En las décadas de 1950 y 1960, las vicuñas estuvieron al borde de la extinción. La caza ilegal para la comercialización de su valiosa lana, una de las más finas del mundo, fue la razón principal de la disminución drástica de la población de una de las cuatro especies de camélidos que habitan en Sudamérica. Dos de ellas —la llama y la alpaca— son domésticas y las otras dos —vicuña y guanaco— son silvestres.

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Al igual que la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) también ha pasado por periodos de reducción severa de su población. En los años 60 y 70, el número de guanacos se vio afectado por los permisos para la caza legal de esta especie. “Se otorgaban miles de cupos de caza legal para reducir su densidad y liberar zonas de pastoreo para poner más ovejas”, comenta Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigaciones en Ecofisiología de Fauna Silvestre (Giefas) del Conicet y de de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina.

En las últimas décadas, las poblaciones de ambas especies se han recuperado. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. Aunque “la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza” para los camélidos silvestres, según comenta Bibiana Vali, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Universidad de Luján, estas especies también enfrentan otro riesgo para su salud: la sarna sarcóptica.

Se trata de una enfermedad de la piel, contagiosa, causada por el ácaro microscópico excavador Sarcoptes scabiei. Esta enfermedad no solo ataca a estas dos especies, sino que también afecta a llamas, alpacas y muchos otros mamíferos. Según diversos estudios, este parásito ha sido documentado en más de 150 especies de mamíferos.

Las poblaciones de vicuñas y guanacos en Sudamérica se distribuyen en cinco países: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Mongabay Latam conversó con expertos en camélidos sudamericanos de Perú y Argentina para tener un panorama de cómo esta enfermedad afecta a las poblaciones de vicuñas y guanacos en los países donde habitan.

La sarna en las vicuñas

“La sarna sarcóptica es una enfermedad emergente en la fauna silvestre a nivel mundial y hemos observado que puede tener impactos devastadores en poblaciones pequeñas y aisladas”, dice Alynn Martin, profesora asistente e investigadora científica de ecología y epidemiología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de Estado Unidos.

Martin es coautora del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica, publicado a fines de 2024. Una investigación que se centra en la revisión de estudios previos que se han realizado sobre esta enfermedad en vicuñas y guanacos.

La investigadora detalla que el impacto de “los brotes de sarna en vicuñas y guanacos tiene consecuencias de gran alcance, ya que estas especies no solo son culturalmente importantes para las comunidades locales, sino que también son valoradas por su fibra y contribuyen al sustento de los pueblos andinos”.

Hugo Castillo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y miembro de este grupo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica cómo la enfermedad afecta a los camélidos silvestres. “Cuando la enfermedad avanza, los animales se vuelven presa fácil de depredadores o  sucumben por infecciones secundarias”, explica.

El experto en camélidos detalla que la muerte del animal no se produce por la acción directa del ácaro, sino porque al destruirse la piel por acción del parásito, ingresan otros microorganismos como bacterias y hongos, que generan infecciones generalizadas. Otra consecuencia de la sarna es que el animal pierde peso, porque, aparentemente, deja de comer por el malestar. “Normalmente encontramos a los animales con sarna con condición corporal baja. Es por ello [también] que mueren”.

El investigador también comenta que los casos más icónicos de sarna en Perú están en Ayacucho. Uno de los lugares donde la población de camélidos “se ha visto bastante afectada es la reserva de Pampa Galeras”, así como en Iruro, en Lucanas, que en el año 2015 llegó a tener una prevalencia del 62 % de la enfermedad. Actualmente, dice Castillo, estas poblaciones se están recuperando.

La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, ubicada en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, es un lugar emblemático para la conservación de la vicuña con una extensión de 6500 hectáreas. Sin embargo, las vicuñas en esta zona de Ayacucho habitan más allá de la reserva y son las comunidades campesinas de Lucanas, junto con el Estado peruano, las que están comprometidas con la conservación de la especie.

Castillo señala que otra de las zonas con alta prevalencia de sarna en Perú es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima. “En 2015 trabajamos, junto con el Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] en esa comunidad y cuando fuimos al chaccu —técnica ancestral de captura y esquila de vicuñas—, la prevalencia [de sarna] era de casi 40 %. Lo que después nos han dicho los pobladores es que prácticamente ya no hay vicuñas, han quedado muy pocas y dispersas”.

Perú es el país con la mayor población de vicuñas, más de la mitad de la población mundial, según la UICN. En 2016  se estimó una población total de 218 000 vicuñas. Este 2025, Serfor realizó un nuevo Censo Nacional de Vicuñas y, según los resultados preliminares, el país contaría con más de 300 000 ejemplares distribuidos en 16 departamentos. Los resultados del censo también indican que la región de Arequipa lidera el registro, con 73 201 vicuñas; seguida de Ayacucho, con 66 121; y Puno, con más de 50 000.

En la lista sigue Huancavelica, con más de 40 000; Apurímac, con 30 000; y Cusco, con 20 000.  En Cajamarca se registraron 1475 ejemplares, en La Libertad 1232, en Ica 398. Serfor destacó que entre las novedades del censo figura el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco.

De las más de 300 000 vicuñas censadas en Perú, 40 700 están dentro de siete áreas naturales protegidas, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las áreas naturales protegidas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, con una población que supera los 30 000 individuos.

“Hasta el último censo, Ayacucho era el departamento con mayor población de vicuñas. Sin embargo, según datos extraoficiales del censo realizado este año, Arequipa ha superado a Ayacucho en población de vicuñas. Estos resultados coinciden con el hecho de que la población de vicuñas de Arequipa prácticamente no ha tenido sarna”, comenta el experto en camélidos Hugo Castillo.

En toda esta década, continúa Castillo, regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac registraron casos de sarna en algunas de sus poblaciones. En cambio, Arequipa estuvo libre de sarna, recién hace uno o dos años, más o menos, se han comenzado a reportar casos de sarna en Arequipa, pero en prevalencias muy bajas. “Probablemente esto tenga relación con la mortalidad que ha generado la enfermedad”.

Enrique Michaud, co-presidente de la Alianza Global para el Año Internacional de Pastizales y Pastores 2026, comenta sobre la baja prevalencia de sarna en las poblaciones de vicuñas de Arequipa. “En los últimos congresos que hemos tenido sobre sarna, la región que ha tenido menos porcentaje de sarna o casi cero ha sido Arequipa. Curiosamente es la región donde ha habido un mejor manejo de la sarna en animales domésticos”.

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La enfermedad en los guanacos

La mayor población de guanacos se encuentra en el sur de la región, entre Argentina y Chile. Se calcula que actualmente existen por lo menos un millón de individuos de esta especie y de ellos, el 95% de la población mundial habita en Argentina. El resto se distribuye entre Chile (4 %), Perú, Bolivia y Paraguay, según explica Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestres (Giefas) del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) del  Conicet.

Carmanchahi comenta que la población más abundante está en la Patagonia, donde en los últimos años viene implementando varias alternativas de manejo con estas poblaciones, entre ellas, el aprovechamiento de la lana, “que tiene casi la misma calidad que la fibra de vicuña”, explica. Al mismo tiempo, realizan monitoreo de la sarna en esta especie.

Melina Anello, investigadora asistente en el Giefas del Conicet, menciona también el brote de sarna que afectó a la población de camélidos en el Parque Nacional San Guillermo. “El  ingreso [de la sarna] se dio a partir de animales domésticos, llamas, particularmente, que estaban alrededor del parque. La enfermedad se diseminó rápidamente en la población al punto de que ahora se considera una extinción ecológica local de la especie. Las poblaciones disminuyeron en un 90 % a 95 %, prácticamente no quedan vicuñas y muy pocos guanacos en el parque”.

Anello comenta que en la provincia de Tierra del Fuego, que se ubica en una isla compartida entre Argentina y Chile, hay poblaciones de guanacos con alta incidencia de sarna. “Si bien no tenemos números muy precisos, solo estimaciones preliminares, estamos viendo que hay mucha sarna”. Otros casos registrados por la experta están en las provincias de Santa Cruz y de Chucuito, pero no son “muy grandes”. Sin embargo, agrega Anello, faltan datos para saber específicamente cuántos animales hay y cuál es su situación sanitaria, si existe o no la enfermedad y qué tan grave es.

La especialista de Conicet también menciona que realiza investigaciones genéticas sobre la enfermedad para entender cuáles son los factores que llevan a que se produzca la enfermedad, cuáles son sus vías de transmisión para evitar que ingresen a nuevas poblaciones. Anello dice también que junto con Carmanchahi están formando una red de investigadores de todos los países donde habitan los camélidos para obtener datos de todo el área de distribución. “Es importante compartir esta información y tomar medidas en conjunto”.

Carmanchahi agrega que en 2006 se elaboró un Plan Nacional de Manejo del Guanaco en Argentina, pero que en 2024 fue derogado y se generaron nuevas directrices.

En octubre de 2024 la Subsecretaría de Ambiente de Argentina actualizó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, mediante el cual habilita a las provincias patagónicas a conformar programas de manejo y aprovechamiento de esta especie.

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Medidas de control

“La sarna es una enfermedad que está muy extendida ya sea en las especies domésticas como en las especies silvestres. Tenemos animales con sarna en muchísimas especies a la vez”, comenta la investigadora argentina Bibiana Vilá, investigadora superior del Conicet, profesora titular en la Universidad de Luján y directora de Vicuñas, Camélidos y Ambiente (Vicam).

Vilá también explica que la situación de la sarna en la población de camélidos “es diferente en distintos contextos”, pues en algunas zonas las vicuñas conviven con camélidos doméstidos como llamas y alpacas, o también con ganado vacuno y ovino.

Vilá comenta que en la zona en la que trabaja —Santa Catalina, en el noroeste de Jujuy,  Argentina— la sarna está presente en la población de vicuñas pero con baja prevalencia, entre el 2 % y 3 %. “Hay que estar muy atentos y ver a la sarna como una enfermedad del ambiente en la cual se regulan las poblaciones de vicuña”, sugiere la experta.

“Cuando un animal es silvestre sabemos que tarde o temprano, como todo ser vivo, se va a morir, probablemente en la época del año con las condiciones más adversas, pero además, los animales se van a morir del patógeno que está en el ambiente, en este caso, la sarna. Entonces, de alguna manera la sarna ayuda a controlar la población de vicuñas”, agrega. Eso es en las zonas de baja prevalencia, comenta Vilá, donde la sarna está actuando como lo que se llama “presión de selección”. Sin embargo, menciona, también se deben tomar en cuenta muchos otros factores del manejo de la vicuña que pueden aumentar la probabilidad de contagio.

“Es importante que cuando se está esquilando y se ve un animal con síntomas de sarna, que se proceda a limpiar todo, porque la sarna se transmite por contacto. Además, hay también condiciones del manejo que son muy importantes para evitar los contagios de sarna”, comenta Vilá.

La experta también explica que no se debe esquilar a una vicuña con sarna por varias razones. En primer lugar, porque la fibra es de mala calidad y no tiene valor en el mercado. En segundo lugar, porque el animal puede morir por el estrés. “Si al estrés de la esquila le sumamos el estrés de la enfermedad, estamos condenando a ese animal”, añade. Y una tercera razón es que si se esquila a un animal con sarna, se contamina la zona en donde se esquilan otros animales sanos, por tanto, se generarían más contagios.

Por ese motivo, Vilá recomienda que cuando se realizan los chaccus se debe reducir al mínimo el tiempo en el que los animales están encerrados en el corral, porque pueden haber ingresado animales sanos con animales enfermos, por tanto, es importante no dejarlos dentro del corral de un día para otro. Otro factor a tomar en cuenta son los animales infectados sin síntomas, por tanto, una vez que se esquila una vicuña se debe desinfectar todos los elementos que se utilizan en esta práctica para evitar la transmisión.

La especialista argentina también recuerda que tras la reducción drástica de la especie en las décadas de 1950 y 1960, muchas de las poblaciones actuales se reprodujeron de grupos pequeños, por lo que algunas poblaciones pueden tener baja variabilidad genética.

Vilá pone como ejemplo lo que sucedió en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan, Argentina, donde había una población de vicuñas y guanacos. Tras la llegada de camélidos domésticos, se presentó un brote de sarna en una población que nunca había estado en contacto con esta enfermedad y, por tanto, no tenían defensas. “Hubo una gran mortalidad y, prácticamente, desaparecieron las vicuñas en esa zona”.

Enrique Michaud comenta que en algunas zonas de Perú se utiliza la Ivermectina —un antiparasitario— para tratar la sarna en camélidos silvestres. “Desde el año 2000 se viene usando Ivermectina, por ejemplo, en Pampa Galeras, y no se ha controlado la enfermedad”. Michaud precisa que cada país tiene una forma de abordaje distinto y menciona que en Argentina no se utiliza esta medicina porque “tiene una posición más ecológica”, pero que en Perú se usa desde hace más de 20 años.

Hugo Castillo también cuestiona el uso de Ivermectina en camélidos silvestres porque la aplicación de una sola dosis, como ocurre con la población silvestre, no tiene buenos resultados. “Desde Argentina un grupo de colegas lanzó un eslogan totalmente válido que decía: una dosis es peor que ninguna. Lo tradicional para manejar la sarna es colocar dos dosis, en un intervalo de 15 días, más o menos. Por tanto, cuando se aplica una única dosis, el tratamiento no se completa, no solucionamos el problema y más bien estamos propiciando que se genere resistencia contra el fármaco”.

Para completar la dosis, explica Castillo, se tendría que capturar dos veces al mismo animal, pero eso es complicado cuando se trata de animales silvestres.

Castillo comenta que en 2019, en Iruro, en Lucanas, Ayacucho, se hicieron chaccus con fines sanitarios, es decir que se capturaba a la vicuña para la esquila y al mismo tiempo se aplicaba la Ivermectina. Luego hacían otro chaccu con la misma población que había sido esquilada, pero solo para tratarlos con el medicamento. “Eso se ha comenzado a replicar en otras poblaciones”.

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Poca información

“Durante la última década se han reportado brotes (algunos epidémicos) en poblaciones de vicuñas de Perú, Argentina, Bolivia y Chile”, indica el artículo Aspectos científicos y técnicos acerca de la sarna sarcóptica en vicuñas, publicado por la revista del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN. El estudio señala que “es escasa la información sobre la enfermedad, en cuanto a su distribución geográfica y prevalencia”.

Hugo Castillo comenta que en 2022 publicó un artículo científico, junto con Pablo Acebes y Solange Vargas, en el que presentan una revisión de las investigaciones que hasta ese momento se habían hecho sobre la sarna en camélidos y que “en ese entonces la información era mínima”. Los investigadores coinciden en que falta información sobre esta enfermedad y cómo esto está afectando a las poblaciones de vicuñas y guanacos.

“Hace unos años, surgió preocupación, principalmente en Perú, porque empezaron a tener mucha más prevalencia de vicuñas infectadas. Entonces, se unieron todos los países con la idea de investigar más sobre el tema”, comenta Yanina Arzamendia, investigadora del Grupo de Investigación Vicam, Instituto de Ecorregiones Andinas del Conicet y del Instituto de Biología de la Altura (Inbial) en Argentina.

Arzamendia comenta que se debe analizar qué está pasando con los manejos y qué se debe cambiar para que la enfermedad no avance. “Lo que nosotros vemos es que cuando se maneja a pequeña escala y con todas las pautas de bienestar animal, si bien las poblaciones pueden tener la enfermedad, la prevalencia es muy baja, menos del 1 %”, comenta sobre los censos que han realizado con poblaciones de 1000 animales. “Nosotros siempre insistimos en que el manejo de la biodiversidad tiene que tener muchos acuerdos entre todas las partes”, dice Arzamendia.

Paulo Colchao Claux, especialista en Salud de la Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, en Perú, señala que se requiere conocer “cómo se transmite para ver cómo se puede controlar esta enfermedad”.

“Es muy difícil eliminar una enfermedad en fauna silvestre porque hay muchos factores que escapan al control. Sin embargo, se puede reducir las prevalencias y con eso se puede mejorar el manejo de la enfermedad”, comenta Colchao, quien también es coautor del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica.

Colchao también menciona que “la salud de la fauna silvestre cada vez es más relevante a nivel mundial y en Perú también, debido a todos los efectos que está teniendo en los humanos y en el ambiente”. En ese sentido, menciona que la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos están relacionados y debería haber una equidad en el manejo de estos. “Si los animales están saludables es porque los ecosistemas están saludables, por ende, los humanos deberían estar saludables”.

“Lo que buscamos es impulsar una vigilancia sanitaria de fauna silvestre -agrega Colchao- para colectar datos de enfermedades en fauna silvestre de tal manera de que se haga una alerta y un control temprano de cualquier enfermedad que pueda estar apareciendo en estos animales”.

Imagen principal: vicuñas, en tierras peruanas. Foto: cortesía Hugo Castillo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera medida que adoptó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en materia ambiental despertó duras críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llamará Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial. Además, la oficina que administrará proyectos relativos al agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Colectivos y expertos pidieron a Paz que mantenga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que revise la designación de Romero.

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Paz logró una fuerte alianza con el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Este sector, junto al grupo agroempresarial del departamento de Beni, según varios expertos, están señalados por la deforestación y los incendios en zonas como la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco. Es a uno de estos dos grupos empresariales que pertenece Romero, un empresario cruceño que en el último tiempo dirigió una poderosa organización del agro: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

El Movimiento Ciudadano Todos Somos Jaguar, junto a colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana hicieron pública el 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la designación de Romero como ministro a cargo de la temática de medio ambiente. Estas instituciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designa a dos empresarios agroindustriales en el gabinete y que dirigirán temas ambientales: uno es Romero y el otro es Óscar Justiniano, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

En el documento, las organizaciones recuerdan que Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y advierten que el país “no puede permitirse repetir el modelo de deforestación y expansión del agronegocio que devastó grandes áreas de bosques en otros países de la región”.

Además, el texto destaca que la trayectoria de Romero y Justiniano “está[n] abiertamente vinculada[s] al agronegocio, sector responsable de más del 90 % de la deforestación en Bolivia” y señala posibles conflictos de interés de Justiniano con el mercado voluntario de carbono.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el contexto de la crisis actual, exige un perfil técnico, independiente y comprometido con la protección de los ecosistemas”, dice parte de la carta. “Bolivia es hoy el segundo país más deforestado del mundo y necesita liderazgo ambiental del más alto nivel”, agregan.

Más críticas a la decisión

Luego de idas y vueltas, el gobierno de Paz aprobó el 17 de noviembre el Decreto Supremo 5488 que oficializa el cierre de algunos ministerios y la fusión de otros. En esa normativa establece la conformación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que tendrá un viceministerio que atienda temas ambientales: será el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

Mongabay Latam se contactó con fuentes del Gobierno y ratificaron que ese viceministerio tendrá bajo su dependencia algunas instituciones relativas al medio ambiente, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad que tiene ahora un nuevo director: Filemón Hinojosa, con experiencia en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Además, el gobierno de Paz decidió trasladar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al Ministerio de la Presidencia. Esta entidad, que dependía del disuelto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se encarga, entre otras atribuciones, del proceso de saneamiento de tierras.

Stasiek Czaplicki, investigador boliviano independiente, consideró que en Bolivia existe un “gobierno agroindustrial” por las incorporaciones de Romero y Justiniano al gabinete. “¿Y quién es el actual ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente? Nada menos que Fernando Romero, expresidente, hasta hace dos meses, de ANAPO, la voz oficial del complejo soja-industria en Bolivia. Es decir, el vocero del agronegocio hoy es la nueva máxima autoridad ambiental”, cuestionó.

Czaplicki recordó que la producción de soja en Bolivia aporta el 17 % de la deforestación y que Romero trabajó con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr la expansión de la frontera agrícola con la otorgación de desmontes.

“Será interesante observar cómo estas nuevas autoridades evitarán, o tal vez no, los conflictos de interés al momento de diseñar regulaciones, programas o incentivos, porque lo que está en juego no es menor: es la posibilidad de que las políticas públicas sirvan a intereses empresariales propios, de amigos o futuros socios”, cuestionó Czaplicki en diálogo con Mongabay Latam.

El experto añadió que “en los próximos días probablemente se anuncien medidas simbólicas o cosméticas a favor del medio ambiente y los bosques”, como la abrogación de leyes inactivas del paquete incendiario o la revisión de normativas “sin efecto real” sobre el avance agropecuario.

“Cuidado con ilusionarnos con anuncios compartimentados, un decreto o una pausa ecológica. El agropoder está en el Gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno”, resaltó Czaplicki.

El día que Paz posesionó a su gabinete, Romero fue designado como ministro de Planificación del Desarrollo. Ese día había un vacío sobre la situación de la cartera de Medio Ambiente y Agua, ya que no se mencionó como parte del gabinete. Al día siguiente, el Gobierno sacó un comunicado informando que ese ministerio no fue eliminado.

Es más, el ministro Justiniano, que fue nombrado como interino de Desarrollo Productivo, fue el vocero de los temas ambientales y dijo que la cartera de Medio Ambiente y Agua iba a fusionarse con la suya. Algo que no pasó y que finalmente pasó a Planificación del Desarrollo.

Justiniano prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.

“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, remarcó Justiniano en una conferencia de prensa.

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Justiniano, antes de ser designado ministro, fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), dos poderosas instituciones privadas de la agroindustria en Bolivia. 

Romero aún no habló de temas ambientales y recién recibió la noticia de que asumiría el control de la política ambiental del país la noche del 17 de noviembre. Las fuentes gubernamentales consultadas por Mongabay Latam no hicieron referencia a posibles conflictos de interés o contradicciones en su designación.

Se suman más cuestionamientos

Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al Presidente que tomar la decisión de desaparecer uno de los ministerios más importantes dentro de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) también expresó su rechazo a la designación del ministro Romero a la cabeza del área ambiental. “Es imperativa la designación de un ministro que no sea juez y parte a la hora de decidir si debe o no cuidar el medioambiente”, afirmó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de esa organización.

La dirigente indígena solicitó al presidente Paz el cumplimiento de su atribución constitucional con relación al ordenamiento jurídico ambiental y que sea consecuente con sus palabras, como cuando dijo el día de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue en gestiones anteriores un nido de corrupción y cuoteo que alentó al extractivismo, pero sería un retroceso cerrarlo o hacer que sea absorbido por otro ministerio, así como elegir de titular a alguien vinculado con el agronegocio, porque es continuar con una política de despojo”, remarcó Alipaz.

El Colegio de Biólogos de Bolivia advirtió que una eventual fusión ministerial podría cerrar el acceso de Bolivia a los fondos verdes internacionales, que financian proyectos climáticos y de conservación.

“El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sería un error histórico, pues implicaría cerrarle a Bolivia las puertas a los fondos que hoy financian la vida en tiempos de crisis climática. Solo este año, esos recursos superan los 285 000 millones de dólares a nivel global”, dice parte de un comunicado público.

Esta entidad colegiada remarcó que el país atraviesa una etapa crítica en materia ambiental, marcada por la deforestación, incendios forestales y afectación a comunidades indígenas, por lo que exigieron fortalecer la institucionalidad ambiental y no reducirla.

“Bolivia no necesita menos ambiente, necesita más inteligencia ecológica”, recalca el pronunciamiento, que exhorta al presidente Paz a mantener su compromiso expresado en el discurso de posesión, cuando aseguró que el desarrollo económico no debe estar “divorciado del medio ambiente”.

Mientras, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, consideró que la designación de ministros dedicados al agronegocio generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. El experto señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.

Colque advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al Gobierno de Paz en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.

En ese sentido, instó al Gobierno a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en campaña no fue trabajar con estos sectores. Sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Jorge Quiroga [excandidato], lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del Gobierno”, afirmó.

Imagen principal: Chiquitano, bosque subtropical despejado en el borde de la Amazonía boliviana para la producción de soja. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A unos 4800 metros por encima del nivel del mar, el Cerro Rico sobrepasa la ciudad de Potosí, en el altiplano sur de Bolivia. Famoso por sus vastas reservas de plata, el Cerro Rico financió prácticamente por sí solo el Imperio español. En 1656, el autor Antonio de León Pinelo afirmó que los esclavos indígenas y africanos habían extraído suficiente plata para construir un puente desde Bolivia hasta Madrid.

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En su apogeo a principios del siglo XVII, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo, incluso más grande que Londres y Milán. Actualmente, la montaña, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, sigue siendo explotada por mineros asociados con 54 cooperativas de zinc, plomo, estaño y plata, y continúa impulsando la economía de la ciudad.

Ahora, plagada de túneles tras casi 500 años de minería informal, la parte superior de la montaña está al borde del colapso, lo que supone una amenaza para las aproximadamente 180 familias que viven en la montaña y los cerca de 10 000 mineros que trabajan allí, la mayoría de ellos indígenas quechuas.

“Todas las casas están rajadas porque todo se está hundiendo”, le dijo a Mongabay Silvia Mamani Armijo, de 34 años, quien vive en la montaña con sus tres hijos pequeños y trabaja como guardia de túnel minero. “Durante la temporada de lluvias, toda esta área puede derrumbarse”, agregó, señalando las rajaduras en las paredes de adobe de varias casas cercanas a la suya. “Muchísimas familias podrían morir”.

Los pequeños derrumbes han formado parte durante mucho tiempo de la vida en el Cerro Rico, cuyos siglos de minería, que se remontan a la fundación de la ciudad como puesto remoto colonial español en 1545, se han cobrado la vida de posiblemente 8 millones de mineros, según las estimaciones históricas. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el aumento de los precios de los minerales, las nuevas técnicas de extracción y la inestabilidad de una montaña ahuecada, estos derrumbes se han vuelto más frecuentes y graves.

En 2010, un derrumbe importante cerca del pico de la montaña fue el primero de muchos. En 2014, la UNESCO agregó el Cerro Rico y Potosí a su lista de sitios patrimonio mundial en peligro, citando el riesgo que “las operaciones mineras continuas y no controladas” representan para la zona.

El derrumbe del Cerro Rico

En lo que respecta a las montañas, es difícil calcular la altura del Cerro Rico. Actualmente se cree que tiene una altura aproximada de 4753 metros, casi 250 metros menos que la altura original estimada antes de que comenzara la explotación minera española en el siglo XVI. “Probablemente se desplome otros 10 o 20 metros”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica Freddy Llanos, un ingeniero en minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí y miembro de la comisión técnica de conservación del Cerro Rico. “Terminará siendo un cono truncado”, agregó.

Como resultado de su mineralogía singular y la explotación brutal del trabajo esclavo a manos de los colonizadores españoles, las riquezas del Cerro Rico fueron clave para impulsar el capitalismo mundial. “La riqueza del Cerro Rico generó la globalización de la economía mundial”, afirmó Llanos. “Durante la época colonial, las ganancias fueron a Europa a través de España y, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro estaño respaldó el esfuerzo bélico”.

A pesar de tener riqueza en minerales, el departamento de Potosí es uno de los más pobres de Bolivia. “La gente venía a Potosí, se enriquecía y se marchaba”, le dijo a Mongabay Hernán Ríos Montero, geólogo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y explicó que el capital que no se iba del país se iba a ciudades vecinas. Tras 480 años de extracción informal y falta de inversión para preservar la montaña, la minería continúa, y la montaña está atravesada por innumerables túneles y se está volviendo cada vez más inestable.

La intensificación de la actividad minera también ha acelerado el derrumbe del Cerro Rico. En septiembre, la compañía minera estatal COMIBOL informó que aproximadamente 30 000 mineros trabajan actualmente en la montaña, un aumento pronunciado de los 20 000 informados por las autoridades mineras en 2024 y los 12 000 en 2023.

Mario Caro, un periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que las cifras informadas por COMIBOL están infladas para aumentar el poder político del sector minero, y estimó que la cifra real ronda los 10 000, aunque reconoció que la actividad minera está aumentando.

El aumento repentino en la actividad minera está impulsado por los altos precios de los minerales, con la plata cotizando a niveles casi históricos en 2025. El aumento de la demanda mundial de paneles solares, que dependen de la plata, y de aerogeneradores, cuya fabricación requiere zinc, ha contribuido al reciente aumento de los precios. “Mientras nosotros nos llevamos la peor parte del botín y la explotación, son otros países los que hablan de una transición”, le comentó a Mongabay Alfredo Zaconeta, investigador en minería de la organización boliviana sin fines de lucro CEDLA.

La minería en el Cerro Rico está en manos de muchas cooperativas que operan de forma independiente y los trabajadores se juntan en masa en las minas cuando los precios están elevados. Aunque el trabajo es peligroso, los mineros pueden ganar mucho más que en la mayoría de las demás profesiones.

Los cambios en la tecnología minera también han llevado a más derrumbes. “En aquel entonces, había que tomar la broca y el martillo, cavar un agujero a mano y luego cargarlo con dinamita”, explicó a Mongabay Basilio Vargas, de 35 años, minero desde los 11. Hoy, los taladros neumáticos permiten a los mineros trabajar mucho más rápido y llenar un camión volquete de 20 toneladas en pocos días, un trabajo que anteriormente tomaba entre tres y cuatro semanas. Vargas y su familia aparecieron en un documental de 2005 sobre mineros menores de edad en Potosí, y comentó que la casa que se muestra en la película desapareció luego de que la tierra debajo de ella cediera. “Cada año hay más y más derrumbes”, afirmó.

Si bien la mayor parte de la riqueza temprana del Cerro Rico provenía de vetas de plata pura, estos yacimientos ahora están prácticamente agotados. En su lugar, los mineros ahora extraen grandes volúmenes de minerales distribuidos en pequeñas concentraciones por toda la roca, lo que les exige extraer más mena -el material natural del que se pueden extraer minerales o metales- para generar ganancias. Los mineros luego venden la mena a la Empresa Minera Manquiri, que opera una planta de procesamiento que tritura y lixivia el mineral para recuperar los metales.

Según Ríos Montero y Zaconeta, la tecnología de lixiviado ha contribuido al derrumbe de la montaña al aumentar el volumen de los materiales extraídos de ella.

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Aunque resulten problemáticos para conservar la montaña, los derrumbes son beneficiosos para las cooperativas mineras y las refinerías como Manquiri, dijo Zaconeta, y señaló que estos tienen la misma función que la dinamita. “Si se produce un derrumbe natural, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que las cooperativas pueden recolectar directamente el material del derrumbe”, afirmó.

Manquiri y su empresa matriz canadiense, Andean Precious Metals, que los mineros y expertos dicen que contribuyen a impulsar la demanda de minerales diseminados vinculados con los derrumbes de la montaña, no respondieron a las solicitudes reiteradas de comentarios de Mongabay.

Efectos en la comunidad

Al 3 de octubre, 96 personas habían muerto mientras se encontraban trabajando en la explotación minera en el departamento de Potosí en 2025, de las cuales al menos 90 murieron dentro del Cerro Rico, según datos no publicados de la policía. Mario Caro, el periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que muchas muertes no se informan y observó que las tasas de mortalidad de 2025 han sido superiores a las de años anteriores.

La mayoría de quienes murieron eran hombres, pero las mujeres también están en riesgo, en tanto el aumento de la actividad minera les da más trabajo en las minas o en torno a ellas. Como guardabocaminas, Silvia Mamani Armijo y su madre, Lucía Armijo, defienden los túneles de minas de los ladrones, con poco más que perros y dinamita, que encienden y lanzan a posibles intrusos.

Estas mujeres viven en las entradas de las minas, a menudo sin electricidad ni agua potable, y ganan entre 500 y 1000 bolivianos al mes (unos 72-145 dólares al tipo de cambio oficial), o aproximadamente entre el 18 % y el 36 % del salario mínimo en Bolivia. También venden algo de desechos minerales de las minas para complementar sus ingresos. Si se produce un robo, los jefes de las cooperativas suelen deducir las pérdidas de sus salarios.

“Vivir en la montaña no es agradable”, le dijo a Mongabay Lucía Armijo, de 51 años, que ha sido guardabocamina en el Cerro Rico durante más de 30 años. “Durante la temporada de lluvias hay que preocuparse por si alguna parte de la montaña se derrumba, por si ocurre cualquier cosa”, agregó mientras pasaba por la zona donde una vez se encontraba la casa de su hija Claudia, antes de que se derrumbara. “¿Adónde irán nuestros hijos y nietos, dónde trabajarán? En Potosí no hay ni siquiera una fábrica”.

Armijo, que al igual que muchos potosinos habla quechua como lengua materna, dijo que los peligros de vivir en el Cerro Rico exceden su inestabilidad estructural. “Ese polvo… Mira adónde va”, dijo mientras una ráfaga de viento soplaba por la montaña. “Va directo a nuestras habitaciones, es horrible”. Sin agua potable en la montaña, la cooperativa minera que emplea a Armijo llena periódicamente unos grandes barriles de metal con agua que, cuando se contamina con polvo de la minería, les provoca diarrea frecuente a ella y a sus hijos, asegura.

La violencia sexual y las prácticas laborales explotadoras, a menudo ilegales, también son comunes para las mujeres que trabajan en el Cerro Rico, le dijo a Mongabay Paulina Ibeth Garabito Ovando, fundadora de MUSOL, una organización que apoya a las mujeres en el sector minero de Potosí.

Los efectos del derrumbe del Cerro Rico van más allá de lo material. Como reliquia de la historia colonial, el pico sigue siendo un poderoso símbolo de identidad y orgullo para los potosinos y los bolivianos en general. Su silueta domina el horizonte local y figura de forma destacada en la iconografía nacional, desde el escudo de armas del país hasta los billetes.

“Puntita era pues”, le dijo Petrona Santos Mamani, de 82 años, a Mongabay, recordando la forma de la montaña en su infancia. “Es un símbolo de Bolivia y ahora está roto”, dijo la mujer que pasó su vida adulta trabajando como palliri, palabra quechua que se usa para describir a las mujeres mineras que trituran manualmente rocas fuera de los túneles en busca de minerales. “Me duele ver el Cerro así, me dan ganas de llorar”.

Santos Mamani participó en una acción en 1996 cuando más de 250 palliris ocuparon la cima del Cerro Rico para protestar por la explotación insostenible de la montaña impulsada por una empresa de refinería propiedad del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las palliris están considerando actualmente otra acción colectiva para exigir la preservación del símbolo nacional.

A Santos Mamani le preocupa aún más que parece probable que las mismas tendencias que enriquecieron a Europa con escasos beneficios para las comunidades bolivianas productoras de materias primas continúen en otras partes del departamento de Potosí, ya que el Gobierno boliviano firmó recientemente contratos de minería de litio con dos empresas extranjeras.

¿Qué le depara el futuro al Cerro Rico?

Los esfuerzos por preservar la cumbre histórica han sido lentos y han contado con fondos insuficientes. En 2022, un tribunal de Potosí ordenó a COMIBOL cerrar todas las entradas de las minas por encima de los 4400 metros y trasladarlas a terrenos más bajos y estables en un esfuerzo por preservar la montaña y permitir que las operaciones mineras continúen de manera segura.

Sin embargo, tres años después, la reubicación sigue sin terminar, retrasada por la resistencia de las cooperativas mineras que ven la medida como una amenaza para sus resultados, dado que las mayores concentraciones de minerales se encuentran cerca de la cima de la montaña. “Ojalá a las autoridades les importara”, dijo Mamani Armijo, y agregó que teme que su casa y la mina que custodia puedan derrumbarse. “Muchas familias trabajan aquí”.

Según Zaconeta y otros expertos, la estrecha alianza entre las cooperativas mineras y el Gobierno boliviano durante los últimos 20 años también ha contribuido a desacelerar los esfuerzos de conservación. “Lo que han logrado es un alto grado de permisividad”, dijo.

Aunque el departamento de Potosí es rico en minerales, Llanos dijo que las autoridades mineras del Gobierno no han emprendido la exploración necesaria para encontrar nuevos yacimientos, lo que haría más viable la orden judicial para que COMIBOL traslade las entradas de las minas. “Seguimos explotando minerales de los mismos yacimientos que se conocían en la época colonial”, afirmó.

En septiembre, un tribunal ordenó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura; del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo Fernández; y del gerente regional de COMIBOL en Potosí, Iván Guillermo Fuentes, hasta que cumplieran con órdenes previas para preservar la estructura del pico. Les dio 31 días para demostrar avances.

En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Pardo Fernández defendió la labor de la empresa minera estatal para preservar la montaña y afirmó que se tomarían “medidas drásticas” para acelerar el cierre de las entradas de las minas por encima de los 4400 metros.

A principios de octubre, COMIBOL y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) instauraron restricciones que permiten la minería solo durante el día y solo en días laborables, y prohíben el uso de maquinaria pesada por encima de los 4400 metros.

Santos Laura también dijo en una conferencia de prensa: “Hemos completado más del 60 %” del trabajo para trasladar las entradas de las minas: se han cerrado 20 minas por encima de los 4400 metros y quedan otras 10. Durante una marcha minera, el presidente de FEDECOMIN, Óscar Chavarría, declaró a los periodistas que los mineros estarían dispuestos a dejar de trabajar en el Cerro Rico si las autoridades les otorgaran concesiones para explotar yacimientos en otros lugares, y les dio a los funcionarios 30 días para que respondieran a sus demandas.

Caro dijo que duda de que el cierre de las cuentas bancarias de los funcionarios obligue a COMIBOL a priorizar el traslado de las entradas de las minas y señaló que solo se habían cerrado las cuentas bancarias personales de las autoridades mineras. “Les llega dinero de todas partes”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica.

Tras hablar con El País en julio sobre el proceso de traslado de la mina, un portavoz de COMIBOL declaró a Mongabay que la empresa minera estatal ya no concede entrevistas sobre el Cerro Rico.

Llanos y sus colegas han propuesto una iniciativa para reforzar la cima con hormigón y acero, lo que impediría a los mineros excavar túneles hacia arriba y fortalecería la estructura del pico. No obstante, ante la falta de 3.5 millones de dólares de financiación en medio de una crisis económica cada vez más profunda, hay quienes temen que el proyecto nunca se complete, una realidad que Llanos encuentra irónica.

“Nunca podremos saber con exactitud cuántos miles de millones de dólares ha generado, y sigue generando, el Cerro Rico de Potosí”, afirmó. “Debería ser una obligación moral y material devolverle al Cerro, no sé, el 0.00001 % de las divisas que generó durante siglos”.

A principios de octubre, el gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa Gutiérrez, mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales, líderes cívicos y cooperativas mineras, en la que firmaron un acuerdo para apoyar la iniciativa de Llanos.

Si bien estos avances son importantes, “todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Zaconeta, ya que estabilizar la montaña requeriría una financiación significativa y voluntad política. Freddy Llanos dijo que ve estos avances como esperanzadores y espera reunirse con autoridades gubernamentales locales y departamentales en las próximas semanas para analizar detalles técnicos y el potencial de financiamiento.

“El problema que enfrenta el Cerro Rico es un problema del mundo entero, ya que de una u otra forma, el mundo se ha beneficiado de sus riquezas”, afirmó. “Debe resolverse con urgencia”.

Imagen destacada: la montaña Cerro Rico, situada sobre la ciudad de Potosí, Bolivia. Foto: Benjamin Swift

El artículo original fue publicado por Benjamin Swift en la edición en inglés de Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

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El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.

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El traficante se enfrentó a la Justicia un día después de haber sido detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).

“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar los colmillos de este animal, que son muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.

El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o son beneficiados con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.

“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.

Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres fueron rescatados en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.

Rebrote de asesinatos

Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.

“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam. 

En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.

Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.

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El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.

Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.

Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que están siendo investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.

Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.

Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fallo inédito

El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.

En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.

Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.

Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares son apuntados como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora son traficados para suplir una demanda.

Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.

“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.

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Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.

Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual es utilizada como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.

Imagen principal: las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años. Foto: cortesía El Deber.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales alto andinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

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Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB también firmó el 11 de septiembre de 2024 otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

Ahora, el tratamiento de ambos contratos está estancado en el Legislativo boliviano. Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Bolivia –que se celebraron el 17 de agosto- la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa rusa, con presencia policial y con denuncias de irregularidades. Este acuerdo pasó al pleno de Diputados, pero ahora está congelado por la decisión judicial. El contrato con el consorcio chino sigue pendiente en esa comisión.

“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, explicó a medios locales el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

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El 28 de julio, la Defensoría del Pueblo informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Estudio de impacto ambiental

La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.

La medida judicial se mantendrá hasta que se realicen estas medidas, informó Callisaya. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá solicitar, antes de continuar con el tratamiento legislativo de estos contratos, el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados para la consideración de sus contenidos.

En contacto con Mongabay Latam, Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), celebró la decisión judicial que se emitió en La Paz. El dirigente informó que su organización presentó el 12 de mayo una Acción Popular ante un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

En primera instancia, la Justicia de Colcha K determinó un fallo a favor de la organización que lidera Calcina, pero una semana después decidió revocar esa determinación. Es por eso que la CUPCONL decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que determine si el dictamen procede o no. “Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, afirmó Calcina.

Según el dirigente, la Justicia de Colcha K dispuso en mayo como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios hasta que se resuelva de fondo la acción legal. Todas esas decisiones luego fueron anuladas.

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“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar de acá a cinco o diez años. Al no contar con ningún tipo de información, se oponen las comunidades”, resaltó Calcina.

De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.

Según estos convenios, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socioambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al 100 % porque hubo reclamos de los comuneros.

Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.

El análisis

José Carlos Solón, sociólogo y miembro de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, dijo a Mongabay Latam que es “motivo de celebración” la decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino y con la empresa rusa.

“Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales del departamento de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos”, detalló Solón. El experto valoró el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Las medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. “En este tiempo es fundamental mantenerse alerta”, destacó Solón.

Tras enterarse de esta decisión judicial, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió en una conferencia de prensa que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio será un “precedente negativo” que perjudicaría en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería por la “judicialización de la economía”.

El mandatario dijo que esta decisión “es una mala señal” porque los contratos supuestamente iban a significar una inversión de 2000 millones de dólares, porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio. “Esto va tener un precedente negativo, no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos. El problema central está en que se desconoce y se está poniendo en riesgo la inversión en minería”, dijo.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, alertó a Mongabay Latam que, si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo la autoridad.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas -por ser los tres países miembros de los BRICS– sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es la reserva de litio más grande del planeta. Foto: Iván Paredes

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

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Para el pueblo indígena bribrí, la serpiente es la protectora del bosque, pero también es enemiga del ser humano. Se cree que cuando una persona la toca, le entrega su espíritu. Por eso, solo los awápa o chamanes pueden manipularlas. Esta creencia y la falta de información sobre cómo evitar mordeduras han llevado a que los humanos las despedacen con sus machetes cuando las encuentran en el bosque.

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Esta realidad trasciende culturas, de acuerdo con Sebastián Hernández, indígena bribrí y propietario de la Estación Biológica Kéköldi, en el Caribe costarricense. María Elena Barragán, herpetóloga ecuatoriana, explica que los seres humanos se sienten afines y atraídos a animales con ojos redondeados y orejas, es decir, que se les parezcan, lo que ayudaría a explicar el rechazo hacia las serpientes. Además, la colonización española, dice, reforzó la idea de la serpiente como símbolo del mal.

En realidad son especies tranquilas, dicen Hernández y Barragán. Luis Alejandro Galvez, biólogo boliviano que rescata y difunde información sobre estos reptiles, coincide. “Cuando se ven amenazadas, como toda especie, se van a defender”, dice Hernández. Añade que las mordeduras suelen darse por negligencia humana, por ejemplo, por no usar botas en el bosque o por accidentes, cuando alguien cae cerca de una serpiente.

Difundir protocolos de prevención y capacitar, principalmente a las comunidades más alejadas sobre cómo actuar ante mordeduras, es clave para cuidar la salud de la población y evitar ataques por temor o represalia que pongan en peligro las poblaciones de serpientes.

“Es un grupo de animales importante”, asegura Barragán, pues ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Además, explica, del mismo veneno se extrae el suero para atender el envenenamiento y ahora es usado para desarrollar medicamentos para tratar enfermedades como el Parkinson y distintos tipos de cáncer.

En este Día Mundial de las Serpientes, Mongabay Latam habló con los tres expertos en serpientes sobre sus proyectos científicos, educativos y de rescates para conservar a uno de los grupos menos entendidos y apreciados del reino animal.

Una herpetóloga lidera un centro pionero en Ecuador

A finales del siglo XX, el biólogo francés Jean-Marc Touzet ya tenía evidencia de que Ecuador albergaba una gran biodiversidad. Esto lo motivó a crear, en 1989, la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés para promover el estudio y la divulgación de conocimiento sobre los anfibios y reptiles, de acuerdo con María Elena Barragán, directora ejecutiva de la entidad.

El Vivarium de Quito es el principal proyecto de la fundación. Allí viven 300 ejemplares en cautiverio, que provienen de colectas para estudios científicos y de decomisos de vida silvestre realizados por las autoridades. Los reptiles son las especies más traficadas de Ecuador. La mayoría no podrán ser liberados porque no se sabe de dónde fueron extraídos. La Fundación enfrenta grandes desafíos económicos para estabilizar y mantener a cada individuo.

En el Vivarium, especialistas recopilan información sobre comportamiento y biología. “Eso ha significado 50 publicaciones asociadas a especies de reptiles y anfibios de Ecuador”, dice. Además, en el centro se han capacitado alrededor de 3000 estudiantes de pregrado y posgrado. Barragán fue una de esas estudiantes.

En 1990, mientras estudiaba biología, visitó el Vivarium y se quedó encantada. Se unió al equipo en una época en la que la herpetología era casi solo para hombres. Poco a poco le dieron más responsabilidades y con el pasar de los años vio que cada vez había más mujeres en el campo. “Como mujer en un medio de hombres, tu voz no es tomada en cuenta, eso me ha ayudado a reforzar mi carácter, ahora que tengo 56 años no le pido permiso a nadie para hacer mi trabajo”, afirma.

La fundación también hace rescates, ya que en la capital ecuatoriana hay especies inofensivas como la falsa coral (Lampropeltis triangulum) y en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito hay serpientes venenosas como la verrugosa del Chocó (Lachesis acrochorda). Además, miembros de la entidad capacitan a equipos como el de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía en el manejo, ya sea para el rescate o el decomiso.

En 1993 crearon el programa de educación en prevención de accidentes provocados por mordeduras de serpientes. Barragán estima que han capacitado a unas 5000 personas de todo el país en cómo evitar y actuar ante los accidentes. Por este conocimiento y experiencias, miembros de la fundación participaron en la creación del primer protocolo para el manejo clínico para el envenenamiento por mordeduras de serpientes, publicado en 2017 por el Ministerio de Salud Pública.

La herpetóloga destaca una alianza que la fundación estableció con comunidades de la zona del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito, para capacitar a mujeres en el tejido de brazaletes con los colores de la coral. “Cuando hay economía alrededor de las serpientes, las personas les ven con otros ojos. Ese para mí es el camino de esperanza”, reflexiona.

Después de 35 años de trabajo de la fundación, Barragán cree que hay una nueva visión: “Ya no es el animal al que hay que machetear, ahora la gente ve que son importantes, que ayudan a consumir roedores. Estamos poniendo la semilla en buena tierra”.

Un costarricense investiga la vida secreta de las serpientes

“Nadie es profeta de su mismo patio”, dice Sebastián Hernández, administrador de un proyecto enfocado en la serpiente matabuey (Lachesis stenophrys), parte de The Bushmaster Conservation Program, que estudia al género de serpientes venenosas Lachesis en Costa Rica.

Su cultura prohíbe la manipulación de cualquier especie animal, pero él está convencido de que la ciencia es necesaria para conservar el territorio. Por eso, construyó una estación biológica que recibe a estudiantes e investigadores interesados en la flora y la fauna de Kéköldi, comunidad ubicada entre selvas tropicales, parques naturales y el Caribe.

En 2019 inició el estudio de la matabuey. Esta serpiente es una de las víboras, como se les llama a las serpientes venenosas, más grandes de América Central. Despierta temor, pues su mordida es de importancia médica, pero también mucha fascinación. Sin embargo, se sabe muy poco de su comportamiento en la naturaleza. Lo que se conoce de la especie es a partir de estudios de individuos en cautiverio.

El proyecto, que se llevó a cabo hasta 2023, consistió en capturar ejemplares vivos para insertarles un radiotransmisor que da información diaria sobre su paradero. El primer individuo fue un macho de 2.10 metros de largo y 2.8 kilos. En total se capturaron cinco ejemplares, incluidos hembras y juveniles. Cada radiotransmisor tiene una duración de 12 meses, por lo que antes de que se extinga, volvían a atrapar al animal para extraerle el aparato.

En los cinco años del proyecto, los científicos de The Bushmaster Project y el equipo local de Hernández descubrieron algo hasta ese momento desconocido. En palabras de Hernández, la temida matabuey es un animal “tranquilo”. Descansa en su madriguera durante el día y cuando el sol se oculta, sale. Cada noche recorre entre 250 y 500 metros hasta encontrar un punto de paso de fauna silvestre en donde esperará, por horas o incluso tres o cuatro días, a su presa.

Cuando atrapa su alimento, usualmente de roedores, se repliega y permanece inmóvil hasta por 24 días, haciendo digestión. “Después de eso, se prepara para hacer cambio de piel, sale de la madriguera y se va”, relata Hernández. Ireana Hernández, su hija, visitaba cada dos días el punto que revelaba el radiotransmisor, con el objetivo de observar las actividades de la serpiente y recolectar heces para ampliar los estudios.

Por ahora, el proyecto está en pausa, pero Hernández espera que la información recolectada sirva para transformar la mala imagen de la Lachesis stenophrys. “Sé que no voy a cambiar la ideología de las personas, menos de las mayores, pero quizás sí haya un cambio a futuro, trabajando con los niños, enseñándoles que no hay que matarlas, sino que hay que cuidarlas”, reflexiona.

La especie es un indicador del buen estado de salud de los bosques, explica Hernández. “Ahorita todavía tenemos bastantes ejemplares, pero me preocupa que su reproducción no es tan fácil por las condiciones del clima”, añade. Además, esta víbora es un controlador biológico, que al comer roedores y pequeños mamíferos mantiene el equilibrio del ecosistema.

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Cinco biólogos bolivianos educan para conservar

Cuando el biólogo Luis Alejandro Galvez empezó a rescatar serpientes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, las personas que lo contactaban solían enviarle fotos de los animales después de matarlos. “Ahí recién me preguntaban si era venenosa”, relata.

Después de cinco años, en los que ha rescatado a unos 150 ejemplares y aprovechado cada aviso para educar a la comunidad, Galvez asegura que el mensaje está calando y la percepción sobre estos reptiles está cambiando. “Ahora más personas saben identificar si es venenosa o no, algunos incluso saben identificar de qué especie es”, asegura.

A pesar del gran desarrollo urbanístico de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia con 2.3 millones de habitantes, los conflictos humano-serpiente son frecuentes. Esto se debe a que está ubicada en un punto de transición de bosque chaqueño, chiquitano y cerrado. Además, el río Piraí bordea la ciudad. En otras palabras, es una zona biodiversa.

El biólogo identificó que el Ministerio de Ambiente, la entidad encargada de hacer rescates de fauna silvestre, cuenta con un equipo pequeño que “no abarca tanto trabajo”. Por eso se fue involucrando en esta tarea, hasta que el año pasado, junto a otros cuatro biólogos, conformó Jausi Bolivia, un colectivo enfocado en la difusión de información de reptiles y anfibios en la ciudad de Santa Cruz. Jausi es el nombre común de la lagartija Ameiva ameiva, una especie “muy conocida y querida en la ciudad”, de acuerdo con Galvez.

La curichera (Hydrodynastes gigas) y la boyé (Boa constrictor) están entre las especies más afectadas por el conflicto con los humanos. De diciembre a marzo, durante la época lluviosa, pero cálida, hay más encuentros. Aunque la mayoría se dan en la periferia, también se dan en los corredores verdes de la ciudad, que han permitido que se mantengan pequeñas poblaciones de serpientes.

Asimismo, el experto ha visto casos en los que personas que vienen de las zonas rurales transportan serpientes a la ciudad, sin su conocimiento, individuos que pudieron acercarse al vehículo en búsqueda de calor.

El equipo de biólogos organiza eventos educativos sobre las especies que habitan en la ciudad y sobre cómo actuar ante su presencia. “Si uno no las molesta, son tranquilas”, asegura. Este 2025, el equipo de Jausi realizará la segunda edición de la feria Aquí no maj, por el Día de las Serpientes. Allí lanzarán una guía ilustrada para identificarlas, a la que se podrá acceder con un código QR. Ahora están trabajando en un artículo científico con el listado de las especies de estos reptiles observados en el área metropolitana de Santa Cruz.

A pesar de la gran importancia ecológica de las serpientes, es uno de los grupos de animales que más rechazo genera. Con estas actividades, los integrantes de Jausi buscan que Santa Cruz sea un ejemplo de convivencia equilibrada. “Una vez que eso suceda, vamos a seguir con una Santa Cruz Verde, que es lo que nos caracteriza”, concluye Galvez.

Foto principal: Una boa esmeralda (Corallus batesii) en el Vivarium de Quito. Foto: Thomas Nicolon

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 9 de mayo último, una caja llena de tortugas de río (Podocnemis unifilis), también conocidas como petas de río, fue encontrada en un mercado en la ciudad de Cochabamba, en el centro de Bolivia. Esa caja tenía al menos diez tortugas y huevos, y su destino era la ciudad de La Paz. Luego, pasarían hacia Chile. El tráfico de esta especie boliviana se incrementó en los últimos años con destino a Brasil y Perú, donde su carne y huevos son codiciados y llegan a pagar hasta 50 dólares por tortuga. Ante el avance de esta actividad ilícita, las instituciones públicas se están uniendo para frenar el tráfico de estos animales amazónicos.

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La tortuga de río es la segunda especie más grande de su género, después de la Tataruga (Podocnemis expansa). Según algunas investigaciones, en Bolivia los machos llegan a medir 33.5 centímetros y las hembras pueden llegar a 50 centímetros. Suelen pesar entre nueve y 12 kilogramos. Tienen su nombre por las manchas amarillas que llevan en la cabeza, las que tienen un mayor brillo en los individuos juveniles, se mantienen en los machos y con el paso del tiempo se desvanecen en las hembras. Son conocidas también como tortugas de cuello lateral, ya que no pueden meter completamente sus cabezas dentro de su caparazón. En vez de ello, doblan el cuello hacia los costados para introducirla, dejando una parte expuesta.

Esta especie se distribuye en las cuencas hidrográficas de la Amazonía y del Orinoco, que incluye a países como Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Brasil.

En Bolivia la peta de río habita en los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Según el Libro Rojo de la Fauna Silvestre de los Vertebrados de Bolivia, esta especie de tortuga está categorizada como “Vulnerable”, lo que evidencia que enfrenta un riesgo moderado de extinción, ocasionado principalmente por el tráfico de la especie silvestre y los efectos del cambio climático. En muchas localidades de la Amazonía su carne y sus huevos son parte de la dieta de sus habitantes, pero existen amenazas que llevan a los investigadores a otros países.

El departamento de Pando es una de las regiones bolivianas donde hay más tortugas o petas de río. Las playas de los ríos Tahuamanu, Orthon y Manuripi son las ideales para que estas tortugas entierren sus huevos, debido a sus cálidas arenas. Las petas dejan sus huevos sin conocer el riesgo que corren: hay personas que esperan ese ciclo natural para desterrar los huevos de estas tortugas y luego llevarlos a Perú o Brasil. Estos traficantes también esperan a los reptiles para cazarlos y aprovechar su carne.

El director de la Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, Denis Navarro Tuno, explicó que el comercio ilegal de esta especie se da a partir de julio, que es cuando las tortugas llegan a las playas para dejar sus huevos. El guardaparque detalló que en la zona del Manuripi, que es un área nacional protegida en el departamento de Pando, existen planes de cuidado para preservar a este reptil.

“Se hacen muchos tipos de trabajo para evitar que esta especie desaparezca. Por ejemplo, existe el Programa de Monitoreo y Conservación de la peta de río, que tiene como objetivo incrementar las posibilidades de supervivencia de los huevos. En su época, las petas salen del agua a desovar en las playas y los huevos son recolectados e instalados en nidos en una playa artificial para que, después de tres meses, los huevos eclosionen. Se trabaja en la conservación y repoblamiento de la especie”, destacó Navarro Tuno.

Según Homali Flores, secretaria departamental de Gestión Integral de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Pando, los traficantes de esta especie optan por llevar la carne de la tortuga y sus huevos a ciudades grandes, pero también pasan la frontera hacia Perú y Brasil. A Perú lo hacen por la frontera norte, hasta llegar a la ciudad de Puerto Maldonado. En cambio, a Brasil es más fácil llevar a la peta, ya que la capital de Pando, la ciudad de Cobija, es fronteriza con las localidades brasileñas de Brasiléia y Epitaciolandia.

“Los contrabandistas se enfrentan a varios peligros inminentes, como ataques de caimanes y de sicuris (anacondas), y el constante acecho de las autoridades, pero no se conforman con la extracción de un solo nido de huevos de peta, sino que saquean hasta 50 nidos a la vez. Cada uno de los nidos alberga entre 30 y 35 huevos y el valor en el mercado negro puede llegar, por unidad, a quintuplicar el precio de uno de gallina, es decir que cada huevo puede llegar a costar unos seis bolivianos», casi un dólar, remarcó Flores.

Navarro Tuno afirmó que por lo general los cazadores de tortugas llegan a las playas de los ríos amazónicos por las noches y que luego de extraer los huevos y cazar las petas realizan sus transacciones clandestinas en algunas comunidades. “Ponen las petas en cajas, las suben a sus barcos y las llevan para la venta”, detalló.

El costo de la peta de río

Según una investigación de la Red Ambiental de Información (RAI), que se realizó en 2024, los cazadores de petas llegan al río Tahuamanu, en Pando, donde sacan los huevos de petas y luego pasan a Cachuelita, una comunidad en medio de la selva amazónica pandina. Ahí, realizan la venta de las tortugas y de los huevos. Los compradores llegan a pagar 300 reales por tortuga, el equivalente a 50 dólares.

En el trabajo de RAI se muestra a la comunidad de Cachuelita como una zona roja no solo para el tráfico de vida silvestre, sino también para otras actividades ilegales. “Es un punto clave, tanto de narcotráfico, de contrabando de productos, de (venta de) petas. Ahí está el punto de todos los ilícitos. El otro día nomás han cogido droga”, afirmó un policía a la RAI.

Según Federico Moreno, director del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos (CIRA) de la Universidad Autónoma del Beni, la peta de río es sensible a los cambios ambientales, por lo tanto, funciona como un indicador biológico para determinar las variaciones en el ecosistema. Moreno afirma que la peta de río contribuye con una proporción significativa de biomasa a los ecosistemas acuáticos y también tiene un aporte valioso al ciclo de nutrientes. “Al ser una especie principalmente frugívora ingresa a los bosques inundados y se transforma en un importante dispersor de semillas en la Amazonía boliviana’’, explicó.

Durante la época seca, que va de agosto a septiembre, depositan entre seis y 52 huevos en las playas de los ríos amazónicos, a unos 20 centímetros de profundidad, los que luego incuban entre 60 y 80 días, aunque en algunos casos pueden llegar a los 90, dependiendo de las precipitaciones. El desove suele realizarse de noche y los huevos tienen un diámetro aproximado de cuatro por 25 centímetros.

En Pando, la carne y los huevos de peta de río tienen diferentes usos: el consumo de los huevos por sus supuestas propiedades afrodisíacas; la aplicación del aceite de la grasa corporal en tratamientos cutáneos y en la cura de hemorroides; el consumo de la carne en diferentes platos; el caparazón, como adorno; los huevos para hacer tortillas y la elaboración del “mushangué”, una preparación culinaria a base de huevos de peta crudos batidos con azúcar y leche.

La legislación boliviana prohíbe la captura, acopio y acondicionamiento de animales silvestres y sus productos derivados. Los artículos 110 y 111 de la Ley 1333 de Medio Ambiente establecen una pena de hasta tres años de privación de libertad para las personas que capturen y comercialicen especies de vida silvestre.

Asimismo, el artículo 223 del Código Penal determina hasta seis años de privación de libertad para las personas que deterioren o destruyan bienes del Estado y la riqueza nacional. Además, el Decreto Departamental 03/2022, en su artículo segundo, aprueba la veda anual de captura y caza de tortugas y recolecta de huevos en Pando, en el periodo comprendido entre el 20 de julio y el 31 de diciembre.

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Las mafias y las rutas

En el norte de Bolivia opera el Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, especialmente dedicado al narcotráfico. Sacan la droga boliviana a suelo brasileño por diferentes vías, pero esas rutas también son utilizadas por los traficantes de fauna silvestre, que en este caso hacen contrabando de las tortugas de río y sus huevos. Un policía que radica en Cobija relató a Mongabay Latam que no son los mismos clanes que se dedican a ambos delitos.

“Las mafias del narcotráfico son más grandes, son clanes familiares, son brasileños que están radicados en Bolivia. En cambio, los traficantes de fauna silvestre utilizan esas mismas vías para llevar su mercancía a Brasil, pero son los mismos, eso está claro”, destacó el efectivo policial.

Esa misma fuente confirmó que las rutas de salida a Brasil son por el norte, principalmente por Cobija y Santa Rosa del Abuná. Además, el policía también ratificó que el tráfico de fauna silvestre boliviano sale hacia Perú. “Lo hacen por Bolpebra y llegan a Puerto Maldonado. Ahora, también hay casos de salida de animales silvestres a Chile, y para eso utilizan las rutas a La Paz, también a Cochabamba”, dijo.

Al pequeño municipio pandino de Santa Rosa del Abuná, que está en plena frontera con Brasil, llegan contrabandistas brasileños desde la localidad de Capixaba, quienes se aventuran a cruzar esta intrincada frontera en la búsqueda de su tan codiciado botín: los huevos de peta. “Vienen por la noche en movilidades (camionetas) y se dirigen hacia Puerto Rico (municipio) y desde allí ya cogen su ruta hacia (los ríos) Manuripi, Orthon y Tahuamanu”, comentó otro policía a RAI.

Imagen principal: las petas de río suelen asolearse sobre troncos caídos y playas con diferentes sustratos, a las cuales migran en la época de reproducción, durante la estación más seca del año en Bolivia (agosto-octubre). Foto: Eduardo Franco Berton

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El Parque Nacional Carrasco está en grave riesgo. La apertura de caminos clandestinos, la proliferación de asentamientos ilegales de comunidades, el aumento de cultivos de coca y el narcotráfico se han profundizado en los últimos cuatro años. Detrás existe una frágil fiscalización de las autoridades y el poder de comunidades o sindicatos de productores de cocales que habitan en su interior, legal e ilegalmente. A pesar de que se trata del área protegida con mayor humedad de Bolivia, es una de las tres más deforestadas.

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Una investigación que empezó a finales de diciembre de 2024 permitió establecer que solo entre octubre de ese año y febrero de 2025, cuatro vías han sido abiertas en la zona de protección estricta. La primera, el 20 de octubre en los sindicatos ilegales Campamento y Carmen Pampa, con una extensión de cinco kilómetros. La segunda, el 12 de noviembre, impulsada por el sindicato Yungas Perguantío (también ilegal), con una longitud de cuatro kilómetros y medio. La tercera vía está en el sindicato de Macho Yungas (legal) y tiene una extensión de 16 kilómetros; los trabajos empezaron el 5 de noviembre. Finalmente, el 21 de febrero de este año hubo una cuarta apertura, en la subcentral Pampas Amarías, compuesta por los sindicatos Peña Rumi, Nuevas Pampas, Primero de Agosto y Chaco soberano (todos legales), con una longitud de 10 kilómetros. Los trabajos de este último camino terminaron en mayo.https://albumizr.com/a/ZLlk

Estas imágenes registradas dentro del parque Carrasco, que han sido proporcionadas por una fuente en territorio, muestran el avance de las vías ilegales dentro del área protegida. Foto: Cortesía comuneros locales.

El parque, de 622 600 hectáreas de superficie, está ubicado en el departamento de Cochabamba, y abarca dos provincias y diez municipios. Debido a su extensión, tiene desde bosques amazónicos hasta puna, pasando por sectores de Yungas, bosque montano, ceja de monte y subandino. Esta variedad de ecosistemas es la que la ubica como la segunda área protegida “con mayor representatividad ecológica y de biodiversidad” del país, después del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado (ANMI) Madidi, en La Paz. Así lo establece un diagnóstico ambiental al que Mongabay Latam tuvo acceso.

Exfuncionarios y biólogos coinciden en que el mayor riesgo al que se expone el área es la pérdida de su categoría de Parque Nacional, para pasar a ser un Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), lo que implicaría legalizar actividades humanas en su interior que actualmente se consideran fuera de norma. Asimismo, se pone en riesgo la riqueza biodiversa de un territorio de reserva que provee agua dulce a toda la zona tropical de Cochabamba.

“Lo poco que se está sosteniendo (del parque) es justamente por su categoría. Pero si la dirección omite sus funciones de protección, incurriría en procesos por no resguardar la categoría”, explica Noel Altamirano, biólogo que estudia y trabaja en el lugar desde hace más de 20 años. “Pero más allá de eso, lo que se va a perder es un ecosistema, porque se sabe que hay planes de unir los municipios de Pojo y Epifania con Chimoré Bulo Bulo, es decir, atravesar todo el parque”, advierte.

El otro conflicto que observa Altamirano es el político-social, ya que hay disputas entre grupos cocaleros de la zona subandina que se disputan el poder con los del trópico, señala una fuente que pidió reserva por seguridad. “La coca del trópico no es para consumo (o acullicu, que es como se conoce al masticado tradicional de la hoja en Bolivia). Es más, ni siquiera nosotros consumimos. En el camino se puede ver que la coca que se vende es la de Yungas de La Paz o la de Yungas de Vandiola (Parque Carrasco), porque es más dulce y pequeña. La otra tiene otro destino y ya se están generando disputas por este tema, porque los compradores prefieren la de Yungas (de Vandiola)”, dice.

Todos los caminos conducen a Carrasco

La apertura de caminos ilegales comenzó en 2021, señala un ex funcionario del parque, quien pidió reserva en su  nombre por seguridad. Ese año se abrió una vía de 15 kilómetros en el sector de Arepucho. Tres sindicatos cocaleros—Arepucho, Guanay y Guanay A— promovieron los trabajos, que luego fueron legalizados mediante una licencia ambiental que se tramitó cuando ya había un avance de nueve kilómetros y se habían derribado árboles primarios con maquinaria.

Un lugareño que habita dentro del parque confirmó que, para llevar adelante los trabajos de dicha apertura, cada familia hizo un aporte económico. Dicho dinero  se usa para: alquilar tractores, pagar combustible diésel y la multa que se estipula por una falta administrativa, ya que se trata de sindicatos reconocidos legalmente.

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“Cuando empezaron a tramitar la licencia ambiental (en el sector de Arepucho), nosotros ya teníamos una senda abierta, que luego se convirtió en un camino. Una noche, un dirigente llegó a mi casa y nos explicó que se había llegado a un acuerdo con la Dirección del parque, y que había que dar una cuota para los trabajos y pagar la multa”, reveló la fuente. En una asamblea, se informó que la recaudación superó los 67 mil bolivianos mil (9 600 dólares, al tipo de cambio oficial: Bs 6.96). Sin embargo, el entrevistado cree que la cifra alcanzó los 150 mil bolivianos (21 500 dólares), porque se recibió aportes de tres sindicatos para realizar dichos trabajos y pagar la citada multa.

A partir de ahí, las vías comenzaron a proliferar de forma alarmante. Lo mismo sucedió con el aumento de coca ilegal, los asentamientos de nuevos colonos o “interculturales”, como se les denomina en Bolivia, y la deforestación de bosque primario.

En el caso de los caminos, en cinco meses se abrieron cuatro y con tres fines, según fuentes consultadas: expandir y ampliar la producción de coca ilegal mediante la mecanización del sembradío, facilitar el tránsito para la comercialización de la hoja ilegal y, finalmente, para sacar otros productos agrícolas. De hecho, entre 2022 y 2023, los cultivos no permitidos crecieron en un 38 %, según el informe de la UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito, por sus siglas en inglés) presentado en febrero último. En esa línea, Carrasco es también la tercera área protegida nacional con mayor deforestación del país, con una pérdida total de bosque de 31 688 hectáreas entre 1953 y 2023, según un informe de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

A través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW), Mongabay Latam y La Región han podido constatar que de mayo del 2024 a la fecha se han registrado 245 805 alertas de deforestación en el Parque Nacional Carrasco. Esto significa un 25% más de alertas en comparación al año anterior. Alrededor del 61% de estas alertas ocurrieron entre agosto y octubre de 2024, durante el pico de incendios del año pasado. Además, según los datos de GFW, el 2024 fue el tercer año con mayor pérdida de bosque primario en el 2015 dentro del Parque Carrasco.

Actualmente se estima que en la zona de protección estricta hay, al menos, 16 comunidades ilegales, algunas de las cuales han establecido trancas para controlar el ingreso de foráneos, por lo que no está permitido el patrullaje de guardaparques. “Ellos (los guardaparques) no tienen más que someterse o alejarse de ciertas zonas críticas, por su seguridad y la de sus familias”, dice a Mongabay Latam Marcos Uzquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Agentes de Conservación (Abolac).

Uno de los puntos más críticos es Parajti, donde hace seis años se construyó un paso peatonal, según confirmaron a este medio tres fuentes distintas con acceso al lugar. Del mismo modo, se conoce de la existencia de una pista de aterrizaje, que no estaría en funcionamiento, pero que se encuentra “bien mantenida”. Ni el cuerpo de protección ni otras instancias de Estado han podido llegar al punto.

Muchas de las comunidades asentadas ilegalmente ya tienen sistemas de agua, construyeron casuchas con madera de árboles derribados y comenzaron con nuevos cultivos de coca. Es más, las familias fueron contabilizadas en el reciente censo de 2024. “Otros no viven ahí, solo entran dos o tres veces al año, para sembrar la coca, cuidarla con agroquímicos y luego sacar la cosecha”, explicó el exfuncionario. Siguiendo su declaración, también se encontró a personas extranjeras y fosas de maceración, “pero muchas de estas denuncias no se hacen por temor”.

Pese al temor, el último 7 de abril se denunció un caso ante la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) por el hallazgo de una fosa de maceración de cocaína abandonada y otra activa en el norte del área protegida. Aunque no se encontró a nadie, los indicios de la presencia de narcotráfico fueron corroborados por asambleístas del Poder Legislativo.

Tanto la senadora Cecilia Requena como el diputado Saúl Lara, del Comité de Medio Ambiente y el de Lucha contra el Narcotráfico, respectivamente, solicitaron informes a autoridades del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y el Ministerio de Medio Ambiente por las denuncias en Carrasco, sin obtener respuesta alguna, aseguraron por separado. Lara incluso realizó inspecciones para verificar la erradicación de cocales junto al Ministerio de Gobierno. “Entre 2022 y 2023, constatamos que había una gran cantidad de focos de calor. Quiere decir (que había) decenas de factorías de elaboración de droga”, aseguró en una entrevista.

En febrero último, el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a declarar el área protegida como territorio libre de cultivos hasta fin de este año. Pero los congresistas dudan que esto sea posible. Desde octubre pasado, los trabajos de erradicación son irregulares, ya que cocaleros expulsaron a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un grupo de élite conformado por el Ejército, la Policía y la sociedad civil. Se estima que en el interior hay alrededor de 310 hectáreas de coca ilegal, según UNODC.

Desde el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), no han querido referirse al respecto. Desde abril pasado, se esperaba una entrevista con el director interino, Jair Gonzales Delgadillo, pero el 15 de mayo último, este fue reemplazado de forma sorpresiva por Idelfonso Canaza Kapajeique. El director del parque, David Andrade, pidió que se le devuelva la llamada y no respondió más el teléfono. Hasta el cierre del reportaje se esperó que alguna autoridad pudiera referirse a la situación.

La profundización de presiones sobre el área coincide con el masivo despido de directores jefes de protección y guardaparques que se dio en 2021. “Ninguno de los anteriores directores se dejó convencer de abrir los caminos, pero cuando los cambiaron, los nueve sindicatos cocaleros legales y los que se asentaron ilegalmente se unieron para construir los caminos”, dijo el exfuncionario.

La exasesora legal del parque, Fabiola Iriarte, aseveró en una entrevista por mensajes de WhatsApp que cuando ella dejó el cargo se echó por la borda todo el trabajo que venía realizando. Desde su departamento se habían iniciado procesos penales por estos y otros hechos, “pero me sacaron y en mi área entraron justamente personas del trópico (cocaleros) y paralizaron todos los procesos”, aseguró de forma escueta sin entrar en detalles.

Territorio “no disponible”

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) declaró gran parte del territorio de Carrasco como “tierra fiscal no disponible”. Al tener categoría de Parque Nacional, no debiera haber presencia humana dentro, pero se respetó a las comunidades asentadas antes de la creación, el 11 de octubre de 1991. Según documentos, en ese momento, eran alrededor de 100 familias campesinas (entre 700 a 800 personas), aglutinadas en nueve sindicatos cocaleros. Actualmente hay 16 sindicatos o comunidades ilegales, la mayoría de las cuales se dedica al cultivo de coca.

Nivardo Rivera, director de la Unidad de Desarrollo Económico Social del Trópico (Udestro), una repartición respaldada por ley para medir hectáreas de cocales ilícitos y apoyar la erradicación, dijo a Mongabay Latam que dos federaciones de cocaleros —Bulo Bulo-Mamoré y Carrasco— no permiten el ingreso a ciertas zonas. En enero último, dos campamentos lograron ser instalados en la zona Pampa Colorada, pero un grupo tuvo que retirarse “por falta de alimentación e insumos”.

Lo ocurrido en octubre pasado, con la expulsión de la Fuerza de Tarea Conjunta, es solo una muestra del poder de las seis Federaciones del Trópico cochabambino: una red campesina jerárquica conformada por sindicatos (cada uno de entre 30 y 50 familias) agrupados en subcentrales o centrales. Actualmente, el presidente es el exmandatario Evo Morales, secundado por el actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien busca inscribirse como candidato a la Presidencia, en las elecciones generales previstas para agosto próximo.

Tanto el Trópico de Cochabamba como los Yungas de La Paz son las únicas zonas autorizadas para el cultivo de coca en Bolivia. Cada familia puede producir un cato de coca, que equivale a 1600 metros cuadrados de terreno. “Algo que no se cumple”, admite el hijo de un cocalero que vive dentro del área protegida. “Por ejemplo, nosotros somos ocho hermanos y no haríamos nada con un cato. Mi papá se ha comprado un cato en blanco (denominativo que se da al terreno ilegal). El sindicato ayuda en esa parte (la compra del cato ilegal), así que cada familia tiene, por los menos, dos catos: uno legal y otro que no está permitido”, dice.

Durante el gobierno de Evo Morales, se llegó a un acuerdo respecto a la coca ilegal, refiere el entrevistado. Se dejaría un cato por familia y se permitiría “voluntariamente” la eliminación del o los otros catos que tuviesen. Pese a que la acción era ilegal, ello permitió seguir con los trabajos, de ahí que el término “erradicación” se cambió por “racionalización”.

Historia de un parque “donde siempre llueve”

El Parque Nacional Carrasco solo ha sido estudiado en un 20 % de toda su riqueza biodiversa, lamenta el biólogo Noel Altamirano. Él y su hermano Saúl fueron parte de equipos de investigación desde que eran universitarios, lo cual les permitió conocer gran parte del territorio en reserva.

Hasta 2005, más de 3000 especies de plantas fueron registradas, 300 de ellas, orquídeas. En fauna, 181 especies de mamíferos, 750 especies de aves, 306 especies de reptiles y los más recientes hallazgos incluyen animales de extrema rareza como la rana de cristal.

Esa riqueza natural en parte se debe a la calidad y cantidad hídrica que se genera dentro. Un estudio de diagnóstico ambiental de 2016 da cuenta que “la zona más húmeda de Bolivia se encuentra en los Yungas de Cochabamba”, que es parte de Carrasco. “La evapotranspiración real en el Parque Nacional Carrasco oscila entre 1000 a 1300 milímetros, con una humedad relativa de 80%”, se lee en el mismo. En palabras del biólogo Noel Altamirano, “se trata de un banco que almacena agua”.

Estos detalles, sumados a la presencia de pueblos indígenas Yuqui, Yuracaré y Chimanes, fueron argumentos suficientes para la creación del parque, primero por resolución ministerial, en 1988, y luego por decreto supremo, el 11 de octubre de 1991. En el documento también se incorporó al Santuario de Vida Silvestre Cavernas del Repechón, que alberga especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción.

Con el tiempo, los originarios fueron relegados y, entre las décadas de 1960 y 1970, el territorio empezó a ser ocupado por migrantes quechuas y aymaras, que llegaron a colonizar distintos puntos del país, atraídos por una “selva virgen, que cubre las montañas, donde están los ricos Yungas de Arepucho, (lugar) donde se produce la coca más famosa de Bolivia, por su calidad y su tamaño diminuto”, describe el historiador Jorge Ovando Sanz.

Desde la creación del área protegida —según el diagnóstico ambiental de 2016— la presencia de asentamientos humanos fue un tema a debatir, debido a que legalmente, la categoría de Parque Nacional (PN) en Bolivia no permite actividad humana alguna. Frente a ello, en 2001, un acuerdo entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) y los sindicatos de cocaleros legales permitió una delimitación preliminar de ocho zonas dentro del parque, dejando el 80 % del territorio como protección estricta, demarcado por una “línea roja”.

Un acuerdo que se dejó de cumplir en 2016, con el inicio de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ivirizu, mediante el cambio de categoría, de “protección estricta” a “zona de uso especial”. El argumento fue que se trataba de “una obra de interés y prioridad nacional”.

Un destino incierto

Pese a la profundización de las amenazas, el biólogo Saúl Altamirano, quien trabaja actualmente en el lugar, asegura que el área está “bastante bien conservada”. Sin embargo, los riesgos de que pierda la categoría de Parque y se convierta en ANMI, permitiendo o legalizando los asentamientos irregulares y los nuevos caminos, son latentes.

Al cierre de este reportaje, el Sernap analizaba un plan de manejo o administración que fue elaborado “en escritorio y no en campo, como debió realizarse”, denunció a Mongabay Latam un experto que conoció el proceso de adjudicación. Uno de sus temores era precisamente la “rezonificación” o serios cambios en las zonas de protección estricta y aquellas donde está permitido algún tipo de actividad humana controlada.

Por su parte, Nivardo Rivera, director de la Udestro, aseguró que la meta de erradicación de coca ilegal solo será posible si la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) recibe apoyo logístico, como helicópteros y alimentación. Por lo pronto, las oficinas de la repartición en Villa Tunari, municipio del trópico cochabambino al que también pertenece el parque Carrasco, están tomadas desde agosto último por cocaleros de las seis federaciones, quienes reclaman el derecho de consensuar la designación de autoridades. Mientras ello no suceda, no permitirán “ni erradicación ni racionalización”.

En la zona, lo que se conoce entre habitantes de las comunidades es que se hicieron acuerdos verbales con alcaldes de los municipios a los que pertenece el área protegida para abrir más caminos, por lo menos hasta antes de las elecciones generales, debido a la incertidumbre sobre quién será el nuevo gobernante del país.

Actualmente, muchas de las decisiones en el parque dependen del momento político que vive el país. Fuentes consultadas sobre erradicación de coca ilegal aseguraron que no se hará énfasis en ello, por lo menos hasta el 17 de agosto, fecha de las elecciones generales. En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien había prometido declarar a Carrasco libre de coca ilegal, renunció a su cargo, para postular a la presidencia por el actual partido en poder, Movimiento Al Socialismo. El cambio intempestivo del director del Sernap tampoco cayó bien entre activistas y ambientalistas, ya que se presume se dio para dar vía libre a irregularidades en el tiempo que le queda a los actuales gobernantes.

Mientras las rutas ilegales se multiplican y la frontera de la coca se amplía en silencio el “banco natural de agua” está cada vez más perforado por nuevas amenazas. El año pasado ya se registraron incendios forestales en zonas de alta humedad y contaminación de aguas por uso de agroquímicos para mejorar la producción de la coca ilegal y el narcotráfico. Al cierre de este reportaje, Mongabay Latam todavía esperaba respuesta del Sernap y la Dirección del Parque.

Imagen destacada: Una fuente en territorio, a la que protegemos por seguridad, nos proporcionó está imagen de una de las vías ilegales abiertas dentro del parque Carrasco. Foto: Cortesía comuneros locales.

El artículo original fue publicado por La Región / Mongabay Latam en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El anuncio se hizo a fines de marzo, cuando el viceministro de Minerales Tecnológicos y Desarrollo Productivo Minero Metalúrgico, Ismael Rodríguez, informó que Bolivia negocia un acuerdo con la República Islámica de Irán para la exploración y explotación de tierras raras en el territorio boliviano.

Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos considerados estratégicos en el proceso de transición energética debido a que son indispensables para la fabricación de dispositivos electrónicos, imanes para turbinas eólicas, vehículos eléctricos, así como armas de alto rendimiento, entre otros muchos usos. Un ejemplo es el color en las pantallas de los celulares que no sería posible sin algunas de las denominadas tierras raras.

Según el viceministro Rodríguez, en Bolivia hay dos lugares donde se desarrollarían los proyectos para explotar tierras raras. Uno de ellos se encuentra en Ayopaya, en el departamento de Cochabamba, donde según el Gobierno, existen 16 000 hectáreas de terreno para explorar y explotar. El otro corresponde al Cerro Manomó, en el departamento de Santa Cruz, con 12 000 hectáreas para explotar, de acuerdo con información oficial a la que hizo referencia el viceministro. Entre los elementos que se han encontrado en suelo boliviano están el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, terbio y gadolinio, entre otros.

El anuncio de Rodríguez ha despertado dudas y cuestionamientos. Por un lado están los impactos ambientales que puede ocasionar la explotación de estos elementos; por otro lado la transparencia y factibilidad de la propuesta. Además, surge la pregunta de por qué Irán se ha acercado nuevamente a Bolivia como socio estratégico.

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Los riesgos ambientales

“El yacimiento más importante está en el Cerro Manomó, en Santa Cruz, en medio de la selva amazónica. Entonces, se podría destruir un hábitat muy frágil. Ese es el principal problema, porque la concentración de tierras raras no es muy alta”, señala el experto en minería Héctor Córdova, de la Fundación Jubileo. “Se tendría que movilizar una gran cantidad de material del suelo para obtener muy poca cantidad de estos elementos. Y hacer eso en la selva es verdaderamente dañino”, agrega.

Córdova también menciona que para procesar todos estos elementos se utilizan diversos reactivos químicos que pueden generar desechos tóxicos. “En medio de la selva eso me parece muy grave”. Adicionalmente, Córdova considera que de concretarse la propuesta, “seguramente sería una mina a cielo abierto”, lo que ocasionaría que “se destruya el entorno”.

Para tener una idea de la cantidad de tierra que se tendría que remover para extraer los elementos químicos, Córdova pone como ejemplo la explotación del zinc en la mina San Cristóbal. En ese caso, señala el experto, se remueven cada día 150 000 toneladas de tierra para obtener 1000 toneladas del concentrado de zinc. “Es gigantesco, y eso que el zinc está en una buena proporción, en cambio, las tierras raras están en una proporción mucho menor. Habría que mover cantidades gigantescas de material para extraer lo que se requiere y hacer comercial la operación”. Córdova señala, además, que hasta ahora, la prospección para determinar la cantidad de tierras raras que hay tanto en el Cerro Manomó como en Ayopaya, en Cochabamba, ha sido superficial.

Miguel Vargas, director ejecutivo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) también menciona las consecuencias que ocasionaría la explotación del Cerro Manomó. “Estos proyectos van a afectar de manera indirecta y, en alguna medida, también directa, a tres territorios indígenas: Bajo Paraguá, Monteverde y Lomerío. Son territorios que están en la Chiquitanía”.

Según Vargas, uno de los problemas es la falta de información sobre la forma en que se realizan los procesos de prospección y explica que de acuerdo a la actual ley de minería, para la prospección no se requiere un proceso de consulta previa, sino solo el permiso de la autoridad minera. “El hecho de que las comunidades, al momento de iniciar las actividades de prospección, no conozcan las características, los posibles daños y afectaciones que podría dejar este proyecto, no es un problema menor”.

Vargas comenta también que los trabajos de prospección seguramente “significará el movimiento de grandes cantidades de tierra y una posible deforestación”.

Además, manifiesta su preocupación porque las comunidades corren el riesgo de perder sus medios de producción y podrían afectarse las fuentes de agua. “En la zona de la Chiquitania donde están estos proyectos, existe un estrés hídrico muy importante”.

Explica que, así como está ocurriendo en los ríos de la Amazonía, la Chiquitania, al ser una área en la que hay riqueza mineral importante, principalmente oro y ahora, tierras raras, está enfrentando la presencia de grandes cantidades de mineros, principalmente nucleados en cooperativistas. Pero las comunidades no tienen certeza de si las actividades de prospección o de explotación ya se están desarrollando, pues no existe información, asegura Vargas.

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Minerales en disputa

En los últimos días, las llamadas tierras raras se han ubicado en el centro de la disputa comercial entre Estados Unidos y China. En la guerra de aranceles que se ha desatado entre ambos países, China decidió restringir la exportación de estas tierras raras a Estados Unidos.

Desde que Donald Trump llegó al poder ha sido evidente su interés por un mayor acceso a estos elementos. Prueba de ello es su objetivo de asumir el control de Groenlandia, territorio danés con grandes depósitos de tierras raras.

Hasta ahora el principal país que procesa estos elementos es China, que posee por lo menos la tercera parte de las reservas conocidas de tierras raras que tiene el planeta, además del 60 % de la extracción y de más del 80 % del procesamiento. Otros lugares se suman a esta lista: Vietnam, Brasil y Rusia, por ejemplo, además del depósito Per Geijer, en Suecia, descubierto en 2023 y que ha resultado ser el mayor yacimiento de tierras raras en Europa.

En el caso de Bolivia, no es reciente que el Gobierno quiera explotar los yacimientos de tierras raras. “Desde su llegada al gobierno, Luis Arce ha venido hablando de la importancia del aprovechamiento de las tierras raras que existen en nuestro país. Esto lo ha manifestado en varios espacios”, comenta Vargas.

En efecto, en la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada el 8 y 9 de abril en Tegucigalpa, Honduras, el presidente de Bolivia habló sobre la industrialización de los recursos estratégicos, entre ellos, las tierras raras. “Es momento de consolidar cadenas de valor regionales que prioricen la industrialización de nuestros recursos estratégicos en beneficio de nuestros pueblos. Bolivia reitera su compromiso con la industrialización del litio, el gas, tierras raras y los minerales estratégicos con una visión soberana”, afirmó el jefe de Estado.

Sin embargo, concretar este ofrecimiento no sería fácil. “Tenemos que ver cómo evoluciona esta propuesta, porque todos los acuerdos tienen que ser ratificados por la Asamblea Legislativa y el Gobierno no tiene mayoría. Además, muy pronto habrá cambios en la conducción del Ejecutivo. Es difícil que prospere en la asamblea legislativa”, comenta Córdova, de la Fundación Jubileo, para explicar que cualquier iniciativa de explotación de minerales en Bolivia debe pasar por la aprobación del Congreso.

Las características del proceso de prospección hasta llegar a la explotación y procesamiento también son un inconveniente, según Córdova, puesto que son muy caras y tardan mucho tiempo. “Fácilmente puede tomar 15 años”, dice el experto.

En cuanto al interés de Irán en los recursos de Bolivia, ambos países tienen varios años de acercamiento mutuo. En 2009, durante el gobierno de Evo Morales, el entonces presidente del país islámico, Mahmud Ahmadinejad, visitó Bolivia. En ese momento recorrió yacimientos de uranio y financió la apertura de un canal de televisión en territorio boliviano.

En esta oportunidad, según explicó el viceministro Rodríguez, la propuesta de cooperación incluye la investigación científica, la cooperación técnica específica con intercambio de prestación de servicios, la participación de empresas iraníes en proyectos de inversión conjunta y la posibilidad de que Irán complete la carta geológica boliviana.

Imagen principal: las comunidades indígenas del Bajo Paraguá podrían resultar afectadas con la explotación del yacimiento de tierras raras, en especial por la disponibilidad de agua. Foto: cortesía Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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