Febrero ha sido un mes de fuertes desastres causados por una temporada atípica de lluvias que ha afectado a gran parte de Colombia, especialmente el norte de la región Andina y el Caribe, donde el departamento de Córdoba ha sufrido algunas de las más graves inundaciones. El Gobierno nacional ha enfocado sus acciones en atender la emergencia invernal. Mientras tanto, una crisis silenciosa avanza en otra región del país: la Amazonía arde y los deforestadores no han perdido el tiempo en su objetivo de destruir el bosque y colonizar amplias zonas de los departamentos de Meta, Caquetá y Guaviare.

Así lo pudo constatar Mongabay Latam en un sobrevuelo de varias horas realizado el 27 de febrero y organizado por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “A pesar de que en estos días de lluvia en Bogotá no se note, aquí [en la Amazonía] la selva ya está ardiendo. Vimos un enorme avance de carreteras, instalación de grandes potreros y nuevas instalaciones para el poblamiento del territorio”, asegura Rodrigo Botero, director de la FCDS.

En el recorrido de más de cuatro horas sobre la Amazonía noroccidental colombiana se observó un avance significativo de la deforestación en varios núcleos, como los parques nacionales naturales Tinigua y Sierra de la Macarena. También preocupa a los expertos la colonización al oeste del resguardo indígena Yaguará, en el núcleo de deforestación del río Camuya, así como el avance de las carreteras, los cultivos de coca y los lotes para ganadería en el Parque Nacional Chiribiquete, el más grande del país.

La deforestación también ha avanzado de forma acelerada hacia el occidente de la Amazonía, principalmente en el municipio de Cartagena del Chairá, en Caquetá, entre el río Yarí, la zona de Remolinos del Caguán y el borde del parque Chiribiquete.

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El parque Sierra de la Macarena sigue los pasos del parque Tinigua

El caso de Tinigua es el más preocupante porque, según los expertos, casi el 40 % de sus bosques han sido deforestados.

“Hoy quedan muy pocos kilómetros de conectividad en bosque. Queda un corredor, el cual debería ser el objeto mayor de conservación porque es el único en la zona norte de conectividad andinoamazónica. Hay que detener la pérdida de esta conectividad”, dijo en diciembre de 2025 Clara Solano, directora de la Fundación Natura a Mongabay Latam.

Solano destacó que las características geográficas de Tinigua, como su territorio plano y cercanía a carreteras y algunas cabeceras municipales, favoreció la ocupación y la colonización.

Si no se revierte la situación en Tinigua, Colombia podría pasar a la historia por perder uno de sus parques nacionales, áreas que precisamente tienen las más altas restricciones en el país debido a su enorme valor ambiental.

Desafortunadamente, el panorama de febrero de 2026 parece más desalentador. Desde el aire no sólo se observan carreteras ilegales nuevas, sino que otras existentes han sido ampliadas y niveladas con el uso de maquinaria pesada. También han aumentado los potreros con fines ganaderos.

En el parque Tinigua, la dinámica de deforestación y control territorial no puede entenderse sin la presencia activa de las disidencias de las FARC, en particular del Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), estructuras armadas que ejercen autoridad en amplias zonas del parque y sus alrededores y que regulan la ocupación del territorio y la movilidad de la población.

En el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025, publicado por FCDS, se resalta que los parches grandes y conectados de hábitat que antes existían en el sector sur de Tinigua se han transformado en una red dispersa de relictos de bosque pequeños, irregulares y aislados, lo que pone en riesgo tanto la conectividad ecológica como la funcionalidad ecosistémica del parque.

La tendencia acelerada de deforestación que se ve en Tinigua ha empezado a imitarse en Sierra de La Macarena, el parque contiguo. El sobrevuelo permitió ver una enorme red de carreteras, que lejos de pretender estar ocultas en el bosque, cada vez son más anchas y con una deforestación a lado y lado de al menos 100 metros. La zona nororiental del parque ha sido invadida por cultivos de coca y el 27 de febrero se observaron varios incendios activos en zonas colindantes a las carreteras y a los lotes de coca ya establecidos.

En declaraciones recientes para este medio, la congresista Julia Miranda aseguró que “en La Macarena se incrementan los procesos de transformación y ocupación ilegal”.

Cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) muestran que durante los últimos 20 años el parque ha perdido 66 133 hectáreas de bosque, lo que representa el 11.7 % de su cobertura boscosa en 1990.

Rodrigo Botero comenta que gran parte de la porción oriental del área protegida (planicie amazónica) ya se encuentra conectada, tanto por accesos viales terrestres como por río, y que tan solo faltan algunos tramos para conformar una especie de “circunvalar” que rodearía por completo los bosques remanentes en esta porción del parque.

Y es que el informe 2025 de FCDS ya daba cuenta del acelerado crecimiento de la malla vial ilegal dentro del área protegida: 623.6 kilómetros se construyeron entre 2007 y 2025, de los cuales 76.9 km fueron entre abril de 2024 y marzo de 2025.

La coca también ha venido en aumento. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) registró 1464 hectáreas de coca en 2023 con enclaves en la zona del río Cafre y el Guayabero, en el río Cabra, entre las zonas de Santa Lucía y las bocas del Cafre, y en el cañón del río Sanza. Por otro lado, registros de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) mencionan la presencia de 68 543 vacas dentro del parque.

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El control de las disidencias de las FARC en los llanos del Yarí

Los llanos del Yarí son una importante zona de sabanas amazónicas que conectan los parques Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete. Allí también se ubica el resguardo indígena Llanos del Yarí–Yaguara II.

Históricamente ha sido uno de los focos de deforestación de la Amazonía y de acuerdo con el informe Tendencias y Dinámicas de la Deforestación en la Amazonía Colombia 2025 de la FCDS, entre abril de 2024 y marzo 2025 se perdieron 1533 hectáreas de bosque en el resguardo, donde según la fundación existen unos 175 kilómetros de vías ilegales.

Al sobrevolar la zona se aprecia un aumento en la cantidad de vías y un extenso campo con zonas deforestadas para actividades agropecuarias, así como maquinaria e instalaciones para procesar lo producido. Este enorme enclave productivo pertenece a Alexander Díaz Mendoza, alias «Calarcá», jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una facción disidente de las antiguas FARC.

Calarcá construyó en la zona un colegio, instaló una procesadora de arroz y distribuyó tierras para familias campesinas, trayendo consigo una fuerte deforestación de la selva. “Le hemos entregado tierra a los campesinos, les hemos entregado proyectos. Ahora entregamos unos proyectos arroceros, de maíz y paneleros”, dijo al diario El Espectador en una entrevista de diciembre de 2024.

En los llanos de Yarí, Calarcá no sólo cuenta con proyectos productivos sino que tiene su centro de mando político‑militar y su escenario de diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, con quien mantiene negociaciones en el marco de la política de Paz Total. Estas no pasan por su mejor momento, luego de que a finales de febrero el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un aumento de las operaciones militares contra grupos al margen de la ley, como el que lidera Calarcá.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, también ha expresado preocupación y en un informe publicado en octubre de 2024, menciona que las acciones relacionadas con la deforestación han sido impulsadas en varios municipios de la subregión del Caguán y Llanos del Yarí. “A raíz de esto, el Frente 7, hoy coordinado por Calarcá le ordenó a la población civil incrementar la tala de árboles para que aumente la ganadería, la producción de leche y el pago de extorsiones”, dice el informe.

La JEP también agrega que las disidencias de Calarcá y de Néstor Gregorio Vera, alias «Iván Mordisco», se disputan el control del corredor que conecta los departamentos de Caquetá y Guaviare con la altillanura. “La importancia geoestratégica de esta área radica en que permite el tránsito de tropas, de estupefacientes y de armas, así como para el establecimiento de zonas para cultivos de uso ilícito, ganadería extensiva y minería ilegal”, dice el informe.

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El asedio al parque Chiribiquete crece desde Cartagena del Chairá

Las presiones al parque Nacional Chiribiquete no cesan. Nuevas carreteras se adentran en la zona noroccidental del área protegida continental más grande de Colombia, junto a lotes deforestados que ahora albergan ganado y coca. El sobrevuelo del 27 de febrero también permitió observar cómo aumentan la tala y quema de bosques y las vías en la parte occidental de Chiribiquete, en el municipio de Cartagena del Chairá.

“Probablemente lo más impactante es la magnitud de lo que ocurre en Cartagena del Chaira, entre Remolinos del Caguán y el río Yarí, en el borde de Chiribiquete”, dice Rodrigo Botero. El director de la FCDS asegura que en el último sobrevuelo se aprecia la consolidación de un nuevo corredor de cultivos de coca que va desde la frontera entre los departamentos de Caquetá y Putumayo, subiendo por el río Caguán hasta llegar al municipio de La Macarena, en el departamento de Meta.

El informe 2025 de FCDS menciona 165.7 kilómetros de vías construidas entre 2007 y 2025 en el parque Chiribiquete, de los cuales 80.3 kilómetros (48.5 %) se construyeron en los últimos siete años. Algunas de las carreteras más preocupantes son Puerto Cachicamo–La Tunia, que comunica a la vía Marginal de la Selva con el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguara II. Esta vía tiene 30.1 kilómetros al interior del parque. También está la ampliación de la vía El Camuya, de 45.4 kilómetros de longitud, y que se encuentra en su totalidad dentro de Chiribiquete.

“En Chiribiquete hay invasiones. Hoy vemos debilitamiento institucional y falta de control en muchos parques. No vemos actuaciones contundentes para frenar estas invasiones ni para garantizar la integridad del sistema de parques”, dijo la congresista Julia Miranda.

Para Botero, “hoy [27 de febrero] pudimos observar cómo cada vez más se está creando un enorme vacío de bosques entre la planicie amazónica y los Andes y cómo esto está interrumpiendo poderosamente el ciclo del agua”. Otro problema, según dice, es que hay un trasfondo en el que viene ocurriendo una integración de las economías ilegales con las legales, que seguirá en aumento si nadie en Colombia comienza a preguntarse de dónde provienen productos como la carne, los derivados lácteos o lo que se exporta en minerales como el oro.

Botero asegura que aunque Colombia ha tenido algunos años con reducciones en la deforestación, se trata de variaciones en las tendencias anuales, pero el efecto acumulativo es negativo porque la capacidad de restaurar los bosques sigue siendo mucho más baja que la velocidad con la que se pierden.

*Imagen principal: incendios dentro del parque Chiribiquete. Foto: Antonio Paz.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Grandes áreas con quemas recientes, suelos chamuscados y unos cuantos árboles que permanecen en pie. Trazos de carreteras que se adentran entre el bosque, pastizales de vieja data, pozos artificiales de agua abiertos con retroexcavadoras y algunas pocas vacas distribuidas en enormes extensiones de tierra. Así luce desde el aire Guaviare, uno de los seis departamentos amazónicos de Colombia.

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Pese a tener áreas clave para la conservación de la biodiversidad, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete o la Reserva Nacional Natural Nukak, el departamento de Guaviare es uno de los cinco más deforestados del país y forma parte de lo que se conoce como “Arco de la deforestación amazónica”.

En el último año, este territorio se ha convertido, además, en el epicentro de la disputa entre dos grupos disidentes de las extintas FARC: el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias “Iván Mordisco”, y el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), comandado por alias “Calarcá”. Ambos grupos eran parte del proyecto de “Paz Total” impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro, en el que se estableció el control de la deforestación como uno de los pilares de la mesa de negociación. Sin embargo, en agosto de 2024 la facción liderada por “Mordisco” decidió abandonar el diálogo.

Su salida también se sintió en la deforestación, que había tenido una reducción considerable a nivel nacional, pasando de 123 517 hectáreas perdidas en 2022, a 79 256 hectáreas en 2023 (justo cuando los actores armados prohibieron la tala con panfletos y manuales de convivencia), y que volvió a repuntar en 2024, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), cuando alcanzó 113 608 hectáreas.

Incluso, la ex ministra de Ambiente Susana Muhamad reconoció a inicios de 2025, antes de dejar el cargo, que la deforestación estuvo altamente influenciada por lo que ocurría en las mesas de negociación y la reestructuración de estos grupos en la Amazonía.

Guaviare es una muestra de los enormes retos para conservar los bosques en medio del recrudecimiento del conflicto. A mediados de noviembre, en medio de una ofensiva militar impulsada por el Gobierno contra las disidencias de “Mordisco”, y luego de varios días de combate, Petro ordenó bombardear a dos frentes del EMC que se encontraban en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, zona rural de Guaviare.

Aunque se trató del séptimo bombardeo realizado por la fuerza pública este año, recibió una atención diferente, luego de que el Instituto Nacional de Medicina Legal confirmara que, entre los 20 “abatidos” se encontraban siete menores de edad, cuatro mujeres y tres hombres.

Según la Defensoría del Pueblo (entidad encargada de velar por los derechos de las personas y las comunidades en Colombia), solo en 2024 fueron reclutados 463 menores de edad y casi la mitad pertenecían a pueblos indígenas.

“Cada semana que pasa, la complejidad es mayor”, aseguró Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare (la capital del departamento), en medio de un encuentro organizado por la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales (IRI-Colombia) en el municipio. “Mientras no exista la tranquilidad y la armonía en el territorio, va a ser muy difícil hablar de conservación o de estrategias que permitan una dinámica económica para estas familias”, enfatizó.

Las cifras oficiales también reflejan esa dificultad. Según el último informe del Ideam, Guaviare pasó de perder 11 467 hectáreas de bosque en 2023 a perder 16 906 hectáreas en 2024, un aumento de más de 5000 hectáreas. “Las principales causas directas de la deforestación fueron la praderización con fines de acaparamiento de tierras, las prácticas insostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo no planificado de infraestructura de transporte, los cultivos de uso ilícito, la extracción ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola en zonas no permitidas”, señaló la entidad.

“Va más rápido la deforestación que el control, van más rápido las praderas para meter ganadería. Semanalmente sacamos, en promedio, más de 2000 animales para sacrificio a Villavicencio y Bogotá”, confiesa también el alcalde.

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Las zonas sobre las que la Defensoría ha alertado por el aumento del conflicto en Guaviare coinciden con las áreas donde se ha incrementado la pérdida de bosque. En enero de este año, la entidad emitió una Alerta Temprana sobre los riesgos para la población civil, especialmente en los municipios y zonas rurales de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, así como en el Resguardo Indígena Nukak y el Resguardo Indígena Yarí Yaguará II. En junio escaló la situación a una “crisis humanitaria”.

De manera similar, el primer boletín de alertas tempranas de deforestación de 2025 (que cobija los meses de enero a marzo), publicado por el Ideam, identificó cuatro de los núcleos con mayores alertas por deforestación en Guaviare: Yaguará II, Calamar-Miraflores, San José del Guaviare-Kuway-Nueva York y El Retorno. El informe más reciente (del trimestre entre abril y junio) mostró que los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare mantienen niveles altos de detecciones tempranas de deforestación.

Mongabay Latam sobrevoló, por invitación de IRI-Colombia, algunos de los puntos con mayores índices de deforestación, como los municipios de El Retorno, Calamar y San José del Guaviare, así como el Resguardo Indígena Nukak y las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak. El avance de la tala y quema de bosques, la ganadería, las vías ilegales y los cultivos de coca se han vuelto una imagen común entre el paisaje.

Entre parches enormes de deforestación, se hace evidente una práctica que los expertos describen como “ganadería extensiva”, donde se ven enormes potreros de cientos de hectáreas con un poco menos de una decena de cabezas de ganado.

En municipios como Calamar y Miraflores, por ejemplo, hay más vacas que personas. El censo de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Según Parques Nacionales Cómo Vamos (una iniciativa de la sociedad civil que evalúa el estado de las áreas protegidas en Colombia), el aumento de la producción ganadera en las zonas de amortiguación de los parques nacionales puede afectar el funcionamiento de sus ecosistemas y dificultar su conectividad ecológica.

Uno de los municipios más afectados es Calamar, donde se perdieron más de 6969 hectáreas por deforestación solo en 2024, es decir, 2552 hectáreas más que el año anterior. Esto lo convierte en uno de los municipios que concentra la mayor superficie deforestada.

Por este municipio pasa un tramo de los 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nacional Natural Nukak.

Como reveló una investigación de Mongabay Latam, en esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el año 2000 superaba las 25 000 hectáreas, el equivalente a más de 35 000 canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9000 hectáreas de pasto y actualmente, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 000 vacas.

Las áreas protegidas también se han visto ampliamente afectadas. En el último año, la deforestación en áreas del Sistema de Parques Naturales representó el 10 % del total nacional (con 10 127 hectáreas). El aumento se concentró principalmente en áreas protegidas de la región amazónica.

El sobrevuelo por las inmediaciones de la Reserva Nacional Natural Nukak y el Resguardo Indígena Nukak deja ver cómo la deforestación, el ganado y los cultivos de coca se adentran cada vez más en las áreas protegidas y contrastan con la gran masa de bosque que aún se mantiene al interior. Según Parques Nacionales Cómo Vamos, “se ha venido presentando en los últimos años la llegada de grandes deforestadores que buscan ocupar y acaparar tierras para luego destinarlas a la ganadería y a los cultivos de coca para uso ilícito”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta las veredas (zonas rurales) de La Libertad (Calamar) y La Paz (El Retorno) se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible, de acuerdo con un monitoreo satelital realizado por Mongabay Latam, desde el año 2000 es una zona cocalera y es a partir de 2016 que se mejora y se amplía en casi 57 kilómetros. Allí, a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis evidenció que en 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas de cultivos. Un año después alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120.

Ante el avance de estas problemáticas, a los científicos les preocupa otro aspecto más grave, pero menos visible: la degradación.

De los 34 focos de degradación del suelo por erosión, que identificaron el Ministerio de Ambiente y el Ideam hace 10 años, en Guaviare (donde el 12.1 % de los suelos del departamento se encuentran afectados por algún grado de erosión), uno de los principales focos “severos” de erosión se encuentra en el municipio de El Retorno. Entre las causas, señala el estudio, está la sobreutilización del suelo para fines ganaderos, las áreas con susceptibilidad a incendios forestales, deforestación y los usos inadecuados del territorio.

“El conflicto es un gran reto para el territorio, no solo para las alcaldías o para las gobernaciones, que no contamos con los recursos ni las herramientas para hacer frente a ese tipo de problemáticas tan grandes, sino también para las organizaciones de la sociedad civil, para cooperación internacional y sus programas, o para las estrategias de conservación y de reforestación que se impulsan desde el Gobierno Nacional”, le dijo a Mongabay Latam Kelly Castañeda, Secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de la Gobernación de Guaviare y quien actualmente se desempeña también como la gobernadora encargada.

“Aunque hemos encontrado campesinos y comunidades indígenas que quieren impulsar el trabajo de liderazgo y de protección, son las mismas dinámicas del conflicto las que los han sacado de esos territorios”, insiste Castañeda. Como resultado, solo en 2024, el 68 % de la deforestación de Colombia se concentró en la Amazonía.

Imagen principal: la deforestación avanza sobre grandes extensiones de selva en el departamento de Guaviare. Las vías abren paso al acaparamiento de tierras, ganadería y cultivos de uso ilícito. Foto: Daniela Quintero Díaz

El artículo original fue publicado por YDaniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una cuerda improvisada atraviesa de lado a lado una carretera que se abre paso en la selva amazónica de Colombia. Sirve como barrera en uno de los peajes informales que hay a lo largo de 159 kilómetros de trocha que conecta a los municipios de Calamar y El Retorno con Miraflores, en el departamento de Guaviare. Rosa*, la encargada de dar paso, asegura que, para cruzar, los carros deben dar un aporte de COP$15 000 (3,8 dólares), las motos $2000 (0,5 dólares) y los camiones $60 000 (14 dólares). Quienes transportan ganado, además, deben aportar $1000 (0,25 dólares) por cada res. Los recursos, dice, son administrados por la comunidad.

“El [cobro del] peaje se utiliza para alquilar la maquinaria para el mantenimiento de la vía hasta Puerto Nuevo, el caserío más cercano”, explica Rosa, quien por seguridad pide la protección de su nombre. Su trabajo consiste en reunir dinero para cuidar una vía que no ha sido autorizada por el Estado.

El tramo de carretera que administra Rosa empezó a abrirse bajo el bosque a finales de 1990, impulsada por grupos armados ilegales que buscaban mejores rutas para el narcotráfico. Debido a su ubicación estratégica entre los municipios de El Retorno y Miraflores, también fue usada por la guerrilla como corredor para dirigirse a Venezuela. Por supuesto, no fueron los únicos usuarios y, conforme la vía se consolidaba, empezaron a aparecer problemas mayores.

La vía está ubicada en una zona de reserva forestal que conecta ecológicamente el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Nukak, dos áreas claves para la biodiversidad. Tras su apertura, esta conectividad se ha ido perdiendo. Además, las autoridades se enteraron de su existencia “oficialmente” en el 2017, cuando se organizó un rally que pasaba por allí y los participantes compartieron fotos en las redes sociales. “Fue así que se dieron cuenta de que había una carretera en medio de la selva”, recuerda el exalcalde de Calamar, Giovanny Garcés.

2017 es una fecha clave, pues coincide con el período de devastación que llegó tras la firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuando la desmovilización de los grupos armados le abrió las puertas a la colonización. A partir de entonces, las autoridades optaron por ignorar que esta era una vía ilegal y destinaron fondos públicos para ampliarla irregularmente. La excusa fue promover la conexión. Sin embargo, con esa decisión llegaron muchos problemas. Quien desconoce el impacto de las vías en la Amazonía podría pensar que sus beneficios sobrepasan cualquier tipo de daño ambiental. La realidad demuestra que esto no es cierto.

Al menos 28 mil kilómetros de carreteras se han construido dentro de la Amazonía en Colombia, según la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible (FCDS). Esto equivale a recorrer 28 veces la ruta de Bogotá a Cartagena. En palabras de Maryi Serrano, coordinadora de Seguimiento y Análisis Territoriales de la FCDS, “la tendencia constante al crecimiento de vías ilegales en la Amazonía colombiana tiene un impacto muy fuerte en términos de fragmentación y deforestación, especialmente en zonas con restricción ambiental, donde el avance ha sido más intenso”.

El análisis geográfico hecho por Mongabay Latam evidencia la magnitud del desastre. En esta carretera que se extiende por 159 km —donde se encuentra el pequeño tramo que cuida Rosa—, trazamos una línea imaginaria de 5 km a los costados de la vía. En esa franja, hasta 2015, se veían apenas algunos parches de deforestación que sumaban 495 hectáreas. Dos años después, esa cifra se multiplicó casi por cinco. Para el 2023, la pérdida acumulada de bosque desde el 2000 superaba las 25 mil hectáreas, el equivalente a más de 35 mil canchas de fútbol o un área similar a la ciudad de Cartagena.

La deforestación no llegó sola. El terreno deforestado a cinco kilómetros de la vía se convirtió en cerca de 9 mil hectáreas de pasto y hoy, en lo que alguna vez fue selva, deambulan más de 40 mil vacas. Este panorama se repite de forma exponencial en la Amazonía, la región donde se concentra la mayor deforestación del país (63 %).

Mongabay Latam analizó geoespacialmente la transformación del paisaje en torno a cinco carreteras ilegales que, en conjunto, suman 1926 kilómetros que fragmentan la selva colombiana. Además, un equipo periodístico —en alianza con France 24 en Español, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante— se desplazó hasta algunos de los principales tramos de esas vías, situados en los núcleos de deforestación del país, y los recorrió. Lo más preocupante es que la deforestación que detectamos no se ha detenido. Según la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, entre enero y mayo de 2025 se han activado 805 352 nuevas alertas de deforestación en la franja de cinco kilómetros alrededor de las vías. Los resultados muestran una relación directa entre la expansión de las vías ilegales, el avance de la deforestación y el crecimiento del hato ganadero, en medio de un contexto complejo donde confluyen comunidades locales, actores estatales y grupos armados ilegales.

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Las vías, fuente de “deforestación primaria”

Si juntamos, una tras otra, las cinco vías ilegales de la Amazonía colombiana analizadas por Mongabay Latam para este proyecto, el trayecto total sería equivalente a cruzar Colombia de extremo a extremo: desde Punta Gallinas, en la Guajira —la zona más al norte del país— hasta Leticia, en el extremo sur, en la triple frontera con Brasil y Perú.

Se trata de un trayecto enorme, de 1926 km, que reúne los casos más críticos de vías y deforestación en la selva amazónica colombiana: la red vial Selvas de Mapiripán, la vía Marginal de la Selva, la vía Calamar-Miraflores, la vía La Libertad-La Paz, y las redes viales que rodean y se adentran en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.

A lo largo de esos caminos ilegales, el bosque ha ido desapareciendo. El análisis de Mongabay Latam revela que alrededor de estas cinco vías, en un radio de solo un kilómetro, ha habido, entre el 2000 y el 2023 , una pérdida acumulada de 104 674 hectáreas de bosque, un área casi tan grande como Río de Janeiro. Si se amplía la mirada a cinco kilómetros alrededor, la cifra se triplica y alcanza las 342 070 hectáreas, más de dos veces el tamaño de Ciudad de México.

La apertura de estas carreteras también ha impactado el resguardo indígena Llanos del Yarí Yaguará II, que ya acumula 27 kilómetros de vías ilegales en su interior, además de otros siete resguardos ubicados en los departamentos de Meta y Guaviare. Áreas protegidas de gran importancia, como el Parque Chiribiquete y la Serranía de la Lindosa, también están en riesgo. Dentro de ellas se extienden casi 76 kilómetros de vías ilegales que amenazan ecosistemas frágiles y pueblos indígenas no contactados. Además, otras áreas protegidas como la Reserva Nukak, el Parque Nacional Tinigua y el Parque Nacional Serranía de La Macarena se han visto fragmentadas y amenazadas por las vías ilegales que los rodean.

Con la llegada de las vías también se ha incrementado, a solo cinco kilómetros de los trayectos analizados, el número de vacas (con 464 262 registradas) y de cultivos de hoja de coca para uso ilícito (con 781 hectáreas para 2023). Estos últimos han cobrado fuerza cerca y dentro de la Reserva Nacional Natural Nukak.

Las cifras son un correlato del extenso análisis realizado hasta marzo de 2024 por la FCDS en toda la Amazonía de Colombia. Los investigadores de la organización ambiental estimaron entonces la apertura de cerca de 28 091 km de vías, unas 16 veces el trayecto anterior. La devastación detectada forma parte de lo que los expertos han llamado “una fuente de deforestación primaria”, es decir, que le abre paso a otras actividades económicas, tanto legales como ilegales, que contribuyen a la pérdida de bosque primario o virgen.

Estas transformaciones alrededor de las vías son lo que el Panel Científico por la Amazonía —una red de más de 200 científicos que se unieron para producir el primer informe integral del estado de la cuenca— denomina el efecto “espina de pescado”. Es una forma sencilla de explicar cómo, a partir de una vía principal, surgen nuevos poblados, nacen otras carreteras, aumenta el valor de la tierra y las actividades agrícolas se vuelven más rentables.

Para Adriana Rojas, coordinadora técnica de MapBiomas Colombia, una iniciativa que analiza la transformación de los bosques, las vías son “el principal impulso a todos los males de la Amazonía”. “Son una pieza fundamental para la deforestación, la pérdida de conectividad, la ampliación de la frontera agrícola y se han convertido en una amenaza para los pueblos indígenas de esos territorios”, afirma. Como resultado, el bosque desaparece y se convierte en enormes extensiones de pastos.

Ese fue uno de los motivos por los que, en 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos anunció que los tramos pendientes de una vía conocida como “La Marginal de la Selva”, que atravesaría la Amazonía colombiana de extremo a extremo, no se iban a realizar. El proyecto se originó en 1963 y buscaba conectar la Amazonía desde Venezuela hasta Bolivia, como un símbolo de desarrollo regional, aunque con enormes implicaciones ambientales.

Pero la decisión presidencial fue insuficiente. Los tramos que no terminó el Estado fueron abiertos de manera informal e ilegal. Este es el caso del corredor de 318 kilómetros que se abre paso entre San José del Guaviare (Guaviare), La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), desconectando los Parques Nacionales Tinigua y Sierra de La Macarena del PNN Serranía de Chiribiquete. Desde el 2000 hasta 2023, el análisis geográfico realizado para esta investigación muestra que a un kilómetro de ese tramo se han perdido más de 13 000 hectáreas de bosque húmedo tropical. A cinco kilómetros la pérdida es casi cuatro veces mayor, sumando más de 63 000 hectáreas.

Al recorrer esa vía, el equipo periodístico de Vorágine pudo corroborar que la carretera continúa abriéndose sin el aval de las autoridades. Además, existe un control de grupos armados que incluye cobros a grandes terratenientes y ganaderos, y establece restricciones de movilidad. También hay un sistema comunitario de peajes informales. “La carretera está a la merced de ellos”, asegura un habitante de la zona. Mientras las comunidades campesinas recogen el dinero, contratan maquinaria y organizan jornadas de trabajo para arreglarla, los grupos armados controlan el paso y dan órdenes sobre el estado en el que debe permanecer.

Lo peligroso es que los ramales que se desprenden de las vías no solo desconectan áreas protegidas, también se extienden hasta el interior de ellas. La organización Parques Naturales Cómo Vamos publicó en su último reporte que, entre 2018 y 2023, se abrieron 827 nuevos kilómetros de caminos ilegales en áreas protegidas del Arco de Deforestación Amazónico. En total, a 2023, se tenían registrados más de 1500 kilómetros de vías al interior de esos santuarios naturales.

Vías sin permisos, pero “¿planificadas?”

Una de las vías analizadas se ubica en la zona de transición entre las sabanas de la Orinoquía y la selva amazónica. Allí, Mongabay Latam identificó más de 10 ramales que, en conjunto, suman 549 kilómetros. Se trata de la Red Vial Selvas de Mapiripán, donde se deforestaron 23 600 hectáreas entre 2000 y 2023 en una franja de apenas un kilómetro alrededor de las carreteras. Si ampliamos la mirada a cinco kilómetros, la deforestación casi se duplica, alcanzando más de 42 000 hectáreas en el mismo periodo de tiempo.

Lo que llama la atención es que algunos de los tramos están perfectamente trazados en línea recta por hasta 60 kilómetros, un trabajo que requiere de condiciones técnicas, equipo especializado, maquinaria y altas inversiones económicas. Como alertó la Procuraduría en febrero de 2023, esa infraestructura se estaría desarrollando “con la posible aquiescencia o pasividad de las autoridades locales y muchas veces mediante procesos contractuales que estas mismas autoridades autorizan y ordenan”.

En Guaviare, un departamento que se encuentra amparado casi en su totalidad por medidas de protección ambiental desde hace más de 60 años, la FCDS analizó 117 proyectos de infraestructura vial y rural, por un valor de más de COP$990 500 millones (240 millones de dólares), destinados a mejoramiento y mantenimiento de la red de carreteras. La mayoría de los recursos públicos se dirigían a los municipios donde la deforestación avanza aceleradamente (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores).

En el caso de la vía ilegal que une a Calamar y Miraflores, en 2019, la Fiscalía señaló a los alcaldes de El Retorno, Calamar y Miraflores, así como a un funcionario de la Gobernación del Guaviare, de contratar obras para el mejoramiento del tramo en medio de irregularidades. La vía estaba asociada a focos de deforestación e incendios. La pérdida de bosque en el departamento pasó de 11 456 hectáreas a 34 527 en solo tres años (2015-2018), delitos por los cuales aún se les investiga.

Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), que la vía se seguiría ampliando. Entre enero y mayo de 2024 se registraron 96 462 alertas de deforestación, en comparación con las 117 381 alertas activadas entre enero y mayo de este año. Esto indica que el bosque sigue cayendo.

Este no es el único caso en el que autoridades regionales han sido señaladas de promover, ya sea con fondos o con maquinaria pesada, la apertura y adecuación de vías ilegales.

Ganadería: más vacas que personas

A la par del aumento del número de vías, el análisis hecho por Mongabay Latam muestra que hay una correlación entre el crecimiento de la infraestructura, el aumento de la deforestación y la expansión del hato ganadero. En Guaviare, Caquetá y Meta, donde la red vial ha crecido de forma acelerada, las cabezas de ganado también se incrementaron en 95 %, 60 % y 40 %, respectivamente, entre 2016 y 2022, según datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Un contraste notable con el promedio nacional, donde el aumento fue de 31 %.

En municipios como Mapiripán (Meta), en los trayectos analizados para esta investigación, se abrieron más de 200 kilómetros de vías entre 2018 y 2021. Según las cifras más recientes del ICA, a cinco kilómetros de estas carreteras pastan más de 19 000 vacas. En todo el municipio, el hato ganadero casi se triplicó entre 2016 y 2023 hasta alcanzar las 162 237 cabezas de ganado.

De forma similar, en el municipio de La Macarena (Meta) —que es atravesado por los tramos informales que buscan “completar” la Marginal de la Selva—, las cabezas de ganado aumentaron casi cinco veces tras la firma del Acuerdo de Paz, según las estadísticas del ICA. Se trata del municipio que acumula el mayor número de vacas en la región desde 2016.

Otros municipios aledaños al PNN Chiribiquete también experimentaron un crecimiento significativo. En Calamar y Miraflores, por ejemplo, ya hay más vacas que personas. El censo de vacunación del ICA registra 126 286 cabezas de ganado en estos dos municipios, mientras que, según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), hay 19 565 personas (2023).

Aunque la ganadería no es una actividad ilegal, su desarrollo sí está restringido en áreas de importancia ambiental, como la Amazonía, donde actualmente cerca del 85 % del territorio tiene un estatus legal que promueve la conservación. Pese a esto, las vacas se acercan cada vez más al interior de las áreas protegidas. En diciembre de 2024, la Procuraduría alertó que había cerca de 1 200 000 cabezas de ganado invadiendo territorios protegidos como el Parque Nacional Natural Chiribiquete y la Reserva Natural Nukak.

Sin embargo, como insiste Catalina Oviedo, coordinadora de la oficina regional en el Amazonas de la ONG Centro de Alternativas al Desarrollo (Celades), aunque existe una conexión directa entre la expansión de la ganadería y la creación y la mejora de vías, hay que tener en cuenta que estas también han sido históricamente usadas por campesinos y poblaciones indígenas. “Hay que ampliar la discusión sobre esta relación, evitando caer en estigmatizaciones y violaciones de derechos humanos”, afirma. En palabras de Guillermo Peña, líder campesino en San Vicente del Caguán, esas vías, “así las tilden de ilegales”, son la columna vertebral que los conecta y los saca del aislamiento.

Lo cierto es que los pequeños campesinos no son los grandes impulsores de la deforestación, y tampoco son los únicos que usan las vías de esos territorios. Un estudio publicado en la revista científica Nature, en el que se analizó la transformación en la Amazonía colombiana entre 1985 y 2019, concluyó que la conversión masiva de bosques a ganadería no fue impulsada por “pequeños agricultores”, sino por grandes terratenientes con el objetivo de “asegurar expectativas sobre el valor futuro de la tierra y especular a través de mercados ilegales de tierras”. Otros análisis coinciden. En municipios como La Macarena y Mapiripán, la FCDS encontró una alta concentración de terrenos abiertos, con más de 500 hectáreas por propietario.

Además, según un informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) la ganadería en estas áreas puede ser una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales y organizaciones criminales que operan en la región, así como un entorno propicio para el lavado de activos.

Vías, conflicto y cultivos ilícitos

La Amazonía en Colombia es un lugar clave y disputado. Allí, además de bosques prístinos o áreas naturales protegidas, se encuentran alrededor de 62 pueblos indígenas, indígenas en aislamiento voluntario y campesinos que han llegado con diferentes oleadas de colonización. Pero también grupos armados ilegales que han utilizado la zona para la extracción de recursos y para ejercer un control territorial.

Como recuerda Fernando Reyes, presidente de la vereda Nuevo Horizonte, en Cartagena del Chairá (Caquetá), él compró su tierra cinco meses antes de que a su alrededor iniciara la “locura de los baldíos”, como le llamó a la migración de personas de otras partes del país hacia esta región en 2015. “A la gente se le metió en la cabeza que la guerrilla ya no estaba y que nadie los atajaba”, menciona. Esa fue la forma que encontraron para lograr un pedazo de tierra donde antes estaban las FARC. Aunque, según la ley, estos predios colonizados no pueden ser vendidos, comprados ni explotados, sobre ellos avanzan actividades legales e ilegales.

Organizaciones ambientales que estudian la Amazonía han identificado “una compleja y fluctuante red de grupos armados ilegales, actores privados y algunos funcionarios corruptos” que han aprovechado el vacío dejado por la desmovilización y desarme de las FARC para ampliar su poder y actividades. “Como resultado, la magnitud, intensidad y velocidad de explotación de recursos en la Amazonía colombiana ha aumentado”.

En el departamento de Guaviare, la ruta que conecta los municipios de La Libertad y La Paz se ha consolidado como un bastión importante para la producción ilegal de hoja de coca en la Reserva Natural Nukak, que colinda con ese último centro poblado. Aunque la carretera empieza a ser visible en el monitoreo satelital desde el año 2000 en una zona cocalera, es a partir de 2016 que se mejora y amplía en casi 57 kilómetros. Allí a la par de la deforestación de 15 564 hectáreas (a cinco kilómetros alrededor de la vía), también aumentaron las hectáreas de cultivos de uso ilícito.

El análisis de Mongabay Latam evidenció que las hectáreas con cultivos de coca se duplicaron alrededor de esta vía. En 2022, a un kilómetro de la vía había alrededor de 9 hectáreas. Un año después los cultivos ilícitos alcanzaron las 22 hectáreas. A tres kilómetros de las carreteras, la tendencia se mantuvo pasando de 68 hectáreas a 120. A nivel general, en el departamento, se registraron 4395 hectáreas de coca sembradas en 2022 y, como aseguró uno de los habitantes de La Paz, allí la economía gira alrededor de la pasta base de coca.

Una situación similar ocurre en la vía Calamar-Miraflores, en Guaviare, donde —entre 2022 y 2023— las hectáreas de coca a 1 km de la vía se cuadruplicaron. Además, como alertó un informe de la UNODC en 2023, la cuenca amazónica compartida por Colombia, Brasil, Perú y Bolivia “se está configurando como un corredor clave para el narcotráfico en la región”.

La situación es difícil de controlar pues, como informó Parques Nacionales a Mongabay Latam, hay al menos 11 áreas protegidas de la Amazonía colombiana en las que los guardaparques y funcionarios de la entidad tienen restricciones de acceso y movilidad por parte de los actores armados. “Eso dificulta llevar a cabo acciones de investigación y monitoreo a la biodiversidad. También limita la posibilidad de realizar recorridos de prevención, vigilancia y control”, aseguró la entidad.

Todas las vías llevan a Chiribiquete

Uno de los lugares con la mayor categoría de conservación en Colombia es el PNN Chiribiquete, que fue declarado Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 2018 y al que nadie, además de los guardaparques, algunos investigadores y los pueblos indígenas que lo habitan, puede entrar. Sin embargo, ya ha sido atravesado por más de 62 kilómetros de vías amplias y tecnificadas, como lo muestra el análisis de Mongabay Latam, aunque si se consideran otras trochas que se encuentran debajo del bosque y que están desconectadas del entramado de caminos la extensión alcanza los 125 kilómetros, tal y como figura en el reporte de FCDS incluido en el informe de Parques Cómo Vamos.  Algunas son vías históricas que hicieron parte de la movilización de las guerrillas durante décadas y que, en su origen, estaban ocultas bajo el bosque, pero que, tras el proceso de paz, comenzaron a abrirse con maquinaria.

Según Jenny Cueto, directora de la oficina territorial de la Amazonía de Parques Nacionales, cada año se deforestan, en promedio, mil hectáreas de bosque dentro del parque. Las vías que amenazan el área protegida “no salen de la nada. Sino que vienen asociadas a unos tramos que, a su vez, vienen de unas vías que se conectan entre municipios y departamentos”, insiste.

Al norte de Chiribiquete, por ejemplo, las vías se desprenden de la Marginal de La Selva, que conecta La Macarena con San José del Guaviare. Desde La Macarena también se desarrollan caminos que conducen hacia Chiribiquete y el Resguardo Yaguará II. Como estas, al menos 13 tramos más que forman parte de las vías que están alrededor del parque buscan llegar o pasan por el área protegida. En total, se trata de 843 kilómetros de trochas ilegales.

Su apertura ha desencadenado la deforestación de más de 195 mil hectáreas a cinco kilómetros alrededor de las vías, un área equivalente a casi 1730 veces el Parque Simón Bolívar, en Bogotá. Además, según el análisis realizado por Mongabay Latam, en un radio de un kilómetro de estos 13 tramos alrededor del PNN Chiribiquete existen 53 437 bovinos.

En otras áreas protegidas la situación se repite. Según el último informe de la iniciativa Parques Cómo Vamos, se identificaron accesos viales en los Parques Nacionales Naturales Tinigua (723,6 km), Sierra de La Macarena (600,4 km), Serranía de Chiribiquete (125,2 km) y La Paya (19,5 km), así como en la Reserva Nacional Natural Nukak (33,3 km). Las carreteras coinciden con las áreas protegidas donde se reporta, también, mayor deforestación. De hecho, en las áreas protegidas de la Amazonía se concentra el 82% de la deforestación de todo el Sistema Nacional Natural de Áreas Protegidas (SINAP).

En agosto de 2024, el Minambiente presentó lo que llamó “una acción contundente en la lucha contra las estructuras criminales que operan en el Parque Nacional Chiribiquete”: destruyó acceso terrestres ilegales y cultivos ilícitos existentes al interior del área protegida. “Estas infraestructuras eran usadas para actividades ilícitas como procesamiento de cocaína en laboratorios y ganadería como motor de la deforestación. Por lo anterior, se realizó la inhabilitación de dos laboratorios, un establo y además se llevó a cabo la destrucción de 5 puentes carreteables presentes al interior de este parque, que eran utilizados para facilitar estas labores”, le dijo la entidad a Mongabay Latam.

Sin embargo, las operaciones militares no han logrado debilitar las redes que destruyen y degradan Chiribiquete y la Amazonía. La pérdida de bosque ha generado zonas desconectadas y la fragmentación de los ecosistemas.

Aunque también el gobierno ha impulsado acuerdos sociales para pasar de “núcleos de deforestación” a “Núcleos de Desarrollo Forestal y de la Biodiversidad” en la Amazonía, ofreciendo posibilidades económicas a los campesinos que ya se encuentran allí, por ahora los resultados son poco alentadores. Según explicó la exministra de Ambiente Susana Muhamad, antes de dejar el cargo, de los 15 núcleos de los que hay información, en cuatro persisten niveles similares de deforestación y en cinco la pérdida de bosque aumentó.

Mientras tanto, cientos de kilómetros de vías se siguen abriendo diariamente en la Amazonía y reproduciendo las tensiones entre las necesidades de la población, el conflicto y el futuro incierto de la Amazonía. Si esta tendencia continúa, la región se dirige a un proceso de sabanización y praderización irreversible: lo que los científicos han llamado ‘un punto de no retorno’.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam y realizado en alianza con France 24, Rutas del Conflicto, Vorágine y Mutante. Edición general: Alexa Vélez. Edición: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz Cardona. Coordinación: Vanessa Romo. Investigación: Vanessa Romo y David Tarazona. Análisis geoespacial: Cristian Salas. Periodistas: Daniela Quintero Díaz, Mariana Guerrero, María Clara Calle, César Molinares, María Paula Murcia Huertas, Natalia Duque Vergara, Juan Carlos Granados. Visualizaciones: Eduardo Motta y Cristian Salas. Ilustración: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Dalia Medina Albarracín.

**Ilustración principal: 1926 km de vías ilegales analizadas por Mongabay Latam están acabando con la selva en resguardos indígenas y áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Ilustración: Alma Ríos

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Nota del editor: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

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Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

El artículo original fue publicado por La Región / Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Colombia las vías ilegales siguen dañando sus áreas protegidas. En el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete se perdieron 525 hectáreas de bosque entre 2024 y marzo de 2025 debido a la construcción de 81.5 kilómetros de caminos ilícitos en la reserva. Además, en el resguardo indígena de Llanos del Yarí-Yaguará II, que está en el norte del parque, existen 22 kilómetros de vías ilegales, lo que provocó la pérdida de 856 hectáreas de su bosque. La invasión carretera es obligada por la ganadería y la presencia de grupos armados.

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Estos son los resultados de un reciente reporte elaborado por expertos del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), bajo la colaboración de la organización ambiental Fundación para la Conservación y el Desarrollo Colombia (FCDS) y el apoyo financiero de la Fundación Overbrook, que revela que el Parque Nacional Chiribiquete se ve afectado por varias presiones de deforestación, como la expansión de caminos e infraestructura vial, la ganadería extensiva, la expansión de los pastizales, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos de coca, este último en menor medida.

Estas presiones a menudo interactúan, ya que los caminos de acceso facilitan la ganadería y la expansión de pastos, y a su vez facilitan el acaparamiento de tierras.

Luz Alejandra Gómez, líder de Análisis Geoespacial de FCDS Colombia, explicó a Mongabay Latam que en esta zona de la Amazonía colombiana hay presencia de grupos guerrilleros armados, con mayor presencia del Estado Mayor Central, que son los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y que las vías ilegales son aprovechadas por estos grupos para su desplazamiento. Además, la experta detalló que existen vías “bajo el bosque”, lo que obliga el asentamiento humano en estas tierras para implementar alguna actividad, como la ganadería extensiva o los cultivos ilegales de hoja de coca.

“La relación entre deforestación y vías es muy fuerte porque es mucho más fácil entrar y tumbar bosque donde ya hay una accesibilidad. Antes a la Amazonía se entraba por ríos, pero ahora es mucho más fácil y viable moverse por carretera. En esas zonas al haber grupos armados hay baja presencia del Estado colombiano, son zonas donde no es fácil que ingrese el Ejército o donde el Estado pueda hacer una gobernabilidad eficiente porque son territorios en disputa”, detalló Gómez.

La experta añadió que esta tendencia de áreas deforestadas puede incrementar si es que no hay control territorial por parte del Estado. Sin embargo, explicó que los mismos grupos irregulares ponen sus propias reglas para no deforestar mucho bosque. “Esa es la ley de la selva, son las leyes que los grupos armados ejercen, y claro, eso es muy vulnerable y la pérdida de bosque no se puede controlar. El Gobierno hizo esfuerzos, realizó intervenciones militares, ejecutó programas con las comunidades indígenas, pero no fueron efectivos porque no ha sido contra los grandes deforestadores”, destacó Gómez.

El estudio muestra que la mayor amenaza se presenta en el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II, en donde todo 2024 y parte de 2025 una carretera ilegal de 22 kilómetros se abrió paso para tumbar bosque de esa zona. La expansión vial en el área dejó 856 hectáreas de deforestación. Según el mapa del reporte, se observa que el camino se extiende por medio del resguardo indígena y a sus costados se evidencia monte caído.

Las zonas afectadas del Chiribiquete 

En el caso del Parque Nacional Chiribiquete, el reporte de MAAP y FCDS revela que las vías ilegales, que están ubicadas en los departamentos de Caquetá y Guaviare, dejaron al menos 525 hectáreas de deforestación. En el sector de El Cayuma hay 189 hectáreas afectadas por la construcción de una vía de 45,3 kilómetros, mientras que en el sector de El Palmar hay una afectación de 179 hectáreas deforestadas y un camino de 21 kilómetros. Por último, en el sector Norte se deforestaron 148 hectáreas y existe una vía ilegal de 15.2 kilómetros.

Matt Finer, especialista senior en investigación y director de MAAP, detalló en diálogo con Mongabay Latam que es importante visibilizar la deforestación en estas zonas no solo por su impacto en los bosques primarios, la biodiversidad y los grupos indígenas, sino también por las reservas de carbono. En el informe se revela que el Chiribiquete es uno de los sumideros de carbono más importantes y significativos de la Amazonía.

“El reporte es para mostrar lo que está pasando en esta parte de la Amazonía, pero también es para advertir que si no avanzamos en los controles, la situación seguirá creciendo, ya que en Colombia ya tenemos casos muy graves de deforestación en parques nacionales”, afirmó Finer. “La deforestación en parques de Colombia es increíble, la deforestación es incontrolable con índices súper altos. Lo que estamos diciendo es que para evitar que el Chiribiquete sufra como en otros casos, como el parque Macarena, hay que mejorar las condiciones”, agregó.

El experto de MAAP acotó que el estudio sobre la reciente deforestación en el Chiribiquete y el resguardo indígena Llanos del Yarí-Yaguará II destaca políticas clave, como el fortalecimiento de los procesos de investigación relacionados con el cumplimiento de la ley. “Es necesaria la sinergia entre los diversos actores para implementar acciones más integrales que minimicen los impactos negativos en la Amazonía”, dijo.

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Además, el estudio afirma que “reducir la deforestación y el impacto en los bosques debe ser parte de los acuerdos para el cese de hostilidades y el desescalamiento del conflicto entre el gobierno nacional y los grupos armados” y recomienda “monitorear y regular la inversión pública de todos los niveles de gobierno para reducir los incentivos públicos hacia la expansión de la ganadería como driver de la deforestación”.

Mongabay Latam solicitó una posición oficial a la oficina de Parques Nacionales Naturales de Colombia para tener una percepción sobre la deforestación en el parque Chiribiquete. Hasta el cierre de edición de esta nota periodística no hubo respuesta de parte de esta instancia pública colombiana. 

Según Gómez, de FDCS, a las comunidades indígenas que buscaron resistir la deforestación las amenazaron y los líderes y lideresas del resguardo Llanos del Yarí-Yaguará II tuvieron que desplazarse forzosamente en 2021. Ahora, la experta explicó que no existe resistencia en este resguardo indígena, por lo que el acceso a vías ilegales se da sin ningún tipo de problemas. Además, la experta informó que los equipos que realizaron el estudio en terreno tuvieron ciertos peligros debido a la presencia de los grupos irregulares armados. Sin embargo, no hubo afectaciones al personal humano.

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunció recientemente que, después de que el país experimentó en 2023 su deforestación más baja en más de 20 años, la tala de bosques aumentó un 35 % en 2024. Además, esa cartera de Estado informó de un aumento de la tala de tamaño medio, lo que indica operaciones relativamente organizadas y financiadas.

En los últimos diez años, el 60 % de la deforestación en Colombia ocurrió en la zona de la Amazonía. Hubo un gran aumento en 2017 tras los acuerdos de paz con el grupo guerrillero FARC, y una disminución posterior en 2022 y 2023. En total, hubo casi 1 200 000 hectáreas de deforestación en toda la Amazonía colombiana en los últimos diez años.

Imagen destacada: las vías ilegales se incrementan en el Parque Nacional Chiribiquete de Colombia, lo que implica el aumento de la deforestación en la reserva. Foto: cortesía FCDS Colombia

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• Vía construida de manera ilegal cruza área natural protegida y propuesta de área de conservación regional.
• Sentencia marca un precedente para los casos de apertura de caminos sin autorización en áreas naturales protegidas.
• En 2019, Mongabay Latam publicó un reportaje que mostraba el avance de la carretera en el bosque amazónico.

Una década ha pasado desde que se advirtió, por primera vez, de la amenaza que significaba la construcción de una carretera para el Parque Nacional Sierra del Divisor. En el 2012, sin contar con autorización, el camino empezó a abrirse desde las orillas del río Ucayali hasta la concesión forestal del Consorcio Maderero SAC en la región Loreto. Tan solo dentro del área natural protegida, la ruta arrasó con 1500 metros cuadrados de bosque.

Ese mismo año, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas abrió una investigación en contra del empresario maderero Leovigildo Guzmán Chávez, quien el 30 de enero de 2023 fue sentenciado a siete años de prisión efectiva y una reparación civil de 350 mil soles (poco más de 91 mil dólares) como autor mediato de los delitos contra los recursos naturales en la modalidad de tala ilegal de bosques naturales agravado y alteración del ambiente natural mediante tala de árboles. Guzmán Chávez fue acusado por ser representante de la empresa Consorcio Maderera SAC, y titular del contrato de concesión forestal.

“Ha sido un caso emblemático por la naturaleza de los hechos y por su complejidad”, dice el fiscal Marvin Loja, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Maynas, responsable de este proceso. “Son 85 kilómetros de carretera sin ningún estudio técnico ni permisos respectivos, lo que significa una afectación enorme al ecosistema”.

El último día de enero, la decisión del Juzgado Unipersonal de Maynas de Loreto se publicó en la página de Facebook del Ministerio Público. El fallo corresponde al adelanto de sentencia en primera instancia que puede ser apelado por Guzmán Chávez.

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La historia del camino

“Es el primer caso con sentencia por la construcción de una carretera dentro de un área protegida y esperemos que el próximo no demore diez años para tener una respuesta. Esperemos también que ya no se presenten más casos”, señala Isabel Calle, directora ejecutiva de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA).

Calle agrega que esta sentencia puede marcar un precedente para otros casos similares en los que se construyan vías sin autorización y que, además, afecten los ecosistemas protegidos. “La construcción de una carretera tiene que cumplir con una serie de permisos de acuerdo al ecosistema al que va impactar”, explica con relación a cómo se terminó construyendo esta vía. La directora de SPDA menciona que la afectación no solo está en el trazo por donde pasa la carretera, sino que el desbosque de ese tramo impacta al área protegida en general.

Cuando se empezó a construir esta carretera, en el año 2012, la Zona Reservada Sierra del Divisor —situada en los departamentos de Ucayali y Loreto, en la zona fronteriza con Brasil— llevaba siete años establecida en una área que superaba el millón de hectáreas. En ese entonces estaba en pleno proceso de categorización para convertirse en parque nacional, lo que se concretó tres años después, en el 2015.

Sierra del Divisor es un territorio formado por montañas de hasta 900 metros de alto que se elevan sobre el llano amazónico, con una diversidad biológica de flora y fauna entre las que se encuentran especies como la pacarana (Dinomys branickii), la charapa (Podocnemis expansa), la tortuga taricaya (Podocnemis unifilis), el mono huapo colorado (Cacajao calvus), el mono maquisapa (Atetes chamek), el armadillo gigante (Priodontes maximus) y el guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera), entre otros.

La nueva carretera también se adentró en la zona propuesta para convertirse en Área de Conservación Regional Baños Calientes.

En mayo de 2019, Mongabay Latam publicó el reportaje Perú: el camino que cruza el Parque Nacional Sierra del Divisor, en el que se mostró cómo, entre 2012 y 2015, la vía se abrió en el bosque amazónico. De acuerdo con un mapa elaborado con imágenes satelitales por Rainforest Foundation, la carretera avanzó desde la localidad de Orellana, a orillas del río Ucayali —en el distrito de Vargas Guerra, provincia de Ucayali, Loreto— hasta llegar a la concesión forestal ubicada en los distritos de Maquía y Emilio San Martín, en la provincia de Requena, en Loreto.

El fiscal Marvin Loja resalta que la publicación del reportaje de Mongabay Latam fue importante por la información que ahí se presentaba y  las imágenes satelitales publicadas.

Loja cuenta que asumió el caso en 2019, con una investigación fiscal que tenía unos seis años; en julio de 2020 presentó la acusación fiscal ante el Poder Judicial. “Procedimos a analizar el expediente y consideramos que existía suficiente información que probaba el delito. Tras la acusación, el juicio oral duró un promedio de 14 meses hasta que se emitió la sentencia”.

Desde el 2011, el acusado Guzmán Chávez intentó, por diversos medios, conseguir autorización para construir la carretera. Primero, solicitó la autorización al gobierno regional de Loreto. El motivo expuesto era agilizar el transporte de los productos maderables que fueran extraídos de su concesión. La respuesta fue clara: el gobierno regional no tenía facultades para dar este permiso. Luego, solicitó el permiso bajo el argumento de que se realizaría el mantenimiento de camino rural entre las comunidades nativas Isla Baños–Nuevo Canchahuaya hasta la Concesión Forestal Consorcio Maderero SAC. La solicitud fue inicialmente aprobada por la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, pero luego, otras instancias del gobierno regional cuestionaron esta decisión.

Cuando el camino atravesó Sierra del Divisor, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) emitió un informe en contra de la construcción de esta carretera. Según la acusación fiscal, el documento del Sernanp indicó que: “El área afectada se encuentra en el sector Bucunya, y juega un rol importante ya que sirve de nicho ecológico para la flora y fauna silvestre, por lo que al realizar la apertura de la vía carrozable se ha alterado la estabilidad de los suelos, así como su cantidad y calidad y los procesos ecológicos y evolutivos naturales que allí suscitan”. El documento de Sernanp también indica que el bosque talado ha dejado de almacenar carbono y que la recuperación de este bosque tomaría por lo menos 30 años.

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Madera de alto riesgo

“La defensa del acusado argumentó, durante todo el proceso, que esta carretera ya existía, pero de acuerdo a las imágenes satelitales que analizamos para el caso, se pudo verificar que esta carretera nunca existió”, señala el fiscal Loja, quien también resalta que el demandado intentaba justificar su pedido para mejorar una carretera ya existente. “Esta sentencia —insiste— marca un precedente para este tipo de actividades ilegales”.

Rolando Navarro, investigador asociado del Centro de Derecho Internacional Ambiental (CIEL por sus siglas en inglés), menciona que el Consorcio Maderero SAC “tiene serios vínculos con movimientos de madera de alto riesgo”, según información que figura en la publicación Mejora Continua de Prácticas Ilegales en el Sector Forestal del Perú.

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Navarro, quien fue jefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) en Perú, señala que Consorcio Maderero SAC figura entre las cinco primeras empresas peruanas en movilizar maderas de alto riesgo hacia el exterior. “De alto riesgo —apunta— significa que se trata de madera que ha sido extraída de manera ilegal”. El investigador de CIEL aclara que la empresa también tiene concesiones certificadas, pero que según las investigaciones realizadas, la madera que proviene de estos bosques solo significan el 4,5 % de la producción total de la empresa y “el resto proviene de bosques con alto nivel de riesgo”.

El exjefe de Osinfor menciona que, antes del año 2015, ya existían los informes que daban cuenta de que la empresa tenía madera de alto riesgo. Recuerda que en septiembre de 2015 se realizó un sobrevuelo en Sierra del Divisor, porque se tenía información de la apertura de la carretera.

Mongabay Latam contactó con el Consorcio Maderero SAC para buscar la versión de Guzmán Chávez. En esta oficina  indicaron que el empresario se comunicaría con nosotros, sin embargo, hasta el cierre de esta edición no recibimos su respuesta.

Nota del editor: un día después de publicado este reportaje recibismo las respuestas a las preguntas enviadas por Mongabay Latam al Sernanp. Incluimos las declaraciones para contar con su versión:

Erika Guerrero Santana, jefa del Parque Nacional Sierra del Divisor, señala que esta sentencia sienta un precedente para la defensa y conservación de las Áreas Naturales Protegidas del Perú y para todas aquellas empresas forestales que no siguen los procedimientos establecidos al desarrollar sus actividades. “Es un logro como institución porque desde el 2012 hemos denunciado estos hechos ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Maynas en Loreto, debido a la gravedad de la situación por encontrarse esta vía cerca al Parque Nacional Sierra del Divisor (PNSD)”.

La jefa de Sierra del Divisor también comenta que en el año 2015 el Sernanp abrió un proceso administrativo contra la empresa Consorcio Maderero SAC por infracciones como ingresar a un área natural protegida y modificar el uso del suelo sin autorización; destruir y alterar los ecosistemas; e instalar infraestructura sin la opinión técnica del Sernanp. Como resultado de este proceso la empresa recibió una multa de 70 Unidades Impositivas Tributarias, equivalente en ese momento a 269,800 soles (71,000 dólares al cambio actual). Sin embargo, la empresa acudió ante el Poder Judicial para apelar la resolución. Actualmente, Sernanp espera la decisión sobre el último recurso legal presentado por la empresa para anular la sanción.

Una evaluación de Sernanp da cuenta de los daños ambientales dentro del parque nacional y de la zona de amortiguamiento causados por la construcción de esta carretera. Guerrero indica que para evitar la erosión del suelo “la empresa ha introducido una especie exótica conocida como ‘brachiaria’ en la zona deforestada, que ha impedido la regeneración natural del lugar”, además, la fauna silvestre ha emigrado debido a la contaminación sonora y a la carencia de bosques. A ello se debe sumar el daño económico —agrega Guerrero— por el riesgo de ingreso de taladores ilegales utilizando esta vía.

“Actualmente, la carretera al interior del área protegida se encuentra en recuperación. En octubre de 2021, el personal verificó la presencia de la especie ronsoco, así como huellas de otorongo o sachavaca, mono coto y ardillas, que fueron ubicadas en la misma vía”, dice Guerrero y agrega que el parque alberga a población indígena en aislamiento de las reservas indígenas Isconahua, Yavarí Tapiche y de la propuesta de reserva indígena Sierra del Divisor Occidental.

* Imagen principal: Parque Nacional Sierra del Divisor. Foto: Diego Pérez / Sernanp.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El levantamiento de las cordilleras andinas causó una gran explosión de biodiversidad en Colombia, constituyéndose en centro de origen de un gran número de especies. Un grupo de organismos logró colonizar prácticamente todos los ambientes de agua dulce y sus zonas aledañas, tanto los de las cumbres alto andinas, vertientes de los ríos de los Andes, Amazonia, Orinoquia, Caribe y Pacífico e incluso ecosistemas cavernícolas.

Se trata de los cangrejos de agua dulce, organismos que a pesar de jugar un papel muy importante en la cadena trófica de los ecosistemas acuáticos al acelerar el proceso de descomposición de material orgánico y ser bioindicadores de la calidad del agua, han pasado desapercibidos y solo son vistos como materia prima para la elaboración de bebidas afrodisíacas en sitios como las plazas de mercado.

En el mundo han sido identificadas aproximadamente 350 especies de cangrejos de agua dulce, de las cuales cerca de 111 habitan en Colombia (familias Pseudothelphusidae y Trichodactylidae), es decir que alberga el 32 por ciento de esta riqueza natural mundial.

Esta cifra convierte al territorio nacional en el segundo país con mayor cantidad de estos cangrejos en el mundo, título que ostenta China con 244 especies a nivel global. Sumado a esto, Colombia es el país con mayor número de cangrejos endémicos (90 especies), es decir que no habitan en ninguna otra parte del planeta.

“El 81% de los cangrejos de agua dulce en Colombia son endémicos (90 especies). Estos altos niveles de endemismo se deben a que sus hábitats fueron separados mediante barreras geográficas, lo que aisló las poblaciones y produjo la especiación”, dijo Carlos A. Lasso, investigador del programa de Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt.

Según el Libro Rojo de cangrejos dulceacuícolas de Colombia, documento elaborado por Lasso y Martha R. Campos, docente del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, 26 especies están en alguna categoría de amenaza: 25 En Peligro y una Vulnerable a la extinción.

Sin embargo, el documento revela que más de 40 especies de estos cangrejos en Colombia cuentan con datos insuficientes, algo que impide conocer su grado de amenaza o estado de conservación. “Los cangrejos de la familia Pseudothelphusidae son los más amenazados. Esto se debe a que habitan en ríos y quebradas de piedemonte y montaña, lugares que se han visto afectados por la deforestación y contaminación causada por la agricultura intensiva, minería y desarrollo urbano”, cita el Libro Rojo.

Nuevo estudio

Los investigadores David M. Hudson, Gillian Phillips, Lasso y Campos analizaron las principales amenazas que enfrentan los cangrejos de agua dulce endémicos de Colombia, flagelos que están asociados al cambio climático y las actividades antrópicas.

Según los académicos, desde hace décadas estos cangrejos se han visto altamente impactados por flagelos como la deforestación, agricultura, acuicultura, minería y el desarrollo en sistemas ribereños impulsados por el hombre, además de las consecuencias y coletazos del cambio climático.

“A esto se suma la introducción de especies de cangrejos exóticos, como el cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii), que ahora compiten con las especies endémicas y a que pueden ser hospedadores de parásitos como trematodos pulmonares. Tal es el caso del cangrejo de agua dulce de la sabana de Bogotá: Neostrengeria macropa y otras especies de Antioquia”.

Aunque los científicos aseguran que Colombia ha avanzado en la protección de estas especies, advierten que una resolución aprobada en 2019 por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) clasifica al cangrejo sabanero (Neostrengeria macropa) como un recurso pesquero, a pesar de estar listado como una especie en peligro de extinción.

Los investigadores aplicaron varios modelos para conocerlas principales amenazas de estas especies, hallazgos que fueron plasmados en un capítulo del libro Recent Advances in Freshwater Crustacean Biodiversity and Conservation.

“Con estos modelos, que incluyeron altitud, precipitación y temperatura, identificamos la distribución y los hábitats de Hypolobocera bouvieri, y los relacionamos con varios escenarios futuros de cambio climático a partir de 2070”, cita el libro.

Los verdugos

En su estudio, los investigadores determinaron que los cangrejos de agua dulce endémicos, en particular Hypolobocera bouvieri, cuentan con enemigos poderosos detonados por la sobrepesca, pérdida de hábitat, aumento de la densidad de población humana, fragmentación de los ecosistemas, especies introducidas y contaminación.

“Todos los riesgos pueden verse agravados por el cambio climático, en particular los relacionados con las interacciones de las especies y los micro hábitats que restringen la migración de muchos organismos aislados. En este estudio analizamos las principales amenazas”, precisan Hudson y sus colaboradores.

1. El desarrollo

Para los expertos, el desarrollo en los sistemas ribereños y costeros han provocado profundos cambios en el uso de la tierra, lo que a su vez ha impactado los sistemas dulceacuícolas, estuarinos y marinos.

Un análisis de 2015 realizado por Campos y Lasso mostró que muchas especies consideradas en peligro de extinción presentaban un alto riesgo debido al desarrollo urbano y al aumento de la densidad de población humana.

“Tal es el caso de los pseudotelfúsidos y trichodactlidos que viven en áreas a lo largo de la cuenca del río Magdalena y ríos que drenan o desembocan en la costa del Caribe. Los pseudotelofúsidos están en riesgo en todas las áreas montañosas andinas que son deseables para el desarrollo”, afirman los científicos.

El estudio revela que las áreas de alta biodiversidad en Colombia están altamente amenazadas por su posible transformación en lugares de desarrollo, algo que deja a las especies nativas vulnerables a la pérdida y extinción del hábitat.

“En el mundo, los humanos viven desproporcionadamente cerca de los cursos de agua, modificando las zonas ribereñas y descargando nutrientes, sedimentos y contaminantes. Los arroyos y ríos son más vulnerables a estos efectos”, precisa el documento.

1. Deforestación

Según el estudio, la pérdida de bosque en los últimos 50 años en Colombia tiene en aprietos a los crustáceos de agua dulce que habitan en las partes altas por la disminución de las zonas de amortiguamiento ribereñas.

“La deforestación agrava los problemas ambientales debido a la escorrentía y sedimentación de la erosión, impidiendo así los amortiguadores ribereños y los niveles de calidad del agua”, indican los académicos.

El análisis revela que la deforestación en el valle del río Magdalena ha contribuido en gran medida a la deforestación mundial, una región que también está amenazada por la minería de oro, extracción de petróleo y cultivo de aceite de palma africana.

“La demanda mundial de aceite de palma está convirtiendo los bosques tropicales en plantaciones de este cultivo, una actividad que está programada para una expansión significativa”.

1. Minería y petróleo

Por albergar importantes depósitos de minerales y combustibles fósiles, los recursos hídricos de Colombia y las especies que allí habitan han sido víctimas de las consecuencias de la explotación de estos recursos. A los expertos les preocupan los efectos de esa actividad en la reproducción de los cangrejos.

La contaminación desatada por la minería también preocupa a los científicos, ya que la extracción ilegal de oro produce a nivel regional una alta contaminación por mercurio en los cuerpos de agua dulce, elemento de alta toxicidad para los cangrejos.

“Se estima que el nueve por ciento de la deforestación total en Colombia se atribuye a la minería de oro, que en su mayoría se da de manera ilegal. Esta actividad puede provocar un aumento del contenido de mercurio en las poblaciones de peces y crustáceos y pasar el contaminante por la cadena alimenticia a los humanos y otros vertebrados”, precisa Campos.

La extracción de sal también afecta los recursos naturales. El estudio de los cuatro científicos asegura que la escorrentía de esta actividad puede causar un aumento de la salinidad de los suelos y el agua dulce. “Los organismos que allí habitan a menudo no están preparados para mantener un equilibrio interno si se exponen a salinidades fuera de su rango de tolerancia normal”.

1. Agricultura y acuicultura

El paisaje colombiano viene presentando un acelerado cambio debido a las actividades agropecuarias. Los bosques de las tierras bajas son reemplazados por plantaciones de diversos cultivos y extensas sabanas antrópicas con pastos para el ganado.

“Los efectos históricos de la tala han dejado cicatrices en el paisaje y alterado los demás recursos naturales como el agua y suelo, es decir que también afecta las poblaciones de organismos de agua dulce”, menciona Lasso.

Por su parte, algunas granjas acuícolas están cultivando especies para ayudar a aliviar la presión de la pesca o mejorar la alimentación, lo que ha abierto la puerta a la llegada de peces e invertebrados no nativos de ciertos valles fluviales.

“Algunas entidades gubernamentales regionales introdujeron dos crustáceos no nativos de Colombia: la langostilla de río de Luisiana (Procambarus clarkii) y un camarón de río gigante (Macrobrachium rosenbergii)”, afirma Campos.

El estudio indica que la pesca continental cayó de 60.000 toneladas en 1975 a 10.000 toneladas en 2014 debido a la sobrepesca que actúa en sinergia con otros efectos antrópicos. “Los cangrejos son a menudo objeto de pesquerías artesanales que, según los métodos de consumo, pueden infectar con parásitos a los humanos”.

1. Carreteras y represas

El desarrollo de las redes de carreteras y ferrocarriles y la construcción de presas hidroeléctricas en Colombia, ha aumentado la fragmentación del hábitat y representa una amenaza adicional para las especies endémicas de los cuerpos de agua dulce.

“Por ejemplo, la construcción del puente terrestre interoceánico (ferrocarril, carretera, canal y oleoducto) probablemente tendrá un impacto ambiental importante y resultará en una mayor deforestación”, evidencian los cuatro académicos.

También aseguran que la instalación de tratamiento de aguas residuales subdesarrolladas en gran parte del país significa que muchas áreas tienen problemas importantes con los efluentes residuales no tratados. “Los desechos plásticos están inundando ríos y arroyos e introduciendo sustancias químicas que afectan la fisiología de la vida acuática”, enfatiza el documento.

1. Especies foráneas

Hudson y colaboradores precisan que el garantizar la seguridad alimentaria de la población humana puede producir una mayor presión sobre los crustáceos de agua dulce y otras especies.

“La tasa de introducción de especies en ecosistemas de agua dulce ha aumentado en todo el mundo debido a la crisis alimentaria que padecen algunas regiones, algo que tiende a devaluar las acciones de conservación”.

Otra amenaza latente es el aumento de la conectividad y las presiones antrópicas. El análisis científico encontró que estos factores presionan a las especies de agua dulce por la contaminación, destrucción de hábitats subterráneos y el turismo descontrolado.

El caso del Hypolobocera bouvieri

Hypolobocera bouvieri ocupa un amplio rango de distribución en las cadenas montañosas de las cordilleras central y oriental en Colombia. Sin embargo, los análisis mostraron que su distribución podría extenderse en el futuro.

“El área disponible para esta especie podría aumentar por los cambios en la temperatura generados por el calentamiento global. La cordillera de los Andes se ve afectada por la variabilidad climática impulsada por la Oscilación del Sur de El Niño (ENOS), algo que afectará aún más lagos andinos”.

Para los expertos, estos cambios podrían expandir el área de distribución de Hypolobocera bouvieri si se eliminan las restricciones de temperatura de niveles más bajos, “algo que probablemente no ocurriría con especies endémicas que tienen un rango restringido”.

Por último, los autores del estudio recomiendan que es necesario realizar otras investigaciones para especies de cangrejos ampliamente distribuidas. “Es probable que la situación sea más crítica para los organismos de distribución restringida que están en riesgo de eventos estocásticos como derrames industriales”.