En el Salar de Uyuni, en Bolivia, no saben cuánta agua tienen bajo sus blancos suelos. Lo único que saben los habitantes de este desierto es que si pierden el agua sus vidas se complican. Es por eso que se oponen a proyectos de extracción de litio sin procesos de consulta ni estudios ambientales. Algo similar ocurre en las comunidades cercanas a salares en Chile y Argentina. Un estudio analizó diez proyectos de empresas chinas que, afirman, presentan riesgos para comunidades indígenas, estudios ambientales “incompletos” y falta de transparencia.

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El informe, titulado La presencia de China en el sector del litio en América Latina y el Caribe, fue elaborado por el Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (CICDHA). El documento tuvo el apoyo de Latinoamérica Sustentable (LAS), Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN, Argentina), Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), BRICS Policy Center (BPC, Brasil), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA, Chile) y Cohesión Comunitaria e Innovación Social (CCIS, México).

La investigación analiza la relación entre América Latina y China en torno a este mineral; y las políticas chinas y la presencia de sus empresas en la región. Además, ahonda en los principales proyectos y potenciales riesgos socioambientales en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y México; y en los desafíos ambientales, sociales y de gobernanza que plantea la presencia china en la región.

Marco Gandarillas, investigador senior de Latinoamérica Sustentable (LAS), explicó a Mongabay Latam que de los diez proyectos chinos analizados en la región, nueve presentan una sobrexplotación hídrica y en todos hay estrés hídrico. También afirmó que en ocho hay estudios ambientales “incompletos”, en seis existirían problemas de contaminación, nueve tienen conflictos con poblaciones locales e indígenas y seis carecen de políticas de transparencia.

“En el informe estudiamos diez proyectos a profundidad, cuando hay varios más en los demás eslabones de la cadena del litio. Nueve son del sector extractivo y una en el sector de manufactura, que está en Brasil. La mayoría de estos proyectos están en Argentina y Bolivia, pero en Argentina están más en fase avanzada de exploración y explotación”, detalló Gandarillas.

La consolidación de China en el negocio del litio en América Latina tiene un nuevo escenario desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. El presidente de Estados Unidos, quien mantiene una tensa relación con la potencia asiática, ha autorizado los primeros acuerdos de su país con países de la región para la extracción de minerales críticos y tierras raras por parte de empresas estadounidenses y con el fin de desplazar a China del negocio, como viene informando Mongabay Latam.

Las empresas chinas en la región

La mayoría de las empresas chinas que intervienen en la cadena del litio declaran contar con políticas sociales, ambientales, de transparencia y mecanismos de denuncia. Zangge Mining, Zijin Mining, CATL, CMOC, Tianqi Lithium y BYD afirman contar con políticas en todos estos campos, mientras que Tsingshan Holding Group y Xinjiang TBEA Group Co. no reportan medidas equivalentes.

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Por ejemplo, en su Informe de Responsabilidad Social Corporativa (2023), la empresa BYD declara haber implementado reglamentos específicos de gestión sobre conservación del agua, procedimientos para la gestión de residuos sólidos y el control y monitoreo de emisiones de ruido y aguas residuales.

Mongabay Latam se contactó con las ocho empresas chinas y solo Ganfeng Lithium, que opera en el norte argentino, respondió los requerimientos de este medio. La minera afirmó que su “gestión ambiental se apoya en la identificación, evaluación y el control de los aspectos e impactos ambientales y sociales con la finalidad de preservar el ambiente y la diversidad cultural, de la mano con la producción de un mineral estratégico para la generación de energía limpia”.

Además, Mongabay Latam se contactó con las embajadas de China en México, Argentina, Chile y Bolivia pero ninguna de las sedes diplomáticas contestó los pedidos de consulta sobre los proyectos de litio que ejecutan las empresas de su país en la región.

Los proyectos bajo estudio

El estudio tomó en cuenta los siguientes proyectos desarrollados por empresas chinas en Argentina: Cauchari-Olaroz, ejecutado por la compañía Ganfeng Lithium; Tres Quebradas, ejecutado por Zijin Mining Group Ltd.; y Mina Agonic, por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Sobre el proyecto Cauchari-Olaroz, la minera Ganfeng Lithium informó que lleva “adelante un plan de manejo ambiental integral, implementando medidas apoyadas en el uso eficiente de los recursos naturales, cumpliendo con las normativas regulatorias nacionales, provinciales y municipales y apuntando a la preservación del ambiente en armonía con el desarrollo del proyecto”.

En Bolivia se estudiaron tres proyectos: EDL, en el Salar de Uyuni, desarrollado por Hong Kong CBC; EDL en el Salar de Coipasa, por el mismo consorcio; y Siete Salares, por Qinghai Citic Guonan Science and Technology Development Co Ltd. En los casos de Bolivia estos proyectos no se ejecutaron por la ausencia de una aprobación legislativa.

En Chile se analizó el proyecto Salar de Atacama en la que la minera Tianqi Lithium tiene una importante participación accionaria.

En México se vio el caso de Sonora Lithium, de Ganfeng International.

Mientras que en Brasil se vieron dos proyectos de fabricación de baterías y de vehículos eléctricos: Coronel Murta (ubicado en el Valle del litio) y Complejo de producción de vehículos en Camacari, implementados por la empresa BYD.

Gandarillas resaltó que muchas poblaciones locales no fueron informadas por las empresas responsables de estos proyectos. “En la mayoría se habla de falta de consentimiento de parte de pueblos indígenas y falta de licencia social cuando no hay pueblos indígenas y habitan otras poblaciones, lo que explica la conflictividad creciente con las empresas chinas de litio”, dijo el experto.

El especialista añadió que las empresas chinas aún no han desarrollado un relacionamiento “respetuoso” con las poblaciones locales, ya que más allá de sus políticas sociales y ambientales, su práctica se limita a hacer acuerdos con los Estados y “creen que las autoridades [locales] se encargarán de todo lo demás”. Gandarillas ve como un factor de poca transparencia que en la mayoría de los contratos con las empresas chinas existen cláusulas de confidencialidad.

Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) de Chile, explicó a Mongabay Latam que, de acuerdo al informe, las directrices voluntarias que China ha adoptado para sus empresas en el exterior presentan vacíos significativos y su implementación es débil, advirtiendo además que la transición energética del país asiático no busca que la región avance en la cadena de valor, ya que su interés es asegurar materias primas a bajo costo.

“En esta línea de ideas, mientras el mundo avanza hacia autos eléctricos y baterías limpias, los salares latinoamericanos se hunden, el agua escasea y las comunidades que habitan estos territorios por siglos enfrentan conflictos socioambientales”, destacó Cuenca.

Chile: el caso testigo de la región

Chile concentra el 33 % de las reservas mundiales de litio, ubicadas principalmente en el Salar de Atacama. En el informe indica que en 2022 el 72 % de las exportaciones chilenas de litio tuvieron como destino China y la empresa Tianqi Lithium controla el 24 % de la compañía chilena SQM, la principal operadora del salar de Atacama y segunda productora mundial de litio.

En el caso de Chile, Cuenca afirmó que el costo socioambiental es documentado y que existen estudios recientes que confirman que el Salar de Atacama se hunde entre uno y dos centímetros por año como consecuencia del desequilibrio entre el agua extraída y la capacidad de recarga del acuífero.

Por cada tonelada de litio producida –explicó Cuenca- se evaporan entre 1400 y 2000 metros cúbicos de agua en uno de los desiertos más áridos del mundo. Ya en 2024, la Superintendencia del Medio Ambiente en Chile ordenó medidas urgentes por la muerte de ejemplares de golondrina de Mar de Collar, en las piscinas industriales del Salar del Carmen.

Frente a estos hechos, las comunidades indígenas lickanantay denuncian que no contaron con procesos de consulta efectivos, sostiene el estudio. Los intentos de empresas chinas como BYD por obtener contratos de explotación también fueron cuestionados judicialmente por ausencia de consulta previa, llegando incluso a una anulación por parte de la Corte Suprema.

Un modelo que se repite en Argentina y Bolivia

Ese modelo se replica en toda la región. Ganfeng, Zijin, CATL y BYD avanzan sobre humedales altoandinos, sitios Ramsar y territorios indígenas bajo marcos legales que priorizan la atracción de inversión. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema de Catamarca suspendió autorizaciones en el salar del Hombre Muerto tras denuncias por pérdida de caudales. Sin embargo, en marzo de 2026, el mismo tribunal levantó la medida cautelar que paralizaba la minería de litio en la zona y volvió a habilitarla.

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En Bolivia, estudios identificaron concentraciones de arsénico hasta cinco veces superiores a las naturales en estanques del Salar de Uyuni. Bajo los antecedentes conocidos, en ningún país se evalúan los impactos acumulativos entre proyectos que comparten una misma cuenca. Así, China, que controla el 65 % del litio refinado mundial y fabrica el 80 % de las baterías y partes de baterías para vehículos eléctricos, se consolida en la cima de la cadena de valor mientras la región permanece atrapada como proveedora de materia prima, afirman los autores del informe.

“En este escenario, el análisis transversal del informe identifica patrones comunes: tendencia a la integración vertical de la cadena del litio por parte de los actores chinos, escasa adhesión a estándares ambientales y sociales internacionales, opacidad contractual con los Estados anfitrión, y un consentimiento libre, previo e informado [con las comunidades] ausente o deficiente”, reprochó Cuenca.

En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó en 2025 que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa.

Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el Salar de Uyuni aseguran que la extracción del mineral afectará los humedales altoandinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

Se calcula que Bolivia tiene 23 millones de toneladas métricas de litio concentradas sólo en los salares de Uyuni y Coipasa, según datos del Gobierno. Sin embargo, no todos los proyectos tuvieron su arranque porque no se concretaron las inversiones privadas. La estatal Yacimientos del Litio Boliviano (YLB) construyó una planta para procesar carbonato de litio en la localidad de Llipi, cerca del salar de Uyuni, y comenzó con la perforación de 178 pozos de agua en esa zona, pero también en los salares de Pastos Grandes y Coipasa, según información oficial.

La planta de Llipi es la única que actualmente produce litio en Bolivia a escala piloto y, también, la que más conflictos está ocasionando. Esa planta tiene inversión china.

En 2024, China concentró el 67.6 % de las exportaciones del litio de Argentina, según la Secretaría de Minería argentina.

Vanina Corral, investigadora de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, explicó a Mongabay Latam que América Latina enfrenta un “riesgo estructural” debido a que, en la minería del litio, principalmente la industria china, no se respetan los estándares ambientales, sociales y de derechos humanos.

“En Argentina [que concentra más del 17 % de las reservas mundiales de litio], existen numerosos proyectos emplazados sobre sitios protegidos por la convención Ramsar y que los Estudios de Impacto Ambiental no se alinean con los estándares de la Ley General del Ambiente en cuanto a la forma de presentación de información que suele ser parcial y ambigua”, detalló Corral.

La experta puso como ejemplo el proyecto Tres Quebradas, que cuenta con autorización para consumir hasta 11 litros de agua por segundo, lo que equivale a 950 400 litros diarios. Esta extracción impacta negativamente en la disponibilidad del agua del río Abaucán, afirma Corral. Este río es el principal curso hídrico del Bolsón de Fiambalá, al norte de Argentina, conectado a las lagunas altoandinas a través de cuencas subterráneas.

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Según el informe, las comunidades campesinas que integran la Asociación de Campesinos del Abaucán ya enfrentan serias restricciones para sostener prácticas productivas tradicionales como la agricultura y la ganadería de subsistencia. La disminución o deterioro del recurso hídrico compromete su soberanía alimentaria y profundiza la pobreza estructural existente.

El caso mexicano: otro escenario para China

México cuenta con 1.7 millones de toneladas de recursos estimados de litio, lo que lo ubica como el noveno país en reservas del litio a nivel mundial. A diferencia de otras regiones productoras, la mayor parte de estos recursos se encuentra en depósitos de arcilla, un tipo de yacimiento que hasta la fecha no cuenta con antecedentes de explotación comercial viable en ningún país. Tanto en México como en Estados Unidos estos depósitos se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Actualmente no existe actividad extractiva del litio a escala comercial en México, sin embargo, el estudio afirma que el avance de proyectos orientados a la explotación del litio en arcilla, como el Proyecto Sonora Lithium, ejecutado por la china Ganfeng Lithium a través de su filial Minera Sonora Borax S.A, plantea riesgos sociales y ambientales significativos. Según el informe, desde la fase exploratoria, estas actividades suelen generar impactos como la fragmentación de hábitats, la pérdida de biodiversidad y la alteración de ecosistemas frágiles. A ello se suma una legislación ambiental que carece de normas específicas para regular la minería del litio.

*Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es una de las reservas de litio más grandes del planeta. Foto: Iván Paredes.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola gruesa. Es el perro de orejas cortas, también como conocido como perro fantasma o perro del Amazonas (Atelocynus microtis). Es uno de los cánidos menos conocidos del mundo y uno de los carnívoros con menos apariciones en Latinoamérica. En Bolivia, un trabajo de más de 20 años reveló 600 registros con cámaras trampa que muestran cómo vive, dónde habita y por qué esta especie depende de bosques intactos para sobrevivir.

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Este trabajo demuestra que el perro fantasma es una especie amazónica y, especialmente, de bosque. En Bolivia se encuentra en los bosques continuos amazónicos del norte del departamento de La Paz, en el departamento de Pando, en el norte y noreste de Beni y en el extremo norte y noreste de Santa Cruz. También se lo encuentra en los bosques preamazónicos de los Andes o bosque de piedemonte, debajo de 750 metros sobre el nivel del mar.

Robert Wallace, biólogo inglés de la Wildlife Conservation Society (WCS) de Bolivia y uno de los autores del estudio, afirmó a Mongabay Latam que realizaron un resumen sistemático de los registros de distribución publicados y no publicados de la especie en Bolivia y entre 2001 y 2024 llevaron a cabo 34 muestreos intensivos con cámaras trampa en las zonas bajas del Gran Paisaje Madidi-Tambopata (noroeste de Bolivia) y el Paisaje Biocultural Llanos de Moxos (norte de Bolivia).

El experto explicó que el perro fantasma tiene su hábitat establecido en los bosques amazónicos y no en las pampas amazónicas. “Nuestros datos demuestran que lo que más busca [esta especie] es bosque en sí porque evita hábitats de transición hacia espacios más abiertos. Es una especie de bosque”, dijo Wallace.

El biólogo agregó que, si se usa tecnología escondida como trampas cámaras, el perro fantasma no es tan difícil de encontrar como se cree, pero –dijo- ver la especie directamente es muy difícil porque este cánido es bastante nervioso, tiene un sentido de olor muy desarrollado y logra evitar encuentros con personas y depredadores naturales.https://www.youtube.com/embed/Eko2F5rZicQ?si=5GKZpSwWGIYJ3ZbD

“El perro fantasma es, sobre todo, diurno, pero también crepuscular, es decir bastante activo alrededor del amanecer y atardecer. Puede ser activo durante la noche, pero la gran mayoría de los eventos de trampas cámaras son de día”, detalló Wallace.

El experto afirmó que el tipo de bosque favorito de esta especie es el bosque de tierra firme, “no tan al lado del río, si no en el bosque maduro, adentro”.

Un trabajo de más de 20 años

El estudio, apoyado por WCS Bolivia, incluyó el fototrampeo, que, cada año, se realizó durante la estación seca.

Esta técnica mostró que el perro fantasma tiene un perfil corporal relativamente bajo, patas cortas, orejas muy pequeñas y redondeadas, una cabeza grande y un pelaje denso y oscuro que varía de gris negruzco a marrón rojizo, con una banda dorsal oscura y una cola larga y muy tupida que a menudo arrastra por el suelo. Además, sus patas están parcialmente palmeadas, es decir que poseen una membrana entre sus dedos que los unen, un rasgo único entre los cánidos amazónicos.

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En total, en todos los muestreos con cámaras trampa se obtuvieron 4635 fotos que representaron 594 eventos independientes de la aparición de perros de orejas cortas.

“Los muestreos con cámaras trampa proporcionaron información significativa sobre el comportamiento y la abundancia relativa del perro de orejas cortas, lo que sugiere que es más abundante de lo que se creía, aunque sigue siendo un carnívoro de tamaño mediano relativamente raro”, destacó Wallace.

Para el experto, es alentador que la abundancia relativa del perro de orejas cortas fuera mayor en áreas protegidas y territorios indígenas que se superponen con áreas protegidas, lo que refuerza –dijo- la importancia de estas unidades de manejo para la conservación de la biodiversidad.

“Estos resultados tienen importantes implicaciones para la conservación, ya que sugieren que se requerirán grandes extensiones de bosque continuo, comparables en tamaño a áreas protegidas más grandes, para mantener poblaciones viables a largo plazo de perros de orejas cortas”, remarcó el experto.

Según la organización ORÉ, en Bolivia se conocen seis especies de cánidos y una de ellas es el perro de orejas cortas, que en zonas bajas de la Amazonía también lo conocen como perro de monte. Esta entidad aclaró que no se debe confundir al perro fantasma con el perrito de monte (Speothos venaticus) ni con el zorro de monte o de patas negras (Cerdocyon thous)».

ORÉ, que cooperó con un estudio en 2024 junto al Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, informó a Mongabay Latam que el perro de orejas cortas es la única especie de su género y que es un carnívoro solitario del bosque tropical amazónico. Mide de 70 a 100 centímetros de largo, con una altura de 35 centímetros y una cola peluda de color negro, excepto en la base, lo suficientemente larga (otros 30 centímetros) para tocar el suelo.

Características de la especie

La cabeza del perro fantasma es grande y más parduzca que su espalda grisácea. El hocico presenta una marcada línea negra que va desde la nariz hasta debajo del ojo. Las orejas son pequeñas, pero sobresalen por encima de la coronilla, son redondeadas y de color marrón claro, que contrasta con el color de la cabeza. Pueden pesar entre nueve y 10 kilogramos y las hembras llegan a ser 30 % más grandes que los machos. Se estima que su dieta está compuesta por anfibios, peces y reptiles, pero también comen frutas.

Marco Greminger, veterinario zootecnista y docente de la Universidad Autónoma del Beni José Ballivián, relató a Mongabay Latam que en 2023 un perro fantasma fue capturado con vida en inmediaciones de la universidad donde dicta clases. El experto afirmó que el animal se había refugiado en un conducto de aire que estaba en desuso en el patio.

“Fue increíble el trabajo de capturar vivo a ese perro fantasma. Me llamaron para ayudar y lo hicimos. El perro [de orejas cortas] entró al canil, estaba bien flaquito. Recuerdo que le di 350 gramos de hígado de pollo, que es rico en ácido fólico, patas [de pollo] y rehidratante oral. Se comió las diez piezas que le puse”, dijo Greminger.

Además, el veterinario explicó que el animal tiene un olor fuerte. “Es más fuerte que el del puercoespín y del zorro, es más agrio”, dijo.

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La veterinaria y ecóloga Renata Leite Pitman, investigadora en la Universidad Duke, aseguró en varias publicaciones que los perros de orejas cortas, al que estudia desde hace 14 años, “son muy extraños y difíciles de ver”. A lo largo de su carrera ubicó a cinco en la cuenca de la Amazonía, donde realiza su trabajo de campo y les colocó collares de seguimiento para analizar sus costumbres. “Son muy tímidos, totalmente diferentes de las mascotas”, detalló.

La veterinaria fue contactada por Greminger en 2023, quien le pidió que lo asesore cuando encontró con vida al perro fantasma en el patio de la universidad del Beni. “Le dije qué alimentación le había dado. Coincidimos y coordinamos algunas acciones. Ella me recomendó que le diera papaya, yo le había dado guayaba”, recordó el médico veterinario boliviano.

*Imagen principal: el perro de orejas cortas o perro fantasma habita en la Amazonía y prefiere vivir en bosques intactos. Foto: cortesía Guido Ayala & María Viscarra/WCS Bolivia.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2025 se logró frenar la pérdida de bosques tropicales en el mundo en un 36 %, respecto al año anterior. Sin embargo, pese a los diferentes esfuerzos, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se colocaron entre los 10 países con mayor pérdida de estos ecosistemas en el mundo, de acuerdo con datos del informe global del laboratorio GLAD de la Universidad de Maryland, de Global Forest Watch y Global Nature Watch, del World Resources Institute (WRI).

El mundo perdió 4.3 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios en 2025, lo que equivale a más de 11 campos de fútbol de bosques por minuto.

Brasil se ubicó en el primer puesto mundial de países con mayor pérdida de bosques tropicales mientras que Bolivia volvió a ocupar el segundo lugar (al igual que en 2024). Perú es el quinto país con mayor pérdida y Colombia el octavo de la lista mundial.

Por un lado, el reporte identifica que parte de la reducción durante 2025 se debió a las medidas implementadas por Brasil, que redujo un 42 % la pérdida de bosques primarios. Sin embargo se mantiene como el país con mayor daño de selva tropical debido a las extensiones de sus bosques. También destaca Colombia, que redujo un 17 % la pérdida de bosques, así como Perú que logró una disminución de este indicador un 8 % entre 2024 y 2025.

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Sin embargo, el informe señala que la expansión de la frontera para obtener materias primas (especialmente la expansión agrícola) impulsó la pérdida de bosques en Latinoamérica. El segundo caso más crítico de la región y del mundo es Bolivia, donde la pérdida de bosques primarios tuvo su segundo nivel más alto durante 2025.

“La demanda de materias primas como ganado bovino, soja, aceite de palma, oro y otros minerales continuó impulsando la pérdida de bosques en algunos países, particularmente en partes de América Latina y el sudeste asiático”, destaca el informe global.

El reporte destaca nuevamente a los incendios como impulsores importantes de la pérdida de cobertura arbórea en 2025 al señalar que en los últimos tres años se quemaron más del doble de cobertura arbórea que hace dos décadas. Además, los efectos de la crisis climática alimentan incendios cada vez “más grandes y dañinos”.

Pese a la reducción en la pérdida de los bosques tropicales —donde ocurre el 94 % de la deforestación causada por los seres humanos, según el informe—, los autores señalan desafíos comunes, como los incentivos económicos para transformar los bosques e ignorar los beneficios que estos proporcionan al mundo.

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Brasil y las políticas están frenando la pérdida de bosques

El documento sostiene que hubo cambios en políticas públicas, mejor aplicación de la ley y acciones corporativas que ayudaron a reducir la pérdida de bosques tropicales en un año.

Brasil, hogar de la selva tropical más grande del mundo, destacó como ejemplo al registrar su nivel más bajo de pérdida no relacionada con incendios, un 41 % por debajo de lo reportado en 2024. De acuerdo con el informe, el país tuvo un menor porcentaje de pérdida que muchos otros países con un 0.5 % de reducción de su bosque primario, lo que coincide con el monitoreo oficial de Brasil, según los autores del estudio.

También se destacan políticas ambientales como el nuevo Plan de Acción para la Prevención y el Control de la Deforestación en la Amazonía Legal, conocido como PPCDAm, un programa que coordina acciones en 19 agencias federales y que bajo el mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva se extendió a todos los biomas.

El resultado, señala el informe, se ve en grupos de ecosistemas de Brasil, como la Amazonía y el Pantanal que también redujeron su pérdida forestal, a excepción de la Caatinga, con un aumento del 9 %.

“La aplicación de la ley también ha aumentado: el organismo ambiental federal de Brasil, IBAMA, incrementó los avisos de infracciones ambientales en 81 % y las multas en 63 % de 2023 a 2025, en comparación con 2020 a 2022”, precisa el estudio.

Sin embargo, las actividades agropecuarias permanentes, especialmente por la soja y el ganado, se mantienen como el mayo motor de deforestación de bosques primarios en un 73 % entre 2002 y 2025, advierte el reporte.

Incluso, advierte que algunos estados de la Amazonía han aprobado leyes para debilitar la protección ambiental a nivel estatal, lo que pone en riesgo los avances realizados. Un ejemplo es la eliminación de incentivos fiscales en Rondônia, Maranhão y Mato Grosso destinados a las empresas para no comprar soja en áreas deforestada en la región.

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Conocimiento indígena y comunitario clave en Colombia

La disminución del 17 % en la pérdida forestal de Colombia en un año está vinculada a políticas y acuerdos gubernamentales que buscan limitar la tala ilegal, de acuerdo con el informe que destaca medidas como la regulación para concesiones forestales para comunidades rurales como una forma de conservación del bosque; el reconocimiento formal de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) como formas de gobierno; así como la reciente legislación que exige la trazabilidad para el sector ganadero del país y evitar la comercialización de carne vinculada a la deforestación.

Sin embargo, se trata de medidas que surgieron a finales de 2025. En el caso de la resolución en la que se permiten 30 actividades de bajo impacto dentro de las reservas forestales para facilitar servicios básicos a comunidades rurales, expertos consultados por Mongabay Latam han alertado que la falta de claridad sobre lo que significa “bajo impacto”, podrían expandir la frontera agropecuaria en zonas de alta importancia y sensibilidad ambiental.

Para el caso de las ETI, especialistas han advertido que aún está pendiente avanzar en mecanismos que definan rutas y garantías para que los gobiernos indígenas cuenten con las condiciones políticas, fiscales y administrativas para gestionar los territorios.

Además, el país también enfrenta la expansión de las vías ilegales, incluso dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Mongabay Latam ha documentado que alrededor de las vías ha aumentado también la deforestación, la ganadería, los cultivos de uso ilícito y los peajes clandestinos.

La minería ilegal, el acaparamiento de tierras y el poder de los grupos armados también representan una amenaza en regiones de gran importancia ambiental, como la Amazonía.

El resultado también contrasta con el cuarto boletín trimestral de 2025 del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el cual señala que la deforestación aumentó un 6 % en la Amazonía colombiana durante 2025.

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Si bien Perú también logró una baje del 8 % en la pérdida de bosques primarios de 2024 a 2025, se mantiene en la lista de los 10 principales países con mayor área de pérdida forestal, las cuales se asociaron a la expansión de actividades agropecuarias.

“En Perú, la pérdida se debió en gran medida a la expansión de cultivos como el cacao y la palma de aceite, así como a la minería. Por ejemplo, la minería de oro fue responsable del 33 % de la pérdida de bosques primarios de 2002 a 2025 en la región de Madre de Dios”, advierte el informe.

Mediante un análisis satelital, Mongabay Latam ha dado a conocer la existencia de al menos 215 concesiones mineras aprobadas por Perú, las cuales atraviesan cinco ríos de la región Madre de Dios y permanecen activas.

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Bolivia, un foco rojo

Después de los incendios récord de 2024 que marcaron un récord para Bolivia en la pérdida de bosque nativo, en 2025 el país alcanzó su segundo registro más alto y nuevamente fue el segundo país con mayor pérdida en el mundo.

El informe advierte que los incendios, “probablemente provocados por los seres humanos”, impulsaron gran parte de la pérdida de bosques primarios en 2025 en el país, pero señala que “gran parte de esta pérdida” incluye la detección retrasada de incendios que corresponden a finales de temporada de 2024, cuando Bolivia vivió un año de incendios sin precedentes.

“Aunque las lluvias volvieron a los niveles normales en algunas partes del país en 2025, Bolivia deberá tomar medidas proactivas sobre la prevención y mitigación de incendios para evitar otros más catastróficos en el futuro, especialmente a medida que el cambio climático aumente la frecuencia y la intensidad de las condiciones secas y calurosas”, sostiene el reporte.

Los focos rojos de la pérdida de bosque primario en Bolivia, apunta el documento, muestran un aumento de la deforestación hacia el departamento de Beni, al norte del país, con incendios de gran escala.

Además, el estudio indica que la pérdida de bosques primarios no relacionada con incendios fue la cuarta más alta registrada, principalmente por la expansión de la ganadería y los cultivos como la soja, el maíz y el sorgo. Esto, pese a la escasez de combustible que durante 2025 limitó el uso de maquinaria agropecuaria.

“Hay pocas indicaciones de que sea probable que Bolivia tome medidas para evitar una mayor invasión agropecuaria en los bosques del país”, lamenta el informe.

Si bien la deforestación y los incendios en 2025 no fueron tan devastadores como en 2024, siguen vigentes las normas que permiten desmontes.

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Medidas eficiente son posibles, pese a crisis climática

Los autores del informe destacan que las políticas públicas, la aplicación de la ley y los compromisos corporativos pueden mejorar los resultados forestales en poco tiempo, por lo que señalan la necesidad de sostener esfuerzos que han dado resultados en países como Brasil y Colombia si se quiere cumplir con el objetivo global de detener y revertir la pérdida de bosques para 20230.

De acuerdo con el estudio, la deforestación en 2025 fue 70 % más alta que el nivel necesario para cumplir con ese objetivo.

“Los niveles altos o crecientes de pérdida de bosques acercan los ecosistemas críticos a puntos de inflexión, umbrales más allá de los cuales los bosques no podrían recuperarse”, insiste el estudio.

También agrega retos para este año, como las condiciones que se esperan por la posible formación de un evento de El Niño en 2026, que pondrán a prueba a los países para prevenir y responder a incendios a gran escala.

“Los avances en políticas y finanzas probablemente darán forma a la trayectoria de la pérdida de bosques. En Brasil y Colombia las próximas elecciones desempeñarán un papel clave para determinar si se pueden sostener las recientes disminuciones en la pérdida de bosques”, precisa el documento.

A todos estos factores, señala, se suma el aumento de las amenazas por el cambio climático que intensifica las sequías, el calor y las tormentas, y hacen más vulnerables a los bosques.

De acuerdo con el informe, los incendios fueron responsables del 42 % de las 25.5 millones de hectáreas de pérdida forestal a nivel mundial en 2025, un área mayor que la extensión del Reino Unido.

“Lograr el objetivo global no será fácil a medida que los bosques se vuelven más vulnerables al cambio climático y a la creciente demanda de alimentos, combustible y materiales de la humanidad provenientes de los bosques y de las tierras en las que se encuentran”, matiza el estudio.

*Imagen principal: vista aérea de las zonas deforestadas en La Lindosa, Guaviare, Colombia, en el 2019. Foto: Jorge Contreras.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En las décadas de 1950 y 1960, las vicuñas estuvieron al borde de la extinción. La caza ilegal para la comercialización de su valiosa lana, una de las más finas del mundo, fue la razón principal de la disminución drástica de la población de una de las cuatro especies de camélidos que habitan en Sudamérica. Dos de ellas —la llama y la alpaca— son domésticas y las otras dos —vicuña y guanaco— son silvestres.

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Al igual que la vicuña (Vicugna vicugna), el guanaco (Lama guanicoe) también ha pasado por periodos de reducción severa de su población. En los años 60 y 70, el número de guanacos se vio afectado por los permisos para la caza legal de esta especie. “Se otorgaban miles de cupos de caza legal para reducir su densidad y liberar zonas de pastoreo para poner más ovejas”, comenta Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigaciones en Ecofisiología de Fauna Silvestre (Giefas) del Conicet y de de la Universidad Nacional del Comahue, en Argentina.

En las últimas décadas, las poblaciones de ambas especies se han recuperado. Sin embargo, los riesgos no han desaparecido. Aunque “la caza furtiva sigue siendo la principal amenaza” para los camélidos silvestres, según comenta Bibiana Vali, investigadora superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesora de la Universidad de Luján, estas especies también enfrentan otro riesgo para su salud: la sarna sarcóptica.

Se trata de una enfermedad de la piel, contagiosa, causada por el ácaro microscópico excavador Sarcoptes scabiei. Esta enfermedad no solo ataca a estas dos especies, sino que también afecta a llamas, alpacas y muchos otros mamíferos. Según diversos estudios, este parásito ha sido documentado en más de 150 especies de mamíferos.

Las poblaciones de vicuñas y guanacos en Sudamérica se distribuyen en cinco países: Perú, Bolivia, Paraguay, Chile y Argentina. Mongabay Latam conversó con expertos en camélidos sudamericanos de Perú y Argentina para tener un panorama de cómo esta enfermedad afecta a las poblaciones de vicuñas y guanacos en los países donde habitan.

La sarna en las vicuñas

“La sarna sarcóptica es una enfermedad emergente en la fauna silvestre a nivel mundial y hemos observado que puede tener impactos devastadores en poblaciones pequeñas y aisladas”, dice Alynn Martin, profesora asistente e investigadora científica de ecología y epidemiología de las enfermedades de la fauna silvestre en el Caesar Kleberg Wildlife Research Institute, de Estado Unidos.

Martin es coautora del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica, publicado a fines de 2024. Una investigación que se centra en la revisión de estudios previos que se han realizado sobre esta enfermedad en vicuñas y guanacos.

La investigadora detalla que el impacto de “los brotes de sarna en vicuñas y guanacos tiene consecuencias de gran alcance, ya que estas especies no solo son culturalmente importantes para las comunidades locales, sino que también son valoradas por su fibra y contribuyen al sustento de los pueblos andinos”.

Hugo Castillo, docente de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú, y miembro de este grupo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), explica cómo la enfermedad afecta a los camélidos silvestres. “Cuando la enfermedad avanza, los animales se vuelven presa fácil de depredadores o  sucumben por infecciones secundarias”, explica.

El experto en camélidos detalla que la muerte del animal no se produce por la acción directa del ácaro, sino porque al destruirse la piel por acción del parásito, ingresan otros microorganismos como bacterias y hongos, que generan infecciones generalizadas. Otra consecuencia de la sarna es que el animal pierde peso, porque, aparentemente, deja de comer por el malestar. “Normalmente encontramos a los animales con sarna con condición corporal baja. Es por ello [también] que mueren”.

El investigador también comenta que los casos más icónicos de sarna en Perú están en Ayacucho. Uno de los lugares donde la población de camélidos “se ha visto bastante afectada es la reserva de Pampa Galeras”, así como en Iruro, en Lucanas, que en el año 2015 llegó a tener una prevalencia del 62 % de la enfermedad. Actualmente, dice Castillo, estas poblaciones se están recuperando.

La Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D’Achille, ubicada en la provincia de Lucanas, en Ayacucho, es un lugar emblemático para la conservación de la vicuña con una extensión de 6500 hectáreas. Sin embargo, las vicuñas en esta zona de Ayacucho habitan más allá de la reserva y son las comunidades campesinas de Lucanas, junto con el Estado peruano, las que están comprometidas con la conservación de la especie.

Castillo señala que otra de las zonas con alta prevalencia de sarna en Perú es la comunidad campesina de Tanta, en la sierra de Lima. “En 2015 trabajamos, junto con el Serfor [Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre] en esa comunidad y cuando fuimos al chaccu —técnica ancestral de captura y esquila de vicuñas—, la prevalencia [de sarna] era de casi 40 %. Lo que después nos han dicho los pobladores es que prácticamente ya no hay vicuñas, han quedado muy pocas y dispersas”.

Perú es el país con la mayor población de vicuñas, más de la mitad de la población mundial, según la UICN. En 2016  se estimó una población total de 218 000 vicuñas. Este 2025, Serfor realizó un nuevo Censo Nacional de Vicuñas y, según los resultados preliminares, el país contaría con más de 300 000 ejemplares distribuidos en 16 departamentos. Los resultados del censo también indican que la región de Arequipa lidera el registro, con 73 201 vicuñas; seguida de Ayacucho, con 66 121; y Puno, con más de 50 000.

En la lista sigue Huancavelica, con más de 40 000; Apurímac, con 30 000; y Cusco, con 20 000.  En Cajamarca se registraron 1475 ejemplares, en La Libertad 1232, en Ica 398. Serfor destacó que entre las novedades del censo figura el hallazgo de nuevas poblaciones en Áncash y Huánuco.

De las más de 300 000 vicuñas censadas en Perú, 40 700 están dentro de siete áreas naturales protegidas, informó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp). Entre las áreas naturales protegidas con mayor población destaca la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, en Arequipa, con una población que supera los 30 000 individuos.

“Hasta el último censo, Ayacucho era el departamento con mayor población de vicuñas. Sin embargo, según datos extraoficiales del censo realizado este año, Arequipa ha superado a Ayacucho en población de vicuñas. Estos resultados coinciden con el hecho de que la población de vicuñas de Arequipa prácticamente no ha tenido sarna”, comenta el experto en camélidos Hugo Castillo.

En toda esta década, continúa Castillo, regiones como Ayacucho, Puno, Cusco y Apurímac registraron casos de sarna en algunas de sus poblaciones. En cambio, Arequipa estuvo libre de sarna, recién hace uno o dos años, más o menos, se han comenzado a reportar casos de sarna en Arequipa, pero en prevalencias muy bajas. “Probablemente esto tenga relación con la mortalidad que ha generado la enfermedad”.

Enrique Michaud, co-presidente de la Alianza Global para el Año Internacional de Pastizales y Pastores 2026, comenta sobre la baja prevalencia de sarna en las poblaciones de vicuñas de Arequipa. “En los últimos congresos que hemos tenido sobre sarna, la región que ha tenido menos porcentaje de sarna o casi cero ha sido Arequipa. Curiosamente es la región donde ha habido un mejor manejo de la sarna en animales domésticos”.

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La enfermedad en los guanacos

La mayor población de guanacos se encuentra en el sur de la región, entre Argentina y Chile. Se calcula que actualmente existen por lo menos un millón de individuos de esta especie y de ellos, el 95% de la población mundial habita en Argentina. El resto se distribuye entre Chile (4 %), Perú, Bolivia y Paraguay, según explica Pablo Carmanchahi, investigador principal del Grupo de Investigación en Ecofisiología de Fauna Silvestres (Giefas) del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (Inibioma) del  Conicet.

Carmanchahi comenta que la población más abundante está en la Patagonia, donde en los últimos años viene implementando varias alternativas de manejo con estas poblaciones, entre ellas, el aprovechamiento de la lana, “que tiene casi la misma calidad que la fibra de vicuña”, explica. Al mismo tiempo, realizan monitoreo de la sarna en esta especie.

Melina Anello, investigadora asistente en el Giefas del Conicet, menciona también el brote de sarna que afectó a la población de camélidos en el Parque Nacional San Guillermo. “El  ingreso [de la sarna] se dio a partir de animales domésticos, llamas, particularmente, que estaban alrededor del parque. La enfermedad se diseminó rápidamente en la población al punto de que ahora se considera una extinción ecológica local de la especie. Las poblaciones disminuyeron en un 90 % a 95 %, prácticamente no quedan vicuñas y muy pocos guanacos en el parque”.

Anello comenta que en la provincia de Tierra del Fuego, que se ubica en una isla compartida entre Argentina y Chile, hay poblaciones de guanacos con alta incidencia de sarna. “Si bien no tenemos números muy precisos, solo estimaciones preliminares, estamos viendo que hay mucha sarna”. Otros casos registrados por la experta están en las provincias de Santa Cruz y de Chucuito, pero no son “muy grandes”. Sin embargo, agrega Anello, faltan datos para saber específicamente cuántos animales hay y cuál es su situación sanitaria, si existe o no la enfermedad y qué tan grave es.

La especialista de Conicet también menciona que realiza investigaciones genéticas sobre la enfermedad para entender cuáles son los factores que llevan a que se produzca la enfermedad, cuáles son sus vías de transmisión para evitar que ingresen a nuevas poblaciones. Anello dice también que junto con Carmanchahi están formando una red de investigadores de todos los países donde habitan los camélidos para obtener datos de todo el área de distribución. “Es importante compartir esta información y tomar medidas en conjunto”.

Carmanchahi agrega que en 2006 se elaboró un Plan Nacional de Manejo del Guanaco en Argentina, pero que en 2024 fue derogado y se generaron nuevas directrices.

En octubre de 2024 la Subsecretaría de Ambiente de Argentina actualizó el Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, mediante el cual habilita a las provincias patagónicas a conformar programas de manejo y aprovechamiento de esta especie.

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Medidas de control

“La sarna es una enfermedad que está muy extendida ya sea en las especies domésticas como en las especies silvestres. Tenemos animales con sarna en muchísimas especies a la vez”, comenta la investigadora argentina Bibiana Vilá, investigadora superior del Conicet, profesora titular en la Universidad de Luján y directora de Vicuñas, Camélidos y Ambiente (Vicam).

Vilá también explica que la situación de la sarna en la población de camélidos “es diferente en distintos contextos”, pues en algunas zonas las vicuñas conviven con camélidos doméstidos como llamas y alpacas, o también con ganado vacuno y ovino.

Vilá comenta que en la zona en la que trabaja —Santa Catalina, en el noroeste de Jujuy,  Argentina— la sarna está presente en la población de vicuñas pero con baja prevalencia, entre el 2 % y 3 %. “Hay que estar muy atentos y ver a la sarna como una enfermedad del ambiente en la cual se regulan las poblaciones de vicuña”, sugiere la experta.

“Cuando un animal es silvestre sabemos que tarde o temprano, como todo ser vivo, se va a morir, probablemente en la época del año con las condiciones más adversas, pero además, los animales se van a morir del patógeno que está en el ambiente, en este caso, la sarna. Entonces, de alguna manera la sarna ayuda a controlar la población de vicuñas”, agrega. Eso es en las zonas de baja prevalencia, comenta Vilá, donde la sarna está actuando como lo que se llama “presión de selección”. Sin embargo, menciona, también se deben tomar en cuenta muchos otros factores del manejo de la vicuña que pueden aumentar la probabilidad de contagio.

“Es importante que cuando se está esquilando y se ve un animal con síntomas de sarna, que se proceda a limpiar todo, porque la sarna se transmite por contacto. Además, hay también condiciones del manejo que son muy importantes para evitar los contagios de sarna”, comenta Vilá.

La experta también explica que no se debe esquilar a una vicuña con sarna por varias razones. En primer lugar, porque la fibra es de mala calidad y no tiene valor en el mercado. En segundo lugar, porque el animal puede morir por el estrés. “Si al estrés de la esquila le sumamos el estrés de la enfermedad, estamos condenando a ese animal”, añade. Y una tercera razón es que si se esquila a un animal con sarna, se contamina la zona en donde se esquilan otros animales sanos, por tanto, se generarían más contagios.

Por ese motivo, Vilá recomienda que cuando se realizan los chaccus se debe reducir al mínimo el tiempo en el que los animales están encerrados en el corral, porque pueden haber ingresado animales sanos con animales enfermos, por tanto, es importante no dejarlos dentro del corral de un día para otro. Otro factor a tomar en cuenta son los animales infectados sin síntomas, por tanto, una vez que se esquila una vicuña se debe desinfectar todos los elementos que se utilizan en esta práctica para evitar la transmisión.

La especialista argentina también recuerda que tras la reducción drástica de la especie en las décadas de 1950 y 1960, muchas de las poblaciones actuales se reprodujeron de grupos pequeños, por lo que algunas poblaciones pueden tener baja variabilidad genética.

Vilá pone como ejemplo lo que sucedió en el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan, Argentina, donde había una población de vicuñas y guanacos. Tras la llegada de camélidos domésticos, se presentó un brote de sarna en una población que nunca había estado en contacto con esta enfermedad y, por tanto, no tenían defensas. “Hubo una gran mortalidad y, prácticamente, desaparecieron las vicuñas en esa zona”.

Enrique Michaud comenta que en algunas zonas de Perú se utiliza la Ivermectina —un antiparasitario— para tratar la sarna en camélidos silvestres. “Desde el año 2000 se viene usando Ivermectina, por ejemplo, en Pampa Galeras, y no se ha controlado la enfermedad”. Michaud precisa que cada país tiene una forma de abordaje distinto y menciona que en Argentina no se utiliza esta medicina porque “tiene una posición más ecológica”, pero que en Perú se usa desde hace más de 20 años.

Hugo Castillo también cuestiona el uso de Ivermectina en camélidos silvestres porque la aplicación de una sola dosis, como ocurre con la población silvestre, no tiene buenos resultados. “Desde Argentina un grupo de colegas lanzó un eslogan totalmente válido que decía: una dosis es peor que ninguna. Lo tradicional para manejar la sarna es colocar dos dosis, en un intervalo de 15 días, más o menos. Por tanto, cuando se aplica una única dosis, el tratamiento no se completa, no solucionamos el problema y más bien estamos propiciando que se genere resistencia contra el fármaco”.

Para completar la dosis, explica Castillo, se tendría que capturar dos veces al mismo animal, pero eso es complicado cuando se trata de animales silvestres.

Castillo comenta que en 2019, en Iruro, en Lucanas, Ayacucho, se hicieron chaccus con fines sanitarios, es decir que se capturaba a la vicuña para la esquila y al mismo tiempo se aplicaba la Ivermectina. Luego hacían otro chaccu con la misma población que había sido esquilada, pero solo para tratarlos con el medicamento. “Eso se ha comenzado a replicar en otras poblaciones”.

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Poca información

“Durante la última década se han reportado brotes (algunos epidémicos) en poblaciones de vicuñas de Perú, Argentina, Bolivia y Chile”, indica el artículo Aspectos científicos y técnicos acerca de la sarna sarcóptica en vicuñas, publicado por la revista del Grupo Especialista en Camélidos Sudamericanos de la UICN. El estudio señala que “es escasa la información sobre la enfermedad, en cuanto a su distribución geográfica y prevalencia”.

Hugo Castillo comenta que en 2022 publicó un artículo científico, junto con Pablo Acebes y Solange Vargas, en el que presentan una revisión de las investigaciones que hasta ese momento se habían hecho sobre la sarna en camélidos y que “en ese entonces la información era mínima”. Los investigadores coinciden en que falta información sobre esta enfermedad y cómo esto está afectando a las poblaciones de vicuñas y guanacos.

“Hace unos años, surgió preocupación, principalmente en Perú, porque empezaron a tener mucha más prevalencia de vicuñas infectadas. Entonces, se unieron todos los países con la idea de investigar más sobre el tema”, comenta Yanina Arzamendia, investigadora del Grupo de Investigación Vicam, Instituto de Ecorregiones Andinas del Conicet y del Instituto de Biología de la Altura (Inbial) en Argentina.

Arzamendia comenta que se debe analizar qué está pasando con los manejos y qué se debe cambiar para que la enfermedad no avance. “Lo que nosotros vemos es que cuando se maneja a pequeña escala y con todas las pautas de bienestar animal, si bien las poblaciones pueden tener la enfermedad, la prevalencia es muy baja, menos del 1 %”, comenta sobre los censos que han realizado con poblaciones de 1000 animales. “Nosotros siempre insistimos en que el manejo de la biodiversidad tiene que tener muchos acuerdos entre todas las partes”, dice Arzamendia.

Paulo Colchao Claux, especialista en Salud de la Vida Silvestre de Wildlife Conservation Society, en Perú, señala que se requiere conocer “cómo se transmite para ver cómo se puede controlar esta enfermedad”.

“Es muy difícil eliminar una enfermedad en fauna silvestre porque hay muchos factores que escapan al control. Sin embargo, se puede reducir las prevalencias y con eso se puede mejorar el manejo de la enfermedad”, comenta Colchao, quien también es coautor del estudio Desafíos y oportunidades en la mitigación de la sarna sarcóptica en camélidos silvestres de Sudamérica.

Colchao también menciona que “la salud de la fauna silvestre cada vez es más relevante a nivel mundial y en Perú también, debido a todos los efectos que está teniendo en los humanos y en el ambiente”. En ese sentido, menciona que la salud de los animales, los ecosistemas y los humanos están relacionados y debería haber una equidad en el manejo de estos. “Si los animales están saludables es porque los ecosistemas están saludables, por ende, los humanos deberían estar saludables”.

“Lo que buscamos es impulsar una vigilancia sanitaria de fauna silvestre -agrega Colchao- para colectar datos de enfermedades en fauna silvestre de tal manera de que se haga una alerta y un control temprano de cualquier enfermedad que pueda estar apareciendo en estos animales”.

Imagen principal: vicuñas, en tierras peruanas. Foto: cortesía Hugo Castillo.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La primera medida que adoptó el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en materia ambiental despertó duras críticas. El mandatario disolvió el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y lo fusionó con el de Planificación del Desarrollo. Ahora, esta nueva cartera se llamará Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, entidad que será dirigida por Fernando Romero, un empresario agroindustrial. Además, la oficina que administrará proyectos relativos al agua pasará al nuevo Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua. Colectivos y expertos pidieron a Paz que mantenga el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y que revise la designación de Romero.

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Paz logró una fuerte alianza con el sector agroindustrial del departamento de Santa Cruz. Este sector, junto al grupo agroempresarial del departamento de Beni, según varios expertos, están señalados por la deforestación y los incendios en zonas como la Chiquitania, la Amazonía y el Chaco. Es a uno de estos dos grupos empresariales que pertenece Romero, un empresario cruceño que en el último tiempo dirigió una poderosa organización del agro: la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (ANAPO).

El Movimiento Ciudadano Todos Somos Jaguar, junto a colectivos ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil boliviana hicieron pública el 10 de noviembre una carta abierta dirigida al presidente Paz, en la que manifiesta su “profunda preocupación” por la designación de Romero como ministro a cargo de la temática de medio ambiente. Estas instituciones presentaron un recurso de revocatoria contra el Decreto Presidencial 5486, que designa a dos empresarios agroindustriales en el gabinete y que dirigirán temas ambientales: uno es Romero y el otro es Óscar Justiniano, nuevo ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

En el documento, las organizaciones recuerdan que Bolivia enfrenta una crisis ambiental sin precedentes y advierten que el país “no puede permitirse repetir el modelo de deforestación y expansión del agronegocio que devastó grandes áreas de bosques en otros países de la región”.

Además, el texto destaca que la trayectoria de Romero y Justiniano “está[n] abiertamente vinculada[s] al agronegocio, sector responsable de más del 90 % de la deforestación en Bolivia” y señala posibles conflictos de interés de Justiniano con el mercado voluntario de carbono.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el contexto de la crisis actual, exige un perfil técnico, independiente y comprometido con la protección de los ecosistemas”, dice parte de la carta. “Bolivia es hoy el segundo país más deforestado del mundo y necesita liderazgo ambiental del más alto nivel”, agregan.

Más críticas a la decisión

Luego de idas y vueltas, el gobierno de Paz aprobó el 17 de noviembre el Decreto Supremo 5488 que oficializa el cierre de algunos ministerios y la fusión de otros. En esa normativa establece la conformación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, que tendrá un viceministerio que atienda temas ambientales: será el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal.

Mongabay Latam se contactó con fuentes del Gobierno y ratificaron que ese viceministerio tendrá bajo su dependencia algunas instituciones relativas al medio ambiente, como el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), entidad que tiene ahora un nuevo director: Filemón Hinojosa, con experiencia en las gestiones de Evo Morales y Luis Arce.

Además, el gobierno de Paz decidió trasladar el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) al Ministerio de la Presidencia. Esta entidad, que dependía del disuelto Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, se encarga, entre otras atribuciones, del proceso de saneamiento de tierras.

Stasiek Czaplicki, investigador boliviano independiente, consideró que en Bolivia existe un “gobierno agroindustrial” por las incorporaciones de Romero y Justiniano al gabinete. “¿Y quién es el actual ministro de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente? Nada menos que Fernando Romero, expresidente, hasta hace dos meses, de ANAPO, la voz oficial del complejo soja-industria en Bolivia. Es decir, el vocero del agronegocio hoy es la nueva máxima autoridad ambiental”, cuestionó.

Czaplicki recordó que la producción de soja en Bolivia aporta el 17 % de la deforestación y que Romero trabajó con los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) para lograr la expansión de la frontera agrícola con la otorgación de desmontes.

“Será interesante observar cómo estas nuevas autoridades evitarán, o tal vez no, los conflictos de interés al momento de diseñar regulaciones, programas o incentivos, porque lo que está en juego no es menor: es la posibilidad de que las políticas públicas sirvan a intereses empresariales propios, de amigos o futuros socios”, cuestionó Czaplicki en diálogo con Mongabay Latam.

El experto añadió que “en los próximos días probablemente se anuncien medidas simbólicas o cosméticas a favor del medio ambiente y los bosques”, como la abrogación de leyes inactivas del paquete incendiario o la revisión de normativas “sin efecto real” sobre el avance agropecuario.

“Cuidado con ilusionarnos con anuncios compartimentados, un decreto o una pausa ecológica. El agropoder está en el Gobierno y su influencia, ahora sin intermediarios, será aplastante. Lo verde que se anuncie servirá, muy probablemente, para blanquear una agenda de expansión sin freno”, resaltó Czaplicki.

El día que Paz posesionó a su gabinete, Romero fue designado como ministro de Planificación del Desarrollo. Ese día había un vacío sobre la situación de la cartera de Medio Ambiente y Agua, ya que no se mencionó como parte del gabinete. Al día siguiente, el Gobierno sacó un comunicado informando que ese ministerio no fue eliminado.

Es más, el ministro Justiniano, que fue nombrado como interino de Desarrollo Productivo, fue el vocero de los temas ambientales y dijo que la cartera de Medio Ambiente y Agua iba a fusionarse con la suya. Algo que no pasó y que finalmente pasó a Planificación del Desarrollo.

Justiniano prometió que la defensa de los bosques y la lucha contra las actividades que amenazan los ecosistemas serán prioridad. El ministro afirmó que la sostenibilidad y la productividad deben avanzar de manera conjunta para generar oportunidades concretas para las familias del país.

“Lo primero es el medioambiente, lo primero es la conservación, pero también tenemos que entender que la sostenibilidad va de la mano de la productividad. Las otras autoridades deben entender que la sostenibilidad y la productividad son elementos que se conjugan”, remarcó Justiniano en una conferencia de prensa.

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Justiniano, antes de ser designado ministro, fue presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (FEPSC), dos poderosas instituciones privadas de la agroindustria en Bolivia. 

Romero aún no habló de temas ambientales y recién recibió la noticia de que asumiría el control de la política ambiental del país la noche del 17 de noviembre. Las fuentes gubernamentales consultadas por Mongabay Latam no hicieron referencia a posibles conflictos de interés o contradicciones en su designación.

Se suman más cuestionamientos

Norka Paz, activista ambiental independiente, manifestó que es muy importante explicar al Presidente que tomar la decisión de desaparecer uno de los ministerios más importantes dentro de la crisis social, ambiental y sanitaria no solo continúa un modelo “mediocre y antropocéntrico de hacer política de Estado”. “Es claramente continuar con una política de despojo, mercantilización del patrimonio natural, fortalecimiento de las oligarquías prooligopolios terricidas en el país y perpetuar el mismo modelo de corrupción que ahonda las múltiples crisis”, señaló Paz.

A su vez, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP) también expresó su rechazo a la designación del ministro Romero a la cabeza del área ambiental. “Es imperativa la designación de un ministro que no sea juez y parte a la hora de decidir si debe o no cuidar el medioambiente”, afirmó a Mongabay Latam Ruth Alipaz, representante de esa organización.

La dirigente indígena solicitó al presidente Paz el cumplimiento de su atribución constitucional con relación al ordenamiento jurídico ambiental y que sea consecuente con sus palabras, como cuando dijo el día de su posesión en la Asamblea Legislativa Plurinacional: “Defenderemos nuestros ríos, nuestros bosques y nuestros glaciares. El desarrollo económico irá de la mano del respeto al medio ambiente; no más divorcio entre crecimiento y naturaleza”.

“El Ministerio de Medio Ambiente y Agua fue en gestiones anteriores un nido de corrupción y cuoteo que alentó al extractivismo, pero sería un retroceso cerrarlo o hacer que sea absorbido por otro ministerio, así como elegir de titular a alguien vinculado con el agronegocio, porque es continuar con una política de despojo”, remarcó Alipaz.

El Colegio de Biólogos de Bolivia advirtió que una eventual fusión ministerial podría cerrar el acceso de Bolivia a los fondos verdes internacionales, que financian proyectos climáticos y de conservación.

“El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua sería un error histórico, pues implicaría cerrarle a Bolivia las puertas a los fondos que hoy financian la vida en tiempos de crisis climática. Solo este año, esos recursos superan los 285 000 millones de dólares a nivel global”, dice parte de un comunicado público.

Esta entidad colegiada remarcó que el país atraviesa una etapa crítica en materia ambiental, marcada por la deforestación, incendios forestales y afectación a comunidades indígenas, por lo que exigieron fortalecer la institucionalidad ambiental y no reducirla.

“Bolivia no necesita menos ambiente, necesita más inteligencia ecológica”, recalca el pronunciamiento, que exhorta al presidente Paz a mantener su compromiso expresado en el discurso de posesión, cuando aseguró que el desarrollo económico no debe estar “divorciado del medio ambiente”.

Mientras, Gonzalo Colque, de la Fundación Tierra, consideró que la designación de ministros dedicados al agronegocio generan un “conflicto de intereses” y afectan la credibilidad institucional. El experto señaló que en carteras vinculadas a recursos naturales deberían asumir personas con trayectoria en defensa ambiental, especialmente frente a fenómenos como el desmonte, el chaqueo y la expansión agrícola no regulada.

Colque advirtió que estos nombramientos pueden restar apoyo social al Gobierno de Paz en un momento en que requiere respaldo para implementar ajustes fiscales y medidas destinadas a enfrentar la crisis económica.

En ese sentido, instó al Gobierno a revisar estas decisiones y pidió a los grupos de poder agroexportador reflexionar sobre su influencia en el nuevo gobierno. “La propuesta del Partido Demócrata Cristiano (PDC) en campaña no fue trabajar con estos sectores. Sin embargo, ahora se observa un mayor protagonismo de quienes habían apostado por Jorge Quiroga [excandidato], lo que podría resultar contraproducente para los objetivos del Gobierno”, afirmó.

Imagen principal: Chiquitano, bosque subtropical despejado en el borde de la Amazonía boliviana para la producción de soja. Foto: Rhett A. Butler para Mongabay.

El artículo original fue publicado por Leslie Moreno Custodio en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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A unos 4800 metros por encima del nivel del mar, el Cerro Rico sobrepasa la ciudad de Potosí, en el altiplano sur de Bolivia. Famoso por sus vastas reservas de plata, el Cerro Rico financió prácticamente por sí solo el Imperio español. En 1656, el autor Antonio de León Pinelo afirmó que los esclavos indígenas y africanos habían extraído suficiente plata para construir un puente desde Bolivia hasta Madrid.

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En su apogeo a principios del siglo XVII, Potosí fue una de las ciudades más pobladas del mundo, incluso más grande que Londres y Milán. Actualmente, la montaña, sitio patrimonio mundial de la UNESCO, sigue siendo explotada por mineros asociados con 54 cooperativas de zinc, plomo, estaño y plata, y continúa impulsando la economía de la ciudad.

Ahora, plagada de túneles tras casi 500 años de minería informal, la parte superior de la montaña está al borde del colapso, lo que supone una amenaza para las aproximadamente 180 familias que viven en la montaña y los cerca de 10 000 mineros que trabajan allí, la mayoría de ellos indígenas quechuas.

“Todas las casas están rajadas porque todo se está hundiendo”, le dijo a Mongabay Silvia Mamani Armijo, de 34 años, quien vive en la montaña con sus tres hijos pequeños y trabaja como guardia de túnel minero. “Durante la temporada de lluvias, toda esta área puede derrumbarse”, agregó, señalando las rajaduras en las paredes de adobe de varias casas cercanas a la suya. “Muchísimas familias podrían morir”.

Los pequeños derrumbes han formado parte durante mucho tiempo de la vida en el Cerro Rico, cuyos siglos de minería, que se remontan a la fundación de la ciudad como puesto remoto colonial español en 1545, se han cobrado la vida de posiblemente 8 millones de mineros, según las estimaciones históricas. Sin embargo, en los últimos años, impulsados por el aumento de los precios de los minerales, las nuevas técnicas de extracción y la inestabilidad de una montaña ahuecada, estos derrumbes se han vuelto más frecuentes y graves.

En 2010, un derrumbe importante cerca del pico de la montaña fue el primero de muchos. En 2014, la UNESCO agregó el Cerro Rico y Potosí a su lista de sitios patrimonio mundial en peligro, citando el riesgo que “las operaciones mineras continuas y no controladas” representan para la zona.

El derrumbe del Cerro Rico

En lo que respecta a las montañas, es difícil calcular la altura del Cerro Rico. Actualmente se cree que tiene una altura aproximada de 4753 metros, casi 250 metros menos que la altura original estimada antes de que comenzara la explotación minera española en el siglo XVI. “Probablemente se desplome otros 10 o 20 metros”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica Freddy Llanos, un ingeniero en minería de la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí y miembro de la comisión técnica de conservación del Cerro Rico. “Terminará siendo un cono truncado”, agregó.

Como resultado de su mineralogía singular y la explotación brutal del trabajo esclavo a manos de los colonizadores españoles, las riquezas del Cerro Rico fueron clave para impulsar el capitalismo mundial. “La riqueza del Cerro Rico generó la globalización de la economía mundial”, afirmó Llanos. “Durante la época colonial, las ganancias fueron a Europa a través de España y, durante la Segunda Guerra Mundial, nuestro estaño respaldó el esfuerzo bélico”.

A pesar de tener riqueza en minerales, el departamento de Potosí es uno de los más pobres de Bolivia. “La gente venía a Potosí, se enriquecía y se marchaba”, le dijo a Mongabay Hernán Ríos Montero, geólogo de la Universidad Autónoma Tomás Frías, y explicó que el capital que no se iba del país se iba a ciudades vecinas. Tras 480 años de extracción informal y falta de inversión para preservar la montaña, la minería continúa, y la montaña está atravesada por innumerables túneles y se está volviendo cada vez más inestable.

La intensificación de la actividad minera también ha acelerado el derrumbe del Cerro Rico. En septiembre, la compañía minera estatal COMIBOL informó que aproximadamente 30 000 mineros trabajan actualmente en la montaña, un aumento pronunciado de los 20 000 informados por las autoridades mineras en 2024 y los 12 000 en 2023.

Mario Caro, un periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que las cifras informadas por COMIBOL están infladas para aumentar el poder político del sector minero, y estimó que la cifra real ronda los 10 000, aunque reconoció que la actividad minera está aumentando.

El aumento repentino en la actividad minera está impulsado por los altos precios de los minerales, con la plata cotizando a niveles casi históricos en 2025. El aumento de la demanda mundial de paneles solares, que dependen de la plata, y de aerogeneradores, cuya fabricación requiere zinc, ha contribuido al reciente aumento de los precios. “Mientras nosotros nos llevamos la peor parte del botín y la explotación, son otros países los que hablan de una transición”, le comentó a Mongabay Alfredo Zaconeta, investigador en minería de la organización boliviana sin fines de lucro CEDLA.

La minería en el Cerro Rico está en manos de muchas cooperativas que operan de forma independiente y los trabajadores se juntan en masa en las minas cuando los precios están elevados. Aunque el trabajo es peligroso, los mineros pueden ganar mucho más que en la mayoría de las demás profesiones.

Los cambios en la tecnología minera también han llevado a más derrumbes. “En aquel entonces, había que tomar la broca y el martillo, cavar un agujero a mano y luego cargarlo con dinamita”, explicó a Mongabay Basilio Vargas, de 35 años, minero desde los 11. Hoy, los taladros neumáticos permiten a los mineros trabajar mucho más rápido y llenar un camión volquete de 20 toneladas en pocos días, un trabajo que anteriormente tomaba entre tres y cuatro semanas. Vargas y su familia aparecieron en un documental de 2005 sobre mineros menores de edad en Potosí, y comentó que la casa que se muestra en la película desapareció luego de que la tierra debajo de ella cediera. “Cada año hay más y más derrumbes”, afirmó.

Si bien la mayor parte de la riqueza temprana del Cerro Rico provenía de vetas de plata pura, estos yacimientos ahora están prácticamente agotados. En su lugar, los mineros ahora extraen grandes volúmenes de minerales distribuidos en pequeñas concentraciones por toda la roca, lo que les exige extraer más mena -el material natural del que se pueden extraer minerales o metales- para generar ganancias. Los mineros luego venden la mena a la Empresa Minera Manquiri, que opera una planta de procesamiento que tritura y lixivia el mineral para recuperar los metales.

Según Ríos Montero y Zaconeta, la tecnología de lixiviado ha contribuido al derrumbe de la montaña al aumentar el volumen de los materiales extraídos de ella.

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Aunque resulten problemáticos para conservar la montaña, los derrumbes son beneficiosos para las cooperativas mineras y las refinerías como Manquiri, dijo Zaconeta, y señaló que estos tienen la misma función que la dinamita. “Si se produce un derrumbe natural, se puede ahorrar mucho tiempo, ya que las cooperativas pueden recolectar directamente el material del derrumbe”, afirmó.

Manquiri y su empresa matriz canadiense, Andean Precious Metals, que los mineros y expertos dicen que contribuyen a impulsar la demanda de minerales diseminados vinculados con los derrumbes de la montaña, no respondieron a las solicitudes reiteradas de comentarios de Mongabay.

Efectos en la comunidad

Al 3 de octubre, 96 personas habían muerto mientras se encontraban trabajando en la explotación minera en el departamento de Potosí en 2025, de las cuales al menos 90 murieron dentro del Cerro Rico, según datos no publicados de la policía. Mario Caro, el periodista de Potosí, le dijo a Mongabay que muchas muertes no se informan y observó que las tasas de mortalidad de 2025 han sido superiores a las de años anteriores.

La mayoría de quienes murieron eran hombres, pero las mujeres también están en riesgo, en tanto el aumento de la actividad minera les da más trabajo en las minas o en torno a ellas. Como guardabocaminas, Silvia Mamani Armijo y su madre, Lucía Armijo, defienden los túneles de minas de los ladrones, con poco más que perros y dinamita, que encienden y lanzan a posibles intrusos.

Estas mujeres viven en las entradas de las minas, a menudo sin electricidad ni agua potable, y ganan entre 500 y 1000 bolivianos al mes (unos 72-145 dólares al tipo de cambio oficial), o aproximadamente entre el 18 % y el 36 % del salario mínimo en Bolivia. También venden algo de desechos minerales de las minas para complementar sus ingresos. Si se produce un robo, los jefes de las cooperativas suelen deducir las pérdidas de sus salarios.

“Vivir en la montaña no es agradable”, le dijo a Mongabay Lucía Armijo, de 51 años, que ha sido guardabocamina en el Cerro Rico durante más de 30 años. “Durante la temporada de lluvias hay que preocuparse por si alguna parte de la montaña se derrumba, por si ocurre cualquier cosa”, agregó mientras pasaba por la zona donde una vez se encontraba la casa de su hija Claudia, antes de que se derrumbara. “¿Adónde irán nuestros hijos y nietos, dónde trabajarán? En Potosí no hay ni siquiera una fábrica”.

Armijo, que al igual que muchos potosinos habla quechua como lengua materna, dijo que los peligros de vivir en el Cerro Rico exceden su inestabilidad estructural. “Ese polvo… Mira adónde va”, dijo mientras una ráfaga de viento soplaba por la montaña. “Va directo a nuestras habitaciones, es horrible”. Sin agua potable en la montaña, la cooperativa minera que emplea a Armijo llena periódicamente unos grandes barriles de metal con agua que, cuando se contamina con polvo de la minería, les provoca diarrea frecuente a ella y a sus hijos, asegura.

La violencia sexual y las prácticas laborales explotadoras, a menudo ilegales, también son comunes para las mujeres que trabajan en el Cerro Rico, le dijo a Mongabay Paulina Ibeth Garabito Ovando, fundadora de MUSOL, una organización que apoya a las mujeres en el sector minero de Potosí.

Los efectos del derrumbe del Cerro Rico van más allá de lo material. Como reliquia de la historia colonial, el pico sigue siendo un poderoso símbolo de identidad y orgullo para los potosinos y los bolivianos en general. Su silueta domina el horizonte local y figura de forma destacada en la iconografía nacional, desde el escudo de armas del país hasta los billetes.

“Puntita era pues”, le dijo Petrona Santos Mamani, de 82 años, a Mongabay, recordando la forma de la montaña en su infancia. “Es un símbolo de Bolivia y ahora está roto”, dijo la mujer que pasó su vida adulta trabajando como palliri, palabra quechua que se usa para describir a las mujeres mineras que trituran manualmente rocas fuera de los túneles en busca de minerales. “Me duele ver el Cerro así, me dan ganas de llorar”.

Santos Mamani participó en una acción en 1996 cuando más de 250 palliris ocuparon la cima del Cerro Rico para protestar por la explotación insostenible de la montaña impulsada por una empresa de refinería propiedad del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Las palliris están considerando actualmente otra acción colectiva para exigir la preservación del símbolo nacional.

A Santos Mamani le preocupa aún más que parece probable que las mismas tendencias que enriquecieron a Europa con escasos beneficios para las comunidades bolivianas productoras de materias primas continúen en otras partes del departamento de Potosí, ya que el Gobierno boliviano firmó recientemente contratos de minería de litio con dos empresas extranjeras.

¿Qué le depara el futuro al Cerro Rico?

Los esfuerzos por preservar la cumbre histórica han sido lentos y han contado con fondos insuficientes. En 2022, un tribunal de Potosí ordenó a COMIBOL cerrar todas las entradas de las minas por encima de los 4400 metros y trasladarlas a terrenos más bajos y estables en un esfuerzo por preservar la montaña y permitir que las operaciones mineras continúen de manera segura.

Sin embargo, tres años después, la reubicación sigue sin terminar, retrasada por la resistencia de las cooperativas mineras que ven la medida como una amenaza para sus resultados, dado que las mayores concentraciones de minerales se encuentran cerca de la cima de la montaña. “Ojalá a las autoridades les importara”, dijo Mamani Armijo, y agregó que teme que su casa y la mina que custodia puedan derrumbarse. “Muchas familias trabajan aquí”.

Según Zaconeta y otros expertos, la estrecha alianza entre las cooperativas mineras y el Gobierno boliviano durante los últimos 20 años también ha contribuido a desacelerar los esfuerzos de conservación. “Lo que han logrado es un alto grado de permisividad”, dijo.

Aunque el departamento de Potosí es rico en minerales, Llanos dijo que las autoridades mineras del Gobierno no han emprendido la exploración necesaria para encontrar nuevos yacimientos, lo que haría más viable la orden judicial para que COMIBOL traslade las entradas de las minas. “Seguimos explotando minerales de los mismos yacimientos que se conocían en la época colonial”, afirmó.

En septiembre, un tribunal ordenó que se congelaran las cuentas bancarias del ministro de Minería, Alejandro Santos Laura; del presidente de COMIBOL, Reynaldo Pardo Fernández; y del gerente regional de COMIBOL en Potosí, Iván Guillermo Fuentes, hasta que cumplieran con órdenes previas para preservar la estructura del pico. Les dio 31 días para demostrar avances.

En una conferencia de prensa posterior a la decisión judicial, Pardo Fernández defendió la labor de la empresa minera estatal para preservar la montaña y afirmó que se tomarían “medidas drásticas” para acelerar el cierre de las entradas de las minas por encima de los 4400 metros.

A principios de octubre, COMIBOL y la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN) instauraron restricciones que permiten la minería solo durante el día y solo en días laborables, y prohíben el uso de maquinaria pesada por encima de los 4400 metros.

Santos Laura también dijo en una conferencia de prensa: “Hemos completado más del 60 %” del trabajo para trasladar las entradas de las minas: se han cerrado 20 minas por encima de los 4400 metros y quedan otras 10. Durante una marcha minera, el presidente de FEDECOMIN, Óscar Chavarría, declaró a los periodistas que los mineros estarían dispuestos a dejar de trabajar en el Cerro Rico si las autoridades les otorgaran concesiones para explotar yacimientos en otros lugares, y les dio a los funcionarios 30 días para que respondieran a sus demandas.

Caro dijo que duda de que el cierre de las cuentas bancarias de los funcionarios obligue a COMIBOL a priorizar el traslado de las entradas de las minas y señaló que solo se habían cerrado las cuentas bancarias personales de las autoridades mineras. “Les llega dinero de todas partes”, dijo a Mongabay en una entrevista telefónica.

Tras hablar con El País en julio sobre el proceso de traslado de la mina, un portavoz de COMIBOL declaró a Mongabay que la empresa minera estatal ya no concede entrevistas sobre el Cerro Rico.

Llanos y sus colegas han propuesto una iniciativa para reforzar la cima con hormigón y acero, lo que impediría a los mineros excavar túneles hacia arriba y fortalecería la estructura del pico. No obstante, ante la falta de 3.5 millones de dólares de financiación en medio de una crisis económica cada vez más profunda, hay quienes temen que el proyecto nunca se complete, una realidad que Llanos encuentra irónica.

“Nunca podremos saber con exactitud cuántos miles de millones de dólares ha generado, y sigue generando, el Cerro Rico de Potosí”, afirmó. “Debería ser una obligación moral y material devolverle al Cerro, no sé, el 0.00001 % de las divisas que generó durante siglos”.

A principios de octubre, el gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa Gutiérrez, mantuvo una reunión con autoridades locales y nacionales, líderes cívicos y cooperativas mineras, en la que firmaron un acuerdo para apoyar la iniciativa de Llanos.

Si bien estos avances son importantes, “todavía hay mucha incertidumbre”, dijo Zaconeta, ya que estabilizar la montaña requeriría una financiación significativa y voluntad política. Freddy Llanos dijo que ve estos avances como esperanzadores y espera reunirse con autoridades gubernamentales locales y departamentales en las próximas semanas para analizar detalles técnicos y el potencial de financiamiento.

“El problema que enfrenta el Cerro Rico es un problema del mundo entero, ya que de una u otra forma, el mundo se ha beneficiado de sus riquezas”, afirmó. “Debe resolverse con urgencia”.

Imagen destacada: la montaña Cerro Rico, situada sobre la ciudad de Potosí, Bolivia. Foto: Benjamin Swift

El artículo original fue publicado por Benjamin Swift en la edición en inglés de Mongabay. Puedes revisarlo aquí.

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El 28 de abril pasado un cráneo de jaguar cruzó casi toda Bolivia. Los huesos de la cabeza del felino salieron de la Chiquitania, en el departamento de Santa Cruz, y fueron interceptados en la ciudad de El Alto, contigua a La Paz. Un ciudadano boliviano trasladó el cráneo hasta la frontera con Chile. El traficante fue detenido y, según informaron varios activistas ambientales, ofrecía partes del jaguar en redes sociales. En los dos últimos años, los casos de tráfico de jaguar ascienden a 20, aunque no son datos oficiales y son procesos enumerados por expertos.

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El traficante se enfrentó a la Justicia un día después de haber sido detenido. Obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria. El cráneo del jaguar tenía sus colmillos intactos, lo que presume que iba a ser ofertado a buen precio. Según el director de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (POFOMA), coronel Carlos Chispas, el detenido ofrecía en redes sociales el cráneo del jaguar a 2500 bolivianos (360 dólares).

“Nosotros realizamos el operativo en la ciudad de El Alto y se aprehendió a esta persona. Hay personas que se dedican al tráfico ilegal del jaguar para traficar los colmillos de este animal, que son muy demandados en países de Asia con fines medicinales u otros usos. Lamentablemente, como en otros casos, la Justicia decidió que el traficante tenga detención domiciliaria”, afirmó Chispas a Mongabay Latam.

El jefe policial detalló que un solo colmillo de jaguar en Asia cuesta 4000 dólares y que en los últimos cuatro años se decomisaron 236 colmillos de este felino en distintos operativos. Chispas añadió que POFOMA realiza las acciones para dar con los traficantes, pero que en la Justicia muchas veces no se abren los procesos legales o son beneficiados con detenciones domiciliarias o incluso recuperan la libertad.

“Tenemos medidas cautelares emitidas por el Tribunal Agroambiental, pero aún existen tareas pendientes en la protección del medio ambiente. Nos faltan jueces capacitados que puedan analizar adecuadamente estos casos, ya que algunos de ellos terminan liberando a personas implicadas en delitos como el tráfico de fauna silvestre”, dijo Chispas.

Por ejemplo, explicó el jefe policial, un caso reciente que motivó el reclamo policial fue la liberación de cuatro extranjeros involucrados en el tráfico ilegal de peces ornamentales en el departamento de Beni, pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En el primer semestre de esta gestión, 173 animales silvestres fueron rescatados en distintos operativos en diferentes regiones de Bolivia, además de 37 animales domésticos encontrados en condiciones de vulnerabilidad, según datos de POFOMA y de la Fiscalía General. De esos 173, un 20 % son felinos y hay diez jaguares rescatados.

Rebrote de asesinatos

Sobre los casos de tráfico de jaguares vivos, la fiscalía y POFOMA no tienen un dato concreto, pero según Chispas “pasan los diez” en los dos últimos años. Pero existe otra problemática que se agrava: según Rodrigo Herrera, director de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, existe un rebrote de asesinatos de jaguares en diferentes regiones bolivianas.

“No son cifras oficiales, es información que tenemos sobre los reportes que nos llegan. Desde la pasada gestión, han rebrotado estos casos de tráfico y caza del jaguar, siendo alarmante lo que sucedió hace aproximadamente tres semanas, con cuatro hechos de caza y tráfico de jaguar”, relató Herrera a Mongabay Latam. 

En los últimos 20 años, el desborde de casos de tráfico y caza del jaguar sucedió en el periodo entre 2014 y 2019, según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia. El delito comenzó a disminuir por las sentencias que se estaban ejecutando contra los acusados. Durante la pandemia por el Covid-19 la actividad ilegal bajó, pero desde 2024 nuevamente se dieron a conocer casos de jaguares asesinados.

Según Herrera, entre 2024 y septiembre de este año, existen 12 casos conocidos que implican al menos a 20 jaguares asesinados. “Solo son los casos sobre los que tenemos certeza, son cifras no oficiales. Es muy preocupante, no habíamos tenido este rebrote de casos desde hace mucho tiempo”, alertó el activista.

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El experto sostuvo que estos crímenes son consecuencia de la inacción del Estado para actuar de oficio y procesar a los responsables. Además, también alertó sobre la oferta de caza silvestre que algunos operadores de turismo estarían promoviendo, similar al caso de Jorge Néstor Noya, un ciudadano argentino que ofrecía paquetes turísticos desde su país para llegar a Bolivia a cazar jaguares, a través de su empresa Caza & Safari, como publicó Mongabay Latam. El costo de este paquete llegaba a 50 000 dólares.

Según datos de POFOMA, los lugares donde se registran la caza de jaguares son en el municipio de Ixiamas, al norte del departamento de La Paz; en el municipio de Porvenir, en el departamento de Pando; en municipios de Beni; en el Chaco boliviano; y en la Chiquitania de Santa Cruz.

Por los últimos casos de este periodo, existen alrededor de 13 personas que están siendo investigadas por la fiscalía tras denuncias de los activistas. Según datos de la Asociación de Justicia Ambiental de Bolivia, desde 2014 hasta la fecha, se registraron 47 casos relacionados con la caza y el tráfico ilegal del jaguar. De esa cantidad, solo cinco terminaron con sentencia. Ninguno corresponde al último periodo.

Herrera añadió que la baja cantidad de sentencias se debe a que los fiscales del sector rural no están capacitados para realizar una investigación por ese delito ambiental. Además, a pesar de que el Estado debería actuar de oficio, los procesos son impulsados por activistas, pero la falta de recursos económicos para hacer el seguimiento hasta conseguir un fallo se convierte en otro obstáculo.

Mongabay Latam buscó conocer la opinión del Ministerio de Ambiente y Agua sobre el rebrote de asesinatos del jaguar, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

Fallo inédito

El Tribunal Agroambiental de Bolivia emitió en abril de este año un fallo inédito y ordenó a diferentes entidades del Estado la protección del jaguar y de su hábitat. La sentencia exige mayor control en aeropuertos, fronteras y terminales de buses con el objetivo de frenar el tráfico de fauna silvestre. Esa sentencia, que está en plena vigencia, dispone medidas de protección para el jaguar, para su hábitat y para los defensores ambientales.

En ese fallo, la instancia judicial ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua que en el plazo de seis meses (hasta octubre) concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro o en peligro crítico, porque actualmente está como una especie vulnerable. También instruyó a esta cartera de Estado a que implemente planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar.

Marcos Uzquiano es el presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac) y considera a los jaguares como su familia. Por su trabajo, sabe que el felino ya no vive tranquilo. Las mafias internacionales “le han echado el ojo” y lo buscan en las profundidades de la selva boliviana para arrancarle sus colmillos después de matarlos a balazos.

Para Uzquiano, esto tiene una explicación sencilla: en los países asiáticos los jaguares son apuntados como sustitutos del tigre (Panthera tigris), una especie que está al borde de la extinción, y es por eso que ahora son traficados para suplir una demanda.

Desde hace varios años, Uzquiano recibe información que apunta a que ciudadanos chinos pagan a los comuneros bolivianos por los colmillos de jaguar. El guardaparque, junto a su equipo de trabajo, lleva años rastreando este crimen, decidido a ponerle freno antes de que sigan matando a más felinos.

“La única alternativa para conservar el jaguar es una mayor fiscalización, una mayor coordinación a nivel interinstitucional entre los distintos niveles del Estado y también mayores acciones de prevención y de sensibilización con las comunidades”, resaltó Uzquiano, quien también afirmó que se necesita “un fortalecimiento directo al trabajo que hacen los guardaparques para que por lo menos los jaguares que están dentro de las áreas protegidas puedan ser protegidos realmente, como debe ser”.

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Según datos de la Dirección General de Biodiversidad, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, entre 2014 y 2020, al menos 760 colmillos de jaguar han sido decomisados en Bolivia en diferentes operativos a personas que habían comprado o trataban de comercializar estas piezas, aunque no existe información de decomisos por año.

Las cifras y datos más actualizados en Bolivia están en el Plan de Acción para la Conservación del Jaguar 2020-2025, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el que se detalla que desde 2014 existe una “caza furtiva” de jaguares en el país con el fin de vender partes -como los colmillos y piel- al mercado asiático. Sin embargo, este plan también recoge datos que revelan que se solicitaron cuerpos enteros de jaguar para elaborar la “pasta de jaguar”, la cual es utilizada como una alternativa a la “pasta de tigre”, con fines medicinales en China y otros países de Asia.

Imagen principal: las autoridades de Bolivia están alarmadas por un rebrote en el asesinato y tráfico de jaguares durante los últimos dos años. Foto: cortesía El Deber.

El artículo original fue publicado por Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En Bolivia los contratos del litio con empresas de China y Rusia están congelados. La Justicia Agroambiental, a pedido de la Defensoría del Pueblo, determinó que la Asamblea Legislativa Plurinacional suspenda el tratamiento de los dos acuerdos para la explotación del litio mientras no se cumpla con la evaluación de impacto ambiental y la consulta previa. Las comunidades indígenas y campesinas que habitan en el salar de Uyuni denuncian que la extracción del mineral afectará los humedales alto andinos, lo que podría provocar la pérdida de agua y la salinización del agua dulce.

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Bolivia, a través de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), firmó el 26 de noviembre de 2024 un contrato con el consorcio chino Hong Kong CBC Investment Limited. El objetivo principal de este convenio es la producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni e incluye la instalación de dos plantas industriales: una de Extracción Directa de Litio (EDL) y otra de salmuera residual.

YLB también firmó el 11 de septiembre de 2024 otro contrato con la rusa Uranium One Group, que es una subsidiaria de la estatal Rosatom. Este acuerdo establece una concesión por 22 años (prorrogables) a cambio de una inversión de 1000 millones de dólares. Tras la construcción de una planta, la empresa recuperará su inversión mediante contratos adicionales de operación, mantenimiento y comercialización.

Ahora, el tratamiento de ambos contratos está estancado en el Legislativo boliviano. Cinco días antes de las elecciones presidenciales en Bolivia –que se celebraron el 17 de agosto- la comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó el contrato con la empresa rusa, con presencia policial y con denuncias de irregularidades. Este acuerdo pasó al pleno de Diputados, pero ahora está congelado por la decisión judicial. El contrato con el consorcio chino sigue pendiente en esa comisión.

“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, explicó a medios locales el defensor del pueblo de Bolivia, Pedro Callisaya.

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El 28 de julio, la Defensoría del Pueblo informó a la Asamblea Legislativa que solicitó medidas cautelares ante el Juzgado Agroambiental del Distrito Judicial de La Paz. Esta solicitud tenía como fin suspender el tratamiento de proyectos de ley relacionados con los contratos de extracción del litio hasta que se cuente con estudios ambientales integrales.

Estudio de impacto ambiental

La decisión de la jueza agroambiental establece cuatro puntos centrales: que se informe sobre la realización de un estudio de impacto ambiental estratégico, con especial énfasis en los recursos hídricos; que se realice un estudio específico sobre las aguas fósiles en la región; que se lleve a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada con las comunidades que serían afectadas por los proyectos de litio; y que, antes de tratar estos contratos en la Asamblea Legislativa, se solicite el estudio de impacto ambiental estratégico y se convoque a los actores involucrados para evaluar sus contenidos.

La medida judicial se mantendrá hasta que se realicen estas medidas, informó Callisaya. Ahora, la Asamblea Legislativa Plurinacional deberá solicitar, antes de continuar con el tratamiento legislativo de estos contratos, el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores involucrados para la consideración de sus contenidos.

En contacto con Mongabay Latam, Iván Calcina Copa, secretario general de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), celebró la decisión judicial que se emitió en La Paz. El dirigente informó que su organización presentó el 12 de mayo una Acción Popular ante un juez del municipio de Colcha K, en el departamento de Potosí, pidiendo que se suspendan los contratos hasta que se realice un estudio integral acumulativo de impacto ambiental, una consulta previa legítima a las comunidades y se inicie la construcción participativa de una ley marco del litio.

En primera instancia, la Justicia de Colcha K determinó un fallo a favor de la organización que lidera Calcina, pero una semana después decidió revocar esa determinación. Es por eso que la CUPCONL decidió acudir al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para que determine si el dictamen procede o no. “Nosotros no estamos en contra de los proyectos, pero exigimos respeto, información y consulta. Las obras avanzan sin que sepamos qué se está haciendo”, afirmó Calcina.

Según el dirigente, la Justicia de Colcha K dispuso en mayo como medida cautelar la suspensión inmediata del tratamiento legislativo de los contratos. Además, ordenó a YLB y al Ministerio de Hidrocarburos y Energía abstenerse de ejecutar cualquier acción administrativa u obra relacionada con esos convenios hasta que se resuelva de fondo la acción legal. Todas esas decisiones luego fueron anuladas.

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“El desarrollo no puede pasar por encima de nuestra agua y nuestros derechos. Queremos una información clara y concisa, que nos digan qué va a pasar de acá a cinco o diez años. Al no contar con ningún tipo de información, se oponen las comunidades”, resaltó Calcina.

De acuerdo con los contratos firmados con las dos empresas que fueron directamente adjudicatarias del desarrollo de la industria del litio, Bolivia deberá pagar a estas compañías más de 2000 millones de dólares, además de intereses y compensación por inflación. Esa es la principal observación que hacen políticos, cívicos y expertos. En el caso del contrato con el consorcio chino se deberá hacer una devolución de todos los costos por la construcción de las dos plantas de extracción de litio, se hará un pago en especie con carbonato de litio y se realizará una consulta a las comunidades después de que se tenga el proyecto a diseño a final.

Según estos convenios, la evaluación de impacto ambiental de las dos plantas de extracción de litio se realizará una vez que los contratos sean aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Así lo reconoció el presidente de YLB, Omar Alarcón, quien dijo en conferencia de prensa en La Paz: “En el contrato hemos puesto un acápite muy importante. Al inicio, una vez que se tenga aprobado el contrato, vamos a tener una evaluación de impacto ambiental, este estudio se realiza siempre y cuando el proyecto esté a diseño final”.

La minería del litio, como cualquier actividad minera, inevitablemente tiene un impacto socioambiental. El gobierno boliviano empezó con la perforación de 178 pozos de agua en zonas cercanas al salar de Uyuni para que funcione la planta piloto de producción de carbonato de litio en la comunidad de Lippi. Esa planta dejó de operar al 100 % porque hubo reclamos de los comuneros.

Una de las comunidades afectadas es Río Grande, que se movilizó contra el proyecto del litio porque temen quedarse sin agua, lo que afectaría a las actividades económicas de estas zonas, como la ganadería camélida, la producción de quinua y el propio turismo.

El análisis

José Carlos Solón, sociólogo y miembro de la Fundación Solón, una organización enfocada en el cambio climático, derechos ambientales y sostenibilidad, dijo a Mongabay Latam que es “motivo de celebración” la decisión de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz de suspender el tratamiento de los contratos con el consorcio chino y con la empresa rusa.

“Esta determinación ha sido largamente demandada por las organizaciones sociales del departamento de Potosí y por las comunidades de la región, que desde hace tiempo vienen denunciando la vulneración de sus derechos colectivos”, detalló Solón. El experto valoró el trabajo de la Defensoría del Pueblo, “que recogió los argumentos de la lucha y la búsqueda de justicia de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL), el actor directamente afectado por la extracción de agua y la violación al derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado”.

Las medidas cautelares tendrán una duración de tres meses. “En este tiempo es fundamental mantenerse alerta”, destacó Solón.

Tras enterarse de esta decisión judicial, el presidente de Bolivia, Luis Arce, advirtió en una conferencia de prensa que la suspensión del tratamiento de los proyectos de ley de contratos de litio será un “precedente negativo” que perjudicaría en la atracción de nuevas inversiones en el sector, en hidrocarburos y minería por la “judicialización de la economía”.

El mandatario dijo que esta decisión “es una mala señal” porque los contratos supuestamente iban a significar una inversión de 2000 millones de dólares, porque está en marcha una segunda convocatoria y se procesan las propuestas de otros países que se han presentado para trabajar en la industrialización del litio. “Esto va tener un precedente negativo, no solo en litio, sino en la minería e hidrocarburos, porque es la misma modalidad de contratos. El problema central está en que se desconoce y se está poniendo en riesgo la inversión en minería”, dijo.

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El viceministro de Energías Alternativas, Álvaro Arnez, alertó a Mongabay Latam que, si no se aprueban los contratos para industrializar el litio, Bolivia perderá una gran oportunidad de inversiones y más adelante se cuestionará por qué no se actuó a tiempo. “Creo que es fundamental entender que el Gobierno tiene la responsabilidad de planificar y anticiparse al incremento del precio del litio previsto para 2030. Si no se industrializa ahora, perderemos una oportunidad más”, dijo la autoridad.

Arnez aseguró que los contratos firmados entre el gobierno boliviano y las empresas de Rusia y de China no solo responden a afinidades geopolíticas -por ser los tres países miembros de los BRICS– sino también a las capacidades técnicas avanzadas que poseen para la industrialización del litio.

Imagen principal: el salar de Uyuni, en Bolivia, es la reserva de litio más grande del planeta. Foto: Iván Paredes

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En medio de una tensión diplomática entre Perú y Colombia, el 22 de agosto se realizará la V Cumbre de los Presidentes de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que reunirá en Bogotá a los mandatarios y representantes de los ocho países amazónicos miembros de esta organización intergubernamental: Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana y Surinam.

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La reunión de los líderes de gobierno estará precedido por cuatro días de debates en torno a la Amazonía. Desde el lunes 18 de agosto se reunirán en la capital de Colombia alrededor de 500 personas, entre representantes de la sociedad civil, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, científicos y académicos que participarán en el Encuentro Regional Amazónico, una cita que busca poner sobre la mesa los problemas regionales de la Amazonía.

La reunión de líderes de los países Amazónicos se realiza luego de dos años de la Declaración de Belém, firmada en agosto de 2023 en Brasil por los mandatarios y representantes de los países miembros de la OTCA.

En la Declaración de Belém ya se hacía un llamado a la urgencia de proteger la integralidad de la Amazonía y combatir la pobreza y las desigualdades en la región, así como la urgencia de acordar metas comunes hacia 2030 para combatir la deforestación, erradicar y detener el avance de las actividades de extracción ilegal de recursos naturales y promover la transición a modelos sostenibles.

Sin embargo, en los últimos dos años la Amazonía vivió la peor sequía en 122 años y  una serie de incendios azotó a toda la región. Solo en 2024 el fuego arrasó con 2.8 millones de hectáreas de bosques, según el análisis del Programa de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés).

Frente a estas urgencias, desde las organizaciones civiles y los pueblos indígenas y afrodescendientes han puesto varios temas sobre la mesa de debates de la cumbre que se realizará esta semana. Se espera concretar un mecanismo financiero regional y establecer un mecanismo amazónico de participación de los pueblos indígenas en las decisiones de la OTCA, pero sobre todo, incluir temas que quedaron fuera de la Declaración de Belém, como frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

Además, buscan consensos hacia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP 30, que por primera vez se realizará en una ciudad amazónica, Belém do Pará, en Brasil.

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Los llamados para frenar la explotación de hidrocarburos

“En Perú venimos luchando hace 25 años contra un bloque petrolero que está en el ojo de la tormenta, el bloque 64”, dice Olivia Bisa, lideresa indígena y presidenta de la Nación Chapra, en Perú. La oposición de los pueblos indígenas a la expansión petrolera en la Amazonía se basa en los numerosos derrames y pasivos ambientales de la actividad que afectan a la región.

Bisa cuestiona la insistencia de los gobiernos de Perú para la explotación petrolera en el territorio de la nación Chapra, nación Wampis y nación Achuar, donde se establecería el bloque 64. “Tenemos en nuestro territorio, como nación Chapra, el 97 % de nuestra biodiversidad intacta. No tenemos tala, explotación ni exploración, y no lo vamos a permitir», sostiene la lideresa.

Sin embargo, la dirigente indígena agrega sobre la reciente promoción de bloques petroleros del gobierno peruano: «El Estado peruano ha venido año tras año queriendo explotar petróleo. Y en la región Loreto, a donde pertenezco, ahora tenemos 25 lotes en promoción”.

La lideresa también menciona que la Amazonía debe ser declarada intangible y libre de actividad petrolera. Bisa recuerda que un grupo de parlamentarios en varios países amazónicos han presentado proyectos de ley con este fin.

«No es ningún secreto que existe una tensión fuerte frente a la idea de eliminar progresivamente los fósiles en la Amazonía porque, pese a la intención de Colombia, países como Brasil no están de acuerdo. Por eso los parlamentarios enviamos una carta al presidente Petro para animarlo a presentar el tema aún cuando la OTCA no lo prioriza por falta de consenso”, señala Andrés Cancimanse, legislador colombiano por Putumayo, defensor de los derechos territoriales y miembro de Parlamentarios por un Futuro Libre de Combustibles Fósiles.

Se trata de un grupo de legisladores de Ecuador, Colombia, Brasil y Perú que se han unido para presentar en sus respectivos países propuestas legislativas destinadas a frenar la expansión de la explotación de hidrocarburos en la Amazonía.

Cancimanse señaló que se debe insistir en que este tema sea central en la cumbre de Bogotá así como en la COP30. “La omisión del problema fósil es gravísima. Tenemos mucho por hacer a nivel multilateral, pero sobre todo parlamentario. Necesitamos legislación y normatividad mucho más fuertes. Los referendos y las declaratorias de zonas de exclusión no están siendo efectivos”, comenta y precisa que existen propuestas legislativas que ya están en debate en Colombia, Brasil, Perú y Ecuador.

En Ecuador, la congresista Cecilia Baltazar, con el apoyo de otros ocho legisladores, ha presentado un proyecto de ley que prohíbe la explotación de hidrocarburos y la minería en la Amazonía e implementa la transición energética. En Colombia un grupo de once parlamentarios de varias agrupaciones políticas presentaron un proyecto de ley para prohibir la exploración, explotación y producción de hidrocarburos en la región y el bioma amazónico colombiano.

En Perú, la congresista Ruth Luque también impulsa una propuesta legislativa que busca prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía e iniciar la transición energética.

Al pedido para declarar a la Amazonía libre de combustibles fósiles también se unieron más de 20 organizaciones y nacionalidades indígenas, junto a 30 organizaciones de la sociedad civil, a través de una carta pública a los mandatarios que estarán presentes en la Cumbre de la OTCA. Exigen que se declare a la Amazonía como la primera zona de exclusión mundial para la exploración y producción de combustibles fósiles. “Este llamado marcaría un precedente histórico para proteger la biodiversidad, garantizar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrontar la crisis climática”, dice el texto de la carta.

Jammer Manihuari, vicecoordinador de la Coordinadora de la Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), señala que «la OTCA no puede dejar pasar esta oportunidad histórica” porque “la Amazonía no es una zona de sacrificio, es territorio de vida para los pueblos indígenas y pilar esencial para el equilibrio climático del planeta”.

Paulo Artaxo, científico brasileño del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), manifestó su preocupación por la crisis climática y la responsabilidad de seguir explotando combustibles fósiles. “La cuestión central en la crisis climática es la explotación y el uso de los combustibles fósiles, responsables de entre 85 % y 90 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global”, dijo el científico. Además, hizo un llamado para que en la COP30 se implementen efectivamente políticas para frenar su uso.

“Es claro que son los combustibles fósiles los responsables de la crisis climática. Y desde diversas fuentes científicas se dice que no necesitamos nuevos proyectos de explotación petrolera y mucho menos en una zona como la Amazonia, que está al borde de cruzar su punto de no retorno”, señala Andrés Gómez, coordinador para América Latina de la iniciativa Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.

Gómez cuestiona que en países como Perú, Ecuador y Brasil, entre otros de la Amazonía, se estén planteando nuevos proyectos de expansión de la frontera de hidrocarburos. “Es claro que una primera política sería una moratoria general a nuevos proyectos de explotación de petróleo y gas. Es un punto que desde la cumbre pasada, Colombia lo puso en la mesa, pero sabemos que las decisiones en la OTCA se toman en consenso y allí hay diversas tensiones”.

Colombia está poniendo este tema sobre la mesa para que se incluya en la nueva declaración, afirma Gómez, y señala que, además, es una apuesta desde la sociedad civil y desde las organizaciones indígenas amazónicas. “Esperamos que en esta V Cumbre de Presidentes haya un apoyo, especialmente cuando estamos en camino a la COP30 y a cumplir diez años del acuerdo de París”.

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Las propuestas de los pueblos indígenas

“La Declaración de Belén señala que el mayor desafío de la Amazonía es evitar el punto de no retorno. Pero ninguna de las propuestas están enmarcadas en esa urgencia”, cuestiona Alicia Guzmán, asesora senior de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). “Hay gente que con la quema de los bosques se quedó sin agua y tienen que migrar. ¿Qué respuestas hay sobre la situación actual? No sé si al ritmo en el que va la OTCA podrá responder a los desafíos que estamos viviendo actualmente en la Amazonía”, agrega.

Para Guzmán, “la Amazonía está en peligro de extinción”, pero las propuestas presentadas en los diálogos previos a esta cumbre se “enmarcan aún en un escenario de procesos conocidos”, en temas de desarrollo, economía, salud, protección ambiental, derechos humanos e indígenas que no incluyen “datos de la situación actual ni del punto de no retorno”.

“La deforestación y la degradación han iniciado puntos de no retorno en varias regiones de la Amazonía. Si la política pública que se propone es la respuesta al problema del punto de no retorno, ¿por qué ningún documento partió de este escenario? Existe una desconexión con la situación actual”, cuestiona Guzmán.

En una carta dirigida a los presidentes de los ocho países amazónicos, a los ministros y ministras de Ambiente y a los parlamentarios de estos países, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y el Foro Social Panamazónico (Fospa) plantean como tema central evitar el punto de no retorno protegiendo el 80 % de la Amazonia, un planteo que se puso sobre la mesa en 2021 y que tiene como meta de cumplimiento este 2025.

Para lograrlo, se propone en la carta “proteger los ecosistemas intactos y con baja degradación y restaurar aquellos con alta degradación para alcanzar por lo menos 80 % de integridad ecosistémica y revertir la trayectoria actual”. El documento también urge a los países a cumplir con las resoluciones del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas emitidas en 2023 que prioriza la demarcación de 100 millones de hectáreas de territorios indígenas. Y se pide la prohibición de la expansión de actividades extractivas en territorios indígenas.

José Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de Cambio Climático y Biodiversidad de la Coica, señala que una de las propuestas que han discutido los pueblos indígenas en reuniones previas ha sido la necesidad de que formen parte de las estrategias nacionales de los países para la protección de la Amazonía. “Los territorios indígenas están bien conservados y la gobernanza indígena es la mejor estrategia para que los compromisos de protección funcionen”, dice Díaz Mirabal.

El líder indígena también menciona que en la Cumbre de Bogotá y en la COP30 se presentarán propuestas sobre el mecanismo de financiación directo gestionado por los pueblos indígenas. “Por ejemplo, la Coica tiene el programa “Amazonía para la vida” y estamos pidiendo que el dinero llegue directo a los territorios indígenas.

Otro de los temas clave en esta cumbre, dice Díaz Mirabal, es definir el mecanismo de participación de los pueblos indígenas dentro de la OTCA. ”En la agenda está prevista su activación, pero no depende de las organizaciones o de los pueblos indígenas, sino que es una decisión de los gobiernos”.

En mayo de 2025, los delegados de los gobiernos amazónicos y representantes indígenas de los países miembros de la OTCA se reunieron en un grupo de trabajo para consolidar la propuesta preliminar del Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas.

Se trata de una instancia permanente de participación y diálogo político para integrar a los pueblos indígenas en la toma de decisiones que afecten a la Amazonía. La versión preliminar ha sido consultada entre los países. Según indica la OTCA, el documento define una estructura paritaria y una copresidencia rotativa, con respaldo técnico de la Secretaría Permanente de la OTCA. En la propuesta también se incluye la participación de mujeres y jóvenes indígenas.

Se prevé que el Mecanismo Amazónico de los Pueblos Indígenas quede definido en esta Cumbre de Presidentes.

Imagen principal: la Cumbre Amazónica de 2023 se llevó a cabo en Brasil. Este año, los mandatarios tienen una nueva oportunidad de poner la agenda de la región entre sus prioridades. Foto: Gobierno de Brasil

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Para el pueblo indígena bribrí, la serpiente es la protectora del bosque, pero también es enemiga del ser humano. Se cree que cuando una persona la toca, le entrega su espíritu. Por eso, solo los awápa o chamanes pueden manipularlas. Esta creencia y la falta de información sobre cómo evitar mordeduras han llevado a que los humanos las despedacen con sus machetes cuando las encuentran en el bosque.

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Esta realidad trasciende culturas, de acuerdo con Sebastián Hernández, indígena bribrí y propietario de la Estación Biológica Kéköldi, en el Caribe costarricense. María Elena Barragán, herpetóloga ecuatoriana, explica que los seres humanos se sienten afines y atraídos a animales con ojos redondeados y orejas, es decir, que se les parezcan, lo que ayudaría a explicar el rechazo hacia las serpientes. Además, la colonización española, dice, reforzó la idea de la serpiente como símbolo del mal.

En realidad son especies tranquilas, dicen Hernández y Barragán. Luis Alejandro Galvez, biólogo boliviano que rescata y difunde información sobre estos reptiles, coincide. “Cuando se ven amenazadas, como toda especie, se van a defender”, dice Hernández. Añade que las mordeduras suelen darse por negligencia humana, por ejemplo, por no usar botas en el bosque o por accidentes, cuando alguien cae cerca de una serpiente.

Difundir protocolos de prevención y capacitar, principalmente a las comunidades más alejadas sobre cómo actuar ante mordeduras, es clave para cuidar la salud de la población y evitar ataques por temor o represalia que pongan en peligro las poblaciones de serpientes.

“Es un grupo de animales importante”, asegura Barragán, pues ayuda a mantener el equilibrio de los ecosistemas. Además, explica, del mismo veneno se extrae el suero para atender el envenenamiento y ahora es usado para desarrollar medicamentos para tratar enfermedades como el Parkinson y distintos tipos de cáncer.

En este Día Mundial de las Serpientes, Mongabay Latam habló con los tres expertos en serpientes sobre sus proyectos científicos, educativos y de rescates para conservar a uno de los grupos menos entendidos y apreciados del reino animal.

Una herpetóloga lidera un centro pionero en Ecuador

A finales del siglo XX, el biólogo francés Jean-Marc Touzet ya tenía evidencia de que Ecuador albergaba una gran biodiversidad. Esto lo motivó a crear, en 1989, la Fundación Herpetológica Gustavo Orcés para promover el estudio y la divulgación de conocimiento sobre los anfibios y reptiles, de acuerdo con María Elena Barragán, directora ejecutiva de la entidad.

El Vivarium de Quito es el principal proyecto de la fundación. Allí viven 300 ejemplares en cautiverio, que provienen de colectas para estudios científicos y de decomisos de vida silvestre realizados por las autoridades. Los reptiles son las especies más traficadas de Ecuador. La mayoría no podrán ser liberados porque no se sabe de dónde fueron extraídos. La Fundación enfrenta grandes desafíos económicos para estabilizar y mantener a cada individuo.

En el Vivarium, especialistas recopilan información sobre comportamiento y biología. “Eso ha significado 50 publicaciones asociadas a especies de reptiles y anfibios de Ecuador”, dice. Además, en el centro se han capacitado alrededor de 3000 estudiantes de pregrado y posgrado. Barragán fue una de esas estudiantes.

En 1990, mientras estudiaba biología, visitó el Vivarium y se quedó encantada. Se unió al equipo en una época en la que la herpetología era casi solo para hombres. Poco a poco le dieron más responsabilidades y con el pasar de los años vio que cada vez había más mujeres en el campo. “Como mujer en un medio de hombres, tu voz no es tomada en cuenta, eso me ha ayudado a reforzar mi carácter, ahora que tengo 56 años no le pido permiso a nadie para hacer mi trabajo”, afirma.

La fundación también hace rescates, ya que en la capital ecuatoriana hay especies inofensivas como la falsa coral (Lampropeltis triangulum) y en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito hay serpientes venenosas como la verrugosa del Chocó (Lachesis acrochorda). Además, miembros de la entidad capacitan a equipos como el de la Unidad de Protección del Medio Ambiente de la Policía en el manejo, ya sea para el rescate o el decomiso.

En 1993 crearon el programa de educación en prevención de accidentes provocados por mordeduras de serpientes. Barragán estima que han capacitado a unas 5000 personas de todo el país en cómo evitar y actuar ante los accidentes. Por este conocimiento y experiencias, miembros de la fundación participaron en la creación del primer protocolo para el manejo clínico para el envenenamiento por mordeduras de serpientes, publicado en 2017 por el Ministerio de Salud Pública.

La herpetóloga destaca una alianza que la fundación estableció con comunidades de la zona del Chocó Andino, en el noroccidente de Quito, para capacitar a mujeres en el tejido de brazaletes con los colores de la coral. “Cuando hay economía alrededor de las serpientes, las personas les ven con otros ojos. Ese para mí es el camino de esperanza”, reflexiona.

Después de 35 años de trabajo de la fundación, Barragán cree que hay una nueva visión: “Ya no es el animal al que hay que machetear, ahora la gente ve que son importantes, que ayudan a consumir roedores. Estamos poniendo la semilla en buena tierra”.

Un costarricense investiga la vida secreta de las serpientes

“Nadie es profeta de su mismo patio”, dice Sebastián Hernández, administrador de un proyecto enfocado en la serpiente matabuey (Lachesis stenophrys), parte de The Bushmaster Conservation Program, que estudia al género de serpientes venenosas Lachesis en Costa Rica.

Su cultura prohíbe la manipulación de cualquier especie animal, pero él está convencido de que la ciencia es necesaria para conservar el territorio. Por eso, construyó una estación biológica que recibe a estudiantes e investigadores interesados en la flora y la fauna de Kéköldi, comunidad ubicada entre selvas tropicales, parques naturales y el Caribe.

En 2019 inició el estudio de la matabuey. Esta serpiente es una de las víboras, como se les llama a las serpientes venenosas, más grandes de América Central. Despierta temor, pues su mordida es de importancia médica, pero también mucha fascinación. Sin embargo, se sabe muy poco de su comportamiento en la naturaleza. Lo que se conoce de la especie es a partir de estudios de individuos en cautiverio.

El proyecto, que se llevó a cabo hasta 2023, consistió en capturar ejemplares vivos para insertarles un radiotransmisor que da información diaria sobre su paradero. El primer individuo fue un macho de 2.10 metros de largo y 2.8 kilos. En total se capturaron cinco ejemplares, incluidos hembras y juveniles. Cada radiotransmisor tiene una duración de 12 meses, por lo que antes de que se extinga, volvían a atrapar al animal para extraerle el aparato.

En los cinco años del proyecto, los científicos de The Bushmaster Project y el equipo local de Hernández descubrieron algo hasta ese momento desconocido. En palabras de Hernández, la temida matabuey es un animal “tranquilo”. Descansa en su madriguera durante el día y cuando el sol se oculta, sale. Cada noche recorre entre 250 y 500 metros hasta encontrar un punto de paso de fauna silvestre en donde esperará, por horas o incluso tres o cuatro días, a su presa.

Cuando atrapa su alimento, usualmente de roedores, se repliega y permanece inmóvil hasta por 24 días, haciendo digestión. “Después de eso, se prepara para hacer cambio de piel, sale de la madriguera y se va”, relata Hernández. Ireana Hernández, su hija, visitaba cada dos días el punto que revelaba el radiotransmisor, con el objetivo de observar las actividades de la serpiente y recolectar heces para ampliar los estudios.

Por ahora, el proyecto está en pausa, pero Hernández espera que la información recolectada sirva para transformar la mala imagen de la Lachesis stenophrys. “Sé que no voy a cambiar la ideología de las personas, menos de las mayores, pero quizás sí haya un cambio a futuro, trabajando con los niños, enseñándoles que no hay que matarlas, sino que hay que cuidarlas”, reflexiona.

La especie es un indicador del buen estado de salud de los bosques, explica Hernández. “Ahorita todavía tenemos bastantes ejemplares, pero me preocupa que su reproducción no es tan fácil por las condiciones del clima”, añade. Además, esta víbora es un controlador biológico, que al comer roedores y pequeños mamíferos mantiene el equilibrio del ecosistema.

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Cinco biólogos bolivianos educan para conservar

Cuando el biólogo Luis Alejandro Galvez empezó a rescatar serpientes en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, las personas que lo contactaban solían enviarle fotos de los animales después de matarlos. “Ahí recién me preguntaban si era venenosa”, relata.

Después de cinco años, en los que ha rescatado a unos 150 ejemplares y aprovechado cada aviso para educar a la comunidad, Galvez asegura que el mensaje está calando y la percepción sobre estos reptiles está cambiando. “Ahora más personas saben identificar si es venenosa o no, algunos incluso saben identificar de qué especie es”, asegura.

A pesar del gran desarrollo urbanístico de Santa Cruz de la Sierra, la ciudad más poblada de Bolivia con 2.3 millones de habitantes, los conflictos humano-serpiente son frecuentes. Esto se debe a que está ubicada en un punto de transición de bosque chaqueño, chiquitano y cerrado. Además, el río Piraí bordea la ciudad. En otras palabras, es una zona biodiversa.

El biólogo identificó que el Ministerio de Ambiente, la entidad encargada de hacer rescates de fauna silvestre, cuenta con un equipo pequeño que “no abarca tanto trabajo”. Por eso se fue involucrando en esta tarea, hasta que el año pasado, junto a otros cuatro biólogos, conformó Jausi Bolivia, un colectivo enfocado en la difusión de información de reptiles y anfibios en la ciudad de Santa Cruz. Jausi es el nombre común de la lagartija Ameiva ameiva, una especie “muy conocida y querida en la ciudad”, de acuerdo con Galvez.

La curichera (Hydrodynastes gigas) y la boyé (Boa constrictor) están entre las especies más afectadas por el conflicto con los humanos. De diciembre a marzo, durante la época lluviosa, pero cálida, hay más encuentros. Aunque la mayoría se dan en la periferia, también se dan en los corredores verdes de la ciudad, que han permitido que se mantengan pequeñas poblaciones de serpientes.

Asimismo, el experto ha visto casos en los que personas que vienen de las zonas rurales transportan serpientes a la ciudad, sin su conocimiento, individuos que pudieron acercarse al vehículo en búsqueda de calor.

El equipo de biólogos organiza eventos educativos sobre las especies que habitan en la ciudad y sobre cómo actuar ante su presencia. “Si uno no las molesta, son tranquilas”, asegura. Este 2025, el equipo de Jausi realizará la segunda edición de la feria Aquí no maj, por el Día de las Serpientes. Allí lanzarán una guía ilustrada para identificarlas, a la que se podrá acceder con un código QR. Ahora están trabajando en un artículo científico con el listado de las especies de estos reptiles observados en el área metropolitana de Santa Cruz.

A pesar de la gran importancia ecológica de las serpientes, es uno de los grupos de animales que más rechazo genera. Con estas actividades, los integrantes de Jausi buscan que Santa Cruz sea un ejemplo de convivencia equilibrada. “Una vez que eso suceda, vamos a seguir con una Santa Cruz Verde, que es lo que nos caracteriza”, concluye Galvez.

Foto principal: Una boa esmeralda (Corallus batesii) en el Vivarium de Quito. Foto: Thomas Nicolon

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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