La creación de un mecanismo de transición justa ha sido considerada por especialistas como la mayor victoria de la conferencia anual de cambio climático de Naciones Unidas (COP30) realizada en Belém, Brasil, durante noviembre. Se trata de un instrumento que busca descarbonizar la economía, pero que todas las personas reciban los beneficios de la transición de industrias a modelos más limpios, especialmente en la energética.

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Tuvieron que darse años de diálogos entre los países para acordar este mecanismo. El proceso que seguirá en 2026 será más complejo porque los Estados deberán decidir cómo se va a implementar, quiénes lo van a financiar y bajo qué condiciones.

Especialistas consultados por Mongabay Latam detallan los retos para sacar adelante el acuerdo, pues nació sin una gobernanza clara y sin un financiamiento establecido, cuya discusión podría generar tensiones entre los países.

Además, el mecanismo surgió en medio de dos disonancias importantes: la presión de naciones petroleras que obligó a borrar toda referencia explícita a combustibles fósiles, así como a los minerales de transición, aquellos que tienen gran capacidad de almacenar y distribuir energía. Sin embargo, explican los especialistas, el acuerdo cuenta con instrumentos para traducirse en políticas que avancen a esquemas menos contaminantes, pero cuiden al mismo tiempo a comunidades que dependen, por ejemplo, del carbón y del petróleo, así como a pueblos indígenas y campesinos expuestos a los impactos de la industria minera.

Estos son los matices de una victoria histórica que busca llegar a los más vulnerables frente a la crisis climática.

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Avanzar pese a las contradicciones

Aunque los países aprobaron en el llamado Paquete Belém acuerdos que no incluyen menciones al abandono de los combustibles fósiles o a los impactos de los minerales críticos, especialistas ven en el mecanismo una victoria para impulsar la justicia climática al haber un reconocimiento explícito a los derechos humanos, laborales, de las mujeres, personas migrantes, jóvenes y pueblos indígenas.

Para Laura Montaño, abogada y coordinadora de la Red por la Justicia de los Recursos para América Latina y el Caribe, este acuerdo es como una versión de la película Don’t Look Up, una sátira donde astrónomos advierten a la sociedad de un cometa mortal que está por estrellarse en la Tierra, pero se encuentran con indiferencia política y una negación de la catástrofe. La especialista considera grave que los países evadan los conflictos más sensibles por ignorar la realidad de que los combustibles fósiles son los principales responsables del calentamiento del planeta.

Sin embargo, al mismo tiempo destaca herramientas legales y diplomáticas que dejan la puerta abierta para incluir la relación entre clima, recursos naturales y derechos humanos

“Es un tema de creatividad. El hecho de que a mí no me digan explícitamente una cosa, no significa que yo no pueda generar ciertos vínculos”, destaca Montaño y pone de ejemplo la omisión a los minerales críticos.

Si bien no hay un reconocimiento en el texto a estos minerales de transición —como el cobalto, el cobre, el grafito, el litio o el níquel—, sí se puede hablar de diversificación económica para atender a las comunidades en los procesos de cierre de minas de carbón o de bloques petroleros.

“Hablar de transición justa es quitar este purismo climático a la agenda y ver que viene con muchas otras cosas de por medio. Si entro a hablar de pueblos indígenas, tengo que hablar del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre consulta previa en los proyectos de infraestructura, mineros o petroleros”, explica a Mongabay Latam.

Jorge Martínez, coordinador de Estrategia Climática de Oxfam México, sostiene que el acuerdo también fue un logro, en gran parte, de la sociedad civil, que por años ha impulsado una visión de derechos humanos para atender la crisis climática.

“Lo consideramos un logro importante porque fue lo que la sociedad civil más empujó y se vio reflejado al final. Realmente se puede influir en las decisiones de los documentos”, sostiene.

Agrega que aunque hay una debilidad en no mencionar a los combustibles fósiles y a los minerales de transición, sí hay elementos que permitirán defender derechos humanos en la transición de las industrias y evitar que esta conversión genere zonas de sacrificio.

“Se habla del consentimiento libre e informado de las comunidades [indígenas] que van a ser afectadas. Hay por lo menos una salvaguarda potencial para evitar daños e impactos socioambientales de la transición”, dice a Mongabay Latam.

En el mismo sentido, Camila Mercure, coordinadora de política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), destaca el trabajo de la sociedad civil para impulsar el Belém Action Mechanism (BAM) como la iniciativa para pasar de los diálogos a la acción e implementación de políticas. El objetivo, explica, es identificar caminos para la cooperación internacional, transferir tecnología entre países y guiarlos en la implementación de la acción climática.

“Lo que propone es que haya una entidad de coordinación que esté bajo la UNFCCC [Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático] que pueda guiar, pero que también haya otros componentes en la generación de conocimiento y de acción, desde apoyos técnicos y financieros”, explica.

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Financiamiento, el tema incómodo en la mesa global

El dinero siempre ha sido un tema que ha trabado las negociaciones climáticas a nivel global, incluso para el nacimiento de este mecanismo que se había ideado desde hace tres años en la COP27, realizada en Egipto, donde esta iniciativa no pasaba de ser solo diálogo entre los países, sin ningún tipo de obligación.

Ahora, con la creación del mecanismo, los países deberán financiar esta iniciativa, pero quién pagará y cuánto es algo que no se ha definido.

Mercure destaca que este será un gran reto para las naciones en 2026, pues considera que el financiamiento no debe ser en forma de deuda para los países en desarrollo, que les genere mayores presiones, algo que nunca es bien visto por los países del norte global, quienes han sido los responsables de aportar el dinero para medidas de adaptación al cambio climático.

“Acá va a surgir el primero de los conflictos, cuando llegue el momento de hablar de cómo se financia este mecanismo va a haber una primera disputa entre los países porque los países del norte global no quieren abrir nuevas ventanas”, dice la experta a Mongabay Latam.

La especialista también destaca que en comparación con el financiamiento que los países desarrollados están destinando a frentes como la militarización o la defensa, el gasto del mecanismo es “ínfimo”.

Martínez destaca la adaptación y mitigación como ejes donde el financiamiento es crucial, por lo que señala la transferencia de tecnología que permita a los países desarrollar sus capacidades locales con apoyo internacional.

Además, explica que más allá de los acuerdos que adoptaron los países en la COP, hay opiniones consultivas hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que señalan las responsabilidades de Estados y empresas en los impactos de la crisis climática, así como sus obligaciones para reparar los daños.

“Cada Estado debe velar para que esa transición sea justa, que llegue a las comunidades, con el principio de prosperidad compartida”, advierte. “No es nada más no crear daños, sino cómo se van a distribuir de manera más equitativa los beneficios”, sostiene el especialista.

Añade que el dinero que aporten los países desarrollados tiene que ser visto como una inversión en una crisis y no como un gasto o una donación, uno de los principios clave para la transición.

“Debe haber un principio de que quienes son culpables por los daños sean responsables por la cuenta, que es una inversión. Son las empresas, los ricos, quienes más han contaminado y quienes deben pagar para tener el financiamiento y llevar esto a las personas y a las comunidades”, señala Martínez.

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En tanto, Montaño advierte que ante la salida de Estados Unidos de los acuerdos y la poca iniciativa de los países de la Unión Europea en el financiamiento climático, China puede ser el país que lidere inversiones en este mecanismo mediante la transferencia de tecnología.

“¿Cuál es una ventana de oportunidad? El sector banca multilateral y el sector privado en términos de transición. China puede tener un rol protagónico porque tienen la tecnología para la transición justa”, explica.

Sin embargo, Montaño también comenta que existen barreras en el acceso a la tecnología, un tema que hasta ahora no ha sido abordado en el mecanismo de transición y que sería clave para incorporar proyectos comunitarios.

“Esa es nuestra pelea como sociedad civil, hablar de una transición que ponga las comunidades en el centro, que busque una democratización de la energía y los derechos laborales”, sostiene.

Montaño y Mercure agregan que estos principios de justicia deben aplicarse no solo en la transición energética sino en industrias como la agricultura, la ganadería o las relacionadas al cambio de uso de suelo.

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Las fechas clave para el seguimiento a la transición justa

La política climática global no se terminó en Brasil, sino que tiene que avanzar en etapas para llegar a finales de 2026, en Antalya, Turquía, donde deberán plasmarse avances del mecanismo.

El siguiente paso será el próximo 15 de marzo, cuando los países, pero también otros actores puedan aportar iniciativas de cómo debería ser este mecanismo. Posteriormente, en junio de 2026 se realizará la Conferencia de Bonn, Alemania, sobre el Cambio Climático, una reunión intersesional que sirve como preámbulo para la cumbre climática que se realizará entre noviembre y diciembre del próximo año.

“Nos dará un termómetro de cuáles son los principales puntos calientes o controversias entre los países de disonancia en términos del mecanismo. Ahí vamos a poder ver cuáles son esas dificultades y esos desafíos para llegar a Turquía con una decisión robusta y sólida del mecanismo”, dice Mercure a Mongabay Latam.

Montaño agrega el reto de que durante 2026 el mecanismo se implemente lo más fuerte posible y sea vinculante para los países, al considerar que el eje de transición justa se ha estancado durante años en las negociaciones climáticas.

“La transición justa es algo que se viene mencionando hace 20 años y lo máximo que se ha hecho es que China sea casi eléctrica, pero no está resolviendo problemas de fondo de países que igual se van a ver una situación muy complicada en poco tiempo”, explica la especialista sobre las sociedades dependientes de combustibles fósiles, principalmente en Latinoamérica, como Colombia, Ecuador o México.

Las especialistas advierten que si se quiere avanzar en transición energética dentro de un año, los países deberán definir la gobernanza del mecanismo, cuáles serían sus funciones, sus elementos y cómo se coordinarán las partes involucradas para su implementación.

Por ahora queda en el aire si los principios logrados en Belém se traducirán en obligaciones mínimas y en financiamiento real para el próximo año. Sin estos componentes, la transición justa quedará solo en texto.

Imagen principal: el acuerdo reconoce explícitamente derechos humanos, derechos laborales, de género, de juventud y el consentimiento previo, libre e informado para pueblos indígenas, señalados por la sociedad civil como avances sin precedentes. Foto: cortesía UN Climate Change.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A esa conclusión llegó un análisis del Imperial College de Londres, centro de estudios que tiene un modelo de tormentas que permite estimar la influencia del cambio climático en fenómenos de este tipo.

Melissa alcanzó una excepcional categoría 5 cuando tocó tierra en Jamaica, país que aún está cuantificando las pérdidas. Hasta ahora hay cuatro muertos y medio millón de habitantes no tiene servicio de energía eléctrica.

¿Cómo influyó el cambio climático en la fuerza del huracán Melissa?

El análisis científico tomó como punto de referencia las condiciones climáticas de la era preindustrial, en particular la década entre 1850 y 1860. Se trata del clima que tenía el planeta antes de que comenzara a calentarse de la forma peligrosa en la que lo viene haciendo hoy por la acción humana.

Los expertos resaltaron, por ejemplo, que la velocidad del viento actual ha aumentado un 7 % (5.3 metros por segundo) producto del calentamiento global.

“Un huracán tan fuerte como Melissa es aproximadamente cuatro veces más probable en el clima de 2025 en comparación con las condiciones de la época preindustrial”, resalta el estudio. Y agrega: “Al menos el 79 % de la probabilidad de que ocurra este tipo de evento puede atribuirse al cambio climático”.

“Estas tormentas serán aún más devastadoras en el futuro si seguimos sobrecalentando el planeta con la quema de combustibles fósiles”, dijo el profesor Ralf Toumi, director del Instituto Grantham, el centro del Imperial College para el cambio climático y el medio ambiente.

Los daños provocados, a su vez, son “sustancialmente mayores” producto del aumento de la velocidad del viento. “El 12 % del daño económico puede atribuirse al cambio climático”, concluye el análisis.

Emily Theokritoff, profesora del Instituto Grantham, concluyó: “Lo que mostramos en este estudio es solo una instantánea directa y parcial de los costos totales causados por el huracán Melissa a lo largo del tiempo y en varios países del Caribe. No obstante, ilustra cómo se desarrolla la injusticia climática: los pequeños Estados insulares en desarrollo tienen muy poca responsabilidad en la crisis climática, pero sufren algunos de sus peores efectos”.

Para leer más sobre los retos del planeta con el calentamiento global, aquí un balance sobre los 10 años del Acuerdo de París.

Imagen principal: Residentes caminan por Lacovia Tombstone, Jamaica, después del paso del huracán Melissa, el miércoles 29 de octubre de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix).

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El transporte marítimo, la columna vertebral del comercio mundial, se ha quedado como barco detenido en altamar en sus metas climáticas, luego de que la Organización Marítima Internacional (OMI) decidió postergar hasta 2026 la adopción formal de una regulación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para las grandes embarcaciones, la cual prometía marcar un nuevo rumbo en este sector, que contribuye con el 3 % de las emisiones contaminantes en el mundo.

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Se trata del Marco Cero Neto (Net Zero Framework), un nuevo esquema que busca acelerar la descarbonización en el transporte marítimo mediante dos medidas principales: un estándar mundial de combustibles para limitar las emisiones y un sistema de impuestos a pagar para quienes superen este límite.

Este nuevo sistema —que fue aprobado por los Estados en abril de 2025 y debía ser adoptado formalmente este mes, antes de entrar en vigor en 2027— obligaría a todos los grandes buques del mundo, incluidos los cruceros, a reducir drásticamente sus emisiones en un 17 % para 2028, con objetivos cada vez mayores. Si no lo hicieran, pagarían un impuesto.

El acuerdo histórico, que forma parte del Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), podría eliminar 1000 millones de toneladas métricas de carbono anualmente para 2050, de acuerdo con la organización Ocean Conservancy.

Las diferencias entre los países por el costo de esta transición energética, así como en el sistema de precios al combustible, han postergado acciones en medio de la crisis climática que afecta también a los océanos.

Especialistas consultadas por Mongabay Latam explican los factores que frenaron este plan, sus implicaciones, pero también las alternativas que pueden implementar los países para no dejar correr más tiempo valioso.

La resistencia política a la descarbonización

Los países petroleros o productores de combustibles fósiles fueron los principales opositores a la adopción del acuerdo Marco Cero Neto. Incluso, presionaron a otras naciones para posponer la decisión, cuenta Delaine McCullough, gerente de política de emisiones de transporte marítimo de Ocean Conservancy, organización que incluso ha participado activamente en las negociaciones globales.

Entre estos países está Estados Unidos, que previamente había anunciado su rechazo a la iniciativa, al considerar que es un impuesto recaudado por una entidad “que no rinde cuentas” (Naciones Unidas), que “perjudica” a los estadounidenses y “beneficia” a China. Incluso, el presidente Donald Trump se indignó con la propuesta y dijo que su administración no tolerará un “impuesto verde y fraudulento”.

“Fueron bastante expresivos, pero no fueron los únicos. [Estados Unidos] fue parte de un grupo que incluyó a Arabia Saudita, Irán, Irak, Rusia, Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, muchos de los países que producen petróleo y gas”, explica McCullough a Mongabay Latam.

La especialista considera que esta pausa fue una salida fácil para los países que sintieron la presión de adoptar o rechazar el acuerdo. Sin embargo, destaca que la negociación ya cuenta con el respaldo de la mayoría de los países.

“Ha llevado mucho tiempo llegar a un conjunto de políticas consensuadas. Se trata menos del transporte marítimo y más de acuerdos multilaterales, son muy difíciles. Cada país tiene sus propios intereses y prioridades políticas, económicas y de desarrollo social”, sostiene McCullough sobre la dificultad de concretar estos acuerdos.

Para Nancy Carmina García Fregoso, coordinadora legal del Equal Routes, una organización dedicada a la investigación para descarbonizar la industria marítima, el retraso del plan Marco Cero Neto fue una forma de evadir la realidad del planeta.

“Se desperdicia una gran oportunidad para abordar o mitigar la contribución del transporte marítimo al cambio climático. La cuestión geopolítica jugó un papel muy importante para que se pospusiera la votación un año más”, sostiene la especialista.

García destaca que esta decisión también envía una señal a la industria marítima que se queda sin regulación en plena crisis climática.

“Aunque el Net Zero Framework no era perfecto, sí hubiera sido un paso muy importante para cumplir con los compromisos de la OMI. La industria marítima respalda el acuerdo y se le dejó desprovista en un marco regulatorio”, explica García a Mongabay Latam.

En tanto, Jaqueline Valenzuela Meza, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental (CERCA), un centro ciudadano y científico especializado en energía, interpreta esta pausa como un rechazo a la acción climática que favorece a empresas que buscarán protegerse de medidas que busquen reducir la emisiones contaminantes.

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“Estaban las condiciones dadas para que se hiciera una reiteración del compromiso de todos los países y este ‘retraso’ es un ‘no’ disfrazado. En este tiempo que esté pospuesto se van a generar mecanismos desde el sector de transporte marítimo para blindarse de compromisos”, expone la especialista en desarrollo sustentable.

Impuestos y combustibles “limpios”, una discusión clave

Si bien la adopción del marco regulatorio se retrasará al menos un año, el Grupo de Trabajo Intersesional sobre la Reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de los Buques siguió trabajando en aspectos técnicos clave, como la certificación de combustibles alternativos y su eficiencia energética.

Conocidos como Directrices sobre la intensidad de los GEI del ciclo de vida de los combustibles marinos (LCA, por sus siglas en inglés), son la base del acuerdo y se utilizan para calcular si los barcos cumplen con sus objetivos de reducción de emisiones.

“Toman cada combustible o fuente de energía, por ejemplo, la eólica, y analizan las emisiones de ese combustible en particular a lo largo de su ciclo de vida completo: desde la producción, el transporte y la carga en el barco hasta su combustión o uso”, explica McCullough.

Estos criterios técnicos también son sumamente importantes para determinar el impuesto que pagarían las embarcaciones que no cumplan con el estándar mundial de combustible.

El mecanismo contempla dos tarifas, una de 100 dólares por tonelada de emisiones y una segunda que establece una reducción mínima de emisiones, la cual de no cumplirse establece un pago de 380 dólares por tonelada de emisiones. Este sistema de precios generaría ingresos por entre 11 000 y 13 000 millones de dólares anuales que se destinarían de forma equitativa a países con menor desarrollo.

Si un buque emite por debajo de lo permitido, puede acumular o intercambiar sus sobrantes. Incluso si cambia a combustibles de emisiones “cero o casi cero”, puede obtener recompensas económicas.

Sin embargo, McCullough destaca que habrá un reto para definir cómo distribuir los fondos generados para recompensar e incentivar el desarrollo de combustibles más sostenibles y garantizar que los países tengan las mismas oportunidades de participar en la transición energética.

Por otro lado, García advierte que el acuerdo también deberá cuidar que el uso de combustibles basados en metano, como el gas fósil, no sean incluidos como sostenibles, pues tienen un efecto de calentamiento 80 veces más alto que el dióxido de carbono (CO2).

“Es muy importante que se asegure que los combustibles basados en metano no formen parte de las alternativas o de las vías para lograr la descarbonización. Para alcanzar los objetivos de reducción del calentamiento climático es indispensable prescindir del metano”, insiste la especialista.

Aún hay alternativas

Pese al aplazamiento de la acción climática en el transporte marítimo, las especialistas señalan que no todo está perdido y destacan alternativas que los países pueden implementar para cumplir con los objetivos acordados ante la OMI: reducir las emisiones anuales al menos un 20 % para 2030, un 80 % para 2040 y lograr emisiones netas cero en 2050, “o cerca de esa fecha”.

García señala que uno de los aspectos que se pueden implementar y mejorar es el Indicador de Intensidad de Carbono, o también conocido por sus siglas en inglés como CII, el cual mide la eficiencia de un buque mediante una calificación anual basada en el consumo de combustible, las emisiones hechas por la carga transportada y la distancia recorrida.

“Los Estados miembros pueden enfocarse para transformar esta unidad de medida y hacerla incluso mucho más eficiente para cambiar el rumbo. Podría ser una medida a corto plazo que podría ayudar a cambiar el rumbo de posponer la decisión para el Net Zero Framework”, explica.

También destaca la agilización de operaciones portuarias para acortar el tiempo en los puertos y la prohibición de scrubbers, dispositivos especiales que adoptaron las navieras para filtrar sus emisiones contaminantes en el aire, pero que vierten toxinas al agua.

“Es algo que se puede adoptar en países que no tienen, por ejemplo, acceso a innovaciones más costosas, como el uso de energía eólica. La conectividad eléctrica en los puertos podría permitir a las embarcaciones conectarse a la red y la prohibición del uso de los scrubbers podría contribuir a la reducción del carbono negro y el metano”, expone.

Otra de las alternativas, señala McCullough es reducir la velocidad de los buques, lo que implicaría menos emisiones de gases contaminantes.

“Es una de las formas más rápidas de reducir las emisiones y más eficientes. No solo se aborda el impacto climático, sino que al reducir la velocidad y aplicar otras medidas, como la limpieza completa de los buques, se reduce el ruido submarino, que tiene un gran impacto negativo en mamíferos marinos como las ballenas”, afirma la especialista.

En cuanto al uso de biocombustibles, Valenzuela no descarta su uso como alternativa, sin embargo señala la importancia de descarbonizar al sector y no solo sustituir combustibles que pueden implicar costos ambientales.

“Algunas empresas están hablando de biocombustibles, como bioetanol, como exploración de combustibles alternativos. Los esfuerzos y las narrativas de las navieras deben transitar a la descarbonización. No sirve de nada que hagamos esfuerzos de estar probando otros combustibles que nos van a mantener en una matriz energética sucia”, sostiene.

El Comité de Protección del Medio Marino de la OMI volverá a sesionar en abril de 2026, donde se espera, ahora sí, una adopción formal para que la acción climática del transporte marítimo reafirme su rumbo.

Imagen principal: las emisiones del transporte marítimo seguirán sin una regulación formal, al menos hasta 2026. Foto: cortesía UNCTAD

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Desde los glaciares andinos hasta un extremo de la Amazonía, representantes de comunidades, organizaciones y movimientos indígenas navegan en la Flotilla Yaku Mama por los ríos de esta región con un destino y un mensaje claros: llegar a la ciudad de Belém, en Brasil, para exigir a los líderes mundiales que escuchen a los pueblos originarios y que sean tomados en cuenta en las decisiones frente a la crisis climática en la COP30, la cumbre climática global.

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La flotilla inició el viaje el 16 octubre en la ciudad del Coca, en Ecuador, y planea llegar este 7 de noviembre a la ciudad donde se realizará la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Buscan exigir que se respete el derecho de pueblos indígenas a decidir sobre sus territorios, a ser considerados para una transición energética justa que no implique nuevas zonas de sacrificio a través de la minería, la extracción de petróleo y monocultivos. También plantean recibir financiamiento directo que les permita implementar soluciones ante los efectos climáticos se viven en sus territorios.

Para los participantes de este viaje de más de 3000 kilómetros, se trata de una protesta y al mismo tiempo un llamado por la justicia climática —un principio que nombra la desigual responsabilidad de los países y empresas por los efectos del calentamiento global— así como por frenar el uso y la explotación de combustibles fósiles, especialmente dentro de la Amazonía.

Esto ocurre en un momento crítico para la Amazonía, que en 2024 tuvo una pérdida inédita de 4.5 millones de hectáreas de bosque primario por la deforestación y los incendios, de acuerdo con un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

Integrantes de la Flotilla Yaku Mama cuentan a Mongabay Latam las implicaciones y expectativas de esta travesía, que busca colocar el conocimiento y la resistencia indígena en la mesa del espacio político más importante para enfrentar la crisis climática.

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Una mirada distinta a bordo

Alexis Grefa, joven del pueblo Kichwa de Santa Clara, en la Amazonía ecuatoriana, sostiene que la flotilla es un sueño que organizaciones y comunidades indígenas venían trabajando desde hace años. Buscaban compartir experiencias, amenazas y alternativas ante la crisis socioambiental que viven en la región.

Para el joven activista, la organización de la COP30 en la Amazonía es un buen momento para reunir esas experiencias que se asemejan. “Todos estamos luchando frente al extractivismo, sobre todo enfocados en las temáticas que se van a abordar con fuerza en esta COP: combustibles fósiles, la minería y la transición energética”, sostiene el integrante del colectivo Quipa, dedicado a la defensa de la naturaleza y el patrimonio biocultural en alianza con comunidades y organizaciones.

Aunque estos temas han estado presentes en las diferentes mesas de trabajo de la COP, Grefa precisa que se abordan desde perspectivas que buscan “mercantilizar” la Amazonía y a los territorios indígenas, lo que termina en “falsas soluciones”.

“Desde la Flotilla intentamos cambiar la mirada a una mucho más enfocada en el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas, que han sabido sobrellevar y proteger los territorios por muchos años”, explica el representante kichwa.

Ante la cada vez mayor evidencia científica que indica que el reconocimiento de tierras a pueblos indígenas es crucial para las metas de conservación, Grefa puntualiza que las iniciativas de los pueblos indígenas amazónicos deben ser incluidas en la toma de decisión a través de la “financiación directa”.

En el caso de la Amazonía ecuatoriana, el joven kichwa explica que también trabajan por cambiar narrativas que abordan las “falsas soluciones” para enfrentar la crisis climática en la región. Como ejemplo, menciona que la sustitución de combustibles fósiles por otros más limpios no debe reproducir las mismas dinámicas de extracción y desplazamiento que ya provoca la minería legal e ilegal.

“La idea de la Flotilla es esa, construir una demanda para la COP30 que incluya un proceso de transición justa, en el que no solo se solucione lo medioambiental sino también remediar a los pueblos indígenas que han sido afectados por la extracción, el desplazamiento y la apropiación de sus territorios”, dice Grefa a Mongabay Latam.

Previo al inicio del viaje, los integrantes de la flotilla se reunieron en Quito, capital de Ecuador, para hacer una confrontación con la historia, al ser la ciudad donde inició la expedición de Francisco de Orellana en 1541 que derivó en la colonización de la Amazonía.

“La Flotilla Amazónica Yaku Mama invierte simbólicamente esa ruta de conquista en una de conexión, honrando la resistencia de los pueblos indígenas y el primer levantamiento continental de 1992, con el objetivo de que el mundo, finalmente, escuche las voces de los territorios”, señaló la iniciativa.

Leonardo Cerda, representante kichwa de la comunidad de Serena, en Ecuador, precisa que el viaje de la flotilla también ha permitido escuchar las voces de otros pueblos indígenas, un ejercicio que, considera, deberían incluir las políticas públicas ambientales y climáticas para que las decisiones no se tomen solo desde los escritorios y mesas de negociación, sino también desde los territorios.

“[La flotilla] es un acto de resistencia y empoderamiento. Nosotros sabemos que el origen de esta crisis climática proviene del colonialismo extractivista que toma a la madre naturaleza como un recurso infinito”, sostiene el joven fundador del movimiento BILM (Black Indigenous Liberation Movement).

Cerda sostiene que los pueblos indígenas amazónicos agregan otra mirada a la conversación climática, la del Kawsak Sacha o Selva Viviente, un concepto kichwa que reconoce al ecosistema como un ser vivo integral y con el que hay una conexión material y espiritual.

“Venimos de la visión de los derechos de la naturaleza, donde nosotros estamos en un solo ciclo y pertenecemos a la naturaleza. Como pueblos indígenas no somos los causantes de esta crisis, son los países, la industrialización, el colonialismo, el extractivismo”, apunta el líder kichwa y agrega: “Nosotros ofrecemos soluciones basadas en el conocimiento, en la vivencia de las comunidades”.

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Un viaje que conecta los conflictos amazónicos

La Flotilla Amazónica ha establecido conexiones históricas y socioambientales en las escalas y territorios que visita. La travesía inició en los hielos del glaciar Cayambe, donde comunidades kichwas realizaron una ceremonia ancestral para recordar la conexión entre los páramos y los ríos amazónicos a través del agua.

Después conocieron el proceso de la agrupación Yuturi Warni, la primera guardia indígena liderada por mujeres en la región y que está bajo presión de la minería legal e ilegal.

“Esto es la transición energética para algunos países y no se dan cuenta de que nos están afectando en las comunidades. Vimos cómo las mujeres en Serena están monitoreando la selva, cómo tienen sus programas de manejo ambiental”, cuenta el líder kichwa a Mongabay Latam.

En Coca —ciudad del norte de la Amazonía ecuatoriana donde en 2020 se derramaron 5800 barriles de crudo— se realizó un funeral de los combustibles fósiles y una marcha, como un acto simbólico para denunciar décadas de contaminación.

“Fue muy importante hacer este ritual porque para nosotros el consumo de combustibles fósiles y el extractivismo han representado muerte y aniquilación de pueblos hermanos”, dice Cerda sobre comunidades enteras en la provincia de Sucumbíos, Ecuador, con impactos en la salud y desplazadas de sus territorios por la industria petrolera.

Para Grefa, el funeral de los combustibles fósiles también fue un llamado para el Gobierno central de Ecuador a iniciar un proceso de transición energética, ante la dependencia del país a los combustibles fósiles.

“Ecuador no está preparado ni económica, ni política, ni socialmente para transicionar porque nadie, desde el Gobierno central, está abordando la transición energética”, explica. Además, agrega que el Gobierno deberá escuchar a pueblos indígenas, a la sociedad civil y a la academia para plantear una alternativa energética durante los próximos años.

La ruta continuó en el Parque Nacional Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta y parte de la Amazonía ecuatoriana, donde en 2023 la ciudadanía ecuatoriana votó a favor de frenar la extracción de petróleo.

Para Cerda, se trata de un lugar emblemático por esta decisión. Sin embargo, advierte que en las negociaciones de la COP30 se deberá atender cómo salir de la fase de consumo de combustibles fósiles y optar por energías renovables. “Nosotros, como pueblos indígenas, no podemos ser presa fácil”.

Del lado de la Amazonía peruana, en Iquitos, la flotilla también conversó con comunidades que implementan manejos forestales y de monitoreo, ante la tala de bosques y la minería ilegal.

“Estamos intercambiando las experiencias de lucha, de resistencia, pero también las de monitoreo, de guardias, de conocimientos ancestrales. Estos intercambios son soluciones prácticas contra los procesos extractivos que se están dando en la Amazonía”, detalla.

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Defensores de la Amazonía y del territorio

Otra de las líneas de acción de la flotilla rumbo a la COP30 es integrar la protección de los defensores del territorio en todas las políticas climáticas.

El nivel de amenaza para quienes defienden la Amazonía es alto. En solo unos días, los defensores Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Alberto Guamán fueron asesinados durante el paro nacional en Ecuador, convocado principalmente por comunidades indígenas y campesinas contra medidas gubernamentales y la expansión del extractivismo en sus territorios.

Sin embargo, esta situación afecta a toda América Latina, que concentra el 82 % de los asesinatos y desapariciones contra defensores ambientales y del territorio en el mundo, de acuerdo con el informe reciente de la organización internacional Global Witness.

Para Lucía Ixchiu, mujer maya k’iche, de Iximulew, Guatemala, y coordinadora indígena del BILM, la realidad centroamericana también debe abordarse no solo en la flotilla sino también llegar a las mesas de trabajo de la COP30.

“Es parte también del interés de articularnos en esta flotilla de gente tan diversa porque somos múltiples realidades las que enfrentamos. De esto no se habla en la COP, por eso estamos haciendo este acto desesperado, para seguir posicionando las historias y luchas de los pueblos”, comenta Ixchiu, quien vive exiliada tras haber documentando la tala ilegal en su comunidad, en Guatemala, un país que incrementó cinco veces los asesinatos de defensores en 2024, de acuerdo con Global Witness.

Contradicciones y retos rumbo a Brasil

Si bien los representantes indígenas de la flotilla amazónica son escépticos de las decisiones que se puedan tomar en la cumbre climática, consideran que el hecho de tener la atención del mundo es una oportunidad para mostrar la crisis climática en la Amazonía y presionar a los gobiernos al momento de definir metas y presupuestos.

Pese a considerarlo un espacio “cooptado” por la industria petrolera y minera, Cerda apuesta por llamar la atención sobre las amenazas que actualmente enfrenta la Amazonía.

“Nosotros también hacemos incidencia, pero desde la flotilla. Creemos que la incidencia viene desde los territorios. Podemos llamar la atención para que el mundo vea lo que está pasando en nuestros territorios”, señala el líder kichwa.

“Si no estás en la mesa de negociación, estás en la cena para ser la comida. Entonces, quieras o no, nos toca estar dentro de estos espacios de la mesa de negociaciones como observadores”, agrega.

En tanto, Ixchiu considera que la COP sigue siendo un espacio excluyente para las poblaciones indígenas. Como muestra, sostiene que ni el 10 % de los integrantes de la flotilla cuenta con una acreditación para entrar a las negociaciones.

“Tenemos muy clara y muy crítica la mirada respecto a la COP porque sabemos que es un espacio que no permite una participación plena. Sin embargo, nosotros nos estamos tejiendo desde fuera de estos eventos para poder construir diálogos entre los pueblos”, afirma la defensora.

Mientras la flotilla amazónica realizaba su viaje, el gobierno de Brasil aprobó la perforación exploratoria de petróleo cerca de la desembocadura del río Amazonas con el Atlántico, a unas semanas de celebrar la cumbre climática.

El permiso otorgado a la estatal Petrobras se ubica en una región denominada Margen Ecuatorial, considerada una de las zonas con mayor potencial de petróleo y gas en el país.

Para los integrantes de la flotilla, este tipo de decisiones son las que están acercando a la Amazonía a un punto de quiebre.

“Se está priorizando el dinero sobre los pueblos indígenas, sobre la crisis climática y realmente no se buscan decisiones efectivas para contrarrestar el cambio climático”, considera Cerda.

“En medio de las contradicciones de la humanidad, nosotros también nos encontramos ahí, en un momento muy contradictorio, muy complejo y desesperanzador, pero también hay otras cosas ocurriendo que solo la destrucción”, afirma Ixchiu.

Imagen principal: la flotilla viaja desde los Andes hasta la Amazonía, rumbo a la COP30 en Belém, Brasil, para reclamar justicia climática en espacios de la cumbre climática global. Foto: cortesía Hackeo Cultural / Flotilla Yaku Mama

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tras una larga caminata por el enorme recinto de Le Bourget, varios días de poco sueño y en medio del invierno decembrino, Julio Cordano —hoy jefe de la delegación chilena ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático— arribó al plenario final de la COP21, donde hace diez años en París 195 países del mundo llegaron a un inédito acuerdo global para combatir la crisis climática. Según recuerda, hay “un antes y un después” en la acción climática global desde ese día.

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Todo parecía listo para un resultado histórico tras un proceso de varios años, hasta que un verbo en el borrador final lo puso a sudar frío. Cada palabra en el Acuerdo se debatía con una precisión milimétrica y “cada artículo era un mundo en sí mismo”, dice Cordano. Cuando ya no se podían hacer más cambios, Estados Unidos señaló que el borrador decía que los países ricos “deberán” tomar acciones para cortar emisiones —un verbo que implica obligaciones legales— en vez de “deberían”, una opción más voluntaria. “Era una línea roja para muchos países desarrollados, especialmente para uno”, asegura Cordano.

Esto activó una crisis. El plenario se suspendió y comenzaron las consultas a las delegaciones. “La gente corría para arriba y para abajo”, recuerda Cordano. Laurent Fabius, el presidente de la COP21, terminó por indicar que el verbo fue un “error tipográfico” y ajustó el texto dejando el más laxo “deberían”. El cambio es pequeño, pero muestra que tanto países ricos como pobres asumirían compromisos voluntarios para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Cada país hoy decide su nivel de ambición.

Al no encontrar objeciones y habiendo logrado el consenso de todos los gobiernos, Fabius declaró el Acuerdo de París con un martillazo y el plenario estalló en aplausos. “Lo que se logró ahí fue fantástico porque fue un acuerdo donde todos tuvimos que ceder”, recuerda Cordano.

Diez años después, las mismas bases sentadas en la capital francesa —entre ellas el principio de acciones voluntarias— representan actualmente algunos de los mayores retos para implementar el Acuerdo de París. Los gobiernos llegarán a la COP30, por celebrarse en la ciudad brasileña de Belén en noviembre de este año, con un sistema multilateral debilitado, planes climáticos insuficientes y embates del clima cada vez peores, entre ellos sequías extremas en la Amazonía, huracanes cada vez más destructivos y pérdida masiva de corales.

La ciencia es clara: los últimos diez años, desde la firma del Acuerdo de París en 2015, han sido también los diez años más calientes registrados, según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y las emisiones globales de gases de efecto invernadero continúan aumentando. La respuesta del Acuerdo ante la gravedad de la situación sigue siendo la misma: que cada país presente planes para reducir emisiones —llamados Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés)—.

Sin embargo, las NDC fueron insuficientes en su primera versión presentada en 2020 y deberán ser actualizadas antes de la COP30. Algunos de los países claves de Latinoamérica como México y Argentina, que forman parte de los mayores emisores de gases de efecto invernadero de la región, aún no han presentado su actualización.

Incluso, una vez presentados, convertir los planes climáticos en realidad ha sido otro reto del Acuerdo. Estados Unidos, el principal contaminador histórico, presentó su NDC actualizado el año pasado, pero se retiró por segunda vez del Acuerdo este año bajo la administración de Donald Trump. Es más, puso en marcha políticas contrarias a la acción climática, entre ellas desmantelar los incentivos fiscales a las energías limpias y acelerar permisos para combustibles fósiles.

“Cuando las reglas son tan flexibles, es fácil atraer a los países, pero es más difícil convertir las promesas en acciones”, asegura Marcio Astrini, veterano asistente a las COP y secretario ejecutivo del Observatório do Clima, una coalición de ONG climáticas brasileñas. “Veremos qué tan resiliente es el Acuerdo ante estos retos”.

Pese a los desafíos en su implementación, Cordano argumenta que el mundo y en particular la región latinoamericana está “sin duda mucho mejor equipada” para aumentar su acción climática gracias al Acuerdo. Las negociaciones climáticas han aumentado desde la reunión de París en número de delegados y han surgido nuevas iniciativas para reducir las emisiones de metano (un gas de efecto invernadero 86 veces más potente que el dióxido de carbono), así como iniciativas para proveer fondos a países que sufren embates climáticos y para proteger los bosques.

La ex secretaria ejecutiva de la convención climática de la ONU, Patricia Espinosa, sostuvo que el Acuerdo de París “ha sido una extraordinaria contribución a la humanidad” durante un evento a finales de septiembre de este año.

La carrera por los 1.5°C

Una de las mayores virtudes del Acuerdo de París es que fijó por primera vez una meta común entre todos los países: limitar el aumento de la temperatura global a 2° C y con miras a 1.5° C, afirma Astrini. “El Acuerdo de París creó un sentido de que los países están avanzando en la misma dirección”, dice.

Aunque 1.5° C puede parecer poco, la ciencia climática advierte que cada fracción de grado implica pérdidas económicas millonarias, miles de vidas y cambios irreversibles, como, por ejemplo, el blanqueamiento masivo de corales. Hasta ahora, el planeta se ha calentado cerca de 1.2° C y si los países no actualizan sus planes con metas más ambiciosas, el destino será un drástico aumento de entre 2.6° y 3.1° C para finales de siglo.

Haciendo un balance de la situación, el secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, dijo en un evento conmemorativo de los 10 años de París que, sin el Acuerdo, la Tierra estaría rumbo a escenarios de hasta 5° C de calentamiento. Según dijo, vivimos en un mundo más seguro gracias al Acuerdo.

Para lograr mantener con vida la meta de 1.5° C grados, el planeta necesita cortar las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad para 2050, es decir, lograr un estado en el que las emisiones de gases de efecto invernadero producidas se compensen con la misma cantidad de gases retirados de la atmósfera.

Aún así, Stiell resaltó que el Acuerdo ha servido como guía para el sector privado, que desde la firma del documento en 2015 ha invertido 10 veces más en energías limpias. Un reporte de la Agencia Internacional de Energía (AIE) muestra que actualmente la inversión en energías renovables (2.2 billones de dólares) duplica la inversión en combustibles fósiles (1.1 billones de dólares).

En América Latina, la inversión en energías limpias aumentó un 25 % desde 2015, llegando a 70 mil millones de dólares, según la AIE. Chile, Colombia y Costa Rica lideraron este crecimiento, duplicando la inversión en energías limpias tales como vehículos eléctricos y fuentes renovables. De acuerdo con AIE, en el mismo periodo, la inversión en combustibles fósiles se redujo en 20 % en la región.

“Hay una ola de acciones positivas de gobiernos, sociedad civil y el sector privado iniciando sus propios caminos, inspirados por el Acuerdo de París. El Acuerdo tiene una acción indirecta,” dice Cordano. “La fuerza que tiene un acuerdo político de esa magnitud va mucho más allá de la mera implementación de sus disposiciones”, añade.

En la región, por ejemplo, el Acuerdo ha sido referenciado en los fallos de las cortes más altas, entre ellos una reciente opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que urge a los países a limitar el uso y extracción de combustibles fósiles. En Brasil, la Corte Suprema del país condenó al gobierno de Jair Bolsonaro por no cumplir con sus obligaciones ante el Acuerdo de París. “Esto muestra muy claramente por qué era necesario tener el acuerdo”, dice Astrini.

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Comunidades indígenas exigen acciones

Mientras que para algunos expertos el Acuerdo de París dio paso a cambios históricos durante la última década, para Levi Sucre, indígena Bribri de Costa Rica y coordinador del grupo regional Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB), no mucho ha cambiado en su comunidad rural del Caribe costarricense. En el territorio, las comunidades indígenas aún enfrentan falta de acceso a la tierra, pocos fondos para proteger los bosques y hostilidades contra los defensores ambientales.

Pese a que el Acuerdo de París requirió a los países realizar nuevos planes para enfrentar la crisis climática, “las legislaciones nacionales están muy lejos de garantizar derechos”, dice Sucre. “Hay temas muy arraigados como la falta de tenencia de la tierra”.

Estas falencias han llevado a que algunos gremios de comunidades originarias como la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) vayan a la COP30 en Belén con campañas globales inéditas. Buscan, entre otras cosas, posicionar los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas como una de las principales respuestas frente a la crisis climática en el mundo.

La ONIC, por ejemplo, presenta 10 demandas claras, que resumen los consensos del Movimiento Indígena Colombiano y latinoamericano, entre ellas el reconocimiento de los sistemas de conocimiento indígena como mecanismos eficaces de mitigación y adaptación al cambio climático, la exigencia de aplicación inmediata del artículo 9.1 del Acuerdo de París que obliga a los Estados a financiar la acción climática global y la petición de garantizar el financiamiento climático directo, sin intermediarios, de manera que los recursos lleguen real y directamente a las comunidades indígenas.

“Las políticas climáticas impuestas desde visiones hegemónicas y coloniales continúan desconociendo nuestro papel como autoridades ambientales y gobiernos propios, reduciéndonos a simples actores sociales, cuando en realidad somos garantes de la continuidad de la vida en el planeta”, indica el Consejero Mayor de la ONIC, Rosalino Guarupe Joropa.

Hay otro escenario que no se puede dejar de lado. Durante la última década, América Latina ha registrado el mayor número de asesinatos a defensores del ambiente, muchos de ellos indígenas, según el último reporte de la ONG Global Witness. A nivel mundial, más de 1500 personas defensoras del ambiente han sido asesinadas desde la firma del Acuerdo de París, según el informe.

Mientras tanto, durante la última década, los mayores sumideros de carbono – entre ellos la Amazonía – han continuado en firme retroceso por la deforestación, pese a que todos los países han presentado planes climáticos. Un reporte de ONU Ambiente muestra que las NDC -las metas de reducción de emisiones- de países latinoamericanos con mayor deforestación carecen de objetivos medibles para reducir la deforestación. América Latina es la región con mayores emisiones por la pérdida de bosques.

Algunos países han actualizado sus NDC de cara a la COP30 y han aumentado sus compromisos de reducción de deforestación. Por ejemplo, Colombia prometió bajar la tasa de deforestación a más de la mitad, pasando de las 113 000 hectáreas deforestadas en 2024 a 50 000 en 2030. Bolivia buscará reducir la deforestación al 100 % en áreas protegidas y 80 % fuera de áreas protegidas para 2035.

Con todo, la falta de fondos ha sido otra de las debilidades históricas del Acuerdo. Los países ricos prometieron movilizar 100 mil millones de dólares para la acción climática cada año a partir de 2020. Lo cumplieron dos años tarde y principalmente a través de préstamos, en lugar de donaciones. Para comunidades como la de Levi Sucre, acceder a estos fondos es fundamental para poder proteger los bosques efectivamente. Esa es, precisamente, una de las exigencias que hará la ONIC en la COP30.

Una de las herramientas del Acuerdo de París para movilizar fondos son los mercados de carbono, que permiten a comunidades vender sus reducciones de emisiones a países interesados en reducir su huella de carbono. Sin embargo, los gobiernos tardaron casi una década en definir las reglas de este mercado, adoptadas el año pasado en la COP29 en Bakú, Azerbaiyán.

Actualmente, el mercado propuesto en el Acuerdo no está activo, ya que su plataforma administrativa sigue en desarrollo. En su ausencia, el vacío ha sido llenado por el mercado voluntario dirigido a actores privados, pero que ha estado lleno de denuncias por violaciones de derechos humanos contra comunidades, como ha documentado Mongabay Latam en varios reportajes.

“Estamos terminando una década con una agresión fuertísima. Ha habido engaños, estafa, incluso hemos tenido experiencias en Mesoamérica donde una comunidad perdió su derecho de propiedad del bosque por una ONG que los engañó en el mercado de carbono”, comenta Sucre.

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La COP30 llama a defender el Acuerdo de París

A diez años de que el plenario estallara en aplausos en Le Bourget y el multilateralismo recibiera un nuevo impulso con el Acuerdo de París, el problema de las emisiones persiste y algunos gobiernos han comenzado a empujar en contra de las negociaciones. Por ejemplo, siguiendo las señales de la administración Trump en Estados Unidos, Argentina retiró a su delegación de la pasada COP29 por órdenes del presidente Javier Milei.

Para Adrián Martínez, director de la ONG La Ruta del Clima, “Milei también es nada más que un síntoma de la enfermedad negacionista que viene de Estados Unidos”, añadiendo que sus posturas en contra de la acción climática se han propagado por la región. “Hay un deseo de negar esta realidad y encontrar placebos con soluciones idealizadas.”

En Argentina, parece haber consenso en la expansión fósil, ya que tanto el anterior gobierno progresista de Alberto Fernández como el actual derechista de Milei han apoyado la expansión de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo.

Andrés Gómez, coordinador de campañas en Latinoamérica de la iniciativa para un Tratado de No-Proliferación de Combustibles Fósiles, destaca el trabajo de comunidades y la sociedad civil en la región para avanzar en la acción climática, entre ellos el referendo liderado por indígenas en el que Ecuador decidió eliminar la extracción petrolera en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana. El Gobierno sin embargo ha fallado en implementar la decisión a dos años del referendo.

“Eso lo puedes ver en todos los países: desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el trabajo en Ecuador para que se cumpla la sentencia del Yasuní, el trabajo en LA Amazonía de Perú por los derrames de petróleo, el trabajo anti-fracking en Argentina… Desde los pueblos es donde vemos que está la mayor ambición y eso es algo que hay que destacar”, dice Gómez.

Pero los Estados se han movido más lento, por lo que han surgido iniciativas para reformar las COP de forma en que fomenten acciones más rápidas. Un grupo de expertos conocido como el Club de Roma —conformado en parte por ex secretarios de la ONU— argumentó en una carta abierta el año pasado que las negociaciones, pese a sus virtudes, no permiten los cambios rápidos y drásticos necesarios para cumplir el Acuerdo.

En parte, la propia naturaleza voluntaria del Acuerdo ha dificultado presionar a los países a tomar acciones más drásticas, una flexibilidad por la que el Gobierno estadounidense luchó hasta el último momento de negociación en 2015.

Una de las posibles reformas más discutidas en los últimos años ha sido la regla de consenso para tomar decisiones, en la que todos los países del mundo tienen que estar de acuerdo sobre un tema, explica Astrini. Esta regla difiere de otros foros de la ONU donde se toman las decisiones por mayoría. Esto ha permitido que países productores de petróleo como Arabia Saudita bloqueen menciones a los combustibles fósiles, como sucedió el año pasado en la COP29.

En una carta preparativa para las negociaciones de este año, el presidente de la COP30, André Correa do Lago, enfatizó que una de sus prioridades será defender el multilateralismo y enfocarse en la implementación del Acuerdo de París. La presidencia brasileña ha anunciado iniciativas como convocar a todas las presidencias de las últimas diez COP en un “círculo de presidencias”, así como un “balance ético global” sobre la necesidad de tomar acciones rápidas.

“De cara al futuro, las próximas COP pueden representar una nueva generación de conferencias sobre el clima: no como eventos diplomáticos aislados, sino como plataformas sistémicas para acelerar la ejecución, medir el progreso e involucrar a un ecosistema más amplio de actores”, escribió Correa do Lago en una de sus cartas preparativas a la conferencia.

Mientras el mundo se prepara para la COP30 y a pesar de los obstáculos, el veterano negociador chileno Julio Cordano se muestra optimista y sostiene que “en estos diez años hemos logrado muchísimas cosas”. Los países negociarán un nuevo marco para que las Naciones fortalezcan su adaptación al cambio climático.

Durante París, Cordano fue justamente negociador en el tema de adaptación y sostiene que este tema se logró incluir en el Acuerdo gracias a la unidad de los países en desarrollo. “Seguimos la misma lógica, construyendo este castillo de acción climática sobre el Acuerdo de París”, dice Cordano. “Es un ejemplo de cómo el multilateralismo puede funcionar”.

Imagen principal: celebración luego de la firma del Acuerdo de París en 2015. Foto: cortesía UN Photo – Mark Garten

El artículo original fue publicado por Sebastiánn Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En la lucha titánica por mitigar los cambios del clima, los reflectores se han centrado mayoritariamente en la protección de bosques tropicales como las selvas de la Amazonía, importantes sumideros de carbono que pueden almacenar entre 60 y 230 toneladas de carbono por hectárea en bosques primarios.

Sin embargo, en Latinoamérica, hay otros ecosistemas que permanecen olvidados y relegados por los tomadores de decisiones a nivel mundial, a pesar de que la ciencia reconoce su papel clave para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y que muchos de ellos almacenan incluso más carbono que los bosques tropicales.

Un equipo de Mongabay Latam recorrió diversos países de la región para visibilizar a los olvidados: páramos, humedales costeros, turberas, manglares y pastos marinos, ecosistemas clave y depósitos invaluables de carbono. A pocos meses de la versión 30 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) en Belén, Brasil, estas seis historias muestran cómo comunidades, organizaciones y científicos se unen para conservar y estudiar estos ecosistemas vitales en la lucha contra el cambio climático y cuyo potencial aún no es completamente valorado.

Darle protagonismo a páramos, humedales costeros y pastos marinos

En la lucha contra el cambio climático todo ecosistema cuenta. Cada emisión de dióxido de carbono (CO2), metano y demás gases de efecto invernadero que no llegue a la atmósfera es crucial para evitar, o al menos contener y limitar, el calentamiento global.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, busca limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2° C (grados Celsius) por encima de los niveles preindustriales, con un esfuerzo por mantenerlo por debajo de 1.5 grados. Sin embargo, el progreso hacia esta meta no va en el camino esperado.

Muchos países han presentado sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), comprometiéndose a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, las evaluaciones han mostrado que los compromisos actuales no son suficientes.

Desde 2023, cuando se publicó el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), quedó claro que se requiere una acción mucho más ambiciosa para lograr las reducciones necesarias a 2030. “Urge tomar medidas más ambiciosas. Si actuamos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y habitable para todos”, dijo en ese momento Hoesung Lee, presidente del IPCC.

Esas medidas podrían incluir empezar a ver –y a proteger– ecosistemas clave para la mitigación de carbono. Algunos estudios sugieren, por ejemplo,  que una hectárea de suelo en el páramo puede almacenar hasta 338 toneladas de carbono en sus primeros 30 centímetros de profundidad, e incluso más dependiendo de las condiciones locales. En turberas dentro del páramo, la captura de carbono puede alcanzar incluso las 2000 toneladas.

En las zonas Boquilla de Oro y La Mancha, en Veracruz, México, se han encontrado que las selvas inundables pueden capturar hasta el doble de carbono (869 toneladas por hectárea) que los manglares contiguos (482), mientras que los humedales herbáceos capturan 692, según comparaciones realizadas por Patricia Moreno Casasola, investigadora del Instituto Nacional de Ecología (Inecol).

Los pastos marinos, aunque solo cubren el 0.1 % del fondo oceánico, pueden almacenar hasta el 18 % del carbono oceánico mundial, lo que los convierte en una potente solución frente a los efectos del cambio climático, según datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Expertos entrevistados para este reportaje coinciden en que hay un despertar en el interés de los países en estos ecosistemas, pero hay varios obstáculos que se deben superar para vincularlos dentro de los NDC. Uno de ellos es que aún falta mucho por estudiar, en algunos casos ni siquiera se cuenta con un mapa detallado de su ubicación. Otro obstáculo son las extenuantes discusiones políticas para que los gobiernos tomen en cuenta el trabajo y los resultados de la ciencia. Priman demoras y trabas que impiden que los hallazgos lleguen oportunamente a los altos niveles gubernamentales que toman decisiones.

La “fijación” por los bosques

“Nuestras autoridades políticas y técnicas tienen una gran fijación en los bosques y tratan de lidiar con ellos, entonces no les queda tiempo para pensar en otras cosas”, dice el profesor Juan Carlos Benavides, coordinador del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Climático de la Universidad Javeriana en Colombia y quien tiene un largo historial de investigación en páramos y humedales.

Y no es que Benavides le reste importancia al papel de los bosques en el secuestro de carbono, sino que considera que hay un sesgo arraigado en la gente porque la educación ambiental en Colombia se ha enfocado en los bosques. “Aún hay mucho desconocimiento sobre el papel de los suelos, las sabanas, los pastos, los páramos. Como que nos da miedo mirar más allá. Romper con esas barreras y paradigmas es muy difícil”.

Benavides se ha acercado a los creadores de políticas públicas en el país para que comprendan, por ejemplo, la importancia de los páramos, no solo en términos de agua sino de captura de carbono.

Aunque comenta que los funcionarios públicos comprenden que es necesario avanzar en el conocimiento y conservación del páramo, es frustrante que los procesos sean tan lentos y que se tenga que empezar desde cero cada vez que hay un cambio de gobierno.

“El desafío más grande que tenemos es lograr la articulación entre los instrumentos técnicos del Estado y los instrumentos políticos que producen los documentos de política pública como los NDC, los compromisos de mitigación de gases de efecto invernadero, las estructuras de pago por servicios ambientales y sus mecanismos de gobernanza y salvaguardas sociales”, comenta Benavides, y sustenta su afirmación con un ejemplo contundente.

Según comenta, cerca de 2.9 millones de kilómetros cuadrados del territorio colombiano son páramos y un 20 % de esa cifra son humedales. Unas 300 000 hectáreas de humedales en páramo están degradadas pero, asegura, si se manejan y se recuperan se podría retener entre un 10 % y un 15 % de las emisiones del país. “Pero, como esos humedales ni siquiera están en los inventarios, no importa lo que usted les haga, el país no los puede utilizar para sus reportes porque no tiene metodologías que los reconozcan”.

A pesar de esto, existen iniciativas de conservación que intentan proteger el páramo. Por ejemplo, en el Parque Natural Regional Vista Hermosa de Monquentiva, en el centro de Colombia, se han implementado procesos de restauración ecológica desde hace más de dos décadas. Esto ha permitido conocer mejor la capacidad del páramo para hacer frente al cambio climático.

En esta iniciativa trabajan de la mano comunidades, organizaciones como WWF y Conservación Internacional y academia. El grupo de investigación del profesor Benavides desde 2017 estudia allí los gases capturados por este ecosistema, que hoy es un área protegida dedicada a la investigación y la conservación de la biodiversidad.

No son “malezas” acuáticas

Desde México, Patricia Moreno comparte opiniones similares a las de Benavides, aunque su trabajo se centra principalmente en humedales costeros de agua dulce. “Lo importante es que las autoridades, sobre todo las federales, se den cuenta de que también los humedales de agua dulce capturan muchísimo carbono. Y si realmente los incluimos, así como se está haciendo con los manglares, tendríamos una participación internacional mucho más fuerte contra el cambio climático”, asegura.

Moreno comenta que la superficie disponible de humedales costeros de agua dulce se ha reducido históricamente y continúa en descenso principalmente por la pérdida de hábitat causada por el cambio de uso de suelo para actividades agropecuarias. Este problema se agudiza con la falta de registros confiables, pues “desafortunadamente, estos ecosistemas no están contabilizados por la mayoría de los países”, explica, y agrega que en el caso mexicano la situación es tan crítica que se suele confundir a los humedales de agua dulce con los manglares, lo cual se refleja en los mapas y datos disponibles.

A esto se suma, dice Moreno, un desconocimiento histórico sobre estos ecosistemas. “Por ejemplo, muchos ingenieros hidráulicos les siguen llamando ‘malezas acuáticas’ porque históricamente se drenaban los desagües hacia estos ecosistemas incomprendidos en muchas partes del país y por eso se degradaron mucho”.

En medio de este panorama, en el estado de Veracruz se logró crear hace varios años el parque estatal Ciénaga del Fuerte, que busca proteger una extensa área de humedal. Además, en el sector de La Mancha, en ese mismo estado, campesinos lograron restaurar un potrero a su estado original de selva inundable con el apoyo de científicos.

El potencial de almacenamiento de carbono de los pastos marinos también es un mundo por descubrir. En países como Venezuela recién empiezan a explorar el potencial que tiene este ecosistema en las costas del país. “En Venezuela no existen investigaciones enfocadas en esta temática, ya que la mayoría de los estudios en estos ambientes han sido realizados en la diversidad de la fauna asociada y su biomasa, sin resaltar la importancia de estos ecosistemas como reservorios de carbono”, apunta Mayré Jiménez, investigadora del Instituto Oceanográfico de Venezuela (IOV).

Aunque las investigaciones sobre almacenamiento de carbono en pastos marinos aún se encuentran en etapas iniciales en Venezuela, gracias a ellas han podido detectar graves problemas. Por ejemplo, que la industria del turismo arrasa con estas plantas porque “afean” las costas y que un coral invasor proveniente del Indo-Pacífico está acabando con su hábitat natural y reduciendo su cobertura.

Con todo, las crisis políticas y económicas por las que atraviesa el país, y que han afectado a la academia, no han sido obstáculo para científicos como Jiménez, quien se las ingenió para crear un laboratorio en el garaje de su casa, donde estudia con detalle los pastos marinos y su potencial de secuestro de carbono.

Las sorpresas detrás de las turberas

Un sorprendente hallazgo en Perú es uno de los principales responsables de que las turberas comiencen a tener el protagonismo que les corresponde en la lucha contra la crisis climática en América Latina.

Las turberas del Abanico del Pastaza fueron descubiertas gracias a exploraciones científicas y estudios ambientales realizados en las últimas décadas, y su estudio y reconocimiento como un ecosistema de gran importancia comenzó a destacar en los años 2000, gracias a investigaciones de instituciones científicas peruanas y extranjeras que identificaron su riqueza en biodiversidad y su papel en el ciclo del carbono.

Se trata de uno de los complejos de humedales más profundos a nivel global: la tercera turbera tropical más profunda, con 8.1 metros, después de Central Kalimantan, en Indonesia, y Cuvette Centrale, en el Congo. Se creía que en Sudamérica no existía un ecosistema como este.

Un estudio publicado en 2024 comprobó la fascinación científica con este ecosistema y encontró que el stock de carbono en la vegetación de las turberas del Datem del Marañón, que forma parte del Abanico del Pastaza, es de 80 toneladas de carbono por hectárea en promedio. En el suelo de turba las estimaciones llegan incluso a 1700 toneladas, por lo que puede almacenar entre tres y cinco veces más dióxido de carbono que otros ecosistemas tropicales.

Comunidades nativas del Datem del Marañón, en la región de Loreto, fusionan saberes ancestrales con conocimiento científico para proteger las turberas que se encuentran en esta área de la Amazonía peruana. De esta manera protegen la palma de aguaje (Mauritia flexuosa), que es parte de su sustento alimenticio y vital en la conservación de las turberas. “Antes cosechábamos tumbando, ahora realizamos el escalamiento, o sea, ya no la tumbamos, aprovechamos la palmera cuando está de pie. Ese ha sido el principal cambio en estos años”, dice Segundo Chanchari, escalador de la comunidad nativa Puerto Díaz.

La investigación de las turberas del Abanico del Pastaza motivó nuevas investigaciones en países como Colombia. Un artículo publicado en abril de 2025 en la revista Environmental Research reveló que las turberas colombianas podrían ser una herramienta importante para combatir el cambio climático, pero que primero deben identificarse y ubicarse con precisión.

Scott Winton, ecólogo de la Universidad de California Santa Cruz, llevó a cabo tres años de extenso trabajo de campo para desarrollar el primer mapa basado en datos de turberas recientemente documentadas y previstas en los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana.

Entre los principales hallazgos destaca que estas dos regiones probablemente contienen entre 7370 y 36 200 kilómetros cuadrados de turberas, que podrían estar secuestrando actualmente una cantidad de carbono equivalente a 70 años de emisiones del país provenientes de combustibles fósiles e industrias.

Los resultados de Winton y sus colegas sugieren que la densidad promedio de carbono en estas turberas es de cuatro a diez veces mayor que en la selva amazónica. Los investigadores identificaron dos tipos específicos de turberas colombianas, incluidas las turberas de arena blanca que no se habían documentado previamente en Sudamérica, lo cual es un fiel reflejo de la necesidad de estudiar más estos ecosistemas.

“Las turberas son una masa de carbono gigante. Las estadísticas nos dicen que cubren entre el 3 % y el 5 % de la superficie de la Tierra pero tienen dos veces más carbono que los bosques del mundo”, dice Winton, y agrega que, a diferencia de los bosques, que pueden restaurarse y ayudar a recuperar el carbono, cuando se pierde turba se requieren cientos y hasta miles de años para recuperar lo que se ha perdido del suelo. “Por eso se considera casi como una pérdida irrecuperable”.

Un escudo de manglares

El manglar también es un ecosistema trascendental: es capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, reportando valores promedio de 432 toneladas de carbono por hectárea, con rangos promedio cercanos a 1000 toneladas por hectárea, especialmente en manglares maduros y conservados.

Sobre este ecosistema también faltan muchos más estudios, pero es quizás, después de los bosques tropicales, el que más reconocimiento y protagonismo tiene en este momento en Latinoamérica.

“Los manglares, en particular, absorben y almacenan grandes cantidades de carbono mediante la fotosíntesis y la retención de sedimentos por sus complejas estructuras radiculares, lo que provoca una lenta descomposición de la materia orgánica en suelos húmedos”, asegura Julie Shahan, investigadora de la Universidad de Stanford que trabaja con manglares en Ecuador.

Shahan destaca que además de la mitigación del cambio climático, los manglares son importantes para la adaptación climática al proporcionar control de la erosión, prevención de inundaciones, garantizar la calidad del agua y mantener la biodiversidad. También menciona que hay avances positivos, ya que 97 países, entre ellos varios latinoamericanos, incluyen actualmente soluciones basadas en la naturaleza costera y marina en sus planes nacionales de mitigación del cambio climático.

Ecuador, en particular, ha tomado medidas adicionales para proteger los manglares, brindando a las comunidades locales la capacidad de conservar y restaurar los manglares locales y comprometiéndose a no convertir los manglares para la acuicultura de camarones. De hecho, aunque muchas veces los esfuerzos gubernamentales son vistos con escepticismo, la estrategia del gobierno ecuatoriano en gestión de manglares se ha convertido, según los expertos, en un verdadero caso de éxito.

A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el recientemente desarmado Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.

El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país, de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil. Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo en su protección.

“Si no hubiésemos tenido esta estrategia [de concesionar zonas de mangle] ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES) de Guayaquil. Esto no es un dato menor, ya que Molina recuerda que en 37 años (entre 1969 y 2006) se perdió el 27 % de los manglares del país, lo que equivale a unas 56 000 hectáreas.

En general, los científicos coinciden en que hay que prestarle más atención a los humedales, ya sean costeros, de manglar o turberas. “Los humedales tropicales se encuentran entre los ecosistemas de secuestro de carbono más eficientes del planeta. Si bien ocupan una pequeña área de la superficie terrestre, tienen el potencial de contribuir significativamente al secuestro de carbono a largo plazo debido a sus altas tasas de acumulación y almacenamiento de carbono”, asegura Shahan.

*Este especial hace parte de un trabajo colaborativo entre Mongabay Latam, El Tiempo, La Barra Espaciadora y Runrun.es

**Imagen principal: En Perú, Segundo Chanchari y Kietre Gonzales unen fuerzas para el aprovechamiento del aguaje y la conservación de la palmera. Foto: Leslie Moreno Custodio

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Luis Misael Socarras Ipuana es líder Wayúu, el grupo indígena más numeroso de Colombia, que históricamente ha vivido en la norteña Península de La Guajira. Sus territorios han sido constantemente amenazados por los conflictos armados, la degradación ambiental y la emergencia climática. Su testimonio llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y servirá para que por primera vez un tribunal internacional se pronuncie por el impacto de esta crisis en la vida de las personas más vulnerables.

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“Hoy estamos en riesgo de ser extinguidos, de quedar siendo un pueblo indígena que pasa a la historia”, dice el representante de comunidades de La Gran Parada, cuyo testimonio fue uno de decenas presentados ante la Corte IDH. Este 3 de julio, el tribunal emitirá una opinión consultiva, una interpretación legal que ayuda a los países a cumplir sus obligaciones en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Esta Opinión Consultiva, solicitada por los gobiernos de Colombia y Chile, se ha realizado con un nivel de participación inédito, señala la Liliana Ávila, directora del programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), pues más de 280 organizaciones, comunidades indígenas, colectivos feministas, académicos y defensores ambientales participaron en siete audiencias regionales para compartir evidencia de cómo la crisis climática ya afecta derechos básicos como la salud, el agua, el territorio y la alimentación.

“La Corte Interamericana es un tribunal muy importante en la región. Lo que diga será vinculante y fortalecerá el marco jurídico que tiene que ver con las obligaciones de adaptación, mitigación, pérdidas y daños”, afirma Ávila ante la consulta de Mongabay Latam.

La especialista plantea que el nivel de participación histórico de este proceso es ya en sí mismo una victoria para las comunidades de Colombia, Chile y el mundo que ya enfrentan los impactos de la crisis climática, pues la opinión consultiva les dará herramientas legales para exigir derechos y mejorar los compromisos de sus respectivos países.

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De Colombia y Chile para el continente

Si bien este proceso legal fue solicitado por Colombia y Chile, la opinión consultiva que genera la Corte IDH tendrá alcance para todos los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Además de representar obligaciones internacionales claras para los gobiernos, establecer estándares legales y guiar las resoluciones judiciales, también reconocerá que la emergencia climática afecta de manera desproporcionada a grupos vulnerables, como pueblos indígenas, mujeres e infancias.

“Cuando hablamos de cambio climático no hablamos sólo de reducir emisiones, sino de un impacto en vidas concretas, en comunidades que están perdiendo la capacidad de sembrar, donde las temporadas de huracanes son más complicadas y el mar entra en sus casas”, señala Ávila sobre los impactos reales que suceden desde hace años en países de América Latina.

Entre las voces en los territorios que llegaron hasta la Corte IDH está Fuerza de Mujeres Wayúu, un colectivo de mujeres indígenas que se ha organizado en defensa de su territorio y autodeterminación ante los megaproyectos de mineras de carbón, el desplazamiento forzado y los conflictos armados en La Guajira, al norte de Colombia.

Angélica Ortiz, integrante de esta agrupación sostiene que a su pueblo actualmente se le está borrando del mapa.

“Han desaparecido más de 27 comunidades étnicas y campesinas, más de 19 cuerpos de agua, pero también se han desviado y se han secado otros afluentes como son El Cequión, Arroyo la Chercha, fuentes de agua importante para los pueblos étnicos en La Guajira”, advierte.

Ortiz señala que las mujeres del pueblo Wayúu llegan a este proceso con afectaciones en la salud y hasta en la educación.

“Estamos defendiendo una pervivencia cultural, el derecho a permanecer en nuestro territorios, pero también con garantías para la vida”, sostiene.

A esta instancia también llegaron representantes del pueblo Kankuamo, al norte de Colombia, quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, Kággabba, Iku y Wiwa.

Jaime Luis Arias, integrante del Cabildo del pueblo Kankuamo, advierte la destrucción de su hogar ancestral conocido como la Línea Negra, ante conflictos armados y socioambientales.

“Esto rompe el equilibrio natural y cultural afectando ríos, desapareciendo los nevados, desapareciendo manglares, desapareciendo los bosques secos tropicales y los corales marinos”, señala.

Para Arias, este proceso legal debe implicar medidas que vean al territorio como “un cuerpo vivo, como una madre” y que contribuyan a preservar los conocimientos de los pueblos que ahí habitan.

En la opinión consultiva no solo están las voces de pueblos indígenas, también de sectores históricamente invisibilizados. Yoko Ruiz, integrante de la Liga de Salud Trans, advierte que los efectos de la crisis climática, como las olas de calor o la sequía, impactan de forma diferenciada a este sector de la población en Colombia, principalmente en zonas rurales.

“Cuando pasan catástrofes climáticas, la carestía de los alimentos es exagerada, la falta de agua potable, la falta de trabajo y la exposición a los elementos hace que nos enfermemos muchísimo más y que estemos más vulnerables”, señala.

Ruiz advierte que los efectos de la emergencia climática se ven reflejados en la violencia contra la comunidad trans y no binaria, principalmente en el derecho a la salud.

“Solemos ser maltratadas por los equipos médicos en hospitales, clínicas y centros de salud y la atención de las personas trans es precaria todo el tiempo”, afirma.

En el caso de Chile, plataformas de litigio climático también han acompañado a comunidades impactadas por la degradación ambiental. Un ejemplo es el del Movimiento de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia (Muzosare), un agrupación en defensa del territorio y la salud de las personas en la bahía de Quintero-Puchuncaví, que actuó ante la contaminación industrial en esta zona costera ubicada en la provincia de Valparaíso.

“Nosotros somos una de las zonas de sacrificio más emblemáticas de mi país. Eso quiere decir que tenemos contaminados los suelos, el agua salada y dulce, el aire y el fondo marino”, sostiene Katta Alonso, fundadora de Muzosare, que también se integró al acompañamiento por una opinión consultiva de la Corte IDH.

Para Alonso, este proceso es importante para lograr que el Estado chileno se haga cargo de terminar con las llamadas zonas de sacrificio, en donde los territorios son utilizados por industrias para el beneficio económico, pese a los impactos ambientales que puedan generar.

“Para saber qué respiramos, para que nuestros niños puedan nacer sanos tienen que fiscalizar a cada una de las empresas, saber qué emiten, hacer la sinergia y de ahí tomar las medidas pertinentes”, señala Alonso.

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El papel de las empresas

Las voces de estas comunidades también quedaron registradas en la Declaración de Manaos, un documento entregado a la Corte IDH en agosto de 2024 como parte de las audiencia para la opinión consultiva que no solo pide aclarar las obligaciones de los gobiernos en materia de derechos humanos, sino también en reforzar la vigilancia y regulación en empresas y actores financieros mayormente responsables de los efectos de la crisis climática.

Ávila explica que la opinión consultiva de la Corte IDH establecerá criterios jurídicos obligatorios para que los gobiernos regulen las acciones tanto de instituciones públicas como de empresas privadas.

“El efecto más importante que van a tener estas decisiones tienen que ver con la forma en la que el Estado debe empezar a regular a los agentes públicos y privados para que no generen impactos en derechos humanos”, sostiene.

Sin embargo, también advierte que la Corte puede aclarar y fortalecer los deberes de empresas e industria ya establecidas en el derecho internacional.

“Las empresas de combustibles fósiles, las altas contaminantes, las empresas mismas que desarrollan extracción de minerales de transición tienen que adecuar sus comportamientos, normativas y regulaciones a los parámetros que establecen las leyes que también involucran al derecho internacional”, explica.

Ávila sostiene que la opinión consultiva de la Corte IDH va a propiciar nuevos escenarios de litigio en el mundo sobre emergencia climática y advierte que esto implica fortalecer las obligaciones de los países sustentadas en tratados internacionales.

“Nosotros trabajamos en litigio climático con comunidades ante organismos multilaterales y en todos estos escenarios vamos a utilizar la opinión consultiva para fortalecer nuestra capacidad de abogar por el clima estable, la protección de los derechos humanos y por un futuro sostenible”, aclara la abogada.

En esto coincide el representante del pueblo Wayúu Misael Socarras, quien sostiene que su movilización seguirá y se articulará con los grupos más perjudicados en la emergencia climática.

“Nuestra lucha es ambiental para que podamos dejarle a la nueva generación algo mejor de lo que hoy estamos viviendo”, afirma.

Imagen principal: ante el planteo de pueblos indígenas y colectivos de la sociedad civil, la Corte IDH abordará cuestiones clave del derecho internacional, como la naturaleza y el alcance de las obligaciones estatales en contextos de emergencia climática y regulaciones a privados. Foto: Francisco Pinilla / AIDA

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Laura Carpintero perdió casi todo cuando el Huracán Beryl pasó cerca de las costas venezolanas: su casa, su hija Dayana de 17 años, su hermana, su primo, su sobrino y su empleo. Esa madrugada del 2 de julio de 2024 la tormenta alcanzó la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson, con vientos cercanos a los 270 kilómetros por hora. Las lluvias del huracán aumentaron el caudal del río Manzanares e inundaron gran parte de la ciudad de Cumanacoa, la capital del municipio Montes en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela.

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Mientras las lluvias se intensificaban, Laura —una maestra de 48 años— y sus familiares veían cómo el agua y el lodo se apoderaban cada vez más de la casa familiar que fue construida a pulso por su padre en La Fragua, uno de los seis caseríos más afectados en el municipio Montes. El caudal del río Manzanares se incrementaba y arrastraba todo a su paso: paredes, enseres, personas.

A las 02:00 a.m., el caudal llegó a su máximo. La familia de Laura se refugió en el techo de la casa. El agua, el lodo y las piedras entraron a la sala. Dunia Carpintero, enfermera y hermana de Laura, vio cómo la corriente se llevó a cuatro familiares. Todos desaparecieron.

Al amanecer el agua había bajado, pero los cimientos de la casa cedieron. Laura y Dunia tuvieron que desplazarse 8,4 kilómetros aproximadamente para buscar un refugio.

No fueron las únicas en esa situación. De acuerdo con las cifras oficiales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: 80 % de la ciudad quedó afectada por el huracán. Murieron al menos seis personas, otras 31 mil quedaron damnificadas y 336 casas fueron totalmente destruidas. La gobernación de Sucre solo dio una actualización sobre los desaparecidos: para el 14 de julio de 2024 se contaron cinco. Las cifras gubernamentales tampoco establecen cuántas personas se desplazaron dentro y fuera de Cumanacoa, pero el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (CMDI), una institución adscrita a las Naciones Unidas, establece que al menos 1700 venezolanos se desplazaron internamente por el Huracán Beryl.

Según las Naciones Unidas, el huracán tuvo una rápida intensificación por el cambio climático. No era la primera vez que una tormenta inundaba la casa de la familia Carpintero, ya que en 2012 la fuerza del huracán Isaac los obligó a desplazarse. Pero es la primera vez que llevan el título de desplazados climáticos, según los estándares de la Organización Internacional de Migraciones (OIM).

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Impacto mental aún después del huracán

Laura dijo que no abandonaría por completo Cumanacoa, no sin antes saber dónde está su hija Dayana. A casi un año de solicitar a Protección Civil que la busquen, no ha tenido respuesta. La institución tampoco respondió las preguntas de la prensa ni a las solicitudes de entrevista para este reportaje.

Mientras tanto, se adapta a su nueva rutina: debe recorrer más de 5 kilómetros para trabajar como profesora en un colegio en San Lorenzo, un poblado cercano a Cumanacoa. No hay transporte público: las vías aún siguen dañadas. El sueldo mínimo mensual en Venezuela es de 130 bolívares (ó 1.3 dólares estadounidenses a la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela para mayo de 2025): eso es lo que recibe Laura.

Por ello tampoco puede irse muy lejos. Está en un estado depresivo y aún le cuesta hablar de lo que vivió.

Dunia, su hermana, aseguró que ninguno de los miembros de su familia tuvo acceso a asistencia psicológica por parte de los entes gubernamentales después del desastre. Tampoco sabían si las organizaciones independientes ofrecían este tipo de apoyo. “Yo sé que es importante que reciban atención psicológica, soy enfermera y lo entiendo, pero no supe con certeza si ofrecieron esos servicios aquí”, comentó.

Nueve de cada diez venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad psicológica, según el estudio Psicodata de 2024, elaborado por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). El informe resalta que en Venezuela no hay información epidemiológica sobre la salud mental ni los centros de atención disponibles, por lo que sus datos provienen de encuestas levantadas por la academia. Entre los factores de vulnerabilidad sobresale el acceso limitado a la asistencia psicológica o psiquiátrica.

En Latinoamérica, la falta de mediciones y estadísticas públicas enfocadas en los efectos asociados al cambio climático han condicionado que, hasta ahora, no existan reportes estandarizados de afectaciones en salud mental en torno a este tema, asevera Carolina Quiñones, psicóloga ambiental y consultora del Banco Mundial (BM) sobre adaptación climática.

No obstante, la especialista refiere que las personas resultan afectadas ante una exposición directa e inmediata a un evento climático extremo, como el huracán Beryl, “aunque eso no implique que se desencadene un desorden psicológico o un desorden psiquiátrico”.

“Sin embargo, no es solamente estar expuesta una única vez, sino estar expuesta a todas las consecuencias que vienen después asociadas al paso de un huracán”, agregó. “Esa es una de las dificultades que se experimentan a nivel global: la incapacidad que tenemos para encontrar esa asociación [entre salud mental y cambio climático]. No porque no se dé, sino porque nuestros sistemas no preguntan si esa es la causa”.

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La misma amenaza pero con intensidad aumentada

Las crecidas de ríos por lluvias no son nuevas en la localidad. El 23 de agosto de 2012 hubo un desastre similar, cuando el huracán Isaac pasó por la misma zona, pero como tormenta tropical. El desbordamiento del río Manzanares dejó dos muertos y 35 familias damnificadas, según las cifras oficiales de Protección Civil y la gobernación del estado Sucre.

El expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, prometió -en una alocución televisada- la construcción de casas. En una de las comunidades afectadas, en el caserío La Peña, se construyeron solo 15 casas a unos 3 kilómetros del pueblo de Cumanacoa. Vecinos de la zona, que pidieron reservar sus identidades por temor a represalias, denunciaron que esas casas no tenían servicios de agua potable, electricidad ni calles. La construcción también estaba incompleta: faltaban techos y pisos.

El huracán Beryl fue diferente. La ONG internacional Climate Central advirtió en un informe del 14 de agosto de 2024  que la temperatura superficial del mar Caribe ese 2 de julio estaba 1.8 °C por encima del promedio registrado entre 2001 y 2020, lo cual “facilitó el desarrollo temprano e intenso del huracán Beryl”, un escenario que, según el informe, era 400 veces más probable debido al cambio climático.

En cuanto a las condiciones que facilitaron el desarrollo del evento meteorológico, Orlando Aurquia, meteorólogo de la Universidad Autónoma de México (UNAM) y de Telemundo 48 en el área de la Bahía de San Francisco (California, Estados Unidos), explicó que “un ambiente mucho más cálido en el mar Caribe, en la zona por donde se movió el huracán, y condiciones atmosféricas completamente favorables”, ayudaron a que se desarrollara un proceso rápido de intensificación del huracán, “con un incremento de los vientos que en 24 horas fue incluso superior a los 56 km/h”.

Y ese calor “extra” fue impulsado por el cambio climático.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) advierte en un informe publicado en 2022 que existe una “alta confianza” de que la intensidad media de los huracanes en el mundo aumentaría un 5 % respecto a los registros de 1980 si el planeta se calienta dos grados centígrados. La tendencia ya la están observando en la Universidad de Berkeley, donde han registrado al menos cinco huracanes con una intensidad mayor a la categoría 5 entre 2012 y 2021.

“Estos procesos de intensificación podrían ocurrir tanto en las zonas cercanas a las costas y a las ciudades, lo que daría menos margen a las autoridades y a los ciudadanos de establecer procesos de preparación para enfrentar estos fenómenos y minimizar las pérdidas humanas y materiales”, explicó Aurquia.

Once meses han pasado desde el desastre del huracán Beryl en Venezuela y, pese al tiempo, las zonas de Cumanacoa más cercanas al río Manzanares, y que tenían mayor actividad agrícola, siguen en los escombros. Las rocas y detritos transportados por las lluvias siguen allí. Algunas personas prefieren montarse en un burro, en lugar de un automóvil, para ir sobre la tierra y el fango. Las ruinas no se han limpiado.

Más de 100 personas en “refugios” temporales, ubicados en colegios de primaria, denunciaron bajo confidencia a este equipo periodístico que los refugios tienen una tasa alta de hacinamiento.

Alejandro Álvarez, biólogo y director del Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales, apuntó que este escenario de vulnerabilidad meses después de un desastre socioambiental ocurre con frecuencia en Venezuela. Según dice, los programas no se adaptan a las necesidades de la población, principalmente porque no existe un levantamiento público de las personas afectadas más allá de los reportes de la prensa y la sociedad civil a nivel local.

Según la base de datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, que trabaja en conjunto con la OIM, Venezuela acumuló aproximadamente 52 000 casos de desplazamiento interno producto de eventos climáticos extremos, principalmente inundaciones, entre 2020 y 2024.

“Nosotros hacemos un registro continuo de noticias ambientales, y la mayor parte se obtiene porque un periodista llega al sitio, pregunta a la gente, y ellos les dicen su percepción de lo que está pasando, una percepción del impacto momentáneo sobre su familia. Pero las autoridades sacan a los periodistas de la zona”, dijo Álvarez.https://flo.uri.sh/visualisation/22856656/embed

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Desplazarse entre ruinas

Alejandro y Osdalys Rodríguez construyeron su vida alrededor del río Manzanares, en el caserío La Peña, que con los años se transformó en balneario. Allí tenían un pequeño negocio de víveres en el que atendían a vecinos y turistas. Él tenía un automóvil con el que trabajaba trasladando pasajeros desde Cumanacoa hacia La Peña, a unos tres kilómetros de distancia.

“En la medianoche [del 2 de julio de 2024] empezó a llover muy fuerte. Nos dimos cuenta de que el agua venía con fuerza y se metió en la casa. Nos subimos al techo unas diez personas, entre familiares y vecinos”, cuenta Osdalys, una profesora jubilada.

Subieron alimentos y enseres a la azotea de la casa. Estuvieron allí unas diez horas rezando un rosario, con el sonido del agua de fondo y el lodo arrasando la ciudad. Vieron cómo el río, crecido por las lluvias del huracán, arrastró el carro de Alejandro.

Sobrevivieron, pero la casa quedó en ruinas: solo quedó una tubería de aguas blancas. Al ver que ni el gobierno local ni nacional les brindaron un refugio, decidieron irse a unas casas sin terminar que el Ejecutivo nacional construyó en 2012 como parte de las viviendas otorgadas a los damnificados por las inundaciones ocasionadas por el huracán Isaac.

Se trató de unas estructuras entregadas sin sistema cloacal ni de aguas blancas. Tampoco tenían ventanas completas y los pisos estaban descubiertos. Hace 12 años la familia Rodríguez se había negado a habitar esa zona; pero ahora lo hacen porque, afirman, no han conseguido otra opción.

Desde allí, los Rodríguez viajan tres kilómetros a su antiguo hogar para conseguir agua potable entre las ruinas.

La pensión de Osdalys también ronda los 130 bolívares. Su esposo, Alejandro, está ahorrando para recuperar su auto y volver al trabajo. Ellos no son los únicos con ingresos bajos: la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2024, otro instrumento de medición de la UCAB frente a la carencia de datos gubernamentales, estudió 16 212 hogares en más de 10 ciudades del país y concluyó que más de un tercio de la muestra se encuentra en pobreza extrema y solo el 1 % tiene una póliza para cubrir pérdidas por desastres socioambientales.

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Factores de riesgo en ascenso

Para Valdemar Andrade, ingeniero hidrometeorologista de la Universidad Central de Venezuela, el municipio Montes está situado en una zona de riesgo por ser una planicie que la hace susceptible a inundaciones producto de las ondas tropicales y huracanes. “Y cuando comienza la gente a vivir en esas zonas de riesgo, ya aparece la vulnerabilidad”, apuntó.

Pero no es el único factor antrópico que favorece el desplazamiento climático en la región. Álvarez comentó que la región situada al sur de Cumanacoa, en las cuencas del río Manzanares y Neverí, ha sido deforestada “fuertemente” en los últimos años, aumentando el riesgo debido a la falta de contención de los árboles en las cuencas.

Según el proyecto MapBiomas Venezuela, entre los años 1985 y 2022 se deforestaron 9200 hectáreas de cobertura vegetal en la cuenca del río Manzanares. La mayor parte de las actividades de deforestación se desarrollan alrededor de la siembra, ya que Montes es catalogado como uno de los municipios agrícolas del estado de Sucre.

Andrade agregó otra arista: la ocupación del territorio de alta exposición frente a la inacción del gobierno venezolano para mitigar los desastres. “Entonces comienzan a generarse los desplazados climáticos y las autoridades carecen de la capacidad económica para solventar, construir viviendas y reubicar a los desplazados”, afirmó.

El ingeniero no descarta que estos escenarios se repitan en el futuro, a menos que las autoridades elaboren mapas de riesgo hidrológico, tanto de crecidas como de deslaves. “Y si hay población dentro de esa zona, bueno, buscar mecanismos de reubicación”.

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Sin acceso a cifras oficiales

Seis días después de las inundaciones, el 8 de julio de 2024, la administración de Nicolás Maduro anunció la creación de un fondo especial de un millón de dólares para atender a los sectores económicos afectados.

La autoridad única del municipio Montes, Nayade Lockiby Belmontes, ha desarrollado proyectos de infraestructura para la reconstrucción del municipio, dentro del denominado “Plan Hugo Chávez Frías para el Renacer de Cumanacoa”. Sin embargo, el acceso a cifras oficiales por parte de la prensa independiente ha sido restringido.

Aunque se intentó contactar al funcionario para conocer la cantidad de viviendas que estiman construir en la municipalidad o la cifra actual de personas afectadas y ubicadas en refugios, no fue posible obtener información. Las restricciones en el acceso a la información también dificultan conocer cuántas personas buscaron, por su cuenta, un sitio donde vivir ante la pérdida de sus hogares.

Habitantes de la zona indicaron que a inicios de marzo de este año, personas que residían en caseríos devastados por las inundaciones, como La Fragua o Las Trincheras, aún permanecían en refugios.

Once meses después de perderlo todo, Alejandro y Osdalys avanzan por su cuenta. Sus hijos, que viven fuera del estado de Sucre, les envían dinero para que puedan, poco a poco, volver a instalar una pequeña tienda de víveres, esta vez en la sala de su casa.

Por su parte, Laura Carpintero sigue con su trabajo como docente en una escuela en San Lorenzo mientras espera noticias de su hija, que el 4 de octubre cumplió 18 años, aún cuando las búsquedas de desaparecidos en las inundaciones cesaron oficialmente cuatro semanas después del siniestro. “El Gobierno sólo dio una o dos bolsas de comida”, dijo su hermana Dunia. También recibió un colchón y un par de prendas de vestir. Las semanas siguientes al desastre los afectados recibieron comida de instituciones religiosas y de la sociedad civil.

Dunia admite que todos en su familia necesitan ayuda psicológica para lidiar con el trauma de la tragedia. “Ella [Laura] quiere encontrar a su hija, aquí o en Japón, y darle sepultura si está muerta. Eso es lo único que siempre dice. Yo sé que necesita ayuda, terapia, pero no hay cómo hacer eso”.

Aunque ya no residen en La Fragua, tanto Dunia como Laura y algunos de sus familiares regresan de vez en cuando a su antiguo hogar. “Fui en moto, en el camino de lejos uno puede ver todo el caserío y ver los escombros. Cada vez que voy me dan ganas de llorar al ver toda la destrucción”, dijo Dunia.

Mientras tanto, el IPCC advierte que tormentas tropicales intensas se pueden volver más frecuentes si la temperatura media global llega a los 2 grados centígrados o más. La situación se vuelve más complicada si se considera que, según la ONG Clima21, el gobierno venezolano, hasta ahora, no ha publicado un plan de mitigación para eventos extremos potenciados por el cambio climático.

*Este reportaje periodístico forma parte del especial “Desterrados Climáticos: Nuevas Migraciones Venezolanas” al que puede acceder aquí.

**Imagen principal: el caserío La Peña, un proyecto habitacional abandonado por el gobierno venezolano, que los desplazados de Cumanacoa por el Huracán Beryl usan como refugio. Foto: cortesía Nayrobis Rodríguez

El artículo original fue publicado por Joshua de Freitas y Nayrobis Rodríguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Durante 70 días de navegación alrededor de la costa antártica, un equipo de57 investigadores encontraron evidencias preocupantes del impacto del cambio climáticoen la región. A bordo del buque ruso Akademik Tryoshnikov, los científicos observaron que los glaciares en la isla Rey Jorge se están derritiendo aceleradamente y que incluso se han expandido los campos de musgo. De hecho, fueron testigos de la formación de arroyos sobre las plataformas de hielo.

Además, observaron la presencia demicroplásticos en la nievey que la salinidad del océano austral, es decir, la concentración de sal en el agua, se ha reducido. Aunque las muestras recolectadas durante la expedición aún están siendo analizadas para llegar a conclusiones más contundentes, las observaciones preliminares reflejanla creciente fragilidad del ecosistema antárticoante el calentamiento global.

Esta realidad no solo es preocupante dado los impactos en cadena que estos cambios tienen sobre el ecosistema antártico— desde las pequeñas algas en el océano hasta las ballenas que allí se alimentan— sino también porlas consecuencias que esta degradación puede tener sobre todo el planeta.

Y es que el clima global está íntimamente ligado a la Antártida. De hecho, el continente blanco, que parece tan lejano, estáconectado de manera sorprendente con la Amazonía. Ambas regiones desempeñan un papel crucial en la circulación atmosférica y se modifican mutuamente explicando la dinámica climática de Sudamérica.

La conexión es tal que una sorprendente hipótesis está muy cerca de confirmarse tras los resultados de esta expedición:micropartículas en el hielo antártico podrían contener rastros de los incendios en la Amazonía.

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Microplásticos en el hielo

La Antártida es el quinto continente más grande de la Tierra, mayor que Europa y supera en más de una vez y media el tamaño de Brasil. Los14 millones de kilómetros cuadradosde este desierto blanco son un regulador clave del clima. Junto con el Ártico —mucho más pequeño—, la Antártida redistribuye el calor que es absorbido en la zona ecuatorial, equilibrando la energía térmica. En otras palabras, las masas de hielo en estos dos lugares extremos del planeta son una gran maquinaria circulatoria queregula energía, afectando el clima global.

Este verano finalizó la Expedición Internacional de Circunnavegación Costera Antártica (ICCE), liderada por el glaciólogo brasileño Jefferson Cardia Simões, del Centro Polar y Climático (CPC – UFRGS). En total fueron 57 investigadores de siete países que recorrieron 29 mil kilómetros hasta el fin del mundo y dieron vuelta a la península antártica; recolectando;muestras de nieve y hielo, además de agua marina para entender cómo la microvida que habita en ese lugar responde a los cambios climáticos.

En una de las imágenes registradas durante los70 días de expedición, el coordinador del equipo de glaciología del Centro Polar y Climático (CPC-UFRGS), Filipe Lindau, perfora la nieve para extraer cilindros de hielo de unos 7.5 centímetros de diámetro que permitirán estudiar la atmósfera y la presencia de microplásticos. “Cada capa de nieve representa la precipitación (es decir, una nevazón) de un momento específico, revelando la atmósfera de ese entonces, los componentes químicos y la cantidad de nieve que cayó”, explica Lindau.

Si bien los análisis de todas las muestras, tanto de cilindros como de aguas, se llevarán a cabo en los próximos meses, observaciones en la expedición dan cuenta de la paulatina degradación de la Antártida. Tanto es así, que “los microplásticos eran visibles al pasar el agua de mar por una suerte de coladores, se veían inclusive a través de la lente de cámara fotográfica”, cuenta Venisse Schossler, climatóloga y también coordinadora de la misión.

Pero hay algo más que preocupa a los científicos.

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Se derrite el hielo

La conexión entre la Antártida y la Amazonia es una realidad de la que se tiene conocimiento desde hace tiempo. Ambas regiones están unidas por un corredor atmosférico y, de hecho, ocasionalmente masas de aire frío pueden llegar hasta el estado brasileño de Acre y al sur de la Amazonia del Brasil causando descensos de temperaturas. A su vez, hasta la Antártida llegan los “ríos voladores” que salen de la región amazónica. Se trata de corrientes de aire de origen tropical que transportan grandes volúmenes de humedad e incluso de calor hacia regiones extratropicales y polares.

Al vigésimo día de navegación, mientras el buque rompehielos Akademik Tryoshnikov avanzaba en la Antártida Oriental, región de la Isla Mill, el equipo de científicos observó la proximidad de un ciclón. “Vimos que había una ola de calor en Brasil asociada a una masa de aire caliente y húmeda que venía de la Amazonía, recorriendo el Atlántico, llegando hasta la Antártida”, explica Venisse Schossler. Esa masa contribuyó ala formación de un ciclón en la zona, y favoreció la precipitación en forma de lluvia, acelerando el derretimiento del hielo marino.

Aunque no se puede afirmar que estos episodios estén aumentando en frecuencia, su impacto en el equilibrio climático de la región preocupa a la comunidad científica.

Durante la circunnavegación, los especialistas fueron testigos directos del retroceso del Glaciar Lange. El climatólogo Francisco Aquino, integrante de la expedición lo explica. “Confirmamos queel frente del Glaciar Lange retrocedió al menos 400 metrosentre 1995 y 2025, después de haber perdido 1.38 km entre 1956 y 1995”.

Los impactos también afectan al hielo marino y, a su vez, a la biodiversidad de la Antártida puesto que este hielo es vital para el suministro denutrientes necesarios para la vidaque crece y se desarrolla bajo él.

Debido a los aumentos de temperaturas, se ha observado una reducción de hielo marino en la Antártida desde 2016.Estudiospublicados en laNational Snow and Ice Data Centerseñalan que desde aquel año,la entrada de calor anómalo en la Antártida ha afectado la extensión promedio de su hielo marino,el que se ha reducido en 6500 kilómetros cuadrados. “Esto impacta en una disminución en la producción de krill, que se parece a un mini camarón, y que es base de la cadena alimentaria en la fauna antártica”, explica la profesora Schossler.

Un aumento en las lluvias, junto con el derretimiento de hielo marino y de glaciares, también puede llegar a impactar directamente a lospingüinos antárticos. Si bien esto no fue observado en la expedición, la bióloga polar, Emanuele Kuhn, especializada en la vida en ambientes extremos, y quien durante la expedición se encargó de recolectar muestras para analizar los microorganismos, relata eventos de acuerdo a su estudio y experiencia. “Los pingüinos nacen con plumas protectoras de la nieve y no de las lluvias. Entonces, los pichones, si se mojan con agua a temperaturas de 1 a 2°C,sufren estrés y mueren de hipotermia. Son animales adaptados a la nieve”, refuerza la bióloga.

Dada la conexión que existe entre la Antártida y la Amazonía, cuando haydeforestación e incendios, el aire contaminado por la combustión, cargado de partículas finas, llega al fin del mundo.

“El aire contaminado por incendios en la Amazoniapuede transportar carbono negro —una partícula altamente absorbente del calor— hasta regiones lejanas como la Antártida”, explica la profesora Schossler. Cuando estas partículas se depositan sobre la nieve y el hielo, reducen su albedo, es decir, su capacidad para reflejar la luz solar, y elloacelera el derretimiento. Además, el carbono negro, al permanecer suspendido en la atmósfera, contribuye al calentamiento global.

“Tenemos que comenzar a entender que, así como en el océano, también existen ondas en la atmósfera que, al propagarse, transfieren ese calor y humedad que conectan regiones remotas del globo”, agrega Claudia Parise, investigadora sobre la interacción entre océano y atmósfera en la expedición.

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La pérdida de salinidad

Otro de los impactos observados por los científicos es queel mar está perdiendo salinidaddebido al deshielo de los glaciares, lo que afecta directamente al fitoplancton. Estas algas microscópicas forman la base de la cadena alimentaria en el océano y desempeñan un papel clave en la captura de dióxido de carbono y la producción de oxígeno.

“La reducción de la salinidad y el aumento de la acidez de los océanos estánalterando profundamente los ecosistemas marinos, afectando directamente al fitoplancton, considerado el pulmón del mundo. Sin él, existe el riesgo de que se produzcan desequilibrios en toda la cadena alimentaria marina e impactos en el clima del planeta. Estos cambios se están produciendo más rápidamente en los océanos polares, que son especialmente sensibles al cambio climático”, afirma el profesor y coordinador de la misión Simões.

Los cambios en la salinidad también afectan la circulación oceánica, un sistema complejo de corrientes de agua que mueven calor, nutrientes y otros elementos vitales por los océanos. Estos cambios, a su vez,alteran el equilibrio energético entre los trópicos y los polos, es decir, la distribución de calor entre estas regiones.

Los investigadores advierten que el debate ambiental se centra demasiado en la Amazonía, mientras que la Antártida también cumple un papel clave. Los sistemas están interconectados:los cambios en la Antártida afectan a los trópicos y viceversa.

De hecho, las corrientes oceánicas y atmosféricas existen debido a la diferencia de temperatura entre los trópicos y las regiones polares, lo que facilita la transferencia de energía. Los trópicos reciben más energía solar de la que pierden, mientras que las regiones polares tienen un déficit. El impacto de modificar cualquiera de estos sistemas es negativo. “Los océanos polares, especialmente por su frío, son los mayores secuestradores de carbonoy sin ellos, tendríamos un 40 % más de dióxido de carbono en la atmósfera”, explica Simões.

En el filmOne Strange Rock, hay una escena que muestra cómo las semillas y el polvo del desierto del Sahara son transportados por el viento a través del océano Atlántico hasta la selva amazónica en Sudamérica. Son partículas ricas en fósforo y otros nutrientes esenciales que viajan miles de kilómetros en la atmósfera y caen sobre la Amazonía, enriqueciendo el suelo y revelando la profunda conexión entre ecosistemas distantes.

Todo se conecta, dice Lindau y “la Antártida, aunque remota, tiene una dinámica de conexión constante e influye en la regulación del clima global”.

*Imagen Principal:Rompehielos con la misión avanza por la Antártida. Foto: International Antarctic Coastal Circumnavigation Expedition – ICCE. Photo/Video © Anderson Astor and Marcelo Curia

El artículo original fue publicado por Soledad Domínguez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En un mundo donde cada vez se registran los días, meses y años más calurosos —atribuidos principalmente a la quema de combustibles fósiles—, también crecen los esfuerzos que trabajan por un consumo energético más limpio y responsable que ayude a mitigar los efectos de la crisis climática. El Día de la Tierra de este año es un espacio para hablar de ellos.

Este 2025 se cumplen 10 años de la firma del Acuerdo de París —el tratado internacional que busca frenar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y limitar el aumento de la temperatura a 1.5 °C por encima de los niveles preindustriales— y una fecha límite para que los países actualicen sus compromisos climáticos y expliquen cómo reducirán sus emisiones, mediante las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Si bien 2024 fue el año más cálido del que se tiene constancia, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también se registró un récord para la producción mundial de energías renovables, que representaron más del 92 % de la nueva capacidad eléctrica instalada el año pasado, de acuerdo con un reporte de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA).

Mongabay Latam comparte experiencias y testimonios de diferentes esfuerzos locales por una transición energética justa en Latinoamérica.

La cooperativa eléctrica pionera en Argentina

Uno de estos esfuerzos nació en la localidad de Armstrong —de apenas 15 000 habitantes, en la provincia argentina de Santa Fe— donde la alianza entre la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos Limitada y Crédito de Armstrong (CELAR) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) permitieron sustituir el diesel con sistemas fotovoltaicos para la generación de parte de la electricidad que se consume.

Aunque esta iniciativa se trabajó desde hace más de 10 años, recién en 2017 inició la operación de una planta fotovoltaica de 880 paneles y 50 techos solares en casas de los propios integrantes de la cooperativa que han gestionado el mantenimiento y administración de este modelo.

Pablo Bertinat, ingeniero electricista y quien fue director del proyecto en su inicio, destaca la autonomía y la resiliencia de la localidad que se adueñó de esta iniciativa.

“Al tener que comprar menos energía del sistema, porque la generan allí, implica un grado de autonomía no sólo económica. Que esta experiencia se haga en una cooperativa tiene algún germen de transición justa porque estamos hablando de una entidad sin fines de lucro, que fue creada para resolver un servicio y un derecho”, explica Bertinat.

El también investigador y docente señala que a diferencia de otros sistemas convencionales que hay en Argentina, la generación eléctrica del modelo de los techos solares en Armstrong se usa y administra en favor de toda la comunidad.

Por ejemplo, la cooperativa decidió en asamblea que los propietarios donde se instalaron los paneles solares no reciben una renta por aportar parte de sus viviendas, sino que ese dinero se reinvierte en el mismo proyecto, lo que ha permitido un aumento de energía.

“Lo que hacíamos era contabilizar la energía que se generaba en la planta industrial y la que se generaba en todos los techos, eso se monetiza, digámosle así. Con ese ahorro, la planta incrementó su potencia el año pasado”, sostiene el especialista.

El proyecto de redes solares en Armstrong fue más allá de solo sustituir una tecnología por otra, pues hubo un involucramiento de las comunidad en el proceso. Desde la capacitación y montaje de las instalaciones hasta su mantenimiento con mano de obra local.

Para Bertinat, estos procesos permiten ubicar a la transición no como un objetivo, sino como una herramienta para mejorar la calidad de vida y construir un derecho en medio de la privatización y uso mercantil de la energía.

“Es un tema central bajar la emisión de gases de efecto invernadero del sistema energético, pero no de cualquier manera. Tenemos que bajar esas emisiones generando sistemas mucho más democráticos y públicos”, afirma.

El especialista en sistemas ambientales humanos advierte que este tipo de iniciativas enfrentan un escenario complejo en la actual administración argentina, pues sostiene que se ha fortalecido “la mirada de mercado” alrededor de energía.

“Lo que hace es incrementar la pobreza energética, incrementar la exclusión energética. Hay que pensar en cómo generar sistemas que sean mucho más democráticos, desconcentrados, descentralizados”, afirma.

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Electrificar a comunidades y escuelas rurales de Perú

Hace casi 18 años, en Perú inició un proyecto para iluminar a la población de El Alumbre, la primera comunidad electrificada a pequeña escala con energía eólica del país. La iniciativa llegó a 33 viviendas y a un centro de salud que dependían de velas y quema de kerosene para alumbrarse.

Esta iniciativa, ubicada al sur del distrito de Bambamarca, en la región Cajamarca, tuvo la participación de diferentes instituciones, autoridades y universidades, que aprovecharon la extensión de redes eléctricas para instalar aerogeneradores de 100 vatios en las viviendas. Esto les permitió a los habitantes no solo tener energía en sus casas, sino también pagar menos por ella y adquirir el conocimiento para gestionar y mantener el sistema.

El modelo contempló la creación de una microempresa local responsable de operar y mantener los sistemas por el que cada familia pagaba una tarifa mensual de aproximadamente tres dólares, explica Ivo Salazar, líder temático en Energía de Practical Action, una de las organizaciones que acompañó el proyecto.

“Ellos pagaban más porque usaban baterías, pilas, mecheros, gasolina y si le sumas las horas que invertían en transporte para conseguir todas estas cosas, les resultaba más barato la implementación de estas tecnologías”, explica.

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Salazar destaca que más allá de la implementación de tecnología, los retos siempre están en la gestión y organización de los sistemas energéticos renovables, pues de esto dependerá si una iniciativa se sostiene en el tiempo.

Además de la iluminación, de acuerdo con Practical Action, la iniciativa facilitó el uso de computadoras y contenido educativo en una escuela, así como la refrigeración de vacunas y esterilización de material del centro de salud. Incluso, señala que se impulsó una radio comunitaria y servicios de carga de celulares en la comunidad.

Estos resultados permitieron replicar el modelo participativo para electrificar otras zonas rurales dispersas con energía eólica, como el caso de Cerro Alto y Alto Perú, también ubicadas en la región de Cajamarca, donde se apostó por sistemas mixtos con energía solar.

Si bien la cobertura eléctrica en Perú se ha incrementado en los últimos años, llegando a un a un 93.9 %, aún hay 700 000 hogares que carecen de acceso a redes eléctricas legales. En zonas rurales la cobertura es del 82.9 %, de acuerdo con el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de Perú (CEPLAN).

Salazar sostiene que los proyectos de energías renovables son una oportunidad para cerrar brechas y brindar oportunidades adecuadas a los contextos donde se requiere una transición.

“Debería promoverse el uso productivo porque solo luz por luz no es suficiente, hay que generar algún ingreso adicional. El reto es atender a comunidades con energías renovables, pero que sea suficiente para las necesidades de la población”, dice el especialista sobre la política pública que busca generar proyectos renovables en comunidades apartadas.

Futuros brillantes, una transición energética en las escuelas

Practical Action, junto con otras organizaciones, empresarios y autoridades educativas de Perú intervinieron 16 escuelas rurales en las regiones de Amazonas y Puno para instalar sistemas fotovoltaicos, de bombeo de agua y saneamiento, así como uso de tecnologías como laptops, tabletas, pantallas, torres para carga de celulares y biohuertos, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje.

Aunque esta primera fase benefició directamente a 650 estudiantes y 54 maestros, en esta segunda fase se busca hacer sostenible el modelo, así como capacitar a los actores involucrados en escuelas que están en diferentes contextos rurales del país.

“Queríamos también mostrar la diversidad de la realidad peruana. Las realidades son distintas y las soluciones de parte del Estado también tienen que ser distintas”, expone Salazar.

Biodigestores, una opción energética que beneficia a agricultores de México

Milpa Alta es una de las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México. Además de ser una demarcación rural productiva, cuenta con el primer biodigestor de la capital del país, una planta de tratamiento de residuos orgánicos que aprovecha su descomposición para generar biogás, una fuente de energía renovable.

El biodigestor funciona como una especie de estómago gigante para tratar principalmente los desechos del nopal (Opuntia ficus-indica), una fuente de alimento altamente consumida y producida en México.

Durante este proceso, los residuos del nopal se colocan en un tanque herméticamente cerrado, para la propagación de bacterias, quienes descomponen los residuos y producen una mezcla de gases como metano y dióxido de carbono.

Al mismo tiempo, producen un fertilizante natural que ha sido aprovechado por los productores de nopal de Milpa Alta, quienes iluminan su centro de acopio con la luz producida por el biodigestor, reducen la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y mejoran los suelos y la calidad de sus productos.

David Peralta Olivos, productor de nopal en Milpa Alta, destaca que con el uso del biodigestor han identificado una mejora en la calidad del producto.

“Esta composta líquida está hecha del mismo residuo de la planta y tiene un potencial que antes no veíamos”, reconoce el productor.

El biodigestor inició en 2017, impulsado por la empresa SUEMA junto con autoridades capitalinas y comunidades de productores de Milpa Alta, que ocupa el segundo lugar nacional en la producción de este alimento, el cual se cultiva a 2300 metros sobre el nivel del mar.

Aunque existen otros biodigestores de estas características en el país, esta planta se enfoca en tratar principalmente los residuos orgánicos del nopal para evitar que estos terminen en tiraderos a cielo abierto emitiendo metano directamente a la atmósfera.

“Este tipo de tecnología nos ayuda a tener una mejor trazabilidad del producto y saber que es un producto con buenas prácticas, que no estamos usando químicos para neutralizar la tierra”, dice Peralta sobre la iniciativa.

También insiste en difundir la importancia de este proyecto, para que las personas “tengan la certeza de que el producto no se fertiliza con químicos, sino con un mejorador de suelos natural”.

De acuerdo con las autoridades y encargados de la operación de la planta, el biodigestor puede procesar tres toneladas diarias de residuos. Además de producir cerca de 10 000 litros de biofertilizante en menos de dos semanas.

Imagen principal: en Armstrong los integrantes de esta cooperativa se abastecen de energía con la luz solar, ahorran dinero y cuidan el ambiente. Foto: Fundación Energizar

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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