Cuando el Gobierno presentó la política de Paz Total, millones de colombianos compartíamos  un mismo anhelo: reducir la violencia y evitar que nuevas generaciones siguieran creciendo en medio del conflicto armado. Nadie puede oponerse al propósito de construir paz. Sin embargo, toda política pública debe evaluarse por sus resultados y no únicamente por sus intenciones.

Hoy, después de casi cuatro años de implementación, la pregunta es inevitable: ¿la Paz Total fortaleció al Estado o fortaleció a las organizaciones criminales?

Las cifras sobre seguridad permiten concluir que, lejos de consolidar el monopolio legítimo de la fuerza, Colombia presenció la expansión territorial de diferentes organizaciones armadas ilegales. Diversos informes sobre violencia registraron incrementos en confinamientos, desplazamientos forzados, extorsiones, reclutamiento de menores y ataques contra la población civil en distintas regiones del país. Municipios que durante algunos años habían experimentado mejoras volvieron a quedar bajo el control o la influencia de estructuras criminales.

La Fuerza Pública tampoco fue ajena a este deterioro. Mientras el presupuesto continuó concentrándose principalmente en el pago de personal, crecieron las preocupaciones por las limitaciones operativas. El mantenimiento de aeronaves, la disponibilidad de helicópteros, el envejecimiento de parte de la flota aérea y las restricciones para desarrollar operaciones ofensivas fueron objeto de cuestionamientos durante buena parte del cuatrienio. Una institución puede tener hombres y mujeres comprometidos con su misión constitucional, pero sin capacidad logística difícilmente podrá enfrentar organizaciones criminales que fortalecen permanentemente su poder económico y militar.

Si las revelaciones periodísticas terminan siendo corroboradas por las investigaciones judiciales, el país deberá formularse preguntas mucho más profundas. Si algo semejante pudo ocurrir con el Clan del Golfo, ¿qué tipo de relacionamiento existió con otras organizaciones armadas ilegales? ¿Qué nivel de concesiones estuvo dispuesto a asumir el Estado? ¿Hasta dónde llegó la renuncia al ejercicio de la autoridad legítima?

Estas preguntas no buscan obstaculizar los procesos de paz. Por el contrario, pretenden recordar un principio básico de cualquier Estado democrático: la paz no puede edificarse sobre el debilitamiento de las instituciones ni sobre el fortalecimiento de quienes han construido su poder mediante la violencia.

Existe una diferencia fundamental entre negociar el fin de un conflicto y permitir que las organizaciones criminales aumenten su capacidad de intimidación mientras dialogan con el Estado. Cuando el equilibrio se rompe y el Estado pierde capacidad para ejercer autoridad sobre el territorio, quienes terminan pagando las consecuencias son los ciudadanos honestos que trabajan, producen, pagan impuestos y cumplen la ley.

En una democracia, el Estado existe para proteger a quienes respetan las reglas, no para adaptarlas a quienes las violan sistemáticamente. Entregar espacios de autoridad a las organizaciones criminales significa invertir el orden natural de un Estado de Derecho: lo correcto termina cediendo ante lo incorrecto; la legalidad frente a la ilegalidad; las víctimas frente a sus victimarios.

La experiencia de estos años deja una enseñanza que Colombia no debería olvidar. Buscar la paz nunca será un error. Renunciar al ejercicio legítimo de la autoridad sí puede serlo.

Los procesos de sometimiento deben garantizar verdad, justicia, reparación integral para las víctimas y garantías de no repetición. Pero también deben partir de un principio irrenunciable: quienes delinquen deben responder por sus delitos. La paz no puede convertirse en sinónimo de impunidad ni en un incentivo para que nuevas estructuras criminales encuentren rentable desafiar al Estado.

Los colombianos aprendimos durante este periodo que las buenas intenciones no son suficientes para construir un país seguro. La verdadera paz solo será posible cuando la ley tenga más fuerza que los fusiles y cuando el Estado recupere plenamente su capacidad de proteger a los ciudadanos de bien. Esa es, quizá, la lección más importante que deja el debate sobre la Paz Total.

Podría sonar alarmista la declaración del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en la que advierte que Bogotá “vive su propio conflicto interno”, pero no se puede pasar por alto la oleada de atracos en restaurantes, actos de sicariato de alto impacto, extorsiones y amenazas que ha vivido la ciudad últimamente. La Alerta Temprana se concentra en zonas ubicadas, principalmente, en el centro oriente de la ciudad, en las localidades de Mártires, Puente Aranda, Santa Fe, Candelaria, Teusaquillo, Chapinero. Hay UPZ, en dicho informe, que son de reconocida recordación por los bogotanos y en donde se desarrolla buena parte del comercio de la urbe: Venecia, Restrepo, La Sabana, Ciudad Montes, Pardo Rubio, Zona Industrial, Candelaria, Lourdes, Teusaquillo, Galerías, Chapinero, Doce de Octubre, entre otras.

La expansión de la presencia de bandas de delincuencia organizada y la disputa por el control del territorio son elementos que hacen concluir a la Defensoría que hay una “tercerización de la violencia” en Bogotá. Es decir, grupos financiados, tercerizados o subordinados por estructuras criminales transnacionales como El Tren de Aragua y el Clan del Golfo, que están imponiendo el terror. Mientras los ‘satanas’ son financiados por el Tren de Aragua (organización criminal de origen venezolano), la ‘Oficina de San Andresito’, los ‘boyacos’, los ‘camilos’, los ‘costeños’, los ‘paisas’ y los ‘pereiranos’, reciben apoyo del Clan del Golfo (estructura delincuencial que nació en el Urabá, pero que actualmente es una de las que más presencia tiene en el territorio nacional). Justamente, en agosto del año pasado circuló un video en el que el hombres fuertemente armados del Clan del Golfo, desde uno de los cerros tutelares de Bogotá, le declaraba la guerra al Tren de Aragua.

Y es que no es la única Alerta que ha publicado la Defensoría en Bogotá. Hay dos que aún están activas (AT 046 de 2019 y AT 010 de 2021) en las que se observa un continuum de violencia que los ciudadanos de a pie no le hemos puesto la suficiente atención. En abril de 2022, por ejemplo, fueron encontrados con signos de tortura y sevicia 11 cuerpos en localidades del centro, Kennedy y Usme. En los tres primeros meses de 2023 se registraron 19 homicidios, cuyos cuerpos fueron abandonados en espacios públicos. El año pasado, también, se conocieron panfletos con amenazas y cobros de extorsiones, enfrentamientos por el dominio de ‘ollas’ del microtráfico, control de grupos criminales de redes de trata de personas con fines de explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados, acompañados de desplazamientos forzados intraurbanos. A esto se suma la oleada de violencia que los bogotanos hemos visto televisada, en la que se observan delitos de alto impacto. No hay que hilar fino para comprender que estos hechos criminales se presentan de forma articulada.

El plan de seguridad implementado por el alcalde, Carlos Fernando Galán, el cual cuenta con 21 acciones estratégicas para combatir delitos como el homicidio, la extorsión, el tráfico de drogas y el hurto, no ha tenido el impacto esperado. Las medidas inmediatas han sido sumarle 100 policías a los ya existentes y dos helicópteros para monitorear la ciudad; pero si el problema no es de bandas aisladas, sino de organizaciones criminales internacionales como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, la estrategia de Galán debe estar enfocada en mantener el orden público, con la articulación a la política de seguridad del gobierno central; al tiempo que debe armar el rompecabezas de la jerarquía de mandos para desestructurarla con apoyo de la Fiscalía General de la Nación. El soporte que brinde el Ministerio de Defensa, la Dirección Nacional de Policía y la próxima Fiscal serán vitales para combatir el crimen en la capital y mantener el orden público.

Está a tiempo la administración distrital para hacer un balance y analizar a fondo las Alertas de la Defensoría. Aún no ha sido aprobado el Plan de Desarrollo en el Concejo de Bogotá y el aumento del pie de fuerza no es suficiente. Se requiere el fortalecimiento en equipos tecnológicos, así como hombres expertos en inteligencia e investigación criminal para determinar los cabecillas de estas organizaciones delincuenciales que, seguramente, no hacen presencia en Bogotá.