El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba al norte de Brasil, al verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó a último minuto, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por un valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Méndez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro en los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023, también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño que fue apresado cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red criminal de comercio ilegal y lavado de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron apresados. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. En efecto, el flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras de oro que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, actualizadas en mayo de 2025.

La más reciente evidencia de este flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro valorados en unos 111,7 millones de dólares que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro vía terrestre.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. La también llamada Villa del Yocoima es considerada como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un largo letrero con su nombre, escrito con letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa la fachada de una edificación de dos plantas sobre la esquina donde se cruzan las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte, en Upata.

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia (que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta aún más la movilización para los mineros). Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no queda solo en una condición meteorológica o en un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos en el sector, sin trayectoria ni aparente experiencia en lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad. Se nota además que sus firmas aparecen escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres los que figuran en registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, aspirando a un mejor monitoreo de la cadena de comercialización.

Una de las principales banderas de su administración es la de “acabar con la minería ilegal”. En la línea de combate contra el crimen organizado, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar con eficacia la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando captando a venezolanos que se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará —considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña—, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que se exhiben en Upata no muestran, sin embargo, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no está registrado en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela).

Además, sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, se ve en letra pequeña otro nombre: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poco alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil.

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la red hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río del mismo nombre, vecina al llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Composición fotográfica. Crédito: Mongabay Latam.

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las imágenes satelitales que se muestran en la plataforma Amazon Mining Watch muestran cómo la minería está arrasando con los bosques amazónicos. Esta deforestación causada por la actividad minera se observa como manchas que en conjunto superan las 2 millones de hectáreas —equivalente a la extensión aproximada de El Salvador—. Esta cifra refleja la depredación de la minería en la selva amazónica entre 2018 y 2024.

Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, permite tener un panorama general del bioma amazónico. Se observa, por ejemplo, que las zonas más afectadas por la minería se concentran en tres áreas principales: el sureste de Brasil, entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis; el Escudo Guayanés, que incluye Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y el sur de Perú, que corresponde a Madre de Dios.

El monitoreo realizado con esta nueva herramienta en línea también muestra que el 36 % de la deforestación por minería acumulada en 2024 —más de 725 000 hectáreas— corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas.

“El objetivo es tener datos consistentes en una vasta área como la Amazonía. En MAAP -otra herramienta de monitoreo-, podemos usar satélites para monitorear áreas prioritarias específicas en tiempo real, pero es mucho más difícil monitorear toda la Amazonía de esta manera. Con Amazon Mining Watch, podemos ver el panorama general, incluidas áreas que ni siquiera conocíamos”, señala Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, proyecto de Conservación Amazónica (ACCA)

La herramienta Amazon Mining Watch (AMW) es parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) liderado por Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica. Se trata de una plataforma abierta que utiliza un algoritmo creado para detectar la huella de la actividad minera tomando como base imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea.

“Se espera que proporcione información trimestral para que los actores locales puedan, a través de estos datos, conocer exactamente qué está sucediendo en su territorio, sin la necesidad de esperar un estudio o un reporte específico”, comenta Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Sensores Remotos de la Fundación Ecociencia, en Ecuador.

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Las zonas más devastadas

El reporte publicado el 4 de mayo de 2025 indica que la deforestación acumulada por minería para 2024 fue de 2.02 millones de hectáreas. El monitoreo realizado a través de Amazon Mining Watch indica que en 2018, el primer año del que se tienen datos, alcanzó unas 970 mil hectáreas. Luego, entre 2019 y 2024, la deforestación por minería de oro creció en 1.06 millón de hectáreas. El informe también indica que el punto más alto de la deforestación ocurrió en 2022, mientras que en 2023 y 2024 hubo desaceleración en la pérdida de bosques.

Según el reporte de MAAP más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Solo para 2024 la deforestación en Brasil por esta causa fue de 57 240 hectáreas. Para Guyana la pérdida de bosques alcanzó 19 372 hectáreas; en el caso de Surinam fue de 15 323 hectáreas;  para Venezuela se reportó 9531 hectáreas; y en Perú fue de 6020 hectáreas.

“Lo que se pretende es brindar las herramientas necesarias para que tanto gobiernos locales como organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar un monitoreo de la minería en sus territorios y fortalecer sus capacidades de gobernanza con respecto a esta importante presión”, agrega Villa.

El reporte también muestra que más de un tercio de la deforestación por minería ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. La mayor parte ocurre en Brasil. En el caso de Perú, la deforestación por actividad minera afecta a varios territorios indígenas, principalmente a los que rodean el denominado corredor minero, un área designada por las autoridades dónde está autorizada esta actividad. En este país también existe deforestación minera en áreas protegidas. En tanto, en Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.

“La minería sigue avanzando en Ecuador”, agrega Villa. Al respecto, el especialista de la Fundación Ecociencia señala que para realizar este monitoreo se ha dividido la Amazonía ecuatoriana en tres sectores: norte, centro y sur. “En cada uno de estos corredores vamos a identificar las zonas específicas donde existe esta actividad”, agrega.

Villa explica que los análisis para Ecuador corresponden, en el sector norte, a las zonas limítrofes con Colombia. Se centraron en analizar cómo ha ido creciendo esta actividad en lugares alejados de las zonas pobladas. En la zona central se analizará la provincia de Napo, mientras que los estudios en el sur se harán principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe, la superficie más afectada en ese país.

De acuerdo con Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, en 2019 Ecuador perdió 708 hectáreas. Al año siguiente, sumó 346 hectáreas deforestadas; y en 2021 casi las duplicó (con 653 hectáreas de desbosque). En 2022 la deforestación continuó en alza y el año terminó con 970 hectáreas deforestadas. El nivel más alto de desbosque fue en 2023. Ese año, se perdieron 2421 hectáreas. El año pasado, Ecuador perdió otras 1062 hectáreas de bosques.

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Áreas protegidas y territorios indígenas

Las áreas protegidas y los territorios indígenas continúan perdiendo bosques a causa de la minería aurífera. En estos casos, además, se trataría de minería ilegal puesto que son lugares donde no está autorizada esta actividad.

Solo para 2024 se estima en un 36 % la deforestación acumulada, es decir, más de 725 000 hectáreas de bosques, sucedió dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

La mayor parte de esta deforestación en este tipo de territorios se produjo en Brasil. Según este estudio, nueve de las diez áreas protegidas más deforestadas están en Brasil. La lista es liderada por el Área de Protección Ambiental Tapajós, que ha perdido más de 377 000 hectáreas, seguida de los bosques nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los bosques nacionales Urupadi, Jamanxim, Itaituba, el Parque Nacional Jamanxim —unidad de conservación que difiere del bosque del mismo nombre— y el Bosque Nacional Altamira. El top 10 se completa con el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela.

En cuanto a los territorios indígenas, las zonas más afectadas también están en Brasil. Se trata de los territorios de los pueblos Kayapó, Mundurucu y Yanomami, con casi 120 000 hectáreas en conjunto. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela; seguido de tres territorios del sur de Perú —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba—, con más de 17 000 hectáreas de pérdida de bosques. El top 10 se completa con Sai Cinza y Trincheira Bacajá, en Brasil, y San Jacinto, en Perú.

“El territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie a causa de la minería aurífera ilegal”, dice en el reporte.

Dhaynee Orbegozo, experta en gobernanza forestal en Perú, señala que, lamentablemente,  en Madre de Dios están las zonas más afectadas por la minería aurífera. Agrega que esta actividad prácticamente empezó en los años 80 en Perú y que en esa época no se le brindaba toda la atención que ahora se le brinda el tema de deforestación.

“En ese momento ningún gobierno tomó cartas en el asunto y, ahora, con el incremento del precio del oro y el debilitamiento de la institucionalidad, desde hace bastante tiempo, se ha agudizado”, comenta Orbegozo. “Quizá el primer momento en el que se perdió la batalla fue cuando el Gobierno, alrededor de 2013, decidió que la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial no iban a ser vinculantes”, es decir, que estas decisiones sobre el territorio  no son de cumplimiento obligatorio.

En cuanto a la presencia de la minería en territorio indígenas, Orbegozo menciona que las invasiones en estos territorios “doblegan a los pueblos indígenas” en las comunidades nativas, pero también, precisa, existe minería hecha por las mismas comunidades.

“La minería divide a las comunidades porque parte de la población se opone, quiere seguir conservando su territorio. Pero también hay mineros ilegales que forman sus propias organizaciones indígenas y empiezan una lucha contra las organizaciones indígenas representativas de la zona”, precisa Orbegozo.

Cuando se habla de minería ilegal, se habla de un problema de impacto al medio ambiente, señala Orbegozo, por la deforestación y la contaminación de los ríos, los peces, que luego alimentan a las personas. Es un tema de salud para los propios trabajadores, pero también es un problema de debilitamiento de la institucionalidad que corrompe autoridades nacionales, regionales, locales, legislativas, de las Fuerzas Armadas y policías, asegura la especialista.

Imagen principal: huellas de la minería en Madre de Dios. Foto: Tom Laffay

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando se habla de jaguares, la Amazonía representa un mosaico complejo de ecosistemas con diferencias en la composición del suelo, características hidrológicas, condiciones climáticas y en la presión que ejercen las actividades humanas sobre ellos. Todos estos factores afectan la abundancia y distribución del gran félido americano y hace difícil establecer sus densidades poblacionales.

La complejidad de esta enorme selva tropical ha llevado a que la mayoría de los estudios sobre el jaguar presenten estimaciones de población para pocos sitios, lo que dificulta evaluar la situación del depredador en toda la región.

“Las estimaciones de densidad publicadas para la Amazonía son escasas e incluso las estimaciones de población de jaguares para toda su área de distribución se produjeron con pocos datos de la Amazonía, que representa aproximadamente el 70 % de la distribución de la especie”, indica un artículo publicado en marzo en la revista Biological Conservation y que pretende llenar ese vacío de información.

Más de 20 científicos se unieron y utilizaron datos de cámaras trampa combinados con modelos espaciales para estimar las densidades de jaguares en 22 áreas protegidas en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. De esta manera encontraron un promedio de 3.08 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados.

En algunas áreas las densidades del félido eran mucho menores, con un promedio de 0.6 jaguares en el caso de la Reserva Biológica Cuieiraras, en el bajo río Negro (Brasil), y en otras eran muy altas, con 9.97 jaguares en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, en las llanuras de inundación del río Amazonas, también en Brasil.

“Nuestros resultados revelaron que las 22 áreas protegidas combinadas albergan un tamaño estimado de población de jaguares de 6389 individuos, lo que destaca la importancia de las áreas protegidas para la conservación de esta especie emblemática”, resalta el artículo, que además insta a implementar programas de monitoreo continuo en todas las áreas protegidas de la Amazonía y frenar las crecientes presiones por actividades humanas, “lo cual es fundamental para garantizar que estas áreas sigan siendo un bastión para la especie”.

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El reto de saber cuántos

Valeria Boron, experta en jaguares y félidos neotropicales, asesora principal de programas de WWF en Reino Unido y coautora del artículo, recuerda que en 2018 participó de un estudio científico importante porque estimaba la población del jaguar en toda su distribución, pero reconoce que, al ver los datos, se aprecia un vacío de información para la Amazonía. “Ya había unos datos publicados para Amazonía, pero no muchos”, comenta.

En eso coincide Marcelo Oliveira, oficial senior de Conservación de la Biodiversidad en WWF Brasil, quien menciona que durante mucho tiempo hubo escasa colaboración científica, porque pocos investigadores compartían datos antes de publicar sus artículos. Esto hizo que Oliveira pusiera sobre la mesa el tema de la cooperación en varias reuniones de Jaguar Alliance, una alianza de varias organizaciones que trabajan por la conservación del jaguar.

Hace unos seis años Oliveira y varios colegas empezaron a mapear los sitios e instituciones que tenían datos sobre el gran félido de América y hace aproximadamente tres años Oliveira comenzó a organizar la cooperación entre todos los socios que hoy son coautores del estudio.

Los científicos quedaron sorprendidos con los resultados que obtuvieron. Guilherme Costa Alvarenga, biólogo en la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford, asociado del Instituto Mamirauá para el Desarrollo Sostenible y autor principal del artículo científico, asegura que uno de los hallazgos más sorprendentes fue el gran tamaño de la población estimada de jaguares, sobre todo si se considera que el estudio abarca sólo una pequeña porción de la Amazonía.

“Para ponerlo en perspectiva, predijimos aproximadamente 6000 jaguares en un área de más de 200 000 kilómetros cuadrados dentro de las 22 áreas protegidas muestreadas. Esta cifra es particularmente importante dado que nuestra área de estudio representa sólo el 2.5 % de la cuenca amazónica”, dice Costa.

El artículo científico destaca que tan solo 22 áreas albergan un tamaño poblacional que supera incluso las estimaciones para países enteros, como México, que son de gran relevancia para la conservación del jaguar. Sin embargo destaca que muchos sitios, como la Reserva Extractiva Chico Mendes, el Parque Nacional de Juruena y la Estación Ecológica Terra do Meio, que aún presentan altas densidades de jaguares, están ubicados a lo largo del arco de deforestación de Brasil, donde la pérdida de bosques va en aumento, especialmente en tierras públicas sin título de propiedad.

Otro aspecto importante del estudio es que no sólo considera áreas naturales protegidas sino también algunos territorios indígenas, de los cuales también existe amplia información científica sobre su importancia en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática.

Precisamente, la información de Colombia se basa en los datos y el trabajo que han hecho los indígenas del resguardo Predio Putumayo, en el sur del país.

“Es importante que se demuestra con datos, y no sólo con palabras, que el papel de los pueblos indígenas en la conservación es realmente clave”, dice Jaime Cabrera, especialista en monitoreo comunitario de WWF Colombia, organización que trabaja y asesora al resguardo Predio Putumayo.

Cabrera comenta que un factor que influye en que muchos pueblos indígenas en Colombia sean exitosos en la conservación de los bosques es que tienen una gran autonomía sobre sus territorios y los resguardos son propiedad colectiva, cosa que no ocurre en otros países de la región. “En la COP16 de Biodiversidad que se realizó en Cali [en octubre de 2024] una de las grandes conclusiones es que se debe trabajar en la seguridad jurídica de los territorios indígenas porque su aporte a la conservación es grandísimo”, afirma Cabrera.

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Zonas con mayor y menor densidad de jaguares

Uno de los resultados más notables del análisis es que la densidad de jaguares varía significativamente entre algunas áreas. Sin embargo, los científicos aseguran que esto no significa necesariamente que las zonas donde se estima una menor presencia de jaguar estén menos conservadas, sino que el paisaje amazónico es heterogéneo.

“Nuestros resultados revelaron que las mayores densidades de jaguares ocurren en regiones con mayor productividad primaria [cantidad de biomasa que producen las plantas]”, indica el artículo científico.

Esa mayor productividad primaria, explica Boron, refleja mejores condiciones para los jaguares, “hay más recursos, más cantidad de presas y mayores densidades de jaguar”.

Cabrera agrega que en territorios con mayor productividad, el jaguar no necesita moverse en áreas tan extensas porque tiene presas suficientes y la vegetación se regenera más rápido. Además, menciona que algunos de los lugares más productivos están hacia la desembocadura del río Amazonas y en la parte occidental del bioma, donde hay mayor aporte de nutrientes de los Andes.

Según el investigador, Mamirauá está en la desembocadura del Amazonas y tiene unas densidades de jaguar muy grandes porque hay muchos peces y este es el felino más acuático que existe, así que “pesca mucho”. “Esto no significa que, por ejemplo, Mamirauá esté mejor conservado que Predio Putumayo, lo que pasa es que simplemente la productividad es mayor”, enfatiza.

Los científicos que participaron en el estudio insisten en que mientras los jaguares prosperan en la Amazonía, las poblaciones en otras regiones se enfrentan a graves amenazas humanas, a menudo hay muy pocos individuos y muchos viven aislados.

“Esta pérdida de conectividad provoca endogamia y una menor diversidad genética, lo que aumenta aún más la susceptibilidad de las poblaciones”, comenta Costa, y agrega que desafortunadamente el caso de la Amazonía es una excepción porque la realidad de los jaguares en gran parte de su área de distribución es preocupante.

Aunque la situación de la Amazonía sigue siendo alentadora hasta el momento, Oliveira considera que sigue siendo muy importante reducir la deforestación y mantener los corredores ecológicos. “Si tenemos áreas protegidas aisladas, tenemos un problema. Hay que mantener la conexión entre esas áreas y esa es una estrategia muy importante no sólo para los jaguares, sino para toda la biodiversidad”.

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Más estudios sobre jaguar en proceso

Los resultados del artículo publicado en la revista Conservation Biology son un gran avance en el conocimiento y conservación del jaguar en la Amazonía, uno de los lugares más importantes para la supervivencia del felino a largo plazo. Sin embargo, quedan muchos temas por explorar.

Valeria Boron comenta que el ejercicio de establecer las densidades del jaguar ahora se está repitiendo a escala regional para tener estimaciones más robustas. El jaguar es una especie que vive a densidades bajas, entonces las áreas protegidas no son suficientes para garantizar su supervivencia a largo plazo. WWF, junto con la Universidad de Oxford, utiliza datos de movimientos de los jaguares, obtenidos a través de collares satelitales para modelar corredores entre todas las áreas protegidas y tierras indígenas a lo largo del rango de distribución de la especie.

“Es crucial profundizar nuestra comprensión de las estrategias más efectivas para mejorar la conectividad entre poblaciones de jaguar. Con este conocimiento podemos desarrollar e implementar planes de acción viables para restaurar y mantener corredores funcionales”, comenta Guilherme Costa Alvarenga.

Otro tema en el que está trabajando WWF es un estudio a gran escala, junto con el Zoológico de Londres, sobre las presas del jaguar. “No se puede pensar sólo en el jaguar, el jaguar depende de sus presas”, dice Boron.

También hay un estudio que está próximo a salir que se centra en cuáles son las cuencas más importantes de la Amazonía para las especies de agua dulce y superponerlas con las densidades de jaguares porque “entre los grandes felinos, el jaguar es el más asociado al agua“. “Por ejemplo, en una zona como Pantanal [en Brasil] caza en el agua y se ha registrado el caso de uno que aprendió a bucear para cazar caimanes”, cuenta Boron.

REFERENCIA

Alvarenga, G. C., Tobler, M. W., Boron, V., de Carvalho Jr, E. A. R., Morato, R. G., Endo, W., … & da Costa, M. O. (2025). Jaguar (Panthera onca) density and population size across protected areas and indigenous lands in the Amazon biome, its largest stronghold. Biological Conservation, 303, 111010.

*Imagen principal: jaguar, en un río dentro del Parque Nacional Madidi, Bolivia. Foto: SERNAP

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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