“A mi hijita Bayolet le hicieron unos exámenes cuando tenía cinco años. Ya se había desmayado dos veces en el colegio y no sabíamos por qué”, dice Gladys Ordoñez, pobladora de la comunidad indígena Shintuya, en la Amazonía peruana. 

Unos kilómetros más allá de Shintuya, navegando por el río Madeira, se llega al territorio Karipuna, en Brasil. Ahí, Adriano Karipuna, líder de la comunidad, cuenta una historia similar. «Nacen con problemas, con padecimientos cardíacos (…). Hay jóvenes y adolescentes que ya tienen falta de aire».

La misma pesadilla se repite en la Amazonía boliviana. “Estamos cansados de pedir ayuda médica”, dice Limberth Miquere, corregidor indígena de la comunidad de Buena Vista.

Estas voces de desesperación y desconcierto son de hombres y mujeres de la Amazonía que viven a orillas de los ríos Madeira (Brasil), Beni (Bolivia) y Madre de Dios (Perú), testimonios que están inevitablemente atravesados por una palabra: mercurio. “No sé si mi esposo está enfermo o si yo lo estoy ¿Quién nos puede explicar eso?”, se pregunta angustiada Iris Yante, madre de tres niños de la Amazonía de Perú.

El mercurio es un metal pesado usado en la minería ilegal de oro, una actividad ilícita violenta, tristemente rentable y en pleno apogeo. Solo en la cuenca del río Madre de Dios, en Perú, en un periodo de 27 años (1997-2024) la minería arrasó con más de 95 mil hectáreas de bosque, una superficie casi tan grande como toda el área urbana de Lima, según la plataforma de análisis satelital MapBiomas. Una situación similar ocurre en las cuencas del Beni y del Madeira, donde el territorio devastado supera las 9 mil y 28 mil hectáreas, respectivamente. Lo peor: la actividad se expande diariamente alentada por el aumento del precio de la onza de oro, que en marzo de 2026 superó los 5000 dólares.

Mientras el oro incrementa su valor en el mercado internacional, la violencia y sobre todo el impacto mortal del mercurio crece en la Amazonía, pues la pérdida de bosques es solo una de las graves consecuencias de esta actividad. El impacto en la salud de miles de personas es, sin duda, el efecto más nocivo. El mercurio que se usa para separar el oro del sedimento es arrojado a los ríos contaminándolos irremediablemente. Contamina los peces que comen las comunidades indígenas, contamina el agua que beben y contamina las zonas en las que se bañan. Los efectos son devastadores, van desde la pérdida de memoria y dolores de cabeza hasta daños al sistema nervioso central.

Los testimonios de Gladys, Iris, Adriano y Limberth, recogidos en comunidades de los tres ríos amazónicos por Mongabay Latam, muestran la impotencia de quienes viven con dolencias que no pueden explicar.

¿Qué tanto se ha extendido la contaminación del mercurio en la Amazonía? ¿Cuántas comunidades y pobladores se han convertido en víctimas de su impacto? A pesar de la gravedad de la situación, no existen estudios regionales que permitan comprender el alcance de este enorme problema ambiental y sanitario. Lo que sí existe son estudios dispersos realizados en algunas comunidades de la cuenca amazónica de estos tres países. 

Para ponerle una cifra a este problema y cerrar esta brecha de información, Mongabay Latam revisó 39 estudios científicos, publicados entre 1997 y 2024, que incluyen mediciones sobre la presencia de mercurio en personas que viven a lo largo de 2763 kilómetros de los ríos Madeira, Beni y Madre de Dios, así como en los peces que ahí se consumen. Este trabajo incluyó procesar cifras y metodologías distintas, así como estandarizar las mediciones para establecer con claridad los niveles de afectación y tener una fotografía completa de la situación.

El resultado es una base de datos que reúne 7725 muestras de mercurio en personas y 5939 muestras de tejido en peces extraídas de estas publicaciones en las que participaron al menos 130 científicos. Este análisis —construido con el acompañamiento y asesoría del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), afiliado a la Universidad de Wake Forest— dibuja la ruta de la contaminación a lo largo de tres ríos amazónicos emblemáticos que se conectan y que bañan con mercurio la vida de cientos de familias.

La información analizada es clara: al menos 249 comunidades han estado expuestas al mercurio en las últimas dos décadas. De estas, 220 —el 88 %— tienen el metal pesado muy por encima de los niveles considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero este no es el peor escenario. El mercurio se ha extendido como una plaga a través de las corrientes de cada río.  Al hacerlo ha contaminado no solo a las 249 comunidades muestreadas, sino también a quienes se encuentran en el camino. El análisis de Mongabay Latam ha establecido que alrededor de 702 comunidades también están en riesgo, ya que viven a orillas de estos tres ríos, a máximo dos kilómetros de distancia, y están situadas entre los puntos de minería ilegal activos y las comunidades contaminadas. En resumen, 951 comunidades tienen niveles alarmantes de mercurio o viven en estado de vulnerabilidad. Una cifra desgarradora. Miles de personas conviviendo desde hace años con un enemigo silencioso sin que nadie las ayude.

“La contaminación por mercurio es un genocidio silencioso para los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos Iviche, vicepresidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios (Fenamad), una organización regional que representa a los pueblos indígenas de esa cuenca.

Visitamos 15 de los territorios más afectados por los niveles altos de mercurio: siete en Perú, cinco en Bolivia y tres en Brasil. Las historias son sobrecogedoras: gestantes y bebés con altísimos niveles de mercurio; niños en etapa escolar con problemas de aprendizaje y habitantes que dependen de la pesca o de la minería artesanal para subsistir mientras, paradójicamente, se contaminan al comer y trabajar.

“Toditos estamos afectados por el mercurio. Y estamos así por consumir pescado. Pero si dejamos de pescar nos podemos morir de hambre, no tendremos dinero para nada”, asegura Dora Quispe, habitante de Puerto Motor, una pequeña comunidad indígena de 28 familias en el departamento de Beni, en la Amazonía boliviana. “Los pueblos indígenas nada tenemos que ver con la minería, pero estamos siendo contaminados y vamos a ser exterminados por este metal”, agrega Eusebio Ríos de Fenamad, en Perú.

Las víctimas del mercurio

En Bolivia, un pescador arrodillado en una playa del río Beni espera a que un pez muerda el anzuelo de su rústica caña de pescar. Este poblador ese ejja se llama Gilberto Vaca y sigue todos los días la misma rutina, a pesar de que sabe que los peces que atrapa están contaminados con mercurio. No tiene otra alternativa, dice, debe llevar la comida a su familia.

Vaca vive en la comunidad Puerto Yumani, uno de los territorios indígenas que destaca en la base de datos por sus altos niveles de mercurio. La OMS indica que el nivel seguro de mercurio en una persona para poder vivir sin problemas de salud es de 2 mg/kg en una muestra de cabello humano. En Yumani, el mercurio está casi cuatro veces por encima de los límites permitidos. Esta situación se repite y empeora en varias de las comunidades analizadas.

En el río Madre de Dios, por ejemplo, hay muestras de pobladores que superan en más de 20 veces el límite considerado seguro (44 mg/kg), mientras que en el Beni hay casos que superan en 10 veces el valor (32 mg/kg). Y río abajo, en el Madeira, la situación es extrema. Habitantes reportan niveles de mercurio más de 75 veces superiores al umbral seguro (150 mg/kg).

“Esos niveles de mercurio sirven para calcular el riesgo. Y ese riesgo se refiere también al potencial de presentar un efecto negativo en la salud como, por ejemplo, síntomas de pérdida de la memoria, dolores de cabeza, afectaciones al sistema nervioso central o a nivel cardiovascular”, explica Claudia Vega, coordinadora del Programa de Mercurio del CINCIA que tiene experiencia realizando estas evaluaciones en ríos de la Amazonía. Vega también fue asesora de este proyecto periodístico.

El temor es que el daño sea irreparable, dice Mariano Castro, ex viceministro del Ambiente del Perú y director de la iniciativa Amazonía Resiliente y Justa – Grade. «Es un daño a la vida, al desarrollo y al bienestar que es evitable. Pero que, en forma severa, también es irreversible. Las causas están ahí: son antrópicas. Puede haber mercurio en estado natural, pero los niveles por encima de lo recomendado por la OMS son antrópicos», advierte Castro, quien representó al país en la firma del Convenio de Minamata, un tratado internacional al que Perú se adhirió en octubre de 2013, hace más de 12 años, para evitar que la contaminación por mercurio se expanda.

Lamentablemente, la respuesta de cada uno de los tres gobiernos asociados a esta investigación —Bolivia, Brasil y Perú— ha sido insuficiente en las tres cuencas, pues se ha centrado, sobre todo, en operativos policiales, mercurio decomisado y dragas destruidas que vuelven a funcionar a los pocos días. La salud no ha sido una prioridad.

Hay víctimas que llevan más de 27 años expuestas a altísimos niveles de este metal, sin tener la minería operando en sus comunidades. Como explica Óscar Campanini, director del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib), “muchos de los pueblos indígenas no tienen minería en sus territorios, pero la afectación que se ha evidenciado en diferentes estudios se debe a la minería que se hace a cientos de kilómetros”. 

Antonio Vilca, corregidor de la comunidad indígena de Carmen Soledad en Bolivia, cuenta que las aguas del río Beni arrastran el metal pesado y otros desperdicios de los campamentos mineros. “Vemos los recipientes de mercurio, de marca El Español, que llegan hasta acá. También vemos el agua sucia, como con aceite de vehículo. Prácticamente somos el basurero de los mineros”, lamenta Vilca.  

El mercurio puede viajar kilómetros sin importar las fronteras nacionales, sobre todo si se trata de cuencas que están conectadas. La contaminación que se genera en un país, como Perú o Bolivia, se traslada con las corrientes hasta afectar otras geografías como Brasil, e incluso ir más allá. “No solo se transporta por el río, sino que también tiene transporte global y puede moverse a través de la atmósfera hasta los polos. Por eso hay que mirarlo de forma integral, en sus interconexiones”, explica Claudia Vega de CINCIA. 

Un informe técnico de esta organización científica y de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2025, dimensiona algunos de estos riesgos. En la comunidad de Maizal, en la cuenca del Madre de Dios, el estudio reveló niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los límites recomendados en personas, con afectaciones a la memoria, la función ejecutiva y la salud renal y cardiovascular. También precisó que el río Madre de Dios y sus afluentes —especialmente el Inambari, en zonas como La Pampa— transportan hasta 12 toneladas de mercurio cada año.

“Sabemos que en nuestras comunidades ya afecta a madres gestantes, a niños en su crecimiento y desarrollo. El mercurio ya impacta a las próximas generaciones de los pueblos indígenas. Es un perjuicio que nos está dejando la humanidad a los pueblos indígenas”, dice Eusebio Ríos de la Fenamad.

Veneno en el plato

Durante más de cincuenta años, en la mesa de Raimundo Nonato dos Santos y su esposa Maria Rogelina Soares da Silva hubo tucunaré y pintado. Los pescaban en el Lago Puruzinho, una de las fuentes de agua más cercanas a la comunidad ribereña del mismo nombre en la Amazonía de Brasil. Esa era la rutina de la familia hasta que una serie de estudios científicos revelaron que ese pescado, su principal fuente de proteína, contenía altos niveles de mercurio.

«Cambió casi todo por completo», dice Soares da Silva. «Es como si hubiéramos estado viviendo en una especie de inocencia, sin saber nada de lo que estaba pasando», agrega su esposo, quien lleva al menos 26 años participando en los estudios de la Universidad Federal de Rondônia. Esta institución ha reportado en más de una oportunidad que las concentraciones de mercurio en los habitantes de la comunidad Lago Puruzinho están entre las más altas de la cuenca del río Madeira, hasta más de doce veces el límite considerado seguro por la OMS.

La situación es la misma en el territorio Karipuna ubicado en Rondônia, Brasil. Adriano Karipuna, líder indígena de la comunidad, explica que al problema de la contaminación hay que sumar la escasez de peces. «Hace diez años, en media hora se podía pescar, sin exagerar, hasta 500 kg de pescado. Pero, hoy en día, si pescamos cuatro peces en seis horas es mucho. Y el pescado ya viene contaminado», confiesa. Río arriba, en Puerto Motor, en la Amazonía boliviana, la corregidora Edith Guzmán Marupa resume la situación en una frase: «Sabemos que tenemos mercurio en nuestros cuerpos, pero no podemos hacer nada». 

Las 5939 muestras de tejidos de peces tomadas entre 1997 y el 2024, incluidas en la base de datos de esta investigación, evidencian que los tres ríos albergan diversas especies con altas concentraciones de mercurio: al menos 19 en Brasil, 15 en Bolivia y dos en Perú. Los peces son centrales para esta historia, pues son la base de la dieta de las comunidades indígenas y ribereñas. Existe una relación directa entre los altos niveles de mercurio de los pobladores y el consumo del pescado que acumula el metal pesado en sus tejidos. Y esto se debe a dos fenómenos: la bioacumulación y la biomagnificación.

El mercurio liberado por la minería se transforma en metilmercurio, su forma más tóxica, al entrar en los ríos. El plancton absorbe el metal pesado y, luego, de este se alimentan los peces pequeños que luego son devorados por los más grandes. Cada vez que un pez se alimenta de otro que está contaminado, el mercurio se va concentrando más y más en sus tejidos (bioacumulación) y aumenta su concentración de un nivel de la cadena al siguiente (biomagnificación). Por esa razón, los peces que comen otros peces presentan los niveles más altos de mercurio y representan un mayor riesgo para las comunidades que los consumen.

Eduardo Bessa, profesor de biología de la Universidad de Brasilia (UnB), explica que la parte que más se consume es la musculatura del pescado, que lamentablemente resulta ser uno de los tejidos más contaminados. “Y no comemos solo un pescado a lo largo de nuestra vida, los comemos varias veces». Mucho más si se trata de una comunidad de la Amazonía.

Investigaciones realizadas desde los años noventa ya advertían sobre concentraciones elevadas de mercurio en peces amazónicos y poblaciones ribereñas. Y la situación no ha cambiado a pesar de que ya han pasado casi 30 años. Como explica Claudia Vega de CINCIA, la minería “no se ha detenido, por el contrario, se ha acelerado con un avance y contaminación en grandes dimensiones”. Y añade un dato importante: “No necesariamente las comunidades que están más cerca de la minería tienen mayores niveles de mercurio. Pero sí las que se encuentran más aisladas y dependen principalmente de la proteína del pescado”. Las que están más lejos, explica Vega, no tienen acceso a otra fuente de proteína. 

En lugares como Puerto Salinas, en Bolivia, donde viven habitantes del pueblo indígena esse ejja, se encontró en los bagres uno de los niveles más elevados de mercurio. Otros valores extremos se encontraron en peces de Puerto Maldonado (Perú), Rurrenabaque (Bolivia) y Porto Velho (Brasil).

Los olvidados

“Estamos cansados de pedir ayuda médica, debemos trasladarnos muy lejos por tierra para que nos atiendan. Vamos a San Buenaventura y no saben si nuestros dolores se deben a la contaminación de los pescados, pero es obvio que sí», reclama Limberth Miquere, corregidor de Buena Vista, comunidad indígena tacana asentada a orillas del río Beni. 

El responsable municipal de Salud de San Buenaventura, Mario Chacón, le dijo a Mongabay Latam que no saben cómo encarar el problema. “No conocemos un tratamiento para estos casos, solo podemos dar medicamentos genéricos”, afirma. El médico reconoce que mientras más pescado sigan consumiendo, más crecerán los niveles de contaminación en los cuerpos de los comuneros. “Nosotros comemos pescado pocas veces, ellos lo hacen a diario. Eso les afecta”.

Este problema se extiende a las tres cuencas. Eusebio Ríos de la Fenamad denuncia que “las entidades del Estado que ven el tema de salud no tienen presupuesto para atender temas de mercurio, y en las comunidades no hay infraestructura ni personal técnico o profesional especializado. Ni siquiera hay dotación de medicamentos. Estamos abandonados, prácticamente”.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía del Perú, para 2026, el Estado le asignó al Ministerio de Salud 477 455 soles (unos 142 523 dólares) y al Instituto Nacional de Salud 1 121 445 soles (alrededor de 334 mil dólares) al tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados, pese a que el propio Estado estima que son más de 10 millones las personas víctimas de este tipo de contaminación. 

Mientras tanto, los niveles de mercurio en los habitantes de esas riberas, según los datos analizados para esta investigación, alcanzan cifras alarmantes. 

En la Amazonía de Brasil, la localidad de São Sebastião do Tapurú, a orillas del río Madeira, presenta los valores más altos, con un promedio de 62,76 mg/kg y un máximo de 150 mg/kg. Mientras que en Bolivia destaca la localidad de Santa Rosita con 19,20 mg/kg y, en Perú, la comunidad indígena de Infierno con 5 mg/kg. En los tres casos, se trata de una exposición por encima del umbral seguro que pone en peligro la salud de los habitantes que dependen del río para alimentarse.

Rastreando la magnitud del problema

La indiferencia estatal no sólo se concentra en la falta de atención de salud a quienes presentan problemas asociados a la contaminación por mercurio. Ninguno de los tres países está investigando la dimensión de esta amenaza. Las mediciones científicas han logrado cubrir hasta el momento un universo muy pequeño, pero esas muestras dejan atisbar una realidad que se revela aterradora. 

Mongabay Latam buscó abordar esa falta de información a través de dos estrategias. En primer lugar, se georreferenció cada una de las 249 comunidades muestreadas por los científicos y que están expuestas al mercurio. Se eligió trabajar con muestras de cabello sobre las de orina y sangre porque además de ser una medición reconocida por la OMS para evaluar la presencia del metilmercurio -frecuente en comunidades que consumen más pescado-, permite identificar la exposición durante un período prolongado. Todas las comunidades analizadas están situadas en las riberas de los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira. Al equipo periodístico le tomó varios meses poder localizar las comunidades afectadas, pues en la mayoría de los estudios sólo aparecían los nombres pero no las coordenadas. Reunimos la información geográfica oficial y tuvimos así un primer mapa que mostraba la afectación comprobada del mercurio. 

Este es un primer esfuerzo por sistematizar el riesgo de exposición al mercurio a través de la información contenida en 39 estudios científicos que tienen unidades de medición distintas. Para armar la base de datos, fue necesario emplear fórmulas y modelos estadísticos que nos permitieran estandarizar todos los resultados de las publicaciones. Este proceso se hizo en coordinación y bajo la asesoría del equipo científico de CINCIA.

Luego, se sumó al análisis los focos de minería activos en las tres cuencas. Con información del Instituto del Bien Común en Perú, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia e Ibama en Brasil, pudimos localizar las fuentes de contaminación inmediata de las poblaciones que dieron positivo a mercurio.

La segunda parte del proceso era identificar las poblaciones en riesgo que aún no han sido evaluadas. Como han explicado los expertos, la contaminación por mercurio fluye a través de los ríos y se extiende más allá de los puntos activos de minería. Eso quedaba evidenciado con los estudios científicos. Pero, ¿qué pasaba con las comunidades que se encontraban en el camino de estos ríos, entre las comunidades que ya registraban contaminación?

“Los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira están conectados hidrológicamente, por lo que el mercurio liberado o movilizado en una parte del sistema puede contribuir a la contaminación aguas abajo (…) Esto genera un riesgo transfronterizo plausible que justifica un análisis a escala de cuenca”, explica Luis Fernández, profesor investigador de Biología de la Universidad de Wake Forest y asesor de este proyecto. 

El siguiente paso, entonces, fue ubicar todas las comunidades que están situadas entre los focos de minería ilegal y las afectadas por el metal pesado a lo largo de los más de 2700 kilómetros. Para este análisis, se recopilaron todas las comunidades situadas a máximo 2 km de la orilla, que es la distancia que separa a las comunidades contaminadas con mercurio de los ríos. 

“Un buffer o distancia de dos kilómetros es razonable como criterio exploratorio de selección espacial, ya que es transparente y, en términos generales, concuerda con las distancias entre los ríos y muchas de las comunidades incluidas en la muestra”, explica Fernández.

Fernández, quien además es cofundador de CINCIA, añade que la exposición al metal pesado incluso “puede ocurrir más allá de los dos kilómetros a través de la actividad pesquera, la movilidad, la hidrología estacional y el movimiento de los peces a través de las redes de comercio y de intercambio de alimentos”. 

Bajo esos parámetros reconstruimos un mapa dramático. Mongabay Latam identificó en el análisis al menos 702 comunidades en situación de riesgo que están situadas entre los focos de minería ilegal y los habitantes que tienen altos niveles de mercurio. 

“El análisis geográfico identifica comunidades ubicadas en entornos donde la exposición es plausible (…) Yo las describiría como ‘potencialmente en riesgo’ o como ‘dentro de una zona de detección de riesgo por mercurio’”, explica Fernández. Además resalta la importancia de hacer un análisis a lo largo de las tres cuencas.

Los listados de todas las comunidades identificadas como “en riesgo” por Mongabay Latam fueron enviados a las autoridades de cada país para confirmar si han sido o no evaluadas. La respuesta de Perú confirma nuestro análisis. El Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) confirmó haber realizado tamizajes en seis de las comunidades en riesgo de Madre de Dios en 2024 y 2025 — Amaracayre, Tres Islas, Boca Unión, Sarayacu, Unión Progreso y Puerto Carlos. Las autoridades encontraron que un tercio de las personas evaluadas presentó niveles de mercurio superiores a los permitidos. También respondieron que no cuentan con registros de seguimiento médico a los afectados ni con un listado de establecimientos habilitados para atenderlos. En Brasil, el ministerio de salud informó que en los últimos 20 años se han registrado 30 casos de intoxicación por mercurio en los estados del Amazonas y 12 en Rondônia, sin especificar las comunidades. En tanto, las autoridades de Bolivia nunca respondieron a los pedidos de información.

Generaciones indígenas sin futuro

“La situación es gravísima”, lamenta el vicepresidente de Fenamad, Eusebio Ríos. “Las comunidades [de Madre de Dios] tienen un alto grado de contaminación por mercurio y esto ha afectado especialmente a las mujeres que están en gestación y a los niños. Su sistema nervioso, su cerebro, su crecimiento, su capacidad para aprender y estudiar”.

En Brasil, Adriano Karipuna, líder del territorio indígena karipuna, relata que en su pueblo han aumentado los problemas de salud en los últimos años, incluyendo el nacimiento de niños con problemas de motricidad. «Nacen con problemas, con padecimientos cardiacos, con una cabeza enorme», precisa. «Dentro de nuestra ascendencia, estas cosas no pasaban 50, 30 o 20 años atrás».

Desde 1997, los estudios científicos analizados para esta investigación han documentado que el mercurio puede pasar de las madres a los hijos a través de la placenta, el cordón umbilical y la lactancia. Y los niveles no son menores. En cuatro investigaciones analizadas, que reúnen 850 muestras tomadas a madres y mujeres embarazadas de las tres cuencas amazónicas, el promedio de mercurio en cabello superó más de tres veces el umbral de la OMS (2 mg/kg) y con picos de hasta 32,4 mg/kg.

En Madre de Dios, por ejemplo, muestras tomadas a 198 parejas de madres e hijos, entre 2017 y 2018, evidenciaron la presencia de mercurio en el cordón umbilical. Y el 29 % de las madres evaluadas superó los niveles de mercurio recomendados por la OMS. En Bolivia, un estudio de 2023 tomó muestras a 119 mujeres en edad fértil de comunidades cercanas a las cuencas Beni, Mamoré y Madre de Dios: nueve de cada diez presentaron concentraciones superiores a los límites seguros. 

La situación en los menores es aún más severa. Una investigación realizada en niños de 5 a12 años que viven alrededor de la Reserva Comunal Amarakaeri, en Madre de Dios, reveló que la exposición aguda al metal pesado afectó el desarrollo cognitivo, motor y visual de varios de ellos. El análisis, liderado por investigadores de la Universidad de Duke, incluyó muestras de cabello de 164 niños en total, de los cuales el 32,9% superó el umbral seguro de exposición a mercurio de la OMS.

«Creo que el hallazgo más importante es que algunas comunidades tienen una exposición tan alta al mercurio que niños y adultos experimentan déficits cognitivos significativos, lo que puede generar desventajas a largo plazo e intergeneracionales», señala William Pan, profesor de la Universidad de Duke que lideró la investigación. «Muchas de estas comunidades con alta exposición no deciden participar en la minería y no se benefician de sus actividades. Esta es la peor forma de injusticia ambiental», insiste.

Los relatos confirman el problema en las tres cuencas. «Hubo mujeres embarazadas que tuvieron problemas con sus hijos», lamenta Ignacio Julio Monasterio, corregidor de Eyiyoquibo, una comunidad indígena ese ejja a orillas del río Beni. 

A este escenario se suma un problema más. “La situación de anemia y desnutrición infantil que afecta cerca del 50 % de la población infantil. Y, si a eso le agregas la contaminación por mercurio, es una situación crítica que afecta el bienestar y el futuro», advierte Mariano Castro, exviceministro del Ambiente del Perú.

El Estado y sus planes fallidos

En la década de 1950, cientos de habitantes de la bahía de Minamata, una pequeña población pesquera de Japón, comenzaron a desarrollar temblores, movimientos involuntarios, pérdida de coordinación y dificultades para hablar o escuchar. Las mujeres, aunque se veían sanas, daban a luz a niños con graves afectaciones neurológicas. La causa: durante años, una industria petroquímica había vertido compuestos de mercurio en las aguas de la bahía, contaminando los peces y mariscos que consumían. La tragedia, que dejó casi 3000 víctimas certificadas oficialmente por el gobierno japonés, se convirtió en el símbolo mundial de los riesgos de este metal tóxico sobre la salud humana y los ecosistemas. También permitió conocer que sus efectos pueden extenderse por generaciones.

Décadas después, las lecciones de esa catástrofe y la conclusión de que “el mercurio y sus compuestos tienen importantes efectos adversos a nivel mundial que justifican la adopción de medidas internacionales” dieron origen, en octubre de 2013, al Convenio de Minamata, un tratado global y vinculante que establece regulaciones estrictas para su uso, comercialización y producción, con miras a eliminar el mercurio progresivamente. El convenio entró en vigor en agosto de 2017.

Perú, Bolivia y Brasil forman parte del Convenio de Minamata desde hace más de 10 años, pero —pese a la enorme evidencia científica y a los impactos que denuncian desde hace décadas las comunidades en el territorio—, los expertos consultados señalan que las acciones para hacer frente a la contaminación por mercurio en los tres países son completamente  insuficientes. 

Como explica el experto en toxicología y química, José Alfonso Apesteguia, “el Estado peruano está rezagado en sus métodos de diagnóstico. Se prioriza la medición de mercurio total en orina, que solo refleja exposición ocupacional o por inhalación de vapores, pero no el metilmercurio asociado al consumo de pescado. Solo así se podría dimensionar correctamente el riesgo real que enfrentan las comunidades amazónicas”. Castro confirma el diagnóstico desde su experiencia en el Estado: «Perú es uno de los pocos países que tiene como norma la orina y no el cabello, equivocadamente».

“Además —agrega Ríos, de Fenamad—, es el mismo Estado el que ha permitido que las comunidades estén llenas de concesiones mineras. Así los pueblos indígenas no quieran involucrarse con la minería, hay comunidades superpuestas y en las que, en sus territorios, se hace minería”. Lo más lamentable, insiste, es que los impactos de la minería son un tema que las autoridades “no quieren ver”. “Se enfocan en lo económico, en el tema de formalizar la minería… pero no en la salud. Y eso preocupa bastante”. 

En Perú, la Resolución Ministerial 1026-2020-MINSA establece protocolos para la atención de personas expuestas a metales pesados, pero no menciona la existencia de centros médicos exclusivos. Los afectados deben ser derivados a hospitales de mayor complejidad, los de nivel II y III, los cuales representan apenas el 3 % de todos los establecimientos de salud.

Para el exviceministro Castro, el problema central es que el aparato sanitario no está preparado para responder. «Una atención en asuntos de mercurio o plomo requiere un nivel de especialización de recursos y capacidades que no es de regiones. Ni siquiera para el plomo. Y como se requiere una intervención en los territorios, hay que fortalecer la capacidad no solamente a nivel nacional, sino en los territorios», dice.

Bolivia, por su parte, sigue siendo el mayor comprador de mercurio del mundo, según las estadísticas oficiales, y este metal sigue utilizándose en la minería aluvial. Sin embargo, hasta la fecha, aún no hay un plan de acción concreto para abandonarlo. A mediados de 2025, el entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua respondió a Mongabay Latam que el Plan de Acción Nacional (PAN) para la reducción del uso de mercurio en la minería aurífera —elaborado desde 2023 por el gobierno boliviano y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)— estaba en proceso de implementación. 

De hecho, el actual viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, Jorge Ávila, dijo que a más tardar en mayo se ajustaría el plan para reducir el uso de mercurio en la minería aurífera y se implementaría en su totalidad el Convenio de Minamata. Sin embargo, hasta el cierre de esta investigación no se concretó esa medida.  

“Sabemos que estamos contaminados por el mercurio pero, ¿qué podemos hacer? No hay dinero por esta crisis, no podemos cultivar porque nuestras parcelas están afectadas por las inundaciones, esa tierra está como podrida”, dice Grover Yumani, corregidor de la comunidad Puerto Yumani.

En Brasil, donde las comunidades del río Madeira presentan los valores de mercurio en cabello más altos de toda la base de datos, se importaron 12 toneladas de mercurio de manera oficial en 2024. Aunque una nueva normativa del Ibama, publicada en diciembre de ese mismo año, busca reducir esa cifra a cero a partir del 31 de diciembre de 2025, el propio gobierno reconoce que «el mercurio aún llega al garimpo ilegal a través de un mercado clandestino que involucra empresas de fachada, documentos falsificados y contrabando”.

Además, como constató Mongabay Latam en los estados de Amazonas y Rondônia, el gobierno brasileño no ha logrado implementar la restricción del uso del mercurio ni existe una fecha establecida para aplicarla, según declaraciones de los ministerios involucrados en la Convención Minamata obtenidas por pedidos de acceso a la información enviados. «Brasil no cuenta con un plan sectorial  [vigente] para la implementación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio», dijo el Ministerio del Medio Ambiente y Cambio Climático. Además, agregó que no dispone de estudios, informes ni análisis sobre la contaminación por mercurio en el Madeira, y que en este momento no hay medidas ni presupuesto destinados a combatir dicha contaminación.

Mongabay Latam también pudo comprobar que al menos siete de los estudios analizados para esta investigación fueron entregados a las autoridades competentes de cada país (dos en Perú, tres en Bolivia y dos en Brasil). Solo uno, en Perú, generó una acción concreta. 

Castro propone una ruta para empezar. «Tiene que hacerse una presencia multisectorial integrada en aquellas zonas donde hay informes de personas contaminadas por mercurio. Si hay que verificar algún análisis hecho por una entidad privada, ONG o universidad, que se haga. Y confirmadas esas referencias, que se programe una intervención multisectorial en los territorios», dice. Una hoja de ruta que, hasta hoy, ningún de los tres países ha querido implementar.

A medida que la minería avanza entre los ríos Madre de Dios, Beni y Madeira, los habitantes esperan respuestas. “No tenemos conocimientos profundos sobre la contaminación”, admite Johnny Nayori, presidente de la comunidad nativa de Puerto Luz, en Madre de Dios. “Creo que el Estado debería informarnos y volver a hacer nuevos estudios. No solo a los niños, también a los padres, porque la minería en los alrededores ha avanzado mucho, y no sabemos qué hacer”, insiste Gladys Ordoñez, comunera de Shintuya.

*Este especial periodístico fue coordinado por Mongabay Latam. Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Edición: Alexa Vélez, Antonio Paz Cardona y Alexandre de Santi. Periodistas: Karla Mendes, Iván Paredes, Elizabeth Salazar, Daniela Quintero Díaz, Vanessa Romo y Alexa Vélez. Investigación: Vanessa Romo, Daniela Quintero y Alexa Vélez. Asistencia en investigación: Cristina Fernández Aguilar y Lourdes Fernández. Análisis de datos y geoespacial: Gabriela Quevedo, Cristian Salas y Vanessa Romo. Asesoría científica: Luis E. Fernández y Claudia M. Vega del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), Sabin Center for Environment and Sustainability y Wake Forest University. Coordinación: Vanessa Romo Espinoza y Daniela Quintero Díaz. Traducciones: Lucas Berti, Karla Mendes y Roberto Cataldo. Visualizaciones: Eduardo Motta. Ilustración de portada: Alma Ríos. Diseño gráfico y video: Richard Romero, Carlos Hernández. Audiencias y redes sociales: María Isabel Torres, Carlos Hernández y Dalia Medina Albarracín.

El artículo original fue publicado en Mongabay Latam. Puedes revisar la versión completa y la visualización aquí.

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Andrés Bräutigam es médico veterinario especializado en fauna silvestre y trabaja en un centro de rescate en San Isidro de Heredia, un cantón cercano a San José, la capital de Costa Rica. En 2025 recibió a un pequeño margay (Leopardus wiedii) que, entre sus innumerables pacientes, le es difícil olvidar. Su cuerpo, recuerda, tenía “todas las muestras del conflicto felino-humano”.

El animal —que se encontraba cerca de la comunidad de Turrialba, en el centro del país— había entrado a un gallinero en busca de alimento. Al verlo acorralando a las gallinas, los perros de la zona lo persiguieron y luego un habitante lo golpeó en el cráneo en represalia. Pero la historia no acabó allí. Tras ser llevado al centro de rescate, Bräutigam y su equipo evidenciaron que el margay, además de las heridas, estaba infectado con dos enfermedades comunes en gatos domésticos: sida (FIV) y leucemia felina (FeLV).

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“Mucho de ese conflicto —dice el veterinario— se deriva de un ecosistema que está altamente alterado”. Es una cadena de eventos desafortunados. Sin un ecosistema conservado en el que el felino pueda desplazarse y camuflarse para cazar a sus presas, y con comunidades humanas que se expanden hacia zonas conservadas, el animal se acerca cada vez más a las personas e interactúa con sus animales de crianza y mascotas, pudiendo contagiarse de enfermedades de las que aún se conoce poco.

La transmisión de enfermedades de animales domésticos a felinos silvestres se ha convertido en una preocupación en aumento entre grupos de conservación, biólogos y médicos veterinarios. Como asegura Jim Sanderson, fundador y director de la Fundación para la Conservación de los Pequeños Felinos Salvajes (SWCCF, por sus siglas en inglés) y miembro del Grupo de Especialistas en Felinos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), “es, sin duda, el asesino silencioso más grave, generalizado y devastador” para los félidos silvestres.

Enzo Aliaga-Rossel, investigador asociado del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz y miembro del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia (PIF), explica que el contagio de virus entre la fauna silvestre y los animales domésticos se conoce como “salto zoonótico” y ocurre cuando la actividad humana altera los ecosistemas, ocasionando el contacto estrecho. Los animales domésticos, comenta, actúan frecuentemente como «puentes epidemiológicos» que transmiten estos patógenos.

Además, el impacto potencial de las enfermedades “domésticas” no se limita a una sola especie, sino que puede exponer a diferentes felinos a patógenos peligrosos que, en muchos casos, pueden ser mortales, asegura la científica brasileña Flavia Tirelli, doctora en Zoología y coordinadora del Geoffroy’s Cat Working Group, una red internacional que lucha por la conservación del gato del bosque o gato montés (Leopardus geoffroyi) y de otros felinos silvestres. La transmisión de enfermedades pone en riesgo, especialmente, a los felinos silvestres que ya están en peligro de extinción.

Desde los grandes jaguares (Panthera onca) y pumas (Puma concolor), hasta los más pequeños y poco conocidos como el gato de las pampas (Leopardus munoai), el gato colocolo (Leopardus colocola) y la oncilla nebulosa (Leopardus pardinoides), se enfrentan a los riesgos de contraer enfermedades virales, hongos, bacterias o parásitos de animales domésticos. Se trata de una amenaza en aumento, que no conoce fronteras y de la que los gatos salvajes no pueden huir por instinto.

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Si a esto se le suman otras presiones como la pérdida de ecosistemas, el avance agrícola y urbano en sus zonas de distribución, su captura para el tráfico de fauna o la caza por retaliación (es decir, como respuesta a los ataques a animales domésticos), la situación que enfrentan los gatos silvestres es dramática.

En esta entrega especial, Mongabay Latam documentó el avance de numerosas enfermedades de animales domésticos que afectan a los felinos silvestres en seis países de la región: México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil y Bolivia.

Una amenaza cada vez más cerca

Diversos estudios han documentado cómo los gatos y los perros domésticos pueden impactar gravemente la fauna silvestre. Los perros, por ejemplo, han llevado a la extinción a 11 especies de aves y han puesto en peligro la supervivencia de 96 especies de mamíferos. Los gatos cazan y se comen más de 2084 especies de diferentes grupos de animales, de las cuales 347 (16.65 %) están amenazadas de extinción. Además de esto, durante las interacciones, pueden transmitirles enfermedades.

Como explica Tirelli, “la fragmentación del hábitat y la expansión urbana han facilitado en gran medida la transmisión de patógenos entre especies domésticas y silvestres. Cuanto más aumenta esta fragmentación, con más ‘pedacitos’ de áreas naturales modificadas, los humanos traen consigo animales domésticos que pueden transmitir enfermedades a los animales silvestres”. Además, advierte Diego Ramírez-Álvarez, especialista en manejo y conservación de la biodiversidad, esas enfermedades “se están presentando con mayor frecuencia en los últimos años, debido al aumento de mascotas de libre deambular en territorios silvestres, al acortamiento de la interfaz humano-silvestre y a una pésima tenencia responsable de mascotas”.

Cámaras trampa de biólogos y científicos en distintos países de Latinoamérica han evidenciado cómo los animales domésticos se mueven por las mismas zonas que los silvestre, compiten por recursos y se depredan, incluso al interior de áreas protegidas. “El problema no son el perro o el gato, sino que las personas no son conscientes de lo que pueden causar a la fauna silvestre”, señala la médica veterinaria Carolina Sáenz, directora del Hospital de Fauna Silvestre (Tueri) de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

José Daniel Ramírez, biólogo costarricense, creó el programa “La amenaza invisible” para entender la relación entre las enfermedades de mascotas y los felinos silvestres en su país y para detectar patógenos que podrían pasar desapercibidos entre ellos. En el bosque nuboso de Monteverde, donde trabaja, se encuentran las seis especies de félidos de Costa Rica (jaguar, puma, oncilla, margay, ocelote y yaguarundí). “En el país, todas están en peligro de extinción y las enfermedades transmitidas por animales domésticos actúan como una presión adicional”, señala.

Los registros de sus cámaras trampa han documentado que el mismo sendero por el que pasa una puma con sus dos crías se convierte, algunas horas más tarde, en el camino de tres perros pastores alemanes. “Esa era una de nuestras cámaras trampa más remotas. Pero no ha sido la única vez ni la única zona. Es una muestra de que están compartiendo el hábitat”, insiste Ramírez.

En México, el profesor Heliot Zarza Villanueva, biólogo y vicepresidente de la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar (ANCJ), levanta otra señal de alerta: “Las áreas naturales protegidas han sido una de las estrategias de conservación más sólidas a nivel mundial. Pero no pueden proteger la biodiversidad por sí solas. Necesitan también de lo que está fuera de sus límites”.

El último censo de jaguares coordinado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la ANCJ y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) mostró un crecimiento de la población en un 10 % en un periodo de seis años en ese país, pasando de 4800 ejemplares en 2018 a 5326 en 2024. Sin embargo, los investigadores advierten que este incremento —atribuido a la expansión de áreas protegidas— no significa que la especie esté a salvo.

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La situación se repite en otros países. “Como investigadores, solíamos ir a áreas naturales, revisar las cámaras trampa y decir: ‘Acá hay muchos ocelotes (Leopardus pardalis), yaguarundíes (Herpailurus yagouaroundi) o margays’, o ‘hay cachorros, juveniles o adultos’, y creíamos que esa era una muestra de poblaciones saludables y una esperanza de conservación”, señala Abel Gallo Pérez, biólogo ecuatoriano especialista en felinos silvestres. “Pero ahora se nos abre una nueva ventana que antes ignorábamos: ¿Y si están enfermos? Es una amenaza que existe, que pone en riesgo a las poblaciones de felinos silvestres y que puede llevarlas a su colapso”.

En palabras de Isabel Hagnauer, veterinaria de Wildlife Rescue Costa Rica, «si desde hace muchísimos años estábamos hablando de que algunas de estas especies están en peligro de extinción, la posibilidad de que se infecten con estas enfermedades podría hacer que las poblaciones disminuyan mucho más rápido de lo que hemos visto hasta ahora”.

Ya han ocurrido eventos similares en otras partes del mundo. En Tanzania, a principios de los años 90, murió un tercio de los leones del Parque Nacional Serengueti a causa del distemper canino (más conocido como moquillo), que fue contagiado por los perros domésticos de las comunidades de pastores masái.

Virus y parásitos, un riesgo invisible y subestimado

El biólogo Rodrigo Núñez, integrante de la asociación Alianza Jaguar, lleva tres décadas monitoreando felinos en el occidente de México. A través de cámaras trampa ubicadas en la Reserva Chamela-Cuixmala, donde trabaja, pudo ver cómo un ocelote (especie en peligro de extinción en México) se deterioraba progresivamente. En 2011, el félido era uno de los machos dominantes del área y se encontraba sano y robusto, pero en el transcurso de un año se convirtió en un animal extremadamente delgado, con cambios y lesiones en la piel.

“Lo más probable es que el ocelote haya muerto de sarna sarcóptica, una enfermedad causada por ácaros que se alojan en la piel y que se contagia por contacto directo”, dice el experto. Aunque se cree que esta enfermedad no es muy peligrosa porque los perros y gatos pueden sobrevivir a ella, lo cierto es que la fauna silvestre la pasa “realmente mal”. Animales como los ocelotes y pumas, explica Núñez, “necesitan estar quietecitos para poder acechar a su presa. Si se están moviendo por la comezón, les va a costar mucho trabajo poder cazar. Además, como se quedan pelones (calvos), pierden la protección que les da su camuflaje”. Ese deterioro los puede llevar hasta la muerte.

El panorama de la transmisión es complejo porque hay distintas formas en las que los animales domésticos pueden contagiar a la fauna silvestre: intercambio de fluidos, secreciones nasales, heces en lugares no debidos e incluso por garrapatas. Enfermedades como el sida felino —también conocido como virus de la inmunodeficiencia felina (FIV)— y la leucemia felina (FeLV), que suelen transmitirse por contacto directo con fluidos de los gatos domésticos, inquietan fuertemente a los veterinarios debido a su alta prevalencia en muchos países y la gravedad de las enfermedades asociadas.

La saliva, mordidas o rasguños típicos en enfrentamientos, por ejemplo, pueden contagiar los virus que causan inmunodepresión, anemia, pérdida de condición corporal y deterioro general de la salud del animal.

De hecho, investigaciones realizadas en Brasil han identificado gatos domésticos que dieron positivo para leucemia felina y que se encuentran al interior de áreas protegidas. “Podemos reconocer esto como una amenaza real y grave para las poblaciones de felinos salvajes, especialmente en áreas protegidas, donde la densidad de estos felinos salvajes tiende a ser mayor”, señala el estudio.

Además de los virus más conocidos, como los causantes del FIV y el FeLV, un estudio de 2024 dedicado a la revisión bibliográfica sobre enfermedades en felinos silvestres de Brasil también destacó el riesgo de exposición al virus del distemper viral canino (CDV, por sus siglas en inglés), a los adenovirus y al virus de la rabia.

Otro caso bien documentado en Chile es el de la güiña (Leopardus guigna). Las poblaciones de este felino silvestre, uno de los más pequeños de América, han contraído leucemia felina, inmunodeficiencia felina y endoparásitos gastrointestinales y cardiorrespiratorios de gatos domésticos, así como parvovirus de perros. Constanza Napolitano, una de las científicas que ha liderado estos estudios y directora del Laboratorio de Genética de la Conservación del Departamento de Ciencias Biológicas y Biodiversidad, de la Universidad de Los Lagos, afirma que “la evidencia de la presencia de estos tres virus de gran importancia epidemiológica la encontramos a través de todo el rango de distribución de la guiña en Chile, por lo que se puede afirmar que es un problema generalizado en el país y bastante grave por su extensión y magnitud”.

El investigador Enzo Aliaga-Rossel alerta que la panleucopenia felina (conocida popularmente como moquillo felino y causada por un virus es perteneciente a la familia Parvoviridae), es una de las más comunes entre animales domésticos que habitan las zonas rurales de Bolivia. Según explica, se trata de un virus altamente contagioso, extremadamente resistente y que afecta a diversas especies de fauna silvestre. “Este virus puede saltar fácilmente entre especies. Los grandes felinos, como leones o tigres, y también los pequeños, como los gatos monteses, son altamente susceptibles a contraer esta enfermedad”, insiste.

“Le decimos ‘amenaza invisible’ porque, desde afuera, puedes ver a los animales ‘normales’, pero cuando haces algunas pruebas específicas te das cuenta que tienen enfermedades que se transmiten por animales domésticos. Y ahí es donde viene la preocupación”, afirma José Rodríguez, de Costa Rica.

Claudio Ahumada-Sanhueza, médico veterinario de la Unidad de Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad Andrés Bello (UFAS-UNAB) e integrante del ColoColo Project, en Chile, coincide: “Las enfermedades infecciosas que transmiten animales domésticos, como perros y gatos, terminan siendo súper graves para los animales silvestres porque ellos no están preparados para esto. Terminan enfermándose y, cuando son encontrados, son casos sumamente difíciles de tratar”.

Esfuerzos comunitarios para superar las dificultades del monitoreo

En general, hacer monitoreo de felinos silvestres es una tarea sumamente compleja. Son rápidos, se camuflan, huyen y es muy difícil verlos en entornos naturales.

«Muestrear vida libre es muy difícil. Ir a agarrar tigrillos, pumas o yaguarundíes para hacer un censo de enfermedades requiere mucha logística y muchos recursos”, asegura la veterinaria Natalia Montero. “Casi no se ha hecho, pero eso no significa que las enfermedades no estén allí”. Por lo mismo, los expertos consultados para este especial coinciden en que —aunque falte evidencia— las enfermedades revisten un riesgo que no puede ignorarse.

Aliaga-Rossel, de Bolivia, señala que, además de la dificultad de ver a estos animales en su hábitat natural, otra razón por la que hay pocos estudios es por la falta de “financiamiento masivo, tecnología de punta y permisos especiales” para monitorear y tomar muestras en poblaciones de felinos silvestres.

La veterinaria Susana Illescas, que se ha encargado de la contención, anestesia y evaluación clínica de grandes carnívoros en proyectos de investigación en México, coincide con Aliaga-Rossel. La logística en campo para capturar felinos, anestesiarlos y tomar muestras tiene una limitación difícil de ignorar: el presupuesto. Tomar y procesar muestras implica una costosa cadena de frío, reactivos y laboratorios especializados. Sin estos recursos, conocer la escala y el avance de las enfermedades sigue siendo un desafío.

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“A mí un ocelote puesto en la mesa, sólo para hacerle un panel de exámenes de tres enfermedades domésticas [sida felino, leucemia felina y moquillo], me cuesta unos 500 dólares”, dice Eliana Molineros, directora médica del Proyecto Sacha, en Ecuador, que desde 2019 decidió hacerle ese “panel” de pruebas a todos los ocelotes que llegan a su centro de rescate. “Pero es importante hacerlo para tomar las mejores decisiones por ese animal y para todas las especies”, agrega.

Ante la dificultad de llegar a las poblaciones silvestres, y para hacer frente al avance de las enfermedades, biólogos, veterinarios, centros de rescate y organizaciones de conservación han hecho esfuerzos conjuntos para controlar una de las fuentes del problema: muestrear a los perros y gatos de las comunidades cercanas a las áreas protegidas y bosques con felinos silvestres. Así han podido identificar algunas de las enfermedades presentes y han adelantado campañas de vacunación y esterilización para los animales domésticos. También han realizado talleres sobre la tenencia responsable de mascotas y acuerdos con comunidades rurales aledañas a las áreas protegidas.

Sólo en 2024 se esterilizaron 255 perros domésticos y 196 gatos, y se vacunaron 2020 perros domésticos y 562 gatos de zonas rurales de México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, Perú, Colombia y Argentina. Pero los esfuerzos deben redoblarse e incluir participación de los Estados, pues, como advierte la bióloga Paola Nogales, coordinadora del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia, “la frontera entre la salud de las mascotas y la fauna del bosque es hoy más delgada que nunca”.

Mientras la ciencia trabaja a contrarreloj y con fondos limitados, los felinos se acercan cada vez más a las poblaciones humanas para sobrevivir a la fragmentación de su hábitat, una de las principales raíces de estas nuevas amenazas.

*Imagen principal: Caoba es una yaguarundí (‘Herpailurus yagouaroundi’) que se contagió de leucemia felina, una enfermedad propia de gatos domésticos, por lo que deberá permanecer en cautiverio en un centro de rescate de Costa Rica. Foto: cortesía Centro de Rescate Las Pumas.

El artículo original fue publicado por Daniela Quintero Díaz en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cecilia Aguilera habla pausado, pero con firmeza. “Ha sido una linda jornada, dos días muy bonitos dentro del dolor que también vivimos en nuestros territorios”, dice la lideresa diaguita, de la Tercera Región de Chile, que llegó a Lima para el Encuentro Internacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales.

Junto a Aguilera está sentada Marcela González Yanqui, lideresa de la Asociación Departamental de Mujeres Campesinas de Puno, en Perú. “Soy mujer quechua-hablante”, dice para dar un saludo en quechua. Entre el grupo de defensores ambientales reunidos en esa mesa para conversar con Mongabay Latam también están Ezequiel, del pueblo indígena tremembé, de Brasil; y Yuvelis Morales, una de las seis ganadoras del Premio Goldman 2026 y representante de la Alianza Colombia Libre de Fracking.

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La defensa del territorio, la criminalización y la presencia de actividades extractivas en sus tierras fueron los temas que se iban repitiendo en la conversación, con diferencias y semejanzas en cada país. “Los defensores en estos países somos perseguidos por defender el territorio, la vida, la permanencia”, dice Ezequiel para abrir el diálogo.

“Hemos compartido varias experiencias, tenemos en común muchas cosas, el extractivismo, la trata de mujeres, el feminicidio, las desapariciones forzadas“, agrega Aguilera sobre los temas que se fueron presentando en el encuentro que reunió a 40 defensores de cinco países sudamericanos (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Perú) los días 27 y 28 de mayo. Los representantes de Bolivia, que también estaban invitados a la cita, no pudieron asistir por los conflictos sociales y políticos en el país.

La reunión no solo fue un espacio para compartir experiencias, sino también para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. “Lo que recojo es que el tejido social es el único que siempre va a avanzar, el tejido social es el que nos va a cuidar y el que nos va a proteger”, afirma Aguilera. La defensora agrega que estas instancias internacionales les permiten conocerse, generar contactos, crear en conjunto. “Siempre pienso y creo que si Latinoamérica se uniera contra el extractivismo lograríamos algo”, sostiene.

En la declaración final, los participantes expresaron su solidaridad con diversas comunidades que actualmente enfrentan conflictos socioambientales y procesos de criminalización, señaló CooperAcción, institución que organizó el encuentro, en un comunicado difundido luego de la cita.

CooperAcción también afirmó que “el encuentro concluyó con un llamado a los Estados de la región para fortalecer los mecanismos de protección existentes, garantizar la participación de las comunidades en las decisiones que afectan sus territorios y reconocer el papel que cumplen quienes trabajan en la defensa del ambiente”.

Las amenazas para los pueblos indígenas

“La invasión de tierras y territorios para arrebatarnos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres en todos los países son similares”, comenta Ezequiel, de Brasil. ”En cada país hay alguien que defiende, alguien que protege, alguien que lucha, pero no sabemos cuánto tiempo más viviremos, cuánto tiempo más lucharemos, porque cada día nos persiguen”, asegura el defensor brasileño.

El líder indígena cuenta su experiencia personal para describir lo que se vive en los territorios indígenas de Brasil. “Toda mi familia está siendo procesada por la lucha por el territorio. En 2014 estuve fuera del territorio durante meses porque me amenazaron, en ese momento era muy joven”, recuerda.

El último informe presentado por Global Witness sobre la situación de los defensores ambientales a nivel global señala que Latinoamérica se mantiene como la región con más asesinatos de personas defensoras en el mundo. De acuerdo con este reporte, al menos 120 personas han sido asesinadas o desaparecidas en Latinoamérica durante 2024. Esta cifra representa el 82 % de las agresiones a nivel global.

A nivel regional, Colombia lidera este registro con 48 casos. En segundo lugar está Guatemala, con 20 asesinatos en un año. México ocupa el tercer sitio con 18 asesinatos y una desaparición, seguido de Brasil con 12 homicidios de defensores ambientales. En la lista continúa Honduras con cinco casos, Nicaragua y Perú con cuatro cada uno, Ecuador registró tres personas defensoras asesinadas; mientras que Venezuela, Argentina, Chile y República Dominicana reportaron un caso por país.

“Con este encuentro hemos evidenciado la grave crisis de derechos humanos que supone para nosotros ser defensores, líderes sociales, ambientales y defensores de derechos humanos y medioambiente. Y esta crisis se agrava en un contexto extractivista”, complementa Yuvelis Morales, de Colombia. “Vemos como nuestros territorios hoy siguen siendo territorios de sacrificio, como las comunidades siguen siendo sacrificadas, contaminadas, asesinadas, desplazadas y violentadas de todas las maneras posibles”, agrega la ganadora del Premio Goldman 2026.

Morales también habla de la defensa territorial contra el fracking, una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo de formaciones rocosas profundas. “Es una técnica extrema porque se necesita mucha energía y por que también utiliza grandes cantidades de agua, químicos y aditivos que se filtran fácilmente en los humedales subterráneos, contaminan acuíferos y también el suelo”, sostiene la lideresa.

La lideresa colombiana afirma que los “proyectos extractivistas” que se establecen en los territorios indígenas “incurren en transgresión a los derechos humanos, hacia las comunidades y sus liderazgos”.

Morales pone como ejemplo lo que sucede en su región, en Magdalena Medio, un territorio donde en 2020 se estableció por decreto la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking. “Hemos visto en Colombia cómo hablar de las situaciones particulares de los territorios respecto a proyectos, en nuestro caso a proyectos de fracking de petróleo y gas, supone de inmediato un riesgo inminente a la vida”, agrega.

Mientras habla de lo que sucede en su país, Morales pone énfasis en los escenarios adversos en materia de derechos humanos y medioambiente que enfrentan “las juventudes y las niñeces” en los territorios indígenas de Colombia. “No tenemos la posibilidad de respirar un ambiente sano, no tenemos la posibilidad de respirar un aire limpio y, mucho menos, y cada vez más crítico, el acceso al agua potable. Sin embargo, los gobiernos siguen legislando a favor del extractivismo, entregando concesiones de agua e incluso privatizando el agua”.

Marcela Gonzáles, de Puno, Perú, también habla de las empresas extractivas que afectan a los territorios. En su caso, la gran minería. “Tenemos la agricultura familiar, tenemos la ganadería y con estas minas, toda la polvareda se levanta, todito el pastizal se empolva y  eso nos está contaminando a nosotros”, reclama.

La situación que describe implica impactos en la salud, en la alimentación y en la economía de los pueblos ubicados cerca de las minas en el sur de Perú. “Nosotros comíamos los peces, así como se come del mar, comíamos del lago, teníamos el carachi, el mauri, el suche, el pejerrey. Hoy no podemos comer porque está contaminado. Muchos hermanos, hermanas, niños están con metales pesados en el cuerpo, con arsénico”.

La lideresa también cuenta que algunas lideresas y defensoras tienen miedo de hacerse las pruebas para determinar si tienen metales pesados en su organismo. “Tengo miedo de que me digan: ‘Tú tienes metales pesados’ y me enferme”, dice la lideresa

“Me da mucha pena, de verdad. ¿Qué vida nos están dando? Saben que el Estado debe cuidarnos, que la policía debería cuidarnos, pero salen en nuestra contra”, cuestiona la lideresa con la voz entrecortada. “Hablar para mí de este tema es muy doloroso”, dice mientras su compañera chilena la abraza para consolarla.

Una red latinoamericana

En conversación con Mongabay Latam, Isaías Quinatoa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador (Ecuarunari), señaló que “hasta el momento tienen el registro de por lo menos 300 personas criminalizadas por defender los territorios y proteger el agua en Ecuador”.

“Durante esta reunión, construimos un mecanismo de estrategias, pero también trazamos un mapa de los desafíos que podemos abordar colectivamente en todos los países y cómo cada país puede contribuir a esta red de comunicación”, dice el líder indígena de Brasil sobre el trabajo para establecer una red de apoyo regional para los defensores en Latinoamérica. “Hoy, en el cierre final, hemos visto que necesitamos unirnos para fortalecernos, porque existe una jerarquía muy grande de dominio de poder” agrega.

Para la lideresa chilena, el encuentro “ha sido una linda jornada” en la que se “han llenado de amor y de cariño, porque siempre decimos que el autocuidado va entre nosotros mismos,  porque los Estados no nos protegen, no nos cuidan”. Por tanto, su apuesta es por un tejido social de cuidado entre defensores y defensoras. “El día de mañana, si tenemos que escapar de nuestros países, están las redes. Necesitamos asilos políticos también en los países latinoamericanos, no hablemos solamente de Sudamérica, hablemos de Latinoamérica”, dijo.

Desde Ecuador, la lideresa Erika Quilumba, defensora ambiental del pueblo kitu kara, comentó a Mongabay Latam que entre los asistentes al encuentro se acordó establecer una red latinoamericana. Comentó también que en Ecuador ya manejan una red de defensores que les permite saber lo que sucede en otras regiones. “Por más que yo sea de Quito, sé lo que está pasando en Loja y en otras provincias como Cotopaxi con la defensa del territorio. Eso nos permite estar en constante apoyo y ayuda de los defensores. Por eso aquí hemos acordado que ese tejido sea internacional”, explicó.

“Una de las cosas que consideramos importante es el tema de las redes para saber qué está pasando exactamente en los otros países. Todo lo estatal, los gobiernos se manejan a través de redes”, comenta la lideresa y señala que esta conexión puede ayudar a quienes están enfrentando situaciones de crisis en otros países.

Quilumba cita el ejemplo de Bolivia, donde llevan más de un mes de movilización social. “Nosotros decíamos, no estamos en Bolivia, pero está pasando lo mismo que hemos pasado en Ecuador, lo mismo que pasa aquí en Perú. Entonces, el apoyo debe ser a través de las redes. Por eso hemos hecho un compromiso de tejer redes a nivel internacional con la intención de buscar el cuidado entre nosotros”.

*Imagen principal: la reunión fue un espacio para establecer una red latinoamericana de coordinación y protección de los defensores. Foto: cortesía CooperAcción.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Mandar a los “venecos” para su casa. La consigna expresaba en un chat la gran preocupación de los socios brasileños de una red de extracción ilegal, tráfico y lavado de oro que funcionaba al norte de Brasil, al verse descubiertos por la Policía Federal de ese país, el 28 de octubre de 2023.

Ese día arrestaron a un ciudadano venezolano que, de otro modo, podría haber pasado inadvertido entre tanta gente en el aeropuerto Maestro Wilson Fonseca de Santarém, en el selvático y también minero estado de Pará, cuando se disponía a tomar un vuelo a Manaos, estado Amazonas. Lo que llamó la atención de la policía fue que el pasajero llegó a último minuto, compró un boleto muy costoso y chequeó un abultado equipaje de 21 kilos. Lo que encontraron dentro de su maleta eran termos de agua que, a su vez, escondían lingotes de oro por un valor de unos siete millones de reales brasileños, o unos 1,3 millones de dólares. “Esse material era nosso”, lamentaban en sus chats los capos brasileños de la mafia del oro.

Los líderes brasileños de ese consorcio criminal tenían premura por salir de la relación de conveniencia que habían establecido con algunos pares venezolanos y que funcionaba desde 2023, al menos, con el propósito de conducir el comercio ilícito del oro de Brasil hacia Venezuela a bordo de vuelos comerciales. Insistían en sus conversaciones electrónicas en que había que “mudar de casa, mudar funcionario, mudar todo” cuando la Policía Federal comenzaba a percatarse de sus fechorías.

Las autoridades federales de Brasil calculan que, solo en octubre de ese año, se habrían transportado por esa ruta unos 400 kilos de oro de manera ilegal.

El venezolano se llamaba Anthony Alejandro Morillo Méndez. Su detención en el aeropuerto de Santarém no era la única pista que las autoridades brasileñas seguían entonces sobre los movimientos sospechosos relacionados con transporte de oro en los estados amazónicos de Brasil, fronterizos con Venezuela y Guyana. En diciembre de 2023, también frustraron el intento de robo a Lucas de Oliveira Cruz, un ciudadano brasileño que fue apresado cuando pretendía embarcar de manera ilegal 47 kilos de oro en una aeronave privada rumbo a Manaos, muy cerca de donde la confluencia de los ríos Negro y Solimões da lugar al Amazonas. Las investigaciones policiales comprobaron la vinculación de la aeronave Cessna Aircraft modelo 182 siglas PR-NCE, también incautada, con la organización criminal.

Al menos una docena de venezolanos formaban parte de esta red criminal de comercio ilegal y lavado de oro a gran escala que las operaciones FlyGold I y II de la Policía Federal de Brasil desmantelaron en diciembre de 2024, a un año de la detención de Morillo Méndez. Cada uno de sus miembros tenía tareas específicas. El esquema operaba desde diferentes puntos de los estados de Pará y Roraima, en Brasil, y del sur del estado Bolívar, en Venezuela.

El 16 de septiembre de 2024, tras casi un año de investigaciones, la justicia federal de Brasil había ordenado la captura y prisión preventiva de 13 miembros de esa organización. Entre los requeridos había nueve brasileños y cuatro hombres de nacionalidad venezolana. Todos portaban carné de identidad de Brasil (Cadastro de Pessoas Físicas, CPF) y figuraban en los expedientes mercantiles como propietarios de varias compañías fantasmas en la ciudad de Boa Vista, capital de Roraima. De ese grupo, solo dos brasileños fueron apresados. Los once individuos restantes siguen prófugos de la justicia.

Aparte de las 13 órdenes de captura, la operación FlyGold II incluyó 19 órdenes de búsqueda y la incautación de bienes (entre ellos carros de lujo y una moto acuática), la revisión de celulares, y la suspensión de actividades comerciales para los implicados en seis estados brasileños: Pará, Amapá, São Paulo, Paraná, Goiás y Roraima, este último fronterizo con Venezuela.

La cantidad de acciones policiales y el número de participantes de ambos países hablan de la dimensión de la organización criminal, que movió algo más de 4.300 millones de reales brasileños, equivalentes a unos 800 millones de dólares, entre febrero de 2023 y marzo de 2024. Hasta diciembre del año pasado, se había incautado apenas 14% de los bienes y activos involucrados, es decir, unos 615 millones de reales o 103 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil.

En Venezuela, sin embargo, una de las empresas utilizadas para el blanqueo del oro no solo sigue registrada en el área del llamado Arco Minero del Orinoco, sino que se publicita abiertamente en el estado Bolívar. Las autoridades centrales y regionales han guardado silencio total al respecto. No se sabe que algún ente del régimen de Nicolás Maduro haya anunciado la apertura de investigaciones. Para colmo, las autoridades venezolanas no cooperan con las investigaciones adelantadas por la Policía Federal y la Fiscalía de Brasil. Aunque continúa vigente la orden de captura de once miembros de la organización criminal, aún no hay alertas de Interpol.

Las operaciones policiales FlyGold I y II (nombre que alude a la modalidad aérea de transporte del oro, la más utilizada en Brasil) develaron el cambio de dirección de una ruta de comercialización ilícita de oro que iba en sentido opuesto, desde el estado venezolano de Bolívar hacia Brasil. En efecto, el flujo había girado 180 grados con respecto a lo que ocurría antes y a lo que parecería natural, dadas la crisis socioeconómica y humanitaria de Venezuela y las sanciones internacionales impuestas desde 2016 al régimen de Caracas: los lingotes fueron transportados desde tierras indígenas y áreas protegidas de Brasil hacia territorio minero venezolano, donde se legalizaba mediante compras de oro que hacían empresas fantasmas antes de llevar el mineral al mercado negro internacional, presumiblemente a la vecina Guyana y a países del Medio Oriente como Líbano, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, según evidencias recogidas en las investigaciones judiciales, actualizadas en mayo de 2025.

La más reciente evidencia de este flujo ilícito del oro ocurrió el pasado 5 de agosto. La Policía de Carreteras de Brasil incautó en Boa Vista, Roraima, 103 kilos de oro valorados en unos 111,7 millones de dólares que eran transportados escondidos dentro de una camioneta, presumiblemente con destino a Venezuela o Guyana. Las autoridades brasileñas lo consideran como el mayor decomiso de contrabando de oro vía terrestre.

¡Ábrete, sésamo!

Alibaba Gold Center C.A. destaca en los documentos judiciales de Brasil como la única firma venezolana que participó en esas transacciones para blanquear el oro brasileño.

El análisis de algunos chats y movimientos financieros digitales que se encontraron en los celulares incautados así como de los perfiles de las redes sociales de los integrantes de la banda y sus familiares, sugería que la sede de la firma se ubicaba en Upata, capital del municipio Piar, en el estado Bolívar. La también llamada Villa del Yocoima es considerada como la puerta de entrada al Arco Minero del Orinoco, el proyecto de megaminería anunciado por el fallecido expresidente Hugo Chávez en 2011 y decretado por Nicolás Maduro en febrero de 2016, abarcando unos 112.000 kilómetros cuadrados.

Pero no era exactamente cierto. En Upata hay, en efecto, actividad de Alibaba, pero solo a través de una sucursal. En realidad, Alibaba Gold Center se constituyó en Tumeremo, capital del municipio de Sifontes. Como ocurre con empresas parecidas que, en teoría, están destinadas a la compraventa de oro en la región, Alibaba abrió sucursales en otras poblaciones del Arco Minero donde la línea entre la legalidad y la informalidad suele ser delgada. Así, según su expediente mercantil, cuenta con otras agencias comerciales en la calle Liccioni, de El Callao, municipio El Callao, y en la calle Bolívar de La Paragua, municipio Raúl Leoni, ambos lugares en el estado Bolívar.

De hecho, el documento constitutivo de Alibaba Gold Center ni siquiera menciona a Upata. Sin embargo, la empresa tiene presencia activa en la ciudad. Los reporteros de Armando.info y Mongabay Latam lo comprobaron sobre el terreno: un largo letrero con su nombre, escrito con letras blancas sobre fondo negro y el emblema de un diamante dorado, ocupa la fachada de una edificación de dos plantas sobre la esquina donde se cruzan las calles Van Pragg y Antonio Ricaurte, en Upata.

Aunque hay pruebas de transacciones en moneda digital a su nombre desde 2023, pruebas que la Policía Federal de Brasil recopila en un informe, Alibaba Gold Center aparece registrada en una fecha posterior, el 8 de noviembre de 2024, según su expediente mercantil. Eso fue apenas un mes antes de la puesta en marcha de la operación FlyGold II por la Policía Federal de Brasil.

Para entonces ya había mermado de manera notable el auge de los comercios callejeros de compraventa de oro en Upata, que alguna vez fue caótico, como reportó la prensa en julio de 2022 y diciembre de 2023, por ejemplo.

“Ha bajado el movimiento. Por varios factores. Podemos decir que uno de ellos es la lluvia (que, debido al estado precario de las vías en el estado Bolívar, dificulta aún más la movilización para los mineros). Pero desde la pandemia no es el mismo movimiento de antes”, explica a los reporteros un comprador de oro en Upata.

Su repaso no queda solo en una condición meteorológica o en un caso de salubridad mundial, sino que añade otro factor, esta vez decisivo: Bolívar adentro, los negocios de compra y de venta de oro se han sofisticado y ya no hay necesidad de llegar a Upata.

“En El Manteco [municipio Piar] y El Dorado [Sifontes] no había muchas máquinas de análisis, y los mineros bajaban para acá. Hoy en día [esas localidades] tienen compras de oro por todos lados y hay dónde analizar y todo”, explica el mismo comprador de oro.

Alto brillo, bajo perfil

Los accionistas a partes iguales de Alibaba Gold Center son los venezolanos Edua Antonio Rosales Gil y Juan Carlos Peña Sierralta, designados presidente y vicepresidente de forma respectiva, según indica su expediente mercantil. No cotizan como empleados de ninguna empresa en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) ni están registrados como votantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Son unos completos desconocidos en el sector, sin trayectoria ni aparente experiencia en lides auríferas. Al documento constitutivo no lo acompañan las fotocopias de sus correspondientes cédulas de identidad. Se nota además que sus firmas aparecen escritas con una misma letra de molde.

Aunque solo sea ese par de nombres los que figuran en registro como propietarios de la empresa, alrededor de Alibaba Gold Center actúan una veintena de actores anónimos, apenas identificados con diversos apodos en la lista de contactos que la Policía Federal de Brasil encontró en el celular de uno de los miembros de la organización.

El discreto perfil de los miembros venezolanos de la red criminal, así como de sus aparentes socios, responde al patrón de este tipo de organizaciones criminales definido por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (Unodc): no se dejan conocer por el público y rara vez se presentan con sus verdaderos nombres. Las conexiones entre sus miembros se consolidan en torno a proyectos específicos y la naturaleza de la trama es adaptable, es decir, se reorganiza tras la salida de actores clave.

El uso de criptomonedas en el sector aurífero en Brasil facilitó las transacciones opacas de la organización criminal. Cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva, inició su segunda gestión en 2023, firmó una ley que establece al Banco Central como autoridad reguladora de las criptomonedas en el mercado local, aspirando a un mejor monitoreo de la cadena de comercialización.

Una de las principales banderas de su administración es la de “acabar con la minería ilegal”. En la línea de combate contra el crimen organizado, en 2025 planteó incluir las criptomonedas y el oro en la legislación contra el blanqueo de capitales.

La regulación de las operaciones con criptomonedas por parte del Banco Central y el seguimiento de las operaciones con nota fiscal electrónica fueron pasos para modernizar el comercio de oro de Brasil, que hasta ese momento se registraba de forma manual, bajo una política de “presunción de buena fe”, por la que bastaba que el vendedor asegurara que el origen del metal era legal para vender el material a las empresas autorizadas. Pero las mafias de oro ilegal han sabido sortear el sistema a su favor. Y sumaron la experticia de algunos de los venezolanos reclutados, que ya contaban con la pericia necesaria para el manejo de criptomonedas, así como con los canales y contactos para gestionar con eficacia la compraventa de oro en su país de origen.

Los movimientos de contrabando y blanqueo de esta mafia coincidieron también con el período en el que Estados Unidos levantó las sanciones para transar el oro venezolano, entre octubre de 2023 y enero de 2024. Desde luego, no fue casual: los cabecillas de las mafias brasileñas vieron la oportunidad de explotar un canal natural de contrabando captando a venezolanos que se movían con facilidad en ferris, aviones, automóviles e, incluso, a pie a lo largo de una ruta que se iniciaba en Itaituba o Ciudad Pepita, en el estado de Pará —considerada la capital del lavado de oro de la Amazonía brasileña—, seguía por Santarém, Manaos y Boa Vista, antes de cruzar la frontera con Venezuela. Allí, en el estado Bolívar, se ubicaba la principal receptora de oro y de su posible lavado: Alibaba Gold Center C.A.

Los carteles publicitarios y marquesinas de la misteriosa empresa que se exhiben en Upata no muestran, sin embargo, su Registro de Identificación Fiscal (RIF), tal como obliga una providencia administrativa de julio de 2013. En su lugar, se ve un número de RIF aparentemente falso, pues no está registrado en el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat, ente recaudador de impuestos en Venezuela).

Además, sobre el borde inferior del letrero de Alibaba Gold Center que domina el edificio donde la sucursal del centro de Upata tiene sede, se ve en letra pequeña otro nombre: “Pastor San Charbel”, en referencia a un venerado sacerdote de la comunidad cristiana en Líbano.

En la principal cancha techada del Centro Deportivo Parque Bicentenario de Upata también se encuentra un anuncio publicitario de Alibaba Gold Center C.A., pintado sobre la pared, junto con el logo de la hasta hace poco alcaldesa del municipio Piar, Yulisbeth La Tata García, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), hoy gobernadora del estado Bolívar tras las elecciones regionales de mayo de 2025. El recinto es muy usado para actos oficiales y proselitistas del poder local.

La marca Alibaba Gold Center hasta ha servido como patrocinador deportivo. En un post de la cuenta de Instagram del 30 de abril 2023 de una escuela de gimnasia para niñas en Puerto Ordaz, la gran ciudad industrial y comercial de Bolívar, a 71 kilómetros de Upata, agradecen el apoyo de la empresa ofrecido a una joven atleta para su participación en una competencia nacional. En el uniforme de la niña destacan el nombre y el logo de la firma venezolana.

La nómina venezolana

La mayoría de los actores venezolanos de la red criminal tenían alguna relación con Upata. Solían ser oriundos de la ciudad o, si no, habían vivido allí en algún momento, según se observa en sus redes sociales o las de sus familiares. Sin embargo, la capital del municipio Piar no era el único hub establecido para el movimiento del metal. Algunos integrantes también operaban desde otros puntos de la ruta del tráfico de oro, como Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana, o hasta la misma Caracas, la capital venezolana, y Boa Vista, en Brasil.

A partir de 2023, cuando la organización comenzó sus operaciones delictivas, varios involucrados se mudaron a Brasil junto a sus familiares. Por ejemplo, en Boa Vista, a 764 kilómetros al sur de Upata, registraron empresas e incluso gestionaron sus carnés de identidad.

Uno de los principales actores de esta red criminal, sobre quien pesa una orden de detención preventiva, es Gregorio de Jesús Carrasco Romero, venezolano de 42 años de edad, quien en la red hacía las veces de una especie de gerente: recibía y analizaba el material de Brasil para despachar a Venezuela. Se encargaba también de contactar a los transportistas y mantenía una relación directa con los miembros brasileños de alto rango en la organización criminal.

“Un paquete con 20 piezas, le entregué a Gregorio”, decía uno de los mensajes de WhatsApp a los que accedieron las autoridades brasileñas tras la incautación de algunos celulares de los miembros de la red.

Carrasco Romero trabajó hasta 2011 para la Constructora Norberto Odebrecht en Venezuela, que durante los gobiernos de Hugo Chávez acaparó contratos de obras públicas y que fue el epicentro del escándalo de corrupción Lava Jato en Brasil. La ficha de Carrasco en el IVSS indica que ese fue el último empleo formal desde el que cotizó. Su centro de votación se encuentra en Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, población sobre la ribera sur del río del mismo nombre, vecina al llanero estado Guárico, sobre la ribera norte. Allí Odebrecht debía construir el tercer puente sobre el río Orinoco, proyecto que nunca completó.

Lea la investigación completa en Mongabay Latam y Armando.info.

Imagen principal: Composición fotográfica. Crédito: Mongabay Latam.

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las imágenes satelitales que se muestran en la plataforma Amazon Mining Watch muestran cómo la minería está arrasando con los bosques amazónicos. Esta deforestación causada por la actividad minera se observa como manchas que en conjunto superan las 2 millones de hectáreas —equivalente a la extensión aproximada de El Salvador—. Esta cifra refleja la depredación de la minería en la selva amazónica entre 2018 y 2024.

Esta herramienta, desarrollada con inteligencia artificial, permite tener un panorama general del bioma amazónico. Se observa, por ejemplo, que las zonas más afectadas por la minería se concentran en tres áreas principales: el sureste de Brasil, entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis; el Escudo Guayanés, que incluye Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa; y el sur de Perú, que corresponde a Madre de Dios.

El monitoreo realizado con esta nueva herramienta en línea también muestra que el 36 % de la deforestación por minería acumulada en 2024 —más de 725 000 hectáreas— corresponden a áreas protegidas y territorios indígenas.

“El objetivo es tener datos consistentes en una vasta área como la Amazonía. En MAAP -otra herramienta de monitoreo-, podemos usar satélites para monitorear áreas prioritarias específicas en tiempo real, pero es mucho más difícil monitorear toda la Amazonía de esta manera. Con Amazon Mining Watch, podemos ver el panorama general, incluidas áreas que ni siquiera conocíamos”, señala Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, proyecto de Conservación Amazónica (ACCA)

La herramienta Amazon Mining Watch (AMW) es parte del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) liderado por Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica. Se trata de una plataforma abierta que utiliza un algoritmo creado para detectar la huella de la actividad minera tomando como base imágenes satelitales del Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea.

“Se espera que proporcione información trimestral para que los actores locales puedan, a través de estos datos, conocer exactamente qué está sucediendo en su territorio, sin la necesidad de esperar un estudio o un reporte específico”, comenta Jorge Villa, especialista en Sistemas de Información Geográfica (SIG) y de Sensores Remotos de la Fundación Ecociencia, en Ecuador.

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Las zonas más devastadas

El reporte publicado el 4 de mayo de 2025 indica que la deforestación acumulada por minería para 2024 fue de 2.02 millones de hectáreas. El monitoreo realizado a través de Amazon Mining Watch indica que en 2018, el primer año del que se tienen datos, alcanzó unas 970 mil hectáreas. Luego, entre 2019 y 2024, la deforestación por minería de oro creció en 1.06 millón de hectáreas. El informe también indica que el punto más alto de la deforestación ocurrió en 2022, mientras que en 2023 y 2024 hubo desaceleración en la pérdida de bosques.

Según el reporte de MAAP más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú. Solo para 2024 la deforestación en Brasil por esta causa fue de 57 240 hectáreas. Para Guyana la pérdida de bosques alcanzó 19 372 hectáreas; en el caso de Surinam fue de 15 323 hectáreas;  para Venezuela se reportó 9531 hectáreas; y en Perú fue de 6020 hectáreas.

“Lo que se pretende es brindar las herramientas necesarias para que tanto gobiernos locales como organizaciones de la sociedad civil puedan desarrollar un monitoreo de la minería en sus territorios y fortalecer sus capacidades de gobernanza con respecto a esta importante presión”, agrega Villa.

El reporte también muestra que más de un tercio de la deforestación por minería ocurre en áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. La mayor parte ocurre en Brasil. En el caso de Perú, la deforestación por actividad minera afecta a varios territorios indígenas, principalmente a los que rodean el denominado corredor minero, un área designada por las autoridades dónde está autorizada esta actividad. En este país también existe deforestación minera en áreas protegidas. En tanto, en Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas.

“La minería sigue avanzando en Ecuador”, agrega Villa. Al respecto, el especialista de la Fundación Ecociencia señala que para realizar este monitoreo se ha dividido la Amazonía ecuatoriana en tres sectores: norte, centro y sur. “En cada uno de estos corredores vamos a identificar las zonas específicas donde existe esta actividad”, agrega.

Villa explica que los análisis para Ecuador corresponden, en el sector norte, a las zonas limítrofes con Colombia. Se centraron en analizar cómo ha ido creciendo esta actividad en lugares alejados de las zonas pobladas. En la zona central se analizará la provincia de Napo, mientras que los estudios en el sur se harán principalmente en la provincia de Zamora Chinchipe, la superficie más afectada en ese país.

De acuerdo con Matt Finer, investigador senior y director del Programa MAAP, en 2019 Ecuador perdió 708 hectáreas. Al año siguiente, sumó 346 hectáreas deforestadas; y en 2021 casi las duplicó (con 653 hectáreas de desbosque). En 2022 la deforestación continuó en alza y el año terminó con 970 hectáreas deforestadas. El nivel más alto de desbosque fue en 2023. Ese año, se perdieron 2421 hectáreas. El año pasado, Ecuador perdió otras 1062 hectáreas de bosques.

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Áreas protegidas y territorios indígenas

Las áreas protegidas y los territorios indígenas continúan perdiendo bosques a causa de la minería aurífera. En estos casos, además, se trataría de minería ilegal puesto que son lugares donde no está autorizada esta actividad.

Solo para 2024 se estima en un 36 % la deforestación acumulada, es decir, más de 725 000 hectáreas de bosques, sucedió dentro de áreas protegidas y territorios indígenas.

La mayor parte de esta deforestación en este tipo de territorios se produjo en Brasil. Según este estudio, nueve de las diez áreas protegidas más deforestadas están en Brasil. La lista es liderada por el Área de Protección Ambiental Tapajós, que ha perdido más de 377 000 hectáreas, seguida de los bosques nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los bosques nacionales Urupadi, Jamanxim, Itaituba, el Parque Nacional Jamanxim —unidad de conservación que difiere del bosque del mismo nombre— y el Bosque Nacional Altamira. El top 10 se completa con el Parque Nacional Yapacana, en Venezuela.

En cuanto a los territorios indígenas, las zonas más afectadas también están en Brasil. Se trata de los territorios de los pueblos Kayapó, Mundurucu y Yanomami, con casi 120 000 hectáreas en conjunto. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela; seguido de tres territorios del sur de Perú —San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba—, con más de 17 000 hectáreas de pérdida de bosques. El top 10 se completa con Sai Cinza y Trincheira Bacajá, en Brasil, y San Jacinto, en Perú.

“El territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie a causa de la minería aurífera ilegal”, dice en el reporte.

Dhaynee Orbegozo, experta en gobernanza forestal en Perú, señala que, lamentablemente,  en Madre de Dios están las zonas más afectadas por la minería aurífera. Agrega que esta actividad prácticamente empezó en los años 80 en Perú y que en esa época no se le brindaba toda la atención que ahora se le brinda el tema de deforestación.

“En ese momento ningún gobierno tomó cartas en el asunto y, ahora, con el incremento del precio del oro y el debilitamiento de la institucionalidad, desde hace bastante tiempo, se ha agudizado”, comenta Orbegozo. “Quizá el primer momento en el que se perdió la batalla fue cuando el Gobierno, alrededor de 2013, decidió que la zonificación ecológica económica y el ordenamiento territorial no iban a ser vinculantes”, es decir, que estas decisiones sobre el territorio  no son de cumplimiento obligatorio.

En cuanto a la presencia de la minería en territorio indígenas, Orbegozo menciona que las invasiones en estos territorios “doblegan a los pueblos indígenas” en las comunidades nativas, pero también, precisa, existe minería hecha por las mismas comunidades.

“La minería divide a las comunidades porque parte de la población se opone, quiere seguir conservando su territorio. Pero también hay mineros ilegales que forman sus propias organizaciones indígenas y empiezan una lucha contra las organizaciones indígenas representativas de la zona”, precisa Orbegozo.

Cuando se habla de minería ilegal, se habla de un problema de impacto al medio ambiente, señala Orbegozo, por la deforestación y la contaminación de los ríos, los peces, que luego alimentan a las personas. Es un tema de salud para los propios trabajadores, pero también es un problema de debilitamiento de la institucionalidad que corrompe autoridades nacionales, regionales, locales, legislativas, de las Fuerzas Armadas y policías, asegura la especialista.

Imagen principal: huellas de la minería en Madre de Dios. Foto: Tom Laffay

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando se habla de jaguares, la Amazonía representa un mosaico complejo de ecosistemas con diferencias en la composición del suelo, características hidrológicas, condiciones climáticas y en la presión que ejercen las actividades humanas sobre ellos. Todos estos factores afectan la abundancia y distribución del gran félido americano y hace difícil establecer sus densidades poblacionales.

La complejidad de esta enorme selva tropical ha llevado a que la mayoría de los estudios sobre el jaguar presenten estimaciones de población para pocos sitios, lo que dificulta evaluar la situación del depredador en toda la región.

“Las estimaciones de densidad publicadas para la Amazonía son escasas e incluso las estimaciones de población de jaguares para toda su área de distribución se produjeron con pocos datos de la Amazonía, que representa aproximadamente el 70 % de la distribución de la especie”, indica un artículo publicado en marzo en la revista Biological Conservation y que pretende llenar ese vacío de información.

Más de 20 científicos se unieron y utilizaron datos de cámaras trampa combinados con modelos espaciales para estimar las densidades de jaguares en 22 áreas protegidas en Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. De esta manera encontraron un promedio de 3.08 jaguares por cada 100 kilómetros cuadrados.

En algunas áreas las densidades del félido eran mucho menores, con un promedio de 0.6 jaguares en el caso de la Reserva Biológica Cuieiraras, en el bajo río Negro (Brasil), y en otras eran muy altas, con 9.97 jaguares en la Reserva de Desarrollo Sostenible Mamirauá, en las llanuras de inundación del río Amazonas, también en Brasil.

“Nuestros resultados revelaron que las 22 áreas protegidas combinadas albergan un tamaño estimado de población de jaguares de 6389 individuos, lo que destaca la importancia de las áreas protegidas para la conservación de esta especie emblemática”, resalta el artículo, que además insta a implementar programas de monitoreo continuo en todas las áreas protegidas de la Amazonía y frenar las crecientes presiones por actividades humanas, “lo cual es fundamental para garantizar que estas áreas sigan siendo un bastión para la especie”.

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El reto de saber cuántos

Valeria Boron, experta en jaguares y félidos neotropicales, asesora principal de programas de WWF en Reino Unido y coautora del artículo, recuerda que en 2018 participó de un estudio científico importante porque estimaba la población del jaguar en toda su distribución, pero reconoce que, al ver los datos, se aprecia un vacío de información para la Amazonía. “Ya había unos datos publicados para Amazonía, pero no muchos”, comenta.

En eso coincide Marcelo Oliveira, oficial senior de Conservación de la Biodiversidad en WWF Brasil, quien menciona que durante mucho tiempo hubo escasa colaboración científica, porque pocos investigadores compartían datos antes de publicar sus artículos. Esto hizo que Oliveira pusiera sobre la mesa el tema de la cooperación en varias reuniones de Jaguar Alliance, una alianza de varias organizaciones que trabajan por la conservación del jaguar.

Hace unos seis años Oliveira y varios colegas empezaron a mapear los sitios e instituciones que tenían datos sobre el gran félido de América y hace aproximadamente tres años Oliveira comenzó a organizar la cooperación entre todos los socios que hoy son coautores del estudio.

Los científicos quedaron sorprendidos con los resultados que obtuvieron. Guilherme Costa Alvarenga, biólogo en la Unidad de Investigación para la Conservación de la Vida Silvestre de la Universidad de Oxford, asociado del Instituto Mamirauá para el Desarrollo Sostenible y autor principal del artículo científico, asegura que uno de los hallazgos más sorprendentes fue el gran tamaño de la población estimada de jaguares, sobre todo si se considera que el estudio abarca sólo una pequeña porción de la Amazonía.

“Para ponerlo en perspectiva, predijimos aproximadamente 6000 jaguares en un área de más de 200 000 kilómetros cuadrados dentro de las 22 áreas protegidas muestreadas. Esta cifra es particularmente importante dado que nuestra área de estudio representa sólo el 2.5 % de la cuenca amazónica”, dice Costa.

El artículo científico destaca que tan solo 22 áreas albergan un tamaño poblacional que supera incluso las estimaciones para países enteros, como México, que son de gran relevancia para la conservación del jaguar. Sin embargo destaca que muchos sitios, como la Reserva Extractiva Chico Mendes, el Parque Nacional de Juruena y la Estación Ecológica Terra do Meio, que aún presentan altas densidades de jaguares, están ubicados a lo largo del arco de deforestación de Brasil, donde la pérdida de bosques va en aumento, especialmente en tierras públicas sin título de propiedad.

Otro aspecto importante del estudio es que no sólo considera áreas naturales protegidas sino también algunos territorios indígenas, de los cuales también existe amplia información científica sobre su importancia en la conservación de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática.

Precisamente, la información de Colombia se basa en los datos y el trabajo que han hecho los indígenas del resguardo Predio Putumayo, en el sur del país.

“Es importante que se demuestra con datos, y no sólo con palabras, que el papel de los pueblos indígenas en la conservación es realmente clave”, dice Jaime Cabrera, especialista en monitoreo comunitario de WWF Colombia, organización que trabaja y asesora al resguardo Predio Putumayo.

Cabrera comenta que un factor que influye en que muchos pueblos indígenas en Colombia sean exitosos en la conservación de los bosques es que tienen una gran autonomía sobre sus territorios y los resguardos son propiedad colectiva, cosa que no ocurre en otros países de la región. “En la COP16 de Biodiversidad que se realizó en Cali [en octubre de 2024] una de las grandes conclusiones es que se debe trabajar en la seguridad jurídica de los territorios indígenas porque su aporte a la conservación es grandísimo”, afirma Cabrera.

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Zonas con mayor y menor densidad de jaguares

Uno de los resultados más notables del análisis es que la densidad de jaguares varía significativamente entre algunas áreas. Sin embargo, los científicos aseguran que esto no significa necesariamente que las zonas donde se estima una menor presencia de jaguar estén menos conservadas, sino que el paisaje amazónico es heterogéneo.

“Nuestros resultados revelaron que las mayores densidades de jaguares ocurren en regiones con mayor productividad primaria [cantidad de biomasa que producen las plantas]”, indica el artículo científico.

Esa mayor productividad primaria, explica Boron, refleja mejores condiciones para los jaguares, “hay más recursos, más cantidad de presas y mayores densidades de jaguar”.

Cabrera agrega que en territorios con mayor productividad, el jaguar no necesita moverse en áreas tan extensas porque tiene presas suficientes y la vegetación se regenera más rápido. Además, menciona que algunos de los lugares más productivos están hacia la desembocadura del río Amazonas y en la parte occidental del bioma, donde hay mayor aporte de nutrientes de los Andes.

Según el investigador, Mamirauá está en la desembocadura del Amazonas y tiene unas densidades de jaguar muy grandes porque hay muchos peces y este es el felino más acuático que existe, así que “pesca mucho”. “Esto no significa que, por ejemplo, Mamirauá esté mejor conservado que Predio Putumayo, lo que pasa es que simplemente la productividad es mayor”, enfatiza.

Los científicos que participaron en el estudio insisten en que mientras los jaguares prosperan en la Amazonía, las poblaciones en otras regiones se enfrentan a graves amenazas humanas, a menudo hay muy pocos individuos y muchos viven aislados.

“Esta pérdida de conectividad provoca endogamia y una menor diversidad genética, lo que aumenta aún más la susceptibilidad de las poblaciones”, comenta Costa, y agrega que desafortunadamente el caso de la Amazonía es una excepción porque la realidad de los jaguares en gran parte de su área de distribución es preocupante.

Aunque la situación de la Amazonía sigue siendo alentadora hasta el momento, Oliveira considera que sigue siendo muy importante reducir la deforestación y mantener los corredores ecológicos. “Si tenemos áreas protegidas aisladas, tenemos un problema. Hay que mantener la conexión entre esas áreas y esa es una estrategia muy importante no sólo para los jaguares, sino para toda la biodiversidad”.

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Más estudios sobre jaguar en proceso

Los resultados del artículo publicado en la revista Conservation Biology son un gran avance en el conocimiento y conservación del jaguar en la Amazonía, uno de los lugares más importantes para la supervivencia del felino a largo plazo. Sin embargo, quedan muchos temas por explorar.

Valeria Boron comenta que el ejercicio de establecer las densidades del jaguar ahora se está repitiendo a escala regional para tener estimaciones más robustas. El jaguar es una especie que vive a densidades bajas, entonces las áreas protegidas no son suficientes para garantizar su supervivencia a largo plazo. WWF, junto con la Universidad de Oxford, utiliza datos de movimientos de los jaguares, obtenidos a través de collares satelitales para modelar corredores entre todas las áreas protegidas y tierras indígenas a lo largo del rango de distribución de la especie.

“Es crucial profundizar nuestra comprensión de las estrategias más efectivas para mejorar la conectividad entre poblaciones de jaguar. Con este conocimiento podemos desarrollar e implementar planes de acción viables para restaurar y mantener corredores funcionales”, comenta Guilherme Costa Alvarenga.

Otro tema en el que está trabajando WWF es un estudio a gran escala, junto con el Zoológico de Londres, sobre las presas del jaguar. “No se puede pensar sólo en el jaguar, el jaguar depende de sus presas”, dice Boron.

También hay un estudio que está próximo a salir que se centra en cuáles son las cuencas más importantes de la Amazonía para las especies de agua dulce y superponerlas con las densidades de jaguares porque “entre los grandes felinos, el jaguar es el más asociado al agua“. “Por ejemplo, en una zona como Pantanal [en Brasil] caza en el agua y se ha registrado el caso de uno que aprendió a bucear para cazar caimanes”, cuenta Boron.

REFERENCIA

Alvarenga, G. C., Tobler, M. W., Boron, V., de Carvalho Jr, E. A. R., Morato, R. G., Endo, W., … & da Costa, M. O. (2025). Jaguar (Panthera onca) density and population size across protected areas and indigenous lands in the Amazon biome, its largest stronghold. Biological Conservation, 303, 111010.

*Imagen principal: jaguar, en un río dentro del Parque Nacional Madidi, Bolivia. Foto: SERNAP

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cuando Clarice tiene 5 años sus padres deciden instalarse en Recife, Pernambuco, donde cada miembro de la familia sería rebautizado con un nombre portugués. Chaya Pinjasivna se convertía así en Clarice, conservando su apellido Lispector. Un tiempo después se mudarán a la que fuera la ciudad que sintió propia, la paradisiaca Rio de Janeiro.

Cuando Clarice tenía 10 años su madre fallece, y será también por esta época cuando empieza a explorar el mundo de las palabras, apropiándose del idioma portugués, y presentando varios de sus escritos y cuentos al Diario de Pernambuco. Es así como la futura gran escritora comenzaría su carrera literaria siendo rechazada en múltiples ocasiones, y las revistas no se decidían a publicarla arguyendo que sus cuentos carecían de un contenido dramático, y que eran más una descripción de sensaciones. Pero es que al parecer para Lispector escribir era otra cosa distinta de lo que anteriormente se había escrito: “Escribir es tratar de entender, es tratar de reproducir lo irreproducible.”

En la adolescencia ya Clarice se había convertido en una lectora voraz, siendo importantes las lecturas de algunos escritores nacionales como Machado de Assis, Eça de Queiroz, Jorge Amado, además del ruso Fédor Dostoievski. Pero especialmente recuerda la fuerte impresión que de niña le dejaría el libro Las travesuras de Naricita, de Monteiro Lobato, libro del cual comenta: “Al llegar a casa no empecé a leer. Simulaba que no lo tenía, únicamente para sentir después el sobresalto de tenerlo. Horas más tarde lo abrí, leí algunas líneas maravillosas, lo cerré de nuevo, me fui a pasear por la casa, lo postergué aún más yendo a comer pan con mantequilla, fingí no saber dónde había guardado el libro, lo encontraba, lo abría unos instantes. Creaba los obstáculos más falsos para esa cosa clandestina que era la felicidad.”

El padre de Clarice quería darle a sus hijos una educación de élite, y aunque su oficio vendiendo ropa no lograra cubrir los gastos de una educación formal; pero fue gracias al promedio obtenido en las calificaciones de bachillerato que Clarice consiguió matricularse en la Facultad de Derecho Nacional de la Universidad de Brasil. Al interior de la academia Lispector tendría que soportar una fuerte presión, tratándose de la única judía y una de las tres mujeres que integraban la facultad.

Clarice ya había presentado algunos escritos a periódicos y revistas, pero sería a los 21 años cuando publicaría su primera obra, Cerca del corazón salvaje, y que le valdría el reconocimiento de ganar el Premio Graça Aranha a la mejor novela.

Durante sus años estudiantiles conocería a quien sería su esposo, el diplomático Maury Gurgel Valente, un católico, y por lo cual resultaba complicada la relación ante los ojos de ambas familias, pero de quien se enamoraría convirtiéndose como en su escudera, y acompañándole en sus tantos viajes alrededor del mundo. “Es casi imposible evitar que el exceso de amor haga que uno actúe como tonto. Solo el tonto puede amar demasiado”, escribió. Es así como los próximos 15 años serían un recorrer constante, una falta de estabilidad, instalándose varias veces en Inglaterra, París, Berna, y teniendo que apartarse no solo de su familia y sus amigos sino también de su trabajo periodístico, en el cual ya empezaba a sobresalir. Pero ella tuvo clara su apuesta. Escribió: “La vida es para ser vivida intensamente como el amor, que tiene que ser experimentado hasta la última gota sin ningún temor.”

Durante la Segunda Guerra Mundial Lispector trabajó en hospitales como voluntaria con el cuerpo de enfermeras de la Fuerza Expedicionaria Brasileña (FEB), asistiendo a los soldados brasileños heridos.

“Elegir la propia máscara es el primer gesto voluntario humano, y es solitario”, escribió la mujer que ya empezaba a desistir de su condición de acompañante, y parece ser que la rutina de viajar acabó sumiéndola en el aburrimiento: “En realidad no sé escribir cartas de viaje, en realidad ni siquiera sé viajar.” Pero a pesar de haberse convertido en una mujer que vivía a la sombra de un hombre, y de que nunca dejaría de añorar su vida en Brasil, Clarice no abandonó su pasión por narrar, y fue así como en 1946 publicó su segunda novela: El lustre.

Unos años después, en Berna, Clarice tiene a su primer hijo, y unos meses tarde estará de regreso con su esposo a tierras brasileñas. Nuevamente en Rio de Janeiro, Lispector vuelve a hacer la apuesta, dedicando parte de su tiempo a la labor periodística y escribiendo columnas para el diario local, y que firmaba bajo el seudónimo de “Teresa Quadros”.

Para 1949 publica La ciudad sitiada, y en 1952 el libro titulado Algunos cuentos, para luego volver a emprender viaje al lado de su marido, esta vez con destino a la capital estadounidense, y en donde para el año de 1953 tendría a su segundo hijo. Un año más tarde, en 1954, el público francés se interesó en su primera novela, y la obra sería traducida y publicada, teniendo como portada una ilustración de Henri Matisse.

En Estados Unidos estuvo casi ocho años, y desde allí continuaría enviando cuentos y artículos a revistas brasileñas, hasta que en 1959 se divorcia de su marido y regresa finamente a la tierra de sus orígenes. Residenciada en Rio de Janeiro, Clarice Lispector reclamará su independencia abriéndose camino como una reportera y escritora consagrada. Esto recomendaba a las demás mujeres: “La vida no es cine, y es muy difícil ‘usar’ la excentricidad. La excentricidad es un deseo desesperado de agradar. El instinto de las mujeres las avisa de ‘hasta dónde pueden llegar’ en su deseo de agradar. ¿Has pensado alguna vez en el esfuerzo enorme que la excentricidad exige de una mujer? Casi un esfuerzo físico para mantener algo antinatural. Después de algunas horas se ve

en el rostro de la excéntrica su enorme cansancio, sus ganas de volver a casa… ¿Qué es la excentricidad? De manera general, la exageración. ¿A los hombres les gusta el perfume? La excéntrica se baña en perfumes… ¿El escote es bonito? Ella entonces se desnuda. ¿Entrar con seguridad en una sala es elegante? Entonces vamos a hacer una entrada teatral. ¿La naturalidad es agradable? Entonces vamos a fingir naturalidad confundiéndola con la vulgaridad. ¿A los hombres les gusta el ‘compañerismo’? Entonces vamos a beber como un hombre, a decir palabrotas y a demostrar que estamos por encima de esa cosa ridícula que es una mujer educada. La excentricidad es un esfuerzo que termina en tristeza.”

A comienzos de 1960 publica el exitoso libro de cuento Lazos de familia, y un año más tarde publicará La manzana en la oscuridad, obra aclamada por el público y que unos años después tendría su adaptación teatral. Sin embargo sería en 1963 cuando Lispector maravillaría al mundo dándonos a conocer su obra más reconocida: La pasión según G.H. Escrita a vuelo de pájaro, de un solo tirón, y concluida en un par de meses, la novela cuenta la historia de una mujer que queda perpleja frente al hallazgo casual de una cucaracha, suceso tras el cual experimentará un profundo cuestionamiento existencialista. Porque sus palabras tendrán siempre ese matiz inquietante que desafía el asombro de lo cotidiano: “Siento una claridad tan grande que me anula como persona común y corriente. Es una lucidez vacía, ¿cómo explicarlo?, algo así como un cálculo matemático perfecto que, sin embargo, no se necesita. Y no entiendo aquello que entiendo.”

Para finales de la década de los sesenta Clarice se dedica a publicar notas personales en el diario Jornal do Brasil, donde contará acerca de la cotidianidad brasilera y de sus aventuras propias, permitiendo que el público la conociera a través de sus escritos, y revelándonos piezas de su intimidad y los seres y las cosas que rodeaban su vida, como su perro Ulisses al que haría famoso por haberlo citado en un sinnúmero de artículos.

Sin embargo para dejarse ver más allá de las palabras Clarice Lispector resultaba ser una presencia enigmática, casi fantasmal. No le gustaba conceder entrevistas, y una vez las aceptaba, solía contestar de manera enfática, sustancial, lacónica, casi diríamos que monosilábica. Su personalidad solitaria, nostálgica, depresiva, engrandecía esa imagen de la poetisa atormentada por el delirio de la palabra.

Esta figura poseída por la poesía se vería engrandecida luego de que se quedara dormida con un cigarrillo en la mano, provocando un incendio que le ocasionaría quemaduras por todo su cuerpo y especialmente en su mano derecha, en la cual habría terminado por perder su movilidad. Admirada también por su belleza exótica, las cicatrices que le dejaron el siniestro episodio acabarían por acrecentar su condición depresiva. Pero a esta mujer no tenía por qué preocuparle en últimas su belleza física cuando se sabía ciertamente poderosa: “¿Eres ‘moralmente’ tan anticuada que consideras la vanidad femenina una frivolidad? Ya deberías saber que las mujeres quieren sentirse guapas para sentirse amadas. Y querer sentirse amada no es una frivolidad. Si piensas que ‘has nacido’ así y que no tiene remedio, ten la seguridad de que estás desistiendo de algo muy importante: de propia capacidad de atraer. ¿Quieres saber algo? La obesidad tiene remedio. El pelo sin vida tiene remedio. Una cara sin gracia tiene remedio. ¿La solución? La solución es no ser una mujer desanimada y triste. Y la otra solución es tener como objetivo ser ‘tu misma’, pero más atractiva, y no alcanzar un tipo de belleza que nunca podría ser el tuyo.”

Hacia comienzos de los años setenta Clarice publica varios libros de cuentos infantiles, dedicándose también a dictar conferencias y charlas en diferentes institutos y universidades, pero especialmente sirvió como traductora de una cantidad de obras que gracias a ella los lusófonos pudieron conocer. Conocía el inglés, el francés y el español, además del hebreo y el yiddish que hablaba con fluidez, e incluso se atrevió traduciendo algunos libros escritos en ruso. En español apenas se tiene un registro, se trata del cuento Historia de los dos que soñaron, de Jorge Luis Borges, y que publicarían en el Jornal do Brasil.

Para Lispector lo que importaba era dejarlo por escrito, dejar en el papel eso que le dictaba su alma: “Escribo porque me resulta un placer que no puedo traducir. No soy pretenciosa. Escribo para mí, para sentir mi alma hablando y cantando, a veces llorando.”

La originalidad de su estilo es indudable, y de hecho lo peculiar de su expresión narrativa será su distintivo propio. Es difícil no identificar cuando un texto, un poema principalmente, fue escrito por la pluma convulsa de Clarice Lispector. Pareciera que muchas de sus líneas, dispersas, confusas, entreveradas, responden al método empleado también por James Joyce y Virginia Woolf (autores con los que mucho se le ha asemejado) conocido como el “libre fluir de la conciencia”, y a pesar de que la autora confesara que es plenamente consciente de lo que escribe y al momento en que lo escribe. Así describe esta experiencia: “Tengo miedo de escribir, es tan peligroso. Quien lo haya intentado, lo sabe. Peligro de revolver en lo oculto y el mundo no va a la deriva, está oculto en sus raíces sumergidas en las profundidades del mar. Para escribir tengo que colocarme en el vacío.”

Emocional y emotiva, trascendente y compleja, en Lispector aflora el lirismo y una prosa dinámica, inquietante, conflictiva y siempre marcada por la profundidad. Solía usar la primera persona, y en sus historias lo primordial no será la trama como sí ahondar en el interior de los sentimientos, sensaciones y afectos de sus personajes. Es por esto que sus personajes gozan de esa misma profundidad psicológica y que sus comentarios sean siempre tan suspicaces, reflexivos y acertados, centrándose en develar sus pensamientos y dejando así que sea el lector quien concluya sobre la personalidad de cada uno. A través de sus personajes la autora indagaba por la esencia del ser como tal y el autoconocimiento, la vida y asimismo la muerte, la infancia y la vejez, la soledad y el amor, la maternidad y lo femenino.

Su obra era ya motivo de análisis cuando la autora aún estaba con vida, y hoy día, siendo la escritora latinoamericana más leída y afamada a nivel mundial, y una de las más buscadas en Internet, Clarice Lispector no para de suscitar una conexión particular con las nuevas generaciones y un entusiasmo cariñoso entre las nuevas poetisas.

“La realidad no tiene sinónimos”, escribió. Y es que, moviéndose entre lo real y lo fantasioso, Lispector pareciera muchas veces divagar, por lo que varios críticos vacilan al no saber dónde ubicar su fascinación, siendo que tantas veces parece como tan tonta y otras tantas deslumbra por su indudable originalidad: “Escribo sin la esperanza de cambiar nada. No cambiar nada… Porque en el fondo no estamos tratando de cambiar las cosas. Estamos queriendo florecer.” Algunos dirán que leerla es enfrentarse a una lectura compleja. Ella misma declaraba que lo suyo, respecto al estilo, era una cuestión de “no-estilo”. Porque lo cierto es que su estilo, propiamente, es difícil de encasillar, ya que su capacidad para explorar el lenguaje en vertientes insospechadas hacen que esta autora sea imposible de clasificar. Carece, pues, de género: “El género ya no me atrapa”, dirá en Agua viva.

Metalingüísta, le llamarían algunos. Creadora, ella supo transgredir e interrogar el lenguaje mismo, irrumpiendo en sus reglas más básicas, y permitiéndose comenzar por ejemplo una de sus novelas con una coma y finalizándola con dos puntos. Y es por esa prosa irreverente, renovadora, única, que Clarice Lispector es elevada a la categoría de Guimarães Rosa y a otros importantes escritores en lengua portuguesa de la segunda mitad del siglo XX, ubicándosele en la tercera fase del modernismo conocida como la “Generación brasileña del 45”.

Reportera, periodista, traductora, escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas, Lispector constituye un ejemplo de la mujer decidida a encarar el destino que desde niña se fijaría, y no tuvo reparos en que su propuesta pudiera no convencer, rompiendo con los estilos y maneras tradicionales y constituyéndose como un estilo definitivamente propio, sincero y peculiar. No tuvo miedo de presentar su propuesta, y a pesar de que esta no correspondiera a lo acostumbrado, y tal vez de allí la admiración que despierta por su manera única y libre de escribir. “Lo indecible me será dado solamente a través del lenguaje.”

En sus escritos Lispector también servirá como un ejemplo que insiste en la formación intelectual de la mujer, instándola a que se conozca y cumpla poderosa con su vocación propia, sin pretender responder obsecuentemente a los cánones impuestos por la sociedad: “¿Nunca leíste de pequeña el cuento de una princesa muy guapa pero que por la maldición de un hada mala no podía abrir la boca sin que le salieran sapos, lagartos y ratones? Pues la manera moderna de que salgan ‘sapos y culebras’ de la linda boca de una joven es decir muchas tonterías con los labios perfectamente maquillados. Pero esto no sucede por la maldición de un hada mala, sino por la ignorancia, por falta de cultura. Una de esas ‘princesas’ modernas, al escuchar una conversación sobre Hemingway, preguntó: ‘¿Cuál es la última película que ha hecho?’ Leer es una costumbre que todo el mundo debería tener. No queremos decir con eso que todos lean ‘cosas difíciles’. Incluso una revista bien informada -y bien leída- puede ser una fuente de cultura que al menos evite ‘sapos y culebras’.”

Sus manuscritos y la biblioteca con todos sus libros y algunos documentos personales como correspondencia, se conservan disponibles en los archivos de la Fundación Casa de Rui Barbosa y en el Instituto Moreira Salles, ubicados ambos en Rio de Janeiro.

Clarice Lispector murió de cáncer de ovario a los 56 años de edad en su amada Rio de Janeiro, meses antes de haber publicado su última novela. Al día siguiente, sábado, era su cumpleaños, por lo cual postergaron su entierro para el domingo. Su cuerpo fue cubierto por un manto de lino blanco, y sería sepultada bajo el ritual de la religión judía ortodoxa. Sus restos reposan en el cementerio de Cajú. En su lápida se lee su nombre de pila, cuyo significado es “La hija de Pinkhas”. Alguna vez escribió: “Al final, ¿qué importa más: vivir o saber que se está viviendo?”