Lo que ocurrió el último domingo de septiembre de 2024 sintetizó el desdén que el gobierno mexicano mostró hacia los temas ambientales en los últimos seis años. Ese día, en Chetumal, Quintana Roo, a unas horas de terminar su periodo presidencial, Andrés Manuel López Obrador inauguró todo el circuito que recorre el llamado Tren Maya, entregó reconocimientos a los militares que construyeron la obra y, una vez más, descalificó la labor de personas y organizaciones que denunciaron los daños ambientales que ha causado este megaproyecto.

López Obrador consideró “una hazaña” la entrada en funcionamiento del llamado Tren Maya. No mencionó que para construir este megaproyecto emblemático de su administración se deforestaron más 6659 hectáreas, se fragmentó aún más a la Selva Maya, se construyó un hotel dentro de una Reserva de la Biosfera, se dividió a comunidades, se ignoraron leyes ambientales y se perforaron cenotes, esas cavernas que resguardan el agua subterránea y que dan una personalidad especial a la Península de Yucatán.

Para México, el año 2024 representó el cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, presidente que emprendió lo que él mismo llamó la Cuarta Transformación del país. A lo largo de esa transformación fue criticado por expertos, científicos, organizaciones ambientales e indígenas por no respetar un territorio considerado entre los más biodiversos.

En el 2024 se mantuvo la misma tendencia de los años previos: los temas ambientales no fueron una prioridad, al contrario, quedaron relegados. En ello coinciden especialistas en temas de bosques, océanos, áreas naturales protegidas, política ambiental y quienes desde organizaciones no gubernamentales acompañan a las personas defensoras de ambiente y territorio.

México termina el año 2024 con instituciones ambientales debilitadas y sin capacidad operativa, con una mayor degradación ambiental, con una fuerte criminalización de las personas defensoras del ambiente y el territorio, con delitos ambientales que permanecen impunes, con océanos y zonas forestales sin atención. Como consecuencia, se enraizó aún más el control que tienen los grupos del crimen organizado en los espacios naturales.

Lo grave: el debilitamiento de las instituciones

Desde su primer año de gobierno, Andrés Manuel López Obrador mostró que el ambiente no era un tema prioritario ni urgente de atención. Sus prioridades estuvieron en otras áreas, por ejemplo, en impulsar Sembrando Vida, un programa social en donde se asegura que el componente ambiental recae en la reforestación. Sin embargo, según los expertos entrevistados, no está dirigido a restaurar ecosistemas forestales. Y muestra de ello es que el programa no cuenta con indicadores ambientales que permitan conocer su impacto en biodiversidad, en suelos y en recuperación de coberturas forestales.

López Obrador también colocó en el centro de su gobierno la construcción de megaproyectos como la Refinería Dos bocas en una zona con manglares de Tabasco, el llamado Tren Maya en la Península de Yucatán o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que incluye la instalación de, al menos diez, parques industriales en Oaxaca y Veracruz.

“El modelo de desarrollo [en México] ha privilegiado la realización de grandes proyectos argumentando que son detonadores del crecimiento económico, pero pasan por alto sus impactos y costos socioambientales”, señalan los 35 especialistas que participaron en la elaboración del documento titulado Agenda Socioambiental 2024.

En esa publicación, académicos, científicas, integrantes de organizaciones civiles y exfuncionarias realizan una revisión de las acciones que realizó el sexenio de López Obrador en temas como agua, agricultura, bosques, energía, cambio climático, entre otros. Si bien reconocen que hubo avances en la protección de los maíces criollos, en tratar de eliminar en forma paulatina el uso del glifosato y en no entregar nuevas concesiones mineras, en general el balance que presentan es negativo.

“En la política nacional de desarrollo persiste un modelo que ha conducido a la degradación ambiental y a la pérdida de biodiversidad”, resalta el grupo de 35 especialistas.

Además, desde el mismo gobierno se minimizaron y desdeñaron procedimientos como la consulta popular o estudios como la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), señala Gustavo Alanís, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Las denuncias sobre consultas populares realizadas en forma inadecuada y de MIAs que se presentaron fuera de tiempo, con datos erróneos, sin considerar todos los impactos acumulados o cuya información se reservó fueron constantes en los megaproyectos icónicos del sexenio, como la Refinería de Dos Bocas, el CIIT, el llamado Tren Maya y el que ya se conoce como “El tren fantasma en Sonora”.

Los expertos entrevistados también destacan un tema que fue recurrente a lo largo del sexenio de López Obrador: el debilitamiento de las instituciones responsables de la gestión ambiental, ocasionado por los recortes presupuestales que padeció el sector, en especial en 2020 y 2021. Si bien existió un aumento para los siguientes años, y en 2024 el presupuesto para Medio Ambiente y Recursos Naturales llegó a poco más de 70 mil millones de pesos (más de tres millones de dólares), la mayoría de ese dinero se destinó a la construcción de obras hidráulicas.

“Más del 80 % del presupuesto ambiental se destinó a la Conagua (Comisión Nacional del Agua), a pesar de su notoria corrupción y sometimiento a los intereses de los grandes concesionarios acaparadores del agua”, resaltan los autores de la Agenda Socioambiental 2024.

La falta de presupuesto para todas las otras áreas del sector ambiental se resintió y llevó a que se tuvieran problemas en cascada. Entre los más evidentes está la casi inexistente acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que perdió su capacidad para combatir los delitos ambientales, como la tala y la pesca ilegal.

“La carencia de presupuesto y de personal llevó a que la autoridad ambiental no pudiera cumplir con sus atribuciones; que estuviera completamente ausente y omisa”, destaca Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda.

Eso también lo resaltan quienes escribieron la Agenda Socioambiental 2024: la disminución del presupuesto llevó a las instituciones “al límite de la inoperancia y casi nula presencia en campo”. Al mismo tiempo, destacan que “se ha producido un fenómeno social de gravedad mayúscula: el avance del control de los territorios por parte de la delincuencia organizada”.

Lo preocupante: violencia contra defensores del ambiente

Antes del gobierno de López Obrador, México ya aparecía en la lista de los cinco países con el mayor número de agresiones en contra de quienes defienden bosques, ríos, montañas y todo aquello que da vida a un ecosistema. Tan solo entre 2012 y 2023 fueron asesinadas 203 personas defensoras del ambiente y el territorio, de acuerdo con datos de Global Witness, organización no gubernamental que documenta estas violencias.

Durante el sexenio de López Obrador 102 personas defensoras de ambiente y territorio sufrieron agresiones letales, de acuerdo con la documentación realizada por Cemda. En 2023 se registraron 20 de esos asesinatos. Y aunque todo parece indicar que para el 2024 disminuyó levemente el número de homicidios, los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos también muestran que han ido al alza otras violencias, en especial la criminalización.

Por lo menos hay 61 personas vinculadas a carpetas de investigación acusadas de diversos delitos, sobre todo daños a las vías de comunicación. La mayoría de esas acusaciones surgieron después de que esas personas manifestaron su oposición al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), como lo documentó una misión civil formada por integrantes de organizaciones que recorrió algunas comunidades afectadas por este megaproyecto.

La criminalización también la han padecido comunidades que han denunciado la contaminación y despojo de territorio que provocan las granjas porcícolas en la Península de Yucatán. Así como la comunidad El Coyul que se ha opuesto a los planes de particulares que buscan realizar un proyecto inmobiliario en una zona de manglar y arribo de tortugas en Oaxaca.

A lo largo del sexenio de López Obrador, otra de las violencias que tomó fuerza fue la estigmatización en contra de las personas, comunidades y organizaciones defensoras de ambiente y territorio. Durante la conferencia matutina que el presidente ofrecía todos los días y que se conoció como “la mañanera”, se descalificó a quienes denunciaban los daños ambientales causados por los megaproyectos.

La impunidad también se instaló en muchos de los casos de personas defensoras del ambiente y el territorio asesinadas o desaparecidas, tal y como ha sucedido en el caso de la desaparición del abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, ocurrida en enero de 2023. El año 2024 terminó sin que ellos ni otras 37 personas defensoras sean localizadas.

Gabriela Carreón, co-coordinadora de TerraVida, organización que acompaña a personas y comunidades defensoras de ambiente y territorio, resalta que el hecho de que la construcción de megaproyectos —como el CIIT o el llamado Tren Maya— hayan estado a cargo de militares, desató diversas dinámicas en los territorios. Una de ellas fue inhibir la protesta social.

“Las instituciones en México no han estado a la altura para garantizar la seguridad de las personas defensoras de ambiente y territorio, ni para combatir la impunidad que persiste en estas violencias”, considera Carreón. Y es por ello que una de las deudas que dejó el año 2024 es la implementación del Acuerdo de Escazú.

Carreón considera que, pese a que México fue uno de los países que impulsó la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, en el territorio nacional “ha faltado voluntad de los entes institucionales para implementarlo”. Y hay dos ámbitos en donde es claro que el acuerdo sigue sólo en el papel: no se tienen aún jueces especializados en materia ambiental y hay grandes problemas en el acceso a la información ambiental, ya que muchos datos ambientales no están actualizados o se niega su acceso.

En México, además, la defensa del medio ambiente y del territorio no sólo se enfrentó a los megaproyectos impulsados por el Estado o por empresas. En 2024 fue aún más evidente la presencia de grupos del crimen organizado que han hecho parte de su negocio el tráfico de especies, la pesca o la tala.

Lo crítico: el control del crimen organizado en territorios forestales

Chihuahua, Durango, Estado de México y Michoacán son algunos de los estados del país en donde sus habitantes han denunciado casos en donde el crimen organizado ha entrado a controlar el manejo forestal comunitario. Eso lo ha documentado Iván Zúñiga, gerente de Paisajes Forestales del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y quien desde 1995 trabaja en el tema del manejo sostenible de bosques. En esos estados del país “[personas vinculadas al crimen organizado] han tomado las mesas directivas de las organizaciones de manejo forestal, están al frente de aserraderos o de la cadena de suministro de productos forestales”.

Zúñiga es uno de los autores que participó en el capítulo dedicado a las regiones forestales, incluido en la Agenda Socioambiental 2024. En ese apartado se señala que “el empoderamiento de los grupos criminales ha incrementado la tala ilegal, incluso en regiones en donde las comunidades habían avanzado en la gestión sustentable de los territorios”.

También se menciona que la tala ilegal “se ha convertido en un problema creciente y generalizado”. Según ese documento, se estima que entre siete a nueve millones de metros cúbicos de madera en rollo son taladas ilegalmente al año. Eso representa entre el 95 y 120 % de todo el aprovechamiento legal de madera que se registra en el país.

Poco más del 70 % del territorio nacional alberga algún ecosistema forestal. Aún así se desatendió el sector forestal: “No se le miró como un sector productivo elemental para el desarrollo de varias regiones del país. No tuvo un impulso adecuado, sobre todo durante la segunda parte del sexenio”, señala Zúñiga.

La falta de capacidad del Estado para atender la agenda forestal, propiciada por la disminución del presupuesto de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), fue uno de los varios ingredientes que abonaron el terreno para lo que hoy se padecen en muchos de los territorios forestales del país, por ejemplo, el aumento en la presencia de plagas y enfermedades, así como incendios que cada vez afectan a una superficie más amplia, como lo muestran los datos de la propia Conafor.

El país tampoco pudo disminuir la pérdida de superficie forestal: si en el 2022, al menos, 179 000 hectáreas se quedaron sin cobertura arbórea, para el 2023 esa cifra se elevó a 226 000 hectáreas, de acuerdo con los análisis más actualizados de la plataforma Global Forest Watch.https://www.globalforestwatch.org/embed/widget/treeLoss/country/MEX

Una de las regiones del país que más ha perdido cobertura forestal es la Península de Yucatán. Entre 2019 y 2023, al menos, 285 580 hectáreas dejaron de ser terrenos forestales, de acuerdo con los datos de una plataforma de análisis de imágenes satelitales desarrollada por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), bajo la dirección técnica del doctor Edward Ellis. Esta herramienta permite conocer que las causas de la deforestación en esa región fueron la construcción del llamado Tren Maya y del aeropuerto internacional de Tulum, la expansión de la agroindustria y de las granjas de cerdos y aves, el establecimiento de potreros y los desarrollos inmobiliarios.

En Hopelchén, Campeche, por ejemplo, la expansión de la agroindustria ha generado buena parte de la pérdida de cobertura forestal, como lo documentó Mongabay Latam en agosto de 2022. En ese municipio, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó mesas de diálogo con los menonitas que deforestaron las tierras sin contar con las autorizaciones de cambio de uso de suelo para hacerlo. Esas mesas no detuvieron la deforestación. En la zona continúa la expansión de la agroindustria. “Hay un gran problema generado por la nula capacidad gubernamental para asegurar el cumplimiento de leyes. Hay una enorme impunidad en cambios de uso de suelo ilegal”, remarca Zúñiga.

Lo olvidado: el sector pesquero

México está entre los 20 países del mundo con mayor producción pesquera y es la actividad que da empleo a más de dos millones de personas. Además, en los 263 municipios costeros del país habitan más de 15 millones de personas.

Pese a la importancia que tiene la vida marina para el territorio mexicano, durante el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) se mantuvo desdibujada, en especial porque la persona que estuvo al frente de la dependencia —Octavio Almada Palafox—, desde 2021 y hasta septiembre de 2024, “abandonó al sector y no hizo nada por cumplir con las metas del plan sectorial”, señala Esteban García-Peña Valenzuela, coordinador de políticas públicas de la oficina en México de Oceana.

Por ejemplo, no se cumplió con las metas de crear redes de refugios pesqueros, abatir la pobreza en el sector pesquero, impulsar la adaptación al cambio climático, fortalecer la vigilancia y combatir la pesca ilegal.

Hay datos que muestran el abandono: si entre los años 2009 y 2014 había 183 oficiales federales de pesca para todo el país, este número disminuyó a 161 entre 2018 y 2022. Además, si para el periodo 2009 a 2014 se detuvo a 1228 personas acusadas de pesca ilegal, entre 2018 y 2023 sólo fueron 59. “Hay menos inspectores, menos presupuesto y no hay un combate real a la pesca ilegal, que es el flagelo de la pesca”, resalta García-Peña.

En México, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Pesca publicado en 2023, cada año se capturan entre 1.8 y 2.1 millones de toneladas de peces, eso sin tomar en cuenta la pesca ilegal que representaría un 40 % más de esa cantidad, de acuerdo con algunas estimaciones.

García-Peña menciona que la pesca ilegal ya está afectando a, por lo menos, unas 300 especies de importancia comercial, entre ellas el huachinango del Golfo de México (Lutjanus campechanus), el robalo (Centropomus undecimalis), la lisa (Mugil cephalus), el mero rojo (Epinephelus morio), el camarón rosado (Farfantepenaeus duorarum), entre otros.

El abandono del sector pesquero también se refleja en que no se ha avanzado en una actualización del estatus de las especies pesqueras y que sólo 30 % de las pesquerías en el país cuentan con planes de manejo. García-Peña comenta que eso ha llevado a que 28 pesquerías, de las 83 reconocidas, se encuentren en condiciones de deterioro o que su aprovechamiento rebase el “aprovechamiento máximo sustentable”.

En 2024 tampoco se trabajó para dar alternativas a los pescadores que cada vez enfrentan mayores adversidades por la presencia de huracanes más frecuentes e intensos o por los efectos del cambio climático en varias pesquerías. “No hay una adaptación de las políticas públicas ante esos escenarios”, comenta el experto de Oceana.

En ese sentido, Gustavo Alanís, director ejecutivo de Cemda, recuerda que el gobierno mexicano hizo a un lado toda la agenda para la mitigación y adaptación al cambio climático, al mantener una política energética regresiva: “Fue una apuesta por los combustibles fósiles: se construyó una nueva refinería y se promovieron las carboeléctricas, el petróleo y el gas”.

Además, pese al compromiso de López Obrador de terminar con el fracking, esta práctica continuó realizándose y se destinaron más de 62 mil millones de pesos entre 2018 y 2024 en proyectos que implican el uso de esta técnica de extracción de hidrocarburos que provoca una disminución de la disponibilidad de agua, de acuerdo con datos incluidos en la Agenda Socioambiental 2024.

Lo bueno (pero no tanto): más áreas naturales en el papel

Al comienzo de su gobierno, López Obrador anunció que una de sus metas ambientales era decretar 50 nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANPs). En 2024 se aceleró el paso para cumplir con la promesa. Incluso, el último día del sexenio se decretaron seis nuevas áreas.

México tiene ahora 232 ANPs, pero 106 de ellas no cuentan con programa de manejo, documento vital para conocer cuáles son las amenazas de los lugares y las mejores estrategias para conservar los sitios. “No podemos avanzar en la protección de la biodiversidad y los espacios bioculturales si no tenemos este instrumento”, resalta Gina Ileana Chacón, directora de política pública de Wildlands Network México, organización de la sociedad civil que forma parte de la Coalición Noroeste Sociedad Civil para la Sustentabilidad Ambiental (NOSSA).

Además, muchas de las ANPs no cuentan con presupuesto ni personal. Chacón pone como ejemplo el caso del Área de Protección de Flora y Fauna Jaguar (APFF Jaguar), creada a mediados de 2022 en el municipio de Tulum, en Quintana Roo, y cuyo programa de manejo se publicó en febrero de 2024, pero que no tiene recursos asignados y sólo tiene a dos personas trabajando en el área que tiene poco más de 2249 hectáreas.

“No queremos áreas naturales de papel. Aunque tengan plan de manejo, si no tienen presupuesto, no es posible hacer mucho para garantizar su protección”, resalta Chacón.

La APFF Jaguar se creó justo en una de las zonas por donde pasa el llamado Tren Maya y se presentó como si fuera una compensación ante la construcción del megaproyecto. En ese sentido, Chacón resalta que “la creación de un ANP no puede compensar el que se haya fragmentado un ecosistema como la Selva Maya. Esa fragmentación pone en riesgo la sobrevivencia del ecosistema en su conjunto y de la biodiversidad, sobre todo de especies emblemáticas como el jaguar”.

El decretar más áreas sin dotarlas de programa de manejo o presupuesto no fue la única incongruencia que se observó durante el último año de la administración de López Obrador. Antes de cerrar el sexenio, funcionarios de la Semarnat autorizaron Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIAs) para la construcción de desarrollos turísticos en zonas aledañas al Parque Nacional de Cabo Pulmo.

La revocación de una de esas autorizaciones fue una de las primeras acciones que realizó Alicia Bárcena, como nueva titular de la Semarnat, a partir de la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México.

Lo esperanzador: nombramientos en el sector ambiental

El 1 de octubre de 2024, la física y doctora en ingeniería energética Claudia Sheinbaum Pardo asumió el mando como la primera mujer presidenta que tiene México. Es también la primera vez que la presidencia del país está a cargo de alguien que nunca formó parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que gobernó el país durante más de 70 años y en donde comenzó su carrera política López Obrador.

Sheinbaum, además, formó parte del grupo de más de 600 académicos e investigadores del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

La presidenta nombró titular de la Semarnat a la bióloga y diplomática Alicia Bárcena, quien fue secretaria de Relaciones Exteriores en el último año de gobierno de López Obrador y fue directora ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), donde impulsó el Acuerdo de Escazú.

En las subsecretarías y en las diferentes dependencias ambientales también se nombraron a personas que son reconocidas por su capacidad técnica y experiencia en los temas ambientales. También se ha aplaudido la designación del ingeniero pesquero Alejandro Flores Nava, al frente de la Conapesca, y del ingeniero agrónomo e investigador Julio Berdegué Sacristán como titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa).

“Hay entusiasmo, porque se ve la posibilidad de que se pueda tener, de nuevo, una relación cordial y respetuosa con la autoridad ambiental”, dice Gustavo Alanís, sobre los nombramientos en el sector ambiental.

La opinión de Alanís no es aislada. Entre las diversas organizaciones no gubernamentales e, incluso, en los espacios internacionales se ha celebrado la llegada al sector ambiental de personas con experiencia y conocimiento científico.

Alanís, por ejemplo, recuerda que durante la pasada Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16) que se realizó en Cali, Colombia, se “festejó que México estuviera de regreso con autoridades ambientales preparadas, con experiencia en los temas. Eso ha generado una expectativa muy positiva”.

Esa expectativa ahora se enfrentará con la realidad, sobre todo si el gobierno de Claudia Sheinbaum asume la misma postura de su antecesor y, durante los próximos años, castiga con un presupuesto mínimo al sector ambiental. Algo que ya se vislumbra, por lo menos para el 2025.

Imagen central: Los habitantes de Homún, en Yucatán, viven de los estanques naturales que se encuentran dentro de la Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de Cenotes. Foto: Benjamín Magaña

El artículo original fue publicado por Thelma Gómez Durán en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Sin importar la distancia entre los territorios que ocupan, los pueblos indígenas que habitan la Amazonía comparten una sola visión: sin el bosque, no hay vida. “Esa mirada era ya de nuestros abuelos, desde mucho antes, y así es cómo se ha venido construyendo todo este gran paisaje”, afirma Liz Chicaje Churay.

La lideresa indígena del pueblo bora, se refiere al Gran Paisaje Putumayo Amazonas, en Perú, descrito por el Instituto del Bien Común (IBC) como un mosaico de territorios de comunidades que fueron saneados, ampliados y protegidos por un total de 4.12 millones de hectáreas en el departamento de Loreto.

No fue sencillo. Este logro vino luego de más de dos décadas de trabajo de las comunidades, organizaciones e instituciones para asegurar la tenencia de los territorios indígenas y poner fin a la depredación de sus recursos a manos de cazadores, pescadores y madereros que operaban en la ilegalidad.

El proceso involucró la colaboración de 90 comunidades amazónicas, pertenecientes a nueve pueblos indígenas —Yagua, Bora, Huitoto, Ocaina, Maijuna, Kichwa, Tikuna, Secoya y Cocama—, quienes participan activamente en la gobernanza territorial. Sus resultados y aprendizajes, que incluyen importantes mejoras ambientales, fueron recientemente publicados en un libro bajo la coordinación del IBC y la autoría de la antropóloga Valeria Biffi.

“Después de tantas conversaciones con muchos líderes y dirigentes de las comunidades, fue como hoy el Gran Paisaje se hizo realidad. Es algo que nos alegra mucho porque, a pesar de los años y de las circunstancias que hay, lo estamos logrando”, celebra Chicaje, expresidenta de la Federación de Comunidades Nativas del Ampiyacu (FECONA).

La riqueza de Loreto

Visto desde el aire, Loreto se extiende al horizonte como un mar de color verde, dice Corine Vriesendorp, científica del Field Museum de Chicago. “Este paisaje es parte de la apuesta a un futuro vivo, justo y equitativo para la Amazonía y para mantener este bosque en pie, que provee muchos servicios a lugares lejanos”, dice la experta que colaboró con los cinco inventarios rápidos que sirvieron como sustento científico para el ordenamiento territorial del Gran Paisaje Putumayo Amazonas, ubicado en el interfluvio de los ríos Putumayo y Amazonas, abarcando las subcuencas de cuatro afluentes: los ríos Yaguas, Algodón, Ampiyacu y Apayacu.

El libro recién publicado por el IBC, describe que los bosques húmedos de colinas bajas pintan el paisaje loretano. También las terrazas medias y aguajales —áreas pantanosas donde predomina la palmera Mauritia flexuosa, conocida como aguaje—, con una extensión de 5 millones de hectáreas. Loreto también representa un sitio enmarcado por el agua en grandes cantidades: los humedales —incluidos sitios RAMSAR de interés internacional—, ríos y lagos, hacen del departamento un enorme albergue para la biodiversidad.

En la región noreste de Perú, Loreto comparte fronteras con Ecuador, Colombia y Brasil. Con sus 68 852 kilómetros cuadrados se trata del departamento más extenso del país y contiene el 51 % de la Amazonía peruana. El IBC describe que la población indígena que lo habita ronda las 100 000 personas, por lo que se posiciona como el departamento con la mayor presencia de este sector poblacional en el país.

El número de especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles en Loreto representa entre el 40 y el 60 % de los estimados correspondientes a estos grupos para toda la cuenca amazónica. De esta manera, los mecanismos que resulten efectivos para la conservación en Loreto significan la protección del 50 % de toda la biodiversidad de la Amazonía.

“Cada uno de estos inventarios ha tenido descubrimientos, nuevas especies para la ciencia: plantas, peces, ranas y hasta un ave. Tiene unas poblaciones de mamíferos realmente increíbles. Es un lugar en donde ves comunidades saludables de monos, de lobos de río, de pecaríes o sajinos”, describe Vriesendorp. “Es un espacio de importancia cultural, biológica, ecosistémica y evolutiva que hay que mantener en pie. Hacerlo, es la manera también de asegurar el bienestar de la gente cuya vida depende de esos bosques, ríos, cochas y quebradas”, afirma la experta.

Sin embargo, toda esta riqueza también ha sufrido graves impactos por la deforestación y degradación de los suelos para la expansión de la frontera agrícola. En Loreto, particularmente entre los años 2001 y 2018, se perdieron más de 2.2 millones de hectáreas de bosques primarios, según información del Ministerio del Ambiente y GeoBosques.

“En este periodo, cerca del 45 % de la deforestación ocurrió en áreas sin derechos de uso asignados, es decir, en áreas libres del Estado. De ahí la importancia de gestionar el ordenamiento territorial y la legalidad de los derechos de uso”, apunta la autora Valeria Biffi en el libro.

Estas amenazas no han sido las únicas. Desde el siglo XIX la extracción de recursos naturales es vista por las autoridades locales y los principales actores económicos como el motor de la economía regional. Así se ha propiciado el auge para la extracción de caucho y otras gomas, petróleo, madera y, más recientemente, oro. “Estas actividades extractivas, llevadas a cabo de manera desordenada y poco planificada, han sido y continúan siendo fuertes amenazas para la biodiversidad local y los medios de vida de la población indígena y no indígena local”, señala Biffi.

Además, existe preocupación por una nueva amenaza en el Gran Paisaje, que pondría en riesgo su conectividad biológica: la construcción de dos carreteras de penetración, que avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Vriesendorp advierte que carecen de estudios de impacto ambiental y consulta previa e informada para los pueblos indígenas afectados.

Se trata de dos carreteras con las que Perú busca conectar las regiones del Napo y el Amazonas con la del Putumayo. La primera iría desde Puerto Arica a Flor de Agosto. “Esa es la más chiquita, es un proyecto que comenzó en los años ochenta, fue abandonado y ahora se ha retomado con fuerza. La otra carretera busca conectar la ciudad de Iquitos, la capital de Loreto, con Estrecho, la comunidad más grande en esta parte del río Putumayo”, dice la experta.

Esto rompería la conectividad de los bosques, porque pasará por áreas de conservación regional ya declaradas y un área de conservación regional propuesta. “Esas carreteras serían como una forma de romper esa conectividad y dar entrada a venta de tierra, tala ilegal, tráfico de productos ilegales como oro, drogas y armas; esas son las grandes preocupaciones”, asevera Vriesendorp.

Y es que los indígenas consideran que el fruto de la conservación que han hecho puede verse afectado. La lideresa indígena Liz Chicaje señala que la madera, la pesca y la caza, desde hace diez años, se han podido eliminar del Gran Paisaje. “Eso ya no existe”, afirma. “Lo que todavía contrarrestamos un poco, es la siembra de coca”.

Aún con ese reto por delante, Chicaje señala que las comunidades se sienten contentas por cuidar los recursos de la tierra. Lo que más necesitan ahora, sostiene, es lograr una economía segura para los pueblos indígenas.

“¿De qué vale que estemos cuidando los recursos, mientras las necesidades aumentan cada vez más en las familias, en los hogares, para educar a los hijos?”, cuestiona Chicaje. Por ello, tanto el ordenamiento territorial como los diversos emprendimientos que se han logrado en la región han sido clave y requieren de mayor impulso.

Así, el libro narra cómo es que a través de las gestiones de los pueblos amazónicos se ha generado el aumento de recursos naturales, que a su vez ha propiciado iniciativas económicas ambientalmente sostenibles basadas en el manejo y transformación de animales de caza, pesca y del procesamiento de la yuca, entre otros elementos de la naturaleza.

De igual forma, sus sistemas de control y vigilancia y otras herramientas de gobernanza que se ejercen desde las comunidades impiden hoy en día la depredación de recursos por personas externas a las comunidades. Además, narran la exitosa experiencia de manejo pesquero, que en pocos años ha logrado la recuperación de la población de paiche en la cuenca del Apayacu.

Si bien aún la labor de ordenamiento y gestión participativa del territorio es un trabajo que continúa en construcción, lo que se ha logrado con el establecimiento del Gran Paisaje Indígena Putumayo Amazonas —dice el IBC— tiene el potencial para trascender las fronteras nacionales y asegurar la conectividad con un gran corredor biológico y cultural que se extiende al norte del río Amazonas.

“Creemos oportuno recoger, sistematizar y dar a conocer la experiencia y el modelo resultante, que bien podría ser replicado en otros ámbitos y a diferentes escalas”, asegura la organización.

El inicio

La iniciativa que dio pie a la creación del Gran Paisaje Putumayo Amazonas nació en 1998. En aquel momento, líderes de las comunidades nativas del río Ampiyacu, en el noreste de Loreto, buscaban soluciones efectivas para asegurar tanto el territorio, como el acceso sostenido a sus recursos que se encontraban bajo la amenaza constante de extractores foráneos.

Así solicitaron el apoyo del IBC, para frenar las malas prácticas a nivel local. Esta asociación trabaja con comunidades rurales de la Amazonía Andina para promover la gestión óptima de los bienes comunes, como los bosques, cuerpos de agua, territorios comunales y áreas naturales protegidas.

“Desde el inicio una visión clara ha guiado en todo momento el recorrido, buscando la aplicación de un enfoque integral y de gran escala y una acción sostenida en el tiempo. Se conjugó el ordenamiento territorial, para asegurar legalmente los territorios comunales y conservar el entorno a las comunidades, principalmente las cabeceras de ríos, promoviendo desde las comunidades la creación de diferentes niveles de áreas de conservación”, explica Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común y coordinadora del Área de Gestión de Grandes Paisajes.

La antropóloga con más de 40 años de experiencia en pueblos indígenas y territorios amazónicos explica que, para ello, se propuso crear una Reserva Comunal en la cabecera de cuenca que, por condiciones políticas, se convirtió luego en una propuesta de Área de Conservación Regional: el ACR Ampiyacu Apayacu, creada en el 2010. Gradualmente, las comunidades impulsaron la creación de más áreas protegidas de diversas categorías, extendiendo sus resultados hacia el río Putumayo.

Las comunidades han logrado una variedad de nuevas áreas de conservación —algunas de ellas ya han sido establecidas y otras tienen aún estatus de propuestas—, como el Parque Nacional Yaguas y el Área de Conservación Maijuna-Kichwa, y las propuestas Reserva Comunal Bajo Putumayo y Área de Conservación Regional Eré Campuya Algodón.

El camino no ha sido lineal ni llano, afirma el IBC en su libro, pues ha requerido mucha perseverancia de parte de las comunidades nativas y de sus federaciones representativas, que también han sido fortalecidas para jugar un papel político importante en la gestión del territorio.

“Los resultados son alentadores, tanto en términos del patrimonio natural y cultural preservado a través de millones de hectáreas aseguradas mediante titulación y ampliación de comunidades y áreas naturales protegidas proyectadas y creadas”, afirma el IBC. Lo mismo ha ocurrido en términos de la efectividad de las herramientas de gobernanza desarrolladas, pues incorporan conocimientos y usos tradicionales de las comunidades nativas, sin perder de vista sus valores culturales y visión de futuro.

“El trabajo de los pueblos indígenas no es en vano, es uno con una mirada muy cuidadosa, para enfrentar el cambio climático”, concluye Liz Chicaje. “Sin el bosque, no seríamos nada. Por eso, necesitamos que los presidentes, los países y las instituciones sigan apostando por los bosques y que los recursos y esa ayuda pueda llegar a las comunidades indígenas. Que, en donde estemos, seamos atendidos por los gobiernos. Acá, como líderes, seguiremos colaborando y compartiendo”.

*Imagen principal: Miembros del Comité de Vigilancia Comunal de la comunidad Huitotos de Pucaurquillo, en la cuenca del Ampiyacu, entorno del Área de Conservación Regional Ampiyacu Apayacu. Los comités son reconocidos por las autoridades ambientales del Gobierno Regional de Loreto y juegan un importante papel para evitar la extracción ilegal de recursos en la zona. Foto: Cortesía IBC

El artículo original fue publicado por Astrid Arellano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• En el municipio de Piamonte, en Cauca, la defensora de 49 años se ha opuesto al avance de la frontera agrícola en la Amazonía, a los cultivos de uso ilícito, a la contaminación petrolera, a la deforestación y a todo aquello que signifique un riesgo para el ambiente y el territorio.
• Los integrantes de la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), la plataforma organizativa que Salcedo fundó hace 10 años, trabajan para que en la región no se siembre más coca y no avance la deforestación.
• Por su labor, la lideresa ha recibido varias amenazas, cada vez más fuertes. La más reciente sucedió en agosto del 2023, cuando un hombre le dijo: “Se lo advertimos, prepárese para llorar”. Ella no abandona su sueño de crear corredores biológicos para las especies que habitan en Piamonte y que se encuentran amenazadas, entre ellas el mico bonito, endémico de los departamentos de Cauca y Caquetá.

“Ya estoy con el objetivo, esperando orientación”. Uno de los cuatro hombres que llegaron a la casa de Maydany Salcedo repitió esa frase varias veces al hablar por teléfono con su jefe. La insistencia de ese hombre tenía a la lideresa paralizada por un miedo abrumador.

Eran alrededor de las 11:30 de la mañana del lunes 10 de abril de 2023. El hombre que la amenazaba estaba parado en la puerta de la casa y otros tres se encontraban dentro, caminaban a sus anchas con armas en las manos. Los hombres obligaron a Maydany Salcedo a prepararles comida mientras conversaban. Así fueron alargando el suplicio.

Se presentaron como integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOR) Comandos de Frontera, que surgió tras el proceso de paz y reúne a exguerrilleros y exparamilitares que buscan tener el control del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal en el suroccidente del país, territorio que era controlado por el antiguo Bloque Sur de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Esperamos que no siga con su trabajo porque sabemos cuántas veces sale el perro a mear y le vamos a acabar con lo más chiquito que usted tiene: el perro y los dos nietos”, la amenazaron. Ella sólo suplicaba que no la mataran delante de los niños. Pero no, no iban a matarla.

Esos hombres aparecieron para advertirle que no podía volver a Piamonte, un municipio ubicado en la denominada bota caucana, que colinda con los departamentos de Caquetá y Putumayo, al suroccidente colombiano, los mismos territorios en los que los Comandos de Frontera sembraron terror en octubre de 2023: impusieron un paro, retenes y sitiaron diferentes municipios.

De su pueblo, Maydany Salcedo salió desde marzo del 2022, aunque volvía de vez en cuando para desarrollar alguna actividad con la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), la plataforma organizativa que fundó hace 10 años y desde donde se ha opuesto a todo lo que amenaza el territorio: el avance de la frontera agrícola en la Amazonía, las afectaciones a los ríos, la pérdida de la biodiversidad, la minería ilegal, la corrupción, los cultivos de uso ilícito, la contaminación provocada por la actividad petrolera y las órdenes arbitrarias de los grupos armados ilegales.

Quienes la amenazaban detallaron a la defensora de ambiente y territorio cómo habían matado niños inocentes en Piamonte, hijos de líderes campesinos que no habían querido “cerrar la boca”. Le mostraron las fotos y le preguntaron si quería terminar de la misma forma. Se fueron de su casa y ella, con sus nietos y su perro, se dedicó a llorar.

Maydany Salcedo, nacida hace 49 años en Río Blanco (Tolima), trata de no quebrantarse públicamente para dar ejemplo, pero le gustaría sentirse menos sola, sobre todo en un país donde, en 2022, asesinaron a 60 defensores ambientales, casi el doble que en el 2021, de acuerdo con la documentación realizada por la organización internacional Global Witness. Colombia es el país más peligroso para lideresas como ella.

Esta mujer trigueña, de sonrisa dulce, sabe que su cabeza tiene un precio. Se enteró que dos semanas después de las amenazas, el 21 de abril, alias “Yonosé”, supuesto cabecilla de los Comandos de Frontera, realizó una reunión pública en el corregimiento del Remanso, en Piamonte, en la que advirtió que Maydany Salcedo, supuesta “guerrillera que impulsa la creación de guardias campesinas”, tenía prohibido volver al municipio, pues si lo hacía ya estaba la orden de asesinarla.

Aún así, casi tres meses después, Salcedo se atrevió a pisar Piamonte nuevamente: “Prefiero morir de pie que vivir arrodillada”. Su osadía le está costando caro.

Un encuentro recurrente

La visita que le hicieron a Maydany Salcedo no era la primera. En agosto del 2022 aparecieron dos hombres en su casa y fueron categóricos al decir que no querían más el trabajo de la asociación que ella dirigía en Piamonte, un municipio estratégico para las rutas del narcotráfico, pues no sólo conecta al Cauca con los departamentos de Caquetá y Putumayo, sino que permite, además, el tráfico hacia Ecuador. Su ubicación es tan privilegiada que los Comandos de Frontera se disputan el territorio con el frente Carolina Ramírez de las disidencias de las FARC.

Los delincuentes necesitaban hacerse oír, por lo que enviaron el mismo mensaje a casi todos los miembros del colectivo de campesinos y expulsaron a 300 familias de Piamonte. “Me amenazaron a mí también. Me dijeron que sabían dónde estaban mi esposa y mis hijas… Que me callara la jeta si quería verlas con vida y que sabían que yo estaba en España en ese momento”, cuenta desde el exilio Jonathan Cuéllar, médico veterinario y zootecnista de la Universidad de la Amazonía, que forma parte de la asociación. Él ya había dejado el país por las múltiples amenazas que había recibido, pero desde Europa seguía trabajando con Maydany Salcedo.

Ambos saben que la labor que hacen incomoda a todos los grupos armados, pues la asociación fue promotora, entre otros, del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito en Piamonte. “Acompañamos la erradicación y la creación de proyectos productivos. Teníamos más de 734 familias que hacían parte”, cuenta Cuéllar. Ese activismo fue generando incomodidad en los grupos al margen de la ley, sobre todo porque Piamonte es un municipio con presencia de cultivos de coca y, además, vecino del Putumayo, que en 2022 concentró el 77 % del incremento de terrenos plantados con coca en todo el país, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

El sueño de Asimtracampic era —y es todavía— frenar la ampliación de la frontera agrícola en la Amazonía e implementar cultivos maderables y semillas de la región.

Jonathan Cuéllar recorría cada una de las veredas cuando a Maydany Salcedo no la dejaban entrar. Mientras uno no estaba, el otro asumía varias de sus tareas. Los objetivos sociales y ambientales estaban bien clavados en el corazón de los integrantes de la asociación: no más coca y no más deforestación.

Con uno de los varios proyectos que tenían, consiguieron 1868 hectáreas de bosques con acuerdos de conservación por parte de 130 familias que decidieron unirse para preservar el territorio. El objetivo es —agrega Maydany Salcedo— crear corredores biológicos para las especies que allí habitan y que se encuentran amenazadas, como el mico bonito (Plecturocebus caquetensis), endémico de los departamentos de Cauca y Caquetá, que está en Peligro Crítico de extinción, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Para los integrantes e impulsores de la asociación hablar públicamente de derechos humanos y de justicia ambiental ha ocasionado que cada bando armado de la región piense lo que más le convenga: “Son guerrilleros”, “son del Ejército”. Cada sentencia, al final, genera lo mismo: riesgo. A Jonathan Cuéllar le advirtieron que su cabeza seguiría después de la de Maydany Salcedo.

—A usted la han podido matar varias veces y no lo han hecho. ¿Por qué?

—Uno de esos hombres me dijo que no me han matado porque el costo político sería muy alto —dice Maydany Salcedo.

El trabajo que han hecho con la Asimtracampic —la única organización campesina del municipio— ha llamado tanto la atención que en la Comisión de Estupefacientes de la Naciones Unidas en Viena, que se realizó en marzo del 2023, Maydany Salcedo fue una de las lideresas que acompañó a la entonces viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Laura Gil.

En ese viaje, Salcedo comprobó que no está dispuesta a pedir asilo en otro país y prefiere arriesgar su vida en Colombia: “Allá no hay papa, ni yuca, comen cosas muy raras que no me gustan. Tampoco hablo el idioma y la cultura es muy diferente, prefiero mi tierra”, dice, aunque reconoce que hay días en los que se siente culpable. “Si no fuera líder, quizá, no estaría ocurriendo esto”, lamenta, pues su familia perdió todo: sus terrenos y casas. Eso le ha costado, incluso, la indiferencia de varios de sus familiares.

El abuso en todas sus formas

En el agua, Maydany Salcedo encuentra consuelo. Cuando siente angustia, miedo o dolor, acude a ella, se sumerge y deja que ese líquido sagrado calme el dolor de su alma, así no pueda quitar las heridas físicas del abuso que ha sufrido. Y es que la defensora conoce prácticamente todas las formas de violencia existentes. Tenía seis años cuando unos hombres la violaron por primera vez; su familia vivía sobre el río Guayabero, en una vereda del municipio de la Macarena, en Meta.

“Sólo me acuerdo que botaba mucha sangre y me tuvieron que coser. Creo que la guerrilla mató a esos tipos. Desde entonces, encontré en el agua mi refugio, el lugar donde encuentro paz. Yo le hablo y lloro”, dice. Y sí, llora también al recordar que no fue la única vez que la ultrajaron. Siendo adulta un comandante de las FARC le dijo que tenía que ser de él o la mataba. No tuvo opción y fue violada por segunda vez en su vida. “Yo voy al agua y el agua me limpia”, dice, como si al lavarse pudiera dejar atrás esa historia violenta que la ha marcado y la ha catapultado en la lideresa que es hoy en día.

En Piamonte, cada que podía, se zambullía en el río Caquetá. Era su lugar seguro y, por eso, lo defendía con fiereza de la contaminación que genera —comenta ella— la petrolera Gran Tierra Energy (GTE), que tiene su base principal en Puerto Limón (Putumayo) y una estación en Piamonte, donde tratan el hidrocarburo producido en los pozos ubicados en ese municipio.

En el 2020 se presentaron dos derrames de petróleo que contaminaron el río Caquetá y varias de sus quebradas. El primero ocurrió el 21 de junio y el segundo sucedió el 17 de julio, en el mismo punto de ocurrencia y por fallas en el sellamiento de tubos, según un informe de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS). “Nosotros tomamos agua de ese río”, lamenta Maydany Salcedo.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio del Caquetá, que se creó en el 2015 con el único objetivo de defender la Amazonía colombiana, cuenta que los derrames de GTE han sido de enorme preocupación sobre todo porque “hay un pedazo del oleoducto que está en el río y cuando hay crecientes, lo maltrata”. Así que el riesgo persiste.

“El río se lleva aguas abajo cualquier residuo. Sólo en el sitio del derrame es que queda el aceite, pero de resto el agua se lleva todo. El problema son los acueductos de los municipios que toman agua del río Caquetá, como Solano, Solita, y todos los ribereños; los indígenas que, además de la contaminación por hidrocarburos, también tienen los residuos de la minería”, explica Mejía, quien conoció a Maydany Salcedo cuando la empezaron a apoyar tras las fuertes amenazas que estaba sufriendo. “Le ha tocado sacrificar mucho por mantener los procesos”, dice la profe, como le llama la lideresa.

Denunciar los daños causados por el petróleo

El río Caquetá no fluye igual. Su agua está negra y circula por encima de las piedras manchadas de petróleo. Ese es el testimonio de una contaminación que podría poner en riesgo especies de fauna y flora, así como a las comunidades que dependen del líquido que provee este afluente en el suroccidente del país.

El  7 de octubre de 2023, en horas de la noche, se presentó una nueva explosión, en el marco de una acción armada, que ocasionó un derrame de crudo —según la AAS— en la quebrada Parayaco, el río Mocoa y el río Caquetá. Un oleoducto que, de acuerdo con la asociación, ha presentado irregularidades desde 2014.

Mercedes Mejía, coordinadora de la Mesa Departamental para la Defensa del Agua y el territorio del Caquetá, cree que las autoridades no han hecho un seguimiento adecuado a los derrames de GTE. En eso coincide Karla Díaz, investigadora de la Asociación Ambiente y Sociedad: “Hay varios temas recurrentes del modelo petrolero, como la falta de rigurosidad en los estudios de impacto ambiental, en los planes de contingencia y en las medidas que se prevén en el proceso de licenciamiento ambiental para enfrentar ese tipo de afectaciones”.

Sobre esto, GTE respondió a Mongabay Latam que, tras ocurrido los derrames de 2020, implementaron un Plan de Respuesta a Emergencias y establecieron dos equipos de contingencia permanentes y, “para diciembre de 2021, Gran Tierra completó todas las actividades de limpieza”. Agregan que en una investigación independiente concluyeron que “la causa se debía a la dinámica del río y no a causas operativas”, así como tampoco hubo, argumentan, “afectaciones a cultivos, plantaciones, pastos, viviendas, zonas de pesca o infraestructura social, como acueductos, áreas de recreación, escuelas y áreas comunales”.

Para Karla Díaz, este asunto es crucial porque “no hay claridad sobre los pasivos ambientales, lo que genera que las empresas traten de reducir los impactos. (…) Las comunidades demandaban porque tomaban agua de los acueductos y, además, la actividad económica está muy relacionada a la pesca… Cuando las personas empezaron a hacer veeduría (inspecciones) actores ilegales las recriminaron, al punto que no sentían garantías para continuar con este proceso de visibilidad”.

Maydany Salcedo asegura que, en abril de este 2023, hombres armados le exigieron que se quedara callada con las denuncias a Gran Tierra Energy.

Mongabay Latam consultó a GTE sobre las intimidaciones que han sufrido líderes como Maydany Salcedo. En un documento, la empresa contestó que las rechazan y que cuentan con un protocolo interno que “insta a las comunidades a denunciar ante las autoridades correspondientes cualquier situación que consideren lesiva de sus derechos fundamentales”. Finalizan asegurando que no tienen conocimiento de “ninguna acción legal en contra de la compañía por algún tipo de amenazas a líderes”.

La primera vez que Maydany Salcedo y los integrantes de Asimtracampic manifestaron su oposición a la petrolera fue en 2013, al poco tiempo de constituir la asociación y en medio del paro agrario —tal vez uno de los más grandes en la historia del país—: “Les dimos un golpe porque no podían entrar el combustible, tenían que entrarlo en helicóptero”, relata la defensora.

Ese año se opusieron también a las FARC. Cuando el grupo insurgente ordenó que el comercio cerrara las puertas para apoyar el paro, Asimtracampic manifestó que no estaba de acuerdo y, con eso, revelaron una postura neutra y alejada de la guerrilla. Allí empezó el estira y afloja.

La oposición generó que, en 2014, los miembros del comité de Asimtracampic tuvieran que salir del territorio tras las amenazas. Sólo pudieron ingresar hasta 2016, cuando Maydany Salcedo y sus compañeros solicitaron autorización a los jefes de la guerrilla que estaban en La Habana (Cuba), donde se desarrollaba el proceso de paz. “Después de la firma del Acuerdo vivimos meses de felicidad porque se fueron los guerrilleros y el Ejército. Hasta que se incumplieron los acuerdos y volvieron al territorio las disidencias y las estructuras narcotraficantes”, explica la defensora.

Toda una vida de desplazamiento

Desde niña ha visto de cerca el desplazamiento. Es hija de dirigentes del partido político Unión Patriótica y ha tenido que salir de varios territorios porque a su familia la tildan de guerrillera o de colaborar con los militares (da igual). Los dos señalamientos pueden generar las mismas repercusiones en un territorio donde prima el conflicto. Tenía nueve años cuando huyeron del Raudal Angosturas, en Meta, después de que la guerrilla matara a su tío porque prestó servicio militar. Luego, huyeron de Puerto Concordia, también en Meta, porque asesinaron a otro de sus familiares. “Anochecimos y no amanecimos”, comenta Maydany Salcedo, para referirse a que el miedo hizo que nuevamente dejaran todo y arrancaran para Huila, donde pasaron por tres municipios diferentes porque los señalaron de guerrilleros.

Veía a su familia desbaratarse sin entender muy bien qué era lo que hacían mal. No sabía qué pasaba, hasta que se dio cuenta que el problema, quizá, era ese: tratar de hacer las cosas bien. Lo comprobó en su primer ejercicio de liderazgo en San Vicente del Caguán, en Caquetá, cuando ya tenía a su pareja —con la que se fue a vivir a los 16 años— y a sus dos hijas.

Mientras ese municipio se preparaba para ser el territorio donde se llevarían a cabo los fallidos diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC, Maydany Salcedo trabajaba en su restaurante y, en sus tiempos libres, creó un círculo de lectores con niños, a quienes les enseñaba sobre Simón Bolívar y Policarpa Salavarrieta, una heroína colombiana, conocida como “La Pola”, que fue clave en la independencia del país. Salcedo les hablaba sobre la educación y la igualdad de derechos.

“Yo sentía que mi cuerpo vibraba con los ideales de izquierda”, cuenta. Su felicidad duró hasta que terminó la zona de despeje y la guerrilla la amenazó porque en su restaurante vendió comida a integrantes del Ejército. “Otra vez anochecí y no amanecí”, dice, una frase que en ella es recurrente. Volvió al Huila con sus dos hijas y con el duelo de separarse de su marido y de dejar nuevamente un sitio del que se sentía parte.

En Neiva, la capital de Huila, arrancó en forma su liderazgo en la fundación Nueva Esperanza, que se dedicaba a la protección de la población desplazada. Empezó como secretaria y terminó siendo parte del comité. Su trabajo fue tan excepcional que, según cuenta, un líder del partido comunista la invitó a formar parte de la Asociación Interveredal entre el río Orteguaza y Caquetá, que velaba por la protección del medio ambiente y los derechos humanos. Maydany Salcedo arrancó sin pensarlo.

“Fui la presidenta de esa Asociación entre 2009 y 2012. Fue mi mejor escuela, el mejor proceso organizativo de base y social, pero empecé a saber qué era ser líder”, explica. Salió cansada de la estigmatización y también de la persecución. No sabía qué más haría con su vida, pero la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y el partido político Marcha Patriótica la invitaron a Piamonte a armar un proceso organizativo. Sin pensarlo, en septiembre de 2012, empacó maletas. Su propuesta era ambiciosa: caminar las 66 veredas del municipio para hablar con las comunidades y que fueran ellas las que decidieran si querían unirse y crear una asociación. Tras nueve meses de trabajo de campo, en junio de 2013, nació Asimtracampic.

“Se lo advertimos”

La defensora volvió a Piamonte en julio de 2023, sin importar las amenazas y la orden que dieron los Comandos de Frontera. “Tenía dos opciones: ir acompañada de la Fuerza Pública o no hablar con las comunidades. Entramos para hacer un análisis de riesgo con una organización. Sé que no lo puedo volver a hacer, pero qué hago —se ahoga con el llanto y continúa—. Me siento triste”.

Los grupos armados no pasaron por alto su visita. El 21 de agosto de 2023, un hombre armado apareció en la puerta de su casa y le dijo en tono amenazante: “Se lo advertimos que no entrara a Piamonte. (…) Prepárese para llorar a sus nietos, hijas y mascota, tome en serio lo que le estamos diciendo, porque en cualquier momento va a pasar lo que usted no cree”. Luego, el 3 de septiembre, llegaron dos hombres, tocaron a su puerta y uno le dijo al otro: “Acá es donde hay que hacer la vuelta”. Se quedaron unos minutos y se fueron. Regresaron al día siguiente y se quedaron frente a la casa.

Maydany Salcedo tiene protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), un organismo de seguridad del Gobierno. Normalmente, cuenta, los tres escoltas sólo la acompañan mientras se moviliza en el vehículo que le asignaron. Sin embargo, con la última amenaza del 3 de septiembre empezaron a acompañarla en cada momento. “Tienen que esperar a que algo ocurra para cumplir con el protocolo de seguridad que dice 24/7”, cuestiona Maydany Salcedo, quien teme sobre todo por la vida de su familia.

A veces dice que no puede más y pareciera arrepentirse de su labor, pero todo lo contrario, levanta la cabeza, traga saliva y sentencia: “Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos. (…) Hago un llamado al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno, para que puedan garantizar el retorno de las familias desplazadas de Asimtracampic, que se haga justicia”.

Es contundente. Ella no pierde la esperanza de recuperar la tierra, crear los corredores biológicos, construir proyectos productivos, acabar con la minería ilegal, erradicar la coca del territorio y crear una Zona de Reserva Campesina, en la que han estado trabajando desde el inicio de la asociación y que esperan poder constituir legalmente.

Sus compañeros saben que sin ella, quizá, Asimtracampic se acabaría. Ese carácter fuerte y tajante no es fácil de reemplazar: “Si tengo que morir, muero”.

* Ilustración: Leo Jiménez.

Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

El artículo original fue publicado por María Fernanda Lizcano en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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—No se vaya a meter a Zabaleta porque la van a matar.

—¿Por qué me van a matar si yo no he hecho nada?

—La van a matar, por favor no se entre a la casa.

—¿Usted cómo sabe eso?

—Alguien me dio esa razón: “Dígale a su hermana que por el amor de Dios no se meta, porque ya tienen planeado que la van a matar cuando entre al pueblo”.

Este diálogo insospechado, apresurado, difícil, se dio el 7 de agosto de 2018. Sus protagonistas fueron María Alis Ramírez, defensora del medio ambiente del departamento de Caquetá, en el sur de Colombia, y uno de sus nueve hermanos.

Alis Ramírez vivía en un pueblo selvático muy pequeño llamado Zabaleta, que no tiene más de 300 viviendas y pertenece al municipio de San José del Fragua.

“Yo estaba sola, andaba trabajando por los lados de Belén de los Andaquíes [otro municipio de Caquetá] y cuando me entró la llamada de mi hermano, unas personas me ayudaron a salir corriendo por unas laderas y coger un bus que me sacara de ahí lo más rápido posible”, recuerda hoy Alis Ramírez, de 55 años de edad, desde la ciudad de Wellington, capital de Nueva Zelanda, a 12 700 kilómetros de distancia de la casa a la que no ha podido volver desde ese día.

Alis Ramírez tuvo que abandonar su tierra por defenderla, por ser lideresa ambiental en el país más peligroso para ejercer ese oficio según Global Witness, organización no gubernamental que en su informe más reciente documentó que en Colombia fueron asesinados 60 defensores del ambiente y el territorio en 2022. En 2021 Colombia había ocupado el segundo lugar en el mundo después de México, con 33 asesinatos, y esos datos tienen preocupadas a las autoridades pues el número prácticamente se duplicó, a pesar de las promesas explícitas del gobierno de Gustavo Petro de proteger a los líderes ambientales.

En la última década, de acuerdo con la misma organización, en Colombia fueron asesinados 322 de estos líderes (muy cerca, con 342 muertes, Brasil fue el país del mundo donde más ocurrieron esos crímenes, entre 2012 y 2021).

La historia de Alis Ramírez —en realidad su nombre se escribe con X, pero en el registro civil de nacimiento quedó mal puesto y por eso ella insiste en usar la S— es idéntica a la de millones de colombianos que viven en las zonas más alejadas y olvidadas del país, y también las más afectadas por el conflicto armado. Crecen rodeados de ríos, cascadas, animales y millones de árboles, un paisaje que corta el aliento con su belleza, pero viven en condiciones muy precarias, casi siempre sin electricidad ni agua potable y sin acceso a servicios dignos de salud y educación, entre otros. Según el censo más reciente, realizado en 2018, el 39 % de la población que vive en las zonas rurales del departamento de Caquetá lo hace con necesidades básicas insatisfechas.

El río de la infancia

Nacida el 14 de abril de 1968, Alis Ramírez sólo pudo estudiar hasta quinto de primaria. Y lo hizo con un esfuerzo enorme, emprendiendo caminatas de hasta tres horas por la selva para llegar a la escuela mientras su padre, campesino que tampoco tuvo estudios, salía a ganarse un jornal diario para comprar panela, jabón, sal, lo que alcanzara con el poco dinero que recibía. Había que alimentar muchas bocas —en total eran diez hijos, cinco mujeres y cinco hombres— y la carne era un milagro muy escaso en esa época.

“Mi infancia, gracias a Dios, se desarrolló viendo un río majestuoso, muy hermoso, el Zabaleta. Era un río muy profundo y por eso no podíamos poner los pies, sólo se podía nadar o lo atravesábamos en una canoa pequeñita que mi papá hacía con palos. Desde que éramos niños él nos enseñó a remar y a defendernos solos, porque era obligatorio cruzar al otro lado del río para conseguir cualquier cosa”, cuenta Alis Ramírez a través de una videollamada.

Hasta este momento del relato su voz es segura, decidida, y ella sonríe con sus labios gruesos pintados de rosado. Su pelo liso ya es una mezcla de gris y blanco y en esta primera conversación, mediada por una pantalla, aparece abrigada por una chaqueta de polar porque en Nueva Zelanda es invierno, y a pesar de los cuatro años que lleva en ese país todavía siente que las temperaturas bajo cero se le meten entre los huesos y la paralizan, la dejan sin energía.

En esa infancia rodeada de naturaleza es donde ella rastrea los orígenes de su pasión por defender las causas ambientales y sociales. A Alis Ramírez todavía le brilla la mirada cuando recuerda la quebrada La Balata, en la que su madre la bañaba cuando era niña, pero que hoy está prácticamente seca por culpa de la minería. Y aún se le hace agua la boca cuando piensa en la cantidad de peces que daba el Zabaleta: bagres, sábalos, doradas, bocachicos, cuchas, cachamas… La base fundamental de la dieta de los habitantes de esa parte de la Amazonía estaba en los ríos.

“Yo recuerdo que cuando tenía siete u ocho años alrededor del río había unos árboles inmensos, hermosos. Todos eran maderables, había achapo, árbol de mochilero, que es un palo muy fino, carboneros grandes y ceibas, que hoy en día quedan poquitas. La diversidad de los animales de la montaña también era mucha, veíamos el gurre [armadillo], la boruga, la danta, el venado. Pero la contaminación con mercurio y cianuro de los ríos ha acabado poco a poco con los peces y por la exploración petrolera ya casi no se ven esos animalitos”, dice en un tono distinto.

En este momento del relato, la defensora pide disculpas y sus ojos grandes y ovalados, de un intenso color negro, comienzan a llenarse de lágrimas.

Los otros males de la Amazonía

Cuando se habla de Caquetá, y en general de la Amazonía colombiana, se piensa automáticamente en deforestación, y en la manera como esta ha servido de combustible para atizar el fuego de la guerra, pues muchas veces está ligada a la expansión de grupos armados ilegales que viven de las rentas del narcotráfico.

Y sí, es verdad que las mayores tasas de pérdida de bosques del país se dan en esa región (de los cinco departamentos que acumulan el 68 % de la deforestación nacional, cuatro son amazónicos: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo). Ese sigue siendo el problema más importante en términos ambientales de Colombia, a pesar de que hace poco el gobierno nacional afirmó que en 2022 se redujo un 29,1 % respecto a 2021, pasando de 174 103 a 123 517 hectáreas forestales perdidas, la cifra más baja en los últimos nueve años. De acuerdo con los datos oficiales, Caquetá fue justamente el departamento con mayor reducción del país, pasando de 38 390 hectáreas deforestadas a 19 200, un 50 % menos, aunque algunos expertos que han analizado las cifras insisten en que el retroceso no es tan significativo como indica el gobierno.

La deforestación de alguna manera ha invisibilizado otros conflictos ambientales y sociales cada vez más marcados en la Amazonía, que eran precisamente en los que Alis Ramírez tenía puesta su mirada antes de que las amenazas de muerte la obligaran a renunciar a su vida.

En 2010, por ejemplo, comenzó a investigar cómo se fragmentan y deterioran los acuíferos por “los sismos de la exploración petrolera”, como ella les dice a las labores que se realizan para extraer hidrocarburos.

En los registros oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sólo en Caquetá aparecen asignadas 33 licencias de exploración y explotación petrolera, de las cuales casi el 40 % están en manos de la multinacional china Emerald Energy PLC, presente en varios países de Suramérica y de Oriente Medio, como Siria.

La voz de Alis Ramírez no tiembla al decir que la empresa no cumplía con los compromisos que debía respetar por hacerse acreedora de esas licencias, como garantizar la restauración y recuperación de los ambientes naturales afectados por sus actividades de exploración y explotación, y trabajar de la mano con las autoridades locales para construir vías de acceso principales y alternas. Así como no le temblaba la voz hace años para juntar a los vecinos y armar marchas en contra de la compañía en municipios como Valparaíso.

La presión social en contra de las actividades petroleras llevó a que, en marzo de 2023, la empresa decidiera suspender operaciones en parte del departamento. Una decisión que Alis Ramírez aplaude y considera “muy importante”, porque “lo que se necesita es un desarrollo social que impacte de forma positiva a las comunidades, a los campesinos”, y ese no es, según ella, el desarrollo que prometía la multinacional china.

Hace unos 12 años, la defensora también comenzó a ver cómo se formaban grandes extensiones de playa a orillas del Zabaleta. “Hoy el río sigue siendo la primera fuente de alimento de la comunidad y hay algunos pedazos donde sigue bonito, pero ya no es lo que era cuando yo era niña. Está muy, muy distinto”.

La extracción de petróleo no es la única actividad que ha transformado al río.

Según la investigadora Mercedes Mejía Leudo, profesora del programa de Ingeniería Agroecológica de la Universidad de la Amazonía con sede en Florencia y coordinadora de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio en Caquetá, los afluentes que como el Zabaleta alimentan al río Caquetá —uno de los más extensos y caudalosos de Colombia, que termina en la Amazonía brasileña— están altamente contaminados con mercurio por las minas de oro de aluvión a pequeña escala, que han ido reemplazando en la zona a la tradicional economía cocalera.

“Nosotros en Caquetá deberíamos estar en S.O.S por contaminación con mercurio y eso ya está teniendo enormes efectos en las comunidades indígenas, como los uitoto. Es tan grave el asunto que existe incluso un documento oficial de Parques Nacionales que les hizo unas recomendaciones a los indígenas ribereños para que tomen ciertas medidas o, de lo contrario, desaparecerán”, explica la profesora Mejía.

Poco a poco, la voz de Alis Ramírez comenzó a escucharse más allá de su pueblo. Se convirtió en vocera de su comunidad, en mediadora, en modelo a seguir para cientos de campesinos. Primero, por defender el agua (una de sus primeras acciones en defensa del ambiente y el territorio fue la de proteger las fuentes hídricas que rodeaban su casa), con tanto ahínco llegó a formar parte de la Coalición por la Vida del Agua de su municipio y, después, de la Mesa Departamental por la Defensa del Agua y el Territorio. Luego, por informar a la comunidad sobre las consecuencias de las actividades de las petroleras y mineras en el suelo y en los acuíferos, además del impacto en las especies de flora y fauna. Y después, por subirse a tarimas de auditorios de todos los tamaños para oponerse, con argumentos sólidos, a muchos de los megaproyectos de multinacionales como Emerald Energy y Pacific Rubiales.

Para Mercedes Mejía, el compromiso de Alis Ramírez por la Amazonía colombiana es gigantesco: “Cuando ella estaba acá era una voz que siempre estaba presta a denunciar la contaminación por la minería. También siempre estaba presente en la socialización de todo lo relacionado con los proyectos de hidrocarburos. Y hacía procesos de sensibilización con la comunidad en su finca, allá trabajaba con semillas nativas, enseñaba cómo arborizar y cuidar las fuentes hídricas, la importancia de las huertas. Por ese amor a los productos del campo, a ella no le importaba levantarse a las dos de la mañana para hacer todos sus oficios en la parcela y luego irse a las marchas a protestar por algo o a los procesos comunitarios de resistencia”.

Lo primero que la investigadora pensó cuando conoció a Alis Ramírez y la escuchó hablar, en un evento en 2014, es que era una mujer muy valiente. “Me impresionó esa capacidad que tenía de decir todo lo que decía, con esa fuerza. Yo recuerdo incluso haber pensado que hablaba más de la cuenta”, recuerda hoy Mejía.

El día en que llovió glifosato

Antes de que en los primeros años del nuevo milenio decidiera asumir públicamente la defensa del territorio, Alis Ramírez trabajó como profesora de una escuelita enclavada en el municipio de Piamonte, en una zona conocida como la bota caucana, que también es parte de la Amazonía.

Fue allí, en el año 1998 o tal vez 1999, ya no lo recuerda bien, que un día le llovió glifosato.

“¡Profe, un avión!, ¡profe, un avión!”, empezaron a gritar los niños hacia las diez de la mañana, cuando el sol comenzaba a picar fuerte. “En el campo, cuando se escucha un avión, los niños se emocionan mucho y salen corriendo a verlo. (En ese entonces), yo sí pensaba que era una de las avionetas que pasaba fumigando los cultivos de [hoja de] coca que estaban al lado de la escuela, pero no pude detenerlos”, cuenta Alis Ramírez. Su siguiente recuerdo es que pasaron no una ni dos sino tres avionetas con las llaves del glifosato abiertas.

“Yo fui fumigada con mis alumnos. Fue algo terrible, sentía que me iba a morir, me empezaron a aparecer unos puntos que se me inflamaban en la cara. Me fui hinchando y me puse como un monstruo. No podía ni siquiera tomar agua”, relata a través de la videollamada, bajando mucho la mirada para que no se note que otra vez los ojos se le han puesto llorosos.

Alis Ramírez sufrió durante tres meses las consecuencias de haber recibido ese veneno sobre ella. “Yo ya sabía que ese glifosato cuando lo rociaban se entraba por las ventanas, por las puertas. Cada vez que pasaban las avionetas todo quedaba oscuro, era como una neblina espesa, se veía como cuando hay un derrame de petróleo en el agua. Yo creo que ese es uno de los crímenes más duros que existen no sólo contra el ser humano, sino contra la biodiversidad. Es que con el glifosato no sufrimos sólo nosotros. Y digo nosotros porque somos los que hablamos, pero cada rociada de ese veneno lo mata todo, incluida la fauna y la flora”.

Lo paradójico, aunque Alis Ramírez habla del tema de frente, pero muy seria, es que poco tiempo después ella y su esposo tuvieron 12 hectáreas de hoja de coca en San José del Fragua. ”Cuando regresamos a Caquetá y compramos la tierrita yo me quedé sin trabajar y Belisario Ortega —su pareja— salió con que la solución era sembrar coca”.

Eso fue en 2001. “Yo le fui cogiendo cada vez más antipatía a eso porque usted no me lo está preguntando, pero cuando llegaba la cosecha mi esposo se ‘mataba’ trabajando, y luego no le quedaba ni para comprarse unos calzoncillos. Ese trabajo es muy cruel, sólo beneficia a unos pocos, y casi nunca es uno, que es el más débil, el campesino”.

Convencerlo de “descontaminar la tierra” le tomó años y en la decisión final influyó que en 2008 la Vicaría del Sur, de la Arquidiócesis de Florencia, nombró a Alis Ramírez como facilitadora y ella comenzó a viajar por las comunidades de la zona. Gracias a ese trabajo, aprendió a construir huertas orgánicas y se obsesionó tanto con el tema que dos años después montó la suya donde antes estaba sembrada la coca.

Obligada a dejar la ceiba

La parcela de Alis Ramírez y Belisario Ortega está bañada por agua, la rodean el río Zabaleta y esa vieja quebrada feliz de la infancia. “Esa tierra es tan noble, tan fértil, que lo que sea que usted siembre, se lo entrega”, explica con emoción la lideresa. Antes de tener que desplazarse forzosamente a Ecuador, ambos cultivaron ahí chontaduro, espinaca, lechuga, cebolla y hasta un tipo de tubérculo al que le llamaban “papita aérea”. También tenían mandarina y cacao y habían comenzado a procesar miel y panela. Cuando llegó la tragedia del desarraigo, la finca era prácticamente autosostenible.

“De verdad que nos estábamos empoderando. Mi esposo ya sabía de memoria cuántas semillas de plantas teníamos, casi 300 variedades. Eso era algo muy bueno para nosotros, porque significaba tener a la mano lo que necesitábamos. Yo quería demostrarle a la comunidad que sí se puede, que la tierra es sagrada y por la falta de conocimiento le damos mal uso, pero tenemos que aprender a quererla y si la tratamos bien, nos sostiene”, asegura Alis Ramírez desde Wellington.

La parcela, ubicada en una vereda llamada La Primavera II de San José del Fragua, llegó a ser tan conocida en el pueblo que muy pronto comenzaron a visitarlos los vecinos, y luego incluso los que vivían más allá de las fronteras del departamento. También recibían a estudiantes de colegio y de la Universidad de la Amazonía.

Belisario Ortega bautizó a la finca como La Temblona y eso fue motivo de discusión porque ella quería que se llamara La Ceiba. Lo bueno es que quedó a nombre de ambos. “Esa es otra lucha que, como mujer, he podido ganar al lado de mi esposo. Él entiende que ambos tenemos los mismos derechos”.

Antes del desplazamiento forzoso, Alis Ramírez y su familia habían incluso salido beneficiados para que la Gobernación de Caquetá les diera una planta solar, tras una gestión que tomó casi cinco años. El sueño era convertir a la finca en un “ecosistema ambiental y de aprendizaje, donde se pudieran hacer senderos para enseñar a cultivar distintos alimentos y a proteger los recursos naturales”.

Pero el 7 de agosto de 2018, la fantasía se convirtió en pesadilla.

Las amenazas no eran nuevas. Como la de aquella vez en que unos mineros que extraían oro ilegalmente de un río, del que bebían agua los animales de La Ceiba, le dijeron que si seguía reclamando por el daño de esa fuente hídrica nadie más iba a volver a oírla. “A mí me cobijaba un miedo de los pies a la cabeza y así trabajaba, era algo que yo sentía siempre, pero aún así andaba por los pueblos, la gente no me dejaba sola. Me acompañaba. Y también trataba de cuidarme, cambiar todo el tiempo mis rutinas”.

Alis Ramírez explica, con algo de impotencia y de tristeza, que es muy difícil saber con precisión quién o quiénes la han amenazado a lo largo de los años.

“La amenaza de 2018, por la que tuve que salir del país, es bien confusa porque ya antes había recibido varias y tal vez ni yo misma sepa bien cómo ubicarla, no puedo decir con certeza quién está detrás porque son tantos los actores que violentan el territorio y a todos yo me he opuesto… desde las compañías que trabajan en el desarrollo de la minería legal hasta las minas ilegales, pasando por las grandes multinacionales que buscan petróleo y hasta por grupos armados como las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La verdad es que al protestar por el daño a nuestro entorno nos ganamos muchos enemigos. Eso es muy triste, muy duro”, relata.

Cuando Alis Ramírez cuenta qué ha pasado con su tierrita, se desata una tormenta de lágrimas al otro lado de la pantalla. “Voy a tratar… le voy a contar que desde que estoy aquí ignoro mi parcela, pensar en eso. Yo sé que tengo la necesidad de hacerlo, porque me lo había guardado y eso no es bueno. Pero no es fácil. Ese pedacito de tierra era mi armonía, sin ella no me siento completa”.

Antes de llegar a decir que todos los cultivos se perdieron, que la huerta orgánica murió hace tiempo, y que familiares y conocidos van de vez en cuando a cuidarla, pero ella pasa los días temiendo que alguien se la quite, antes de todo eso, Alis Ramírez da una larga vuelta para contar de su vida en Ecuador, el primer país al que viajó antes de terminar en Nueva Zelanda.

El día que su hermano le dijo que no volviera al pueblo porque la iban a matar, su esposo, que estaba en La Ceiba, comenzó a regalar sus pertenencias y quemó los libros que la defensora había acumulado en sus años de trabajo como docente. Nada de eso podrían llevarlo en el viaje forzado que debían emprender lo más pronto posible. Reunieron a sus hijos y la Defensoría del Pueblo y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) les ofrecieron sacarlos a ese país por vía aérea, pero Alis Ramírez prefirió hacer la travesía por tierra, para poder llevar “al menos una colchoneta y una estufa”. Algo que les diera una sensación parecida al hogar y que también pudiera serles útil.

En Ibarra mal vivieron siete meses, que para Ramírez han sido los peores de su vida. Fue allí donde una mañana, una camioneta 4×4 de vidrios oscuros interceptó a su hija menor, que tiene un título de tecnóloga ambiental y ha tratado de seguir los pasos de su madre, y dos hombres con armas largas le preguntaron si era la hija de Alis Ramírez y quisieron forzarla a subirse al vehículo. Se salvó de milagro por las personas que pasaban por la calle en ese momento.

De Ibarra salieron corriendo a Quito, pero lo que ganaban como vendedores ambulantes era inaudito y una organización internacional de ayuda a los refugiados, llamada HIAS, los reubicó en Cayambe, una ciudad a 2 830 metros de altura que para ellos, seres de la selva, era como llegar al hielo.

“Allá había cultivos de rosas y yo trabajé con las más espinosas, un tipo de rosa llamada Paloma, color rosado y color crema. Ese fue otro reto para mí: aprender a pulir la rosa y la vida en medio del dolor que sentía por haber tenido que abandonarlo todo y del trabajo con las espinas, y lograr que se sintieran suaves las rosas”.

En Ecuador, a Alis Ramírez le dio apendicitis y luego, en un cultivo de tomates, a ella y a su marido les robaron varios sueldos.

¿Qué sentido tiene la vida cuando lo has perdido todo y las nuevas puertas del camino te golpean con fuerza cada vez que tratas de abrirlas? Alis Ramírez pensó incluso en el suicidio.

Por eso, cuando la ACNUR le dijo que Nueva Zelanda les iba a dar la visa como refugiados, respiró tranquila por primera vez en mucho tiempo. No importaba que no supiera dónde quedaba esa nación desconocida ni que el viaje requiriera dos días y subirse a varios aviones.

Aterrizaron en Wellington el 30 de agosto de 2019.

“Lo primero que hice cuando me dieron el nombre del país fue tratar de averiguar por su naturaleza, por el paisaje. Quería estar segura de que no fuera algo catastrófico en el tema ambiental. Busqué si había ríos, porque me gusta sentirme rodeada de lo que solía rodearme en mi municipio”, cuenta con una sonrisa triste en la cara.

Aún en Nueva Zelanda, María Alis Ramírez sigue luchando por la tierra.

Lo primero que hizo fue preguntar por el inmenso mar que rodea a ese país minúsculo y que la dejó con la boca abierta antes de aterrizar, cuando lo vio a través de la ventana. Luego, indagó por las petroleras que ahí hacen presencia y por los molinos de viento (le costó entender que pueda existir una nación sobre la tierra en la que haga tanto, tanto viento, que alcance para producir energía y las hidroeléctricas prácticamente sean innecesarias). Y claro, buscó organizaciones de mujeres, sobre todo latinas, a las que pudiera unirse para empoderarse aún más en la defensa de sus derechos.

El mayor obstáculo ha sido el idioma. Se defiende, ha tomado clases, tiene una aplicación en el celular y responde lo básico cuando se lo preguntan, pero el inglés no es lo suyo. “Por eso es que todavía ando como con perfil bajo”, reconoce con sinceridad, antes de agregar que sus hijos sí salieron juiciosos para estudiar otro idioma. Y que son, además, su polo a tierra cuando la invaden la nostalgia y la tristeza. “Ellos han podido empoderarse aquí, sí han cogido el inglés y han podido navegar más que yo. Puede que yo no tenga nada, pero no hay nada más hermoso que ver que los hijos se empoderen, que crezcan, que arranquen”, dice.

Una tranquilidad triste

El nombre “María Alis Ramírez” aparece muy pocas veces en el infinito mar de información que es internet, en un par de registros de prensa y de la iglesia Católica en Caquetá. Y si se escribe de forma correcta, con la X, no aparece ni una vez en Google. Tal vez por eso, cuando se entera de que una periodista anda buscándola para retratarla como la luchadora que ha sido toda la vida, Alis Ramírez habla sin prevenciones, sin libretos, sin necesidad de repetir las respuestas de otras entrevistas.

Vivir en la capital neozelandesa todavía la invade de sentimientos ambiguos. Por un lado, respira con una tranquilidad que sería imposible en Colombia. Duerme en paz de saber que no escuchará los aviones del Ejército, ni los disparos de un fusil en medio de la selva.

Duerme. Porque eso también había dejado de hacer. Aunque le costó asimilar que a la casa sencilla y casi espartana del suburbio de Wellington donde la ubicaron con su esposo y cuatro de sus hijos —de puertas delgadas y grandes ventanales, sin rejas, con interiores visibles a todos los vecinos— no va a entrar nadie a robarlos o a hacerles daño.

“Los primeros días yo me sentía muy insegura. A esa casa en Colombia le dan una sola patada y el ladrón ya está adentro o me matan a uno de mis hijos. Cuando me di cuenta de la seguridad, porque aquí nadie me está diciendo que ahí viene un grupo armado… y cuando me di cuenta de la calma todo el día, porque el vecino no te levanta con bulla a las siete de la mañana… yo no sé pero entré como en una terapia psicológica que necesitaba hace tiempo. ¡Dios mío! ¡Necesitaba tanto esto!”.

En este momento del relato Alis Ramírez suspira, toma agua, y se alegra de poder hacer el ejercicio de recordar lo que ha vivido.

Los problemas llegan cuando recuerda por qué está ahí, y comienza a sentirse mal por los líderes ambientales y sociales que no han podido salir de Colombia y no tienen la oportunidad de experimentar esa vida sin sobresaltos externos de ninguna naturaleza.

Y llegan cuando toma consciencia de que una mujer que en Colombia nunca estaba quieta, ahora en Nueva Zelanda debe esperar la recuperación de una cirugía que le hicieron en ambas manos, porque hace poco la diagnosticaron con síndrome severo del túnel carpiano.

Alis Ramírez pasa los días inventándose tareas en la máquina de coser, arreglando el jardín de la casa, tratando de conectarse con lideresas en Caquetá y otros lugares de Colombia porque necesita saber qué está pasando con los ríos, con las huertas y los mercados campesinos, con las hidroeléctricas, con las petroleras.

“Aquí me siento como pasiva de cuerpo, pero me siento espiritualmente activa porque tengo la mente puesta en Colombia. Alguien me dijo que yo me tenía que olvidar de volver a estar metida en actividades de liderazgo social y ambiental y mi respuesta siempre es: no me pidan lo imposible. No me lo pidan porque hacer eso es mi vida. Eso es algo que está muy dentro de mí. Es lo que me da fuerza”.

Después de conversaciones muy largas que ocurren cuando es de noche en Sudamérica y es la mañana del día siguiente en Nueva Zelanda, al preguntarle qué es lo que se dice a ella misma todas las noches, cada vez que siente que se le acaban las ganas de seguir luchando. Ella contesta:

—Yo me pregunto mucho para qué me tocó salir. Y ahora creo que tengo una respuesta: fue para acabar de ver. Para ver muy bien el mundo. Dios no me tenía para proyectos cortos.

*Ilustraciones: Leo Jiménez.

** Este texto es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y Vorágine.

Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

* * *

El artículo original fue publicado por Laila Abu Shihab Vergara en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La deforestación sigue siendo una constante en la Amazonía ecuatoriana, una región marcada por medio siglo de presencia de industrias extractivas, principalmente la petrolera. En los años recientes se consolida una nueva amenaza para la conservación de esos bosques: los cultivos de balsa y palma aceitera bajo el modelo de agricultura por contrato, es decir, producción desarrollada bajo un acuerdo previo entre los agricultores y los compradores.

Así lo corroboró un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que visitó la Vía Auca y la Vía a Loreto, en el centro-sur y oeste de la provincia de Orellana, y acudió a varios de los puntos que fueron deforestados entre enero y marzo de 2023, según información de la plataforma Global Forest Watch (GFW).

“Ecuador está entre los cinco países en los que más se deforesta [considerando su extensión territorial] en Latinoamérica”, asegura Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma). Los focos de deforestación, dice Greene, están alrededor de los grandes proyectos extractivos para los que se han construido carreteras desde mitad del siglo XX. Esa infraestructura ha dado vía libre a los madereros y a colonizadores en búsqueda de tierras para la producción agrícola y ganadera. En Orellana, estos puntos colindan con el Parque Nacional Yasuní y con las estribaciones de la cordillera de los Andes, donde hay ecosistemas diversos y endémicos. “Su destrucción puede causar fragmentación de hábitats y extinción de especies”, comenta Greene.

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) afirma lo contrario en respuesta a una solicitud de información realizada por esta alianza periodística: “Existe un riesgo bajo de fraccionamiento [en la provincia], debido a que se cuenta con categorías de conservación como el Proyecto Socio Bosque, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Zonas intangibles e iniciativas impulsadas por esta cartera de Estado que están conservando el bosque en la provincia de Orellana”.

Las imágenes satelitales y la reportería en campo muestran otra realidad.

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Orellana: una de las provincias más deforestadas de Ecuador

La serie histórica de mapas de cambio de cobertura de la tierra del Maate muestra que entre 2018 y 2020, el último periodo publicado, Orellana estuvo entre las cinco provincias con mayor deforestación bruta anual, con 8417 hectáreas de bosque perdidas, una superficie igual a 25 veces el Central Park de Nueva York. Mientras tanto, GFW reporta que solo en el 2022, la provincia perdió 6170 hectáreas únicamente de bosque primario.

Según las alertas tempranas del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques del Maate, en Orellana se generaron 376 alertas de deforestación en Orellana entre enero y marzo de 2023, principalmente en los cantones Joya de los Sachas y Francisco de Orellana, también conocido como Coca. Una alerta representa la pérdida de, al menos, una hectárea de bosque en áreas que no tienen permisos ambientales para aprovechamiento forestal, concesiones mineras o petroleras, actividades agropecuarias, entre otras, según indica Álex Quizhpe, coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM del Maate, financiado por la cooperación internacional para lograr reducción en las emisiones derivadas de la deforestación.

Por su lado, GFW registró entre enero y marzo pasado 64 316 alertas de deforestación en toda la provincia de Orellana. Para GFW, cada alerta representa la posible pérdida de 30 x 30 metros de un bosque tropical, aproximadamente el tamaño de una cancha de baloncesto.

Al aumento de la deforestación “se suma la falta de congruencia entre las normativas”, cuestiona Alonso Jaramillo, parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y exdirector del Parque Nacional Yasuní (PNY). “Si bien es cierto que existen leyes que protegen la biodiversidad, también existe normativa que permite explotación forestal a gran escala”, añade. De hecho, entre 2018 y 2022, el Maate entregó 1364 licencias de aprovechamiento forestal en 25 952 hectáreas de Orellana, de acuerdo con la información enviada por la entidad a esta alianza periodística.

Las licencias de aprovechamiento forestal “permiten el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (maderables y no maderables) de los bosques húmedos, andinos y secos […] son emitidas a los propietarios de los predios en los cuales previamente se han aprobado Planes de Manejo Integral, Programas de Manejo Forestal y de Corta”, dijo el Maate en su respuesta. Jaramillo asegura que este tipo de explotación se beneficia de la extracción ilegal de madera. “Hacen un lavado, es decir, extraen madera de zonas protegidas donde no tienen licencia y la cargan donde sí tienen licencia. Así se legaliza”, denuncia.

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Vía Auca: una historia de deforestación

La Vía Auca está ubicada en el cantón Francisco de Orellana (Coca), el más deforestado de Ecuador entre 2001 y 2020, de acuerdo con un informe de Mapbiomas —iniciativa que integra a una red colaborativa de especialistas en temas como uso del suelo, sensores remotos y programación— presentado a finales de 2022. Según la información enviada por el Maate, entre 1990 y el 2000 se deforestaron alrededor de 5339 hectáreas por año en este cantón; entre el 2000 y el 2018, la superficie que perdió cobertura forestal se mantuvo alrededor de las 3000 hectáreas anuales pero, entre el 2018 y el 2020, la deforestación se volvió a disparar y se perdieron alrededor de 4300 hectáreas cada año.

GFW tiene datos más actuales y registra que, en 2022, Francisco de Orellana perdió 3480 hectáreas de bosque primario. Además, entre enero y marzo de 2023, este cantón registró 36 561 alertas de deforestación, es decir, el 56,8 % de todas las alertas de la provincia.

La carretera Auca conecta a Francisco de Orellana, la capital de la provincia, con el bloque petrolero 61 Auca, operado por Petroecuador. Tanto la vía como el bloque reciben este nombre porque la zona era territorio de los waorani, llamados “aucas” —salvajes en español— por los indígenas kichwas. Hoy ya queda poco de los bosques y pantanos que albergaban cultivos históricos de palmeras de morete o aguaje, fruto con el que los waorani hacen chicha, o especies de mamíferos que servían como alimento para los habitantes ancestrales. Ahora, esta zona está habitada principalmente por colonos y, en menor medida, por indígenas de las nacionalidades waorani, kichwa y shuar.

La vía Auca se construyó en la década de los setenta, cuando empezó la exploración de la empresa Texaco en el campo Auca y cuando migrantes mestizos de las provincias de Manabí, Bolívar, Guayas y Loja llegaron en búsqueda de tierras productivas. La carretera atraviesa la ciudad de Francisco de Orellana, así como sus parroquias rurales El Dorado, Dayuma e Inés Arango. Estas dos últimas albergan parte del Parque Nacional Yasuní.

“El tema de la agricultura está bastante explotado”, cuenta Carlos Martínez, presidente de Inés Arango. En décadas pasadas, los colonos se dedicaban principalmente a sembrar cacao, café o maíz pero, mientras tanto, la actividad petrolera no dejó de crecer: el bloque Auca produce unos 70 000 barriles de petróleo por día en 246 pozos activos, según el reporte de producción de Petroecuador del 29 de mayo de 2023.

El crecimiento de las fronteras agrícola y petrolera ha pasado su factura. Por un lado, los derrames de petróleo son frecuentes, de acuerdo con Washington Wilca, técnico de territorio de la Fundación Alejandro Labaka, dedicada a la investigación, promoción cultural y acompañamiento organizativo de los pueblos indígenas de la Amazonía norte ecuatoriana. Por otro, “hay muy pocos bosques primarios —según afirma Martínez—, la mayoría fueron explotados hace muchos años para extraer madera ilegalmente. Los bosques primarios que se conservan están en los territorios de las nacionalidades indígenas”.

Este equipo periodístico captó imágenes y videos de zonas deforestadas que fueron reportadas entre enero y marzo de 2023 en las alertas de GFW. Wilca asegura que estas zonas están destinadas al cultivo de balsa y palma. De hecho, en las imágenes satelitales se distinguen algunos cultivos de palma. El técnico de la Fundación Labaka ha observado un fenómeno relacionado con esta última plantación donde pequeños inversionistas, con ahorros o con dineros recibidos de las liquidaciones de las empresas petroleras, compran fincas en Inés Arango o Dayuma para sembrar palma africana, ya que son más económicas comparadas con localidades más cercanas a las capitales provinciales. “¡Es increíble cómo avanza el cultivo de la palma aceitera!”, expresa Alonso Jaramillo del FEPP.

Hasta el 2022, la superficie destinada a la producción de palma de aceite en Ecuador estaba en caída debido a la “pudrición del cogollo (una plaga que afecta a la planta), la reducción en el rendimiento productivo, los impactos del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”, según indicó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en respuesta a una solicitud de información de esta alianza periodística. La superficie plantada era de 16 071 hectáreas en 2017 y pasó a 11 546 hectáreas en 2022. El Ministerio no ofreció datos para el 2023, pero dio a conocer que Francisco de Orellana es el cantón de la provincia con mayor superficie de cultivo de palma aceitera con 7955 hectáreas sembradas en 2022.

Tanto Wilca como Jaramillo coinciden en que este monocultivo requiere de muchos pesticidas que, por el ciclo del agua, terminarán en los ríos y causarán bioacumulación de toxinas en las especies más grandes de peces, y después en los humanos. Además, también hay otros efectos: “Hay una tala completa de los terrenos, evitando la reforestación con el ecosistema nativo”, dice Natalia Greene. De acuerdo con Carlos Martínez, presidente de Inés Arango, hay alrededor de 150 hectáreas destinadas al cultivo de palma en esta parroquia. Además, asegura que en pocos meses, “más plantas de palma [de pequeños inversores] estarán listas para el trasplante en nuevas hectáreas”.

El aumento en los cultivos de palma en parte se explica porque las empresas aceiteras dan facilidades para que los agricultores siembren: proveen semillas, dan asesoramiento técnico y aseguran la compra de la producción.

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Vía a Loreto: la balsa los mantiene a flote

La Vía a Loreto avanza desde el cantón Francisco de Orellana hacia el cantón Loreto, en el oeste de la provincia. Lo hace sobre un tramo de la Transversal Norte E20, que conecta a la Amazonía con Quito, en los Andes, y con la provincia costera de Esmeraldas. Entre Francisco de Orellana y Loreto se asientan, en su mayoría, comunidades kichwa que cuentan con títulos de propiedad globales, aunque también hay comunidades colonas, según indica Marino Calva, empleado de la Dirección de Ambiente del cantón Francisco de Orellana.

La mayor parte de la deforestación en esta zona ocurrió entre 1990 y 2010, según reflejan los datos de la serie histórica de mapas de cambio de cobertura de la tierra del Maate. Por lo tanto, “los bosques actuales son, en su mayoría, secundarios”, dice Calva.

GFW registró la pérdida de 1370 hectáreas de bosque natural en 2022 en el cantón Loreto y generó 9963 alertas de deforestación entre enero y marzo de 2023, equivalentes al 15,4 % de las alertas de la provincia de Orellana. En la actualidad, añade el trabajador municipal, la deforestación en estas zonas responde a la agricultura rotativa a pequeña escala.

Ramón Grefa, líder de la Comuna Kichwa Altomanduru, ubicada en un tramo de la Vía a Loreto en el cantón Francisco de Orellana, asegura que su comunidad conserva el 60 % del territorio, mientras que el 40 % restante está dedicado a la construcción de viviendas, siembra de chacras y cuidado de ganado. Desde hace unos tres años los comuneros cultivan melina (Gmelina arborea Roxb), una especie maderable introducida, y balsa.

“Aún existe alta demanda de este producto [balsa], a pesar de que el precio fluctúa entre los 30 y 40 dólares por el metro cúbico de madera rolliza. Se ha evidenciado que la mayoría de las autorizaciones administrativas de programas para aprovechamiento de balsa son emitidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a pesar de que en algunos casos son árboles de regeneración natural y no plantaciones”, respondió el Maate a esta alianza.

“La balsa es una especie pionera que se regenera en sitios de producción agropecuaria o en sitios abandonados que no constituyen bosque nativo”, aclaró por su parte el MAG. En los últimos seis años, esta institución emitió 262 autorizaciones administrativas de programas para aprovechamiento de balsa en Orellana, con un volumen aprobado de 172 376 metros cúbicos. En 2018 fueron 2538 metros cúbicos; en 2019 la cifra fue de 4515; en 2020 subió a 12 717; en 2021 disminuyó a 1115 y en 2022 el volumen aprobado llegó a un récord de 80 988 metros cúbicos. Solo hasta mayo de 2023 las aprobaciones ya iban en 70 504 metros cúbicos aprovechados de balsa, es decir, si la tendencia se mantiene, 2023 será el año de mayor aprovechamiento de esta madera reportado en la provincia.

El aumento en la demanda de balsa, se debe al repunte de las energías renovables, pues se utiliza en la construcción de aspas para la energía eólica. Su cultivo requiere de menor inversión y esfuerzo que la palma, y además, unos seis meses después de la deforestación, esta especie nativa de la Amazonía nace gracias a que sus semillas se dispersan con el viento y es de rápido crecimiento.

“Uno de los principales efectos del cambio de bosque secundario a cultivo de balsa es la disminución de la recuperación del ecosistema”, asegura Belén Paéz, presidenta de Fundación Pachamama, una organización no gubernamental que trabaja con los pueblos indígenas amazónicos en la gestión autónoma de sus territorios.

A pesar de ser una especie nativa, tener un monocultivo de balsa, para luego explotarlo, evita que los bosques se recuperen. Como consecuencia, hay pérdida de servicios ecosistémicos como la fijación de nitrógeno, la mejora del suelo y la prevención de la erosión. Además, puede haber pérdida de fuentes de carbono y hábitats, así como cambios de microclimas y de patrones de agua. La alta demanda de este producto causa “un aumento exponencial en la tasa de deforestación, no solo interviniendo áreas de bosque secundario, sino que también se está extendiendo a zonas de bosque primario”, alerta Páez.

Grefa estima que en su comunidad, que tiene una superficie de 3000 hectáreas, hay unas 50 hectáreas de balsa. “No ha habido afectación al bosque, han sembrado, pero no en el bosque primario, sino en el secundario”, dice. Marino Calva corrobora que a lo largo de la vía a Loreto, los cultivos de balsa han aumentado en terrenos que ya habían sido intervenidos. “Muy pocos son los que talaron bosque para sembrar la balsa”, añade. Sin embargo, le preocupa que esta nueva dinámica comercial promueva la tala de esta especie que cumple funciones ambientales.

A diferencia de la Vía Auca, las comunidades kichwa que se asientan a lo largo de la vía a Loreto no siembran palma africana. “No nos conviene eso. Se utilizan muchos químicos, hay que estar fumigando a cada rato, no nos gusta eso, queremos cultivar naturalmente, orgánicamente, así no se afecta el suelo ni el aire ni el agua”, dice Grefa.

Frente al incremento de la superficie dedicada al cultivo de palma y balsa, los expertos consultados para este reportaje concuerdan en que es urgente que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura aumenten esfuerzos para capacitar a los agricultores en función de que sus cultivos se vuelvan más productivos. Fundación Pachamama, por otro lado, creó junto a la comunidad achuar de Sharamentza, en la provincia de Pastaza, un plan de manejo sostenible de balsa, basado en compensaciones por no talar en zonas frágiles y es algo que esperan que se pueda replicar en Orellana.

Natalia Greene considera que otra opción para enfrentar la deforestación causada por monocultivos de palma y balsa es que se involucre a más comunidades en el monitoreo de la naturaleza y el territorio.

* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora de Ecuador.

*Imagen principal: La Vía a Loreto también promovió la deforestación. Esta zona es habitada principalmente por comunidades kichwa. Foto: Rhett A. Butler.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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• Análisis de imágenes satelitales muestran que Bolivia pasó de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985 a 55 millones de hectáreas en 2022. En los dos últimos años el país perdió casi 800 mil hectáreas de bosques.
• La información evaluada por la Fundación Amigos de la Naturaleza muestra también un retroceso del 56 % de los glaciares.
• La información en mapas y estadísticas son de libre acceso a través del portal Mapbiomas Bolivia, una visión amplia de lo sucedido en territorio boliviano entre 1985 y 2022

En los últimos dos años, entre 2020 y 2022, Bolivia perdió casi 800 000 hectáreas de bosque, una cifra que da cuenta de cómo está avanzando la deforestación en el país. “Bolivia está enfrentando procesos de deforestación históricos, sobre todo en los últimos dos años, los más altos de la historia del país”, señala Marlene Quintanilla, directora de Investigación y Gestión del Conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) en Bolivia, luego de la presentación de la primera colección de mapas anuales sobre el cambio de la cobertura y uso del suelo ocurridos en Bolivia entre los años 1985 y 2022.

El trabajo realizado por FAN Bolivia —con apoyo de la Red Amazónica de Información Socioambiental (RAISG)— indica que el país perdió 7.9 millones de hectáreas de bosque durante los 37 años de análisis. Es decir, Bolivia pasó de tener 63 millones de hectáreas de bosque en 1985 a 55 millones de hectáreas en 2022.

La afectación de los ecosistemas en este periodo de tiempo no se restringe a los bosques. Los glaciares también han tenido un deterioro devastador. Según el análisis de FAN Bolivia, los nevados han retrocedido en un 56 %. “Más de la mitad de los glaciares se han eliminado, lo cual los ubica en un punto de mayor fragilidad, porque a medida que se reduce el tamaño de los glaciares, se acelera también la pérdida de la capa de hielo que aún los cubre”, explica Quintanilla.

Los mapas, estadísticas e infografías elaborados por FAN se pueden explorar en la plataforma Mapbiomas Bolivia que ofrece una visión amplia de lo sucedido en seis biomas entre 1985 y 2022: Amazonía, Andes, Chaco, Chiquitano, Pantanal y Tucumano.

Bolivia es el segundo país de Sudamérica —después de Perú— que ha elaborado y presenta este análisis completo de su territorio que abarca más de tres décadas.

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Los bosques que se están perdiendo

Las cifras de la pérdida de cobertura boscosa en Bolivia ha ido en aumento en los últimos cinco años. Según los datos presentadas por FAN Bolivia, entre los años 2016 y 2020, el promedio de pérdida de bosque era de 260 000 hectáreas anuales. Sin embargo, para el 2021 está cifra subió a 364 000 hectáreas y en el 2022 la deforestación alcanzó las 429 000 hectáreas, casi el doble de lo ocurrido dos años atrás.

“Es la primera vez que tenemos una colección histórica de mapas que muestran que ha pasado cada año en ese periodo de tiempo, para que a partir de estos datos podamos comprender qué hechos han incidido en impulsar o reducir la deforestación”, señala la investigadora de FAN Bolivia.

Quintanilla explica que detrás de estas cifras se presenta un fenómeno de reconfiguración demográfica en el país. “Cada vez hay más migración de las regiones andinas o altas de Bolivia hacia las zonas bajas, que es donde está la mayor extensión de bosques y esto, obviamente, demanda más tierras para los nuevos ocupantes que tienen otra mirada de desarrollo”, señala sobre una de las causas de la deforestación que afecta al país.

La investigadora de FAN menciona que también existe una mala interpretación de la legislación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), con relación al valor y uso del bosque, pues para acreditar el derecho a la tierra se debe demostrar que se está realizando actividades agrícolas y esto conlleva la tala de los bosques. A ello se suma —comenta Quintanilla— las invasiones y los conflictos por la tierra que están aumentando y acelerando la deforestación.

“Muchas veces los migrantes son personas de bajos recursos que no logran establecer un sistema de producción que se necesita para realizar agricultura en suelos forestales, por tanto, al cabo de un tiempo, venden la tierra, principalmente a extranjeros, a precios muy bajos. Es  ahí donde ocurre el boom de la deforestación, porque el capital extranjero tiene recursos para ampliar la actividad agrícola, sobre todo ahora que se está extendiendo el cultivo de soya y la  ganadería”, agrega Quintanilla.

Sobre este crecimiento agropecuario, el análisis de Mapbiomas Bolivia muestra que en 1985 el área destinada a uso agropecuario era de 2.8 millones de hectáreas, mientras que para el 2021 esta cifra subió a 10.8 millones de hectáreas, es decir, el cambio de uso de suelo por actividades agrícolas y ganaderas tuvo un incremento del 291 %.

La minería y la infraestructura urbana también han tenido su cuota en la deforestación en Bolivia, con un incremento del 140.7 % de pérdida de bosque. Eso equivale a 190 529 hectáreas.

“Para nosotros la deforestación se inicia con las titulaciones y, a partir de allí, surge la expansión de productos como la soya y la ganadería para la exportación de carne. También la minería tiene una cuota que, a pesar de no ser muy grande, muy pronto podría cambiar porque se está expandiendo en La Paz y en Santa Cruz”, resalta Quintanilla.

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Los biomas en riesgo

El 79 % de la deforestación ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz. Ahí, en 1985 se tenían 31.9 millones de hectáreas de cobertura boscosa. Esa cifra disminuyó a 25.7 millones de hectáreas en 2022, es decir, perdió 6.2 millones de hectáreas. Detrás de Santa Cruz, en la lista de regiones con más deforestación están el departamento de Beni, La Paz, Pando, Cochabamba y Tarija, que en total suman 2 millones de hectáreas.

“La mayor concentración de los problemas ambientales está en este departamento, debido a que la deforestación ocurre en lugares no aptos para el cambio de uso de suelo para la producción. Y esto está relacionado con el ordenamiento territorial”, señala Oswaldo Maillard, coordinador del Observatorio del Bosque Seco Chiquitano (OBSCh) de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC).

Maillard señala que existe una visión de desarrollo no acertada, pues se cree que cuanto más se desmonta un bosque se logrará mayor producción agrícola y ganadera, sin embargo, esto no es así. “Las actividades productivas no se deben realizar en áreas de vocación forestal o para conservación. Y aquí es donde los insumos de Mapbiomas cobran importancia y valor,  porque sirven para hacer planificación y reducir los niveles de deforestación”.

En cuanto a los biomas más afectados, el bosque chaqueño (El Chaco) y el bosque seco chiquitano (Chiquitanía) resaltan. En los últimos 37 años, cada uno ha perdido por lo menos el 22 % de su cobertura forestal.

Según los análisis de FAN Bolivia el crecimiento de la agricultura en El Chaco ha sido desmesurado con cifras de 1.2 millones de hectáreas que ha significado un aumento de 1 292 % entre 1985 y 2022.

En la Chiquitanía, la agricultura creció en 399 % es decir  671 815 hectáreas, mientras que el crecimiento de pasturas fue de 605 %, un total de 824 373 hectáreas.

“Estamos poniendo en peligro los ecosistemas con una distribución restringida en Sudamérica y en el mundo. El bosque seco chiquitano es un bioma  único en el planeta que lo compartimos con Brasil, pero gran parte está en Bolivia; mientras que el bosque chaqueño mejor conservado de Sudamérica está en Bolivia, porque el Paraguayo y el Argentino prácticamente ya se ha extinguido”, comenta Quintanilla.

Lo que está sucediendo en la Amazonía boliviana también ha despertado las alarmas. Según Mapbiomas Bolivia, el bosque amazónico se redujo un 7,4 %, es decir, 1.5 millones de hectáreas entre 1985 y 2022, la extensión de pérdida de cobertura boscosa equivale a diez veces la ciudad brasileña de Sao Paulo.

El bioma amazónico cubre el 44 % del territorio boliviano, seguido de los Andes con el 26 %, luego Chaco con el 11.6 %, Chiquitano 11.5 %, Tucumano Boliviano 4.4 % y el Pantanal con el 2.5 %.

“La Amazonía es un bosque muy extenso en Bolivia, por tanto, la deforestación en términos de porcentaje no resulta visible. Pero, además de la Amazonía, hay otras formaciones como las sábanas inundables. Ahí tenemos, sobre todo, los Llanos de Moxos, un bosque que interactúa con el agua. También están los yungas de Bolivia, los bosques con mayor biodiversidad en la región, otra de las áreas que está sufriendo un gran impacto”, enfatiza Quintanilla, investigadora de FAN.

Los bosques dentro de áreas protegidas y territorios indígenas son los más conservados y su pérdida —según comenta Quintanilla— bordea apenas el 3 % en cada caso. Sin embargo, dice la experta, dentro de estos territorios, algunas zonas están más impactadas que otras.

En el caso de las áreas protegidas —menciona Quintanilla— el Parque Nacional Amboró, un corredor de bosque andino que garantiza muchas zonas productoras de agua, pero que, sin embargo, está teniendo un proceso de deforestación intenso.

En cuanto a los territorios indígenas, Quintanilla señala que los Bañados de Izozog, un área protegida entre la Chiquitanía y el Chaco, que forma parte del territorio indígena izoceño-guaraní; así como los Guarayo, al norte de Santa Cruz; el Gran Consejo Tsimani, en el Beni y la TCO Monte Verde son los territorios de pueblos indígenas más afectados por la deforestación.

“Los pueblos indígenas deberían ser reconocidos como los guardianes de los pocos espacios de alta biodiversidad que quedan en el planeta, sin embargo, son amenazados, discriminados, perseguidos y no se les reconoce el rol fundamental en el cuidado y conservación de esos espacios tan frágiles y determinantes en el equilibrio del planeta”, comenta Alex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap). “Los pueblos indígenas tienen que ser reconocidos como los cuidadores más efectivos de estos ecosistemas”.

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Retroceso de los glaciares

Uno de los resultados más dramáticos del estudio ha sido el retroceso de los glaciares cuya cobertura de nieve se redujo más de la mitad —56.2 %— en los últimos 37 años. En total desaparecieron 39 000 hectáreas de hielo.

“Esto tiene que ver con el calentamiento global, pero también es un impacto directo de la deforestación en las tierras bajas de Bolivia y a nivel regional, porque los bosques regulan la temperatura y al haber menos bosques todas las presiones impactan directamente este tipo de  ecosistemas que no sólo tienen una belleza escénica sino que contribuyen a las reservas de agua subterránea”, explica Quintanilla, quien además señala que si los glaciares se han reducido en más del 50 %, el agua disponible para las ciudades también ha ido a la baja.

En Bolivia, los problemas con la disponibilidad de agua son heterogéneos —dice Quintanilla— pues cada lugar tiene diferentes episodios y crisis, en unos casos se manifiesta en sequías y en otros en inundaciones. “En las ciudades quizás no lo sentimos porque tenemos un sistema de suministro de agua, pero en el área rural es diferente. Creo que en unos cinco o diez años más, la falta de agua va a golpear a las ciudades”.

El líder indígena Alex Villca, de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), menciona que la Laguna Concepción, un humedal que además es un sitio Ramsar y un área protegida, se está secando por el avance de la deforestación. También pone como ejemplo al lago Poopó, el segundo más grande de Bolivia después del Titicaca, que se está perdiendo por la contaminación y la desertificación.

“Las poblaciones indígenas muchas veces tienen que migrar hacia otros sitios en busca de nuevos espacios para poder sobrevivir. Por ejemplo, el caso de los pueblos indígenas Uro murato y Uro iruitos, que viven alrededor del lago Poopó, en Oruro, han tenido que migrar a Chile. Pero no son los únicos, muchos pueblos de la Amazonía también están en alto riesgo por el agotamiento de sus recursos y la contaminación de sus ríos debido a la minería ilegal de oro”, comenta Villca.

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Una herramienta para tomar decisiones

El portal MapBiomas Bolivia ofrece mapas y estadísticas por biomas, departamentos, municipios, cuencas, áreas protegidas y territorios indígenas. Estos datos —indican sus creadores— permiten realizar análisis y planificación, tanto de la cobertura boscosa con la que aún cuenta Bolivia, como de los lugares que se están perdiendo.

“Toda esta información es importante para poder tomar acciones de conservación y utilizar los datos”, dice Oswaldo Maillard, de la FCBC, pues considera que los gobiernos autónomos, los municipios y las gobernaciones podrán acceder a esta información para tomar decisiones. A ello —agrega Maillard— que no solo se debe ver lo que se ha perdido en los bosques, sino también lo que aún queda. “Qué hacemos con ese bosque, cómo lo gestionamos, cómo es que esto va a tener una mayor planificación”.

Estamos hablando de oportunidades de conservación, de fuentes de desarrollo —comenta Maillard—, beneficios para las personas y no solamente del bosque, sino también de los otros ecosistemas de formaciones naturales no boscosas, porque en estos ecosistemas hay mucha biodiversidad y muchos servicios ambientales que benefician a todas las comunidades.

“Con esta información queremos llamar la atención por un lado al sector político, a los tomadores de decisiones; pero también a la comunidad científica, para que en sus investigaciones puedan tomar estos datos y alertar sobre lo que implica deforestar más bosques”, dice Marlene Quintanilla sobre las posibilidades que se abren con los datos expuestos en Mapbiomas Bolivia.

* Imagen principal: Deforestación en Bolivia. Foto: Edmond Sanchez.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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