Latinoamérica enfrenta un clima cada vez más cambiante e impredecible. Actualmente la región enfrenta la incertidumbre que trae el fenómeno de El Niño, intensificado por la crisis climática y que se traduce en olas de calor, huracanes más intensos, incendios y pérdida de cultivos.

Colombia está especialmente expuesta a estos impactos en casi todas sus regiones. Es el país de Latinoamérica con mayor nivel de riesgo ante fenómenos naturales extremos, como inundaciones y tormentas, de acuerdo con el informe WorldRiskReport, y se prepara para recibir los impactos del fenómeno de El Niño, el cual se prevé como el más intenso desde 1950.

Tras dejar la dirección del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la científica ambiental Ghisliane Echeverry Prieto conversa con Mongabay Latam sobre la situación que vive Colombia ante este evento de variabilidad climática.

La especialista sostiene que la adaptación climática va más allá de lo gubernamental, que requiere una reflexión colectiva e individual que permita asimilar riesgos, actualizar herramientas y tomar decisiones clave para los retos que enfrenta el país, priorizando la vida de las personas.

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—En un contexto de eventos climáticos extremos y con el fenómeno de El Niño actual, ¿qué lecciones está dejando la variabilidad climática sobre la capacidad real de Colombia para enfrentar sequías e incendios?

— Lo primero que hemos entendido es que el cambio respecto a la amenaza climática o a los temas ambientales van mucho más rápido de lo que la legislación o las instituciones pueden responder. El Ideam, por ejemplo, se creó hace 30 años y sigue con la misma estructura, esto hace que tengamos elementos “antiguos” para responder a una nueva realidad climática. Es como tener el Windows 98, cuando hoy estamos en la era de la inteligencia artificial (IA).

Colombia ha entendido que viene el reto de articularse para poner en funcionalidad y en operar instrumentos de gestión de riesgos. Dentro de esa política [de gestión de riesgos] hay tres elementos fundamentales: el conocimiento del riesgo, la gestión de riesgo y la atención al desastre.

El país ha avanzado de manera significativa en ese conocimiento del riesgo. Es un país que tiene un servicio meteorológico sólido, que tiene universidades que han avanzado en investigaciones importantes.

Colombia empezó a entender un poco más la prevención. Lo vi en el sector público, en el sector privado y en la ciudadanía. Empezamos a entender que no sólo se trata de mitigación, sino también de adaptación, ¿qué tan rápido vamos a lograr adaptarnos a esta nueva realidad climática que nos está llevando a una incertidumbre también muy grande?

Estamos ante un reto muy complejo por una razón y es que estamos ante lo desconocido. La pregunta es: ¿cómo nos estamos adaptando y qué acciones desde lo individual, desde lo colectivo y desde lo gubernamental nos están llevando a adaptarnos a esto? Colombia es uno de los países más vulnerables del mundo, con mayor número de desastres por causas ambientales, eso nos tiene que plantear una reflexión.

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—¿Cuáles considera que son los puntos críticos o herramientas por corregir y actualizar en Colombia?

— Es importante y fundamental la actualización tecnológica, pero hay otro pilar, el trabajo con la ciudadanía. Colombia es un país pluriétnico y muy diverso. Requiere que este trabajo se haga adaptado a las comunidades y a los contextos ambientales, geográficos, sociales y económicos. No crear soluciones estándares para todos.

Un tercer elemento es renovar la normativa. No podemos seguir mirando los riesgos ni lo ambiental como hace 30 años, cuando hablábamos de determinantes ambientales, cuando el cambio climático era una cosa que se veía como futuro.

—El Niño está desnudando crisis que pareciera que no son percibidas con gravedad, ¿qué consecuencias puede desencadenar su subestimación y cómo no bajar la guardia?

—Algo importante es la percepción social del riesgo. La meteorología es una ciencia muy compleja. El fenómeno técnico en sí es algo muy complejo para que sea apropiado por la ciudadanía. Hay varias cosas que fueron acertadas, como la advertencia temprana que se hizo. Prefiero una incertidumbre a tiempo que una certeza tardía.

El Niño no es un interruptor, él no viene a apagar las lluvias [en el caso colombiano]. Él viene a sobreponerse sobre todo lo que está ocurriendo y empieza a disminuir. Cuando llegue su pico y se cruce con la temporada de menos lluvias, que será en diciembre, ahí va a estar la cosa [el problema].

Hace tres años, en 2023, estábamos en una situación similar. Cuando estaba al frente del Ideam declaré El Niño en noviembre, se burlaron, no nos creyeron, muchas entidades bajaron la guardia y, meses más tarde, Bogotá estaba iniciando un racionamiento. Por primera vez en la historia, la capital se veía expuesta a un racionamiento de agua que duró casi un año.

El fenómeno de El Niño técnicamente está muy claro, está declarado, pero hay que hacer un tema pedagógico que no se le debería cargar al Ideam. Creo que las entidades territoriales, alcaldías, gobernaciones, colegios y universidades deberían estar hablando esto con fuerza.

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—¿Qué consecuencias puede desencadenar El Niño para el sector alimentario, de salud y energético?

—El Niño en Colombia es sequía. Significa que disminuyen las lluvias, aumenta la temperatura y disminuyen los caudales. Es claro que puede venir una sequía y un racionamiento de energía y de agua, pero, además, los alimentos empiezan a encarecerse.

Hay muchas comunidades que dependen del transporte fluvial y aumenta la probabilidad de incendios forestales. Es una situación muy compleja. Tú no tienes agua, tienes el país incendiado y esos incendios generan contaminación. Esa contaminación enferma a las personas por la calidad del aire. Todo empieza a colapsar: la salud, la energía, el agua, las olas de calor.

Sé que sonamos muy alarmistas, pero es que es algo que ya ocurrió en 2024 y es algo que puede venir con mucha mayor mayor fuerza en este 2026. Se cree que es el fenómeno de El Niño más fuerte porque estamos en el marco de una crisis climática.

Puede ser más complejo por los impactos acumulados. El país no ha terminado de recuperarse de El Niño anterior en muchos aspectos, no se han reorganizado muchas cosas porque el país tiene unos problemas internos muy complejos, que van desde el conflicto armado hasta el terremoto de hace dos meses.

—Los territorios ya enfrentan inundaciones, olas de calor y crisis de salud asociadas a la adaptación, ¿cuáles zonas o regiones considera más vulnerables a esta variabilidad climática?

—Casi todo el país tiene una exposición similar, pero la diferencia está en las vulnerabilidades. Por ejemplo, regiones como la Caribe ya están manejando unas crisis energéticas complejas: racionamientos y tarifas de energía muy altas. Esto se puede recrudecer y genera una situación de vulnerabilidad para la ciudadanía.

El sector agrícola en la región Caribe y Andina puede estar muy afectado. Los sectores productivos mueven la economía y hay un enfoque en comunidades vulnerables, pero también tiene que haber un enfoque en estos sectores. Yo no sé cuál es el plan para proteger al sector agrícola, porque el alimento es esencial.

Cuando escasea el agua se recrudecen los conflictos ambientales. Va a venir seguramente un conflicto entre la industria y la ciudadanía. Son cosas que también van a ocurrir y el gobierno tendrá que tener elementos para mediar.

Ahora más que nunca hay que defender la vida porque el futuro es muy incierto y muy complejo. Hay que pensar cuál va a ser la prioridad y esa relación que vamos a tener con algo que damos por sentado, que es el agua.

—¿Cuáles considera que son las causas estructurales de la deforestación que siguen sin atenderse y qué tan confiable sigue siendo el monitoreo para tomar decisiones?

—El Ideam tiene un sistema de monitoreo de bosques que es muy robusto, que ha pasado revisiones por pares, que se ha construido de acuerdo al contexto del país. No sigue una homogeneidad, incluye visores y seguimiento con Global Forest Watch.

Tal vez la deforestación en otros países sea por agricultura o porque las leyes lo permiten. En Colombia está absolutamente ligada al conflicto armado. Es una dinámica muy entrelazada, como si no se pudiera tener gobernanza sobre eso.

En el gobierno de Gustavo Petro se creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Asociados (Conaldef), un elemento interesante y efectivo porque ya no son esfuerzos aislados. Los ministerios se sientan en la mesa y empiezan a cruzar capas porque cada uno por separado no las logra conectar. Pasas de una visión reduccionista del problema a una visión sistémica y empiezas a cruzar información y encontrar incluso a los responsables de la deforestación.

—¿Una deforestación tan ligada al conflicto armado está generando respuestas de militarización?

—El gobierno del presidente Petro tenía una visión hacia la comunidad. Había elementos pilares, no es solamente uno, no se trata solamente de judicializar, porque además la deforestación también encuentra un caldo de cultivo en el abandono estatal.

Se hablaba de gobernanza forestal, de desarrollo agroambiental, de gobernanza con los pueblos indígenas. Tenemos que darles modos de vida sostenibles a las comunidades porque sucede igual que con la coca, la gente cultiva porque es rentable.

Pero la visión que tiene este gobierno claramente es otra. Yo creo que la militarización puede ser una reacción, pero no es una solución. Me preocupa que este gobierno se quede en la militarización.

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—El Ideam se ha caracterizado por basarse en el rigor técnico y científico, ¿durante su tiempo al frente de la institución hubo presiones políticas por matizar o retrasar información importante? ¿Considera que ese riesgo está presente ahora?

—No, tengo que decirlo abierta y públicamente, y el equipo que trabaja conmigo puede dar fe de eso: tuve autonomía técnica total.

La polémica que sí tuve que afrontar durante mi paso por el Ideam fueron los datos de deforestación en el 2023. Tuve que enfrentar asuntos jurídicos porque había personajes que además se ensañaron diciendo que nos habíamos inventado las cifras para favorecer al gobierno de Gustavo Petro. Tuvimos que ir a audiencias. Fue un proceso de defensa porque se comprobó que eran reales.

El equipo tiene un protocolo muy riguroso donde se revisan las imágenes, las causas y los agentes. Luego se vuelve a revisar. El proceso sí puede mejorar, pero hay todo un equipo que es casi que independiente porque no son funcionarios del Ideam, están contratados por la cooperación internacional, a través de Visión Amazonía [un programa que lleva varios años funcionando en Colombia].

—Uno de los escándalos de corrupción más grandes y recientes en Colombia tuvo como protagonista a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que hoy tienen una responsabilidad enorme ante los eventos que se presenten en los próximos meses. ¿Cómo ve actualmente la capacidad de acción de esta entidad? ¿Está preparada para enfrentar lo que se viene?

—La UNGRD es un organismo muy poderoso, necesario y creo que estructuralmente tiene todos los dientes para actuar.

La UNGRD tiene dinero disponible todo el tiempo, recursos, puede moverse porque está diseñada para atender emergencias en toda su estructura administrativa. Que Colombia tenga eso es genial.

Sé que tiene herramientas, instrumentos y dientes para actuar bajo el marco de la ley. Tiene los mecanismos de articulación y desde la gestión de riesgo pasó algo muy interesante: se decretó por primera vez una emergencia por variabilidad climática y no solamente por el fenómeno de El Niño. Eso permite moverse ante un frente frío, un incendio, una sequía o una inundación. La Unidad tiene la capacidad para actuar y hay que aprovecharla.

Imagen principal: Ghisliane Echeverry Prieto, exdirectora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) habla sobre la nueva realidad climática que enfrenta Colombia. Foto: cortesía Ghisliane Echeverry.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La malaria y el dengue son las dos enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos más comunes en el mundo. Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS)  sobre la malaria, en 2024 se registraron 282 millones de casos con 610 000 muertes. En cuanto al dengue, según la OMS, cerca de la mitad de la población mundial corre riesgo de contraer esta enfermedad y se estima que cada año ocurren entre 100 y 400 millones de infecciones.

Los responsables de la transmisión de estas infecciones son los mosquitos del género Anopheles, para la malaria, y Aedes, para el dengue. Insectos cuya proliferación tiene que ver con las variaciones climáticas, como el aumento de la temperatura por el cambio climático, así como la humedad y las lluvias.

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Un reciente artículo publicado el pasado 2 de octubre en la revista Science Advances, indagó, mediante revisión de estudios previos, qué está pasando con estas dos enfermedades, su relación con el cambio climático y cómo otros factores no climáticos afectan a estas enfermedades infecciosas.

“Nuestro objetivo con este artículo es describir los complejos vínculos entre los factores climáticos y la transmisión de la malaria y el dengue, así como el papel que desempeñan los factores no climáticos en dicha transmisión», explica Toby Cummings, coautor del artículo e investigador de la Universidad Monash en Melbourne, Australia.

La investigación Cómo afecta el cambio climático a las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos: las diferentes trayectorias de la malaria y el dengue  señala que pese a que los factores climáticos tienen efectos similares en la transmisión de la malaria y el dengue, la trayectoria de ambas enfermedades ha sido muy diferente desde mediados del siglo XX. Por un lado, la malaria ha estado en declive; mientras que el dengue está expandiéndose rápidamente.

La investigación también indica que los factores climáticos no son los únicos que determinan la transmisión de las enfermedades causadas por estos vectores, sino que también se deben tomar en cuenta la movilidad de las personas, el crecimiento demográfico, los niveles de inmunidad, el cambio de uso del suelo, la urbanización, las intervenciones de control y la calidad de los sistemas de salud.

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¿Qué está pasando con la malaria y el dengue?

“Si logramos comprender este panorama complejo, podremos orientar mejor las intervenciones, incluidas las medidas de control de mosquitos y las estrategias de prevención», afirma Cumming.

Cumming explica que el cambio climático no solo favorece la proliferación de los mosquitos, sino también la de los patógenos que transportan. En el caso de la malaria, es el parásito Plasmodium el que se desarrolla más rápidamente a temperaturas más elevadas; y en el caso del dengue, es el Flavivirus el que se replica con mayor rapidez a temperaturas más altas.

Sin embargo, los factores climáticos no son los únicos que influyen en la presencia de estas infecciones. «Uno de los principales hallazgos de nuestra revisión fue que los factores no climáticos pueden ayudar a explicar las diferentes trayectorias de ambas enfermedades: la malaria muestra un descenso a largo plazo, mientras que el dengue sigue aumentando», añade Cumming.

“La urbanización, por ejemplo, es un buen caso”, acota Cumming. Los mosquitos transmisores del dengue, explica, depositan sus huevos en recipientes artificiales, por tanto, están muy bien adaptados a las ciudades. “Dado que la población mundial tiende a vivir cada vez más en núcleos urbanos, esto ha favorecido la transmisión del dengue”, agrega el investigador.

Por el contrario, explica Cumming, los mosquitos que transmiten la malaria prefieren entornos naturales y aguas estancadas para reproducirse y poner sus huevos, por ello, la urbanización, lejos de favorecerla, ha limitado la malaria.

“Las proyecciones sugieren que el cambio climático seguirá expandiendo el rango geográfico que es apropiado para la transmisión”, se explica en el documento de la investigación. También se argumenta que lo que impulsa la incidencia de la malaria y el dengue “es una compleja combinación de variables climáticas, condiciones ambientales localizadas y multitud de factores no climáticos, incluidos el cambio de uso del suelo, la urbanización, el crecimiento demográfico, el movimiento de personas, la inmunidad de la población, la resistencia a los insecticidas y medicamentos, las intervenciones de control y la calidad de los sistemas de salud”.

En la investigación también se menciona que “aunque a largo plazo la malaria está en declive, los datos indican que en la última década hubo un aumento de la incidencia del 8.5 %”. “La mayor parte del resurgimiento de la malaria durante el último siglo se ha asociado con un debilitamiento de las medidas de control de la malaria, a menudo por las limitaciones de recursos, pero también debido a guerras o desastres”.

En el caso del dengue, la preocupación es mayor por su rápido aumento y, debido a esto,“están surgiendo nuevas intervenciones para el dengue que incluyen vacunas parcialmente efectivas y estrategias innovadoras de control de mosquitos”, señala la investigación.

Un factor adicional a tomar en cuenta actualmente es la presencia del fenómeno El Niño. Sobre este tema Cumming menciona que “este fenómeno altera los patrones de temperatura y precipitaciones, pero es imposible establecer una relación única entre El Niño y las tasas de malaria y dengue, ya que los efectos dependen mucho de la ubicación geográfica”, aclara. “Si bien hay factores globales como El Niño que influyen en la transmisión de estas enfermedades, modelar con exactitud cómo funciona dicha relación puede resultar muy complejo”, precisa.

Malaria y dengue en Latinoamérica

Un informe del Instituto Nacional  de Salud de Colombia, de 2020, señala que en América Latina hubo una disminución sostenida de malaria entre 2005 y 2014, sin embargo, desde 2015 hasta 2019 se presentó un incremento en el número total de casos principalmente en Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá.

“En Colombia, por ejemplo, cambió la proporción del parásito más abundante, pues siempre había sido Plasmodium vivax, el parásito más común en Colombia, pero en 2016 empezó a aumentar la proporción del Plasmodium falciparum, que es el mismo que hay en África y que, normalmente, acá estaba en una proporción menor. Con el tiempo se estabilizó en un 50 % de ambos y ahora nuevamente está dominando vivax”, comenta Camila González, profesora asociada del departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Los Andes, en Colombia, e investigadora del Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical (CIMPAT).

“Son dinámicas muy particulares, muy difíciles de predecir, no hay certeza de qué lleva a esos cambios para que ahora domine otro parásito”, agrega González y menciona que ello puede estar relacionado con las migraciones humanas.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina, en 2023, se registraron 505 600 casos de malaria, de ellos, el 92 % ocurrieron en Sudamérica. Brasil, Venezuela y Colombia concentraron el 80 % de todos los afectados.

El organismo internacional también señala que “los pueblos indígenas continúan siendo desproporcionadamente afectados”. En 2023, por ejemplo, representaron el 31 % de todos los casos de malaria y el 41 % de las muertes relacionadas con esta enfermedad en la región.

González también menciona casos como el de Venezuela, donde existe dificultad para el acceso al diagnóstico y al tratamiento de la malaria. El informe anual Situación de los Derechos Humanos en Venezuela 2025, elaborado por la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) da cuenta de esta situación, sobre todo con respecto a lo que sucede en las poblaciones indígenas.

La investigadora colombiana también menciona que la mayoría de las enfermedades transmitidas por vectores están incluidas en un grupo denominado “enfermedades tropicales desatendidas”, que son aquellas para las que no hay suficiente recursos para investigación, tratamiento y prevención, pero la malaria no está en ese grupo. “La malaria es la enfermedad que más recursos tiene, no es una enfermedad olvidada, y eso puede ser lo que genera ese efecto de disminución. No es porque haya condiciones climáticas que están favoreciendo la disminución, sino que esto va acompañado de todos los planes de eliminación de malaria”.

En cuanto al dengue, según la OMS, en 2024 los casos en Latinoamérica fueron un 437 % superiores al promedio de los últimos cinco años. Esta epidemia se ha extendido a zonas del sur de Brasil y el norte de Argentina, donde el virus del dengue no representaba un problema grave anteriormente.

César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa) de Perú, recuerda que en 2023 y 2024 ocurrió la epidemia más grande de la historia del dengue.

Munayco explica que en el caso de Perú, por ejemplo, el principal problema para la expansión del dengue es el agua, porque casi el 45 % de la población no tiene acceso al recurso las 24 horas del día. En lugares con limitado acceso al recurso, la población almacena agua en contenedores que se convierten en el hábitat perfecto para la reproducción del insecto, sobre todo durante la temporada de calor. Por ello, se recomienda tapar adecuadamente estos recipientes para evitar la presencia de los mosquitos.

“Este es el mayor problema y justo ocurre en las regiones donde tenemos mayor incremento de casos de dengue, que es la Amazonía. También en la costa norte donde solo entre el 16 % y 22 % de la población tiene agua las 24 horas del día. Son varios factores que se unen y agudizan el problema”.

El experto del Minsa pone otro tema sobre la mesa: la inmunidad. Al respecto explica que las epidemias de 2023 y 2024 en Perú han generado cierta protección, evitando que ocurra un incremento abrupto de dengue como se presentó en esos años. Aclara que pese a las condiciones climáticas actuales, considerando la presencia de El Niño, “la inmunidad previa frena un incremento mayor” de dengue.

Sin embargo, Munayco destaca que esa inmunidad puede durar entre año y medio y dos años, y aclara que sólo aplica para contagios con la misma cepa del virus y, hasta el momento, se conocen, cuatro cepas que producen el dengue. “Cuando ocurren epidemias, como en 2017, generalmente después disminuye el número de casos, porque se ha generado  inmunidad para los siguientes dos o tres años. Son factores importantes a tener en cuenta”.

Munayco señala que se están implementando algunas estrategias en Perú como la vacunación contra el dengue, que empezó en cuatro regiones, pero se ha ampliado a otras tres. No obstante, señala que los recursos para frenar esta afección pueden resultar insuficientes.

Con relación a la malaria, el experto explica que la mayor cantidad de casos en Perú  (cerca del 99 %) se presentan en la región Amazónica de Loreto. Menciona que en 2023 y 2024 hubo un incremento de casos y que una situación similar ocurrió en otros países de Latinoamérica debido a las altas temperaturas, a las deficiencias en el abastecimiento de agua las 24 horas del día y a las limitadas intervenciones.

*Imagen principal: El cambio climático puede aumentar o agravar los brotes de dengue, entre otras enfermedades, según el reporte. Foto: Ministerio de Salud de Perú.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La pérdida de alimentos, la reducción de pescado y mariscos así como el incremento de sus precios son riesgos reales para Latinoamérica, que ya enfrenta los impactos por el fenómeno meteorológico de El Niño con sequías, incendios, inundaciones y cambios en los patrones del océano que se reflejan en tu mesa.

Estos impactos no afectan a todas las personas por igual. Especialistas consultados por Mongabay Latam explican que las alteraciones provocadas por este fenómeno aumentan las desigualdades sociales y económicas en la región.

En Colombia, por ejemplo, un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria advierte que los cultivos que representan entre el 30 % de toda la producción nacional de alimentos —incluyendo a varios de la canasta básica— están en riesgo de perderse por los efectos de El Niño.

La pesca en México, una actividad de la cual dependen miles de personas, también se verá afectada por la disminución de especies comerciales causada por el calentamiento anómalo en el Pacífico.

Mientras que en el norte de Argentina, las comunidades indígenas ya resienten los efectos de las lluvias e inundaciones en sus cultivos, así como la crianza de animales que utilizan para alimentarse y subsistir.

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El Niño le puede costar un tercio de la comida a Colombia

Papa, cebolla, maíz, arroz, banano y yuca son algunos de los principales alimentos que se producen y consumen en Colombia. El aumento de las temperaturas y la alteración en las lluvias provocadas por El Niño puede costarle al país la pérdida de 8 460 000 toneladas de comida, lo que representa entre el 30 % de toda la producción nacional, de acuerdo con un análisis hecho por la Red por la Defensa de la Reforma Agraria.

De acuerdo con el mapeo —el cual se basó en pronósticos oficiales de lluvias, evaluaciones agropecuarias municipales y calendarios de siembra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)— el impacto más fuerte no llegará este año, cuando más falta el agua, sino entre febrero y mayo de 2027 cuando se recolectan las cosechas.

Por esta razón, el mapeo identifica dos riesgos distintos en la siembra y la cosecha de alimentos.

Por un lado se considera el impacto en las semillas que no germinan o cuya siembra se aplaza por que el suelo está seco. Este riesgo se enfoca entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Mientras que el riesgo para la planta que germinó es distinto pues rendirá menos por el agua faltante durante el proceso y podrá ocurrir desde octubre de 2026 hasta agosto de 2027, con picos entre febrero y mayo.

Cristian López, integrante de la Red por la Defensa de la Reforma Agraria y uno de los autores del análisis, explica que la ausencia de lluvias en esos meses clave repercutirá después en alimentos básicos para la población.

“Hemos identificado que las cadenas alimentarias más afectadas van a ser el maíz, el plátano, la papa, el arroz, la yuca, el frijol, el aguacate. Esos cultivos alimentarios van a ser profundamente afectados y tendrán un impacto muy profundo en el hambre, en la pobreza y en las brechas de desigualdad en Colombia”, expone el investigador a Mongabay Latam.

El análisis advierte los puntos de sequía más críticos en diferentes momentos, acorde a la región y cultivo. Por ejemplo, se espera que la lluvia en La Guajira, al norte de Colombia, se reduzca más del 95 % en diciembre, así como un 85 % en el Caribe. Mientras que para el eje cafetero y el alto Magdalena el punto crítico es ahora, en septiembre, con una reducción de la lluvias del 74.6 % en Quindío; 68.2 % en Tolima; y 67.8 % en Huila, departamentos que incluso han enfrentado incendios forestales en las últimas semanas.

La red publicó también esta herramienta para que los campesinos y productores puedan conocer el nivel de riesgo por municipio y cultivo en este periodo, así como saber qué mes exactamente puede ser el más crítico en sus regiones.

La Red precisa que este esfuerzo es parte de un llamado para que el Gobierno de Colombia, encabezado desde agosto por Abelardo de la Espriella, destine una partida presupuestal para atender el tema y revierta el recorte previsto al sector agropecuario, pues los impactos no solo pueden encarecer los alimentos sino también dejar sin ingresos al sector campesino.

López explica que la gran mayoría de las medidas de prevención y atención parten de activar el presupuesto para, por ejemplo, compras públicas anticipadas, gestión de reservas, créditos para los productores y acceso a seguros para quienes arriesgan sus cultivos.

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Incertidumbre para la pesca en México

Originado por el calentamiento de la superficie del océano Pacífico, El Niño también se refleja en el cambio de la distribución de organismos marinos y, por lo tanto, en la ausencia de peces y especies comerciales. Esto representa un gran riesgo para la pesca en México, que concentra la mayoría de su actividad en el Pacífico y de la cual dependen directamente más de 333 630 personas.

Uno de los efectos principales que causa el fenómeno climático es el cambio en la distribución de los organismos. Las surgencias costeras —zonas de ascenso de aguas profundas y ricas en nutrientes— se ven alteradas, por lo que muchas especies que se alimentan en ellas migran a aguas más profundas y frías.

Esto dificulta más la actividad pesquera de muchas especies. Antar Pérez Botello, especialista en ciencias marinas de la organización Oceana, explica que los impactos se reflejan tanto en peces que “pueden ir a zonas más frescas, donde encuentran alimento”, como en especies que no migran, como moluscos y ostras.

También precisa que con las altas temperaturas de El Niño habrá mayor blanqueamiento de corales e incluso una menor productividad, por ejemplo, del ostión de roca, debido al mayor estrés.

Otro ejemplo ocurre en las costas de Oaxaca, donde la pesca del huachinango o pargo rojo (Lutjanus peru), una especie comercial clave, es cada vez menor debido al incremento de la temperatura del agua.

Pero un clima mucho más adverso no solo cambia la distribución de las especies. Pérez agrega que pescar puede volverse una actividad de riesgo ante cambios abruptos en el Pacífico, como recientemente ocurrió con el huracán Polo, que escaló de tormenta tropical a huracán categoría 5 en tiempo récord frente a las costas de Guerrero.

Estas circunstancias, explica Pérez, ponen en mayor incertidumbre a las personas que se dedican a la pesca ribereña en el Pacífico, especialmente en la captura de camarón, de túnidos, huachinangos y toda la escama marina.

Para el especialista en ciencias marinas, los efectos de El Niño en la pesca no solo se quedan en la costa, pues afirma que son más de dos millones de personas las que están involucradas en toda la cadena de valor, sin considerar los consumidores finales.

“Nos va a afectar de manera integral a toda la población”, afirma.

Actualmente, Oceana trabaja con comunidades costeras en planes de manejo pesquero que les permitan adaptarse a un clima cambiante y dinámico. “Vamos a poder responder de una manera mucho más informada, con la mejor ciencia disponible y entendiendo que estos patrones son el clima que nos toca enfrentar”.

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Comunidades indígenas de Argentina, con mayores retos para obtener comida

A diferencia de otras regiones de Latinoamérica, en el norte de Argentina El Niño potencia la estación de fuertes lluvias e inundaciones. Para las comunidades del pueblo vilela, estos efectos ya se sienten dentro de la provincia de Santiago del Estero.

Deolinda Carrizo, integrante del pueblo vilela y de la Coordinación Nacional del Movimiento Nacional Campesino Indígena en Argentina (Mocase), cuenta que estas condiciones ya representan un riesgo alimentario para las comunidades que dependen de la agricultura familiar, la cría de animales y el monte nativo.

“Estamos en alerta máxima con el fenómeno de El Niño y nos están desmontando el monte. Lo están desmontando para el monocultivo. Ahí es donde también se rompe una barrera de contención para que estas cosas se paren”, explica la dirigente a Mongabay Latam.

Cuenta que por las fuertes lluvias y granizo han dejado de recolectar frutos como el algarrobo, que les brinda alimento tanto a ellas como a sus animales. Incluso estos efectos han mantenido inundada la zona de bañados, un conjunto de lagunas naturales, donde han perdido a algunos de sus animales de crianza.

“Normalmente las familias en invierno viven en la zona alta y en verano vuelven al bañado, pero en estos últimos meses prácticamente las familias no han podido volver porque sigue habiendo agua y las crecidas repentinas les han matado cabras, vacas, ovejas, yeguarizo que son la economía de las familias”, comenta Carrizo.

En años anteriores, dice Carrizo, las comunidades tenían acceso a un fondo de emergencia climática que les permitía paliar un poco los impactos del fenómeno climático. Sin embargo, hoy ya no es posible por lo que son las propias comunidades vilelas las que han sostenido entre ellas.

“Las familias tenían para plantar de nuevo un vivero. Hoy no hay nada. La Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y de la pesca artesanal ha sido eliminada”, cuenta la dirigente.

“Tratamos de compartirnos desde el huevo de gallina hasta un puñado de semillas, porque en muchos casos se han perdido por la inundación los cultivos por la sequía. Otra forma es el intercambio de reproductores”, expone Carrizo.

“En esta etapa tenemos no solo para compartir saberes y prácticas, sino que también queremos que se nos incluya en las soluciones que podemos aportar para que no nos afecte más”, sostiene.

*Imagen principal: los impactos de El Niño en Colombia ponen en riesgo al 30 % de la producción nacional de alimentos. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este domingo, Colombia decidirá quién será su próximo presidente: el candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda, del Pacto Histórico; o el opositor de ultraderecha Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Ambos han ampliado recientemente las propuestas ambientales en sus planes de gobierno, las cuales se enfrentan principalmente en la protección y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Después de la primera vuelta, cuando De la Espriella ganó con un porcentaje del 43.74 % frente al 40.90 % de Cepeda, los candidatos emitieron nuevos documentos como parte de sus planes de gobierno, en los que profundizan las propuestas en temas como deforestación, minería ilegal, combustibles fósiles y adaptación climática. También, en la situación de personas defensoras del territorio y derechos humanos.

La campaña de Cepeda y su candidata vicepresidencial, Aida Quilcué, publicó recientemente el documento “Tres Revoluciones para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”, donde detalla más a fondo con respecto a su plan anterior las medidas para una agenda ambiental centrada en justicia climática y atención a las causas estructurales de los conflictos socioambientales.

Por otro lado, De la Espriella, junto con José Manuel Restrepo como candidato vicepresidencial, emitió la agenda ABC (Agua. Biodiversidad. Comunidades), en la que plantea la bioeconomía y la protección ambiental como un asunto que se vincula con la productividad económica, la seguridad y la inversión.

Mongabay Latam analizó estos planes de gobierno junto a expertos y consultó a quienes asesoran a los candidatos para contrastar las dos visiones ambientales que si bien coinciden en algunos temas prioritarios difieren en iniciativa y estrategia.

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Defensores del territorio, entre estrategias de seguridad y de derechos humanos

Ambas campañas reconocen la crisis de violencia que enfrentan las personas defensoras del territorio y de derechos humanos, pero sus propuestas plantean diagnósticos y caminos diferentes para enfrentar un problema que afecta a Colombia desde hace décadas.

Como parte de una “revolución ética”, la campaña de Cepeda propone mantener la iniciativa de Acuerdos de Paz, diálogo social y medidas de protección a comunidades y personas defensoras. También plantea la creación de la “Red Nacional de Defensoras y Defensores de la Vida» y un fondo para su sostenibilidad, con el objetivo de garantizar condiciones dignas para el ejercicio de su labor.

“Las comunidades indígenas jugarán un papel activo y protagónico en la política de paz del gobierno», afirma en documento.

Uno de los programas de bienestar social también incluye una remuneración económica para al menos 5000 líderes sociales en regiones de alto riesgo, buscando garantizar “condiciones materiales de dignidad y estabilidad para quienes dedican su vida a la defensa de las comunidades”.

En tanto, la campaña de De la Espriella aborda la violencia ambiental como un enfoque de seguridad y, ante la ausencia del Estado, plantea la recuperación del control territorial frente a los grupos armados mediante un control “militar-policial” en zonas críticas.

La bióloga marina Sandra Bessudo, fundadora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos y asesora ambiental de la campaña de De la Espriella, aseguró a Mongabay Latam que la protección de líderes ambientales, sociales y comunitarios debe acompañarse del fortalecimiento en justicia, inteligencia y la fuerza pública.

“La mejor política para proteger a los líderes ambientales es derrotar a las organizaciones criminales que hoy están detrás de la deforestación, la minería ilegal, el narcotráfico y buena parte de la violencia que golpea a la Amazonía, el Cauca y otras regiones del país”, dijo la ambientalista en diálogo con este medio.

Un dato: ninguna de las campañas menciona entre sus propuestas mejorar la implementación del Acuerdo de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental de Latinoamérica que enfrenta grandes retos para lograr la protección de personas defensoras del territorio en Colombia, que en 2025 tuvo el año más violento para este sector desde la asunción de Gustavo Petro.

Laura Restrepo, de la organización Climate Action Network Latin America (CANLA), advierte varios vacíos en ambas propuestas sobre cómo abordar la protección de líderes ambientales frente a la realidad del país.

“Hace falta un abordaje integral de las rutas para defender derechos de los y las defensoras del ambiente y los derechos humanos, entre otros”, dijo la oficial de incidencia de la organización internacional.

Para Natalia Escobar, coordinadora de justicia ambiental de la organización DeJusticia, hace falta una mayor perspectiva de derechos humanos en el plan presentado por De la Espriella.

“Es necesario el reconocimiento de la relación de ambiente y derechos humanos y que las comunidades no sean vistas como beneficiarias de programas, sino también sus propuestas de conservación que hoy día también son las que han mantenido y han sostenido el bosque”, afirmó.

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Fórmulas repetidas contra la deforestación

Las candidaturas que buscan la Presidencia de Colombia identifican varios motores de la deforestación en las economías ilegales y el crecimiento desordenado de actividades, como la expansión ganadera, el acaparamiento de tierra y de la frontera agropecuaria, así como en débil presencia del Estado en zonas críticas, pero nuevamente difieren en las alternativas.

De la Espriella plantea la persecución penal a financiadores y promotores de la deforestación, un sistema de alerta con monitoreo satelital y contención de la frontera agrícola en ecosistemas estratégicos. Pero, además, pone el foco en una visión económica y propone el impulso de la bioeconomía para “transformar conocimiento, recursos biológicos y capital natural en nuevos mercados, cadenas productivas y ventajas competitivas para el país”.

“La campaña plantea que la deforestación no se enfrenta solo con fuerza pública. Se propone avanzar en titulación y catastro multipropósito, fortalecer sistemas agroforestales, productos no maderables del bosque, turismo de naturaleza, pagos por servicios ecosistémicos, restauración remunerada y cadenas productivas legales”, explicó Bessudo.

La experta que asesora al candidato de ultraderecha agrega que en regiones como la Amazonía y Parques Nacionales se buscará crear alternativas económicas para que “conservar sea más rentable que deforestar”, así como medidas que incluyen fortalecer los pagos por servicios ambientales, créditos de biodiversidad, bonos verdes, canjes de deuda por naturaleza y esquemas de financiamiento climático.

En tanto, Cepeda propone como parte de la “revolución ambiental” y agraria impulsar medidas como una nueva Ley de Ordenamiento Territorial construida con las comunidades y territorios, teniendo como principios el respeto por el agua, la biodiversidad y la diversidad cultural de Colombia.

“Promoveremos estatutos especiales para regiones estratégicas como la Amazonía y el Pacífico, orientados a consolidar modelos de desarrollo sustentados en la protección ambiental, la soberanía territorial y las economías regenerativas”, sostiene la campaña que también busca cumplir con la meta de cero deforestación 2030.

En este tema, Escobar considera que ambos planes retoman fórmulas pasadas para frenar la deforestación.

En el caso de Cepeda, la especialista detecta dos elementos que dan continuidad a la política del actual presidente Gustavo Petro: un modelo de inteligencia militar y los pactos territoriales con comunidades, una estrategia que le ha permitido a la actual administración reducir la deforestación durante el primer tramo de gobierno, señala.

“No hay mucha profundización desde su plan de gobierno en el tema de forestación, pero deja claro que busca avanzar alrededor de una estrategia de inteligencia y de seguimiento de grandes capitales alrededor de la deforestación, que da como resultados, por ejemplo, las capturas de [supuestos deforestadores] de la semana pasada en el Meta”, aseguró la especialista a Mongabay Latam.

En la propuesta de De la Espriella, la experta ve una estrategia similar a la del expresidente Iván Duque, que aborda la deforestación como un problema únicamente de economías criminales.

“Está retomando la estrategia de comando y control, militarización de parques nacionales, una tesis que planteó Iván Duque en el pasado cuando implementó el modelo de Operación Artemisa”, sostuvo Escobar y agregó que es una visión incompleta del fenómeno. “La investigación que hemos realizado alrededor de la deforestación y ganadería da cuenta efectivamente de un rol sobre el vínculo con economías ilegales, pero también una participación directa de la economía formal y lícita dentro del proceso”, explicó.

Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que si bien los nuevos planes de gobierno dan mayor importancia a los temas ambientales no se plantean de forma integral reconociendo sus complejidades.

“Lo fácil de comunicar y gana votos es decir ‘combate a la ilegalidad’, pero la complejidad y lo que está debajo de la punta del iceberg es la comida, la expansión de la frontera agrícola, la expansión de la ganadería y el acaparamiento de tierras. El reconocimiento de esa complejidad es lo que no estamos viendo en ninguno de los programas”, dijo el especialista a Mongabay Latam.

De acuerdo con el plan del candidato de la izquierda, se busca transformar los núcleos activos de pérdida de bosque en territorios de restauración y bioeconomía comunitaria, a través de figuras como las concesiones forestales campesinas y otros mecanismos de ordenamiento territorial.

“Esta estrategia tendrá especial prioridad en regiones como la Amazonía, el Bajo Cauca, el Catatumbo y el sur de Bolívar”, detalla el documento.

También se busca implementar y articular la figura de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), así como sus sistemas propios y jurisdicciones en salud, educación, ambiente, justicia e infraestructura desde los gobiernos propios. “Esta apuesta implica superar las limitaciones que han impedido su materialización y avanzar hacia una administración integral del territorio desde el principio del reconocimiento de los gobiernos indígenas”, subraya la plataforma.

Mongabay Latam buscó en repetidas ocasiones a la exministra y coordinadora de Ambiente de la campaña de Iván Cepeda, Susana Muhamad, para ahondar en las propuestas ambientales clave del candidato, pero hasta la publicación de esta nota no se tuvo respuesta.

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Leyes contra la minería ilegal

Tanto De la Espriella como Cepeda coinciden en la amenaza socioambiental que representa la minería ilegal, especialmente por su vinculación al mercado internacional de oro y el control que grupos armados tienen sobre esta actividad en los territorios. Proponen diferentes respuestas, como cambios en la ley para enfrentar el fenómeno.

La campaña de De la Espriella plantea una Ley contra la Extracción Ilícita de Minerales que diferencia la “minería criminal, minería informal, minería de subsistencia, minería ancestral y pequeña minería en proceso de formalización”.

En este proceso plantea distintos plazos para la conversión de quienes se dedican a esta actividad: después de 18 meses, quien no haya iniciado el trámite será considerado “operador de extracción ilícita”.

“Reformaremos el canon superficiario para castigar los títulos especulativos», dice el programa. Además, plantea crear varios órganos y estrategias específicos en el Estado: Planes Mineros Unificados a nivel departamental y municipal; y «un Área Especial de Control Territorial contra la Extracción Ilícita, donde el Ejército y la Policía tendrán un rol protagónico y permanente en las zonas críticas (Bajo Cauca y La Mojana, Chocó biogeográfico y Cauca-Nariño)”, detalla la propuesta de Defensores de la Patria.

Sobre los proyectos de minería legal, Bessudo asegura que deberán contener “estrictas medidas de corrección, mitigación, compensación y restauración” por parte de los responsables. “En relación con las autoridades de otros países para atender economías ilegales, se promoverá una cooperación y monitoreo real Estado a Estado y con las autoridades de los países limítrofes, así como esquemas de cooperación con países más desarrollados en temas tecnológicos y control de economías ilegales y deforestación”, agregó.

Si bien el ABC de la campaña de De la Espriella sostiene que se deberán cumplir estándares ambientales y sociales rigurosos, esto contrasta con los pronunciamientos que ha realizado el candidato sobre mecanismos como la consulta previa, libre e informada a comunidades, al cual ha calificado como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Mientras tanto, Cepeda propone crear una nueva Ley Minera que “ordene socioambientalmente la actividad”, con la participación ciudadana y mayor participación del Estado para recuperar su control en el sector.

“Trabajaremos por el retorno del Estado al ciclo minero, buscando su participación directa en la producción, transformación y comercialización, así como en la industrialización del sector. Esto permitirá fortalecer economías locales, reducir la informalidad mediante alianzas con las comunidades mineras y avanzar en la superación del modelo extractivo”, señala la propuesta.

Andrés Camacho Morales, exministro de Minas y Energía en el gobierno de Petro y parte del comité programático de Cepeda, afirmó a Mongabay Latam que la campaña del candidato plantea fortalecer un monitoreo de elementos estratégicos contra la actividad ilegal en el país.

Camacho considera que Cepeda asume avanzar con el legado de Petro en algunas cuestiones: un monitoreo sobre los minerales estratégicos, mecanismos para la trazabilidad, principalmente en el oro, donde el aumento de los precios ha tenido impactos también por la minería ilegal. «Ahí la tecnología será clave y se requiere una mayor presencia institucional del Ministerio de Minas y Energía y de la Agencia Nacional de Minería”, reconoció Camacho.

Afirmó, además, que la propuesta de fondo también es un nuevo modelo minero.

“Nuestro candidato ha señalado la necesidad de una nueva ley minera que permita resolver problemas del pasado, de informalidad e ilegalidad pero también garantizar un ejercicio soberano y responsable de la minería”, afirma.

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Fany Kuiru Castro, líder del pueblo uitoto e integrante de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), sostiene hay una preocupación de los pueblos indígenas ante varias de las propuestas que abordan economías ilícitas en la región.

“Estamos proponiendo la recuperación, la restauración y la regeneración del 80 % de la Amazonía porque según los estudios la degradación ya ha avanzado”, sostuvo la dirigente durante un seminario organizado por el Grupo de Financiamiento Climático de Latinoamérica y el Caribe (GFLAC).

También cuestionó los planteamientos que sólo se centran en el aspecto de la seguridad. “El Gobierno y los Estados han creído que hacer presencia en los territorios más alejados es militarizar. Estamos repitiendo la misma historia y agravando la situación de derechos humanos. Se requieren políticas públicas claras, de frontera y que por fin hablemos de temas regionales y globales”, sostuvo.

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Extremos energéticos en campaña más allá del fracking

La política energética es quizás el tema donde los candidatos presidenciales tienen mayores diferencias en sus propuestas de gobierno. Por un lado, Cepeda se ubica en una posición que busca la descarbonización acelerada, prioriza la salida de los combustibles fósiles y la expansión de las energías renovables. En cambio, De la Espriella se mantiene en la explotación de los hidrocarburos por sus beneficios fiscales y económicos.

La campaña de De la Espriella argumenta que la transición energética debe ser ordenada y no un “salto al vacío». Si bien señala que habrá un impulso a la energía solar, eólica e hídrica, el candidato ha dado mayor prioridad a la extracción de combustibles fósiles.

Incluso ha propuesto la explotación del fracking «con responsabilidad ambiental». Su campaña sostiene que mediante “pilotos regulados, evaluados con la mejor ciencia disponible y veeduría independiente” se buscará decidir con evidencia científica.

“La campaña no propone desarrollar fracking en Parques Nacionales ni en ecosistemas estratégicos, páramos, humedales Ramsar, zonas de recarga hídrica, acuíferos estratégicos”, aseguró Bessudo, asesora de la campaña.

De acuerdo con la especialista, el uso de fracking se tiene pensado en lugares donde “no existan determinantes ambientales que la hagan inviable». «Todas las decisiones respecto al impulso del fracking se toman con rigor científico, legal y social”, argumentó.

Sin embargo, la campaña omite información y evidencia sobre los impactos de esta actividad en las fuentes de agua, el ambiente y la salud de las personas expuestas a sus efectos.

Por otro lado, Cepeda se ha pronunciado abiertamente contra esta técnica de explotación del gas y petróleo en el subsuelo argumentado que bajo esta lógica se han perdido ecosistemas.

El candidato, que propone avanzar hacia una transición “democrática y participativa”, plantea acelerar el cambio de la matriz energética del país para alcanzar al menos 10 gigavatios de energías renovables no convencionales mediante el desarrollo de fuentes más limpias como la solar y la eólica.

Al mismo tiempo, Cepeda propone que Ecopetrol, la mayor empresa petrolera de Colombia, no sea privatizada. “La defenderemos como patrimonio público y eje de la transición energética, consolidándose como una empresa multienergética que fortalece su base en hidrocarburos mientras avanza en energías limpias como la solar y la eólica”, sostiene.

Como asesor de la campaña, Camacho destacó la propuesta de verificación y reorientación en el sistema de regalías sobre combustibles fósiles y minerales estratégicos para que la riqueza ayude a combatir desigualdades.

“Iván Cepeda ha propuesto nuevos mecanismos participativos para que junto con las comunidades se defina el uso y se verifique cómo se van utilizando esos recursos de la extracción», afirmó. Además, planteó que esos recursos sean destinados también al apalancamiento financiero para que las regiones y los territorios puedan avanzar en la transición energética.

Promesas de adaptación, ante la crisis climática

Las dos candidaturas también reconocen que los efectos de la crisis climática ya se viven con sequías, inundaciones, aumento del nivel del mar y fenómenos extremos, pero difieren en las propuestas para adaptarse a la nueva realidad.

Cepeda propone una reforma a la ley de servicios públicos que incorpore mecanismos de adaptación y mitigación climática, enfocada en la protección de las cuencas hídricas, la restauración ecológica y nuevas fuentes sostenibles de abastecimiento de agua en regiones especialmente vulnerables.

“Nuestro propósito será avanzar hacia una verdadera convergencia entre el Sistema Nacional Ambiental, las políticas de cambio climático y los sistemas de gestión del riesgo», dice la plataforma de la izquierda. La principal estrategia de prevención de la crisis climática, dice, se basa en la protección de los ecosistemas, el fortalecimiento de los territorios y el cuidado del agua.

En tanto, De la Espriella se enfoca en mecanismos para generar financiamiento y recursos que permitan movilizar inversión, aumentar competitividad y “convertir el capital natural en una fuente sostenible de crecimiento económico”.

Roa-Clavijo señala que el programa de De la Espriella tiene acciones más claras que el de Cepeda en cuanto a medidas de adaptación, sin embargo considera que ambas son muy ambiguas para los efectos que ya se viven en Colombia por la crisis climática.

“La adaptación no se puede quedar solamente dentro de un eje ambiental, tiene que estar transversal en la salud, en la economía, en la productividad, en el turismo. Vemos que está mencionado, como un saludo a la bandera por mencionar el tema, pero no se desarrolla de manera mucho más específica”, señaló el académico.

También advierte que quien gane deberá inmediatamente trabajar en la entrada del fenómeno de El Niño para lo que resta de 2026 y el primer semestre de 2027.

“Ambientalmente, quien llegue a la Presidencia va a tener que mostrar su capacidad para gestionar los desafíos que esto va a tener. Tendrá que activar rutas de reacción rápida, una línea de prevención, un enfoque que el país por muchas décadas no ha tenido. La pregunta es cómo van a hacer una propuesta de largo plazo de prevención y no solamente de atención a la emergencia”, advirtió Roa-Clavijo.

* Imagen principal: Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella buscarán ganar la Presidencia de Colombia este 21 de junio. Fotos: Facebook Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los cambios en el clima están modificando la vida en el planeta. Especies de plantas y animales migran de lugares donde las temperaturas se están elevando para buscar espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Esta sucede en la Amazonía y también en los Andes; en los bosques y las montañas; en los ríos y los lagos.

No son cambios en el futuro, sino situaciones que se presentan en el presente. Es por eso que este año el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, se centra en el cambio climático, en las señales urgentes que envía el planeta y en las respuestas que estamos dando.

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En este día, Mongabay Latam ofrece una mirada a los aportes que se están haciendo desde la ciencia para investigar y entender cómo influye el cambio climático en Latinoamérica. Una investigación sobre corredores climáticos en la Amazonía, otra sobre los impactos del cambio climático en peces de los ríos de México y un análisis de cómo los incendios se han intensificado en la Patagonia argentina por el cambio climático son las tres experiencias que presentamos.

Corredores climáticos en la Amazonía

Los cambios del clima en los ecosistemas llevan a especies de plantas y animales a buscar otros espacios en los que puedan adaptarse para sobrevivir. En la Amazonía, muchas de estas migraciones ocurren desde las zonas bajas de la selva hacia gradientes más elevadas, hacia las montañas.

Estos movimientos de adaptación llevaron a un grupo de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos —con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore— a analizar los denominados corredores resilientes al cambio climático o corredores climáticos, es decir, espacios geográficos que conectan hábitats.

“Las plantas y animales amazónicas necesitan moverse para evitar el impacto del cambio climático y su válvula de escape son bosques intactos y conectados que suben desde elevaciones bajas a elevaciones más altas”, explica a Mongabay Latam Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica (ACCA) y una de las autoras de la investigación.

El estudio Evaluación a escala regional de corredores resilientes al clima y conectividad en la Amazonía, publicada en la revista científica Global Ecology and Conservation, permitió determinar que en la Amazonía occidental, principalmente en Perú, se concentran los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Estos son territorios clave para la resiliencia climática de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

También se identificaron áreas importantes en el este de Ecuador, el suroeste de Colombia, el norte de Bolivia, el norte de Brasil, el centro-norte de Guyana y la mayor parte de Surinam. “El Escudo Guayanés, en la Amazonía septentrional, representa otra región que puede contribuir a la resiliencia climática, importante para especies con menor capacidad de dispersión que no pueden alcanzar los Andes”, afirma el estudio.

En total se lograron determinar más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura, además de 10 corredores prioritarios aún no protegidos.

Vriesendorp señala que existe evidencia de que hay árboles subiendo la montaña en el Valle de Kosñipata, llamado “tierra de las nubes” y ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, en el sureste de Perú. Lo mismo ocurre con especies de árboles en el norte de Colombia. También menciona un estudio que demuestra que las aves se están moviendo hacia arriba en el Cerro de Pantiacolla, en Perú. “Es un área de investigación activa donde los estudios a largo plazo, en áreas bien conservadas, son los que más nos iluminan en este momento”, comenta.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas principalmente por la deforestación asociada con carreteras, actividades extractivas como gas, petróleo, minería y agricultura. “Actualmente la presión de petróleo y gas es más fuerte en la parte norte de la cadena andina, Colombia y  Ecuador, mientras que la minería es más fuerte en la parte sur de la cadena andina, Perú y Ecuador, igual que en el Escudo Guayanés, Venezuela, Guyana y Surinam”, agrega la experta.

Vriesendorp dice que para que se puedan conservar esta áreas se deben reconocer los bosques que cubren gradientes altitudinales [cambios progresivo en las condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad) y en la biodiversidad a medida que varía la altura sobre el nivel del mar] como zonas prioritarias para la conservación, trabajar con la población local para entender la mejor forma de proteger esos bosques, lograr el establecimiento de áreas nuevas de conservación y manejo de esos bosques y restaurar bosques en áreas claves para la conectividad altitudinal.

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Enfrentando el fuego en la Patagonia

Los incendios registrados en la Patagonia este año han sido los peores en seis décadas, según un informe de la organización Greenpeace. Este reporte indica que entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego destruyó 60 845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en el sur de Argentina. Entre las zonas afectadas por el fuego se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años.

“Los incendios siempre estuvieron en la Patagonia, son ecosistemas en los cuales el fuego siempre estuvo presente. Sin embargo, desde hace 20 ó 25 años lo que estamos observando es un comportamiento distinto de los incendios. Se están transformando en más severos, en más recurrentes”, señala a Mongabay Latam Javier Grosfeld, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Patagonia Norte.

Grosfeld afirma que hay una serie de drivers climáticos -factores que modifican el clima- que explican el comportamiento del “fuego excepcional que estamos viendo en los últimos años”. Uno de ellos es la disminución de las precipitaciones, lo que significa que hay un déficit hídrico sostenido desde hace unos 20 años, explica el experto. Esto, sumado al aumento de las temperaturas en la Patagonia ocasiona la desecación del material orgánico combustible que se encuentra en los bosques y favorece la propagación extrema del fuego. “Lo que está pasando es que tenemos temporadas de incendio más largas, con olas de calor más largas que afectan el comportamiento del fuego”.

Otro driver importante, comenta Grosfeld, es que desde el año 2000, las probabilidades de tormentas eléctricas, disparadoras de los incendios naturales, que antes eran excepcionales en Patagonia Norte, aumentaron unas 70 veces. “Entonces, tenemos menos agua, más calor y más tormentas eléctricas”, argumenta.

“Lo que pasa en la Patagonia es una combinación entre el cambio climático y el factor humano porque tenemos mucha más gente viviendo en el bosque y eso también desencadena la complejidad de los incendios forestales en la Patagonia Norte”, agrega Grosfeld.

Para enfrentar los incendios que se agudizan por el cambio climático, Grosfeld considera que una iniciativa importante sería establecer un observatorio de los fuegos del sur, “un lugar de aprendizaje, de transferencia de conocimientos y de reflexión sobre el proceso que trae el cambio climático respecto a los incendios forestales en la Patagonia”.

Bajo esa perspectiva, el experto señala que desde los sectores académicos, científicos, organizaciones ambientalistas y activistas por el medioambiente están promoviendo “una especie de observatorio-foro-escuela” que permita canalizar las experiencias. “Es un trabajo a largo plazo. Aún no hay una organización que nos unifique, pero sí hay muchas voces. Cooperativas, partidos políticos, sindicatos se han acercado al tema del fuego porque los incendios empezaron a tocar a todos”, reafirma el experto.

Grosfeld también considera fundamental la “detección temprana del fuego” así como el “ataque inicial proactivo”. “Llegar rápido y poderlo contener a tiempo es fundamental”, agrega. Sin embargo, Grosfeld también menciona los desafíos que se presentan para una respuesta rápida. Una de ellas es la gran extensión de la Patagonia y la otra es la atención en las zonas de interfase, es decir, en el espacio entre el bosque y las ciudades, donde también hay viviendas establecidas.

En estos casos, dice el experto, se debe manejar el bosque, reducir la vegetación que se pueda convertir en combustible para el fuego. “Se deben despejar las vías de acceso, contar con reservorios de agua en el territorio para que cuando lleguen los bomberos no se queden sin agua. Estamos hablando de superficies extensas. Todo eso requiere inversión que históricamente no se ha hecho. La prevención es un tema a largo plazo y si no se empieza siempre vamos a estar tarde”, comenta Grosfeld. “La discusión actual pasa por tener comunidades más resilientes, mejor preparadas para los incendios forestales, con mayor prevención y eso es lo que está exigiendo la sociedad”, concluye el experto.

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Los peces en México

“México alberga 677 especies nativas de peces de agua dulce, que además tienen un alto endemismo y muchas de ellas sostienen la mesa y el ingreso de familias enteras de pescadores artesanales”, señala el biólogo Rafael Sebastián Muratalla-Miranda, autor principal de la investigación Peces de agua dulce mexicanos: identificación de prioridades de conservación y áreas de alto riesgo para la pesca en el contexto del cambio climático.

El cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de agua dulce, dice el estudio. Por eso, la conservación de estos ecosistemas, así como la seguridad que se basa en estas especies pueden estar en riesgo. “La vulnerabilidad de los peces de agua dulce al cambio climático podría ser más pronunciada que la de los animales terrestres, ya que su movimiento a nuevas áreas no garantiza necesariamente que habrá condiciones ambientales adecuadas disponibles”, señala la investigación.

La investigación realizada por Muratalla-Miranda junto con otros tres científicos —Luis Fernando Del Moral-Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo y Carolina Ureta— aborda estas dos premisas con el fin de colaborar en la planificación de la conservación y a la vez conocer dónde se encuentran en mayor riesgo estas especies acuáticas y las comunidades que dependen de la pesca de esas especies.

Para lograrlo, reunieron en una sola base de datos información taxonómica, ecológica y pesquera de las especies nativas de importancia económica y nutricional de peces de agua dulce en México, explica el autor a Mongabay Latam. “Trabajamos con registros históricos de las últimas siete décadas que abarcan la mayoría de los cuerpos de agua de nuestro país”, afirma Muratalla-Miranda, quien realizó esta investigación como parte de su maestría del Posgrado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM).

“Al momento de buscar la literatura nos dimos cuenta de que casi nadie había evaluado cómo el cambio climático iba a reconfigurar la riqueza de peces de importancia alimentaria en el territorio. Por tanto, modelamos 54 especies de esta importancia bajo escenarios de cambio climático”, agrega.

Cuando realizaron el análisis, encontraron que tenían mayor información en zonas específicas del centro, occidente y sur del país. “Estados como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas han sido zonas bastante monitoreadas”, comenta el investigador. Los resultados de las modelaciones con esas especies determinaron que estos lugares concentran una riqueza mayor en comparación con otras zonas. En cuanto a los riesgos, descubrieron que estos se concentran en el centro y en el occidente del país.

Muratalla-Miranda comenta que la investigación ha permitido saber que “la amenaza del cambio climático no es uniforme en todo el país”. Explica que hay especies que se denominan tropicales o euritermas, es decir, que toleran un rango amplio de temperaturas, que pueden expandir su distribución hacia el norte del país o hacia mayores altitudes.

Cita como ejemplo especies como Eugerres plumieri y Chirostoma sphyraena, este último conocido como charal, uno de los peces emblemáticos del país, “peces que pueden ganar más del 400 % de área de distribución en los escenarios de cambio climático con condiciones más extremas”.

Por otro lado, están las especies de aguas frías o las especies endémicas, que se encuentran  sobre todo en los estados de Michoacán y Jalisco, cuya distribución puede tener contracciones severas que van del 40 % al 86 % de su área con idoneidad climática. “Ahí tenemos un matiz crítico que sería que los peces de agua dulce son vulnerables porque no pueden simplemente nadar hacia un clima mejor, ya que muchos están atrapados en un cuerpo de agua o en una cuenca”. Si a ello se suma la presencia de presas en muchas de estas cuencas que cortan o impiden el paso de peces, así como la fragmentación de los ríos que se puede dar por cambios de uso de suelo, estos peces van a tener menos posibilidad de moverse, sostiene.

“Bajo el supuesto más estricto de los peces sin dispersión, las pérdidas de idoneidad climática llegan hasta un 73 %, lo que quiere decir que muchos hábitats actuales podrían volverse climáticamente inviables para las especies”, comenta el investigador.

Carolina Ureta, investigadora por México en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM) y coautora de la investigación, explica que en el estudio evaluaron la idoneidad climática de los ecosistemas teniendo en cuenta variables atmosféricas como precipitación y temperatura. De esta forma identificaron las zonas prioritarias para la conservación y las zonas de riesgo para las especies.

También determinaron si las zonas donde hay una mayor diversidad se superponen con áreas naturales protegidas o están fuera de ellas, en este último caso consideraron que estos espacios sin categorización pueden ser propuestas como sitios prioritarios para la conservación.

*Imagen principal: un estudio identificó los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA).

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El estudio concluye que 97 de los 104 partidos programados tienen hoy una mayor probabilidad de registrar temperaturas superiores a 28 °C, un umbral asociado con una disminución del rendimiento físico y mayores riesgos para la salud de los atletas.

Investigaciones previas muestran que temperaturas superiores a 28 °C pueden reducir la frecuencia de los sprints, la distancia recorrida por los jugadores y los tiempos de recuperación. Esto no solo afecta el desempeño individual y la seguridad de los deportistas, sino también el ritmo de juego, las estrategias de los equipos y el espectáculo para los aficionados.

Entre los principales hallazgos, Climate Central destaca que casi la mitad de los partidos tienen al menos un 50 % de probabilidad de disputarse bajo condiciones de calor que pueden afectar el rendimiento. En 26 de esos encuentros, el cambio climático aumentó esa probabilidad en al menos 10 puntos porcentuales.

El análisis se suma a investigaciones recientes que muestran cómo el calentamiento global está incrementando la frecuencia e intensidad de las olas de calor en las ciudades sede del torneo. El partido entre Uruguay y España previsto para el 26 de junio en Guadalajara aparece como el más afectado: la probabilidad de registrar calor perjudicial para el rendimiento alcanza el 70 %, 37 puntos porcentuales más debido al cambio climático.

“Las olas de calor, el clima impredecible y las estaciones cambiantes están reescribiendo las reglas de los deportes que amamos”, afirmó Shel Winkely, meteorólogo en Climate Central. “Los atletas se ven obligados a jugar con más cautela, a elaborar estrategias diferentes y a abandonar los riesgos que antes hacían que el deporte fuera emocionante. A menos que dejemos de quemar combustibles fósiles, el futuro de la competición no se decidirá por quién juega mejor, sino por quién puede soportar el calor”, sostuvo el experto.

“Jugar con temperaturas superiores a los 28 °C cambia el partido, ya que afecta a la táctica, el ritmo y la calidad general”, explicó Mike Tipton, investigador en la Universidad de Portsmouth. “A medida que las temperaturas siguen subiendo, los riesgos también aumentan. La exposición prolongada y la deshidratación pueden provocar agotamiento por calor o incluso un golpe de calor, sobre todo en partidos de gran importancia en los que los jugadores tienden a esforzarse más allá de sus límites naturales”, agregó.

Lee más sobre la incidencia del cambio climático en olas de calor y eventos extremos de clima en Mongabay Latam.

*Imagen principal: Climate Central afirma que casi la mitad de los partidos del Mundial 2026 tienen un 50 % de probabilidad de disputarse bajo condiciones de calor que pueden afectar el rendimiento. Foto: AP/Karen Warren.

El artículo original fue publicado por Periodistas por el Planeta en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Colombia está a unos días de elegir a su próximo presidente o presidenta y en el proceso electoral las propuestas ambientales de los candidatos no solo han sido discretas, sino que se han mantenido superficiales y desconectadas de las crisis territoriales que vive el país, de acuerdo con especialistas, académicos y dirigentes consultados por Mongabay Latam. Los entrevistados identifican vacíos en propuestas que abordan fenómenos como la deforestación, la minería, la pérdida de biodiversidad o la crisis climática.

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Además, coinciden en que los planes de gobierno de los principales candidatos en la contienda han abordado los grandes conflictos ambientales desde una perspectiva de seguridad, económica o de confrontación política, ignorando temas estructurales como políticas de adaptación climática, mecanismos de conservación en zonas clave como la Amazonía y la protección a personas defensoras del territorio y pueblos indígenas. Se refieren a Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria; y Paloma Valencia, de Centro Democrático.

Incluso, los expertos consultados también cuestionan propuestas que implican mayores conflictos socioambientales, como el uso de fracking para la extracción de combustibles fósiles y la aspersión con glifosato como medida para combatir los cultivos ilícitos.

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Propuestas: una foto incompleta de los problemas ambientales

Para Felipe Roa-Clavijo, ecólogo y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, a las propuestas de los candidatos presidenciales en temas ambientales les ha faltado una perspectiva integral que conecte problemáticas complejas.

Un ejemplo, señala, es la deforestación en la Amazonía, un tema que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que los candidatos sólo abordan de forma superficial y reduccionista.

“Algunos candidatos entienden la presencia de grupos armados en la Amazonía más como un problema de seguridad. Pero hace falta también entender el problema de la ampliación de la frontera agrícola y de la ganadería, que son unos desafíos bastante significativos para la deforestación en la región”, explica el especialista.

Roa-Clavijo señala que si bien hay un vínculo importante entre la deforestación y las economías ilegales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos, hay otras actividades que amenazan a la Amazonía y que no están presentes en los planes de gobierno o las propuestas electorales de quienes buscan suceder al presidente Gustavo Petro.

“Todo esto está mediado por los conflictos entre los diferentes grupos armados y quien está pagando eso es la Amazonía a través de la deforestación y de la pérdida de la biodiversidad. Pero como todo fenómeno complejo, no es lo único. Sabemos que también la producción de carne y el mismo acaparamiento de tierras también están teniendo impactos y dinámicas negativas sobre la Amazonía colombiana”, dice el experto a Mongabay Latam.

En este tema, por ejemplo, los candidatos Valencia y De la Espriella proponen “erradicar” a los grupos armados y economías ilegales para frenar la deforestación. Si bien la candidata presidencial también agrega medidas de reforestación y pagos por servicios ambientales, no aborda la vinculación con otras actividades vinculadas a la pérdida de bosques.

En tanto, Cepeda menciona la expansión de la frontera agrícola y ganadera como motor de la deforestación. Su propuesta se limita a la creación de una unidad de Inteligencia Ambiental “que detecte en tiempo real deforestación, minería ilegal y contaminación hídrica, protegiendo el agua y la selva”.

“Los candidatos tienen diferentes perspectivas, es normal. Pero sí hace falta una aproximación mucho más integral, porque con unas perspectivas reduccionistas, el país no va a ser capaz de enfrentar estos desafíos”, agrega el especialista.

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Defensores, comunidades rurales e indígenas no son prioridad

Para los especialistas consultados, las comunidades indígenas y campesinas, así como defensores del territorio, no están en el mapa de las alianzas estratégicas que proponen los candidatos para la protección ambiental.

Eduin Mauricio Capaz Lectamo, coordinador del área de derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), si bien hay un reconocimiento a los derechos de comunidades en los planes de gobierno, esto no se ve reflejado en propuestas que señalen a las poblaciones originarias y afrodescendientes como actores clave.

“Tanto De la Espriella como Valencia tienen coincidencia en reconocer a los pueblos indígenas como un elemento simbólico, cultural, incluso identitario de Colombia, pero no a posibilitar garantías jurídicas, administrativas y desarrollo”, sostiene Capaz.

Incluso, el dirigente afirma que Valencia ha criticado los desarrollos administrativos del movimiento indígena en la posibilidad de construir autonomías territoriales.

En su plan de gobierno, la candidata señala, por ejemplo, que ante la llegada de proyectos de energía, la consulta previa a comunidades campesinas “no puede ser un veto, sino un mecanismo para garantizar inversión en la región”.

En tanto, De la Espriella ha señalado este mecanismo de carácter internacional como ineficaz para el desarrollo de proyectos en los territorios.

Durante una entrevista a periodistas de Noticias Caracol, el aspirante presidencial afirmó que “ninguna comunidad a la brava, o porque sí o por temas ideológicos me va a parar ningún proyecto. A mí ninguna corporación regional ni las entidades de orden nacional como la ANLA [Autoridad Nacional de Licencias Ambientales] me van a parar un proyecto porque sí o porque están esperando que les den una plata”.

Para el coordinador del CRIC, se trata de “visiones muy limitadas” que van en detrimento de los derechos de las comunidades indígenas a proteger sus territorios.

Si bien en su programa de gobierno Cepeda ha hecho un reconocimiento al papel de los pueblos indígenas en la defensa del territorio y conservación de la naturaleza, sus propuestas no profundizan cómo se avanzará en los sistemas de gobernanza y armonización de las poblaciones originarias.

Cepeda agrega que de ganar se mantendría la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016, pero no hace referencia a los llamados que 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron, y que incluyen 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos para la protección de personas defensoras.

Pablo Palacios Rodríguez, profesor del Departamento de Desarrollo Rural, de la Universidad Javeriana, e integrante del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos, plantea que los planes de gobierno de los aspirantes presidenciales están en una agenda más confrontativa y han ignorado la discusión de los temas rurales.

“Vemos una omisión muy importante de los temas de biodiversidad. Los planes de gobierno han estado muy enfocados en las confrontaciones, pero no en hablar de las comunidades, en hablar de los recursos naturales, de los activos más importantes que tiene Colombia”, sostiene el investigador.

Palacios advierte que tampoco se está proponiendo que las comunidades rurales tengan poder de decisión en los procesos de desarrollo de Colombia y en el aprovechamiento de los recursos naturales.

“Colombia como ningún otro lugar en el mundo tiene uno de los mejores ejemplos en donde las comunidades afrodescendientes e indígenas han construido sus procesos de apropiación social basados en sus servicios ecosistémicos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. El éxito de un buen plan de gobierno en Colombia dependerá de poner a los recursos y a la biodiversidad como actores centrales”, dice el especialista a Mongabay Latam.

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Propuestas en energía y adaptación climática

El sector energético ha sido protagonista en las propuestas ambientales de los candidatos, sin embargo los especialistas consideran que sus agendas se han quedado incompletas al no hablar de adaptación.

“Hay algunos candidatos para quienes la transición energética es el único tema ambiental de su agenda, como un rompecabezas que queda absolutamente incompleto. El vacío más significativo es el tema de la adaptación”, sostiene Roa-Clavijo.

El especialista explica que Colombia ya está enfrentando efectos de la crisis climática, como escasez de agua, aumento de las temperatura y afectaciones a la agricultura y sistemas alimentarios, consecuencias que no están presentes en las propuestas de los candidatos.

“¿Cuál es el compromiso? Hasta ahora, es una pregunta abierta. El cambio climático es absolutamente importante, principalmente desde la adaptación, porque eso va a tocar todos los rincones del país y lo va a hacer más rápido de lo que pensamos”, advierte.

Para Capaz, las propuestas de reactivación del fracking por parte de Valencia y De la Espriella también son preocupantes, pues las considera una regresión en territorios como la Amazonía y en perjuicio de comunidades indígenas.

“Retomar el fracking sería un retroceso en términos de las ganancias ambientales, pero también en términos ambientales y de salud”, afirma, y también ve un riesgo en acuerdos alcanzados en Colombia, como el de Escazú, el gran tratado regional sobre información, participación y justicia ambiental, si este tipo de propuestas avanzan.

“Escazú pasaría a un segundo plano. Ha sido una lucha a nivel latinoamericano, pero también ha sido una lucha en Colombia que ha sido aprobada y que se ha convertido en una herramienta de protección para defensores y ambientalistas”, sostiene el dirigente.

Palacios advierte que independientemente del candidato que gane, los recursos naturales, los servicios ecosistémicos y ambientales deben estar en el centro de la política ambiental y climática.

“Las especies no tienen una cédula para votar. Los servicios ecosistémicos no tienen un límite para actuar y hoy están manteniendo gran parte de la vida en el planeta, ya no es discutible”, señala.

*Imagen principal: Candidatos Iván Cepeda, de Pacto Histórico; Paloma Valencia, de Centro Democrático; y Abelardo de la Espriella, de Defensores de la Patria. Fotos: cortesía Senado y Facebook Abelardo De la Espriella.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una señal de alerta comienza a tomar forma en el océano Pacífico. Modelos climáticos internacionales apuntan a la posible formación de un evento El Niño en 2026, con escenarios que incluso contemplan una intensificación extrema, lo que algunos científicos describen —con cautela— como un posible “súper El Niño”.

Sin embargo, la comunidad científica advierte que, aunque las señales existen, la incertidumbre sigue siendo elevada. La evolución del fenómeno dependerá de la interacción entre el océano y la atmósfera en los próximos meses, en un periodo del año en el que los modelos climáticos pierden capacidad predictiva.

“El problema no es solo si va a ocurrir El Niño, sino qué tan fuerte puede llegar a ser”, dice Alejandro Jaramillo Moreno, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). “Estamos todavía en una etapa con alta incertidumbre”.

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Los especialistas coinciden en que anticipar la magnitud del evento es particularmente difícil en esta fase. Entre marzo y mayo se presenta la llamada “barrera de predictibilidad”, un periodo en el que la transición estacional hace que el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical no estén bien acoplados, lo que reduce la precisión de los modelos y provoca que las proyecciones puedan cambiar con rapidez. Por ello, advierten, los pronósticos más confiables podrían consolidarse recién hacia mediados de año.

En paralelo, la comunidad científica ya analiza los posibles efectos de este fenómeno en distintas regiones del planeta, especialmente en el Pacífico oriental, donde sus impactos suelen ser más directos.

Mongabay Latam conversó con especialistas en Ecuador, Perú, Colombia y México para entender cómo podría manifestarse El Niño en cada país y qué implicaciones tendría para las lluvias, las sequías, la actividad ciclónica y sectores clave como la pesca y la gestión del riesgo.

Perú: un Niño que ya está en marcha

En Perú, el fenómeno no es una proyección futura, sino una condición ya en curso. Desde inicios de año, el país enfrenta un evento activo de calentamiento oceánico frente a su litoral. “El mar frente a la costa peruana y ecuatoriana ya presenta anomalías de entre 1.5 y 2 grados centígrados por encima de lo normal”, explica Kobi Mosquera, investigador del Instituto Geofísico del Perú (IGP). “Esto nos ubica dentro del rango de un Niño costero”.

Este calentamiento en el Pacífico oriental responde, según el especialista, a una combinación de factores: el debilitamiento de los vientos alisios —corrientes de aire constantes que soplan de este a oeste entre las zonas subtropicales y la región ecuatorial— y la llegada de ondas Kelvin —pulsos de calor que se desplazan bajo la superficie del océano— que elevan la temperatura del mar en la franja cercana a Sudamérica.

A diferencia del fenómeno global más conocido, El Niño costero tiene una escala regional y efectos más inmediatos. En Perú, el seguimiento se concentra en la región Niño 1+2, un sector clave del Pacífico donde el aumento de la temperatura marina suele traducirse en lluvias intensas en la costa, especialmente durante el verano austral.

Sin embargo, el comportamiento del sistema no es uniforme. Mosquera subraya que el Pacífico tropical funciona como un engranaje dividido en dos zonas principales: el sector oriental, próximo a Sudamérica, y el central, más alejado. La interacción entre ambas define los impactos en tierra.

“Si el calentamiento se concentra frente a la costa peruana, aumenta la probabilidad de lluvias intensas en el litoral. Pero si ocurre en el Pacífico central, el efecto puede ser opuesto en los Andes, con déficit de precipitaciones en el sur y centro del país”, explica. Esta diferencia ayuda a entender por qué los eventos de El Niño no producen consecuencias idénticas, ni siquiera dentro de un mismo territorio.

La incertidumbre, sin embargo, sigue marcando el análisis. “Los modelos pueden anticipar el desarrollo de un evento, pero no su magnitud”, advierte Mosquera. A esto se suma la llamada barrera de predictibilidad, que reduce la confiabilidad de los pronósticos en esta época del año. “Más allá de abril, no son muy confiables; estaremos más confiados en los modelos con los pronósticos que se den en a partir de junio aproximadamente”.

Por ahora, los escenarios más extremos —como un evento comparable a los de 1982-1983 o 1997-1998— no pueden confirmarse. Aun así, los especialistas observan señales que ameritan atención, como cambios recientes en los vientos del Pacífico occidental que podrían generar nuevas ondas cálidas y reforzar el calentamiento en los próximos meses.

Si estas condiciones persisten hacia el verano austral, el principal riesgo en Perú será un aumento de las lluvias intensas en la costa, con efectos en cadena sobre el territorio. “Podríamos ver inundaciones, desbordes de ríos, huaicos [flujos de lodo y piedras] y deslizamientos”, señala Mosquera. A ello se suman impactos menos visibles pero recurrentes, como problemas de salud asociados al estancamiento de agua tras eventos extremos.

Actualmente, el país ya se encuentra en nivel de alerta dentro de su sistema oficial de monitoreo. Esto implica un seguimiento continuo y la emisión de reportes periódicos dirigidos a autoridades nacionales, regionales y locales. Sin embargo, el especialista reconoce que la vulnerabilidad estructural sigue siendo un desafío pendiente.

“El fenómeno siempre nos ha impactado de la misma manera y todavía no vemos cambios suficientes para reducir esos daños”, sostiene.

En ese contexto, la recomendación es anticiparse. Con varios meses por delante antes de la temporada de lluvias, Mosquera insiste en la necesidad de actuar ahora. “Este es el momento para ejecutar medidas de prevención. Si no ocurre este año, ocurrirá después. El Niño es un fenómeno recurrente”, concluye.

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Ecuador: el calor oculto bajo el océano

Si en Perú el calentamiento ya es visible en la superficie, en Ecuador las señales más relevantes aún se desarrollan bajo el mar. “El océano no solo se observa en la superficie. También estamos viendo lo que ocurre hasta unos 300 metros de profundidad”, explica Felipe Costa, oceanógrafo y director internacional del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN).

En esas capas subsuperficiales del Pacífico ecuatorial se está acumulando una anomalía cálida, derivada también de los pulsos de calor u ondas Kelvin.“Este calentamiento subsuperficial es una señal importante. Nos indica que el sistema está acumulando energía”, señala Costa. “Pero para que se configure un evento El Niño, no basta con el océano: la atmósfera también tiene que responder”.

Por ahora, el sistema muestra un comportamiento desigual: el Pacífico central se mantiene neutral, mientras el sector oriental —frente a Sudamérica— ya está más cálido. Ese contraste ya tiene efectos en tierra. “Estamos experimentando olas de calor asociadas a este calentamiento oceánico”, dice Costa. “El mar más cálido transfiere calor al aire y eso incrementa la temperatura en tierra”.

En las ciudades costeras, esto se traduce en altas temperaturas combinadas con humedad, una sensación térmica persistente que impacta la vida cotidiana. “El uso de aire acondicionado aumenta, las facturas de electricidad suben y la sensación de calor se vuelve constante”, añade.

La intensidad del fenómeno dependerá de su persistencia. “Podemos imaginarlo como pulsos de calor que viajan por el océano. Ahora vemos uno, pero para un evento intenso deben repetirse durante varios meses”, explica. Los impactos, además, no son uniformes.

“Históricamente, en Ecuador El Niño se asocia a más lluvias en la costa, mientras que en Colombia suele traer condiciones más secas”, señala. Esto puede traducirse en inundaciones o sequías, según la región.

El calentamiento también altera los ecosistemas marinos. Muchas especies migran hacia aguas más frías, afectando la pesca, aunque también hay otras que se benefician de aguas más cálidas, como los camarones. “Se puede tener más o menos productividad pesquera, pero en general el balance es negativo”, afirma Costa.

Ante la creciente atención sobre un posible evento extremo, insiste en consumir información confiable. “El alarmismo genera ansiedad, pero no ayuda a prepararse con anticipación”, concluye.

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Colombia: la sequía como impacto dominante

En Colombia, El Niño se entiende menos por lo que ocurre en el océano y más por sus efectos en tierra: sequías prolongadas, presión sobre el agua y consecuencias económicas. “El más intenso que hemos registrado fue el de 1982-1983”, recuerda Max Enriquez Daza, meteorólogo y divulgador científico.

“Las anomalías de temperatura superaron los 2.5 grados centígrados y provocaron impactos severos en Colombia y Ecuador”. A ese episodio le siguieron otros eventos fuertes, como los de 1997-1998 y 2015-2016, en una secuencia que —según el especialista— sugiere una intensificación progresiva.

A diferencia de Perú o Ecuador, donde el fenómeno suele asociarse a lluvias, en Colombia predomina el déficit hídrico. “El fenómeno afecta principalmente a las regiones Caribe y Andina, donde vive cerca del 80 % de la población”, explica.

Los efectos son amplios: disminución de los caudales en los ríos Magdalena y Cauca, afectaciones a cultivos como café, maíz o yuca, problemas en el suministro de agua potable y un aumento de incendios forestales durante los periodos secos.

El sistema energético también es especialmente sensible. Al depender en gran medida de la hidroelectricidad, la reducción de niveles en los embalses obliga a recurrir a plantas térmicas, con mayores costos económicos y ambientales. Un antecedente clave ocurrió entre 1991 y 1992, cuando un evento intenso provocó racionamientos eléctricos prolongados y fuertes pérdidas económicas. Desde entonces, este sector ha fortalecido su capacidad de respuesta, describe el meteorólogo.

En este escenario, el país entra en una fase de preparación desigual. Mientras algunos sectores comienzan a anticiparse —precisamente como el hidroeléctrico—, otros como el agrícola siguen siendo altamente vulnerables por falta de organización. “La agricultura en Colombia no siempre cuenta con directrices claras del Ministerio de Agricultura para anticiparse a estos eventos”, advierte.

Henríquez Daza coincide en que la posibilidad de un evento más intenso hacia 2026 está vinculada al calentamiento de los océanos. “Las tendencias de los eventos intensos han sido crecientes”, señala. “Eso es coherente con el aumento de la temperatura global del océano”. Aun así, insiste en que es prematuro confirmar la magnitud del próximo evento.

Más allá del ámbito nacional, el especialista recuerda que los efectos de El Niño se extienden a otras regiones, alterando patrones como los monzones en Asia o las lluvias en el océano Índico.

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México: sequías, ciclones y un sistema en tensión

En México, El Niño suele manifestarse como una combinación compleja: menos lluvias en amplias zonas del país y, al mismo tiempo, mayor actividad ciclónica en el Pacífico. “Lo que sugieren los modelos es una probabilidad de un El Niño fuerte, pero con alta incertidumbre”, señala Alejandro Jaramillo Moreno, investigador de la UNAM. “Estamos en una fase donde los modelos tienen más dificultad para predecir”.

Durante estos eventos, el verano —que en el centro y sur de México corresponde a la temporada de lluvias— tiende a ser más seco, una etapa clave para la recarga de presas y acuíferos. “El agua que cae en verano es la que se usa durante la temporada seca”, explica. Es decir, si llueve menos, el impacto se siente meses después. Esa reducción se traduce en menor disponibilidad para consumo humano, presión sobre la agricultura y niveles más bajos en los sistemas de almacenamiento.

El escenario es especialmente delicado en grandes zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la demanda de agua ya supera la oferta en condiciones normales.

A la par, el riesgo no desaparece en las costas. “En años de El Niño, la actividad de ciclones tropicales en el Pacífico tiende a incrementarse, mientras que en el Atlántico disminuye”, explica Jaramillo. Esto implica una mayor probabilidad de impactos en el litoral pacífico, donde estos sistemas pueden provocar lluvias intensas, inundaciones y daños a la infraestructura.

El resultado es un escenario dual: mientras hay sequía a escala nacional y eventos extremos localizados, se genera una combinación que complica la gestión del riesgo.

“Cuando se desarrolla El Niño, las temperaturas globales tienden a subir”, señala. “Si además se combina con el calentamiento global, es probable que estemos ante uno de los años más calientes de la última década”. En México, esto se traduce en olas de calor más frecuentes e intensas, sobre todo en regiones ya expuestas a altas temperaturas, como en el norte del país.

Pese a la incertidumbre sobre la intensidad del fenómeno, el llamado es a anticiparse y empezar a planificar, advierte el investigador. La prioridad, apunta, es fortalecer la gestión del agua, mejorar el monitoreo de ciclones y prepararse para escenarios de sequía.

También insiste en moderar el tono del debate público. “Súper Niño suena muy catastrófico, pero es un proceso natural. Lo importante es prepararse para las consecuencias de este fenómeno y cuidar los recursos hídricos en particular”, sostiene.

Más allá de si se confirma o no un evento extremo, el desafío para México será su capacidad de respuesta ante un fenómeno que, aunque incierto, ya empieza a perfilar sus posibles impactos.

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Todo está conectado

En los cuatro países analizados, el mensaje coincide: más allá de si el evento resulta moderado o extremo, los impactos dependerán de la capacidad de preparación y adaptación.

Las próximas semanas serán decisivas para confirmar la evolución del sistema en el Pacífico. Mientras tanto, la vigilancia científica se intensifica frente a un fenómeno que, como recuerdan los expertos, trasciende fronteras.

“Todo está conectado”, resume Max Henríquez. “Lo que ocurre en el Pacífico tiene repercusiones globales”.

*Imagen principal: Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina.

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

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Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

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Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

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Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

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Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

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También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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