Quien empezó a regalarnos sus OBRAS LITERARIAS, verdaderas JOYAS de COLECCIÓN las que Uds tienen el lujo de CONOCER…

HOY nos aporta su..:

“Mis SÁBADOS DE CINE..: EPISODIO 3… by A.M.C

“LA MALA COSTUMBRE

 Alana S.  Portero

Seix Barral, 2024

252 pgs

A ninguna persona normal debe pasar inadvertido lo mal que lo suele pasar en la vida, peor que la mayoría, el personal del colectivo LGTBI, y dentro del mismo, las personas Trans llevan la peor parte, son un grupo realmente vulnerable. Tenía alguna noticia sobre este libro, y al verlo en la biblioteca de mi ciudad, decidí cogerlo.

Está siendo todo un fenómeno editorial y social, y a diferencia de otros, tiene calidad de sobra. Veamos, Alana es una chica trans, que nació en el barrio de San Blas, que estudió historia medieval, que se viene dedicando al mundo del teatro, la animación  sociocultural y la escritura, y esta es su  primera novela.

La protagonista de esta novela, al igual que la autora, nació en San Blas, donde pasó su infancia y adolescencia, en los 80 y 90. Como sabe cualquier persona nacida antes de 1978 o así, esos fueron los años de la heroína, el caballo, los yonquis a mansalva tirados en medio de la calle, muriendo a chorro, de sida, de sobredosis. Y la protagonista, Alex ( de la que no es muy difícil averiguar que tiene muchos puntos en común con la autora), desde muy pronto se da cuenta de que no se siente a gusto en un cuerpo de hombre, que se siente mujer, vaya, tiene disforia de género.

Alex vive en un humilde piso, con padres obreros, vecinos lo mismo, y todo rodeado de los problemas que comentábamos antes. Entre toda esa marginalidad no tardan en aparecer mujeres trans, como su vecina, Margarita, con la que no contactará hasta muchos años después, cuando tenga ya una enfermedad terminal, y Eugenia, la Moraíta, que hace la calle en otras barriadas madrileñas, y que la acogerá como a un hijo. Alex ama, lee, estudia, bebe, se droga, vive, en definitiva, amparada en un núcleo familiar muy unido, pero al que no se atreve a desvelar su secreto, que, de seguro, para sus padres no será tal. Así que vive, en apariencia, dentro de un cerrado armario, en ese barrio obrero tan digno y solidario que, a la autora, le inoculó su conciencia de clase desde el principio. Alex, como decimos, estudia, trabaja, en apariencia está cómoda dentro de su armario, pero, claro, tiene sus dudas, sus miedos, sus problemas de autoaceptación.

No es la novela nada explícita en cuanto a sexo y relaciones, sí lo es al describir la miseria y lo cutre de un barrio marginal hace 30, 40 años, y se hace duro de leer. Tampoco es una confesión a corazón abiero a lo Juan Goytisolo en coto vedado y En los reinos de taifa, verdadera literatura confesional gay, no, el libro es, en ese sentido, incluso algo ñoño, y ahí creo que yerra un poco el tiro. Quizá habría quedado mucho mejor una pieza totalmente autobiográfica y confesional a tumba abierta, descriptiva, dolida. Pero aun así es un bello testimonio de sufrimiento, de vértigo, dividido en cortos capítulos, con una  prosa absorbente. 

Apenas sabía nada de este mundo, sin duda duro, glacial, solitario, que una ley aprobada recientemente en este país intenta, de algún modo, si eso es posible, acompañar. Me gustaría que la gente como Alana sintiera muchas de nuestras manos tendidas.”

Se nota que su MUNDO; nos referimos al ANTONIO MEROÑO CAMPILLO; pertenece a otra GALAXIA… esa à la que nuestros LECTORES se montaron a cabalgar como un JINETE sin DISFRAZ…

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CON JABÓN…! NO COMO PILATOS PORFIS

Algunos de los lugares más impresionantes del mundo son custodiados por guardaparques. Con su labor protegen selvas, manglares, páramos, pampas, humedales y paisajes antárticos. Del buen funcionamiento de esos ecosistemas y del mantenimiento de la biodiversidad dependen los servicios ambientales como el aire puro, el agua fresca o la polinización de alimentos. Por eso, desde 1992, el 31 de julio se celebra el Día Internacional de las y los Guardaparques.

Latinoamérica representa solo el 16 % de la superficie global, pero alberga cerca del 40 % de la biodiversidad del planeta, de acuerdo con datos del Grupo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Sin embargo, en varios países se reportan recortes presupuestarios para las áreas protegidas y los guardaparques. También es una región amenazada por el narcotráfico, la extracción legal e ilegal de recursos y la inequidad de género.

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En este contexto trabajan hombres y mujeres que se enamoraron de la naturaleza y se comprometieron con cuidarla a pesar de que el oficio de guardaparques no sea siempre reconocido.

Mongabay Latam habló con tres guardaparques de la región que enfrentan diferentes retos. En el Parque Nacional Natural La Paya, en Colombia, Hernán Chilito insiste en lo fundamental de trabajar con las comunidades locales para fortalecer los objetivos de conservación.

En el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador, Tanya Villalba demuestra que una mujer puede liderar el área protegida más grande del territorio continental, la cual también atrae gran atención internacional por su gran diversidad biológica y cultural.

Desde el Parque Nacional El Palmar, en Argentina, Facundo Alcalde apunta a la sostenibilidad financiera del área protegida a través del incremento de las visitas y el turismo sostenible, siempre con base en datos científicos y la precaución.

Colombia: Hernán Chilito busca reconstruir las relaciones con las comunidades

Cuando el guardaparque Hernán Chilito llegó al Parque Nacional Natural La Paya en 2016, la relación entre la institución de Parques Nacionales y las comunidades campesinas “era muy débil”, asegura. En décadas pasadas, se había realizado una negociación para que 68 familias que habitaban dentro del parque salieran a cambio de acuerdos con diferentes instituciones donde se pagaron los cultivos, predios y mejoras. Pero el Estado quedó en deuda con otros acuerdos, como el de vivienda y el de tierras por diferentes complejidades en los procesos.

“Con Parques Nacionales se buscó encontrar alternativas y soluciones”, dice el experto en el uso, ocupación y tenencia con comunidades campesinas en parques naturales. Después de varios procesos infructuosos, consiguieron implementar proyectos productivos sostenibles para la seguridad alimentaria. También les entregaron árboles frutales de la Amazonía colombiana, incluyendo cacao maraco y chontaduro.

Luego, la Asociación Astracam planteó la necesidad de conocer los límites del parque. Se creía que 27 veredas estaban dentro, pero después de hacer reconocimientos, descubrieron que solo 80 familias estaban al interior y otras estaban sobre los bordes.

La Paya es un parque azotado por el narcotráfico. Sin embargo, mientras avanzaban los diálogos de paz, los guardaparques continuaban con sus acciones. Hasta que en 2019 llegó la cuestionada Operación Artemisa. Esta avanzada militar buscaba controlar la deforestación, pero en la zona dejó viviendas quemadas, 27 familias afectadas y siete familias judicializadas. Los grupos armados que operan en la región asociaron el despliegue a Parques Nacionales, convirtiendo a sus guardaparques en objetivo militar.

Los funcionarios no pudieron trabajar con las comunidades hasta 2023, cuando la comunidad El Triunfo quiso retomar el trabajo de precisión de límites. También hubo un acercamiento con comunidades de Mecaya y Sencella, pero los grupos armados no lo permitieron. Con El Triunfo se plantearon acuerdos de trabajo para resarcir las relaciones entre la comunidad y Parques Nacionales, incluyendo acompañamiento psicológico para las familias y acuerdos de convivencia.

El guardaparques destaca los avances en restauración ecológica participativa, construcción de la casa comunal, implementación de seis viveros transitorios e inicio del proceso para la compra de cinco fincas que están dentro del parque. “El otro logro que se obtuvo es el establecimiento de la confianza de la comunidad y la institución y el trabajo articulado entre las dos partes, es muy difícil de lograr, pero lo logramos”, resalta.

“Yo soy parqueano de corazón”, dice y añade que le gusta mucho el trabajo para el que se ha especializado, uno que combina lo social con lo ambiental.

Ecuador: Tanya Villalba alza la voz contra los micromachismos

Para las mujeres guardaparques en Ecuador, no es poco común que sus compañeros las subestimen. Aunque no lo hacen de manera frontal, frases como “mejor quédate cocinando”, dejan claros sus pensamientos. “Esto recae en sentir que como mujer estás solo para cocinar y barrer”, dice Tanya Villalba, guardaparque encargada de la administración del Parque Nacional Yasuní. “Eso repercute porque al final sientes que no tienes las mismas oportunidades”, agrega.

En la campaña “Eso que dices sí importa”, la organización Wildlife Conservation Society recoge 10 frases para identificar y evitar micromachismos en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Los testimonios de las guardaparques revelan que sus compañeros sugieren a través de palabras sutiles que las mujeres no pueden ser brigadistas contra el fuego, que solo son buenas para realizar actividades de oficina o que consiguieron el puesto a través de favores sexuales.

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Funcionarias como Villalba demuestran lo equivocados que están. Antes trabajó en atención al usuario en las ventanillas provinciales del Ministerio de Ambiente y cuando tuvo la oportunidad de convertirse en guardaparque, el cambio fue radical. Su turno de 20 días empezó a finales de año. Mientras en gran parte del planeta las familias se reunían por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, ella y sus colegas estaban incomunicados en medio de la selva.

Extrañaba a su familia, pero decidió quedarse cuando atestiguó escenas que normalmente se ven solo en portadas de libros. Aún recuerda una de las especies que vio por primera vez. En un sendero despejado y bajo los rayos del sol, un árbol caía en diagonal. Al acercarse descubrió que una boa grande y pesada que dormía en el tronco había provocado la inclinación. “Esto es lo que enamora a los turistas”, afirma sobre lo maravilloso de la escena.

Aprendió a planificar sus actividades y equipaje para los 20 días en el campo, vivir en campamentos, hacer control y vigilancia, registrar y muestrear fauna, entre otros. “Ha sido un aprendizaje constante”, admite y cree que ser proactiva le permitió llegar a la administración hace año y medio.

Con más de un millón de hectáreas de superficie, actividad petrolera, al menos dos pueblos indígenas y pueblos en aislamiento voluntario en el interior del parque, su administración es un reto. A eso se suma la falta de recursos y personal. A pesar de eso, y de amenazas relacionadas a la extracción ilegal de recursos madereros y auríferos, Villalba ha liderado proyectos de gobernanza participativa y gestión pesquera para fortalecer la protección del área protegida.

Villalba cree que así como ella, otras directoras de áreas protegidas y las guardaparques demuestran que son capaces de hacer trabajo duro y técnico. Cree que esto tiene el efecto de cambiar las actitudes de los hombres. “Es buscar la equidad de hombres y mujeres, que tengan las mismas oportunidades”, afirma.

Argentina: Facundo Alcalde apuesta al turismo para la conservación

De Iguazú a la Antártida, el guardaparque Facundo Alcalde se ha dejado impresionar por la naturaleza argentina durante los últimos 20 años. Ha caminado en medio de la calurosa selva de Misiones por hasta dos días sin encontrar agua, cóndores han volado a pocos metros de su cabeza en la Patagonia y ha visto hasta la humedad del ambiente convertirse en cristales de hielo al sur del continente. “No lo cuento como algo traumático, sino como experiencia de vida, como algo que me sirvió, como algo enriquecedor”, dice.

Aunque en Argentina los guardaparques se forman en una escuela de dos años y después se van especializando a lo largo de su carrera, asegura que todos deben tener una característica en común: “Estar preparados para adaptarse a los cambios y a las diferentes funciones”.

En el Parque Nacional Nahuel Huapi trabajó en proyectos de reconversión productiva con comunidades mapuches y criollas. Después, pasó por el Parque Nacional Iguazú, el más visitado de Argentina, con hasta 13 000 personas por día en los picos de Semana Santa. En 2022 sumó 14 meses en la base Orcadas, en la Antártida, a cargo de un laboratorio interdisciplinario con 13 proyectos de investigación.

Luego de trabajar un año en la Dirección de Coordinación Operativa en Buenos Aires, asumió la intendencia del Parque Nacional El Palmar. Esta área protegida, donde se protegen 8200 hectáreas de las ecorregiones Espinal y Pampa con humedales de importancia internacional, es la sexta más visitada del país.

Como especialista en turismo sostenible, está impulsando un plan para mejorar la calidad de la infraestructura y los servicios con el objetivo de aumentar la recaudación propia sin afectar el ambiente. Según Alcalde, el parque cubría el 20 % de su presupuesto operativo al inicio de su gestión, en agosto de 2024. El porcentaje subió a 30 % en 2025 y para fines de 2026 se plantea superar el 40 %.

Para el guardaparque, la conservación y el turismo no son incompatibles. Reconoció que los extremos, tanto el turismo desregulado como el conservacionismo estricto, pueden generar impactos negativos, ya sea ambientales o económicos. Por ahora, trabaja con base en la ciencia, ajustando los procesos a medida que aumentan las visitas y buscando que haya cada vez más eficiencia para que el trabajo de sus colegas se concentre en la protección de la naturaleza.

*Imagen principal: la selva misionera es uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina. Foto: cortesía Facundo Alcalde.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.

Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.

El PNIS, creado tras el Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible.

Buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse y el abandono de la coca nunca se completó. “Después de que nos metimos a ese proyecto fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado Quiroga. Sin los pagos completos que le prometieron y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho vacas.

Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa que parte de San José del Guaviare y que ha sido construida a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.

Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió a la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico.

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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.

«Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie«, recuerda Quiroga mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial, fue una estrategia de supervivencia. «Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa [mercado o compra de alimentos para el hogar]», explica.

Su caso refleja una historia que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.

La región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, las zonas dominadas por esa guerrilla se convirtieron en escenario de nuevas disputas armadas que coincidieron con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.

De la coca a las vacas

Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región Macarena-Guaviare donde operaban Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Se trataba de instrumentos de planificación y gestión a 10 o 15 años diseñados por el Gobierno para transformar integralmente las zonas rurales más afectadas por el conflicto armado, la pobreza, las economías ilícitas y el abandono institucional. El área sembrada pasó de cerca de 12 000 hectáreas a alrededor de 4000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.

En ese proceso, 6669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14.6 millones de pesos (unos 4000 dólares). Sin embargo, los resultados fueron parciales.

Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos (USAID) encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios en la región accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.

El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.

Con la llegada del gobierno de Gustavo Petro, el PNIS volvió a ser objeto de revisión. Tras varios años de rezagos en la implementación, la nueva administración renegoció el programa, lo incorporó al Plan Nacional de Desarrollo (PND) e introdujo cambios en su ejecución.

Uno de los principales fue reemplazar a los operadores nacionales por bancos de proveedores locales en los territorios donde se desarrolla el programa. En lugar de adquirir insumos a través de grandes contratistas, la estrategia pasó a privilegiar las compras locales y la entrega mediante ferias, con el propósito de que la implementación también dinamizara las economías campesinas.

De acuerdo con un vocero de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), entidad que actualmente tiene a su cargo el PNIS, estos ajustes buscaron corregir los retrasos acumulados y hacer que los recursos del programa tuvieran un mayor impacto en las comunidades donde se ejecutan.

Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire y todo el mundo se ilusionó”, relata.

Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. «Como el Gobierno no está cumpliendo y se sabe que la ganadería está produciendo, algunos optaron por tumbar [la] selva». Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. «Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata».

Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a llegar generaron efectos inesperados. «Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios», asegura, en referencia a quienes vendían las vacas a los campesinos.

La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales luego de que terminaron los apoyos iniciales.

Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, zona rural de San José del Guaviare, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.

«La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas», explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.

Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser una pequeña zona rural cocalera a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán.

Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región, pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.

«La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio», afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo, sino que fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos de coca.

Los argumentos económicos fueron, sin duda, los que más pesaron para dar el paso de la coca a la ganadería, según explicaron las fuentes consultadas en campo para esta investigación.

Fidel Daza, líder de Asojuntas [asociación de Juntas de Acción Comunal] en Calamar y uno de los participantes en la construcción del PNIS en el municipio de Calamar, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.

«Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero», explica. «Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia».

Además, Daza plantea que la erradicación total de la coca no se dio porque, mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.

«Ahí está el problema de fondo de la sustitución», afirma. «Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad». Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra. «La sustitución sí era una alternativa viable», insiste. «Lo que no funcionó fue la implementación».

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Cuando el bosque se convirtió en potrero

El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare.

Entre 2016 y 2024, las coberturas boscosas en las 286 veredas (zonas rurales) del departamento del Guaviare analizadas en esta investigación pasaron de 552 102 a 426 308 hectáreas. Se deforestaron 125 794 hectáreas de bosque y los pastizales crecieron en 184 061 hectáreas.

Al hacer la comparación entre veredas donde operaba el PNIS y aquellas donde no tenía presencia, se observa una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, según datos del Observatorio para las Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad de las 286 veredas del Guaviare registró más de 114 hectáreas transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas donde no operó el programa. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó más de 420 hectáreas en el 50 % de las veredas donde funcionó el PNIS y 122 hectáreas en las zonas donde no operó.

Los datos no permiten afirmar que el PNIS creó por sí mismo la expansión ganadera, pero sí sugieren que la inversión pública llegó a zonas donde ya existía presión sobre la frontera agropecuaria y donde, posteriormente, se consolidaron pastizales.

Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica, como lo menciona el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes.

El reporte menciona que el PNIS estuvo asociado con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los 56 municipios donde operó el programa y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.

Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. «Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión», dice.

Sobre la relación entre la sustitución de cultivos de uso ilícito y la deforestación, desde el PNIS afirmaron que «no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación». En su respuesta argumentaron que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostienen que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.

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La llegada de los nuevos dueños de la tierra

La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.

Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.

Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana, que colinda con la Reserva Nacional Natural Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. «Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo«.

Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. «La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender».

Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva. Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, dicen las personas entrevistadas en la zona.

Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como ‘Mono Jhon’, ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. «Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte«.

Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. «La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control».

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La coca no desapareció… se desplazó

La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.

En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.

Juan Pérez*, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de 40 años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. «He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza». Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. «Uno necesita la remesa [mercado]. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata».

Pérez* insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. «Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad».

Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores de coca hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. «La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes», afirma.

Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre zonas de amortiguación de áreas protegidas como la Reserva Nukak y el Parque Nacional Chiribiquete.

Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y se concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de parques nacionales naturales pasaron de 6304 hectáreas en 2015 a 10 816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado. La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión.

Los números del Observatorio indican que, en 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44.6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.

La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.

El peso de los tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen, en conjunto, 4741 hectáreas, lo que representa el 98.2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43.8 % del total nacional dentro de parques nacionales naturales.

Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.

Según Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, la expansión de los cultivos hacia los parques respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.

Cabrera sostiene que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.

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El costo ambiental de una transición fallida

En respuesta oficial, desde el PNIS mencionan que ejecutaron 222 proyectos productivos en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. «En ningún caso el PNIS financió proyectos de ganadería». Como sustento, explicaron que los apoyos productivos estuvieron dirigidos exclusivamente a actividades agrícolas y de conservación, bajo un enfoque de sistemas agroforestales y que nunca se destinaron recursos a la compra de ganado o al establecimiento de pasturas.

Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, de una u otra forma hizo parte de la fórmula para que esto ocurriera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.

La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.

Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. «Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo». Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. «Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado».

Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. «Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando».

Las fuentes consultadas para este reportaje aseguran que el Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.

Para el exviceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.

Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.

Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.

Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320 000 a cerca de 600 000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.

Y mientras los árboles retroceden sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado sigue ganando terreno y dejando una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando el bosque?

*Mongabay Latam cambió el nombre del entrevistado por motivos de seguridad.

**Este reportaje fue realizado gracias al Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas (FINND) que surge de la alianza entre la Fundación Gabo y Open Society Foundations.

***Imagen principal: entre 2016 y 2024 se deforestaron más de 125 000 hectáreas de bosque en el Guaviare, donde se le ha dado paso a la ganadería. Foto: César Molinares.

El artículo original fue publicado por César Molinares en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un operativo realizado por diferentes autoridades de Colombia ha revelado el alcance de una supuesta red de deforestación que operaba en el municipio de Mapiripán, en Meta, al norte de la Amazonía colombiana. Los involucrados están acusados de acaparamiento de tierras para la presunta instalación ilegal de ganadería y plantaciones de palma aceitera. Además de las implicaciones ambientales en los ecosistemas de la región, el caso por el que se investiga a empresarios, familiares de políticos y militares retirados ya ha provocado que altos funcionarios del país denuncien amenazas.

El pasado 10 de junio, las autoridades dieron a conocer que mediante un dispositivo en el que participaron la Policía de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se ejecutaron órdenes de captura contra 17 presuntos integrantes de esta red, entre ellos un exalcalde de Mapiripán.

Para Irene Vélez, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, esta operación fue resultado de años de investigación y es solo la punta del iceberg de un caso que ha implicado el acaparamiento de 60 predios de baldíos, la deforestación de más de 52 000 hectáreas de bosque y la apertura de 68 kilómetros de vías ilegales en una región estratégica que conecta la Amazonía con la Orinoquía.

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Si bien este proceso de pérdida de bosque en Mapiripán tiene cerca de 15 años, las autoridades ambientales comenzaron a investigar esta red en 2024, tras detectar las alertas de mayor deforestación a nivel nacional en esta región.

“Fuimos descubriendo que este era el caso más emblemático que iba a tener Colombia en su historia y toda América Latina respecto a una red criminal en la que uno de los delitos es deforestación, pero no el único”, dice la ministra Vélez a Mongabay Latam y agrega que esta operación implica también el supuesto acaparamiento ilegal de tierras baldías de la Nación, lavado de activos, ganadería sin trazabilidad y procesamiento de aceites de palma sin permisos ambientales.

Dicha investigación ha estado principalmente a cargo del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación (CONALDEF), una instancia en la que participan diversas instituciones del Gobierno y establece la política para enfrentar la deforestación en el país.

Sin embargo, el caso se ha complicado. Apenas dos días después del operativo, autoridades ambientales denunciaron amenazas directas de muerte y acciones de espionaje. Funcionarios cercanos al caso cuentan a Mongabay Latam que la que consideran la mayor investigación contra la deforestación que ha tenido Colombia se encuentra, para ellos, en la incertidumbre.

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La acelerada deforestación en Mapiripán y sus huellas en Colombia

Mapiripán ha sido un constante foco rojo en la pérdida de bosque natural. Solo en 2024 este pequeño municipio registró el 5 % de la deforestación nacional y fue uno de los nueve núcleos activos identificados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Ese año registró 6722 hectáreas, un aumento de más del 38 %, respecto a 2023.

Sin embargo, en los últimos 13 años Mapiripán ha perdido cerca de 74 000 hectáreas de bosque, un área similar al tamaño de Singapur, de acuerdo con Edersson Cabrera, coordinador del Sistema de Monitoreo de Bosques del Ideam.

“Tenemos registros de una creciente dinámica de deforestación asociada a estas áreas. Originalmente esta área estaba casi en estado 100 % de conservación, teníamos áreas de deforestación muy pequeñas en 2013, unas 1900 hectáreas, pero esta superficie se ha ido incrementando. El pico de deforestación para este municipio ocurrió en 2021, cuando se deforestaron cerca de 11 000 hectáreas”, explica el especialista a Mongabay Latam.

Si bien Mapiripán ha tenido períodos de reducción, como en 2023, cuando registró poco menos de 4900 hectáreas deforestadas, en 2025 se incrementaron a cerca de 9000, de acuerdo con Cabrera.

Entre los principales motores de deforestación en esta región está la praderización, que hace que el bosque húmedo tropical, rico en biodiversidad, se transforme directamente en un área de pastos. La segunda causa es la ganadería extensiva y le siguen la apertura de vías ilegales y los cultivos de uso ilícito que se mantienen en la región.

Cabrera destaca la extensión de la ganadería y la apertura de vías ilegales para el caso de Mapiripán en los últimos años.

“El incremento del hato ganadero [ganado] en Mapiripán se ha dado específicamente en esta ventana de tiempo de los últimos 10 años, cuando se ha incrementado de forma importante, muy relacionado a ese incremento de estas áreas de deforestación acumuladas. Las áreas no se abandonan después de la deforestación, se mantienen ya transformadas en áreas de pastos. No hay recuperación, no hay restauración, no hay regeneración”, sostiene el especialista del Ideam.

En 2025, Mongabay Latam realizó un análisis geográfico con imágenes satelitales y comprobó que en el municipio había un entramado de 11 ramales de vías que en ese momento sumaban 549 kilómetros.

Estas actividades están afectando bosques estratégicos que conectan la Amazonía colombiana con la Orinoquía y que son un corredor para especies de gran importancia ecosistémica y de los cuales también dependen comunidades.

Los impactos no solo ponen mayor presión a áreas protegidas cercanas, como los parques nacionales de Picachos, Tinigua, La Macarena, Nukak y Chiribiquete. También están presentando alteraciones en resguardos indígenas, como el caso de Alto Unuma, ubicado en los municipios de Cumaribo y Puerto Gaitan; y El Tigre, en Uribe, de acuerdo con Cabrera.

“En términos de áreas protegidas, se genera una mayor presión a las áreas de conservación que están en sus alrededores y no solamente parques nacionales. Ya se están viendo afectaciones de deforestación dentro de esos resguardos indígenas cuando antes no teníamos”, expone el especialista.

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Un caso judicial por deforestación

De acuerdo con autoridades ambientales de Colombia que dialogaron con Mongabay Latam en las últimas horas, la CONALDEF ha sido la institución principal de la investigación contra esta supuesta red de deforestación. El organismo busca probar que hay un entramado criminal que se ha apoderado de terrenos rurales que no han tenido un dueño particular y son reservados por el Estado, conocidos como baldíos. Lo hacen para expandir zonas ganaderas y producción de palma de aceite.

De las 17 personas con órdenes de captura, a la mayoría se les detuvo por los supuestos delitos de deforestación y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Sin embargo, a algunos de los detenidos se les investiga también por presunto lavado de activos, acaparamiento de tierras y daño medioambiental. Del total de personas señaladas, dos de ellas se entregaron voluntariamente, de acuerdo con autoridades ambientales consultadas por este medio.

Personas cercanas a la investigación sostienen que lograr los arrestos contra los presuntos responsables ha sido particularmente difícil por la presión económica y el riesgo que implica procesar a altos perfiles involucrados.

“La norma penal de Colombia dice que la orden de captura la debe expedir el juez del lugar donde sucedieron los hechos. Eso sería en Mapiripán, donde solamente existe una jueza. Obviamente se declaró impedida por temas de seguridad, después se incapacitó para no expedir esa orden de captura”, explica a Mongabay Latam una de las personas que lidera la investigación en CONALDEF y que pide omitir su nombre por seguridad.

Tras lograr que un juez fuera del municipio emitiera las órdenes de captura y que las detenciones de 15 de los investigados (dos se entregaron voluntariamente) se realizaran, las autoridades sostienen que otra jueza encargada de una de las audiencias no legalizó la captura de ocho personas.

De acuerdo con fuentes del CONALDEF, las órdenes de captura se dividieron en dos audiencias. En una de ellas se validó la detención de siete personas, así como registros y allanamientos, mientras que en otra se resolvió no declarar legal la detención de otras ocho personas.

“Esta situación no es tan normal en el proceso penal porque si ya otro juez había emitido una orden de captura, lo único que tenía que validar era que se hubieran cumplido los requisitos formales de la captura. El caso quedó en un limbo. Algunos quedaron libres y otros quedaron con la legalización de la captura”, explica la fuente anónima.

Esto derivó en que la jueza de Villavicencio que no validó las capturas se declarara impedida y enviara el proceso de vuelta a Mapiripán, donde la jueza de la localidad se había incapacitado, por lo que no hay un juez que determine las medidas del caso, según la fuente consultada.

Una abogada experta en derecho penal ambiental en Colombia explica que si bien la legalización de la captura es un procedimiento que debe realizarse dentro de las 36 horas siguientes a la captura, el que no se haya legalizado no implica que se detenga el proceso judicial.

“Si el juez verifica que los procedimientos de captura no se llevaron a cabo de manera adecuada y que, en consecuencia, hubo afectación a las garantías constitucionales del procesado, ordenará su libertad inmediata”, explica la especialista, quien pide conservar el anonimato.

También explica que al no legalizar la captura, las personas quedan en libertad, pero continúan vinculadas a la investigación del caso.

“No existe una relación directa entre la libertad del capturado y la evidencia del proceso, pues los elementos probatorios que ya se encuentren bajo custodia de la Fiscalía, estarán protegidos para su utilización en juicio. La persona vinculada deberá continuar atendiendo los requerimientos de la Fiscalía y de los jueces de la república, aun estando en libertad luego de no legalizada su captura”, dice la abogada a Mongabay Latam.

Para la experta, estas resoluciones no implican necesariamente algún tipo de estrategia que utilicen las personas señaladas en casos penales para desgastar el proceso judicial.

“La no legalización de captura no implica la detención del trámite, sino que se traduce en que aquel continuará, pero la persona estará afrontando el proceso sin privación de su libertad. La decisión de los jueces frente a las capturas depende exclusivamente del acatamiento a los procesos legales, lo que varía en cada caso en particular”, insiste.

Mongabay Latam se comunicó con la Fiscalía y no obtuvo respuestas sobre las razones por las cuales la juez de Villavicencio desestimó las ocho capturas. También intentó dar con los jueces que intervienen en el caso pero no fue posible ubicarlos.

Personal del CONALDEF que ha trabajado en la investigación sostuvo en diálogo con este medio que el caso contra esta red de deforestación se encuentra en riesgo no solo por la liberación de presuntos responsables, sino también por la validez de las pruebas recabadas.

“Es la primera investigación que se ha hecho en términos de deforestación, es la primera vez que se está probando un agravante que es el de acaparamiento de tierras, que no es fácil probarlo jurídicamente y que tiene un componente financiero internacional y nacional. Esos resultados van a ser muy importantes para el país”, advierte la fuente sobre el proceso judicial.

De acuerdo con fuentes cercanas al caso, una de las personas señaladas en el caso es Carlo Vigna Tagliante, director general de la empresa Poligrow, dedicada a la extracción de aceite de palma con una planta ubicada en Mapiripán.

Mongabay Latam contactó a la empresa de Poligrow para conocer su versión sobre los señalamientos en el caso. Sin embargo, la compañía descartó dar un posicionamiento ante la investigación en curso. También señaló que ni la empresa ni su personal fueron citados a las audiencias, al “no existir imputación alguna” en su contra hasta la fecha.

“Tenemos toda la tranquilidad de haber siempre operado respetando las normas legales y aplicando los más altos estándares de sostenibilidad que nos permitirán demostrar nuestro buen actuar”, sostuvieron en su respuesta.

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Denuncias de amenazas y espionaje contra autoridades ambientales

Autoridades ambientales aseguran que diferentes personas involucradas en la investigación del caso y el proceso judicial han recibido intimidaciones e incluso amenazas de muerte, entre ellos fiscales, abogados e incluso la ministra de Ambiente, quienes las recibieron simultáneamente mediante llamadas, mensajes y correos. Las intimidaciones llegaron tras las detenciones.

“Están intentando amedrentarnos para que no tomemos las decisiones que en el caso nos competen, peor aún, están explícitamente pidiendo que cerremos el caso”, dice Vélez a Mongabay Latam al hablar de las amenazas.

Vélez narra que el viernes 12 de junio exactamente a las 3:48 de la tarde, ella y personas cercanas a la investigación recibieron intimidaciones. Tras presentar la denuncia, la ministra sostiene que cerca de la medianoche detectó un artefacto de inteligencia en su apartamento.

“Hubo un despliegue de algo que creemos que se llama acoustic array que es un dispositivo de grabación y de emisión de sonido que se desplegó sobre mi balcón. Es un dispositivo tecnológico que se utiliza para inteligencia”, explica la ministra.

Pese a que presentó la denuncia ante la Fiscalía y a que cuenta con un esquema de seguridad, Vélez dice que vive un ambiente de gran vulnerabilidad por su trabajo institucional.

“Uno siente que el poder que está detrás de esto es tan grande que las medidas, a pesar de que somos el Estado, parecieran insuficientes para garantizar nuestra seguridad. Me parece difícil de creer que esto le pase a un ministro en un país democrático”, dice a este medio.

La ministra de Ambiente asegura que buscarán principalmente salvar el caso y que puedan continuar el proceso judicial para dar a conocer las pruebas sobre la presunta red de deforestación.

“Estamos hablando de por lo menos cuatro países involucrados en el lavado de activos, donde operan algunas compañías. Es un crimen organizado internacional. La responsabilidad que tenemos con nuestra Amazonía y Orinoquía es proteger el bosque, pero también asegurar que este tipo de crímenes ambientales adquieran una relevancia internacional”, advierte Vélez.

*Imagen principal: las imágenes de satélite dejan ver cómo las vías se van extendiendo y arrasando con la selva de Mapiripán. Foto: Google Earth.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Los cambios en el clima están modificando la vida en el planeta. Especies de plantas y animales migran de lugares donde las temperaturas se están elevando para buscar espacios con las condiciones adecuadas para su sobrevivencia. Esta sucede en la Amazonía y también en los Andes; en los bosques y las montañas; en los ríos y los lagos.

No son cambios en el futuro, sino situaciones que se presentan en el presente. Es por eso que este año el Día Mundial del Medioambiente, que se celebra el 5 de junio, se centra en el cambio climático, en las señales urgentes que envía el planeta y en las respuestas que estamos dando.

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En este día, Mongabay Latam ofrece una mirada a los aportes que se están haciendo desde la ciencia para investigar y entender cómo influye el cambio climático en Latinoamérica. Una investigación sobre corredores climáticos en la Amazonía, otra sobre los impactos del cambio climático en peces de los ríos de México y un análisis de cómo los incendios se han intensificado en la Patagonia argentina por el cambio climático son las tres experiencias que presentamos.

Corredores climáticos en la Amazonía

Los cambios del clima en los ecosistemas llevan a especies de plantas y animales a buscar otros espacios en los que puedan adaptarse para sobrevivir. En la Amazonía, muchas de estas migraciones ocurren desde las zonas bajas de la selva hacia gradientes más elevadas, hacia las montañas.

Estos movimientos de adaptación llevaron a un grupo de investigadores de Perú, Costa Rica, Colombia y Estados Unidos —con apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore— a analizar los denominados corredores resilientes al cambio climático o corredores climáticos, es decir, espacios geográficos que conectan hábitats.

“Las plantas y animales amazónicas necesitan moverse para evitar el impacto del cambio climático y su válvula de escape son bosques intactos y conectados que suben desde elevaciones bajas a elevaciones más altas”, explica a Mongabay Latam Corine Vriesendorp, directora de Ciencia en Conservación Amazónica (ACCA) y una de las autoras de la investigación.

El estudio Evaluación a escala regional de corredores resilientes al clima y conectividad en la Amazonía, publicada en la revista científica Global Ecology and Conservation, permitió determinar que en la Amazonía occidental, principalmente en Perú, se concentran los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Estos son territorios clave para la resiliencia climática de uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta.

También se identificaron áreas importantes en el este de Ecuador, el suroeste de Colombia, el norte de Bolivia, el norte de Brasil, el centro-norte de Guyana y la mayor parte de Surinam. “El Escudo Guayanés, en la Amazonía septentrional, representa otra región que puede contribuir a la resiliencia climática, importante para especies con menor capacidad de dispersión que no pueden alcanzar los Andes”, afirma el estudio.

En total se lograron determinar más de 2200 rutas potenciales de conectividad ecológica entre áreas protegidas amazónicas y refugios de altura, además de 10 corredores prioritarios aún no protegidos.

Vriesendorp señala que existe evidencia de que hay árboles subiendo la montaña en el Valle de Kosñipata, llamado “tierra de las nubes” y ubicado en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Manu, en el sureste de Perú. Lo mismo ocurre con especies de árboles en el norte de Colombia. También menciona un estudio que demuestra que las aves se están moviendo hacia arriba en el Cerro de Pantiacolla, en Perú. “Es un área de investigación activa donde los estudios a largo plazo, en áreas bien conservadas, son los que más nos iluminan en este momento”, comenta.

Sin embargo, estas rutas están amenazadas principalmente por la deforestación asociada con carreteras, actividades extractivas como gas, petróleo, minería y agricultura. “Actualmente la presión de petróleo y gas es más fuerte en la parte norte de la cadena andina, Colombia y  Ecuador, mientras que la minería es más fuerte en la parte sur de la cadena andina, Perú y Ecuador, igual que en el Escudo Guayanés, Venezuela, Guyana y Surinam”, agrega la experta.

Vriesendorp dice que para que se puedan conservar esta áreas se deben reconocer los bosques que cubren gradientes altitudinales [cambios progresivo en las condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad) y en la biodiversidad a medida que varía la altura sobre el nivel del mar] como zonas prioritarias para la conservación, trabajar con la población local para entender la mejor forma de proteger esos bosques, lograr el establecimiento de áreas nuevas de conservación y manejo de esos bosques y restaurar bosques en áreas claves para la conectividad altitudinal.

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Enfrentando el fuego en la Patagonia

Los incendios registrados en la Patagonia este año han sido los peores en seis décadas, según un informe de la organización Greenpeace. Este reporte indica que entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el fuego destruyó 60 845 hectáreas de bosques, principalmente en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, en el sur de Argentina. Entre las zonas afectadas por el fuego se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un área protegida que alberga árboles milenarios, algunos con una antigüedad de hasta 3000 años.

“Los incendios siempre estuvieron en la Patagonia, son ecosistemas en los cuales el fuego siempre estuvo presente. Sin embargo, desde hace 20 ó 25 años lo que estamos observando es un comportamiento distinto de los incendios. Se están transformando en más severos, en más recurrentes”, señala a Mongabay Latam Javier Grosfeld, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en la Patagonia Norte.

Grosfeld afirma que hay una serie de drivers climáticos -factores que modifican el clima- que explican el comportamiento del “fuego excepcional que estamos viendo en los últimos años”. Uno de ellos es la disminución de las precipitaciones, lo que significa que hay un déficit hídrico sostenido desde hace unos 20 años, explica el experto. Esto, sumado al aumento de las temperaturas en la Patagonia ocasiona la desecación del material orgánico combustible que se encuentra en los bosques y favorece la propagación extrema del fuego. “Lo que está pasando es que tenemos temporadas de incendio más largas, con olas de calor más largas que afectan el comportamiento del fuego”.

Otro driver importante, comenta Grosfeld, es que desde el año 2000, las probabilidades de tormentas eléctricas, disparadoras de los incendios naturales, que antes eran excepcionales en Patagonia Norte, aumentaron unas 70 veces. “Entonces, tenemos menos agua, más calor y más tormentas eléctricas”, argumenta.

“Lo que pasa en la Patagonia es una combinación entre el cambio climático y el factor humano porque tenemos mucha más gente viviendo en el bosque y eso también desencadena la complejidad de los incendios forestales en la Patagonia Norte”, agrega Grosfeld.

Para enfrentar los incendios que se agudizan por el cambio climático, Grosfeld considera que una iniciativa importante sería establecer un observatorio de los fuegos del sur, “un lugar de aprendizaje, de transferencia de conocimientos y de reflexión sobre el proceso que trae el cambio climático respecto a los incendios forestales en la Patagonia”.

Bajo esa perspectiva, el experto señala que desde los sectores académicos, científicos, organizaciones ambientalistas y activistas por el medioambiente están promoviendo “una especie de observatorio-foro-escuela” que permita canalizar las experiencias. “Es un trabajo a largo plazo. Aún no hay una organización que nos unifique, pero sí hay muchas voces. Cooperativas, partidos políticos, sindicatos se han acercado al tema del fuego porque los incendios empezaron a tocar a todos”, reafirma el experto.

Grosfeld también considera fundamental la “detección temprana del fuego” así como el “ataque inicial proactivo”. “Llegar rápido y poderlo contener a tiempo es fundamental”, agrega. Sin embargo, Grosfeld también menciona los desafíos que se presentan para una respuesta rápida. Una de ellas es la gran extensión de la Patagonia y la otra es la atención en las zonas de interfase, es decir, en el espacio entre el bosque y las ciudades, donde también hay viviendas establecidas.

En estos casos, dice el experto, se debe manejar el bosque, reducir la vegetación que se pueda convertir en combustible para el fuego. “Se deben despejar las vías de acceso, contar con reservorios de agua en el territorio para que cuando lleguen los bomberos no se queden sin agua. Estamos hablando de superficies extensas. Todo eso requiere inversión que históricamente no se ha hecho. La prevención es un tema a largo plazo y si no se empieza siempre vamos a estar tarde”, comenta Grosfeld. “La discusión actual pasa por tener comunidades más resilientes, mejor preparadas para los incendios forestales, con mayor prevención y eso es lo que está exigiendo la sociedad”, concluye el experto.

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Los peces en México

“México alberga 677 especies nativas de peces de agua dulce, que además tienen un alto endemismo y muchas de ellas sostienen la mesa y el ingreso de familias enteras de pescadores artesanales”, señala el biólogo Rafael Sebastián Muratalla-Miranda, autor principal de la investigación Peces de agua dulce mexicanos: identificación de prioridades de conservación y áreas de alto riesgo para la pesca en el contexto del cambio climático.

El cambio climático representa una amenaza significativa para la biodiversidad de agua dulce, dice el estudio. Por eso, la conservación de estos ecosistemas, así como la seguridad que se basa en estas especies pueden estar en riesgo. “La vulnerabilidad de los peces de agua dulce al cambio climático podría ser más pronunciada que la de los animales terrestres, ya que su movimiento a nuevas áreas no garantiza necesariamente que habrá condiciones ambientales adecuadas disponibles”, señala la investigación.

La investigación realizada por Muratalla-Miranda junto con otros tres científicos —Luis Fernando Del Moral-Flores, Ángela P. Cuervo-Robayo y Carolina Ureta— aborda estas dos premisas con el fin de colaborar en la planificación de la conservación y a la vez conocer dónde se encuentran en mayor riesgo estas especies acuáticas y las comunidades que dependen de la pesca de esas especies.

Para lograrlo, reunieron en una sola base de datos información taxonómica, ecológica y pesquera de las especies nativas de importancia económica y nutricional de peces de agua dulce en México, explica el autor a Mongabay Latam. “Trabajamos con registros históricos de las últimas siete décadas que abarcan la mayoría de los cuerpos de agua de nuestro país”, afirma Muratalla-Miranda, quien realizó esta investigación como parte de su maestría del Posgrado en Ciencias Biológicas en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM).

“Al momento de buscar la literatura nos dimos cuenta de que casi nadie había evaluado cómo el cambio climático iba a reconfigurar la riqueza de peces de importancia alimentaria en el territorio. Por tanto, modelamos 54 especies de esta importancia bajo escenarios de cambio climático”, agrega.

Cuando realizaron el análisis, encontraron que tenían mayor información en zonas específicas del centro, occidente y sur del país. “Estados como Tamaulipas, Veracruz y Chiapas han sido zonas bastante monitoreadas”, comenta el investigador. Los resultados de las modelaciones con esas especies determinaron que estos lugares concentran una riqueza mayor en comparación con otras zonas. En cuanto a los riesgos, descubrieron que estos se concentran en el centro y en el occidente del país.

Muratalla-Miranda comenta que la investigación ha permitido saber que “la amenaza del cambio climático no es uniforme en todo el país”. Explica que hay especies que se denominan tropicales o euritermas, es decir, que toleran un rango amplio de temperaturas, que pueden expandir su distribución hacia el norte del país o hacia mayores altitudes.

Cita como ejemplo especies como Eugerres plumieri y Chirostoma sphyraena, este último conocido como charal, uno de los peces emblemáticos del país, “peces que pueden ganar más del 400 % de área de distribución en los escenarios de cambio climático con condiciones más extremas”.

Por otro lado, están las especies de aguas frías o las especies endémicas, que se encuentran  sobre todo en los estados de Michoacán y Jalisco, cuya distribución puede tener contracciones severas que van del 40 % al 86 % de su área con idoneidad climática. “Ahí tenemos un matiz crítico que sería que los peces de agua dulce son vulnerables porque no pueden simplemente nadar hacia un clima mejor, ya que muchos están atrapados en un cuerpo de agua o en una cuenca”. Si a ello se suma la presencia de presas en muchas de estas cuencas que cortan o impiden el paso de peces, así como la fragmentación de los ríos que se puede dar por cambios de uso de suelo, estos peces van a tener menos posibilidad de moverse, sostiene.

“Bajo el supuesto más estricto de los peces sin dispersión, las pérdidas de idoneidad climática llegan hasta un 73 %, lo que quiere decir que muchos hábitats actuales podrían volverse climáticamente inviables para las especies”, comenta el investigador.

Carolina Ureta, investigadora por México en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional de México (UNAM) y coautora de la investigación, explica que en el estudio evaluaron la idoneidad climática de los ecosistemas teniendo en cuenta variables atmosféricas como precipitación y temperatura. De esta forma identificaron las zonas prioritarias para la conservación y las zonas de riesgo para las especies.

También determinaron si las zonas donde hay una mayor diversidad se superponen con áreas naturales protegidas o están fuera de ellas, en este último caso consideraron que estos espacios sin categorización pueden ser propuestas como sitios prioritarios para la conservación.

*Imagen principal: un estudio identificó los corredores naturales más importantes para conectar la Amazonía con los Andes. Foto: cortesía Conservación Amazónica (ACCA).

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La placenta de Ángela Jhoana Jacanamejoy está enterrada en la cocina de su casa, justo bajo la tulpa o el Shinyak: el fogón que mantiene el fuego en el que tradicionalmente los kamëntšá han cocinado sus alimentos en el departamento amazónico de Putumayo, al sur de Colombia. Es bióloga de corazón y de profesión, artista, artesana, tejedora e integrante de la comunidad indígena kamëntšá.

Jacanamejoy vive constantemente interactuando con aquel valle donde nació, con las montañas y las distintas tonalidades de verde que inundan el paisaje, los sonidos de los ríos, el olor a humedad y con las plantas de su territorio. Aquellas que poco a poco las comunidades han registrado en el Herbario Etnobotánico del Piedemonte Andino-Amazónico Jajen Saima’a de la Institución Universitaria del Putumayo, que se encuentra en Mocoa, capital del departamento.

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Este particular herbario es una biblioteca de plantas secas, “que guarda también el conocimiento en torno a su uso y manejo por parte de las comunidades indígenas, campesinas, afro o comunidades humanas que habitan un territorio en particular, en este caso, el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico”, explica Jorge Contreras, coordinador del herbario, biólogo con maestría en ciencias de la Universidad Nacional, quien ha dedicado su vida a la botánica.

A este enfoque de estudio de las interrelaciones que establecen los seres humanos con las plantas se le llama etnobotánica. Y para este caso, se hace referencia a un lugar que recopila más de 22 000 muestras, que representan cerca de 1500 especies recolectadas en el departamento del Putumayo y el piedemonte andino-amazónico y en otras regiones del país.

Mocoa es una ciudad que se ubica justo en una zona de transición entre las regiones andina y amazónica. Cuenta con una población cercana a los 45 000 habitantes, entre los que se encuentran los pueblos indígenas originarios del piedemonte como cofán, siona, inga, kamëntšá, coreguaje, mientras que, en el resto del departamento, que supera los 350 000 habitantes, también habitan pueblos como los murui y los kichwa, además de comunidades nasa, pasto, embera y awa que llegaron al territorio. Actualmente, las comunidades enfrentan tensiones por el avance de proyectos de cobre.

La biblioteca de saberes ancestrales

La historia del herbario se desarrolla entre la investigación científica y la reivindicación de los saberes ancestrales del Putumayo. Nació oficialmente a partir del proyecto Guardianes del Conocimiento Botánico, realizado entre 2018 y 2022, y que formaba parte del programa Natura Amazonas.

Este programa fue liderado por Conservación Internacional Colombia en alianza con Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Instituto Tecnológico del Putumayo (que pasó a ser una institución universitaria), Parques Nacionales y la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

La iniciativa surgió por la voluntad de un grupo de investigadores e investigadoras, liderado por Contreras, quienes buscaron crear un espacio que no solo recolectara plantas bajo criterios científicos occidentales, sino que integrara los nombres y usos tradicionales dados por las comunidades, contando con el apoyo en primera instancia de dos personas visionarias como José Vicente Rodríguez-Mahecha director científico de Conservación Internacional Colombia y Luis Alexander Mejía-Bustos, director de Corpoamazonia en ese momento, quien facilitó el espacio físico para su inicio.

Ángela Jhoana Jacanamijoy realizó su tesis de pregrado sobre el conocimiento de las plantas para el cuidado de la mujer desde la niñez hasta la menopausia y esto motivó a Contreras y su equipo, quienes ya venían trabajando en el herbario etnobotánico, a impulsar junto a ella y otras personas de diferentes comunidades del Putumayo a fortalecer el herbario. “¿Por qué no nos integramos?”, le preguntó. Así se empezó a consolidar este proyecto y, en 2022, el entonces Instituto Tecnológico del Putumayo emitió un acuerdo con el cual se creó formalmente el herbario.

“Después, algunos sabedores y taitas que vinieron a conocer el espacio, al comienzo estuvieron un poco molestos porque veían que guardábamos las plantas secas y se preguntaban: ‘¿Para qué? Ya no tienen vida’. Entonces, se les explicó que en algún momento ese conocimiento, no solamente de nombre científico, sino de usos, podría servir como herramienta de conservación para la defensa del territorio”, recuerda Contreras.

Según el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia (SIB Colombia), en Putumayo se registran 5826 especies de plantas, de las cuales 316 son endémicas, es decir, que solo existen en esta zona del país.

En el herbario, todos los conocimientos son válidos y están al mismo nivel, tanto los de la ciencia occidental como los indígenas. Esto es una postura ética que se integra en un enfoque diferencial para reconocer y proteger la diversidad biocultural del Putumayo.

Contreras explica que “antes venían los investigadores al territorio y no se asumía una posición de respeto con las comunidades, sino que se les imponía sumisión. Ahora es diferente y se parte de un reconocimiento de esa transversalidad como sabedores y como investigadores del territorio”.

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Construcción compartida del conocimiento

El herbario funciona como un puente o canal donde se intercambian experiencias. Mientras los científicos y académicos como Contreras aportan técnicas de taxonomía y secado, la comunidad aporta la historia, el uso y el nombre en lengua materna de la planta. Para Jacanamejoy, esta biblioteca viva es una forma de «activar los genes ancestrales» y reconocerse en el territorio a través de lo que guarda.

Este conocimiento sobre lo que hay en el territorio, ya sean especies endémicas, medicinales o sagradas, permite a las comunidades tener argumentos científicos y ancestrales para oponerse a actividades extractivas como la megaminería de cobre, que ha venido instalándose en la región y que, aseguran los pobladores, degrada sus fuentes de vida y puede afectar el medioambiente.

El herbario se ha consolidado mediante proyectos de investigación, monitoreo comunitario y educación ambiental. Entre los más relevantes se destaca la publicación de un libro bilingüe, en español y maicoca (la lengua indígena materna del pueblo Zio Bain) sobre 25 plantas de importancia cultural, el cual fue liderado por Conservación Internacional Colombia y la comunidad Siona de Buenavista.

En 2022 también se realizó Mocoa Biodiversa, una iniciativa de ecología urbana orientada a la formación ambiental de niños, niñas y jóvenes. Posteriormente en 2023 se continuó apoyando este tipo de propuestas educativas con el proyecto Nacederos, centrado en los vínculos entre vegetación y fuentes hídricas del territorio. Uno de sus logros fue la creación de cartillas didácticas que permitieron identificar aquellas plantas que actúan como guardianas naturales de los nacimientos de agua.

Luis Felipe Mora, ingeniero ambiental y miembro de la comunidad indígena Cofán, cuenta, por ejemplo, que investigadores de la Universidad de los Andes están estudiando sobre el cacao en el Putumayo con apoyo del herbario: “Estamos trabajando con variedades originarias de esta planta aquí en la región. Porque ya se está acabando, la gente no la cultiva. Entonces, tuvimos charlas y les fuimos a hablar sobre la importancia, con el fin de prevenir su pérdida”.

Para las comunidades étnicas de la Amazonía colombiana el cacao nativo es un pilar de nutrición y medicina ancestral. “Sirve para el sistema cardiovascular, para el estrés, es alimento y además es muy nutritivo. Los abuelos dicen que antes lo preparaban para las mujeres durante y después del embarazo”, dice Mora. Asimismo, el ingeniero ambiental recuerda Árboles Semilleros, proceso mediante el cual se identificaron 71 tipos de árboles y se diseñaron métodos de propagación enfocados en la restauración forestal. Un proyecto liderado en su momento por la ingeniera Ligia Estela Peñafiel de Corpoamazonia.

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Monitoreo participativo y comunitario

Juliana Torres Jiménez, del resguardo inga de Yunguillo, ubicado en el área rural de Mocoa, habla con entusiasmo sobre el río Caquetá, que recorre su territorio y al que niños y niñas van a divertirse y a bañarse desde la mañana hasta el atardecer. “Tenemos sitios sagrados y ya no se caza como antes, ya somos más conscientes», dice.

Torres forma parte de una estrategia de monitoreo de biodiversidad implementada por las comunidades inga de Yunguillo para construir conocimiento en alianza con el herbario: “Clasificamos las plantas entre medicinales, ornamentales, artesanales, espirituales y las que son alimenticias tanto para nosotros como para los animales” comenta.

Han identificado las especies más vulnerables, entre las que destacan especialmente los árboles maderables: “En 10 años ya no vamos a tener árboles como, por ejemplo, el granadillo (Platymiscium pinnatum), quedan ya muy poquitos y en partes más bajas y medias está totalmente intervenido”, cuenta Torres.

Otro de los árboles escasos es el caimo de monte, conocido como cascabel (Chrysophyllum venezuelanense). Torres cuenta que es “una semilla artesanal y de gran importancia espiritual y cultural». «En nuestro territorio del resguardo indígena de Yunguillo, de 26 480 hectáreas, sólo hay ocho, por lo cual se adelantaron procesos de restauración de esta especie”.

Del territorio de Yunguillo han participado en este monitoreo 16 personas, entre ellos sabedores y sabedoras, profesionales y jóvenes. “Recolectábamos las muestras, las limpiábamos, las dejábamos en un lugar muy adecuado para que no se nos fueran a infectar y a dañar, después las traíamos al laboratorio del herbario donde las muestras se deshidratan y se catalogan”, relata Torres.

Este proceso también se hace de la mano de personas sabedoras del territorio y jóvenes de las comunidades para que haya un diálogo y un intercambio de conocimientos. Quienes pertenecen a estos resguardos indígenas son coinvestigadores que aportan su conocimiento sobre los ciclos de floración, fructificación y ubicación de las especies según la ecología local. El registro se hace en español y en lengua materna.

Esta investigación sobre la flora, apoyada por el Ministerio de Ciencias, les ha permitido conocer también la fauna que habita en la zona: “Con el monitoreo etnobotánico también han encontrado especies de animales: borugas (Cuniculus paca), armadillos (Dasypus novemcinctus), dantas (Tapirus terrestris), jaguares (Panthera onca) y ocelotes (Leopardus pardalis)”, expresa Torres.

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Desafíos y amenazas

Mocoa está atravesada por ríos y ha estado históricamente expuesta tanto a desastres socioambientales como a presiones derivadas de economías extractivas que pueden afectar los ecosistemas de la zona. En respuesta, se han fortalecido procesos organizativos de defensa territorial que buscan proteger el agua y los bosques frente a la expansión de proyectos mineros, principalmente de cobre.

De hecho, Libero Cobre, una de las compañías interesadas en explotar el mineral, estima que en los suelos de Mocoa puede haber más de dos millones de toneladas de cobre, un metal apetecido para la transición energética, ya que con él se fabrican turbinas eólicas, paneles solares y baterías.

La empresa posee cuatro títulos mineros en esta capital amazónica, que abarcan cerca de 7800 hectáreas. El 6 de abril de 2022, Corpoamazonia, la autoridad ambiental en este departamento, ordenó la suspensión preventiva de las actividades de la empresa en Mocoa, al evidenciar que la exploración se realizaba en una zona de alta amenaza por movimientos en masa, con antecedentes de deslizamientos, según el Servicio Geológico Colombiano.

La medida, que a la fecha sigue vigente, prohibió temporalmente cualquier uso o afectación de recursos naturales en los títulos mineros, hasta que la empresa subsanara supuestas inconsistencias administrativas y ambientales, entre ellas la ausencia de estudios de impacto ambiental, posibles afectaciones a fuentes hídricas y ecosistemas sensibles, y fallas en la documentación presentada.

Mongabay Latam y El Cuarto Mosquetero buscaron a Libero Cobre para saber el estado del proceso y si se subsanaron las presuntas inconsistencias administrativas y ambientales, pero hasta el momento de la publicación no se ha obtenido respuesta.

Es en este contexto en donde cobra gran importancia el herbario etnobotánico. Como dice Contreras, “si van a hacer alguna obra extractiva o alguna afectación en el territorio de las comunidades indígenas, ellas pueden respaldarse con la información que existe, con nombres científicos, porque hay plantas amenazadas o con algún criterio de amenaza reportado en los libros rojos de especies o en la Lista Roja de especies de la UICN, por lo cual tienen alto interés en conservación”.

Sin embargo, y a pesar de su importancia, el herbario actualmente no tiene una sede fija. Antes se ubicaba en las instalaciones de Corpoamazonia, pero desde finales de 2025, la entidad pidió parte del espacio físico, por lo cual las colecciones tuvieron que dividirse: una parte está en las instalaciones de la Institución Universitaria del Putumayo y la otra continúa en la sede de la autoridad ambiental.

A esta dificultad se le suma la limitación de recursos financieros y la precariedad laboral: Contreras, quien ha liderado el espacio históricamente, en la actualidad no cuenta con un contrato laboral que lo vincule a la institución universitaria y el proyecto no cuenta con una persona de planta que se dedique a su conservación.

Miguel Ángel Canchala, vicerrector académico de la Institución Universitaria del Putumayo, plantea una serie de alternativas y compromisos: reconoce que se encuentra actualmente en un sitio inadecuado y temporal y que “para solucionar esto, la universidad está trabajando en la adecuación de unas instalaciones».

«Se espera que este sitio definitivo, más pertinente para el manejo de la colección, esté listo en un plazo aproximado de dos a tres meses”, agrega.

Por otro lado, el vicerrector se comprometió a trasladar a la universidad los armarios compactadores y otros equipos especializados que aún permanecen en Corpoamazonia por falta de presupuesto. Además, se pretende crear la figura de responsable o curador de planta. “Esta propuesta ya ha sido presentada a la nueva rectoría con el fin de contratar a una persona que no solo dirija el herbario, sino que actúe como gestora de proyectos para fortalecerlo”, expresó, y añadió que se ha contemplado dejar asignado un presupuesto anual dentro de los recursos de la universidad para garantizar el funcionamiento del herbario.

En esta institución, según indicó el funcionario, estudian 740 personas pertenecientes a comunidades indígenas. Además, dijo que el herbario fue vital para que el centro educativo pasara de instituto tecnológico a institución universitaria, y es un espacio importante para programas académicos como el de biología, que está en proceso de consolidación, y ofrecerá un enfoque diferencial dirigido a la protección de los vínculos entre las comunidades humanas y la naturaleza.

Desde el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), el investigador Nicolás Castaño, biólogo, botánico y magíster en ecología tropical, resalta que este herbario cumple una función vital al llenar un «vacío de información» en el sur de Colombia, una región que carecía de un centro de documentación botánica de tal magnitud.

Castaño subraya que este espacio es un ejemplo único de «sincretismo» entre la ciencia y el saber ancestral, destacándose probablemente como el único herbario en el país con un enfoque etnobotánico tan profundamente marcado. Más allá de la catalogación de especies, el experto enfatiza en la importancia de este centro para fortalecer la autonomía regional, permitiendo que la juventud se capacite en su propio territorio y contribuya a la conservación y la integridad del bosque.

Entre plantas secas que guardan memorias vivas y comunidades indígenas que nombran el territorio en múltiples lenguas, el herbario se consolida como una apuesta por cuidar la vida desde los conocimientos científicos y ancestrales. En un contexto de actividades extractivas que pueden afectar el medioambiente, su existencia no solo preserva especies, sino que sostiene una forma de habitar y defender el Putumayo, donde la ciencia y la sabiduría étnica se entrelazan.

*Imagen principal: el herbario etnobotánico registra información botánica en español y también en lenguas indígenas. Foto: cortesía Jorge Contreras / Herbario Etnobotánico.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Un aparente cementerio de frailejones. Esa fue la desoladora imagen que dejó tras de sí el voraz incendio que el 22 de enero de 2024 arrasó con una parte del Páramo de Berlín, ubicado a una hora y media de la ciudad de Bucaramanga, en Santander, y estas plantas nativas de Colombia. Durante casi cinco días el fuego ardió, consumiendo 317 hectáreas, de acuerdo con datos de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), autoridad ambiental en la región.

“El ingeniero Javier [Leal] me llamó como a las 4.30 de la mañana. Me dijo que se estaba presentando un incendio en el predio de Plan de Mesa y yo inmediatamente acudí al lugar. Cuando llegué me encontré algo muy impresionante: era un incendio ya muy avanzado. Fue terrible, las llamas, la altura, todo”, recuerda José Yamel Moreno, guardabosques del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, sobre esos primeros momentos de la emergencia.

La dimensión del desastre no solo quedó registrada en las imágenes que se transmitieron a través de los medios de comunicación, sino también en las que investigadores de la Universidad Industrial de Santander (UIS) tomaron días después de la tragedia, al sobrevolar el páramo con drones. “Estaba todo completamente negro, chamuscado. Solamente se veían los tallos de los frailejones”, relata Paula Uzcátegui, quien en ese momento era estudiante de octavo semestre de ingeniería de sistemas de la UIS.

Uzcátegui, quien además había cursado dos años de biología, estaba por esos días buscando un proyecto de grado en el que pudiera unir sus dos carreras. Las imágenes de dron capturadas por estudiantes del profesor Björn Reu, un ecólogo alemán que desde hace 10 años vive en Colombia, fueron el punto de partida para que ella ayudara a resolver un interrogante: ¿cómo podían hacer uso de la inteligencia artificial para monitorear el estado de la vegetación de ecosistemas de difícil acceso como los páramos?

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Para Reu y sus estudiantes, el incendio representó al mismo tiempo una urgencia científica y una oportunidad inédita para estudiar el páramo y su respuesta ante el impacto del fuego, dada la cercanía del predio afectado con Bucaramanga.

Al llegar al terreno, seis días después del incendio, los miembros del grupo de investigación Biotecnología y Gestión Ambiental (iBGA) se propusieron observar dos aspectos: la recuperación general de la vegetación y el comportamiento particular de los frailejones. Lo que encontraron inicialmente llamó su atención: aunque gran parte del ecosistema había desaparecido, muchos frailejones habían resistido el fuego.

“Mientras toda la vegetación desapareció, los frailejones sobrevivieron; las hojas centrales persistieron y, pocos días después, incluso empezaron a florecer”, señala Reu. Esa resistencia planteó nuevas preguntas: ¿cuántos habían sobrevivido realmente? ¿Cuántos morirían con el tiempo? ¿Cómo monitorear un territorio tan amplio y de difícil acceso?

En ese contexto, la inteligencia artificial se convirtió en la herramienta para responder los interrogantes. Como Reu ya trabajaba con drones y sensores remotos, ahora necesitaba integrar capacidades de análisis de imágenes. El encuentro con Paula Uzcátegui permitió concretar esa posibilidad. Así nació un proyecto piloto que combinó vuelos de dron con algoritmos capaces de identificar frailejones uno por uno para contarlos y, de alguna manera, hacer un inventario de su presencia en el área de páramo afectada.

A diferencia de los métodos tradicionales, basados en pequeñas parcelas y extrapolaciones a áreas más amplias, Uzcátegui logró realizar un censo más completo, por lo menos de los ejemplares más grandes, registrando 86 000 frailejones en un área de 83 hectáreas.

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Una mirada desde gran altura

El proceso para entrenar un software de inteligencia artificial que sea capaz de contar frailejones, a partir de las imágenes capturadas por un dron, comienza desde el momento en que se hacen los sobrevuelos del área. “Primero se vuela el dron, que toma muchas fotografías que se sobreponen entre sí. Luego, con un software, esas imágenes se procesan y se convierten en un mapa continuo de toda el área”, cuenta la investigadora Uzcátegui.

No fue una tarea sencilla: la neblina, el viento y la menor duración de la batería en el páramo obligaban a trabajar en ventanas muy cortas de tiempo.

El encargado de esta misión fue Cristian Mateo Jaimes Prada, biólogo de la UIS, quien viene trabajando junto al profesor Reu en temas de teledetección y sensores remotos desde 2016. “Acá [en el Páramo de Berlín] estamos como a 3600 metros sobre el nivel del mar. Para el dron es un reto porque le cuesta más desplazarse por el aire menos denso de las alturas. Además, hay una cuestión de suerte para esperar una buena mañana, como la de hoy”, detalla Jaimes mientras la jornada de toma de imágenes llega a su fin por cuenta de la llegada inesperada de las nubes.

Jaimes señala que esa nubosidad —que apresuradamente convierte ante nuestros ojos un paisaje montañoso en una capa espesa de blanco que oculta los acantilados— muchas veces les juega una mala pasada en la toma de fotografías. Cuando se atraviesan, dejan un manchón blanco sobre el verde de las montañas y su vegetación.

En esta tarea, los investigadores también debían equilibrar altura y detalle. “Si vuelas muy alto cubres más área, pero pierdes resolución; si vuelas más bajo tienes más detalle, pero menos cobertura”, explica la ingeniera Uzcátegui.

Al final, para el estudio que ella lideró obtuvieron  —a partir de sobrevuelos realizados en agosto y diciembre de 2024 y en junio de 2025— tres ortomosaicos (mapas fotográficos aéreos) de alta resolución, donde cada píxel representa cerca de un centímetro. También obtuvieron otro ortomosaico de menor calidad, que abarcaba las 83 hectáreas quemadas, con una resolución de 3.6 centímetros por pixel y que es propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB).

Ese contraste planteaba el primer reto técnico: lograr un modelo de IA que identificara automáticamente los frailejones tanto en imágenes muy detalladas como en otras más amplias y menos nítidas.

La segunda etapa de la investigación de Uzcátegui consistió en entrenar al algoritmo para reconocer cada planta. La investigadora partió de un modelo ya existente, diseñado para detectar objetos, y lo especializó. “Lo que hice fue entrenarlo con imágenes de frailejones. Corté los mapas y etiqueté alrededor de 12 000 plantas para crear un conjunto de datos de entrenamiento”, señala.

Con ese aprendizaje, el software se convirtió en un especialista capaz de identificar frailejones de manera automática en todo el mosaico. Aunque la precisión era mayor en las imágenes de alta resolución, los resultados en el mapa completo fueron suficientemente sólidos.

“En el área grande, de 83 hectáreas, detectamos cerca de 86 000 frailejones con un diámetro mayor a 20 centímetros”, señala la investigadora. De esta forma, el algoritmo no solo contó plantas una por una, sino que permitió construir un inventario detallado del ecosistema afectado, algo que habría sido casi imposible de lograr únicamente con trabajo de campo.

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Diagnosticar la salud de los frailejones desde el cielo

Paula Uzcátegui recuerda que, tras la visita al páramo realizada en diciembre de 2024, el equipo advirtió que la recuperación no era tan lineal como parecía en los primeros meses. El florecimiento de los frailejones, que en un inicio se había celebrado como esperanzador, podía no serlo tanto.

“Regresamos a finales de 2024 y fue cuando nos dimos cuenta de que estaban muriendo muchos de esos frailejones que se habían recuperado. Ahí dijimos que valía la pena no solamente contarlos, sino ver cuáles estaban vivos y cuáles estaban muertos”, explica la investigadora de la UIS.

La clave para dar ese paso estuvo en la incorporación de los datos del sensor multiespectral del dron, lo que permitió contar con información del infrarrojo cercano, una parte del espectro de la luz que no se puede ver con el ojo humano, pero que está muy cerca de la luz visible roja. En esa banda del espectro las plantas sanas reflejan la radiación, mientras que las dañadas la tienden a absorber porque las estructuras internas de la hoja ya no funcionan de la misma manera. Esta metodología se suele usar para el monitoreo de cultivos.

A partir de esa diferencia, el equipo calculó un índice de vegetación conocido como NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada), que compara la luz roja absorbida con el infrarrojo cercano reflejado. “Esa diferencia te dice qué tan saludable está la planta”, señala Uzcátegui.

Con los frailejones ya identificados por el algoritmo, el software calculó el promedio de ese índice dentro de cada ejemplar y estableció un umbral: por encima de él, la planta se consideraba viva; por debajo, muerta. Para comprobar los resultados, la investigadora también recolectó datos de validación en terreno poco después de haber capturado las imágenes de dron.

“El censo se hace con el mapa reconstruido con las imágenes de dron desde un celular, guiándonos por los datos del GPS. Esto nos permite estimar luego la mortalidad y tener certeza de que la estimación es buena, pero tiene cierto porcentaje de error”, señala. De esta manera, el ejercicio permitió estimar que cerca del 30 % de las plantas habían muerto un año después del incendio.

El hallazgo reveló, además, una dinámica inesperada: la mortalidad no ocurrió inmediatamente después del fuego. “Los frailejones no se murieron por completo por el incendio, murieron tiempo después”, señala el profesor Reu. Ese patrón coincide con reportes en otros páramos andinos, donde las plantas pueden morir incluso dos años después del evento, lo que hace necesario un seguimiento prolongado.

La posibilidad de repetir el análisis con nuevas imágenes abre, según Reu, una ventana inédita para estudiar la recuperación del ecosistema a largo plazo. “Con esta tecnología tenemos herramientas para hacer ese seguimiento en el tiempo”, afirma. Basta con nuevos vuelos periódicos para comparar los resultados: identificar cuántos individuos mueren, cuántos sobreviven y cómo aparecen nuevas plantas que, con el crecimiento, entrarán en el rango detectable por el algoritmo.

“Podemos tomar una foto cada año y contar los frailejones; así vamos a saber las dinámicas de mortalidad y regeneración”, explica. Para el ecólogo, el mayor valor del método es que permite realizar monitoreos continuos con pocos recursos, algo poco frecuente en estudios de este tipo. “Eso demuestra que con bajo presupuesto es posible hacer un seguimiento a largo plazo”, indica, y agrega que esto convierte a la herramienta en vital para comprender cómo se recuperan los páramos tras el fuego.

El enfoque, además, abre la posibilidad de replicar la metodología en otros ecosistemas de alta montaña. Desde el punto de vista técnico, el profesor Hoover Fabián Rueda Chacón, de la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la UIS, explica que el modelo fue entrenado para reconocer la forma de roseta típica del frailejón.

“Es una forma similar [en las distintas especies de frailejón], desde el punto de vista de morfología. Tengo mucha esperanza de que sea aplicable directamente”, afirma el ingeniero de sistemas que también acompañó, junto a algunos de sus estudiantes, a los biólogos en su salida más reciente al páramo este año. Esta colaboración es algo poco común entre los profesionales de estas disciplinas, pero Rueda asegura que este proyecto lo ha hecho posible.

No obstante, el ingeniero advierte que podrían requerirse ajustes según las especies presentes en cada páramo, ya que en este proyecto se enfocaron en las características de Espeletia standleyana, la especie de frailejón que se ve con mayor frecuencia en el Páramo de Berlín. “En el peor de los casos puede que nos toque reentrenar, como lo hicimos acá, con un conjunto más reducido de imágenes de los frailejones particulares de otro páramo”, añade.

Sin embargo, para el investigador, esa flexibilidad es precisamente una de las fortalezas del método: la inteligencia artificial permite adaptar el análisis a distintos territorios y monitorear zonas de difícil acceso, ampliando las posibilidades de seguimiento y conservación de estos ecosistemas andinos. A pesar de esto, los científicos son enfáticos en que para darle continuidad a estos estudios se necesita financiación, un aspecto que suele ser un limitante para la ciencia en Colombia.

De momento, los investigadores de iBGA apuntan a seguir con los sobrevuelos para obtener más datos y desarrollar proyectos para mejorar el procesamiento y el monitoreo de la evolución y crecimiento de los frailejones a través del tiempo, incluso de manera individual. Con estas propuestas esperan participar en convocatorias para obtener más financiación.

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Un ecosistema que se recupera

En el corregimiento de Berlín, en el municipio de Tona, el paisaje del páramo da cuenta de los cambios generados por la intervención humana. Sus frailejones, la especie más emblemática de estos ecosistemas, son más bajos y menos numerosos, en comparación con áreas más alejadas del complejo de Santurbán, del que forma parte el Páramo de Berlín.

Es un ecosistema que durante años ha sufrido las presiones de la ganadería y la agricultura, y en el que desde hace 15 años algunas de sus áreas empezaron a ser protegidas por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. Es por esto que de las 317 hectáreas afectadas por el incendio de 2024 el 87.69 % (277.85) eran de predios pertenecientes a esta entidad.

De acuerdo con los expertos del AMB, dos años después del incendio, la recuperación en estas zonas del páramo avanza a ritmo lento, pero persistente. Javier Leal, ingeniero forestal enfocado en el proceso de conservación y gestión ambiental del acueducto, explica que la intervención humana ha sido mínima y deliberadamente cautelosa. “El área que fue quemada no la hemos tocado; lo único que hicimos fue delimitarla y aislarla para que no ingrese nadie y dejar que por sí sola se vaya recuperando”, señala.

La decisión, que contó con la asesoría de expertos del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, busca, en primera instancia, permitirle al ecosistema recuperarse por su propia cuenta. Los especialistas han podido observar cómo la vegetación empieza a reorganizarse de manera natural.

Aunque el proceso es lento, el monitoreo constante, con apoyo de los investigadores de la UIS y de la inteligencia artificial, ha mostrado señales que el ingeniero Javier Leal considera alentadoras: “Si bien en este momento lleva una evolución adecuada, tenemos que esperar un poco más para ver cómo continúa el ecosistema”.

Sobre la duda de si reforestar es el camino para recuperar el páramo, Leal señala que aún es pronto para saberlo. “Si bien en este momento lleva una evolución que consideramos adecuada y significativa, tenemos que esperar un poco más para evaluar si es necesario hacer una intervención con frailejones y otras especies del páramo”.

Leal añade que cuando ocurren eventos que generan perturbaciones en áreas dedicadas a la conservación, la idea es que se vayan recuperando por sí solas, lo que se conoce como restauración pasiva. Intervenir inmediatamente, por ejemplo con la siembra indiscriminada de frailejones, puede amenazar la fragilidad del ecosistema porque la capa vegetal del suelo se ha visto destruida.

Desde la UIS, el equipo del profesor Reu también ha monitoreado en campo el progreso de la restauración del páramo. Un año después del incendio, la bióloga Andreina Ortiz López decidió observar el páramo a ras de suelo: no desde los drones, sino desde pequeñas parcelas distribuidas entre la zona quemada y otra que había permanecido intacta.

Entre noviembre y diciembre de 2024 comparó especies, coberturas y formas de crecimiento, y encontró señales discretas pero contundentes de recuperación. “Después de un año, al menos en el número de especies, eran muy similares; ya solo era cuestión de dejar que pase más tiempo para que la cobertura vuelva a ser comparable”, explica.

En los primeros meses, recuerda Ortiz, el paisaje había quedado “totalmente en ceros en cuanto a vegetación”, y la floración de los frailejones, un último esfuerzo reproductivo antes de morir, llamó la atención del equipo. El monitoreo posterior, a finales del 2024, mostró que el ecosistema comenzaba a reorganizarse por sí mismo: frailejones, pastos y otras plantas con semillas termorresistentes o estructuras protegidas rebrotaban lentamente, mientras aún persistían zonas con suelo descubierto.

Para la investigadora, el resultado más relevante es que el propio páramo parece tener la capacidad de recuperarse sin intervenciones directas.

Al visitar la zona en 2026 Mongabay Latam pudo ver un paisaje que sigue marcado por las cicatrices del fuego, pero que ya no es el mismo terreno desolado de los primeros meses. Ahora los frailejones más altos no están rodeados de tierra calcinada, sino del verde de los pastos y los musgos.

Según Javier Leal, el páramo comienza a mostrar una recuperación heterogénea, con áreas que avanzan con mayor rapidez que otras. “El ecosistema se va a recuperar; habrá zonas con un poco más de dificultad [en donde la restauración pasiva se puede quedar corta], y es en esas donde entraremos nosotros”, afirma sobre los posibles esfuerzos de reforestación a futuro. Es por eso que han aprendido a reproducir frailejones y otras especies de páramo en viveros.

La imagen del Páramo de Berlín hoy es la de un territorio en transición: menos negro –aunque aún están presentes los frailejones que murieron– y más verde. Aunque frágil todavía, el páramo está encaminado a reconstruir lentamente su equilibrio: diversas zonas llenas de pequeños brotes de nuevos frailejones son un reflejo de esperanza.

*Imagen principal: el Páramo de Berlín, justo después del incendio de 2024. Foto: cortesía Bjorn Reu.

El artículo original fue publicado por Alejandra López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Cada 13 de octubre en Tobuna, una localidad de la selva misionera, se celebra la Fiesta del Loro Pecho Vinoso. Durante esa jornada, las 120 familias de la zona participan en eventos deportivos, festivales artísticos y ferias gastronómicas. Todo gira en torno a esta colorida ave que no existe en ninguna otra parte de Argentina.

En este pueblo es común ver al loro retratado en carteles, pinturas y camisetas como símbolo de identidad local. Pero no siempre fue así. Veinte años atrás, cuando llegaron los primeros científicos del Proyecto Selva de Pino Paraná, muchos ejemplares estaban en las casas como mascotas. Algunos agricultores de la zona notaron que cada vez era más difícil toparse con ellos en la vida silvestre.

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“El loro siempre vivió en estos bosques, pero empezamos a ver que estaba bajando la población por el mascotismo y los desmontes. Y estos animales necesitan refugio y alimento natural. Había que hacer algo”, recuerda Getulio González, productor local de maíz, tabaco y yerba mate.

La preocupación entre los vecinos aumentó cuando supieron que sus terrenos eran el último enclave que les quedaba a estas aves en todo el país.

Ante la escasa bibliografía existente, las investigaciones del Proyecto Selva de Pino Paraná dieron a conocer la situación crítica del loro pecho vinoso (Amazona vinacea). Gracias a esta revisión, la especie fue categorizada En Peligro Crítico a nivel nacional, mientras que a nivel global se encuentra En Peligro, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

En estas poco más de dos décadas (2005-2026), a partir de tareas de manejo como protección de nidos y la reforestación de árboles nativos —principalmente del pino paraná (Araucaria angustifolia)— se estabilizó la población del ave y se impulsó un progresivo crecimiento de su población.

El pino paraná es un árbol de gran porte que sirve de refugio y nidificación. Sus frutos carnosos alimentan a esta ave mediana (de entre 30 a 36 centímetros de longitud), que al consumir principalmente frutos de flora nativa cumple un rol biológico relevante en la dispersión de semillas.

Adicionalmente, en 2024 la ONG Aves Argentinas diseñó e implementó un programa en territorio para promover nidos artificiales que reduzcan la competencia con otras aves y darle protección y sostenibilidad a las poblaciones del loro amenazado.

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Un tesoro del bosque atlántico

El primer conteo en el que participó el Proyecto Selva de Pino Paraná, en 2005, registró 163 ejemplares en Tobuna y otros pequeños parajes del departamento de San Pedro, en la provincia de Misiones. La situación alertó a los expertos, ya que durante la primera mitad del siglo XX, el loro pecho vinoso habitó gran parte de Misiones y su población podía contarse en miles. La profunda pérdida de hábitat del bosque atlántico (actualmente sólo queda el 14 % del ecosistema original) empujó a la especie a parajes reducidos donde aún quedan bosques de pino paraná.

El censo también puso en números el nivel de reducción que Getulio González y otros vecinos ya venían advirtiendo.

Y es que debido a la llamativa coloración del ave, pecho violáceo (de ahí su nombre), frente roja y nuca turquesa, fue víctima habitual de extracciones directas para el mascotismo y el comercio ilegal.

“A fines de diciembre solían extraerse pichones, ya sea para tenerlos en casa o para venderlos a alguien que venía a buscarlos de Brasil [Tobuna está ubicado a sólo 35 kilómetros de la frontera]”, recuerda Rodrigo Fariña, uno de los miembros fundadores del Proyecto Selva de Pino Paraná y actual coordinador del Proyecto Bosque Atlántico de la ONG Aves Argentinas.

Según Fariña, entre 2003 y 2004 se encontraron más de 40 loros en cautiverio en Tobuna y sus alrededores, muchos de ellos capturados desde pichones. Fue con estos ejemplares que los científicos empezaron a describir y estudiar la especie.

Mientras se conocían aspectos de su dieta y etapa reproductiva, se fueron gestando campañas para estimular la identificación, promover la conservación y reducir el mascotismo. No sólo visitaron hogares, sino que durante más de cinco años científicas del proyecto, como Bianca Bonaparte y Kristina Cockle, trabajaron con docentes de las escuelas de la zona. Nadie hablaba del loro pecho vinoso en las aulas. Para 2012, nueve de cada diez maestros reportaron haber usado esta ave como ejemplo de especie amenazada en sus clases.

El cambio cultural alcanzó un hito en agosto de 2019, cuando se declaró al loro pecho vinoso como Monumento Natural Provincial en Misiones. Esta norma apunta a frenar la caza, comercialización y tenencia del ave. Además, implica sanciones para quienes la incumplan, como multas económicas, inhabilitaciones para cazar y decomiso de bienes y ejemplares.

La bióloga Sofía Zalazar coordina desde 2024 el programa de conservación de esta especie que impulsa Aves Argentinas y comenta que si bien las extracciones disminuyeron significativamente, aún se topan con casos que demuestran que el trabajo educativo debe sostenerse.

“Este año una familia se nos acercó y nos entregó voluntariamente su loro, que ya tenía más de un año con ellos. Eso quiere decir que todavía hay saqueo de pichones”, apunta Zalazar.

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El desafío reproductivo: la escasez de nidos

Cada tarde, después de faenar la tierra, Getulio González camina a sus terrenos, donde aún crece bosque nativo. A inicios de siglo, en un área de 10 hectáreas, plantó semillas de pino paraná. Hoy, gracias a estos árboles gigantes de 20 metros de alto, aún es posible escuchar los cantos de los loros pecho vinoso.

El escenario no es uniforme en el resto de la localidad. “En las grandes propiedades los árboles ya no existen. Con las topadoras tumbaron todo”, cuenta González sobre los proyectos madereros industriales. Aunque el mensaje de la conservación cada vez ha calado más en la vida de los agricultores, en momentos de crisis económica, como cuando baja el precio del kilo de yerba mate, algunos productores han recurrido a la tumba de árboles para sembrar otros cultivos y poder sobrevivir.

Esta combinación de factores ha reducido históricamente la cantidad de árboles en los que los loros instalan sus nidos.

De hecho, los estudios realizados durante la década de 2000 por el Proyecto de Selva Pino Paraná permitieron conocer las características del proceso de nidificación de la especie. Estos loros eligen árboles de gran porte como el pino paraná, ya que usan cavidades ubicadas en partes altas, a 20 metros del suelo y que pueden llegar a tener 90 centímetros de profundidad.

“Cuando se pierden estos árboles se reduce la cantidad de cavidades y empieza una competencia más intensa con otros loros, pero también con otras aves, abejas y zarigüeyas que los utilizan. Con pocos huecos se hace difícil sacar adelante los pichones”, refiere la bióloga Sofía Zalazar, de Aves Argentinas.

Los loros pecho vinoso pueden poner hasta cuatro huevos, pero sólo tienen una nidada al año y el éxito reproductivo es bajo. Muchas veces las parejas fracasan o logran sacar adelante apenas un pichón.

Para impulsar el aumento poblacional de la especie, en 2024 Aves Argentinas instaló una estación biológica en Tobuna.

Un día, Zalazar y otros científicos llegaron a la casa de Getulio González con cajas rectangulares. Estos dispositivos, hechos de plástico reciclado y madera, tienen un orificio en la parte superior para funcionar como nidos artificiales que aumenten la oferta de cavidades.

“Obviamente hay otras especies que las pueden utilizar. Eso también es positivo, ya que así se reduce la competencia por otros huecos [naturales]”, apunta Zalazar.

En las chacras de González se colocaron 15 cajas nido en árboles de gran porte que no tenían cavidades o en zonas que los loros ya habían usado antes para nidificar. En 2025, en todo Tobuna se colocaron 40 cajas y para la temporada 2026 se busca sumar 100 más.

Los científicos también entendieron que no bastaba con ampliar el número de cavidades. Había que garantizar el crecimiento de los pichones en los nidos naturales. Bajo esa misión se conformaron guardianías con biólogos, técnicos, voluntarios y las mismas familias productoras.

Durante la etapa reproductiva, entre septiembre y diciembre de cada año, Getulio González está atento a si alrededor de los árboles que poseen nidos rondan abejas, tucanes o zarigüeyas que pueden comerse los huevos. Aunque el equipo científico se instala durante varios días cerca de los nidos, son los productores como González quienes actúan como los primeros guardianes de los pichones.

Ante cualquier amenaza, los locales informan a la estación científica, que envía expertos para revisar y, si es necesario, realizar tareas de mantenimiento en los nidos. “Tapamos agujeros por donde entra agua, extraemos parásitos externos, también hemos implementado anillos de acero rodeando los troncos de los árboles para evitar que suban predadores. El objetivo es que la mayor cantidad posible de pichones logre salir de los nidos”, refiere Fariña.

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La reforestación de pino paraná que ayuda al loro pecho vinoso

Las primeras luces del 8 de septiembre de 2009 dejaron ver una postal devastadora en Santa Rosa, un pequeño paraje a 10 kilómetros de Tobuna. Al amanecer se pudo dimensionar el impacto causado por el tornado F4 que había sacudido la selva durante la noche previa.

Los vientos se llevaron once vidas humanas, casas, ganado y cultivos. Decenas de árboles fueron arrancados del bosque nativo, como si una topadora hubiera pasado por encima.

En la reconstrucción del lugar, los vecinos no sólo levantaron sus viviendas, también consideraron la restauración de su hogar mayor: el monte. Ante el panorama desolador, Abilio Rodríguez se preguntó por los loros pecho vinoso. “Con el tornado, las cortinas de bosque desaparecieron, los pinos que eran sus refugios ya no estaban. ¿Qué sería de ellos?”, se preocupó entonces.

A las pocas semanas se juntaron 25 familias y decidieron plantar pinos paraná y otros árboles nativos para recuperar algo de lo perdido. En 2010, con apoyo del Proyecto Selva de Pino Paraná, sembraron los primeros 523 plantines.

Con el pasar del tiempo se sumaron otras familias, incluyendo algunas de parajes vecinos. Rodríguez fue uno de los pioneros en esa iniciativa. “Los vecinos me fueron preguntando dónde conseguir arbolitos. La gente se fue interesando cada vez más en el proyecto”, menciona.

Entre 2010 y 2024, unas 90 familias plantaron 3926 ejemplares de especies nativas en sus chacras y escuelas. Además de los pinos paraná, crecieron grapia (Apuleia leiocarpa), pitanga (Eugenia uniflora), yaboticaba (Plinia trunciflora), entre otras especies.

Hoy los árboles lucen altos y dan frutos cada temporada. Sin embargo, para Rodríguez lo más reconfortante es ver el hábitat del loro reverdecer. “Donde hay araucarias [pinos paraná], hay loros. Al conservar a uno, conservas al otro. Por eso seguimos recuperando bosques”, dice con satisfacción.

Las diferentes acciones ejecutadas en estas dos décadas —estudios, campañas socioeducativas, regulación legal, protección y ampliación de nidos, reforestación— permitieron estabilizar la escasa población de loros pecho vinoso. A partir de los conteos realizados entre 2007 y 2025 se evidencia una tendencia positiva en la selva de Misiones.

“Los conteos de a poquito van dando números más altos. En paralelo, se fueron viendo muchos cambios en la relación de los vecinos con el loro. Hoy es una especie que identifican y de la que sienten orgullo”, menciona Zalazar.

Mientras que en 2005 se identificaron 163 ejemplares, para 2016 ya se reportaron 252 individuos. Tras ese estudio, por falta de recursos, los conteos se interrumpieron.

En 2025, Aves Argentinas junto con otras instituciones, tanto gubernamentales como particulares, reactivaron las mediciones y llevaron a cabo un conteo trinacional (incluyendo las áreas de distribución de la especie en Brasil y Paraguay).

Este estudio se realizó a fines de marzo de ese año, cuando los loros pecho vinoso, tras la etapa reproductiva, se reúnen en bandadas para transitar el otoño y el invierno. Se realizaron durante tres días en los dormideros previamente identificados y, para evitar el doble conteo, el proceso se realizó de forma simultánea en cada sitio. Se contabilizaron 323 individuos sólo en Argentina.

Rodrigo Fariña asegura que si bien hay un crecimiento visible en el campo, los conteos también fueron mejorando su metodología y logística (mayor número de observadores). Ahora se encuentran planificando el nuevo conteo anual.

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Los desafíos de rehabilitar los loros que fueron mascotas

La mayoría de los ejemplares de loro pecho vinoso rescatados del mascotismo o del tráfico ilegal llegan al Centro de Rescate y Conservación Güirá Oga, una organización de Fundación Azara que trabaja en conjunto con Aves Argentinas. Allí entran en cuarentena y después de una revisión sanitaria arranca un proceso de recuperación que suele extenderse por más de un año.

El médico veterinario Dante Di Nucci ha recibido muchos loros con problemas nutricionales y físicos. “Vienen con dietas deficientes. Les dan semillas de girasol que les generan adicción y son dañinas para el hígado. Lograr que se alimenten sano toma tiempo”, sostiene.

Con los primeros ejemplares recuperados, en la década de 2010, se conformó un plantel reproductivo. “Tenemos varias parejas y todos los años reproducimos para aumentar el número de pichones y en un futuro poder liberar una bandada”, cuenta Di Nucci. Según el especialista, se necesita al menos un grupo de cinco individuos aptos para hacer una liberación definitiva.

Actualmente, vienen trabajando con una decena de ejemplares, entre rescatados y nacidos en cautiverio. Conforme avanza la preparación se modifican dietas para que el ave deje el alimento vinculado al humano y logre reconocer el alimento que va a tener que conseguir en vida libre.

Otro punto clave es lograr que recuperen o adquieran la capacidad de volar. Se realizan ejercicios de musculación, que inician en espacios reducidos y progresivamente van pasando a lugares de mayor superficie. Llegan hasta jaulones de 25 metros de largo, donde culminan su preparación de vuelo.

Se espera poder realizar una primera liberación este año, pero Di Nucci afirma que al final “los tiempos reales te los marcan los mismos animales”.

Para este año también hay expectativa en la recopilación de información de los transmisores colocados en cinco pichones. Con este seguimiento satelital, Aves Argentinas busca estudiar los usos de hábitat de los loros.

“Eso nos va a generar un montón de información, sobre todo cuando esos juveniles empiecen a crecer, para ver qué manchones de selva utilizan y son prioritarios para la conservación de la especie”, refiere Fariña.

En el bosque germina también otra conciencia. Los niños de Tobuna y sus alrededores conformaron un Club de Naturaleza junto con científicos de la estación biológica de Aves Argentinas. Este grupo realiza observación de aves con binoculares, senderismo, técnica de trepa (para colocar cajas nido) y se estimula la valoración de la selva misionera.

Getulio González los recibe cada mes para que recorran sus terrenos y vean a los loros vinosos que viven en los pinos paraná. “Que conozcan lo que tenemos en nuestros bosques. Si nosotros no los cuidamos, ¿quién lo hará?”, concluye.

*Imagen principal: el loro pecho vinoso habita en los árboles de pino paraná. Foto: cortesía Marc Estornell.

El artículo original fue publicado por Oscar Bermeo Ocaña en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una tropa de monos al amanecer. Su líder ve un árbol cargado de fruta al otro lado de la calle, pero el bosque está desconectado y la única forma de cruzar es usando el cableado eléctrico. Varios de ellos no murieron por el ataque de un depredador sino electrocutados: el líder de la tropa y la madre de una cría. Esta es una escena que se repite cada día en Costa Rica.

En las zonas costeras costarricenses, los monos llevan años enfrentándose a lesiones graves o incluso a la muerte al utilizar los cables del tendido eléctrico para cruzar de un lado de la calle al otro.

De acuerdo con el biólogo Ronald Sánchez, profesor catedrático jubilado de la Universidad de Costa Rica y quien continúa trabajando con primates, cada año mueren cerca de 1000 monos de cuatro especies distintas, debido a la electrocución en el cableado. Esta situación surge del aumento del desarrollo urbanístico en las costas, donde además se concentra una gran parte de las poblaciones de primates del país.

“Cuando el turismo empieza a construir hoteles, restaurantes y casas, se pierde hábitat. Entonces se cortan las rutas alimentarias establecidas de los monos y tienen que buscar otras alternativas. Ahí es donde empiezan a decidir si caminan, si se van por los cables o por los techos. De esa forma comenzaron los problemas”, señala Sánchez.

Diversas ONG han trabajado en la búsqueda de soluciones. Por el momento, una de las principales ha sido la instalación de pasos de fauna aéreos: pequeños puentes diseñados específicamente para brindar una alternativa más segura a los primates y que han demostrado ser altamente eficientes.

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De acuerdo con un estudio realizado por las investigadoras Inés Azofeifa y Tremaine Gregory, luego de haber colocado 111 pasos elevados entre 2015 y 2021, junto con cableado aislado, la población de monos congos (Alouatta palliata) en Playa Hermosa de Guanacaste, en la costa del Pacífico de Costa Rica, aumentó de 59 a 99 individuos, mientras que las muertes anuales bajaron de cinco a una.

Un desarrollo urbano que empuja a los monos al peligro

Los primates de Costa Rica han visto su hábitat reducirse cada vez más durante las últimas décadas. Esto implica que deben cruzar calles y exponerse al riesgo de ser electrocutados en cables de alta tensión para buscar comida para sí mismos o para sus crías.

Además, en el territorio costarricense existen cuatro especies de monos y todas se encuentran en peligro de extinción local: el mono congo (Alouatta palliata), el mono carablanca (Cebus capucinus), el mono tití (Saimiri oerstedii) y el mono araña (Ateles geoffroyi).

De hecho, del mono araña, que podía verse en todo Costa Rica, hoy solo quedan pocos grupos en la zona norte del país, comenta Sánchez.

De acuerdo con datos de la ONG Salve Monos, la electrocución lidera la mayor causa de muerte en monos en los reportes que reciben anualmente. En 2023 y 2024, más del 60 % de los accidentes denunciados ocurrieron por esta causa, muy lejos de los accidentes por atropellos que corresponde al segundo lugar, con un 19.5 %.

“Las cuatro especies de monos que tenemos en Costa Rica están en peligro de extinción. Tenemos dos en estado crítico: el mono araña, que ya prácticamente no se encuentra en algunas costas, y los monos tití, que son una subespecie endémica de Costa Rica”, indica Shirley Ramírez, asesora en Conservación y Manejo de Vida Silvestre del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

Los investigadores aseguran que la raíz de este problema es el aumento acelerado de la urbanización sin planificación adecuada. Esto ha limitado las zonas en las que los animales pueden vivir y ha provocado la fragmentación del bosque, poniendo en riesgo sus vidas.

“El problema de fondo es un cambio en la habitabilidad de las especies. Nuestra forma de habitar, como seres humanos, está modificando la de otras especies y poniendo en riesgo su supervivencia. Sustituimos la matriz boscosa por suelo cultivable, carreteras y edificaciones. Ese es el principal problema que enfrentamos, no solo como país, sino como planeta”, señala Inés Azofeifa, bióloga de Salve Monos.

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Vecinos de comunidades del distrito de Cóbano, en la provincia de Guanacaste, se han organizado para reportar cuando observan a un mono lesionado o fallecido. Según Daniel Gutiérrez, presidente de la ONG Somos Congos, quienes se dedican a hacer de este distrito un lugar más seguro para los monos congos, han creado un chat con cerca de 200 personas para facilitar estos reportes.

Marianne Fischel pertenece a la comunidad de Santa Teresa y afirma que presenciar electrocuciones de monos es una experiencia traumática que ha observado durante varios años. De hecho, en la zona ya no se observa al mono cara blanca. Por ello, la comunidad coordinó junto a Somos Congos y al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la forma de aislar los transformadores y ayudar a los primates.

“Los vecinos de calle Jaguar, pudimos recolectar la plata para poder pagar por la instalación del aislamiento del transformador y desde la comunidad lo vemos como algo súper positivo”, señala Fischel.

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Reconectando lo que el desarrollo separó

Para evitar que los monos sufran electrocuciones, biólogos y comunidades han impulsado la instalación de pasos de fauna aéreos. Estas estructuras permiten que los primates se desplacen entre árboles de forma más segura.

“Los pasos elevados sí contribuyen a la conectividad y, por ende, al bienestar de las tropas de monos. Al evitar la electrocución, las poblaciones retoman su ritmo reproductivo y aumentan nuevamente, con un promedio de dos a tres crías por año, lo que puede representar un incremento cercano al 30 % anual”, explica Sánchez.

Debido a que el desarrollo de estos puentes requiere de materiales específicos, asegurar la tensión correcta y una construcción segura para los primates, Ronald Sánchez publicó una guía para el desarrollo de los puentes aéreos que puede ser consultada por quienes deseen implementar este tipo de soluciones y proteger a los monos.

De acuerdo con Sánchez, a la hora de elegir los materiales, la clave está en la durabilidad y la seguridad. Deben resistir el sol, la humedad y el uso constante, sin soltar residuos o calentarse al punto de lastimar las extremidades de los animales. Además, requieren mantenimiento constante para garantizar su funcionamiento.

El anclaje debe hacerse desde la base de los árboles, no solo en las ramas o la copa. El diseño también incluye una cuerda superior donde los monos apoyan su cola prensil para mayor estabilidad: a este modelo se le conoce como “escalera vertical”.

Tanto Sánchez como Azofeifa, quienes han construido puentes durante décadas, aseguran que, una vez instalados, los monos suelen preferir los pasos de fauna por encima de los cables eléctricos. Según su experiencia, incluso si el puente se instala en la mañana, ya en la tarde los animales pueden estar utilizándolo.

“Los pasos de fauna no son soluciones temporales, sino herramientas que buscan compensar el impacto de la infraestructura humana. A través de estructuras artificiales o semiartificiales se restablece la conectividad del dosel y se permite que los mamíferos arbóreos continúen desplazándose con menor riesgo”, indica Azofeifa.

Vecinos y biólogos se han unido a través de distintas iniciativas ciudadanas, como ONG o colaboraciones con el ICE. Gracias a este trabajo conjunto han logrado instalar puentes en sus comunidades para proteger a los monos. Como resultado, ya se han colocado cientos de pasos de fauna aéreos en distintas zonas del país, principalmente en las provincias que poseen costas en el Pacífico, como Guanacaste y Puntarenas.

Sin embargo, los especialistas advierten que estos puentes no pueden instalarse de cualquier manera. Aunque no existe una “receta” universal y perfecta, es necesario realizar estudios de comportamiento en la forma en que se mueven las tropas de monos para colocarlos en los lugares por los que ellos transitan.

“Independientemente del diseño del paso aéreo que se instale, para que funcione es indispensable contar con estudios previos realizados por especialistas. Si no se determina con precisión la ruta que utilizan los monos y otros vertebrados arbóreos para desplazarse, cualquier paso de fauna se convertirá en simple contaminación visual”, señala el biólogo de la Universidad de Costa Rica, Óscar Chaves.

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Los pasos de fauna dentro de una estrategia integral

A pesar del aporte de los puentes elevados, los especialistas coinciden en que no pueden ser la única respuesta ante el problema de la electrocución. Una de las medidas complementarias más importantes ha sido la instalación de cables y transformadores con materiales aislantes para reducir el riesgo.

Víctor Castro, coordinador de Gestión Socioambiental del ICE, explica que los cables que están utilizando cuentan con un recubrimiento de tres capas de polietileno que aísla el elemento conductor y evita que se genere un arco eléctrico cuando entra en contacto con los animales.

Marianne Fischel, por ejemplo, asegura que en la comunidad de Santa Teresa se aislaron los transformadores en enero de 2026, en coordinación con el ICE, y no han vuelto a observar monos electrocutados en la comunidad.

Sin embargo, algunos especialistas consideran que la solución definitiva para terminar con las electrocuciones es el cableado subterráneo. El abogado ambiental Walter Brenes señala que esta es la única medida que eliminaría completamente los incidentes.

“La única forma de eliminar el problema de raíz es que las empresas electrificadoras instalen el tendido eléctrico bajo tierra. No existe otra solución que garantice la eliminación total de los incidentes por electrocución”, asegura el abogado.

Ronald Sánchez coincide en que el cableado subterráneo en zonas costeras es una necesidad y no un lujo, ya que su objetivo no es mejorar la estética del paisaje, sino proteger la vida de la fauna silvestre.

“Los pasos son una alternativa ante la falta de conectividad del bosque. Sin embargo, debemos aprender que los árboles pueden ser manejados adecuadamente para devolver la verdadera conectividad. El uso de puentes no debe interpretarse como un permiso para seguir deteriorando las rutas de muchos animales arbóreos”, asegura Sánchez.

Azofeifa insiste en que lo más importante es reconectar el bosque, ya que si se decide únicamente instalar el cableado de forma subterránea, pueden surgir otros problemas para la vida silvestre, como el atropello de animales o ataques de perros. Según explica, lo que los animales realmente necesitan es una cobertura boscosa segura donde puedan habitar.

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Un desarrollo costero que piense en quienes ya viven ahí

Los primates cumplen un papel clave dentro del ecosistema, ya que su capacidad para dispersar semillas los convierte en actores fundamentales para la regeneración del bosque.

“En conjunto con los murciélagos y algunas aves de gran tamaño, los primates son de los principales ‘jardineros’ del bosque. Entre ellos, los monos congo destacan por ser los frugívoros más abundantes en la mayoría de los bosques, incluso en fragmentos pequeños. Su alta presencia y biomasa les otorgan un papel aún más relevante en la dispersión de semillas”, explica Oscar Chaves.

Es por eso que las acciones para protegerlos no sólo responden a una responsabilidad humana frente a la fauna silvestre, sino también a la necesidad de mantener ecosistemas saludables.

Esto plantea la necesidad de un desarrollo urbano en las costas que piense en los animales que habitan en estas zonas. Garantizar la conectividad entre los fragmentos de bosque es clave para que los animales puedan desplazarse de forma segura.

“Los bosques deben mantenerse continuos para garantizar la supervivencia de muchas especies. No solo permiten una distribución adecuada de las poblaciones, sino que también favorecen el intercambio genético y reducen el riesgo de procesos endogámicos [reproducción entre individuos estrechamente emparentados] que pueden debilitar a las especies a largo plazo”, señala Sánchez.

De hecho, especialistas como Azofeifa consideran necesario fortalecer la Ley de Vida Silvestre de Costa Rica para garantizar medidas que protejan la conectividad de los bosques y a la fauna que vive en ellos.

“Con una modificación a la Ley de Vida Silvestre se buscaría que los pasos de fauna sean obligatorios tanto en la infraestructura ya existente como en los futuros desarrollos. De poco sirve enterrar el cableado o mejorar la planificación si se mantiene la cobertura boscosa, pero sin conectividad entre los fragmentos”, enfatiza.

Mientras se discuten transformaciones más profundas en la forma en que se desarrolla la infraestructura en las zonas costeras, iniciativas como los pasos de fauna, el aislamiento del cableado y los reportes comunitarios buscan que los monos sufran menos electrocuciones y puedan moverse con mayor seguridad por los bosques que aún quedan en Costa Rica.

*Imagen principal: los pasos de fauna aéreos representan una herramienta para ofrecerle a los monos una ruta segura, lejos del tendido eléctrico que cada año cobra la vida de decenas de individuos. Foto: cortesía Salve Monos.

El artículo original fue publicado por Mario Fernández Calderón en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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