En el Cauca tenemos minería de oro, platino, carbón, plata, azufre y materiales de construcción que genera regalías y transferencias importantes para la economía del Departamento y municipios beneficiarios.

La Agencia Nacional de Minería tiene reportadas 6 zonas mineras en las comunidades negras y otras 6 en trámite (para un total de 12), mientras que las comunidades indígenas tienen 8 zonas declaradas y 3 solicitudes (año 2018)

Ese mismo informe dice que en el Departamento hay 250 títulos mineros legales y unas 450 solicitudes de permisos y autorizaciones de particulares para poder dedicarse a la minería dentro del territorio.

Habitamos un departamento donde coexiste la minería legal, ilegal y de subsistencia.

La minería de subsistencia está regulada por leyes de competencia de los alcaldes que limitan el volumen de metal a recoger, que prohíben las actividades subterráneas y el uso de maquinaria o explosivos, además de un sinnúmero de restricciones. De allí que muchos ciudadanos prefieran entonces dedicarse a la minera ilegal, es decir, gestionar minas no inscritas frente a las Alcaldías o la Agencia Nacional de Minería.

Para los expertos en el tema, más de la mitad de la producción del Cauca se obtiene de forma artesanal y ancestral, y, por ende, es minería de subsistencia lograda a través de mecanismos  precarios, burdos y limitados. La otra mitad se obtiene a través de empresas legales que tienen título minero usando maquinaria y tecnología especial.

Curiosamente, los municipios y terruños donde más oro se extrae en el Cauca se caracterizan por tener condiciones paupérrimas en calidad de vida de sus gentes y ausencia de servicios básicos en las poblaciones. Es decir, que la riqueza no se revierte en el territorio: de allí el argumento de los agentes del Gobierno pidiendo formalizar esas minas.

Se supone que si hay minería legal, la actividad sería rentable y ofrecería mejor calidad de vida, con políticas de cuidado del medio ambiente. Pero es sólo una suposición.

Mientras tanto, algunos particulares, que el Gobierno denomina “bandas criminales” organizan minas aprovechando la ausencia del Estado y logran que la gente trabaje en ellas sin ningún tipo de condiciones de seguridad social o física. Se estima que buena parte del conflicto armado que existe en esos municipios tiene que ver con actores armados apropiándose a la fuerza de las minas. Y anualmente se reportan entre 5 y 10 accidentes en minas subterráneas ilegales en el Cauca.

La explotación de oro de aluvión en Colombia representa tan solo el 2% a nivel mundial y lo que aporta el Cauca puede estar alrededor del 7% únicamente, ni siquiera el 10%.

Desde los años ochenta, inversionistas internacionales le han puesto el ojo a los recursos naturales para dinamizar su economía y el Gobierno Nacional ha generado reformas a las leyes para permitir la inversión de capital extranjero en la explotación minero-energética.

Esos procesos distintos de explotación han generado conflictos entre empresas mineras extranjeras y comunidades locales que denuncian destrucción de los sistemas ambientales. Para los caucanos, las minas son espacios de trabajo, lugares donde viven y subsisten, mientras que para las empresas multinacionales son sólo zonas para explotar y comercializar e ignoran -o desatienden-los daños sociales, de salud o ambientales que se generan por su accionar.

Como sea, la minería es importante para el Cauca, y las comunidades que viven de ella de manera artesanal y ancestral requieren, no sólo apoyo, sino protección, atención y acompañamiento.

Editorial / El Nuevo Liberal