Este 8 de marzo, la ciudadanía colombiana votó para renovar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes. La elección de este nuevo Congreso, donde la alianza oficialista Pacto Histórico reforzará su mayoría, abre también una nueva etapa para varias discusiones socioambientales que han quedado detenidas o relegadas por otras agendas.

La protección a las personas defensoras —quienes habitan el país con mayor letalidad para los protectores del territorio y el ambiente—, la implementación del Acuerdo de Escazú, la deforestación que no se detiene en la Amazonía, el reconocimiento e implementación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), los retos en la transición energética y las acciones ante la crisis climática son algunos de los temas clave que el nuevo Congreso tendrá que atender a partir del 20 de julio, cuando inicie labores.

Tras la elección del nuevo Congreso y previo a los comicios presidenciales, organizaciones, especialistas y activistas advierten que este año electoral es determinante para que Colombia defina si logra avanzar hacia un modelo de desarrollo que sea compatible con la protección de sus ecosistemas y de los derechos de las comunidades en sus territorios.

Leer más | Desafíos ambientales de Colombia en 2026: incremento de la violencia, deforestación y defensores en riesgo en un año electoral

Reducir la violencia contra defensores y liderazgos indígenas

Desde hace años, Colombia se ha consolidado como el país más letal del mundo para los defensores ambientales, sociales y de derechos humanos. En 2024, el país acumuló casi un tercio de los asesinatos y desapariciones a nivel mundial, con 48 casos, de acuerdo con un informe de Global Witness. La mayoría de las víctimas de esta violencia pertenecen a comunidades indígenas y campesinas, quienes suelen resistirse al ingreso de actores armados y economías ilícitas en los territorios.

Por esta razón, cerca de 112 organizaciones y plataformas de derechos humanos lanzaron un llamado al nuevo Congreso —que incluye 21 puntos en materia de paz, derecho internacional humanitario y derechos humanos— para que los legisladores avancen en la protección de las personas defensoras, así como de sus comunidades y territorios.

Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, señala que estas propuestas abordan tres grandes bloques que buscan soluciones al conflicto armado, la construcción de paz y la prioridad por proteger a las comunidades y territorios del extractivismo.

“También es entender que la paz se hace con el cuidado y la protección de la Madre Tierra, de los ecosistemas y de los territorios. Por ello llamamos, en esos 21 puntos, a que el Congreso tiene que legislar en favor de las comunidades, que la prioridad no puede ser el extractivismo, ni los megaproyectos, en detrimento del bienestar y de la permanencia de las comunidades”, explica la defensora a Mongabay Latam.

En el documento, la sociedad civil llamó a proteger los territorios y la naturaleza “de intereses empresariales y extractivistas que expolian los bienes colectivos y ponen en riesgo la permanencia de las comunidades”, por lo que consideran indispensable que el Congreso legisle en base al Acuerdo de Escazú, el tratado internacional que busca garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental en Latinoamérica y el Caribe, así como otras normas que ya existen e implican la protección ambiental o la lucha contra la crisis climática.

“Enfatizamos en esa línea de temas normativos que el Congreso tiene una obligación con las personas defensoras: participar decididamente en el cambio de normatividad que se requiere en Colombia para la protección de las personas defensoras, líderes y lideresas, y en la superación de la violencia que sufrimos quienes defendemos derechos”, agrega Torres.

La iniciativa pide que el Congreso cumpla la sentencia SU-546 de 2023, una serie de órdenes emitidas por la Corte Constitucional de Colombia, que declaró la grave y generalizada violación de los derechos humanos que viven las personas defensoras en el país.

Torres destaca también la necesidad de que tanto el Congreso como el Gobierno que serán electos en 2026 dejen de ver a las personas defensoras, así como los liderazgos campesinos e indígenas, como “enemigos” del Estado o del “desarrollo”, para reconocerlos como actores legítimos y aliados. “Esa doctrina no ha cambiado y sigue instalada en un grueso de las instituciones”, afirma la defensora.

Este primer llamado hecho por las organizaciones, sostiene Torres, nace por la falta de propuestas que atiendan a las personas defensoras en todo el proceso electoral.

“Muchos de los movimientos y partidos no hablan de personas defensoras, o hablan de la paz y la seguridad desde una visión militarista. Estamos diciéndole al nuevo Congreso y a las candidaturas que hay que trabajar los problemas que tiene Colombia desde una visión democrática y de derechos humanos”, insiste.

Leer más | Colombia: el desafío de alcanzar la autonomía indígena pese a la violencia y las deudas del Congreso

Consolidar la autonomía indígena

Organizaciones, especialistas y comunidades han reconocido algunos avances en mesas de diálogo o en el reconocimiento de derechos en la administración del presidente Gustavo Petro, pero sostienen que estos pasos deben traducirse en mejores normas, así como en la implementación de procesos en la Administración pública y en la legislación.

Un caso destacable son las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), una figura que reconoce la autonomía política, administrativa y fiscal de estas poblaciones, y que logró un avance histórico en diciembre pasado cuando el Presidente firmó los decretos para ocho territorios.

Estos decretos, junto con resoluciones judiciales, han ayudado a llenar el vacío que dejó el Congreso, que por más de 34 años ha omitido reconocer en una ley a las ETI. Juan David Varela, coordinador del equipo del Laboratorio Socio-Jurídico para la Innovación de lo Público de la Fundación GAIA Amazonas, señala que aunque sigue existiendo una deuda del Congreso en este tema, los decretos presidenciales han ayudado a consolidar esta figura.

“Estos instrumentos que ha expedido el Gobierno nacional en los últimos 30 años han generado unas regulaciones de manera fragmentaria. Ahora, con los decretos, hay ya un marco normativo integral y suficiente para avanzar en la formalización de las ETI” desde lo legislativo, explica el especialista.

Sin embargo, advierte la posibilidad de que el Congreso pueda emitir medidas regresivas o una ley orgánica de ordenamiento territorial, en la que no reconozca los logros que han obtenido las Entidades Territoriales Indígenas.

Por ejemplo, Varela destaca que uno de los pendientes desde el Congreso de Colombia será determinar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para las labores de las ETI y con esto profundizar su autonomía territorial en temas ambientales, de salud, educación o justicia.

“El Congreso tiene un rol importante en los asuntos fiscales, pero los asuntos que son objeto de la autonomía de los gobiernos y de los territorios indígenas no serán objeto de regulación en el Congreso”, agrega.

“Cada gobierno y cada territorio indígena ha venido consolidando sus instrumentos de política y sus prioridades territoriales. Y en ese sentido, el Congreso sí puede precisar cómo se va a financiar el ejercicio de ese poder público”, expone.

Torres coincide en que el Congreso debe dialogar también con todas las figuras de gobierno indígenas en Colombia para entender su autoridad y autonomía.

“No es solamente que le den jurisdicción a los indígenas y ahí se acaba la cosa. El Congreso debe interlocutar con ese gobierno propio, sin ello obviamente es muy complicado avanzar en los asuntos territoriales que aquejan a las comunidades étnicas. Debe respetar los usos y costumbres, sin eso realmente no es posible lograr diálogos reales para gobernar el país”, advierte.

Leer más | Colombia: los grupos armados son los grandes ausentes en el reporte oficial de deforestación

Deforestación y ganadería, una conexión pendiente a seguir

El panorama de la deforestación en Colombia es complejo, pero la tendencia desde 2024 indica que va en aumento y es provocada principalmente por el acaparamiento de tierras, la construcción no planificada de vías ilegales y la ganadería extensiva.

El informe oficial de monitoreo realizado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) indica un aumento de 43 % en la deforestación en 2024, respecto al año anterior, con una pérdida acelerada en la Amazonía colombiana, donde esta pérdida aumentó incluso un 74 %.

Natalia Escobar, coordinadora e investigadora de la línea de justicia ambiental de Dejusticia, señala que aunque se sabe que la ganadería sigue siendo uno de los principales motores de deforestación en Colombia, actualmente no se cuenta con herramientas de control suficientes para controlar ambientalmente al sector, por lo que será uno de los retos en el nuevo Congreso.

“Tenemos una trazabilidad ganadera fragmentada en materia de información, pero también en términos de política pública porque está vinculado al agropecuario y a lo sanitario específicamente, pero no hay un vínculo directo entre actividad ganadera y control ambiental y conservación del bosque”, detalla la especialista a Mongabay Latam.

Aunque actualmente existen acuerdos voluntarios de cero deforestación entre el sector ganadero con el Gobierno, sociedad civil y privados para que esta actividad no dañe los bosques, Escobar señala que no es suficiente, pues se concentran solo en un pequeño grupo de actores.

La especialista considera fundamental avanzar en la reglamentación de competencias de distintas instituciones en Colombia que actualmente están fragmentadas y no permiten analizar toda la cadena de actividades que implica la ganadería, desde el desmonte y el sacrificio de ganado hasta la comercialización.

Incluso, Escobar señala como un reto incorporar la transparencia y el acceso a la información en la trazabilidad de la ganadería en Colombia, como parte de la implementación del Acuerdo de Escazú. El Congreso debe legislar para que ciertas normas cumplan o se adecúen al tratado o llamar a comparecer a ministerios que trabajen en la implementación y rindan informes al respecto.

“Definir un marco unificado de competencias y coordinación para el control de la deforestación va a ser necesario en algún momento. A partir de la ratificación del Acuerdo de Escazú es fundamental que los actores que pertenecen a la cadena de suministro asuman la responsabilidad como actores públicos”, sostiene.

A finales de 2025, el Senado aprobó en plenaria el proyecto de Ley 261 que busca certificar la ganadería sostenible y libre de deforestación mediante el monitoreo ambiental para evitar la expansión de esta actividad en zonas protegidas. A través de un incentivo comercial, que incluye un sello ambiental, se establecen obligaciones para comercializadores y ganaderos. La iniciativa aún se encuentra en proceso legislativo.

Leer más | Colombia: una hidroeléctrica cambió el río Sogamoso y está impactando en la vida de las comunidades ribereñas | ESTUDIO

Fracking, minería y enfrentar la incertidumbre energética

El sector energético representará también un reto para el nuevo Congreso, así como para el nuevo gobierno de Colombia que sea electo en mayo próximo. Especialistas consultados por Mongabay Latam destacan la dependencia a los hidrocarburos, la minería y el abastecimiento de energía eléctrica como temas clave en los que la legislatura tendrá un papel relevante.

Un tema que ha marcado intensamente el debate en el Congreso y la política del Gobierno del presidente Petro es la prohibición del fracking o fracturación hidráulica, una técnica que permite extraer gas o petróleo que se encuentra atrapado en capas de roca a gran profundidad y que requiere grandes cantidades de agua.

Nicolás David Ulloa Sánchez, coordinador programático de la Fundación Foro Región Central, señala que en la extracción de combustibles fósiles, el nuevo Congreso deberá hacer ejercicios de control político para generar procesos transparentes y con acceso a información clara que permitan tomar decisiones responsables, ante la confrontación política que hay en Colombia y que se agudizó con el rechazo de Petro para firmar nuevos contratos de explotación petrolera en el país.

La prohibición o no del fracking, asegura, es un reto que estará presente no sólo entre quienes ocuparán un puesto en el Congreso, sino también entre los aspirantes presidenciales, pues hay presiones fiscales y económicas en el país por esta actividad.

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que ponen sobre la mesa la necesidad de realizar ejercicios participativos y técnicos de lo que implica desarrollar estas prácticas, que pueden tener una afectación ambiental muy fuerte y que algunas comunidades ya han dicho que no quieren. No obstante, el país en términos fiscales acudió mucho a la deuda para financiar el gasto público, donde la gran mayoría de los recursos o el desarrollo viene de estas rentas extractivas”, señala Ulloa.

Leer más | Ministra Irene Vélez: “La instrucción del presidente Petro fue superar el extractivismo” | ENTREVISTA

También advierte que los ejercicios de consulta impulsados desde el Congreso serán claves para la extracción de minerales críticos para la transición energética y la diversificación productiva.

A finales de 2025, el Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de ley “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, donde se busca reorganizar al sector minero colombiano para alinearlo con la transición energética y otorgarle al Estado mayor capacidad de regulación, protección ambiental y desarrollo territorial en la explotación de minerales. Ulloa anticipa la discusión de este proyecto como un tema clave para el nuevo congreso.

“El reto es cómo llevar estos ejercicios de deliberación, no solamente desde el Congreso, sino tratar de aterrizarlos con diferentes actores que hacen parte del ecosistema de la minería. El sector empresarial manifestó que no fue invitado a espacios de diálogo, sectores de la sociedad civil dicen que nunca hubo un ejercicio de retroalimentación, de sistematización, de presentar las conclusiones y resultados”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Al respecto, Escobar detecta un reto adicional para el Congreso: incorporar el cambio climático como un criterio en todos los estudios de impacto ambiental para el otorgamiento de licencias para cualquier proyecto.

“Esto no aparece en la agenda legislativa. Además de que ya es una orden de la Corte Constitucional y sería fundamental que las nuevas legislaturas lo incorporen”, señala.

Ulloa también señala que la nueva legislación debe fomentar la diversificación de la matriz energética de Colombia para reducir la dependencia del 63 % de fuentes hidroeléctricas.

“En tiempos de sequía es grave porque pone al país en riesgos de posibles apagones y, sin duda, el Congreso allí tiene un rol clave, por ejemplo, en cómo actualizar, modernizar la normativa generando diferentes estímulos y beneficios para promover la diversificación y desarrollar otro tipo de energías no convencionales”, comenta.

Además, precisa que los proyectos de energías renovables también enfrentan conflictos socioambientales que deben ser resueltos sin descuidar los requerimientos y la consulta a comunidades afectadas, por lo que señala que se deberán adaptar los mecanismos a los territorios que pueden ser impactados.

“Ir a las regiones y que los congresistas conozcan de viva cuenta qué es lo que se está dialogando en el territorio y que ese sea el insumo para tratar de construir propuestas, no quedarse solamente en el problema”, solicita.

En abril próximo, Colombia realizará la primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, un espacio propuesto a raíz de la COP30 para construir rutas concretas, justas y viables hacia economías descarbonizadas.

Ulloa señala que pese a ser una iniciativa del Gobierno, el Congreso deberá aportar medidas para la transición energética justa.

“El llamado al Congreso es que ponga sobre la mesa este tema, que ayude a pensar y a construir cuál es esa visión para ir haciendo esa transición paulatina, cómo promover ejercicios de diversificación económica y productiva para tratar de cerrar esa dependencia que se tiene a los recursos y a las rentas extractivas”, agrega.

Imagen principal: los nuevos representantes y senadores del Congreso de Colombia enfrentará retos en cuanto a la protección de defensores, en deforestación, energía y crisis climática. Foto: cortesía Senado de Colombia.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

Leer más | «Argenchinos»: Argentina permite que barcos controlados por empresas chinas pesquen sin observadores y violen la ley

En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

Leer más |Lobo mexicano: crecen los riesgos genéticos, conflictos con la ganadería y amenaza legal a 28 años de su reinserción

El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

Leer más | Bolivia: el Senado exige informe a la Presidencia por la situación crítica del Pueblo Indígena Ese Ejja de Eyiyoquibo

Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

Leer más | La crisis del agua ya es una bancarrota hídrica mundial: la ONU alerta sobre pérdidas irreversibles en ríos, glaciares y humedales | ESTUDIO

No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

Leer más | De ríos y tortugas a lagos y abejas amazónicas: conoce quiénes han sido declarados sujetos de derecho en Latinoamérica

El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

A partir de julio de este año, dediqué las columnas de este blog al análisis crítico y a la búsqueda de alternativas individuales y sociales que nos depara la crisis climática. Reflexionamos sobre el proceso de colonización española, que impuso una modernidad sangrienta que arrasó buena parte de la cultura de los pueblos indígenas de nuestro continente y que marcó el origen del extractivismo que maltrata la madre tierra.

El capitalismo de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, incorporó al ideario político de las nacientes repúblicas de Latinoamérica, la tesis del crecimiento económico como promesa para alcanzar progreso y bienestar, basado en la explotación de la naturaleza que promovía la revolución industrial europea y las concepciones instrumentales del desarrollo.

El mito del progreso se fortaleció con la industria petrolera del siglo XX y con ello, emergió la crisis climática como parte de la crisis ambiental de la sociedad occidental, fundada en el extractivismo de la naturaleza y en el modelo lineal del emprendimiento científico y tecnológico aferrado a ideas cartesianas del mundo y en concepciones cientificistas.

El capitalismo sobrepasó los límites planetarios y especialmente el referido a la regulación de la temperatura global del planeta, que se alteraría, por primera vez, debido a la emisión de gases efecto invernadero producidos especialmente por la actividad industrial y por la dependencia energética de hidrocarburos fósiles, fundamentalmente petróleo.

La crisis climática envuelve disputas científicas, políticas, económicas, culturales e ideológicas sobre el tipo de modelo que debemos configurar como humanidad para garantizar la vida en el planeta. Pero lo más importante, exige de acciones individuales y colectivas para enfrentarla y porque no superarla.

El camino más claro para superar la crisis no está en las promesas de la economía verde promovida por el capitalismo, o en las soluciones técnicas de las ciencias, porque las dos insisten en conservar el modelo económico hegemónico de occidente basado en la manipulación, control o explotación de la naturaleza.

Dialogar con los saberes ancestrales de nuestros antepasados indígenas y valorar los que aún han sobrevivido constituye una mejor alternativa para enfrentar la crisis. La profesora Leidy Marcela Bravo Osorio de la Universidad Pedagógica Nacional, promovió con mucha claridad este camino, en sus trabajos académicos vivió, sintió y defendió los saberes ancestrales de los pueblos indígenas colombianos, especialmente del Cauca y del Putumayo como base esencial para la promoción de prácticas sociales sustentables.

Basados en los aportes de la maestra colibrí[1], podemos pensar en una forma distinta de investigar y actuar frente a la crisis climática apoyados en los saberes ancestrales. En primer lugar, debemos aprender a caminar, es decir, debemos seguir el saber del pueblo Inga de reconocer nukanchipa alpa mama (‘nuestro territorio’); saber en dónde vivimos, con quién vivimos, explorando la biodiversidad, la riqueza hídrica, el aire, la tierra y todas las relaciones ecológicas que sostienen la vida, para conservarla, protegerla y defenderla.  

En segundo lugar, debemos aprender el Samaspa iachaikuspa: ‘descansando aprendemos’, o sea, es necesario detenernos para revisar los trayectos realizados de la sociedad occidental sustentada en el antropocentrismo, para reorganizar de forma colectiva qué hace falta para cambiarlo y que nuevas cosas podemos construir juntos para reencontrarnos con la naturaleza y emprender prácticas sostenibles como la agroecología, la permacultura, la movilidad limpia, la construcción sustentable, entre otras prácticas que sigan los ritmos y equilibrios naturales.

Y en tercer lugar, debemos proyectar para soñar, esto significa que el caminar y el descansar nos permite comprender, más allá de lo aparente, emprendiendo diálogos entre distintos saberes que nos conduzcan a una comprensión holística y compleja de la crisis climática para tomar mejores decisiones, que orienten el plan de vida integral que nos permitan superar esta crisis y todas aquellas que trae la crisis ambiental que padecemos. La maestra colibrí nos enseña:

“Caminar, descansar y proyectar el soñar se entretejen para posibilitar la creación de puentes para ‘cruzar’ (chakai) formas de comprensión del mundo. Esta acción de “cruzar” tiene su referente cosmogónico en la chakana (‘cruz andina’), entendida como la posibilidad de ir y venir y en ese movimiento recrear y deconstruir conocimientos”[2].

Es posible superar la crisis climática, y esto va más allá de las insuficientes avances de las cumbres sobre el cambio climático, para esto los saberes ancestrales de los pueblos de Abya Yala, en diálogo con los aportes de las ciencias comprometidas con la ética y la justicia ambiental pueden impulsar nuestro encuentro con la naturaleza para rescatar la identidad olvidada y sobreponerla a la lógica eurocéntrica y anglosajona que insisten en el progreso y desarrollo capitalista como único camino posible.

En palabras de Enrique Dussel, es necesaria una nueva época sustentada en la pluriversidad y en la otredad como reconocimiento de todos y todas, más allá de las lógicas de mercado y del consumo desenfrenado que alinean y borran la dignidad humana. Es posible construir una sociedad sustentable y sentipensante como diría el maestro Fals Borda, que supere el extractivismo y que emprenda alternativas productivas sustentadas en la raíces indígenas, afrodescendientes y campesinas para construir justicia y paz con la naturaleza.

Que el 2026 traiga un reencuentro profundo con nuestras raíces culturales y que tejamos nuevas conexiones con nuestra madre tierra.

Leonardo Boff nos muestra con claridad este desafío: El futuro de la madre tierra no cae del cielo, sino de las decisiones que tomamos en el sentido de entrar en sintonía con los ritmos de la naturaleza y del universo[3].

@LeoMartinezUPN

[1] Bravo, L. ( 2022) Nukanchipa iuiaita maskasunchi: buscar más allá de lo aparente. Buscar una laguna donde no la hay y encontrarla, ¡eso es investigar! En Absalon, J., y Alfonso, T. La práctica investigativa en ciencias sociales. Nuevas perspectivas. (p.179-202)

[2] Bravo, L. (2015). Ugpachisunchi i katichisunchi kilkaikunata – llevando y trayendo la palabra-: territorio, “saber vivir ahí” y pensamiento Inga [Tesis de maestría]. Universidad Pedagógica Nacional. p. 65.

[3] Boff, L. (2021). O doloroso parto da mãe terra. Uma sociedade de fraternidade sem fronteiras e de amizade social. Editora Vozes. (p. 125-126)

La creación de un mecanismo de transición justa ha sido considerada por especialistas como la mayor victoria de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30) realizada en Belém, Brasil, durante noviembre. Se trata de un instrumento que busca descarbonizar la economía, pero que todas las personas reciban los beneficios de la transición de industrias a modelos más limpios, especialmente en la energética.

Leer más | ¿Cómo ha influido el Acuerdo de París en la temperatura del mundo? | ENTREVISTA

Tuvieron que darse años de diálogos entre los países para acordar este mecanismo. El proceso que seguirá en 2026 será más complejo porque los Estados deberán decidir cómo se va a implementar, quiénes lo van a financiar y bajo qué condiciones.

Especialistas consultados por Mongabay Latam detallan los retos para sacar adelante el acuerdo, pues nació sin una gobernanza clara y sin un financiamiento establecido, cuya discusión podría generar tensiones entre los países.

Además, el mecanismo surgió en medio de dos disonancias importantes: la presión de naciones petroleras que obligó a borrar toda referencia explícita a combustibles fósiles, así como a los minerales de transición, aquellos que tienen gran capacidad de almacenar y distribuir energía. Sin embargo, explican los especialistas, el acuerdo cuenta con instrumentos para traducirse en políticas que avancen a esquemas menos contaminantes, pero cuiden al mismo tiempo a comunidades que dependen, por ejemplo, del carbón y del petróleo, así como a pueblos indígenas y campesinos expuestos a los impactos de la industria minera.

Estos son los matices de una victoria histórica que busca llegar a los más vulnerables frente a la crisis climática.

Leer más | La COP30 dejó un gran sinsabor y no logró avanzar en la transición de los combustibles fósiles

Avanzar pese a las contradicciones

Aunque los países aprobaron en el llamado Paquete Belém acuerdos que no incluyen menciones al abandono de los combustibles fósiles o a los impactos de los minerales críticos, especialistas ven en el mecanismo una victoria para impulsar la justicia climática al haber un reconocimiento explícito a los derechos humanos, laborales, de las mujeres, personas migrantes, jóvenes y pueblos indígenas.

Para Laura Montaño, abogada y coordinadora de la Red por la Justicia de los Recursos para América Latina y el Caribe, este acuerdo es como una versión de la película Don’t Look Up, una sátira donde astrónomos advierten a la sociedad de un cometa mortal que está por estrellarse en la Tierra, pero se encuentran con indiferencia política y una negación de la catástrofe. La especialista considera grave que los países evadan los conflictos más sensibles por ignorar la realidad de que los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento del planeta.

Sin embargo, al mismo tiempo destaca herramientas legales y diplomáticas que dejan la puerta abierta para incluir la relación entre clima, recursos naturales y derechos humanos

“Es un tema de creatividad. El hecho de que a mí no me digan explícitamente una cosa, no significa que yo no pueda generar ciertos vínculos”, destaca Montaño y pone de ejemplo la omisión a los minerales críticos.

Si bien no hay un reconocimiento en el texto a estos minerales de transición —como el cobalto, el cobre, el grafito, el litio o el níquel—, sí se puede hablar de diversificación económica para atender a las comunidades en los procesos de cierre de minas de carbón o de bloques petroleros.

“Hablar de transición justa es quitar este purismo climático a la agenda y ver que viene con muchas otras cosas de por medio. Si entro a hablar de pueblos indígenas, tengo que hablar del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre consulta previa en los proyectos de infraestructura, mineros o petroleros”, explica a Mongabay Latam.

Jorge Martínez, coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México, sostiene que el acuerdo también fue un logro, en gran parte, de la sociedad civil, que por años ha impulsado una visión de derechos humanos para atender la crisis climática.

“Lo consideramos un logro importante porque fue lo que la sociedad civil más empujó y se vio reflejado al final. Realmente se puede influir en las decisiones de los documentos”, sostiene.

Agrega que aunque hay una debilidad en no mencionar a los combustibles fósiles y a los minerales de transición, sí hay elementos que permitirán defender derechos humanos en la transición de las industrias y evitar que esta conversión genere zonas de sacrificio.

“Se habla del consentimiento libre e informado de las comunidades [indígenas] que van a ser afectadas. Hay por lo menos una salvaguarda potencial para evitar daños e impactos socioambientales de la transición”, dice a Mongabay Latam.

En el mismo sentido, Camila Mercure, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca el trabajo de la sociedad civil para impulsar el Belém Action Mechanism (BAM) como la iniciativa para pasar de los diálogos a la acción e implementación de políticas. El objetivo, explica, es identificar caminos para la cooperación internacional, transferir tecnología entre países y guiarlos en la implementación de la acción climática.

“Lo que propone es que haya una entidad de coordinación que esté bajo la UNFCCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] que pueda guiar, pero que también haya otros componentes en la generación de conocimiento y de acción, desde apoyos técnicos y financieros”, explica.

Leer más | El lobby de los combustibles fósiles y la agroindustria fue uno de los ganadores de la cumbre por el clima en la COP30

Financiamiento, el tema incómodo en la mesa global

El dinero siempre ha sido un tema que ha trabado las negociaciones climáticas a nivel global, incluso para el nacimiento de este mecanismo que se había ideado desde hace tres años en la COP27, realizada en Egipto, donde esta iniciativa no pasaba de ser solo diálogo entre los países, sin ningún tipo de obligación.

Ahora, con la creación del mecanismo, los países deberán financiar esta iniciativa, pero quién pagará y cuánto es algo que no se ha definido.

Mercure destaca que este será un gran reto para las naciones en 2026, pues considera que el financiamiento no debe ser en forma de deuda para los países en desarrollo, que les genere mayores presiones, algo que nunca es bien visto por los países del norte global, quienes han sido los responsables de aportar el dinero para medidas de adaptación al cambio climático.

“Acá va a surgir el primero de los conflictos, cuando llegue el momento de hablar de cómo se financia este mecanismo va a haber una primera disputa entre los países porque los países del norte global no quieren abrir nuevas ventanas”, dice la experta a Mongabay Latam.

La especialista también destaca que en comparación con el financiamiento que los países desarrollados están destinando a frentes como la militarización o la defensa, el gasto del mecanismo es “ínfimo”.

Martínez destaca la adaptación y mitigación como ejes donde el financiamiento es crucial, por lo que señala la transferencia de tecnología que permita a los países desarrollar sus capacidades locales con apoyo internacional.

Además, explica que más allá de los acuerdos que adoptaron los países en la COP, hay opiniones consultivas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan las responsabilidades de Estados y empresas en los impactos de la crisis climática, así como sus obligaciones para reparar los daños.

“Cada Estado debe velar para que esa transición sea justa, que llegue a las comunidades, con el principio de prosperidad compartida”, advierte. “No es nada más no crear daños, sino cómo se van a distribuir de manera más equitativa los beneficios”, sostiene el especialista.

Añade que el dinero que aporten los países desarrollados tiene que ser visto como una inversión en una crisis y no como un gasto o una donación, uno de los principios clave para la transición.

“Debe haber un principio de que quienes son culpables por los daños sean responsables por la cuenta, que es una inversión. Son las empresas, los ricos, quienes más han contaminado y quienes deben pagar para tener el financiamiento y llevar esto a las personas y a las comunidades”, señala Martínez.

Leer más | El litio en México, de la ilusión a la incertidumbre

En tanto, Montaño advierte que ante la salida de Estados Unidos de los acuerdos y la poca iniciativa de los países de la Unión Europea en el financiamiento climático, China puede ser el país que lidere inversiones en este mecanismo mediante la transferencia de tecnología.

“¿Cuál es una ventana de oportunidad? El sector banca multilateral y el sector privado en términos de transición. China puede tener un rol protagónico porque tienen la tecnología para la transición justa”, explica.

Sin embargo, Montaño también comenta que existen barreras en el acceso a la tecnología, un tema que hasta ahora no ha sido abordado en el mecanismo de transición y que sería clave para incorporar proyectos comunitarios.

“Esa es nuestra pelea como sociedad civil, hablar de una transición que ponga las comunidades en el centro, que busque una democratización de la energía y los derechos laborales”, sostiene.

Montaño y Mercure agregan que estos principios de justicia deben aplicarse no solo en la transición energética sino en industrias como la agricultura, la ganadería o las relacionadas al cambio de uso de suelo.

Leer más | Minerales de la transición energética: entre los conflictos sociales y las expectativas mundiales

Las fechas clave para el seguimiento a la transición justa

La política climática global no se terminó en Brasil, sino que tiene que avanzar en etapas para llegar a finales de 2026, en Antalya, Turquía, donde deberán plasmarse avances del mecanismo.

El siguiente paso será el próximo 15 de marzo, cuando los países, pero también otros actores puedan aportar iniciativas de cómo debería ser este mecanismo. Posteriormente, en junio de 2026 se realizará la Conferencia de Bonn, Alemania, sobre el Cambio Climático, una reunión intersesional que sirve como preámbulo para la cumbre climática que se realizará entre noviembre y diciembre del próximo año.

“Nos dará un termómetro de cuáles son los principales puntos calientes o controversias entre los países de disonancia en términos del mecanismo. Ahí vamos a poder ver cuáles son esas dificultades y esos desafíos para llegar a Turquía con una decisión robusta y sólida del mecanismo”, dice Mercure a Mongabay Latam.

Montaño agrega el reto de que durante 2026 el mecanismo se implemente lo más fuerte posible y sea vinculante para los países, al considerar que el eje de transición justa se ha estancado durante años en las negociaciones climáticas.

“La transición justa es algo que se viene mencionando hace 20 años y lo máximo que se ha hecho es que China sea casi eléctrica, pero no está resolviendo problemas de fondo de países que igual se van a ver una situación muy complicada en poco tiempo”, explica la especialista sobre las sociedades dependientes de combustibles fósiles, principalmente en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador o México.

Las especialistas advierten que si se quiere avanzar en transición energética dentro de un año, los países deberán definir la gobernanza del mecanismo, cuáles serían sus funciones, sus elementos y cómo se coordinarán las partes involucradas para su implementación.

Por ahora queda en el aire si los principios logrados en Belém se traducirán en obligaciones mínimas y en financiamiento real para el próximo año. Sin estos componentes, la transición justa quedará solo en texto.

Imagen principal: el acuerdo reconoce explícitamente derechos humanos, derechos laborales, de género, de juventud y el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas, señalados por la sociedad civil como avances sin precedentes. Foto: cortesía UN Climate Change.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

Concluyeron las negociaciones de la COP30, en Belém, Brasil, una cumbre climática marcada por una intensa movilización de los pueblos indígenas —principalmente de la Amazonía—, comunidades afrodescendientes y actores sociales que desde antes de la conferencia buscaron poner en el centro de la conferencia a quienes resguardan los territorios clave frente a la crisis climática y sus posibles soluciones.

Leer más | Lobistas del petróleo y el agronegocio permean la COP30 para imponer sus agendas en la discusión climática

Si bien esta cumbre será recordada como la COP de los pueblos indígenas, algunos de sus representantes, ambientalistas y organizaciones sociales advierten que este espacio también mantuvo la exclusión contras estas poblaciones en la toma de decisiones, además de ignorar sus principales exigencias: reconocimiento a sus territorios y cancelación de megaproyectos (especialmente fósiles), inclusión en las mesas de negociación y acceso directo al financiamiento climático.

La participación histórica de pueblos indígenas que tuvo la COP30 —con más de 3000 representantes en las diferentes zonas de la cumbre— fue parte de la articulación de organizaciones y comunidades con autoridades brasileñas, casi dos años antes de la cumbre, con el objetivo de que la ciencia y el conocimiento ancestral indígena se unieran en soluciones y acuerdos.

A esta organización se sumaron las caravanas indígenas, como la Flotilla Amazónica Yaku Mama, que navegó más de 3000 kilómetros para llevar las mismas exigencias a Belém. También se movilizaron decenas de miles de personas en esta ciudad amazónica para exigir medidas urgentes por la justicia climática.

Incluso, las protestas salieron del protocolo cuando representantes de pueblos indígenas irrumpieron en la zona azul de la cumbre —el área donde solo se permite la entrada a delegaciones oficiales, funcionarios, observadores y prensa acreditada— para exigir espacios en las mesas de negociación y días después bloquearon el acceso a las instalaciones intentando ser escuchados.

Sin embargo, nada de esto se tradujo en una influencia directa. Pese a toda la movilización y visibilidad que tuvieron, no formaron parte de las negociaciones ni de las decisiones tomadas en la COP30.

Leer más | Los pueblos indígenas de América van a Belém do Pará con bajas expectativas sobre la COP30

Conocimiento indígena, una oportunidad perdida

Las negociaciones climáticas dieron algunos pasos para reconocer, por primera vez, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes ante la crisis climática.

Por un lado, el programa de trabajo para la Transición Energética Justa reconoció en uno de sus párrafos el consentimiento libre, previo e informado, así como la autodeterminación de los pueblos indígenas.

También se encuentran presentes en la declaración del acuerdo global Mutirão, un pronunciamiento político que resume las acciones de la cumbre y contempla temas que no eran oficialmente parte de las negociaciones.

Para Florencia Ortúzar, directora del Programa Clima de la Asociación Interamericana para Defensa del Medio Ambiente (AIDA), si bien esto representó un avance, se perdió la oportunidad de llevar el conocimiento de las comunidades indígenas a las negociaciones de alto nivel.

“Se perdió la oportunidad de que pudieran ser más influyentes en las negociaciones y pudiéramos aprovechar su sabiduría, tal como dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, dice la especialista a Mongabay Latam en referencia a la opinión consultiva hecha por este organismo en julio de 2025, que reconoció por primera vez el derecho a un clima sano como una medida para enfrentar la emergencia climática y al mismo tiempo el derecho a la ciencia y el reconocimiento de los saberes tradicionales e indígenas.

Especialistas del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) coinciden en que el mecanismo de transición justa es una victoria para pueblos indígenas, pero que no puede coexistir con la expansión de los combustibles fósiles, un tema que quedó fuera de los documentos oficiales.

Gisela Hurtado, abogada y coordinadora de campañas por la Amazonía en Stand.earth, sostuvo que la COP30 “no logró tomar la decisión histórica que el mundo necesitaba”, una eliminación progresiva de los combustibles fósiles.

“Una transición verdaderamente justa debe mantener los combustibles fósiles bajo tierra, proteger a los pueblos indígenas mediante zonas de exclusión y defender la autodeterminación como un pilar no negociable para la acción climática”, consideró.

Voces indígenas y afrodescendientes evalúan el papel de la COP30

Representantes de pueblos indígenas que acudieron a Belém destacaron la mención del consentimiento libre, previo e informado en uno de los acuerdos climáticos, ante la expansión de la industria de los combustibles fósiles, la extracción de minerales para la transición energética y los proyectos de energías renovables a gran escala, los cuales también, sostuvieron, han llegado a violar los derechos humanos de comunidades.

“Esta decisión nos brinda herramientas para seguir abogando, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar que todas las políticas relacionadas con la transición energética respeten nuestros derechos”, consideró Emil Gualinga, representante del pueblo kichwa de Sarayaku, en Ecuador.

Pese a algunos avances en las negociaciones de la COP30, para Nadino Calapucha, joven kichwa y presidente de la organización Tu Amazonía, en Ecuador, la cumbre ha sido decepcionante al no hablar de una salida de los combustibles fósiles ni de las reparaciones a los territorios afectados por esta industria.

“El tema de combustibles fósiles para los amazónicos era una agenda prioritaria, sin embargo esto no ha avanzado. Hemos perdido esa gran oportunidad cuando no tenemos mucho tiempo. Nos hemos encontrado una vez más en esta COP en un callejón sin salida”, dice Calapucha a Mongabay Latam.

Sin embargo, el líder kichwa señala que la cumbre climática fue también un escenario donde conectó con realidades de otros pueblos y culturas de la Amazonía que resisten a los mismo tipos de amenaza en sus territorios.

Además, insiste en que las victorias para los pueblos indígenas no vienen necesariamente de los Estados, pese a sus obligaciones ante la crisis climática, por lo que han buscado espacios para articularse con otros actores.

Por ejemplo, en esta COP30, Calapucha participó en el lanzamiento del Fondo Wao Yasuní, una iniciativa que combina la recaudación de fondos globales con un fideicomiso comunitario administrado por el pueblo amazónica Waorani, cuya población dejó de estar en aislamiento voluntario con la explotación de petróleo en sus territorios sin ser consultados.

El objetivo del proyecto es crear un puente financiero directo entre los donantes y los proyectos de conservación y desarrollo en territorio para garantizar los medios de vida de la población Waorani.

“Sentimos que el tiempo se nos va. La Amazonía está en un punto de no retorno y tenemos que actuar. Si los gobiernos no dan respuestas concretas, los pueblos sí dan respuestas y no nos vamos a cansar, vamos a seguir luchando”, sostiene.

La población indígena y afrodescendiente brasileña también logró reconocimientos históricos dentro de la COP30. Por un lado fueron mencionadas por primera vez en documentos oficiales de negociación climática, en los que se destacó su papel en la protección del bosque amazónico y otros ecosistemas clave para combatir el cambio climático.

Incluso, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, otorgó títulos de propiedad a 28 comunidades quilombolas (territorios afrodescendientes de personas descendientes de esclavos que utilizaron el bosque como refugio) en 14 estados de Brasil.

Sin embargo, la violencia también se hizo presente en territorios indígenas guaraní y kaiowá, en el estado de Mato Grosso del Sur, donde el líder indígena Vicente Fernandes fue asesinado el pasado 20 de noviembre, cuando aún se realizaba la COP30.

En 2024, Brasil fue el cuarto país con más casos de defensores del territorio asesinados, con 12 casos, de acuerdo con el informe de la organización internacional Global Witness.

Para Fábio Nogueira Coelho, habitante del Territorio Quilombola Menino Jesus, la cumbre climática representaba la posibilidad de mostrar el aporte de su comunidad a la conservación y el acceso a financiamiento que les permita conservar mejor el territorio.

“Nuestro papel aquí es proteger y nunca hemos podido llegar a la COP para mostrarle al mundo lo que ya hemos estado haciendo: proteger, cuidar la naturaleza”, dice Nogueira a Mongabay Latam, luego de que su comunidad luchó por 20 años para el reconocimiento de sus territorios, pero donde actualmente enfrentan la imposición de un relleno sanitario que pone en riesgo sus proyectos agroforestales.

Ruta contra la deforestación, una posible victoria silenciosa

Uno de los temas que generó mayor expectativa durante la COP30 fue la hoja de ruta de los países para abandonar progresivamente los combustibles fósiles. Si bien la iniciativa no se vio reflejada en los acuerdos finales, se presentó como un procedimiento voluntario apoyado por más de 80 países.

Lo mismo sucedió con una hoja de ruta para frenar la deforestación. Ortúzar destaca que esta segunda hoja de ruta podría ser también valiosa para los pueblos indígenas si los países que apoyaron la salida de combustibles fósiles también se suman a esta iniciativa.

“Esta podría ser una súper ganancia para los pueblos indígenas en la COP, la protección de un roadmap para detener la deforestación”, explica la especialista Ortúzar.

La defensora explica que estas hojas de ruta son ejemplos de cómo los países deben impulsar políticas climáticas fuera de los acuerdos que se logran dar por consenso en la COP.

“Los países tienen que seguir empujando su propio aporte a resolver la crisis climática y está súper claro que gran parte va por apoyar a los pueblos indígenas en las comunidades locales”, destaca Ortúzar.

Un ejemplo también es el Fondo Bosques Tropicales para Siempre, la propuesta de Brasil para que los países que conserven sus bosques tropicales reciban pagos por hacerlo. De acuerdo con la propia iniciativa, se busca que el 20 % de los recursos se destinen a los pueblos indígenas.

Sin embargo, su implementación enfrenta desafíos. Mauricio Voivodic, director ejecutivo de WWF Brasil, explica que el fondo aspira a movilizar 125 000 millones de dólares bajo un esquema de inversiones de gobiernos y filantropías que actúan como “capital de riesgo” y debería atraer a inversionistas privados pero con reglas estrictas para garantizar que las inversiones no terminen alimentando actividades extractivas.

El fondo solo entregará recursos a los países que demuestren, con sistemas de monitoreo confiables, que lograron reducir la deforestación año con año. Algo que puede ser complejo para países que no tienen suficiente infraestructura para sus monitoreos.

Desde la coordinación de campaña de Greenpeace, Hernán Giardini añade otro desafío: evitar que el fondo se convierta en una nueva forma de greenwashing.

“Lo que nos preocupa como organización es que esto permita algún tipo de greenwashing en la que entren corporaciones extractivistas. Que ese fondo de protección de los bosques no sea a cambio de seguir contaminando o seguir generando extractivismo de ciertas corporaciones que a veces utilizan estos mecanismos”, dice a Mongabay Latam.

Imagen principal: la Presidencia de la COP30 no logró impulsar hojas de ruta para el abandono de combustibles fósiles ni freno a la deforestación. Foto: cortesía UNclimatechange.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

El Panel Intergubernamental sobre el cambio climático (IPCC), en su último informe de 2023, caracterizó los impactos del cambio climático y actualizó los escenarios de riesgo que enfrentará la humanidad si no se toman medidas urgentes. Las emisiones continuas de gases de efecto invernadero (GEI) implicarán, incluso en el mejor escenario, un aumento promedio de 1,5 °C en la temperatura global. Si no se implementan acciones decisivas y las emisiones siguen aumentando, la temperatura podría elevarse 2 °C, 3 °C o hasta 4 °C, en comparación con los registros de 1850-1900.

En cualquier escenario, el calentamiento global intensificará los cambios regionales del clima, experimentando temporadas de calor con mayor frecuencia e intensidad, generando peligros y riesgos en los seres humanos y en los ecosistemas de todo el planeta. La figura 1 muestra que los incrementos de temperatura ya son notorios claramente en la mayoría de las regiones del mundo, salvo en algunas zonas de Norteamérica, Sudamérica y África, donde la evidencia aún es insuficiente o se carece de información al respecto.

Los cambios extremos en la temperatura del planeta afectan los patrones de precipitación y elevan el nivel del mar por la pérdida progresiva de glaciares. En gran parte del mundo, las lluvias serán menos frecuentes; y en regiones extremadamente secas de África y Asia, aun cuando aumenten, no representan un aumento favorable.

Estas alteraciones en el curso natural de las precipitaciones producirán sequías que afectarán la agricultura y los ecosistemas. Las regiones más vulnerables serán aquellas con alta densidad poblacional y de países de bajos ingresos, concentrados en América Latina y África

El impacto de la fuerza con la que la crisis climática golpea los sistemas humanos y naturales es ya multidimensional. Afecta la producción de alimentos, la disponibilidad de agua potable y por consecuencia, la salud pública. El aumento de enfermedades transmitidas por vectores —como malaria, dengue o Chikunguña— será más marcado.

Los problemas de malnutrición y hambre se intensificarán, así como los problemas de salud mental y migraciones por falta de recursos. Los daños en la infraestructura de ciudades serán evidentes, debido a inundaciones, ciclones y huracanes. La afectación en los ecosistemas marinos, terrestres y de agua dulce crecerá y la pérdida de la biodiversidad será evidente junto con los cambios estacionales.

¿Cómo enfrentar esta crisis civilizatoria expresada en la crisis climática? Desde la educación en ciencias de la naturaleza y la educación ambiental se propone el desarrollo de procesos formativos en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, de tal forma que se contribuya con el desarrollo de acciones sociopolíticas responsables y transformadoras.

La crisis climática exige replantear la noción de desarrollo que aún defienden muchos gobiernos latinoamericanos, aferrados a la idea de “ser emergentes” para luego ingresar al club de los países desarrollados. Ante un panorama tan crítico, es indispensable emprender acciones individuales y colectivas que cuestionen ese pensamiento. Problematizar la crisis climática nos conduce a exigir cambios estructurales en el modelo de desarrollo, tanto en el ámbito local como global.

La teoría decolonial contribuye a fundamentar las acciones sociopolíticas que buscan transformar el modelo hegemónico extractivista porque sitúa el origen de la modernidad en la raíz estructural de la explotación tanto humana como de la naturaleza, que es la conquista española que representó prácticamente el exterminio de la cultura ancestral que hacía parte de un gran civilización amerindia, que habitaba Abya Yala, tal como se llamaba al continente americano por los pueblos indígenas, sociedades altamente avanzadas en muchos ámbitos sociales y económicos basados en el funcionamiento de la naturaleza que respetaban el funcionamiento de sus ciclos vitales.

La acción individual y colectiva se traduce en la transformación de patrones de consumo para disminuir los impactos ecológicos de nuestras actividades, esto significa transportarnos sin emitir GEI como la movilidad en bicicleta o eléctrica, o preferir el transporte público en lugar del privado. Además de apoyar demandas ambientales locales y globales orientadas a exigir el cambio de la movilidad dependiente de hidrocarburos fósiles.

El consumo de alimentos, prendas de vestir y demás insumos debe hacerse en el ámbito local impulsando y apoyando la agroecología para la producción solidaria y responsable. Es clave reciclar agua, construir sistemas de recolección de lluvia y limitar el uso de energía eléctrica. La transición de energía eólica y solar debe producirse en lugares como parques, para lo cual es clave acompañarse de movilizaciones ambientalistas que exijan el abandono del modelo extractivista dependiente de hidrocarburos fósiles, incluyendo el fracking.

Estas acciones individuales son un primer paso, que por su puesto tienen grandes limitaciones, sino se articulan con procesos amplios de movilización social orientados a transformar el paradigma extractivista dominante.

Es fundamental sumarnos a luchas sociopolíticas ya históricas. El pueblo U’Wa, por ejemplo, enfrentó pacíficamente la explotación petrolera que la Petroleum Company pretendía realizar en Cubará (Boyacá). El proceder de este pueblo no siguió la racionalidad técnica instrumental de occidente que buscaría realizar los estudios de impacto para tramitar la respectiva licencia que asegure la supuesta explotación sostenible de este hidrocarburo, tampoco siguió el derecho ambiental liberal basado en el principio moderno de equivalencia para pedir compensaciones económicas para revertir los daños, la acción social organizada fue más radical: oponerse pacíficamente y evitar la explotación petrolera en defensa de la sangre que corre por las venas de la madre tierra.

Las acciones sociopolíticas comprometidas con la defensa de la naturaleza constituyen una importante alternativa para enfrentar la crisis climática buscando transformar el problema estructural adyacente a la concepción del desarrollo y progreso ancorada en la sociedad occidental.

Otros ejemplos, son la lucha de las mujeres en Doima-Piedras Tolima contra el proyecto minero la Colosa; las gestas contra la explotación petrolera en Acacias-Meta, Tauramena-Casanare, Sumapaz-Cundinamarca por parte de las comunidades campesinas que dicen: “Agua si, petróleo no”. Constituyen otros ejemplos de experiencias que tejen una nueva narrativa que recibe apoyo de amplios sectores sociales y que representa una nueva manera de concientizar a todos y todas frente a los graves y complejos problemas ambientales que vivimos.

La acción sociopolítica contra la explotación de hidrocarburos en Colombia, la trasformación de la matriz energética, el desarrollo de prácticas comunitarias y solidarias para la producción de alimentos y la reconstrucción del modelo productivo, entre otros aspectos, da cuenta de la esperanza y la búsqueda por enfrentar las causas estructurales de la crisis climática, más allá de las políticas de adaptación y mitigación promovidas por los países poderosos del norte global.

@LeoMartinezUPN

“En 2024, los bosques siguieron sufriendo una destrucción a gran escala con una pérdida permanente de casi 8.1 millones de hectáreas en todo el mundo”, indica el informe anual de Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025, un estudio que mide el progreso de los compromisos globales de países, empresas e inversores para detener la deforestación y restaurar los bosques para 2030.

El estudio también presenta otras cifras preocupantes, como que la pérdida de bosques está 3.1 millones de hectáreas por encima de la pérdida máxima prevista para cumplir el objetivo planteado para 2030. Y en cuanto a la degradación, los datos indican que en 2024 se degradaron 8.8 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos, más del doble del nivel anual considerado para detener la degradación para 2030. Estos datos reflejan que los compromisos para el final de esta década están lejos de cumplirse.

“Cada año, la brecha entre los compromisos y la realidad se amplía, con impactos devastadores en las personas, el clima y nuestras economías. La deforestación no ha disminuido significativamente desde el comienzo de la década, y ya hemos recorrido la mitad del camino», dice Erin Matson, autor principal del estudio publicado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil.

El informe también detalla que el principal factor de la deforestación es la expansión de la agricultura, que representa alrededor del 86 % de la pérdida de bosques en la última década. Otro factor importante y creciente es la minería y las actividades extractivas de oro, carbón y de los metales y minerales necesarios para la transición energética. “Modelos de producción explotadores, el consumo excesivo, la gobernanza débil y los persistentes desequilibrios de poder alimentan la deforestación y degradación continua”, señala el informe.

A ello se suman los grandes incendios, “que solían ser excepcionales, pero ahora son la norma”, comenta Matson. “Estos incendios son en gran medida provocados por el ser humano. Están vinculados a la deforestación, a la sequía inducida por el cambio climático y a la escasa aplicación de la ley”, agrega Matson.

En medio de la devastación de los bosques surgen esfuerzos de restauración. El estudio señala que entre 2025 y 2021 se regeneraron más de 11 millones de hectáreas de bosques tropicales húmedos.

Leer más | Gobiernos de Latinoamérica llegan a la COP30 sin compromisos ambiciosos para enfrentar la crisis climática

Entre la preocupación y la esperanza

Los hallazgos del estudio también dan cuenta de que los bosques tropicales remotos y prístinos sufrieron un deterioro grave en 2024, pues se perdieron alrededor de 6.73 millones de hectáreas, principalmente debido a los devastadores incendios en América Latina, Asia, África y Oceanía.

“En total, los líderes mundiales se desviaron un 190 % de sus objetivos de protección de estos bosques ricos en carbono, cuya pérdida liberó 3100 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero a la atmósfera, casi el 150 % de las emisiones anuales del sector energético estadounidense”, señala el informe.

“La tendencia de deforestación en el país [en el caso de Perú] y la región es cada vez más grave e indica que, efectivamente, no se están tomando las acciones para el cumplimiento de las metas anunciadas a 2030”, dice Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente de Perú.

Castro agrega que esta “tendencia nos estaría conduciendo a una situación, en determinadas zonas, a un punto de no retorno”, como lo han anunciado científicos como Carlos Nobre y Thomas Lovejoy. “La situación no solo es crítica, sino que es necesario la adopción de medidas impostergables”, agrega.

En el informe Amazonía en peligro de extinción, que se acaba de publicar, los datos indican que tras los incendios y sequías de 2023 y 2024 se evidencia la pérdida de una extensión equivalente a Italia en toda la Amazonía, así como altos niveles de degradación. “Entre 2020 y 2024, la espiral de incendios, degradación y deforestación suman ya 30 %. Carlos Nobre, quien lidera el Panel Científico de la Amazonía (SPA, por sus siglas en inglés) y sus múltiples análisis reafirman que el punto de no retorno ocurre cuando la deforestación llega al 20-25% o el calentamiento global aumenta a 2-2.5° C [por encima de los niveles preindustriales]”.

En la misma publicación, José Gregorio Díaz Mirabal, líder indígena venezolano y coordinador de Cambio Climático de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), advierte su preocupación sobre “cómo el bosque tropical —el más grande del planeta— se acerca peligrosamente a un punto de no retorno ecológico”.

Erin Matson, agrega que la región de América Latina y el Caribe tropical no está en camino de cumplir las metas de 2030. “La deforestación en 2024 fue un 51 % superior a la trayectoria necesaria. Sin embargo, nuestro informe destaca que la región cuenta con importantes factores como marcos legales avanzados, una sociedad civil activa y crecientes mecanismos de transparencia, que podrían acelerar el progreso si se refuerzan la voluntad política y la coherencia entre políticas sectoriales”, comenta.

«Ya sabemos qué funciona para detener la pérdida de bosques, pero los países, las empresas y los inversores apenas están comenzando. Incluso esos esfuerzos iniciales se enfrentan a una fuerte resistencia por parte de los defensores de un sistema económico basado en la destrucción de los bosques”, agrega Erin Matson, de Climate Focus, una de las organizaciones que forma parte de la Evaluación de la Declaración sobre los Bosques 2025.

Matson señala que si bien “la demanda de materias primas como la soja, la carne de res, la madera, el carbón y los metales sigue aumentando”, en realidad “no necesitamos destruir bosques para satisfacer esa demanda”.

El compromiso de eliminar a nivel mundial la deforestación y la degradación forestal, y restaurar el 30 % de los bosques degradados para 2030, fue establecido en la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en 2014. Fue adoptado por 127 países durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), que se realizó en Glasgow, en 2021, y reafirmado durante el Primer Balance Mundial de 2023, en el marco del Acuerdo de París, y en el período de sesiones del Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques de 2024.

Las metas parecen estar cada vez más lejos. De acuerdo con el estudio, para cumplir estos acuerdos, la deforestación global debería haber disminuido a 5 millones de hectáreas anuales para 2024. Sin embargo, se mantiene por encima de los 8 millones.

No obstante, la esperanza de que aún se pueda poner freno a la devastación de los bosques está presente. Según el informe, “existen iniciativas de restauración activas en marcha en al menos 10.6 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas”. “Esto representa alrededor del 5.4 % del potencial global de reforestación y solo el 0.3 % del potencial global de restauración biofísica de los bosques. Aproximadamente dos tercios de esta área (unos siete millones de hectáreas) se encuentran en regiones tropicales, 3.3 millones de hectáreas en zonas templadas y 250 000 hectáreas en bosques boreales”, menciona el reporte.

“Existen antecedentes de reducciones drásticas en la deforestación en pocos años: Brasil e Indonesia, por ejemplo, lograron avances significativos en solo dos o tres años. Sin embargo, a escala global nunca hemos visto el tipo de esfuerzo masivo, coordinado y de toda la sociedad que sería necesario para alcanzar las metas de 2030”, agrega Matson.

Leer más | De Ecuador a Brasil, flotilla de pueblos indígenas navega para hacerse escuchar ante los líderes mundiales en la COP30

Camino a la COP30

La COP30, que se realizará a partir del lunes 10 de noviembre en Belém do Pará, Brasil, “representa un momento crucial para establecer un marco viable para detener y revertir la deforestación, integrando la producción de alimentos, las cadenas de suministros de productos básicos y los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, precisa el informe.

Para Sassan Saatchi, científico del California Institute of Technology, y profesor adjunto del Center for Tropical Research de la University of California, Estados Unidos, “lo positivo de que la COP30 se celebre en Belém es que se reconoce que el Sur Global se ha comprometido a ayudar a resolver los problemas climáticos, aunque históricamente no hayamos sido la causa del cambio climático”.

“Si el Norte Global se compromete a aportar los 25 000 millones de dólares iniciales necesarios para impulsar este proyecto, creo que veremos un cambio importante, con suerte, durante la COP30”, agrega.

Desde Perú, Mariano Castro recuerda que en la última reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), los mandatarios y representantes de países amazónicos acordaron apoyar la iniciativa para que en la COP30 se incluya en agenda un mecanismo financiero para apoyar la conservación de bosques tropicales.

En ese sentido, Erin Matson mencionó que “el lanzamiento del Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales (TFFF) podría comenzar a canalizar financiamiento confiable a largo plazo para la preservación de los bosques”. Sin embargo, advierte que “los países desarrollados deben ir más allá del TFFF y asumir compromisos firmes, confiables y ambiciosos para movilizar 300 mil millones de dólares anuales en financiamiento climático hacia los países en desarrollo, como parte de la Hoja de Ruta de Bakú a Belém”.

En cuanto a los resultados formales de la COP30, continúa Matzon, esperamos que el texto final de la decisión reafirme el compromiso de detener y revertir la deforestación para 2030, en línea con las ambiciones expresadas en el Balance Global. Sería positivo, además, agrega Matson, que se reconozca explícitamente el papel de los sistemas alimentarios y la necesidad de transformarlos para lograr estos objetivos y mitigar el cambio climático.

Imagen principal: campo de soja adyacente al bosque de transición amazónico. Foto: Rhett A. Butler

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

A pocos días de realizarse la edición 30 de la cumbre climática global (la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) o COP30, que se llevará a cabo en Brasil, se publicó el Informe Síntesis de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en las que cada país presenta su plan quinquenal actualizado  para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los efectos del cambio climático. El informe señala que “casi tres cuartas partes (73 %) de las nuevas NDC incluyen componentes de adaptación” y, con una visión alentadora, se estima que las emisiones mundiales se reducirán en torno a un 10 % para 2035.

Si bien Latinoamérica y el Caribe son responsables solo del 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, tienen subzonas particularmente vulnerables ante los efectos del cambio climático, de acuerdo con datos recogidos por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Además, se estima que el 74 % de los países de la región ya está experimentando eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones con mayor frecuencia, según las Naciones Unidas.

En este contexto se cumple una década del Acuerdo de París para mitigar los efectos del cambio climático y Latinoamérica vuelve a ser la sede de la COP. La ciudad de Belém do Pará, apodada la puerta de la Amazonía, se convertirá en los próximos días en el centro de las negociaciones climáticas.

Aunque los países partícipes de la cumbre tenían hasta febrero de 2025 para presentar sus informes con planes sobre las NDC, y a pesar de que Brasil es la sede del evento, en Latinoamérica solo Uruguay, Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia, Panamá y Nicaragua cumplieron con entregarlos, aunque muchos de ellos lo hicieron fuera del periodo establecido.

Este retraso en la presentación de los NDC se suma al cuestionamiento de organizaciones de la sociedad civil y expertos ambientales por el incumplimiento de los compromisos asumidos por los países en un contexto de guerras, campañas negacionistas, desinformación y presiones políticas a nivel mundial.

Pese a que el panorama muestra matices que apuntan a un esfuerzo por unificar miradas y demandas respecto a la crisis climática, las fuentes consultadas por Mongabay Latam muestran preocupación por la ausencia de medidas específicas que permitan cumplir con los NDC actualizados.

Leer más | De Ecuador a Brasil, flotilla de pueblos indígenas navega para hacerse escuchar ante los líderes mundiales en la COP30

Concretar demandas en un panorama desalentador

Como parte de la conformación de bloques en los que se agrupan los 198 países partícipes de la COP30 para proponer, defender posiciones comunes y concretar negociaciones climáticas, las naciones de la región se distribuyen entre el Grupo Sur, la Coalición de Países con Bosques Tropicales, la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América.

Sin embargo, para Manuel Pulgar Vidal, exministro de Ambiente de Perú y líder global de Clima y Energía en World Wildlife Fund (WWF), “América Latina sigue sin ser capaz de reintegrarse y poder definir una voz única que pueda contribuir más activamente en el proceso, y a su vez gozar de los beneficios que el debate climático genera en relación al financiamiento, innovación y tecnología”, dice al analizar la variedad de bloques de negociación que representan a la región.

En la reciente suscripción de la Declaración de Bogotá durante la Cumbre de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), acuerdo que recoge la posición conjunta de ocho de los nueve países sudamericanos de la cuenca amazónica, se ha propuesto crear un Fondo para los Bosques Tropicales para Siempre (TFFF). El objetivo es ampliar los recursos destinados a reconocer con incentivos económicos a los países que incorporen e implementen políticas en el control de la deforestación.

Por otra parte, la reunión de ministras y ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe a inicios de octubre en Perú terminó con la firma de la Declaración de Lima, que también será presentada en la COP30. Esta iniciativa busca dar prioridad a la provisión y regulación del agua y a la reducción de emisiones de metano.

Sin embargo, para Pulgar Vidal ninguno de los acuerdos es un instrumento vinculante a la COP, aunque es lo que pretenden. “Lo que hay son declaraciones que buscan plantear lugares comunes, pero no hay mecanismos innovadores que provengan de América Latina en el debate”, señala.

Perú, México, Argentina y Paraguay todavía no presentan sus compromisos climáticos actualizados.

Argentina, por ejemplo, impulsa inversiones e infraestructura vinculadas a los combustibles fósiles y, según indican fuentes oficiales, se encuentra elaborando la actualización de sus NDC. Sin embargo, Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), comenta que “el Consejo Asesor Externo —órgano consultivo permanente del Gabinete Nacional de Cambio Climático— no ha sido convocado durante 2024 ni 2025, y mucho menos en el marco del desarrollo de los nuevos compromisos internacionales del país en materia climática”.

En cuanto a aquellos países que sí presentaron sus actualizaciones, «no reflejan planes climáticos ambiciosos o políticas que sean más sólidas”, dice Pulgar Vidal a Mongabay Latam. “Los niveles de reducción de emisiones están fuertemente ligados a la deforestación, al cambio de uso del suelo. En algunos países como Perú, Ecuador, Bolivia o Brasil, país anfitrión de la COP, el 60 % de las emisiones proviene de ese sector. Un plan nacional ambicioso debería significar una reducción en las tasas de deforestación y eso no está ocurriendo”, añade el experto.

Diversas organizaciones que siguen de cerca el cumplimiento de los NDC, como The Climate Reality Project América Latina, Graha y Polen Transiciones Justas, han señalado que hay una distancia muy grande entre el compromiso de los países y lo que efectivamente están haciendo.

En el caso de Ecuador hay avances en energía, transporte, uso de suelo, transparencia y manejo de residuos. “Hay que destacar que se habla de control de la deforestación, de restauración de ecosistemas, participación indígena, hay una priorización de proyectos REDD+ –mecanismo de reducción de emisiones por deforestación y degradación de los ecosistemas–, incluso hay planes de adaptación basados en conocimientos ancestrales», señala Javier Dávalos, líder de Política Climática de The Climate Reality Project América Latina. «Sin embargo, hay esta deuda en relación a la explotación de recursos provenientes de la Amazonía, lo que va a producir el efecto contrario a esta planificación”, agrega.

Para Dávalos, además, hay una falta de coordinación intersectorial y una reducción de la capacidad de gestión ambiental del país al fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Energía.

Por otro lado, Juan Orgaz, especialista en biodiversidad y director de Graha, organización ambiental que sigue la agenda política climática de Bolivia en los últimos diez años, señala que hay cuatro sectores estratégicos –agricultura, transición energética, agua y bosques– abordados en los NDC del país y que Bolivia ha tenido un cambio reciente de visión política que abre favorablemente las puertas al financiamiento climático externo y la posibilidad de gestionar el mercado de carbono, aunque son temas que aún no cuentan con un análisis profundo en el país. En el país, además, asumirá un nuevo gobierno el 8 de noviembre.

Orgaz considera que ha habido algunos avances recientes: “En esta actualización se ha incluido una mesa transversal que ha incorporado a diversos sectores de la sociedad civil para discutir las metas, además se ha incluido como un quinto sector estratégico el tema de residuos, que no se está gestionando actualmente. En Bolivia, cerca del 84 % de los municipios disponen sus residuos sólidos en botaderos a cielo abierto y esto contribuye a la emisión de gases como el metano”.

Sin embargo, parte del análisis realizado por Graha ha detectado incumplimiento en las metas de los cuatro sectores estratégicos, pues se hablaba de promover el uso de energías alternativas, promover la gestión de recursos hídricos y de la producción agropecuaria, así como reducir la deforestación ilegal y los incendios forestales. Por ejemplo, Bolivia lleva varios años enfrentando gigantescos incendios y en 2024 figuró como el segundo país con la tasa de deforestación más alta en el mundo.

Como sucede con varios países de Latinoamérica, la voluntad política, la dependencia de los combustibles fósiles y la falta de financiamiento son aspectos claves que influyen si se quieren concretar las metas.

Leer más | La misteriosa empresa que quiere extender el triángulo del litio a Paraguay

La dependencia de los combustibles fósiles

Un tema que se debatió en la COP29, realizada en Bakú, y que seguirá vigente en Belén, es la dependencia de los combustibles fósiles. Solo en los últimos 25 años, la producción de petróleo en la Amazonía ha aumentado un 70 %, según datos recogidos por el Panel Científico por la Amazonía.

Para Nadia Catalina Combariza, directora de la organización Polen Transiciones Justas, si bien aún falta la versión final de la actualización de compromisos de Colombia, “la versión declarativa de la NDC publicada en septiembre de 2025 no logra consolidar un rumbo concreto ni responder con firmeza a los retos estructurales del país al momento de acotar las prioridades sectoriales”.

Para Combariza, las metas NDC anteriores y la versión actual abordan la eficiencia energética e hidroelectricidad, pero no incluyen metas ni cronogramas para la salida del carbón, el gas o el petróleo. “Si bien las metas sectoriales podrían considerarse técnicamente viables, su formulación no siempre se acompaña de acciones concretas ni de presupuestos definidos”, añade.

A pesar de que el actual Gobierno colombiano ha anunciado como prioridad la transición energética desde hace varios años, en países de la región como Ecuador o Bolivia, que también apuntan a la misma meta y tienen una alta dependencia de los combustibles fósiles, tampoco hay claridad sobre cómo lo harán.

“No hay una medida a corto o mediano plazo para abandonar la explotación petrolera en Ecuador. Hubiera sido deseable que aparezca este tema en la planificación climática”, reitera Dávalos, de Climate Reality Project. Cabe resaltar que el país aún tiene pendiente el cierre del campo petrolero ITT, ubicado dentro del Parque Nacional Yasuní, una orden que dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular de 2023.

En México, donde el Gobierno ha anunciado el compromiso de alcanzar emisiones netas cero en 2050, la petrolera estatal Pemex –que produce el 95 % de los hidrocarburos del país– genera emisiones de metano más altas que hace una década, a pesar de que produce 28 % menos que en aquel momento, según cifras del Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Sin una versión pública de las nuevas NDC hasta el momento, para Fernanda Ballesteros, gerente en México del NRGI, por ahora solo se puede hablar de la versión anterior de la NDC que “estableció para el sector petróleo y gas una meta de reducción de emisiones del 14 % y fijó el compromiso de alcanzar un aprovechamiento del gas natural asociado a la producción de petróleo del 98 % al 2024”. Sin embargo, según Ballesteros, esta no fue una meta clara, cuantificable, ni verificable.

Varios de los expertos consultados coinciden al señalar que no hay un compromiso claro que apunte a llevar al mínimo la explotación de combustibles fósiles. “Los países no están determinando con claridad en qué periodo pueden llegar a un pico de emisiones en relación al uso de combustibles fósiles y en qué momento pueden declinar su uso y hacer una transición hacia tecnologías más limpias”, señala Pulgar Vidal.

Por su parte, Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia, añade que “no hay un compromiso para dejar de explotar carbón, petróleo o gas con fechas y cantidades precisas que deje solo lo necesario para la industria petroquímica”.

Además, para Rodríguez, el escenario se torna desfavorable por el aumento de emisiones hacia el año 2050. “Nos vamos a alejar más de alcanzar la meta de 1.5 °C [de aumento de temperatura en el paneta] con todo lo que está pasando”, dice. Esta situación ya la advertía el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en octubre de 2024, al señalar en su último reporte de emisiones que el mundo se encaminaría a un aumento de la temperatura de 2.6 a 3.1 °C a lo largo de este siglo si no se aumenta la ambición de los compromisos.

Alex Rafalowicz, director de la organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propone que los países “podrían crear una serie de incentivos que incluyan el tema de refinanciación de la deuda externa, cocréditos y quitar subsidios a la industria fósil, que representa 11 millones de dólares por minuto a nivel global, para redirigir el financiamiento hacia una diversificación de los mercados económicos que vaya más allá del impulso de las energías renovables, sino que llegue al sector agro, a la industria y a la salud”.

Leer más | Sentencia inédita del Tribunal Agroambiental de Bolivia para la protección del jaguar

El eterno debate del financiamiento climático

En búsqueda de concretar el aumento del financiamiento que se propuso en la COP29, que pasó de 100 000 millones de dólares a 300 000 millones de dólares anuales para 2035, los delegados de diversos países se reunieron en junio pasado para discutir la «Hoja de ruta de Bakú a Belém hacia 1.3T». La iniciativa, que fue pensada para apoyar a los países en desarrollo hacia la transición de economías bajas en carbono, espera movilizar recursos financieros públicos y privados para la mitigación y adaptación al cambio climático.

En esa reunión, el Secretario Ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, dijo que la hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares al año para 2035 no debería ser «solo un informe, sino una guía práctica con próximos pasos claros para aumentar drásticamente la financiación y la inversión climática«.

Sin embargo, “no se ha logrado ningún resultado, ni se ha cumplido la meta del 2010 [en la COP16] que fue donde se acordó la promesa de los países desarrollados de realizar la transferencia de recursos por 100 mil millones de dólares”, señala Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente de Colombia. Para él, lo ambiental tiene la más baja prioridad en la historia desde que se firmó la Convención del Cambio Climático en 1992, algo que está influenciado por las guerras en diferentes partes del mundo, pero principalmente por la estrategia “muy agresiva” de Trump al desmontar políticas ambientales y de cambio climático en Estados Unidos.

Los diversos especialistas consultados coincidieron al señalar que muchos países en desarrollo están teniendo grandes necesidades de recursos para concretar propuestas frente al cambio climático. El reciente Informe Síntesis de las NDC de las Naciones Unidas señala que 75 % de los países a nivel global que presentaron sus planes hasta finales de septiembre detallaron necesidades financieras estimadas en 1,97 billones de dólares. En la región, países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia tienen metas condicionadas que dependen de los recursos provenientes de países desarrollados.

Lee más |Expertos temen que proyecto minero de cobre en Chile amenace al gato andino, uno de los felinos más raros de América

Voces indígenas que quieren ser escuchadas

La COP30 también busca reunir a la mayor delegación indígena de la historia que desea que sus demandas sean tenidas en cuenta, más allá de que aparezcan o no en los NDC de los países. Desde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que articula a 511 pueblos indígenas de los nueve países que conforman el bioma, se busca generar espacios de participación y garantizar los derechos de los pueblos amazónicos.

“En Colombia se incorporó a negociadores indígenas y aportes amazónicos en la actualización de la NDC, y se empuja de Bakú a Belém la apertura de una ventanilla directa en el Fondo Verde para el Clima. Hemos planteado presencia indígena con poder de decisión, así como mecanismos de quejas y financiamiento directo a prioridades definidas por nuestras organizaciones”, afirmó Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).

Estas demandas buscan mejorar los mecanismos de trazabilidad del origen de los recursos provenientes de la Amazonía, acceso directo al financiamiento y el reconocimiento de territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI) como zonas de exclusión no sacrificables.

Si bien la articulación indígena a través de este y otros espacios como la Alianza entre los Pueblos Indígenas de la Amazonía, el Pacífico y Australia –que ha tenido como resultado la elaboración de una carta abierta al presidente de la COP30– ha generado expectativa, la recepción de las demandas de los pueblos indígenas sobre sus territorios continúa en espera.

Pese a los desafíos identificados, otro de los temas centrales de la agenda de la COP30 es la búsqueda de sinergias entre el Acuerdo de Biodiversidad de Kunming-Montreal y el Acuerdo de París, dos tratados internacionales clave. “En la medida en que se logre hacer converger los dos objetivos, se va a hacer un uso más eficiente de los recursos que ya son escasos”, dice Rodríguez.

Imagen principal: comunidades pesqueras El Hatillo y La Cerca, en el municipio Peñalver del estado Anzoátegui, en Venezuela. La erosión amenaza con derrumbar varias viviendas. Foto: Elgica Semprúm

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.

A esa conclusión llegó un análisis del Imperial College de Londres, centro de estudios que tiene un modelo de tormentas que permite estimar la influencia del cambio climático en fenómenos de este tipo.

Melissa alcanzó una excepcional categoría 5 cuando tocó tierra en Jamaica, país que aún está cuantificando las pérdidas. Hasta ahora hay cuatro muertos y medio millón de habitantes no tiene servicio de energía eléctrica.

¿Cómo influyó el cambio climático en la fuerza del huracán Melissa?

El análisis científico tomó como punto de referencia las condiciones climáticas de la era preindustrial, en particular la década entre 1850 y 1860. Se trata del clima que tenía el planeta antes de que comenzara a calentarse de la forma peligrosa en la que lo viene haciendo hoy por la acción humana.

Los expertos resaltaron, por ejemplo, que la velocidad del viento actual ha aumentado un 7 % (5.3 metros por segundo) producto del calentamiento global.

“Un huracán tan fuerte como Melissa es aproximadamente cuatro veces más probable en el clima de 2025 en comparación con las condiciones de la época preindustrial”, resalta el estudio. Y agrega: “Al menos el 79 % de la probabilidad de que ocurra este tipo de evento puede atribuirse al cambio climático”.

“Estas tormentas serán aún más devastadoras en el futuro si seguimos sobrecalentando el planeta con la quema de combustibles fósiles”, dijo el profesor Ralf Toumi, director del Instituto Grantham, el centro del Imperial College para el cambio climático y el medio ambiente.

Los daños provocados, a su vez, son “sustancialmente mayores” producto del aumento de la velocidad del viento. “El 12 % del daño económico puede atribuirse al cambio climático”, concluye el análisis.

Emily Theokritoff, profesora del Instituto Grantham, concluyó: “Lo que mostramos en este estudio es solo una instantánea directa y parcial de los costos totales causados por el huracán Melissa a lo largo del tiempo y en varios países del Caribe. No obstante, ilustra cómo se desarrolla la injusticia climática: los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen muy poca responsabilidad en la crisis climática, pero sufren algunos de sus peores efectos”.

Para leer más sobre los retos del planeta con el calentamiento global, aquí un balance sobre los 10 años del Acuerdo de París.

Imagen principal: Residentes caminan por Lacovia Tombstone, Jamaica, después del paso del huracán Melissa, el miércoles 29 de octubre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix).

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

Si quieres leer más noticias ambientales en Latinoamérica, puedes revisar nuestra colección de artículos. Y si quieres estar al tanto de las mejores historias de Mongabay Latam, puedes suscribirte al boletín aquí, unirte a nuestro canal de WhatsApp o seguirnos en Facebook, X, Instagram, Tiktok y Youtube.