Los días 14 y 15 de mayo se llevó a cabo la 2° sesión de la Mesa Humanitaria de Caquetá en la ciudad de Bogotá, con la participación conjunta de la Red de Derechos Humanos de Putumayo. El objetivo del encuentro fue la reiteración en el llamado humanitario de urgencia de las organizaciones a la institucionalidad pública, frente al riesgo inminente por las constantes arremetidas de los grupos armados al tejido social organizativo en estos territorios.

Durante esta gira de incidencia, se trabajó en el desarrollo de las agendas ambientales, agrarias y sociales impulsadas por las organizaciones sociales que buscan movilizar al actual gobierno. Allí se hizo un llamado al cumplimiento y seguimiento de los compromisos previos, ante la grave situación de riesgo y vulneración de los DD.HH y ambientales en estos territorios, y particularmente el riesgo inminente que afronta el tejido organizativo y los procesos sociales, comunales, ambientales, campesinos, firmantes de paz y de mujeres en estos territorios.

Los voceros de las organizaciones sociales partícipes en el espacio, señalaron la falta de respuesta por parte de la institucionalidad, con énfasis en la incapacidad de los funcionarios públicos a nivel regional. La realización de reiterados escenarios de exigibilidad de sus derechos no han sido suficientes, ni han brindado las garantías de seguridad para la continuación del ejercicio de sus liderazgos.

En los escenarios propuestos por las organizaciones, se ha visibilizado el incremento de los hechos victimizantes y las amenazas directas contra las organizaciones sociales. En los casos de ASOJUNTAS de Cartagena del Chaira y COORDOSAC, se ha denunciado el riesgo inminente en contra de la participación de la organizaciones en zonas del departamento y el ejercicio de sus liderazgos.

Entre los hechos victimizantes, se registran 2 masacres en los departamentos en lo corrido del 2024 y el homicidio selectivo de 7 líderes y lideresas. El caso de Ludivia Galindez, presidenta de ASOJUNTAS del municipio de La Montañita, continúa siendo un reclamo de las organizaciones hacia las autoridades públicas y al actor armado en el territorio, ante la falta de esclarecimiento, celeridad en las investigaciones y el impacto que este hecho ha traído consigo en las comunidades del departamento de Caquetá.

Debido a este panorama, los líderes y lideresas trajeron entre sus propuestas el seguimiento a las solicitudes y compromisos que se han acordado con las instituciones públicas. Hacia la delegación del Estado para la negociación con una de las Disidencias de las FARC-EP, autodenominadas como Estado Mayor Central (EMC), las organizaciones multilaterales garantes y la Defensoría del Pueblo, se exigieron mínimos y alivios humanitarios frente a la escalada de violencia que se vive en sus territorios.

Se hace necesario que lo que se pacte en la mesa nacional de negociación con el EMC se desescale al nivel territorial y se materialicen los acuerdos que se vayan alcanzando. En palabras de las y los voceros: “De no ser así la lucha y el compromiso que hemos mantenido por la paz en el territorio, nos llevará a que nuestro empeño nos cueste la permanencia en el territorio y hasta nuestra vidas”.

A pesar de que el Estado colombiano y las agencias de cooperación internacional han intentado continuar con la implementación de acciones por las transformaciones sociales territoriales, estas se han visto limitadas o cooptadas por los actores armados. Son varias las acciones y propuestas que han acompañado los liderazgos en el territorio; la sustracción de áreas de reservas forestales que ya se encuentran ocupadas, estrategías hacia la no estigmatización y persecución al campesinado por la deforestación del territorio y el hacer efectivo el cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, sobre la Reforma Rural Integral (RRI).

En el espacio de diálogo abierto con el Ministerio de Ambiente y Agricultura, se presentaron los interrogantes frente a estos temas, “¿Qué herramientas se han construido para el acceso a la información a las comunidades de los procedimientos burocráticos en materia de acceso a tierras en sus territorios? ¿Cómo se va garantizar su participación en espacios como los Comités de Reforma Agraria? ¿Qué garantías se establecerán para el acceso a recursos propuestos por el Estado a los pequeños productores, sin que estos se conviertan en medio extorsivos hacia las arcas de los actores armados?”.

Se mantienen estas preguntas y la incertidumbre de las organizaciones posterior a estos estos espacios de incidencia. Sin embargo, pese a que el panorama es poco alentador continúan los compromisos, tanto por parte de las organizaciones y la institucionalidad pública por continuar los espacios de exigibilidad de derechos, solicitudes y compromisos. Esperamos que sea una respuesta real y efectiva para que la defensa de la naturaleza y los derechos no cueste la vida.

Más de 19.000 personas –920 de manera presencial y otras 18.370 a través de nuestras redes sociales–, presenciaron los conversatorios, realizados con el apoyo de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM Colombia), y conocieron las propuestas de gobierno de 43 candidatos a las alcaldías de estos municipios.

La creación de un impuesto ambiental en San José del Guaviare, para garantizar que las comunidades cuiden y preserven los bosques; la reconversión de la ganadería extensiva en ganadería sostenible y la implementación de sistemas silvopastoriles, en El Retorno; un programa de capacitación y fortalecimiento de la gobernanza forestal como estrategia de contención de los crímenes ambientales.

Así mismo, en Miraflores; la ampliación de las rutas de recolección de residuos sólidos y un programa para fomentar el reciclaje en zonas rurales, en San Vicente del Caguán; proyectos de turismo sostenible, en Calamar; un programa de sustitución de leña por energías de transición, bonos de carbono e incentivos tributarios para no deforestar, en Puerto Rico; el reconocimiento del río Caguán como fuente de protección y una planta de tratamiento de aguas residuales,en Carta gena del Chairá, son algunas de las propuestas planteadas por los 43 candidatos que participaron en los debates.

De otra parte, la necesidad de articulación entre las diferentes instituciones a nivel local, regional y nacional; así como el permanente apoyo internacional, fueron algunos de los temas que de manera reiterada plantearon los candidatos.

La realización del “Gran Debate Ambiental de IRI-Colombia por la Amazonia” en cada uno de los municipios donde la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales hace presencia, forma parte de la estrategia de incidencia que busca promover la creación e implementación de leyes, programas y políticas públicas que contribuyan con la protección de los bosques, la contención de la deforestación y de la pérdida de biodiversidad, la mitigación del cambio climático y la defensa de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan los bosques.

Como resultado de esta serie de debates, 37 candidatos a las alcaldías firmaron el acuerdo programático propuesto por IRIColombia y se comprometieron a, una vez elegidos, hacer de la protección de los
bosques amazónicos un prioridad ética y política; formular e implementar programas y proyectos orientados a restaurar el ecosistema amazónico, preservar los bosques amazónicos y las fuentes hídricas, reducir la deforestación y garantizar los derechos humanos de sus comunidades en
un marco de equidad y justicia ambiental.

El evento se llevó a cabo el pasado 19 de mayo en el Auditorio Municipal Francisco José Rivera, de Curillo, y contó con la participación de alrededor de 60 líderes religiosos y comunitarios, concejales y representantes de la administración local, como la secretaria de Gobierno, Jazmín López Pérez; el secretario de Planeación, Jozzi Esteban García, y el promotor de Juntas de Acción Comunal, Gregorio Díaz, quienes se unieron a la Iniciativa para trabajar por la protección de los bosques tropicales, que en este municipio abarcan el 35% del territorio.

“Estamos muy felices de que la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales haya puesto sus ojos en Curillo”, agregó la alcaldesa. Además de presentar la Iniciativa y hacer de manera oficial la instalación de los tres capítulos locales, durante esta jornada los asistentes participaron en un proceso de formación y profundización que incluyó un conversatorio sobre teología de la creación, liderado por la pastora Julieth Quevedo, coordinadora de IRI-San Vicente del Caguán; una conferencia sobre las cifras y tendencias de la deforestación, la gravedad de este fenómeno y su relación con los derechos humanos; y una ponencia sobre cambio climático y protección y restauración de los bosques, en la que aprendieron sobre el clima y su relación con la biodiversidad.

También, los líderes y lideresas caqueteños y putumayenses realizaron un ejercicio de cartografía social para identificar las problemáticas ambientales en sus territorios, así como las oportunidades y desafíos que implica la conservación de la selva.

Para finalizar, luego de realizar el trabajo en grupos, formularon los planes de acción ambiental y pastoral de los tres nuevos capítulos locales, para desarrollar a lo largo del año.

Con el lanzamiento de IRI-Curillo, IRINúcleo Horizonte e IRI-Mayoyoque, la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales completa 39 capítulos locales, ubicados en los lugares de la Amazonia colombiana que tienen las cifras más altas de deforestación.

En el análisis de los avances en la implementación del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en los departamentos de Caquetá y Putumayo, evidenciamos obras implementadas en departamentos distintos, pérdida del enfoque étnico, de género, comunitario y territorial, y valores distintos para los mismos proyectos; así como el cumplimiento parcial de las iniciativas con proyectos que abarcan sólo parte de lo que las comunidades propusieron. También encontramos casos en donde los mismos beneficiarios se repiten en más de cinco proyectos, los cuales no concuerdan con las iniciativas. Estos son algunos de los hallazgos que nos muestran que, quizás, el PDET no va como lo pintan.

Las subregiones PDET Cuenca del Caguán y Piedemonte Caqueteño y PDET Putumayo tienen un aproximado a 6.550 iniciativas, 3.438 en Putumayo y 3.112 en Caquetá y Algeciras, Huila. De acuerdo con la base de datos de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), se han cumplido con 4.964 iniciativas a enero del 2023, mientras 1.367 se encuentran en preparación. Según los datos de la ART, a enero del 2023 se habría implementado el 75.7% de estos PDET, una cifra ciertamente alentadora.

Pese a este panorama, organizaciones sociales del Caquetá y Putumayo vienen señalando fallas en el funcionamiento del PDET. Para algunos, este instrumento se ha convertido en “nuestra desilusión”, así lo afirmó Farid Murcia, miembro del grupo motor del Municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, durante el conversatorio sobre posibilidades para la participación comunitaria en los PDET, desarrollado el 25 de abril del 2023.

Una de las causas de la desilusión son por lo menos cinco incongruencias en el reporte de implementación. A continuación se presentan algunos ejemplos:

1. Información errada:

Durante el proceso participativo de formulación de las iniciativas en el PDET Putumayo, las comunidades plantearon la necesidad de resolver la titulación de baldíos en un radio de 2.500 mts alrededor de áreas de explotación de recursos no renovables en Villagarzón, Putumayo. Paradójicamente, esta iniciativa se da por cumplida con un proyecto financiado por una alianza público-privada sobre regularización de baldíos en el municipio de Cantagallo, Bolívar.

Lo mismo sucede con cuatro obras que se realizaron en el municipio de Puerto Rico, Meta y que reportan en el cumplimiento del PDET de Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteña.

2. Proyectos distintos para los mismos beneficiarios

En el municipio de Puerto Asís existen siete proyectos que tienen diferente identificación, pero atienden a los mismo beneficiarios y objeto: dotar e instalar 207 sistemas fotovoltaicos en las comunidades indígenas Ksxa´w Nasa (40 familias); Kwe´sx Kiwe Ksxa´w (67 familias);  Yu´Luucx (64 familias); Kiwnas Cxhab (100 familias); Sa´t Tama (19 familias); Nasa Cxhab (31 familias); Nasa Fxiw (32 familias).

Los proyectos 30970, 30971, 30972, 30973 y 30977 por un valor de $78.546.210 cada uno, buscan el objetivo arriba mencionado. Por su parte, el proyecto 20191301010137 financiado con recursos del Sistema General de Regalías, por un monto de $19.080.294.357, busca la instalación de sistemas fotovoltaicos en el departamento e incluye, entre otros, también a estos mismos beneficiarios. Como si fuera poco, el proyecto con identificación 33021 tiene el mismo objeto, por un valor de $48.336.109.

Es decir, parece que para la instalación de 207 paneles solares se hubieran implementado siete proyectos diferentes, seis de ellos destinados exclusivamente a ello y un proyecto macro en donde se incluye esta iniciativa. No es claro en este caso, la destinación específica de cada proyecto.

3. El mismo proyecto con valores distintos

En el seguimiento realizado por la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) hemos encontrado proyectos que, entre una y otra base de datos, cambian de valor, por ejemplo con la base de datos de obras implementadas en marzo del 2022, el proyecto 30773, relacionado con el fortalecimiento comunitario para el mejoramiento de la vía que conduce a la vereda El Loro 1 en Valle del Guamuez; costó $218.662.699. Luego, el mismo proyecto en la base de datos remitida en enero del 2023, tuvo un costo de  $327.673.235.

Caso similar es el de la iniciativa 18206 que tiene como objeto el “Fortalecimiento social y comunitario mediante la adecuación de una caseta comunal en la vereda la Cabaña del municipio de Puerto Asís Putumayo”, la cual, según base de datos del 2022, fue implementada por Fundación Panamericana Para el Desarrollo FUPAD por un valor de $31.599.784; mientras en la base de datos del 2023 aparece como ejecutada por la Unión Temporal Guanga por un valor de $55.382.071.

Lo mismo sucede con varios proyectos que cambian de valor, a pesar que se reportan como obras implementadas en el 2022. En este caso, cabría la posibilidad de adiciones presupuestales a último momento o luego de la implementación, lo que genera dudas sobre los mecanismos de verificación y control.

4. Proyectos que desconocen el componente territorial y participativo de las comunidades

En el departamento del Caquetá se han encontrado proyectos que desconocen la complejidad de las iniciativas propuestas por las comunidades. Un ejemplo es la iniciativa 618610303970 del municipio de San José del Fragua, en este caso la descripción busca la implementación de tecnologías que permitan mejorar las líneas productivas del municipio como el sector frutero, cárnico, panelero, del caucho, los granos, entre otros. Sin embargo, la respuesta de la ART fue un proyecto para el mejoramiento de la competitividad de 1.400 productores de leche en el departamento del Caquetá.

En este mismo sentido, identificamos cerca de 35 iniciativas que, en su transformación en proyectos, limitaron el enfoque étnico, de género y comunitario, pues, aunque tengan una relación mínima con la iniciativa, se asocia a su cumplimiento.

En efecto, existe una inversión muy importante en proyectos que no responden a la complejidad de las descripciones de las iniciativas, evidenciando una respuesta no integral por parte de la ART. Aquí se evidencia que la ART no tiene mecanismos para una comprensión amplia de las iniciativas, ni herramientas que le permitan  medir el impacto sobre iniciativas que buscan mejorar la calidad de vida de las poblaciones, desde una perspectiva cualitativa.

5. Proyectos que desconocen el enfoque étnico

Ejemplo del desconocimiento del enfoque étnico es el proyecto 40683, que responde a la iniciativa 1186320215151 del municipio de Orito. En este caso, el proyecto busca fortalecer la línea productiva de caña de azúcar, sin que ello implique atender  los usos y costumbres de la comunidades indígenas Embera Chamí , Nasa, Awá, Pastos, Siona, Kofan, Pijao, Kamentsa, Yanaconas y las comunidades Afro, como lo propone la iniciativa. De esta forma, se borra de un tajo el enfoque étnico en la implementación.

Lo mismo sucede con el caso del proyecto que busca fortalecer la competitividad de 1.400 productores que integran el sector lácteo, pues se asocia al cumplimiento de la iniciativa 618094296794 del municipio de Belén de los Andaquíes, en donde se busca fortalecer el valor nutricional de las familias de la comunidad del Resguardo Indígena La Cerinda.

En este caso se evidencia la unión de dos falencias, un proyecto que no tiene relación con la iniciativa y el desconocimiento del enfoque étnico en la implementación.

Así las cosas, las cuentas no cuadran…

Estos posibles hallazgos plantean serias dudas sobre las cifras de implementación del PDET en los departamentos de Caquetá y Putumayo. De hecho, intentamos crear una herramienta de seguimiento a este instrumento, pero simplemente no fue posible. Las comunidades en la práctica se ven relegadas al rol de observadores o beneficiarios; en algunos casos, se quedan con sus denuncias de desviación de recursos e incumplimientos, sin que nada pase.

Como antes lo ha señalado la Asociación Ambiente y Sociedad, la participación de las comunidades es limitada, pues no existen herramientas de verificación de cumplimiento de las iniciativas, las organizaciones por lo general no conocen los contratos o convenios, menos si estos son privados, de cooperación o de obras por impuestos.

Así las cosas, la información disponible de proyectos y cumplimiento de iniciativas no permite hacer un balance real del avance en la implementación del PDET, lo que, sumado a las falencias en el reporte deja entrever que el PDET no va como lo pintan.

“Los seres humanos somos muy buenos para soñar, pero no podemos
quedarnos en el pensar y en el querer, sino que debemos pasar a la acción. Hoy vamos a salir de acá con la convicción de empezar a actuar”, dijo la pastora Julieth Quevedo, dirigiéndose a los líderes religiosos, sociales y comunitarios, autoridades indígenas, educadores y dirigentes políticos miembros de IRI-San Vicente del Caguán, IRI-Ciudad Yarí e IRI-Campo Hermoso, durante el primer proceso de formación de 2023 que IRI Colombia realizó en este San Vicente del Caguán, el pasado 8 de febrero.

“En estos cuatro años ustedes han tomado conciencia sobre a urgencia de detener la deforestación; ahora necesitamos que se conviertan en aliados
importantes y se transformen en defensores de nuestros bosques tropicales”, subrayó Blanca Lucía Echeverry, coordinadora nacional de IRI-Colombia, quien dio la bienvenida a cada una de las tres jornadas pedagógicas realizadas por la Iniciativa en el departamento del Caquetá: al
encuentro en San Vicente del Caguán le siguió una jornada pedagógica en Puerto Rico, el 9 de febrero, dirigida a los capítulos locales de este municipio y de las veredas Bajo Riecito y La Soledad; y otra el 10 de febrero, en Cartagena del Chairá, en la que participaron los integrantes del capítulo local de esta región, del corregimient Remolinos del Caguán y de la vereda La Primavera.

“Este año hemos visto muchas quemas muy cerca de Puerto Rico. Los incendios forestales están  tocando la puerta de nuestra casa y tenemos que hacer algo para detenerlos. Nosotros somos llamados a preservar la Tierra.
¿Qué estamos haciendo para cuidarla?”, señaló el pastor John Jairo Escobar durante el taller sobre teología de la creación en Puerto Rico, en el que abordó el mandato divino del cuidado de la casa común. “Nuestra Madre
Tierra da gritos de dolor porque el ser humano la destruye con su acción irracional, la deforestación y la contaminación”, señaló por su parte el padre Ferney de Jesús Nican, vicepárroco de la parroquia San Pedro Claver y
encargado de este taller en el proceso de formación realizado en Cartagena del Chairá.

El valor de la espiritualidad

La importancia de la espiritualidad en todos los ámbitos de la vida de los pueblos indígenas y en su manera de relacionarsecon la naturaleza, fue el tema central del taller sobre espiritualidades indígenas, a cargo de Herman Mendoza, miembro de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC).
“Si hay algo que nos identifica a todos como seres humanos es precisamente la espiritualidad.

Hoy en día este tema pasa desapercibido, pero todo lo que emana del ser humano viene de la espiritualidad que nos brindó el padre creador”, señaló.
En la Amazonia colombiana habitan 64 pueblos indígenas con costumbres, historias y bagajes diferentes, y existen indicios de unas 14 comunidades
en aislamiento voluntario.

Así lo señaló el líder indígena del pueblo Uitoto, quien se refirió a la forma como la espiritualidad atraviesa cada uno de las dimensiones de las comunidades indígenas, desde la educación, la salud, hasta su relación con la naturaleza. Además también habló de la importancia de la tradición oral, por medio de la cual se comparten las enseñanzas y conocimientos en la maloca.

“Dicen nuestros viejos, nuestros sabedores, que a través de la palabra del
padre usted va modificando su conducta. Esa palabra no se queda en el conocimiento sino que se va pegando en el corazón y es ahí donde se comienza a educar”, resaltó Mendoza.

Reflexionar sobre el cambio climático y
la deforestación

Adicionalmente, los asistentes participaron en un taller sobre cambio climático dictado por el biólogo de la Universidad Distrital y doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable, Diego Fernando Campos, en el cual
aprendieron sobre el clima, las causas del cambio climático, los gases de efecto invernadero, el papel de los bosques en la mitigación del cambio
climático y las consecuencias del aumento de temperatura en el planeta.

Así mismo, realizaron un ejercicio de cartografía con el objetivo de reconocer los efectos del cambio climático en sus territorios y reflexionaron sobre posibles acciones que contribuyan a la mitigación del cambio climático y a la adaptación de los territorios al mismo.

“De 1880 al 2016 la temperatura se ha incrementado 1.5° C y eso condiciona de forma diferente la vida en el planeta. No solamente en el ser humano sino también en las otras especies y en los ecosistemas”, señaló Diego Fernando Campos, experto en conservación de la biodiversidad“Pensemos en la deforestación con una dimensión no solo ambiental, sino también participativa, social y política”, resaltó por su parte Carlos Augusto Lozano, quien dictó el taller sobre deforestación.

El asesor nacional de IRI-Colombia abordó este fenómeno no sólo a partir
de su incidencia en lo ecológico, sino también de su impacto cultural y social, en específico sobre los derechos humanos. “No solo nos priva de la biodiversidad y la bioculturalidad, también atenta contra los derechos
humanos fundamentales de las comunidades y, en particular, de las más pobres y vulnerables, que son las que sufren con mayor rigor los efectos de inundaciones, sequías e incendios, consecuencias de la deforestación”, destacó.

De acuerdo con el sociólogo y experto en derechos humanos, hablar de restaurar los ecosistemas es hablar de restaurar la justicia ambiental y la justicia social, detener la deforestación no es sólo preservar números de hectáreas de bosques o de árboles, sino miles de formas de vida.

“La pérdida de bosques no solo ocurre en la Amazonia, sino en todo Colombia. Los estamos perdiendo de manera sostenida y continua en todo el país, en unas proporciones que son un verdadero desastre social y ambiental”, resaltó.

De acuerdo con Lozano, durante los últimos 20 años el departamento del Caquetá ha perdido 730.000 hectáreas, lo cual equivale a una emisión de
470.000 millones de toneladas de dióxido de carbono al año.

“Es impresionante escuchar que San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá son protagonistas en la tala y quema de bosques. Esto debe llevarnos a una profunda reflexión sobre qué hacemos para mejorar nuestra casa común y no ser víctimas del desastre que hemos causado”, señaló la hermana Blanca Nubia Orozco, de la Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco y miembro de IRI-San Vicente del Caguán.

Por su parte, Esteban Rios, docente de la Institución Educativa Rural Jose
Antonio Galán, de Remolinos del Caguán, expresó su compromiso con la defensa de la Amazonia: “Tenemos ganas de aportar a esta Amazonia y al planeta. Qué bonito si lo pudiéramos hacer desde la parte formativa, educando a los niños con valores ecológicos, enseñándoles sobre conservación de nuestra fauna y nuestra flora”, concluyó.

La jornada pedagógica se llevó a cabo el 14 de marzo, en el marco del
‘Encuentro Regional Espiritualidades, Saberes, Sabores y Semillas Amazónicas’, organizado por la Iniciativa y la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM Colombia).

Al encuentro acudieron más de 80 personas, entre ellos líderes religiosos,
sociales y comunitarios, así como representantes indígenas y docentes, quienes asistieron a un taller sobre cambio climático, dictado por el biólogo y doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable Diego Campos.

Durante este seminario, reflexionaron sobre la relación entre el clima y la biodiversidad, e hicieron un ejercicio de cartografía mediante el cual pudieron reconocer el impacto del cambio climático en sus territorios y proponer posibles soluciones.

Así mismo, participaron en un taller sobre deforestación impartido por el
asesor nacional de IRI-Colombia, Carlos Augusto Lozano, donde abordaron los efectos negativos de la pérdida de bosque no solo en el ámbito ecológico, sino también en el cultural, el social y, en particular, en los derechos humanos.

Encuentro Regional Espiritualidades, Saberes, Sabores y Semillas
Amazónicas’

De otra parte, fue concebido como una jornada de diálogo alrededor de la conversión ecológica como el camino al cuidado de la Casa Común. Cada uno de los participantes ofrendó semillas y frutos originarios de sus comunidades, como un símbolo de la riqueza que ofrece la naturaleza en esta región.

A lo largo de la segunda jornada, el 16 de marzo, los participantes compartieron con los demás el conocimiento alrededor de
las semillas y frutos y los intercambiaron.

A la reunión acudieron la alcaldesa de Curillo, Maria Edith Rivera Bermeo; la secretaria de gobierno, Jazmín López Pérez; y el coordinador de Juntas de Acción Comunal, Gregorio Antonio Díaz; con quienes además se discutió la creación de un decreto que apruebe un plan ambiental y pastoral para la Mesa de Libertad Religiosa del municipio.

Adicionalmente, la Iniciativa tiene planeado instalar durante el segundo semestre de 2023, un capítulo urbano en Orito y dos rurales en las veredas Las Malvinas y Lusitania, en Putumayo. Con estas propuestas, IRI-Colombia contaría con 46 capítulos locales ubicados en los municipios de la Amazonia con las  mayores tasas de deforestación.

En estos 6 años que llevo escribiendo en estas páginas de El Espectador cada domingo, siempre he hablado de la vida y de la muerte, sobre todo de la muerte, pero la muerte natural, la muerte cuando el Dios todopoderoso, el universo, el destino, la fecha de caducidad que le corresponda a cada uno le llegue, pero nunca he hablado de cómo es capaz alguien de quitarle la vida a otro. 

Lo que pasó esta semana en el país con los policías, cómo entre varios manifestantes en Caquetá, se unieron para acabar con la vida de otro, con la esperanza, con sus sueños, con sus anhelos, no sólo de una persona sino la de su familia.  Y cómo es posible que horrorizados viendo cómo sucede esto y que no pase nada y que todos sigamos normal, como si nada hubiera pasado, cuando un ser es desgarrado. ¿Dónde queda la humanidad de los demás?. ¿Dónde queda nuestra humanidad?

Considero inhumano que el presidente de la república de Colombia justifique esas acciones, esos hechos, que su ministro del interior sea tan cínico de decir que eso fue un “cerco humanitario” … ¿HUMANITARIO?   ¿Qué le parece humanitario secuestrar a unos policías y matar a uno y herir a otro? 

Ese policía que secuestraron y posteriormente asesinaron, se llamaba Ricardo Arley Monroy Prieto, tenía 39 años, estaba casado y tenía dos hijos, uno de apenas 2 meses de nacido. 

Yo le pregunto al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Alfonso Prada, si ese policía fuera su hijo, su hermano, su papá, estarían diciendo lo mismo, con la misma frialdad, que fue un “cerco humanitario”? ¿Dirían lo mismo con la misma indolencia?  Es muy fácil cuando la vida no nos toca a nosotros, a nuestros seres queridos. Como lo dijo el ministro de defensa Iván Velázquez, que si matan un policía pues, son cosas que pasan en el proceso. ¿Les parece normal?.   Estamos en manos de un gobierno que para campaña, para ganar votos, habla de vida, pero en el ejercicio cuando llega al poder, justifica la muerte. Estamos en manos de un gobierno INHUMANO. 

Me uno a las condolencias y al dolor de la Familia Monroy Prieto que hoy sufren por el vil asesinato de su hijo, hermano, esposo y padre. 

Disculpen, amables lectores de cada domingo, pero hoy no puedo escribir de cosas bonitas, ni de historias amables, no me nace. 

NOTA: No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, ni a tus hijos e HIJAS. Aplica para todo en la vida.

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Los pasados 8, 9 y 10 de febrero la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, IRI-Colombia, llevo a cabo los procesos de formación de los capítulos locales de San Vicente del Caguán, Puerto Rico y Cartagena del Chairá en Caquetá.

Estas jornadas tuvieron la presencia de expertos en deforestación, cambio climático y representantes indígenas, quienes abordaron desde cada una de estas perspectivas la importancia de los bosques tropicales y la problemática que enfrentan en el país que cada vez más toman el carácter de desastre social y ambiental: solo en 2020, se perdieron 171.685 hectáreas de bosque en el país.

“La construcción de carreteras, legales e ilegales, es uno de los principales motores de la deforestación. Un ejemplo notorio es la vía Puerto Cachicamo-La Tunia, que facilitó la deforestación en Chiribiquete y el resguardo Yaguará II.”, explicó Carlos Augusto Lozano, asesor nacional de IRI Colombia durante su presentación en capítulo local de Puerto Rico.

Colombia afronta uno de sus momentos más críticos en pérdida de cobertura vegetal: durante el primer trimestre de 2022 la deforestación aumentó el 10% en comparación con el mismo periodo del año pasado, El 63% de la deforestación del país se concentra en la Amazonia. Este flagelo ambiental no solo atenta contra la biodiversidad. También pone en riesgo los derechos humanos de la población como, por ejemplo, la seguridad alimentaria.

Frente a este panorama, la Iniciativa Interreligiosa por los Bosques Tropicales en Colombia, en su continúo trabajo de la mano con líderes religiosos del municipio viene adelantando estrategias de sensibilización con las diferentes comunidades de fe existentes en la región sensibilizarlos e inspirarlos a tomar acciones que mitiguen los efectos del cambio climático.

“De 1880 al 2016, la temperatura del planeta se ha incrementado 1.5° centígrados principalmente por las acciones humanas a lo largo de la historia y eso condiciona de forma diferente la vida de la humanidad”, señaló Diego Campos, experto en cambio climático, a los miembros del capítulo local de Cartagena del Chairá.

Y es que la tala indiscriminada asociada a las malas prácticas ganaderas ha hecho que en San Vicente del Caguán entre 2015 y 2020, unas 900.000 nuevas cabezas de ganado hayan entrado al municipio, esta deforestación, la más alta del país, ha traído consigo conflictos socioambientales especialmente para los pueblos indígenas, habitantes ancestrales de estos territorios.

“Dentro de los pueblos indígenas que habitamos la Amazonia hay algo que compartimos: la espiritualidad. Para nosotros es vital y a partir de ella generamos un relacionamiento con el medio ambiente”,  recordó Herman Mendoza, representante del pueblo Uitoto del Amazonas durante su exposición sobre espiritualidades indígenas en el taller de formación de San Vicente del Caguán.

Finalmente, durante este proceso de formación los asistentes participaron de ejercicios de cartografía social con el objetivo de identificar su territorio con las problemáticas ambientales y trabajaron en soluciones reales y que puedan ser lideradas o llevadas a cabo por ellos.

La Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales, IRI-Colombia, instaló desde el año 2019 capítulos locales en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, Puerto Rico y Solano en Caquetá; en San José del Guaviare, El Retorno, Miraflores y Calamar, en Guaviare; En Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en Putumayo y en La Macarena,  Meta. En estas poblaciones, los distintos capítulos de IRI-Colombia ha avanzado en el trabajo de incidencia política —plasmado en los planes de desarrollo—, gracias a que poseen representantes dentro de los Consejos Territoriales de Planeación (CTP) de cada uno de estos municipios, en los cuales han adelantado acciones en pro de la sostenibilidad ambiental como herramienta para enfrentar el cambio climático.