado realista, cerca de 1.300 soldados de infantería y alrededor de 500 jinetes se preparaban para enfrentar al Ejército Libertador, que contaba con aproximadamente 2.000 hombres y 400 integrantes de caballería. Sin embargo, las cifras no reflejaban las condiciones reales de las tropas patriotas.

Los hombres comandados por Simón Bolívar se encontraban exhaustos después de atravesar el páramo de Pisba. El frío, el hambre, las enfermedades y las dificultades del terreno habían causado numerosas bajas. Al menos, una cuarta parte del ejército había muerto, desertado o quedado incapacitada durante aquella travesía.

En la mañana del combate, Bolívar ordenó que sus tropas cruzaran el río Chicamocha, cuyo caudal había aumentado como consecuencia de la temporada de lluvias. Después del esfuerzo que significó atravesarlo, los patriotas encontraron que, en la margen opuesta, las fuerzas españolas ya se organizaban para entrar en combate.

El coronel José María Barreiro, comandante del ejército realista, se adelantó y tomó una posición favorable para la defensa. Desde las alturas dominaba el terreno y obligaba a los patriotas a avanzar por un estrecho espacio ubicado entre los cerros y la zona pantanosa.

Durante varias horas, españoles y patriotas combatieron con enorme valentía. Los enfrentamientos llegaron, incluso, al combate cuerpo a cuerpo y a las cargas de bayoneta. Sin embargo, al final de la tarde, el resultado comenzaba a inclinarse claramente en favor de las tropas realistas.

Hacia las cinco de la tarde, Barreiro reorganizó sus fuerzas y lanzó un contraataque que consiguió hacer retroceder de manera desordenada a los patriotas. La situación parecía definitiva. Según la tradición, el comandante español habría exclamado: “¡Viva España! Ni Dios me quita la victoria”.

En ese momento quedaron en evidencia los errores de planificación del Ejército Libertador. Las tropas habían atravesado el páramo de Pisba en condiciones extremas, cruzado un río crecido y entrado en combate prácticamente sin descanso, mientras el enemigo controlaba las posiciones más favorables del terreno.

Al observar el avance de la caballería española, Bolívar habría reconocido la gravedad de la situación: “Se nos vino la caballería y se perdió la batalla”.

Fue entonces cuando apareció el teniente coronel Juan José Rondón, comandante de la caballería de reserva. Al escuchar las palabras de Bolívar, respondió: “¿Cómo se va a perder la batalla si ni yo ni mis hombres hemos peleado? Déjenos hacer una entrada”.

Bolívar le habría contestado con la frase que pasaría a la historia: “Coronel, salve usted la patria”.

Rondón regresó hacia sus hombres y les dijo: “¡Camaradas, los que sean valientes síganme, porque en este momento triunfamos!”.

Sin esperar una nueva orden, lanzó su caballo al galope y atravesó las filas de los patriotas que comenzaban a retirarse. Inicialmente lo siguieron catorce lanceros, quienes escucharon y respondieron inmediatamente a su llamado. Así comenzó la célebre carga de los quince lanceros.

Los jinetes avanzaron contra los dragones y las reservas de infantería realista. Aunque enfrentaban una fuerza muy superior, consiguieron penetrar sus líneas, frenar la ofensiva y generar suficiente confusión para que las tropas patriotas se reorganizaran.

La carga de Rondón transformó el curso de la batalla. Otros escuadrones de caballería se sumaron al ataque y el ejército que minutos antes se retiraba recuperó la iniciativa. La acción de aquellos hombres demostró que, en ocasiones, la valentía y la capacidad de decisión pueden modificar el resultado de una contienda que parece perdida.

Durante el enfrentamiento también se produjo uno de los episodios más recordados de la batalla. El sargento segundo José Inocencio Chincá se enfrentó al capitán realista Ramón Bedoya en un intenso duelo de caballería. Bedoya logró herir gravemente a Chincá. Sin embargo, pese a la herida, el lancero patriota continuó combatiendo y consiguió atravesar con su lanza al oficial español, causándole la muerte y derribándolo de su caballo. Chincá fallecería días después como consecuencia de las heridas sufridas en el combate.

Después de la carga de los lanceros, de la reorganización de las fuerzas patriotas y del desorden ocasionado entre las tropas españolas, un fuerte aguacero cayó sobre el campo de batalla. La lluvia y la llegada de la noche dificultaron la continuación de las operaciones y llevaron a ambos ejércitos a replegarse.

La batalla del Pantano de Vargas suele reconocerse como una victoria estratégica del Ejército Libertador. No obstante, es necesario recordar que el desenlace estuvo determinado, en buena medida, por la iniciativa de Rondón y sus lanceros. Fueron ellos quienes, en el momento más crítico, impidieron la derrota de las fuerzas independentistas.

Algunos historiadores sostienen que, de no haberse presentado el aguacero y la posterior oscuridad, los patriotas habrían podido obtener una victoria mucho más contundente. Otros consideran que las fuerzas realistas también conservaron capacidad de combate. En cualquier caso, la batalla resultó decisiva para mantener con vida la Campaña Libertadora.

Días después, el 7 de agosto de 1819, se libró la batalla de Boyacá, que permitió cortar la retirada del ejército realista y abrió el camino hacia Santa Fe. En esta batalla nuevamente relució la falta de pericia militar de Simón Bolívar.

Juan José Rondón continuó participando en las campañas de Independencia. Murió en 1822, en la ciudad de Valencia, como consecuencia de las heridas sufridas durante un enfrentamiento. Su legado permaneció estrechamente ligado al nacimiento de la República y a la historia de la caballería colombiana. La expresión “Salve usted la patria” se convirtió en el lema del arma de Caballería del Ejército Nacional. También, Bolívar en cada día previo al aniversario de la Batalla afirmaba que “Mañana es el día de San Rondón”.

Sin embargo, la enseñanza de esta historia trasciende el proceso de Independencia. Rondón no se limitó a contemplar cómo se perdía la batalla. Sabía que todavía tenía hombres disponibles, entendió que podía cambiar el rumbo de los acontecimientos y tuvo el valor de alzar la voz cuando los demás comenzaban a aceptar la derrota.

Su liderazgo no surgió de una orden detallada ni de un plan previamente diseñado. Nació de la capacidad de reconocer una oportunidad en medio del caos, asumir la responsabilidad y actuar cuando otros retrocedían.

En nuestra vida cotidiana y en los grandes asuntos nacionales también enfrentamos momentos semejantes. Situaciones en las que advertimos que algo está mal, sabemos que todavía podemos intervenir, pero preferimos guardar silencio o esperar a que otro actúe.

La pregunta que nos deja Rondón, más de dos siglos después, continúa vigente: ¿Cuántas veces pudimos ayudar a salvar una causa, una institución o incluso al país, pero no tuvimos el valor de dar un paso al frente?

Padilla fue un hombre de mar. Nació en Riohacha, La Guajira, en 1778. Era hijo de un carpintero dedicado a la construcción de pequeñas embarcaciones y de una mujer de ascendencia wayuu. Su vida estuvo marcada por la discriminación y la exclusión derivadas de su origen racial y social.

A los 19 años se enlistó en la Real Armada Española y llegó a combatir en la batalla de Trafalgar, uno de los enfrentamientos navales más importantes de la historia moderna. Aquella experiencia le permitió adquirir los conocimientos marítimos y militares que, años más tarde, pondría al servicio de la causa independentista.

En 1811 fue nombrado contramaestre en Cartagena de Indias, donde rápidamente se destacó por su liderazgo. Durante 1812 participó en los movimientos políticos y militares que buscaban consolidar un Estado autónomo frente a la crisis de la monarquía española provocada por la ocupación napoleónica. En los años siguientes obtuvo importantes victorias en Tolú, Santa Marta y Riohacha. Sin embargo, también fue enviado a prisión tras ser acusado injustamente de traición.

Mientras permanecía encarcelado, en 1815 comenzó la reconquista española. Padilla fue liberado para apoyar la defensa de Cartagena, que resistió durante 106 días de asedio. Aunque la ciudad finalmente se rindió, logró escapar hacia las islas del Caribe, donde tuvo contacto con gobiernos y movimientos independentistas liderados por negros y mulatos.

Durante los años siguientes estrechó su relación con Simón Bolívar y participó en diferentes acciones militares al servicio de la Independencia. En el marco de la Campaña Libertadora, intervino en la campaña de Casanare y tuvo bajo su responsabilidad el transporte de tropas, armamento y material de guerra.

Posteriormente participó, como segundo al mando, en las operaciones para liberar ciudades costeras como Riohacha y Cartagena. Por sus acciones, el Gobierno de la Gran Colombia lo ascendió al grado de general de brigada y lo nombró comandante general del Tercer Departamento de Marina y de la Escuadra de Operaciones del Río Zulia.

Su popularidad aumentaba, pero también crecía el número de sus adversarios. En 1822 ganó las elecciones y fue elegido senador de la República.

La vida de Padilla, sin embargo, parecía estar más destinada a la carrera militar que a la política. Después de su elección se intensificaron sus dificultades. La división entre Bolívar y Santander, así como la confrontación entre centralistas y federalistas, lo convirtió en blanco de ataques provenientes de ambos sectores.

Padilla se sentía más cercano al federalismo, tanto por convicción como por la decepción que le produjo el progresivo distanciamiento de Bolívar frente a los negros, mulatos y pardos que habían combatido por la Independencia, pero que posteriormente fueron excluidos de los principales espacios de poder.

En 1823, Francisco de Paula Santander lo designó para dirigir la defensa del lago de Maracaibo ante la amenaza de las tropas españolas. El 24 de julio de ese año, Padilla obtuvo una victoria definitiva en la batalla naval del lago de Maracaibo. Su escuadra derrotó a las fuerzas realistas y aseguró el control del lago, contribuyendo de manera decisiva a la consolidación de la Independencia.

Como reconocimiento, fue ascendido a general de división, recibió una medalla de oro y una pensión anual de 3.000 pesos. No obstante, la compensación y los honores fueron inferiores a los recibidos por otros jefes militares de la Campaña Libertadora, muchos de los cuales fueron nombrados en altos cargos públicos. Esta diferencia difícilmente puede separarse de los prejuicios raciales que enfrentó Padilla por su origen pardo.

A pesar de los reveses políticos y de los desplantes sufridos durante su carrera militar, fue reelegido senador en 1825. Desde entonces, sus adversarios intensificaron los ataques en su contra, acusándolo de pretender promover una guerra de razas y de querer dividir la naciente República.

En 1828, las diferencias entre Padilla y el general Mariano Montilla llegaron a su punto máximo. Montilla había ordenado su encarcelamiento en 1815 y ambos habían competido durante años por el poder político y militar en Cartagena. En medio de esa confrontación, Padilla y algunos de sus seguidores desconocieron temporalmente la autoridad de Montilla, circunstancia que fue utilizada para presentarlo ante Bolívar como un instigador y una amenaza para el orden público.

Ese mismo año ocurrió la Conspiración Septembrina, el intento de asesinato contra Simón Bolívar. Aunque no existían pruebas concluyentes que vincularan a Padilla con el atentado, fue acusado de participar en la conspiración y condenado a muerte.

La sentencia fue ejecutada el 2 de octubre de 1828 en Santa Fe de Bogotá.

Padilla murió frente a un pelotón de fusilamiento sin que se hubiera demostrado plenamente su responsabilidad. Su mayor desgracia fue haber servido a Bolívar, un líder tirano que no correspondía al sacrificio que tenían a su mando.
A pesar de sus servicios a la patria, su familia no recibió oportunamente todos los honores que correspondían a su trayectoria. Tampoco ostentó formalmente en vida el título de almirante, reconocimiento que le fue concedido de manera póstuma. Sin embargo, su vida, sus victorias y su legado constituyen uno de los pilares históricos sobre los cuales se construyó la Armada de la República de Colombia.

La historia de José Prudencio Padilla debería ocupar un lugar mucho más importante en los colegios, las universidades y las academias de historia del país. Su trayectoria demuestra que un hombre de origen humilde, enfrentado a la exclusión y al prejuicio racial, pudo convertirse en uno de los principales líderes militares de la Independencia. Pero, también nos obliga a revisar críticamente la historia que nos enseñaron. Padilla permite observar una faceta autoritaria de Simón Bolívar que con frecuencia ha sido omitida en los relatos oficiales.

En Colombia necesitamos dejar de presentar a los héroes de la independencia, especialmente a Bolívar, como figuras perfectas. Exaltar a Padilla significa comprender que la Independencia no fue obra de un solo hombre y que muchos de quienes entregaron su vida por la República terminaron siendo perseguidos, olvidados o condenados por aquellos mismos líderes a quienes ayudaron a llevar al poder.

La historia de Ipiales suele contarse desde sus pueblos indígenas, su condición fronteriza, su vocación comercial o los acontecimientos políticos que marcaron su desarrollo. Son relatos necesarios, pero no suficientes. Hay otras memorias que permanecieron durante décadas al margen de la historia local, no porque carecieran de importancia, sino porque casi nadie se detuvo a buscarlas. Entre ellas se encuentra la de las primeras familias afrodescendientes que llegaron al corregimiento de Cofanía–Jardines de Sucumbíos y comenzaron, sin proponérselo, un proceso de poblamiento que con el tiempo daría origen a las comunidades afro reconocidas hoy en el municipio de Ipiales.

Las comunidades no aparecen de un momento a otro ni nacen el día en que una institución decide reconocerlas. Antes de que el Estado colombiano expidiera los actos administrativos que reconocieron los consejos comunitarios de Nueva Esperanza, Nuevo Renacer y Liberación y Futuro, ya existía una población afro asentada en este territorio amazónico. Su historia no comenzó en una oficina del Estado, sino en los largos caminos recorridos por familias que abandonaron el litoral Pacífico buscando un lugar donde trabajar, cultivar la tierra y ofrecer un futuro distinto a sus hijos.

Las investigaciones realizadas en los últimos años permiten reconstruir parte de ese proceso y, sobre todo, devolverle nombre a quienes durante mucho tiempo permanecieron reducidos al anonimato. La memoria comunitaria y los estudios desarrollados por el antropólogo Juan Carlos Rubiano Carvajal coinciden en señalar a Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo y Tomás Emilio Obando, oriundos de la vereda Sanabria, en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, como parte de los primeros afrodescendientes que se establecieron en Sucumbíos. A ellos se sumaría años más tarde Libardo Obando, cuyo testimonio constituye hoy una de las fuentes más valiosas para comprender cómo se fue construyendo esta historia.

Conviene detenerse un momento en el lugar del que partieron. Santa Bárbara de Iscuandé no es solamente uno de los municipios más antiguos del Pacífico nariñense; es también un territorio donde la población afrodescendiente ha construido durante siglos una cultura ligada al río, al mar, a la pesca, a la agricultura y a la extracción de recursos naturales. Sin embargo, como ocurrió en buena parte del litoral colombiano durante el siglo XX, las oportunidades económicas resultaban insuficientes para una población creciente. El abandono estatal, las limitadas posibilidades de empleo y las dificultades para acceder a la tierra llevaron a muchas familias a buscar nuevos horizontes. En ese contexto comenzó a mencionarse una región ubicada al extremo sur de Nariño, donde el bosque ofrecía trabajo y la frontera amazónica parecía abrir otras posibilidades.

Hoy basta observar un mapa para imaginar la distancia entre Iscuandé y Sucumbíos; recorrerla hace cinco o seis décadas era una experiencia completamente distinta. Los trayectos implicaban desplazamientos fluviales, caminos de difícil acceso y jornadas enteras atravesando territorios poco comunicados. Cada viaje suponía abandonar un mundo conocido para internarse en otro donde casi todo estaba por descubrir. Quienes emprendieron esa ruta no llevaban más riqueza que su experiencia como campesinos y trabajadores forestales, algunas herramientas, semillas y la determinación de comenzar de nuevo.

La explotación maderera fue uno de los principales motivos que impulsaron aquella migración. El cedro, abundante en los bosques del piedemonte amazónico, se había convertido en una especie de gran valor comercial y demandaba mano de obra para las labores de corte y transporte. Rómulo Castillo es recordado como uno de los primeros aserradores que trabajó en la región, una actividad que exigía internarse durante semanas en la selva y enfrentar condiciones extremadamente difíciles. Aquellos hombres no llegaron pensando en fundar una comunidad; llegaron buscando trabajo. Sin advertirlo, fueron abriendo el camino para que otras familias siguieran la misma ruta.

Existe una idea equivocada según la cual las fronteras amazónicas eran territorios deshabitados que esperaban la llegada de nuevos pobladores. La realidad era otra. Mucho antes de la presencia de colonos, campesinos y trabajadores afrodescendientes, estas tierras formaban parte del territorio ancestral del pueblo Cofán (A’i), cuya relación con la selva estaba fundada en un conocimiento profundo de los ríos, las plantas, los animales y los ciclos naturales. Comprender esta realidad permite entender que el poblamiento afro de Sucumbíos no fue la ocupación de un espacio vacío, sino el encuentro entre comunidades con historias y experiencias diferentes.

Los testimonios recogidos durante el proceso de consulta previa recuerdan que Eusebio Lucitante y Natali Lucitante, integrantes del pueblo Cofán, desempeñaron un papel importante en los primeros años del asentamiento afro. Ellos orientaron a los recién llegados sobre el territorio, facilitaron el acceso a lugares de trabajo y compartieron conocimientos indispensables para desenvolverse en una selva desconocida. La memoria de ambas comunidades conserva ese tiempo inicial como una etapa marcada más por la colaboración cotidiana que por la confrontación. Es un aspecto que merece destacarse porque rompe con la idea, demasiado frecuente, de que toda relación entre pueblos distintos estuvo necesariamente determinada por el conflicto.

Poco a poco la madera dejó de ser el único motivo para permanecer. Comenzaron a levantarse viviendas, aparecieron pequeñas parcelas dedicadas a la agricultura y las familias fueron tejiendo relaciones de vecindad que fortalecieron el sentido de pertenencia. Cada nuevo hogar animaba la llegada de otros parientes; cada cosecha confirmaba que era posible quedarse. La comunidad fue creciendo sin ceremonias fundacionales, sin titulares de prensa y sin mayor atención por parte de las instituciones. Mientras la historia oficial seguía mirando hacia otros escenarios centralistas, en Sucumbíos empezaba a consolidarse una población afrodescendiente que haría de ese territorio el centro de su vida.

Quizá allí radique el mayor valor de esta historia. Los nombres de Feliciano Castillo, Rómulo Castillo, Eliberio Obando Castillo, Tomás Emilio Obando y Libardo Obando representan mucho más que una lista de pioneros. Son el rostro de una generación que abrió caminos donde no los había, transformó una migración en arraigo y convirtió la incertidumbre en proyecto de vida. Sin proponérselo, aquellos hombres y sus familias empezaron a escribir un capítulo de la historia de Ipiales que durante demasiado tiempo permaneció oculto.

La tercera y última entrega abordará el momento en que esa comunidad, construida durante décadas alrededor del trabajo, la familia y la permanencia en el territorio, decidió organizarse para reclamar el reconocimiento de sus derechos colectivos. Solo entonces aparecerán los consejos comunitarios. Antes de la norma existía la comunidad; antes del reconocimiento jurídico ya había una historia que merece ser contada.

PD. Las fotos de estos artículos corresponden a Asoccafrain Jardines de Sucumbios.

Así pues, si Laureano Gómez fue una copia soez del intelectual ultramontano Miguel Antonio Caro, y Uribe un reencauche antioqueño del Monstruo, De La Espriella es, a su vez, una parodia de Uribe — una caricatura de tercer orden, hecha a la medida de nuestros tiempos.

No es usual que me decante por este tipo de análisis, pero quisiera señalar algunas peculiaridades estéticas de la campaña de quien será el presidente de Colombia por los siguientes cuatro años (suponiendo que sólo sean cuatro; pero no se sorprendan si, a mitad de mandato, los enemigos de la constituyente de antaño se terminan convirtiendo en sus más ardientes defensores).

Consideren, por ejemplo, la apropiación abusiva de la camiseta de la selección. Este gesto no sólo buscó excluir de la participación en una fiesta que, por definición, es nacional, a quienes no comulgamos con el ideario de los abelardistas — y así reducir implícitamente la extensión de “Colombia” a, bueno, ellos mismos. Fue también una ocasión para que el abelardismo realizara el performance de su colombianidad — para exaltarse como la causa que sí se “pone la camiseta”. Otro caso llamativo es la gestual y semántica pseudo-militar que adoptó la campaña de De La Espriella: el saludo marcial de ¾, las coloridas alusiones a destripamientos, la invocación a la autoridad, a una “contrarrevolución” — incluso la imagen frívola del tigre, el depredador por excelencia.

Todo este bombástico imaginario debería hacernos pausar. ¿Quiénes, pregúntense, sienten la necesidad de disfrazarse de colombianos o de militares?

En la medida en que fueron empleados para promover a un señor que usa peluquín, se extasía ante cualquier chuchería si es gringa o europea, desprecia todo lo que le recuerde sus modestos y mestizos orígenes, y ni siquiera prestó servicio militar, todos estos recursos lucen todavía más desteñidos, más impostados. Aquí no estamos ante ningún admirador de Epaminondas, de la sobria virtud militar; en boca de este tipo de personas, “amor por Colombia” o “firmeza por la patria” son, cuando mucho, slogans, hashtags, clickbait.

Llegados a este punto, la pregunta no es qué les vendieron a los colombianos — esto ya lo sabemos: un crudo simulacro pop de los viejos tropos ultramontanos de la Regeneración. La pregunta es qué terminaron comprando. Si las formas de un candidato y la historia pueden servirnos de guía, el próximo será un gobierno de formas, no de sustancia; un gobierno efectista, más preocupado por la representación de la eficacia que por la eficacia misma. De probarse así, el de De La Espriella será un gobierno a su medida: grandilocuente, teatral, cortoplacista y, en última instancia, incapaz de resolver los problemas que promete resolver en cien días, aunque dispusiera de mil.

@pater_doloroso

Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Esto representó una disminución de cerca del 17 % de los asesinatos contra este sector, respecto a los 81 casos que la misma Defensoría reportó en los primeros cinco meses del 2025. Sin embargo, los patrones de violencia se mantienen, pues la institución sostiene que los homicidios se concentran en territorios donde “comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes defienden la tierra y el medioambiente frente a la presencia de grupos armados”.

En casi 10 años de registro, la Defensoría del Pueblo documentó 1732 casos de líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos asesinados en Colombia.

A las cifras dadas a conocer por la Defensoría del Pueblo se suman también 58 masacres con 238 víctimas, las cuales ocurrieron en 20 departamentos del país, así como el asesinato de tres personas firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos en Caquetá, Cauca y Huila.

De acuerdo con el monitoreo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los liderazgos comunales, políticos, comunitarios e indígenas fueron los más afectados en este periodo.

En lo que va de 2026, los departamentos que concentran la mayoría de los asesinatos son Cauca, con 16 casos; Antioquia, con 11; y Arauca, con seis homicidios. Estos territorios coinciden como focos de violencia en el país. Durante 2025, por ejemplo, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo concentraron casi el 39 % del total de las agresiones contra personas defensoras, de acuerdo con el informe “Promesas rotas”, realizado por el Programa Somos Defensores y que sostiene que se trató del año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro, con 165 asesinatos.

Un informe global de la organización Front Line Defenders dado a conocer el pasado 15 de junio también documentó 165 asesinatos de defensores en Colombia durante 2025, colocando al país, nuevamente, como el más letal para quienes se dedican a esta labor.

De acuerdo con el informe, la inestabilidad en los procesos de paz a lo largo de 2025 estuvo acompañada por la expansión de actores armados en áreas rurales estratégicas, así como en la minería ilegal, el acaparamiento de tierras y la expansión de la ganadería.

“En este contexto, la violencia contra los defensores de derechos humanos está estrechamente vinculada a los esfuerzos por controlar la tierra, los recursos y los flujos económicos. Líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos, así como excombatientes que promueven alternativas comunitarias, han sido amenazados, silenciados y asesinados por desafiar estos sistemas”, destaca el informe global.

*Imagen principal: los departamentos que concentran la mayoría de los asesinatos de defensores, incluyendo defensores indígenas del territorio, son Cauca, Antioquia y Arauca. Sin embargo, los asesinatos de defensores se han cometido en 20 departamentos de Colombia. Foto: Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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