El 49 % de las especies migratorias está en declive. Es una de las conclusiones centrales de los expertos en la 15° Reunión de la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS). Reunidos en el Pantanal, Brasil, entre el 23 y 29 de marzo, los gobiernos miembros acordaron nuevas medidas para proteger y conservar estas especies, consideradas uno de los indicadores más visibles de la integridad ecológica.

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“Contamos con una de las Conferencias de las Partes más exitosas en la historia de la Convención”, dijo João Paulo Capobianco, presidente de la COP15. Uno de los acuerdos más importantes fue la inclusión de 40 especies y poblaciones de aves, animales terrestres y vida acuática en los Apéndices I y II de la Convención, que otorgan cada uno diferentes niveles de protección para promover la conservación.

Dos especies de tiburones martillo del género Sphyrna, el gatuzo (Mustelus schmitti), la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) y varias especies de aves playeras figuran entre las especies protegidas. También ganaron la máxima protección tres especies de tiburón zorro del género Alopias.

Aunque la pesca dirigida de tiburón está prohibida en Ecuador, sí se permite su pesca incidental. En marzo de 2024 la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) prohibió la comercialización de tiburón zorro desde Ecuador, pero hasta esa fecha, el país exportaba toneladas cada año. “Ecuador debe prohibir el aprovechamiento o captura de estas especies y ello incluye la pesca incidental. La prohibición debería incluir la retención, el desembarque y la comercialización de estos tiburones”, señala Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.

Los gobiernos también aprobaron 15 nuevas acciones concertadas, planes de cooperación internacional entre Estados, para especies como el chimpancé (Pan troglodytes), el cachalote del Pacífico Oriental Tropical (Physeter macrocephalus), el pelícano peruano (Pelecanus thagus) y las rayas de la familia Mobulidae. Además, se adoptaron 10 planes de acción, entre ellos, el Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos y el Plan Regional de Acción para la Conservación del Jaguar (Panthera onca).

La conferencia también resaltó la necesidad de abordar amenazas como la minería del fondo marino, el cambio climático, la contaminación por plásticos, la pesca incidental, la contaminación marina, el ruido submarino y la cacería ilegal de fauna silvestre.

Las decisiones se tomaron con base en evidencia científica que no solo demuestra que el 49 % de las poblaciones de especies migratorias protegidas por el tratado están declinando. Además, el 24 % de las especies enfrentan la extinción. Para la Convención, esto refuerza las advertencias de que la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y las barreras de infraestructura están acelerando la disminución de especies que atraviesan fronteras nacionales.

Los resultados en la práctica

“Este es un logro increíble y, lo que es mejor, es un ejemplo real de cómo la evidencia científica informa las políticas ambientales”, dice Shourya Alva, oficial de políticas de la Fundación Charles Darwin.

El Apéndice I agrupa especies en peligro de extinción y obliga a los Estados Partes a implementar en sus territorios protección estricta de las especies, prohibiendo su captura y fomentando la restauración de sus hábitats y corredores migratorios. “Lo que hace a la CMS especial comparada con CITES es que no solo protege a los animales, sino también a sus hábitats”, resalta Alva.

La inclusión de las especies en el Apéndice II, por otro lado, busca promover la cooperación internacional de las partes para la conservación. Ahora, alrededor de 1200 especies están listadas en los apéndices de la Convención, creada hace 47 años.

Alva atribuye parte del éxito de la COP15 a que la Convención solo tiene 133 partes, 132 países más la Unión Europea. Al no estar las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, llegar a consensos es más factible, explica. No obstante, reconoce que la ausencia de estos países también es negativa, pues en allí no hay obligación de aplicar las decisiones sobre las especies migratorias.

Otro punto positivo de la CMS es que la inclusión en el Apéndice I de la CMS se ve como un paso necesario para que las especies entren en el Apéndice I de CITES. Esto prohibiría totalmente su comercio internacional y ayudaría a combatir el tráfico ilegal. Así lo explica Alex Hearn, profesor de biología marina de la Universidad San Francisco de Quito.

La limitante de la CMS es que la aplicabilidad de los acuerdos solo es en los territorios nacionales, por lo que algunas especies listadas que se distribuyen en aguas internacionales continúan desprotegidas. Sin embargo, el Tratado de Altamar podría brindar protección a las especies en peligro fuera de las aguas jurisdiccionales, de acuerdo con Pelayo Salinas de León, coinvestigador principal del proyecto de ecología y conservación de tiburones de la Fundación Charles Darwin.

Mayor protección para los tiburones martillo

El tiburón martillo común (Sphyrna lewini) y el gran tiburón martillo (Sphyrna mokarran) ya estaban en el Apéndice II y ahora también están en el Apéndice I de la CMS. Este es el nivel de protección más estricto del tratado. El Gobierno ecuatoriano presentó la propuesta, que se basó en dos pilares, de acuerdo con Salinas de León.

El primero es que ambas especies están en Peligro Crítico de extinción según la Lista Roja de Especies Amenazadas y el segundo es que sus rutas migratorias son predecibles, recurrentes y cruzan múltiples fronteras nacionales.

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Organizaciones científicas, como la Fundación Charles Darwin y la Universidad San Francisco de Quito, han investigado durante años a los tiburones de Galápagos para obtener información que permita establecer políticas de protección y conservación.

Estudios han revelado que el Sphyrna lewini, por ejemplo, migra entre Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica y aguas internacionales al oeste de Galápagos.

Los tiburones martillo son depredadores y controlan el sobrecrecimiento de las especies marinas, contribuyendo al equilibrio del océano. Además, el martillo común es emblemático de Galápagos, por lo que también tiene una importancia económica, ya que atrae al archipiélago a miles de turistas cada año.

Durante las negociaciones, Perú fue el único país que presentó una objeción. A los representantes peruanos les preocupaba que otorgar la más alta protección a las dos especies afectaría a la pesquería del tiburón martillo liso (Sphyrna Zigaena), legal en ese país y de la que dependen las flotas artesanales de pesca en las temporadas y cuotas habilitadas por el Instituto del Mar del Perú.

Finalmente, el Gobierno peruano retiró su objeción. Para Salinas de León, se trató de un temor infundado, ya que las especies que ahora están en el Apéndice I de la Convención son diferentes al S. zigaena y sí es posible diferenciarlas.

La información disponible hasta el momento señala que el tiburón martillo común no se mueve hacia aguas peruanas, por lo que no correría riesgo de caer en sus artes de pesca. Por otro lado, hay muy poca información del gran tiburón martillo debido a la drástica disminución de sus poblaciones.

Aunque la pesca dirigida e incidental de los tiburones martillo está prohibida en Ecuador, con la propuesta se busca fortalecer la colaboración internacional para evitar la extinción de las especies.

Alex Hearn señala que en Panamá existe un mercado para los tiburones juveniles, a pesar de que su pesca también está prohibida allí. Por eso, enfatiza en que sirve de poco que haya prohibiciones cuando la falta de control afecta a las especies. “Esta decisión promoverá mejor sintonía entre países”, dice el especialista.

El plan para conservar bagres amazónicos

La COP15 también aprobó planes de acción para el jaguar y los bagres migratorios amazónicos, dos especies emblemáticas de América Latina.

El Plan de Acción Regional Multiespecie para los Bagres Migratorios Amazónicos fue propuesto por Brasil y contó con el respaldo de países como Ecuador y Perú. La aprobación da continuidad a lo acordado en la COP14, cuando el dorado (Brachyplatystoma rousseauxii) y la piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) fueron incluidos en el Apéndice II de la CMS.

No solo estas dos especies se beneficiarán del Plan de Acción. Fernando Anaguano, especialista en vida silvestre de WCS Ecuador, explica que en la cuenca amazónica hay unas 30 especies de bagres.

“Con este plan, las múltiples instituciones que realizamos actividades de conservación de los bagres vamos a poder coordinar actividades a nivel de comunidades indígenas y de pescadores que aprovechan este recurso”, señala Anaguano.

Los grandes bagres migratorios recorren hasta 11 000 kilómetros ida y vuelta entre los Andes y el Atlántico. Durante esta migración se enfrentan a presiones como la contaminación y el cambio del curso de los ríos por la minería ilegal y la presencia de hidroeléctricas que interrumpen su viaje.

El plan establece una hoja de ruta común para conservar hábitats y corredores migratorios, fortalecer el conocimiento científico, indígena y local, y promover prácticas pesqueras sostenibles.

Una alianza para fortalecer la protección del jaguar

El Plan de Acción Regional para la Conservación del Jaguar fue propuesto por México y Brasil. Los Estados parte del área de distribución de la especie, entre México y el norte de Argentina, adoptaron el Plan. Este busca conservar el hábitat, recuperar las poblaciones del jaguar y sus presas, trabajar en la coexistencia, detener la caza y el comercio ilegal, fomentar las capacidades y la concientización, y promover el conocimiento y la información.

Sebastián Valdivieso, de WCS Ecuador, explica que este es el resultado de varios años de trabajo. En 2018, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), WCS y Panthera promovieron una reunión regional en la que se lanzó la Hoja de Ruta para la Conservación del Jaguar al 2030.

Después, se concretó el Programa de Trabajo Conjunto entre CMS y CITES, con el objetivo de que las dos convenciones cooperen en las medidas y mecanismos necesarios para la conservación del jaguar. Una de las mayores amenazas que enfrenta la especie es el tráfico ilegal. El gran felino americano está en ambos apéndices de la CMS, dándole la mayor protección en los territorios jurisdiccionales, mientras tanto, CITES contribuye a combatir el tráfico ilegal.

El reciente Plan aprobado se aplicará a todos los países firmantes de la Convención de Especies Migratorias. Aunque países como Colombia y algunos centroamericanos no son Estados parte, Valdivieso espera que se sumen activamente, dado que sí son firmantes de CITES.

“En general hemos tenido muy buenos resultados”, dice sobre la COP15 Valdivieso. “Tenemos planes muy concretos de trabajo y compromiso político para fortalecer la conectividad”, añade. La siguiente edición de la COP coincidirá con los 50 años de la CMS, también conocida como la Convención de Bonn, por lo que se realizará en esa ciudad alemana en 2029.

*Imagen principal: el tiburón martillo está En Peligro Crítico de extinción. Foto: cortesía Enrique Uribe/Misión Tiburón Costa Rica.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Una de las primeras acciones políticas del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, fue materializar las zanjas que había prometido en campaña electoral en las fronteras con Bolivia y Perú. Esa medida dividirá la planicie del Altiplano logrando una barrera artificial al paso natural de la fauna silvestre del lugar, como pumas (Puma concolor), suris (Rhea pennata), vicuñas (Lama vicugna), quirquinchos (Chaetophractus nationi) y tarucas (Hippocamelus antisensis), entre otras especies. Según expertos, la profundidad de las zanjas también podría alterar los cursos de agua dañando a los bofedales que comparten Chile y Bolivia.

El proyecto de Kast se llama “Plan Escudo Fronterizo”. El 16 de marzo, solo cinco días después de jurar como presidente, el mandatario se trasladó a la ciudad de Arica para supervisar la construcción de las zanjas en la frontera con Perú. Días después, ese plan se llevó a cabo en la frontera con Bolivia.

Según el gobierno de Chile, este plan “considera medidas firmes con un cierre total de la frontera a la inmigración ilegal -es decir, el cierre de los pasos no habilitados- sanciones severas y un despliegue militar y policial sin precedentes”.

En uno de los puntos del plan se menciona la construcción de un sistema de contención física y tecnológica “infranqueable”, combinando muros o vallas de seguridad de cinco metros de altura “equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, en los sectores aledaños a los pasos oficiales o pasos clandestinos inhabilitados”.

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A eso se suma la construcción de zanjas de tres metros de profundidad y tres metros de ancho “en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas”.

Solange Vargas es doctora en Biología y Ecología Aplicada y actualmente es académica del departamento de Química y Biología, Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Climático de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Atacama de Chile. La experta, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la implementación de una infraestructura de estas dimensiones en el Altiplano constituye una “intervención drástica” que altera la conectividad biológica de uno de los ecosistemas más frágiles del mundo.

“La apertura de una zanja de estas magnitudes genera fragmentación de hábitat. En el Altiplano, la fauna no reconoce fronteras políticas”, explicó la bióloga. “Especies como la vicuña, el suri o ñandú cordillerano y el zorro culpeo dependen de grandes extensiones de terreno para encontrar alimento y agua, recursos que son extremadamente escasos y estacionales. El movimiento de animales, grandes y medianos, es fundamental para sobrevivir en este ambiente”, resaltó Vargas.

La experta, que hace más de 15 años se dedica al estudio de la fauna silvestre en el norte chileno, añadió que estas zanjas pueden generar un efecto barrera o interrumpir rutas migratorias. Por ejemplo -dijo-, para los suris, que son aves que no vuelan, una zanja de tres metros puede ser un obstáculo no menor si es que no es insuperable. “Esto en el tiempo genera división de las poblaciones, reduciendo su variabilidad genética y, en caso de mantenerse por largos periodos de tiempo, podríamos incluso hablar de dejar a las especies más vulnerables o provocar extinción local”.

Una “trampa mortal”

Vargas afirmó que estas zanjas con el tiempo se pueden volver una “trampa mortal”, ya que podría comenzar a registrarse caída de animales, animales lesionados y causar incluso muerte. Los animales pequeños, como roedores o reptiles, difícilmente podrían salir, muriendo por inanición, estrés o exposición, explicó.

En el caso de los felinos andinos, como el puma, o el zorro andino, Vargas afirmó que la situación es compleja, ya que técnicamente un puma tiene la capacidad de salto horizontal, en caso de ser animales saludables. La experta detalló que tres metros de ancho para felinos más pequeños, como el gato andino y el colo colo, puede ser más difícil de sortear. “Por lo que esta zanja podría volverse un obstáculo también para ellos. Si la zanja posteriormente estará acompañada de muros o vallas, hará que la conectividad de la fauna en este ambiente se vea drásticamente reducida”, destacó Vargas.

Por su parte, Cristian Bonacic, profesor titular de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, afirmó a Mongabay Latam que las barreras artificiales tienen un impacto sobre la fauna silvestre.

El profesor acotó que en el caso de las zanjas y otras medidas entre Chile y Bolivia aún no se conoce la real continuidad de estas barreras artificiales, su manutención, trazado y si van a ser continuas o no.

Señaló que las principales especies de interés para evaluar son las vicuñas, guanacos, pumas y tarucas, a pesar de que son extremadamente hábiles para sortear acantilados, sitios de difícil acceso y escalar. “Habría que ver si se puede establecer un monitoreo con cámaras trampa para evaluar si hay algún impacto en ellas”, resaltó.

Bonacic recordó que el muro entre México y Estados Unidos sí tuvieron un impacto en especies migratorias estacionales de tamaño medio y grande y se han separado poblaciones de especies que se movían entre ambos países en algunas zonas con el consiguiente impacto sobre las especies, aunque resaltó que ese tipo de infraestructura es mucho más agresiva que una zanja.

Compartido por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, el Altiplano es junto al Tíbet una de las mesetas más elevadas del mundo, alcanzando un promedio de más de 4000 metros sobre el nivel del mar. La baja presión de oxígeno a esta altura y sus condiciones climáticas extremas no impidió el desarrollo de una flora y fauna únicas en el mundo por su grado de adaptación a este medio hostil.

En esta zona se pueden encontrar una gran cantidad de especies de aves, reptiles y mamíferos endémicos. Allí, viven camélidos sudamericanos domésticos, como la llama y la alpaca; y silvestres, como el guanaco y la vicuña. En esta área viven los pueblos indígenas aymara y quechua.

Desde la Delegación Presidencial de Arica y Parinacota se informó a Mongabay Latam que el objetivo de este plan impulsado por Kast contempla la instalación de barreras físicas, zanjas y sistemas de vigilancia con el objetivo de frenar la migración irregular, la trata y tráfico de personas y otras actividades vinculadas al crimen organizado en la zona limítrofe chilena con Perú y Bolivia.

La institución no informó sobre los impactos ambientales del plan, al igual que la Delegación Presidencial de la región de Tarapacá. Mongabay Latam también se comunicó con voceros de Ambiente del gobierno chileno para consultar sobre los impactos ambientales de esta medida, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.

Reclamos desde Bolivia

En Bolivia, Magín Herrera, ingeniero zootecnista y exviceministro de Medio Ambiente, afirmó a Mongabay Latam que el plan de Kast constituye una “alta amenaza para el delicado bioma altiplánico”, ya que tendría consecuencias sociales, económicas y ambientales negativas.

“Con las zanjas se está prohibiendo el paso y libre tránsito de la fauna silvestre que es totalmente inocente, y cumplen un rol productivo para la humanidad; sin embargo, se está destruyendo el hábitat y ecosistemas de la vida silvestre. Ahí tenemos quirquinchos, guanacos, vicuñas, pumas y aves, y se estaría destruyendo sus madrigueras, las crías estarían en la frontera del otro país y las madres al otro lado. Si eso sucede, ¿qué va a pasar?”, cuestionó Herrera.

El experto resaltó que la alimentación para el ganado camélido es por lo general especies vegetales que se desarrollan en humedales únicos en el mundo de esta zona altiplánica. Esta alimentación –dijo- comprende hierbas de baja altura, desarrolladas gracias al escurrimiento superficial y subterráneo de agua proveniente desde las altas cumbres de la Cordillera de los Andes, además de precipitaciones directas.

“Estos bofedales están protegidos por convenciones internacionales que ha suscrito Chile, también Bolivia, por su incalculable valor ecológico y alta fragilidad. En esta zona también podemos encontrar a la paja brava, forraje natural que se agrupa en pajonales; y la llareta, arbusto densamente compacto antiguamente utilizado como combustible y con propiedades medicinales”, dijo Herrera.

Por su parte, Josef Rechberger, biólogo de la Fundación Teko Kavi, detalló a Mongabay Latam que estas barreras afectan más a la fauna pequeña, como invertebrados, lagartijas, quirquinchos, zorros y felinos pequeños.

“Además, estas zanjas se pueden llenar con agua y los animales corren el riesgo de caer y  morir [ahogados]. Los pumas y vicuñas son animales muy ágiles y si su vida depende de cruzar estás barreras, ya sea por hambre o sed, posiblemente podrían saltar estas zanjas, pero su primera reacción al ver estas zanjas sería evitarlas. Así que realmente es un problema y estarían rompiendo los corredores ecológicos de la fauna silvestre”, dijo Rechberger.

El Gobierno de Bolivia respetó la decisión de Kast sobre la construcción de zanjas. El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó a medios locales que la decisión de Chile no afecta a Bolivia y que respeta la posición asumida por Kast. Sin embargo, el presidente Rodrigo Paz, sin mencionar a su colega chileno, dijo: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”.

Mientras, la diputada Claudia Bilbao, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), afirmó a este medio que la Cancillería boliviana debería enviar una nota de reclamo expresando su molestia por la construcción de zanjas, que no solo afecta a la movilidad humana, sino al hábitat de numerosas especies.

“Hay familias enteras, hay niños y niñas que se mueven por la frontera, pero también la fauna silvestre de la zona está en riesgo. Eso amerita un reclamo, pero seguro no lo harán, ya que Rodrigo Paz y José Kast son de la misma ideología”, afirmó Bilbao.

*Imagen principal: el Gobierno de Chile inició la construcción de zanjas en la frontera con Bolivia y Perú con el fin de evitar la migración ilegal, entre otras problemáticas fronterizas, pero esa decisión afecta a la fauna y a los humedales del Altiplano. Foto: cortesía Chile Noticias.

El artículo original lo publicó Iván Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La protección de los páramos de Colombia —ecosistemas de alta montaña tropical estratégicos para regular y proveer agua— entró en una nueva etapa, luego de que el Gobierno nacional terminó una consulta pública para definir qué actividades agropecuarias de bajo impacto pueden realizarse en estos complejos. Con este proceso, el Ministerio de Ambiente busca establecer las reglas para delimitar prácticas en territorios altamente frágiles.

Sin embargo, la protección o regulación de qué se puede hacer y qué no en los páramos históricamente ha generado tensión, pues mientras algunas actividades agrícolas y ganaderas representan un impacto para estos ecosistemas, comunidades campesinas han abogado por sus derechos y por el sustento de sus hogares.

Colombia tiene el 50 % de los páramos del mundo, con 37 complejos en el territorio, los cuales proveen el 70 % del agua potable nacional, actúan como santuarios naturales de la biodiversidad y juegan un papel clave contra la crisis climática como grandes sumideros de carbono.

Hay un consenso en que estos ecosistemas deben ser protegidos, sin embargo, las reglas, la implementación y la gobernanza para su cuidado son temas que aún están por definirse. Especialistas, campesinos, organizaciones y autoridades consultadas por Mongabay Latam explican los retos y oportunidades para garantizar la protección de los páramos y de quienes habitan en ellos.

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De la prohibición a permitir algunas actividades en los páramos

Entre las principales amenazas contra los páramos están la ganadería, la agricultura a gran escala y la minería. La propuesta que autoridades ambientales desarrollaron, junto con el Ministerio de Agricultura, y que sometió a consulta pública incluye criterios como la conservación de cobertura vegetal, manejo sostenible del agua y suelo, la prevención de erosión, prácticas agroecológicas y protección de la biodiversidad.

Este proceso responde a un artículo de la Ley 1930 de 2018, que permite —bajo estándares estrictos— actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos, luego de años de prohibición que provocó conflicto entre los intereses de conservación con las actividades de comunidades.

Juan Carlos Benavides, profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana, destaca que la metodología propuesta no se concentra en las actividades que se realizan, sino en sus impactos en la calidad del agua o en la diversidad y en cómo medirlos.

“Si los impactos son altos, bajos o medios, acorde a la legislación, se determina si el tipo de actividad puede o no ser realizada. También se priorizan diferentes aspectos del páramo, hay unos que están completamente protegidos, mientras otros sectores se consideran más resilientes a las actividades humanas y permiten un poco más de actividad”, explica.

Sin embargo, Benavides también destaca desafíos para esta reglamentación en los páramos, pues más allá de que hay un reconocimiento en la elaboración de la norma, dice que no cuenta con indicadores sólidos para determinar objetivamente las actividades de un bajo impacto ambiental.

“La manera en que está escrita no tiene indicadores cuantitativos claros, son muy de opinión y puede haber escenarios donde si el personal técnico que hace la evaluación tiene un conflicto de intereses o no tiene capacidad técnica suficiente o el día no es el adecuado, porque no se especifica la temporalidad de estos monitoreos, se pueden tomar decisiones no tan acertadas”, dice el especialista a Mongabay Latam.

Tras el cierre de la consulta pública, la directora de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente de Colombia, Natalia María Ramírez Martínez, señala que durante el ejercicio se recibieron cerca de 160 comentarios de diferentes actores, como corporaciones ambientales, comunidades indígenas y organizaciones civiles.

“Ahora estamos con mesas de trabajo conjuntas con Agricultura para identificar cómo o en qué se debe ajustar esta propuesta normativa. Aún no hemos culminado el análisis y el balance de estos comentarios. Tenemos dos semanas para realizarlo y llegar a una resolución que recoja toda la participación incidente”, dice la funcionaria a Mongabay Latam.

Para Paola Echeverri, coordinadora regional de Andes en WWF Colombia, la reglamentación propuesta por autoridades permitirá tener un diagnóstico inicial en las diferentes regiones de páramos para entender mejor los diferentes impactos de ciertas actividades agropecuarias en los ecosistemas.

“El foco es diferenciar la agricultura intensiva de la agroecología de bajo impacto y garantizar la permanencia de los habitantes tradicionales que toda la vida han estado allí, permitir que estén en esas zonas y promover esos medios de vida que tienen, pero regulando esas actividades”, señala la especialista.

Como organización que colaboró en el proceso de consulta, la integrante de WWF también advirtió en el ejercicio la necesidad de mecanismos financieros y de monitoreo para dar seguimiento a la reglamentación propuesta.

“No solamente no basta sacar normas, sino que cada uno de esos procesos normativos debe ir acompañado de un mecanismo financiero que permita su implementación, pero además de un mecanismo de monitoreo que permita ver en el tiempo cuál ha sido el impacto o las contribuciones de la aplicación de esas normas”, sostiene.

De acuerdo con la especialista, estos mecanismos permitirán armar una línea base y también ofrecer mejores condiciones para que quienes dependan de actividades críticas en los páramos puedan reconvertir o sustituir sus oficios, especialmente en ganadería y cultivo de papa, que es el más común en los páramos.

Benavides también coincide en la necesidad de incluir mecanismos de transparencia en el proceso para mejorar la implementación de la norma.

“La autoridad ambiental tiene que fortalecer su mecanismo de transparencia y de capacidad técnica para hacer evaluaciones que sean creíbles, porque si estas evaluaciones van en contra de las percepciones de las personas o de otras visiones técnicas se genera un problema de gobernanza al no tener una autoridad, un respaldo técnico con otras metodologías”, agrega.

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“Aspiro a vivir dignamente en el páramo”

Alejandro Alméciga Castro es campesino y guía ecoturístico en el Páramo de Chingaza, situado en la cordillera oriental, en los departamentos de Cundinamarca y Meta, y clave para el abastecimiento de agua para Bogotá, la capital colombiana.

Para Alméciga, es importante que haya una regulación clara en las actividades que puede haber dentro de los páramos, pues reconoce que son muy frágiles e importantes, pero que en su cuidado se ha desplazado a las comunidades campesinas.

“El campesino realmente no tiene una garantía de que sus derechos se sostengan, se ve muy vulnerado porque literalmente está perdiendo su tierra de una manera, diría, legal. Están sacando comunidades para engrosar las filas de ciudades como Bogotá, Medellín, Bucaramanga. Están engrosando los cinturones de pobreza”, dice el Alméciga a Mongabay Latam.

El campesino, quien paulatinamente ha transitado más hacia el ecoturismo dentro de la región, insiste en que debe haber una administración con las comunidades que históricamente han habitado estos territorios.

“No hay una gobernanza, no hay una socialización clara, una participación activa de la comunidad paramuna en la forma en que se está planteando la Ley de Páramos”, advierte.

Cuenta, por ejemplo, que cuando se declaró el Parque Nacional Natural Chingaza, en 1977, no hubo un proceso de socialización con las comunidades que estaban dentro del páramo.

“Una noche nos acostamos siendo legales y a la noche siguiente, cuando se declaró como Parque Nacional Natural Chingaza, amanecimos como colonos y como invasores, siendo propietarios éramos intrusos en un territorio donde las comunidades llevan más de 150 años establecidas”, sostiene el habitante del municipio de La Calera, en Cundinamarca.

Alméciga dice que no estaba enterado del proceso de consulta anunciado por el Ministerio de Ambiente para la limitación de actividades. Sin embargo, considera que sí debe haber un cambio para la conservación de estos ecosistemas.

«Estamos haciendo un cambio de vocación de ganadería extensiva por turismo de naturaleza y conservación. No debería haber actividad económica aparte del turismo de naturaleza, investigativo, el trabajo con universidades, que la comunidad tenga acceso a esos recursos y a un sistema de pagos por servicios ambientales”, sostiene el campesino y guía.

Incluso, comenta que tarde o temprano, las actividades agropecuarias deben salir de ciertos páramos con una compra justa y alternativas para subsistir.

“Yo sí aspiro a vivir dignamente este territorio que tengo, no ser desplazado, no ser sacado por el Estado, pero que viva dignamente, eso es lo que quiere la mayoría de habitantes de Páramo”, afirma.

Benavides señala que los páramos también han convivido históricamente con algunas actividades humanas, por lo que suspender todo uso en estos territorios puede ser perjudicial.

“Son comunidades que llevan 100, 200 años usando la tierra de la misma manera y que la norma les caiga encima sin una transición es muy difícil”, advierte.

El profesor advierte que hay regiones críticas en el país, donde la implementación de esta reglamentación será un reto “gigante”, como en el Complejo de Páramos Las Hermosas, el segundo más extenso de Colombia, o el Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo.

Benavides advierte que a la hora de ejercer la norma, el desafío será un conflicto por lo que también pide echar mano de herramientas que ya existen y fortalecer la transición de comunidades.

“Hay que pagar costos de oportunidad, costos de transición, programas de reeducación, de reasentamiento, porque no se puede sencillamente sacar a la gente bajo una norma. Hay unos instrumentos, lo que falta es fortalecerlos a través de inversiones específicas”, sostiene.

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Participación comunitaria es clave

Echeverri destaca casos de éxito en la conservación de páramos como los del Parque Nacional Natural Los Nevados, ubicado entre los departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas, y donde se logró la restauración de 258 hectáreas que forman parte de cerca de 7000 que estaban críticamente degradadas.

“Se han hecho trabajos para vincular un sistema como el desarrollo del ecoturismo o turismo de naturaleza, promover la sustitución de unas actividades productivas y que permite también generar ingresos a esas comunidades”, explica la especialista.

Además, agrega que se han promovido viveros comunitarios con especies nativas de páramos como el frailejón, planta emblemática de estos ecosistemas.

También menciona la dificultad para sustituir una actividad productiva de un día para otro. “Sustituir la ganadería por una actividad de bajo impacto requiere tiempo, esfuerzo y recursos económicos para establecer esos procesos”, expone.

Ramírez dice que se trata de una oportunidad para que las autoridades trabajen en el territorio con las comunidades.

“Debemos tener apertura conjuntamente en las visiones hacia una conservación del ecosistema, hacia un uso sostenible, mirar lo que le vamos a dejar a las siguientes generaciones. El diálogo es fundamental, no partir de posiciones rígidas que van a afectar el mismo desarrollo y la inversión de recursos en el manejo de gestión, no solo de las comunidades, sino del resto de la población que nos beneficiamos de los servicios ecosistémicos del páramo”, reconoce.

En tanto, Benavides señala que más allá de la reglamentación que se decida, hay un avance en la protección de los páramos a nivel cultural entre la población.

“Muchos de estos páramos ahora están en parques nacionales, parques regionales, áreas protegidas y la gente se cuida de su intervención. Hay un camino ganado muy grande en su protección, que es una parte de la cultura ciudadana. Ahora hay un camino diferente, más legal, un desafío diferente”, sostiene.

Imagen principal: los campesinos han convivido durante siglos con los páramos, que representan menos de 3 millones de hectáreas en un país de 115 millones de hectáreas, pero pueden albergar el 20 % del carbono del país. Foto: Gobernación de Boyacá.

El artículo original fue publicado por Gonzalo Ortuño López en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Era 2007 y Javier Sellanes llevaba cuatro años explorando el fondo marino del margen continental de Chile. El oceanógrafo uruguayo estaba a bordo de un crucero científico, investigando zonas de filtración de metano. Tras hacer una rastra científica, que consiste en arrastrar una red por el lecho durante unos 10 minutos, salió un pulpo con características que no coincidían con las especies conocidas. Diecinueve años más tarde y tras una exhaustiva investigación sería nombrado en su honor: Graneledone sellanesi.

“Cuando sacas muestras a esas profundidades y en áreas del mundo tan poco estudiadas como Chile o Perú, lo que sacas tiene un potencial muy alto de ser nuevo para la ciencia”, dice en conversación con Mongabay Latam el profesor titular del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte de Chile.

El animal en cuestión pertenece al género Graneledone, un grupo de pulpos distribuidos en diferentes océanos del planeta. El género tenía diez especies conocidas, Sellanes y sus colegas sospechaban que tenían frente a ellos a la undécima.

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En febrero de 2026, sus colegas Cecilia Pardo-Gandarillas y Christian Ibáñez publicaron un artículo científico en el que confirman que se trata de una nueva especie. Pardo-Gandarillas, todavía emocionada, señala que ha sido una experiencia en la que han experimentado asombro y humildad por revelar un poco del misterio que cobija al océano profundo. “Y orgullo porque estamos contribuyendo al conocimiento científico de nuestro planeta”, añade la bióloga y ecóloga evolutiva de la Universidad Andrés Bello de Chile.

El ejemplar fue hallado al norte de la isla Mocha, en la zona central del país. Ahora se conoce que la nueva especie de pulpo habita entre el norte de las aguas peruanas y el sur de Chile. Su rango de distribución también es amplio en cuanto a profundidad. Está entre los 400 y los 2400 metros de profundidad.

“Le dedicamos el nombre a Javier Sellanes por su trabajo y por todo el conocimiento que ha entregado”, cuenta Pardo-Gandarillas. Para el científico uruguayo que se ha dedicado a estudiar la biodiversidad de los moluscos en Chile, esta es una forma de trascender. “Es un honor que te dediquen una especie, es un reconocimiento”, dice emocionado.

Entre la comunidad científica marina uruguaya también hay orgullo. “Recibimos con mucha alegría y en gran sentido de justicia esta novedad”, señala Fabrizio Scarabino, docente investigador del Centro Universitario del Este de Uruguay.

Además, el hallazgo le parece asombroso. “Esto habla de que no solo las especies pequeñitas son desconocidas, sino también las de tamaño importante, y que tenemos especies propias de cada lugar geográfico de este planeta, por lo que cada país o región tienen responsabilidad de cuidar esa biodiversidad”, añade.

Un trabajo de casi 20 años para describir la especie

Pardo-Gandarillas e Ibáñez le han seguido el rastro a esta especie desde antes del crucero científico de 2007, cuando se obtuvo el holotipo o espécimen de referencia. “Esto ya es de varios años de recopilación de información, de muestras, de trabajo arduo”, puntualiza la científica.

En el año 2000 hubo un primer registro del género Graneledone en aguas chilenas y a partir de esa fecha encontraron más ejemplares sin clasificar en el Museo Nacional de Historia Natural de Chile y en muestras obtenidas de pesquerías de profundidad de bacalao (Dissostichus eleginoides) y crustáceos.

Recién en 2012 obtuvieron el número suficiente de muestras para reportar el género Graneledone en Chile. Estas especies se caracterizan por habitar aguas profundas, de acuerdo con un artículo de ese año liderado por Ibáñez y en el que también participaron Pardo-Gandarillas, Sellanes y Elie Poulin.

Uno de los rasgos del género es la ausencia de un saco de tinta. Gran parte de los cefalópodos, incluidos los pulpos y los calamares, tienen esta estructura que les permite expulsar un fluido oscuro para distraer o confundir a sus depredadores mientras escapan. Sin embargo, algunas especies del mar profundo carecen de este saco, de acuerdo con la Enciclopedia Britannica.

Después consiguieron más muestras y viajaron a museos naturales de Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, donde compararon ejemplares recolectados mediante pesca de arrastre y cruceros de investigación. Al analizar los rasgos fenotípicos, los investigadores encontraron que el pulpo chileno tenía más ventosas que sus especies hermanas y sus verrugas seguían un patrón distinto.

“Sin embargo, estas características diagnósticas han demostrado ser insuficientes para distinguir de manera fiable entre las especies del género”, señalan los autores en el estudio. La dificultad “probablemente refleja el origen relativamente reciente del linaje, estimado en aproximadamente de 3 a 7 millones de años”, explican.

Los estudios moleculares fueron determinantes

Los análisis genéticos confirmaron que se trata de una nueva especie. De hecho, en la publicación científica de febrero de 2026, los autores destacan el valor de la taxonomía integrativa –la que combina el estudio morfológico con los datos moleculares o de ADN– para resolver los límites entre especies del género Graneledone. “Con estas dos herramientas pudimos indicar que estamos frente a una nueva especie”, explica Pardo-Gandarillas.

Para Scarabino, este proceso de casi dos décadas “muestra a la ciencia como una construcción colectiva”. Además, el docente investigador uruguayo destaca la importancia de las colecciones zoológicas. “Los museos como el de zoología de la Universidad de Concepción y el Museo Nacional de Historia Natural en Santiago son instituciones fundamentales para el conocimiento de la biodiversidad de Chile, de Sudamérica y del mundo”, agrega.

El artículo científico, que se publicó en el Journal of Marine Science and Engineering, apunta las principales características del pulpo recién descrito. Es de tamaño mediano, con una longitud que oscila entre 52 y 81 centímetros y, como las especies hermanas, carece de un saco de tinta.

Presenta una sola fila de ventosas en brazos de longitud similar. El tercer brazo derecho es más corto y tiene menos de la mitad de ventosas que el brazo opuesto. “Entre todos los caracteres examinados, el número de ventosas opuestas proporciona el rasgo morfológico más sólido”, de acuerdo con la publicación.

Los científicos detallaron que G. sellanesi tiene ojos grandes, proyectados y se posicionan en forma más lateral que frontal. Representan aproximadamente el 20 % del tamaño de su manto.

Con la descripción formal del pulpo hallado en Chile, el género ahora comprende 11 especies reconocidas a escala mundial. Para los autores, esto subraya la necesidad de actualizar los análisis moleculares para afinar la historia evolutiva de este grupo de pulpos de aguas profundas. Según investigaciones previas citadas en el artículo, se cree que el género Graneledone se originó en el Océano Antártico.

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La investigación frente a la triple crisis planetaria

La historia de la investigación del Graneledone sellanesi también muestra cómo la ciencia cambió a lo largo de los años. Cuando Sellanes hizo sus primeras expediciones del margen continental, a inicios de los 2000, la pesca de rastra era un método para obtener muestras, pero a ciegas. “Sacas una ensalada de cosas, todo revuelto”, describe.

Los nuevos buques de investigación científica cuentan con vehículos operados a control remoto y equipados con cámaras de alta resolución que permiten filmar el fondo marino e incluso hacer zoom para ver los detalles de las características de las especies. “Puedes ver su comportamiento, el hábitat en el que se encuentra, las especies con las que se relaciona”, explica Sellanes.

A pesar de los avances tecnológicos, para el científico uruguayo, la investigación de la biodiversidad enfrenta una carrera contra el tiempo. La Organización de las Naciones Unidas habla de la triple crisis planetaria: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Aunque de manera frecuente se describen especies nuevas, los investigadores saben que la extinción acelerada por las presiones humanas está afectando incluso a especies todavía desconocidas.

A esto se suma otro problema. De acuerdo con Sellanes, cada vez hay menos taxónomos, pues se trata de una carrera larga con pocas salidas laborales y una remuneración que no representa un retorno a la inversión realizada en estudios. “Quiero relevar la importancia de la taxonomía, la importancia de que los gobiernos apoyen la ciencia”, apunta el científico. “Hay muchas cosas interesantes por descubrir, es una nueva era de exploración marina”, añade.

Pardo-Gandarillas e Ibáñez lo saben bien. Desde hace cinco años trabajan con científicos de países de América, Europa, Asia y Oceanía para descifrar la diversidad y la distribución de los cefalópodos en todo el mundo. Están integrando análisis morfológicos y moleculares de unas 800 especies. “Este trabajo es tremendo, esperamos que pronto salga alguna publicación”, dice la científica.

Sellanes, por otro lado, está estudiando desde 2016 los montes submarinos ubicados frente a Chile, zonas aún menos exploradas que el margen continental. En 2024, a bordo del Falkor (too), el buque de investigación de Schmidt Ocean Institute, dirigió a un equipo que observó y recolectó muestras de más de 100 especies potencialmente nuevas para la ciencia. Tendrán que recorrer un proceso similar al del G. sellanesi para ser descritas formalmente como especies nuevas. “Tenemos mucho trabajo por delante”, asegura Sellanes.

Imagen principal: avistamiento in situ de la especie G. sellanesi durante la expedición del margen continental de Chile, a bordo de la embarcación Falkor (too). Foto: cortesía Javier Sellanes.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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En 2023, los flujos financieros a nivel mundial, tanto públicos como privados, que generaron impactos directos y negativos sobre la naturaleza se estimaron en 7.3 billones de dólares. La financiación privada representó 4.9 billones de dólares y el gasto público en subsidios perjudiciales para el ambiente fue de alrededor de 2.4 billones de dólares.

Ese es uno de los principales hallazgos del informe El impacto y la dependencia de las empresas respecto a la diversidad biológica y las contribuciones de la naturaleza a las personas, publicado el 9 de febrero por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés).

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En dicho documento se reconoce que todas las empresas dependen de la biodiversidad, todas ejercen una influencia sobre ella y el crecimiento de la economía mundial se ha producido a costa de una inmensa pérdida de biodiversidad, lo que ahora plantea un riesgo sistémico crítico y generalizado para la economía, la estabilidad financiera y el bienestar de los seres humanos.

El reporte también llama la atención sobre que las condiciones actuales en las que operan las empresas no están siempre alineadas a un futuro justo y sostenible. “En primer lugar este informe demuestra que la naturaleza es asunto de todos y que la conservación, la restauración y el uso sostenible de la biodiversidad son fundamentales para la sostenibilidad y el éxito empresarial», asegura Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

En segundo lugar, explica Dziba, el informe muestra que, si bien las empresas han contribuido a la innovación que ha impulsado la mejora de la calidad de vida, este mismo éxito ha tenido un alto costo para la biodiversidad,

La evaluación fue elaborada durante tres años por 79 expertos, entre científicos y representantes del sector privado, procedentes de 35 países y de todas las regiones del mundo. También contó con consulta a pueblos indígenas y a comunidades locales.

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El impacto de las empresas en la biodiversidad no ha sido bien cuantificado

Uno de los primeros mensajes del informe es que incluso las empresas que pueden parecer alejadas de la naturaleza dependen directa o indirectamente de ella. El problema, comentan los expertos en su análisis, es que las empresas suelen asumir poco o ningún costo financiero por sus efectos negativos y muchas tampoco pueden generar ingresos al tiempo que impactan positivamente en la biodiversidad.

Stephen Polasky, profesor de Economía Ecológica y Ambiental en la Universidad de Minnesota y copresidente del informe, asegura que las empresas se enfrentan a diversos obstáculos o barreras al intentar reducir sus impactos negativos y aumentar los positivos. Algunos de ellos se relacionan con falta de información o comprensión sobre la biodiversidad, mientras que otros son más sistémicos, como la fijación incorrecta de precios a los servicios que prestan la biodiversidad y la naturaleza. “De hecho, muchos de los valores de la naturaleza no llegan al mercado con los precios adecuados o incluso llegan sin precio”.

Reconocer el valor de la biodiversidad a nivel económico es importante porque “la pérdida de biodiversidad es una de las amenazas más graves para las empresas”, dice Polasky, y agrega que “la realidad distorsionada es que suele parecer que a las empresas les resulta más rentable degradar la biodiversidad que protegerla. Puede parecer rentable a corto plazo, pero los efectos negativos en las empresas pueden ser acumulativos”.

El informe señala que, a pesar de que algunas empresas están adoptando medidas favorables para la biodiversidad, existen incentivos que atentan contra ella y bloquean acciones que podrían detener y revertir su pérdida, y ayudar a enfrentar otros problemas relacionados, como por ejemplo el cambio climático y la contaminación. Es más, muchas políticas, subsidios y regulaciones favorecen actividades dañinas para la naturaleza o dificultan aquellas que podrían beneficiarla.

La relación biodiversidad-empresas era un tema urgente y así se lo expresaron a IPBES los más de 140 países miembros de la Plataforma cuando pidieron realizar este informe hace más de dos años. “La pérdida de biodiversidad es alarmante, entonces no hay duda de que el tema es urgente. Además es una pérdida que se entrelaza con otros problemas que enfrenta a la sociedad, como el cambio climático y la contaminación”, afirma a Mongabay Latam Ximena Rueda, profesora y decana de la Facultad de Administración de la Universidad de Los Andes en Colombia y copresidenta del actual informe Ipbes.

Para Rueda, el desconocimiento que las empresas tienen de la biodiversidad es uno de los principales obstáculos que se deben superar. Por un lado, asegura que las compañías son conscientes de sus impactos porque ya hay una larga tradición en la que los gobiernos les han pedido que hagan estudios de impacto ambiental, que minimicen sus impactos, los eviten o, si no pueden evitarlos ni minimizarlos, por lo menos los compensen.

Sin embargo, el problema está en que no suelen ser conscientes de qué tanto dependen de la naturaleza y de sus servicios. “Esa dependencia se ve fácil en sectores como la agricultura o la pesca, donde se extrae directamente un servicio de la naturaleza. Pero hay otros sectores donde esa relación es menos evidente, pero lo cierto es que se da a través de su cadena de valor o incluso a través de sus inversiones”, destaca Rueda.

Polanski lo resume de forma categórica: “Todas las empresas dependen de la biodiversidad y la impactan”.

Otro asunto urgente para atender es el crecimiento económico siempre asociado a un aumento en el consumo de materiales. Aunque los ecosistemas se pueden regenerar, los recursos del planeta son finitos, por lo que el llamado es a seguir proveyendo bienestar y prosperidad sin que eso esté atado a un consumo cada vez acelerado de recursos. “El reporte hace un llamado muy profundo a repensar los estilos de vida, a transitar hacia una economía de la durabilidad y no continuar en una economía del desecho”, dice Rueda.

Otra conclusión clave es que las empresas podrían mejorar la medición y la gestión de sus impactos y su dependencia de la biodiversidad mediante un compromiso adecuado con la ciencia y el conocimiento indígena y local. “La bibliografía científica no está redactada para las empresas y la falta de traducción y atención a las necesidades de estas ha frenado la asimilación de los descubrimientos científicos. Entre las empresas también suele haber una comprensión y un reconocimiento muy limitados de los pueblos indígenas y las comunidades locales como guardianes de la biodiversidad y, por tanto, poseedores de conocimientos sobre su conservación, restauración y uso sostenible”, comenta la profesora Ximena Rueda.

El reporte de IPBES destaca que el desarrollo industrial amenaza al 60 % de las tierras indígenas de todo el mundo y una cuarta parte de todos sus territorios están sometidos a una gran presión por la explotación de recursos. A pesar de esto, los pueblos indígenas y las comunidades locales suelen estar subrepresentados en la investigación y la toma de decisiones de las empresas. “La colaboración respetuosa que permite poner en común y utilizar mejor los datos, la información, las ideas científicas y el conocimiento indígena y local puede traducirse en una mejor gestión de los riesgos y la concretización de las oportunidades empresariales”, agrega Rueda.

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Es posible un cambio que armonice la relación entre empresas y biodiversidad

No todo es desesperanzador. El informe también plantea que sí es posible beneficiar a la naturaleza mientras que las empresas obtienen buenas rentabilidades.

“El cambio puede ocurrir. Las empresas pueden contribuir a un futuro justo y sostenible, y pueden actuar ahora”, asegura Matt Jones, director de impacto del centro especializado en biodiversidad del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y copresidente del informe IPBES. “No necesitamos información perfecta para actuar. Las empresas ya pueden empezar”, añade.

Y es que actuar va más allá de una obligación o responsabilidad. El reporte establece que si las empresas no actúan, su propio futuro estará en la cuerda floja. “Un mayor compromiso con la naturaleza no es una opción: es una necesidad”, dice Rueda e indica que cambiar la relación con la biodiversidad es vital para los resultados financieros de las compañías y su prosperidad a largo plazo. Sin embargo, reconoce que para evitar el «falso ecologismo» es imprescindible que las empresas tengan estrategias transparentes y creíbles, que muestren claramente sus medidas, cómo contribuyen a los resultados en materia de biodiversidad y que divulguen públicamente sus impactos y dependencias, así como las actividades que están realizando y que generan presión.

“Si no protegemos la biodiversidad, estamos arriesgando la rentabilidad de las empresas en el futuro”, comenta el profesor Polasky, pero también asegura que se necesita transparencia. El informe menciona que menos del 1 % de las empresas que rinden cuentas públicas mencionan los impactos sobre la biodiversidad en sus informes.

En medio de ese llamado, otro mensaje central del documento es que las empresas no pueden, por sí solas, lograr el nivel de cambio necesario para detener y revertir la pérdida de biodiversidad, por lo que se describen cinco componentes específicos y fundamentales para crear un entorno adecuado para lograrlo: marcos políticos, jurídicos y normativos; sistemas económicos y financieros; valores sociales, normas y cultura; tecnología y datos; y capacidad y conocimientos.

El reporte ofrece más de 100 ejemplos específicos de medidas concretas que las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil pueden adoptar en cada uno de estos cinco componentes.

Aunque el contexto en el que operan las empresas (por ejemplo, país, lugar y actividad realizada) influye en cuáles medidas priorizar, la profesora Rueda cree que redireccionar los subsidios es un buen comienzo porque muchos van dirigidos a actividades productivas que están deteriorando la naturaleza. “Lo que proponemos es revisar esos subsidios. Y esto no quiere decir que haya que quitárselos a los sectores que los reciben, sino que se direccionen a actividades que realmente cuiden la naturaleza”.

Para Rueda, otra de las prioridades es involucrar activamente al sector financiero para que diseñe instrumentos que incentiven a las empresas a invertir en tecnología, mercados y productos que favorezcan la restauración de la naturaleza y la protección de la biodiversidad.

“Tenemos que ir más allá de la falacia de una elección entre gobiernos y responsables de las políticas a favor del medio ambiente o a favor de las empresas. Todas las empresas dependen de la naturaleza, por lo que las acciones que la conservan y utilizan de forma sostenible también pueden ser las que ayuden a las empresas a prosperar a largo plazo”, enfatiza Polasky.

¿Cómo se monitorean las acciones de las empresas, los gobiernos, los actores financieros y la sociedad civil? Esa es una de las preguntas que aún no tiene una respuesta muy clara y para la que IPBES prepara un nuevo informe que se publicará en 2027. “Uno de los objetivos de esa evaluación es fortalecer los marcos de monitoreo y ayudar a los gobiernos a comprender cómo monitorear las actividades comerciales de manera que se avance hacia un futuro justo y sostenible”, comenta Luthando Dziba, secretario ejecutivo de IPBES.

Imagen principal: una construcción urbana a gran escala. Foto: cortesía IPBES/iStock.

El artículo original fue publicado por Antonio José Paz Cardona en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Las mujeres representan menos de un tercio de los investigadores a escala mundial, de acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia (UNESCO). Por eso, este año, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero, se enfoca en las recomendaciones de buenas prácticas para construir ecosistemas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas más inclusivos.

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Mongabay Latam habló con tres científicas latinoamericanas sobre los obstáculos que enfrentaron durante su formación y a lo largo de su ejercicio profesional, sus motivaciones y mayores logros.

Graziella Bozzano, geóloga marina italiana radicada en Argentina, contó algunas de las emocionantes experiencias que ha vivido en las más de 20 expediciones marinas que ha realizado en Europa y Latinoamérica. Aunque siente que en general no vivió momentos duros que frenaran su carrera científica, el sexismo no faltó.

Para hacer la ciencia más inclusiva, Bozzano recomienda que las niñas tengan modelos a seguir más allá de lo relacionado a la belleza o el rol materno. “Que las niñas entiendan que hay otras formas de vivir la vida como mujer de forma muy plena”, invita. Además, desmitificar que las mujeres no sean buenas en las ciencias “es una cuestión de estímulos tempranos”, puntualiza. Por eso, aconseja algo que le acompañó en su niñez: regalarles libros y herramientas tecnológicas y científicas.

Vicky Flechas, herpetóloga colombiana, sí ha tenido experiencias negativas con repercusiones en su vida laboral. En entrevistas laborales, ha visto que las oportunidades se han cerrado cuando los entrevistadores supieron de su maternidad. Propone la adopción de políticas que eviten la discriminación por género.

Específicamente, espera que pronto se deje de indagar sobre aspectos familiares que no están relacionados con la posición laboral, algo que usualmente no les sucede a los hombres.

Rosa Vásquez, bióloga molecular peruana, anima a las mujeres y a las niñas a cumplir sus sueños sin dejar su feminidad de lado, algo que se exigió mucho a las profesionales en décadas pasadas. “Las perspectivas artísticas y femeninas pueden sumar. Corremos el riesgo de perder si no integramos esas voces”, opina.

Cree que haber sido bailarina profesional durante su niñez le ayudó a ganar confianza para hablar ante audiencias grandes, pero también a tener creatividad a la hora de aplicar sus conocimientos científicos. “No se avergüencen de su feminidad”, aconseja.

Estas son las historias de tres científicas latinoamericanas destacadas:

Graziella Bozzano, la geóloga marina que rompió barreras en Argentina

Graziella Bozzano nunca imaginó que terminaría explorando el fondo marino. De niña, soñaba con ser vulcanóloga mientras recorría las montañas de su natal Génova, en Italia, y los nevados de los Alpes. “Siempre hacía muchas preguntas sobre los eventos extremos, los terremotos, las erupciones volcánicas”, recuerda. Tanto que a sus diez años sus padres le regalaron una enciclopedia de ciencia. “Estaban hartos de mis preguntas”, dice entre risas.

Mientras cursaba la carrera de geología, cerraron la clase de vulcanología. Una beca para hacer una estancia en Barcelona, España, cambió su destino. Allí se unió al Grupo de Geología Marina del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y participó en su primera campaña oceanográfica en el Mediterráneo y a bordo del buque Hespérides. “Me quedé totalmente enamorada de la geología marina”, afirma.

Aunque asegura que no fue algo común, recuerda que al inicio de su carrera recibió un comentario sexista por parte del docente de geología regional. «Vos que sos mujer, vamos a hablar de los residuos”, aunque hablaba de algo técnico, lo dijo en referencia al estereotipo de que las mujeres se encargan de las tareas de limpieza en el hogar.

Años después de especializarse, se radicó en Argentina, donde ocupa un cargo como geóloga en el Servicio de Hidrología Naval. En 2025, Bozzano participó en dos expediciones a bordo del Falkor (too), el buque de investigaciones científicas marinas del Schmidt Ocean Institute. En la primera, realizada en agosto, fue la única geóloga entre un equipo de biólogos que exploraron el cañón Mar del Plata, en Argentina. “Me sentí con mucha responsabilidad, quería ver si podía estar a la altura”, dice.

La campaña científica se volvió viral en la región. A pesar de que creía que los internautas que se conectaban a las transmisiones en vivo estaban más interesados en la fauna submarina, los comentarios le dejaron ver que no era así. Los seguidores de la expedición preguntaban sobre los cañones, esas misteriosas y enormes pendientes que aparecían en los videos.

“Finalmente hablé y los chicos [sus colegas] hacían fotos de los comentarios donde la gente me agradecía”, relata todavía con emoción. Poco a poco fue ganando confianza para explicar las formaciones geológicas de la zona. Recuerda especialmente un comentario que dejaron en el chat de la transmisión: “No sabía que me gustaba tanto la geología marina”.

En octubre colideró junto a otras tres científicas la expedición Ecos de dos Cañones. En esta ocasión colaboró en la planificación de las inmersiones del ROV Subastian, el vehículo de operación remota que toma imágenes y muestras del fondo marino. También estuvo a cargo de analizar aspectos técnicos para elegir los lugares de inmersión y obtener resultados. “Fue desafiante desde un punto de vista científico y personal, estaba 24 horas sin dormir”, cuenta.

Tras las expediciones, no acabó el trabajo. Ahora está en la fase de analizar las rocas y el sedimento recuperados en la primera campaña. El objetivo es conocer qué tipo de sustrato prefieren los organismos bentónicos. Además, en la campaña de octubre obtuvieron información batimétrica (profundidad oceánica) de la plataforma continental y del talud que ahora se está analizando para conocer mejor la morfología del fondo marino.

Vicky Flechas, la herpetóloga colombiana que enseña ciencia a niños y niñas

Vicky Flechas quería ser veterinaria y trabajar con animales grandes. Sin embargo, durante su época universitaria llegó a la biología y terminó fascinada con los anfibios. “Las ranas son organismos increíbles”, dice. El género Atelopus, por ejemplo, es conocido como el de las ranas arlequín por sus llamativos colores. Actualmente trabaja en el Plan de Acción que busca evitar la extinción de las 99 especies de arlequín descritas.

El mayor reto de estudiar biología tuvo que ver con la época de conflicto interno en Colombia. A veces sola y en otras ocasiones con alguna compañera, tenía que viajar a zonas conflictivas para realizar trabajo de campo. “Íbamos a sitios donde no había nadie, éramos dos mujeres solas en una casa con sus hamacas, eso me aterraba”, confiesa. “Salir a campo a buscar ranas también implicaba estar de noche a solas”, relata.

Durante su formación, la mayoría de docentes eran hombres y había pocas mujeres referentes en herpetología. Eso está cambiando, asegura. Además, a medida que se especializó, se fue vinculando con más investigadoras.

Tras graduarse, al aplicar a trabajos los entrevistadores hacían preguntas que está segura que sus compañeros nunca recibieron. “¿Tienes hijos? Si vas al campo, ¿con quién se van a quedar?”, recuerda que indagaban. En una ocasión, se presentó a una entrevista mientras estaba embarazada. “Estoy segura de que no conseguí el trabajo por eso”, dice.

Durante su especialización se consolidó como referente en la investigación del hongo Batrachochytrium dendrobatidis que ha causado un descenso significativo de las poblaciones de anfibios en Latinoamérica. Tuvo que buscar becas y apoyo financiero en el extranjero para continuar con sus estudios, que buscan encontrar soluciones para evitar la desaparición de anfibios por la enfermedad provocada por el hongo.

Las preguntas que hacían sus hijos sobre cuestiones científicas la motivaron a cofundar Bichos.team y El Microscopio Podcast, espacios dedicados a incentivar el amor por la ciencia en la infancia. En los talleres de Bichos.team, los pequeños se transforman en investigadores al explorar jardines y aprender sobre la clasificación de los seres vivos. También se vuelven científicos cuando experimentan y observan cómo el calcio puede endurecer una sustancia gelatinosa.

Considera que uno de sus mayores triunfos ha sido construir una red de mujeres herpetólogas. “Siempre que tengo un proyecto, trato de involucrar a otra mujer”, dice. Recientemente, junto a sus colegas mujeres, escribieron un capítulo sobre enfermedades infecciosas de los anfibios en la región andina, incluido en el libro Herpetofauna Andina, publicado por la editorial científica Springer Nature. En este contexto, donde la disparidad todavía se siente, aconseja que las mujeres sigan apoyándose y formando comunidades.

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Rosa Vásquez, la científica peruana que une ancestralidad y ciencia por la Amazonía

Rosa Vásquez creció en Lima, pero todos los años viajaba a las montañas andinas y a la selva peruana para visitar a sus familiares. Los recuerdos más alegres de su infancia están ahí, en medio de la naturaleza y escuchando a su abuela, quien le enseñó sobre plantas medicinales. La científica peruana publicó a mediados de 2025 el libro The Spirit of the Rainforest, en el que muestra cómo la sabiduría indígena y la curiosidad científica conectan con el mundo natural.

Cuando decidió que quería dedicarse a las ciencias, se dio cuenta que el idioma sería una barrera. “Desde muy chica noté que mucha de la información solo estaba disponible en inglés, en esa época no había traducción automática”, recuerda. Así que se propuso aprender inglés y a los 18 años se mudó a Estados Unidos para estudiar biología molecular.

“El hecho de ser minoría es un reto”, dice, pero no solo por ser mujer latina, sino también por su ascendencia indígena. “La ciencia actual está basada en el conocimiento occidental y no hay necesariamente una puerta abierta para otros tipos de conocimientos”, añade. Sin embargo, las científicas que encontró en el camino la inspiraron. “Ver que traían su feminidad a la ciencia me inspiraba, era saber que no tengo que cubrir mi feminidad para ser tomada con respeto”, señala.

Después de especializarse en el extranjero, en 2021 fundó Amazon Research International. Su objetivo era hacer ciencia con la sabiduría ancestral en el centro y con oportunidades para jóvenes, mujeres y hombres de las comunidades. “Quería retribuir, sé del talento que nace acá”, afirma.

El conocimiento indígena, por ejemplo, ha sido clave para levantar información sobre biodiversidad. Los habitantes amazónicos conocen la selva y las señales que dejan las esquivas especies de animales que la habitan. Esto permitió que, aunque tenían pocas cámaras trampa, en una investigación con indígenas asháninka identificaran en poco tiempo especies como el tapir, el puma, el oso andino y el huidizo armadillo gigante.

Uno de los focos de la organización es la investigación de las abejas sin aguijón. Esta especie es clave para la polinización y conservación del bosque amazónico. La organización liderada por Vásquez logró recientemente que sea reconocida como sujeto de derechos.

La presencia de Vásquez en los territorios indígenas asháninkas, kukamas o shipibos tiene un impacto inesperado. Las niñas y las mujeres la observan con curiosidad, se acercan, le hacen preguntas. “Eso de seguro les hace pensar: ‘Si ella puede, yo también puedo’”, reflexiona.

Imagen principal: mujeres indígenas trabajan en investigaciones científicas junto a Rosa Vásquez. Foto: cortesía Rosa Vásquez.

El artículo original fue publicado por Ana Cristina Alvarado en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Juan Camilo Caicedo Cruz conoce el clima de su territorio. Siente venir la lluvia. El sol, picante e intenso rebota en la laguna que queda junto a su casa y llega hasta él, ocasionando más calor y sofoco.

-Va a llover-, dice.

A los 15 minutos empezaron a caer las gotas en el techo de la casa.

-Eso se siente venir-, afirma.

De barba, camiseta manga larga, botas pantaneras de caucho y un carisma arrollador, recuerda sus años de minero y cazador. Un día le estaba apuntando a una danta o tapir (Tapirus terrestris) y la vio asustada, con ganas de huir, lo que hizo que bajara la escopeta. Desde ese momento cambió su vida.

Su casa es de madera y está rodeada de mangos, plátanos, limones, mandarinas, cacao y café. Vive con su compañera Diana Escobar Hernández, en la Reserva Natural Matabambú Lagunas, ubicada en la vereda Caño Evaristo, en Mapiripán, al sur del departamento del Meta. La transición entre la Orinoquía y la selva amazónica colombiana.

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Mapiripán y la deforestación

Mapiripán es un pueblo detenido en el tiempo. Para llegar hasta allí, dependiendo de la temporada salen uno o dos buses cada día a las 6 o 7 de la mañana desde Villavicencio, capital del Meta, y se demora aproximadamente 10 horas en llegar a su destino, si la carretera está en buen estado. Más de 12 horas si ha llovido y la trocha es difícil de transitar.

El recorrido cambia antes de llegar a Puerto Concordia, al sur del Meta, muy cerca de San José del Guaviare, donde en 2024 se perdieron más de 16 906 hectáreas de bosque. Allí se desvía de la carretera principal, que es pavimentada, e inicia un camino destapado donde aparecen las palmas de aceite sembradas a lado y lado. Para 2020 eran más de 5600 hectáreas, en Mapiripán, según Global Forest Watch.

También hay reses, pastizales grandes, linderos, niños y niñas indígenas de las etnias sikuani o jiw que van a sus casas luego de estudiar. El bus se mueve de un lado a otro, tratando de evitar los huecos encharcados donde se puede quedar atascado: si sucede, si el barro logra detener la flota, es posible que se necesiten hasta tres buses, por lo general de la palmicultora Poligrow, para sacarlo de la tierra.

Global Forest Watch registra que en Mapiripán, entre 2001 y 2024, el 95 % de la pérdida de cobertura arbórea se produjo en zonas donde la principal causa es la deforestación. En 2023, fue considerado el segundo municipio de Colombia más deforestado según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) con 5660 hectáreas. En 2024 esa cifra aumentó a 7400 hectáreas y en el segundo trimestre de 2025 Mapiripán se mantiene como uno de los municipios más afectados.

La plataforma Global Forest Watch también registra “50,933 alertas de deforestación en Mapiripán entre el 15 de diciembre de 2025 y el 22 de diciembre de 2025, cubriendo un total de 630 ha de las cuales 29% fueron alertas de alta confianza detectadas por un solo sistema y 11% fueron alertas detectadas por múltiples sistemas”.

Las vías ilegales crecieron exponencialmente, tal como lo documenta una investigación periodística de Mongabay Latam, donde se hizo un análisis geográfico con imágenes satelitales, comprobando que en el municipio existen 11 ramales de vías ilegales que en total suman 549 kilómetros. Algunas de ellas están perfectamente trazadas en línea recta con hasta 60 kilómetros de longitud.

La mayoría de estas hectáreas deforestadas se utilizan para ganadería y el embalaje de la producción de los cultivos de palma. En este contexto, es donde se encuentra Matabambú Lagunas, un lugar especial y estratégico en términos de conservación ambiental y del territorio. Desde el 4 de marzo, el matrimonio hizo la solicitud formal para ser Reserva Natural de la Sociedad Civil, la cual se encuentra en la última etapa y espera recibir el aval pronto.

Las reservas naturales de la sociedad civil son “parte o todo del área de un inmueble que conserve una muestra de un ecosistema natural y sea manejado bajo los principios de sustentabilidad en el uso de los recursos naturales y que por la voluntad de su propietario se destina para su uso sostenible, preservación o restauración con vocación de largo plazo”, según Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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Aventuras en las lagunas

En Matabambú Lagunas amanece a las 5:30 de la mañana. Juan Camilo Caicedo dice que cuando el sol sale más intenso y los colores son más fuertes, los pájaros vuelan más y la hora adecuada del avistamiento es a las 6:00 de la mañana. Pero cuando el día empezó nublado, “a los pájaros les da pereza”. Se trata de un bosque inundable de 700 hectáreas y dos lagunas que suman 960 hectáreas, donde hay diversidad de especies, entre ellas pirañas (Serrasalmus rhombeus) y toninas o bufeos (Inia geoffrensis), estas últimas catalogadas como “en Peligro” por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN.

Después del tinto (café) del día, Caicedo inicia el primer recorrido para verificar que las aves hayan comido el cebo colocado estratégicamente alrededor de la casa el día anterior. Explica que hay que darles comida de manera responsable y adecuada, para no perjudicar su dieta natural.

El segundo recorrido es hacia el corral de cerdos, con la particularidad de que el alimento para ellos son las semillas que caen de las palmas africanas, gracias a un acuerdo al que llegaron con un productor local. Por detrás de la casa hay cajas donde las abejas tenían su hogar pero que se perdió por una inundación.

Unos pasos adelante está el bosque donde se hace observación de aves. Este es uno de los principales atractivos para hacer turismo de naturaleza, investigación científica u observación por hobbie. Como persona jurídica, la organización tiene el nombre de Fundación Lagunas Adventure y se ha posicionado no sólo en el país sino también a nivel latinoamericano en el avistamiento de aves. Tanto en el Global Big Day, cuando estos animales migran de norte a sur, como en el October Big Day, de este año, cuando migran de sur a norte, esta esquina de Mapiripán es el Hotspot o sitio de interés que registró los niveles más altos de Colombia con 216 aves en el primero y 146 en el segundo.

Existe un protocolo para el avistamiento y el registro de las aves en el celular con las aplicaciones de Ebird y Merlín Bird ID. Se hacen listas de las especies que pasan por allí, se fotografían, al tiempo que se camina despacio, con respeto, sin perturbar. Los observadores se comunican con la mirada, con los gestos del cuerpo, con la sonrisa.

Un lugar con un potencial de biodiversidad sorprendente

Diana y Juan Camilo evidencian el éxito de sus esfuerzos de conservación por ejemplo, en el incremento de peces en las lagunas y de águilas pescadoras (Pandion haliaetus). “Antes veíamos un águila máximo dos veces a la semana. Ahora ya vemos tres águilas todos los días cazando en la mañana, al mediodía, y al finalizar la tarde. Antes venían dos nutrias o perros de agua de manera esporádica y muy rápida, eran muy esquivos; ahora vemos seis, siete u ocho muy serenamente”, cuenta Escobar.

Mariela Osorno, bióloga, e investigadora del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (SINCHI), concuerda con el potencial gigantesco que tiene la Reserva Natural Matabambú Lagunas. Durante el segundo semestre de 2025, la experta hizo parte de la Expedición BIO al sistema lagunar y fluvial del bajo río Guayabero y alto río Guaviare – Naturaleza, Paz y Territorio -BIOGUAVIARE-.

Viajaron desde el Raudal de Angosturas, en San José del Guaviare, hasta la vereda Caño Evaristo, donde está Matabambú Lagunas. En total son ocho veredas (núcleos) donde se realizaron ejercicios de ciencia ciudadana y en los cuales las comunidades compartieron conocimientos, apoyaron actividades logísticas y participaron en procesos de monitoreo.

A lo largo del sistema lagunar y fluvial en los ocho lugares de la expedición, se documentaron especies pertenecientes a 492 familias, 1 351 géneros y una diversidad que abarca plantas, hongos, termitas, hormigas, aves, reptiles, anfibios, mamíferos grandes y pequeños, peces, macroinvertebrados, microalgas, microorganismos y bacterias.

Entre los resultados se destacan 43 especies migratorias, que usan los humedales de la zona explorada como rutas biológicas clave; 13 especies amenazadas, fundamentales para estrategias de conservación; 12 especies endémicas, exclusivas de esta región del país y 19 especies introducidas, lo que no es precisamente una buena noticia pero es información necesaria para el manejo y el control. Aunque la deforestación en estos territorios es alta, la investigadora hace énfasis en que estos ocho núcleos están muy bien cuidados “y alojan una biodiversidad muy significativa para la ciencia”.

Matabambú Lagunas es un lugar que le sorprendió a Osorno, sobre todo por su diversidad de anfibios. “Allí encontramos unas cosas realmente muy sorprendentes en términos de biodiversidad. La mayor cantidad de este territorio son bosques inundables, entonces el potencial que tienen allí es enorme”, relata.

Según la científica, este lugar “es muy bueno para avistamiento de cachirres (Caiman crocodilus) y de anfibios en paseos nocturnos”. La metodología consiste en salir de noche, desde las seis de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche. “En un recorrido sólo de tres horas, o sea, la mitad del tiempo, puedes encontrar más de 15 especies en Matabambú, al lado de la casa. Es algo sorprendente”, cuenta la experta de Sinchi.

La especie que más le sorprendió a Osorno encontrar al lado de casa, como si fuera la mascota de la pareja Caicedo Escobar, fue la Phyllomedusa vaillantii, “una rana que es absolutamente atractiva en términos de su belleza y tú la escuchas cantar y la ves caminar y trepar de un árbol a otro”.

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Acuerdos comunitarios para proteger las lagunas

La tierra donde está la reserva Matabambú Lagunas era de la familia de Juan Camilo Caicedo desde los años 80, pero por el conflicto armado se desplazaron forzadamente una década después. Mapiripán cuenta con 5866 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas y allí, en julio de 1997, el municipio fue epicentro de una masacre cometida por paramilitares que dejó cerca de 50 personas muertas y 511 familias desplazadas forzadamente.

La familia Caicedo regresó en 2019, después de un proceso de restitución de tierras y empezó un pequeño proyecto de apicultura. Desde entonces ha construido una forma y un estilo de vida donde trabajan la tierra y conservan la naturaleza. Entre 2022 y 2023 empieza la pareja empieza propiamente la consolidación de la reserva natural y el trabajo de recuperación y defensa del territorio.

Diana Escobar cuenta que Matabambú Lagunas tiene dos pilares: «El de turismo rural, sostenible, de naturaleza, y comunitario; y el de preservación, conservación de la biodiversidad, justicia, reconciliación ambiental y restauración natural”. Para poder consolidar este proyecto de protección de la naturaleza, tuvieron que entablar diálogos, conversaciones y llegar a acuerdos con sus vecinos y vecinas de la vereda Caño Evaristo, de la mano de la Junta de Acción Comunal.

Los acuerdos consisten en “no permitir la caza y la pesca predatoria, la extracción de carbón, orquídeas, y madera”. Antiguamente, antes de 2023, los recursos de esta región los utilizaban personas externas para su beneficio económico: “Se internaban tres o cuatro días a sacar bultos de pescado, bultos de carbón, bultos de orquídeas y a sacar madera de manera incontrolable. Ya uno sabía porque venían con sus mallas, sus anzuelos, sus recipientes de icopor [poliestireno expandido] grandísimos”, recuerda Escobar. Eso no volvió a suceder y por ello la restauración natural es evidente.

Turismo comunitario para proteger la naturaleza

Franklin Novoa es un joven integrante del Club de Observadores de Aves de Mapiripán (Coam). Iba a lo que hoy es la reserva a hacer avistamiento, desde antes de que la familia Caicedo regresara. Esto hizo que articulara con ellos y empezaran a proyectar este lugar para hacer turismo comunitario.

Uno de los aspectos importantes sobre la transformación del territorio, para Novoa, es quitar el estigma que tiene Mapiripán debido a sus dinámicas de violencia y conflicto armado. “El ambiente también es víctima y ahora, a través de las aves, a través de la conservación y a través de un turismo sostenible y comunitario, podemos hacer posible que las personas encuentren nuevas formas de ingresos [económicos] que no afecten el ecosistema”, dice Novoa. Desde 2019, la Jurisdicción Especial para la Paz declaró al ambiente como víctima del conflicto armado de Colombia.

La investigadora del SINCHI está de acuerdo con el joven oriundo de Mapiripán. “Para que la gente haga un turismo de naturaleza bien hecho tiene que partir de un fortalecimiento organizativo de las comunidades para que todas las personas participen con diferentes actividades”. Dentro del turismo de naturaleza, según la científica, se pueden prestar diferentes y diversos servicios, no sólo el avistamiento de aves, sino también el avistamiento de anfibios y el senderismo “pero eso requiere que las comunidades realmente se fortalezcan en torno a la actividad y se generen soluciones y no perjuicios”.

La bióloga ornitóloga y profesora de la Universidad de los Llanos, Andrea Morales, también concuerda con el gran potencial para el aviturismo y el turismo de naturaleza que tiene Matabambú Lagunas. Aunque sólo ha estado una vez en la reserva, sus estudiantes sí han ido con frecuencia, sobre todo en 2025, y por eso sabe que el lugar se ha ido transformando para realizar ejercicios de ciencia ciudadana que posteriormente le sirven a ella como investigadora.

En una estantería de la casa de Matabambú Lagunas, hay dos libros: Avicultura Colombiana y Aves del Guaviare, una explosión de colores. Diana Escobar y Juan Camilo Caicedo quieren tener uno de estos libros con las especies de aves del norte amazónico, de Mapiripán. Estuvieron en la COP16 en Cali en 2024 y en la COP30 de Belém do Pará en Brasil. Todavía siguen esperando la última fase para que Matabambú Lagunas sea constituída formalmente como Reserva Natural de la Sociedad Civil.

Mientras conversábamos en la mesa de su casa, Juan Camilo Caicedo saltó sorprendido porque un bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum) se estaba asomando en el agua. No lo podía creer, aunque una persona extraña a estas tierras no comprenda el por qué de tanta emoción. Llamó a su pareja y tomaron los binoculares para comprobar lo que estaban viendo. “Eso es otra señal de la recuperación de la laguna”, concluyó.

Imagen principal: Diana Escobar “pajareando”, en términos más técnicos, realizando avistamiento de aves y ornitología recreativa. Foto: Simón Zapata Alzate.

El artículo original fue publicado por Simón Zapata Alzate en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Bajo el agua del Santuario Marino de las Islas Darwin y Wolf, en Galápagos, grandes depredadores y otras criaturas marinas nadan sin miedo al ser humano. Cuando el científico Pelayo Salinas de León se sumerge con su traje de buzo y herramientas de observación, algunas especies incluso se acercan con curiosidad.

“Uno sabe que está en un sitio especial cuando al caer al agua ya ve tiburones y peces grandes”, dice Salinas de León, coautor de un estudio que analizó la abundancia y biodiversidad de tiburones y peces depredadores en áreas marinas protegidas del Pacífico Este Tropical (PET). Una experiencia similar se repitió cuando buceó en el Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, México; el Área Marina Protegida Isla Clipperton, Francia; y el Santuario de Flora y Fauna Malpelo, Colombia.

Estas islas oceánicas protegidas albergan algunas de las mayores concentraciones de tiburones y peces depredadores documentadas a escala mundial. Este fue uno de los principales hallazgos del estudio, que se publicó a finales de 2025 en la revista Plos One. “Esto indica que están en un estado de conservación muy bueno”, puntualiza el investigador de la Fundación Charles Darwin. Estas áreas protegidas oceánicas funcionan como una ventana al pasado que permiten ver cómo eran los océanos antes de la pesca indiscriminada, añade.

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El equipo, liderado por el científico Simon McKinley, también evaluó tres áreas marinas protegidas costeras: la Reserva Marina Galera San Francisco y la Reserva Marina Cantagallo-Machalilla, ambas en Ecuador; y la Reserva Biológica Isla del Caño, en Costa Rica. Los hallazgos aquí fueron diametralmente opuestos, pues casi no se detectaron tiburones ni peces depredadores.

“Esto sugiere que las áreas no están siendo efectivas o el estado de conservación de los ecosistemas ya está a un nivel tan reducido que no se ve el beneficio del área protegida”, explica Salinas de León.

Esta ambiciosa investigación demandó que los científicos viajen a islas que, a excepción de Galápagos, no tienen presencia humana permanente. Por eso se realizó en colaboración con el programa Pristine Seas de National Geographic, que visitó con su embarcación cada uno de estos destinos. Navegar hasta Clipperton, la isla más alejada, tomó cuatro días.

Bajo el agua y a 25 metros de profundidad, el grupo de investigadores colocó cámaras y cebos que los animales podían oler pero no comer. Así, los atrajeron para identificar las especies y el número de individuos. El equipo de video permaneció en el agua durante 100 minutos, de los cuales se analizaron 90, descartando los primeros y últimos cinco minutos para evitar perturbaciones causadas por el bote.

La biodiversidad del Pacífico Este Tropical

Sandra Bessudo, una de las investigadoras y directora de la Fundación Malpelo, explica que el Pacífico Este Tropical es una gran región que se extiende desde México hasta el norte de Perú. En esta región, las corrientes frías y cálidas se encuentran, provocando que los nutrientes suban desde las profundidades y alimenten una gran biodiversidad. “Es un sistema muy productivo, pero frágil, sensible al cambio climático y a las acciones humanas”, asegura.

La gran concentración de tiburones que confirmó el estudio se debe, sugieren los investigadores en el artículo, al aislamiento geográfico, impactos humanos reducidos y los fenómenos naturales únicos descritos por Bessudo.

Clipperton, la isla más alejada de las costas, se destacó por tener las mayores abundancias generales. Aquí, y en general en las áreas protegidas oceánicas del norte, se observaron mayores concentraciones del tiburón de punta plateada (Carcharhinus albimarginatus). Mientras tanto, en las áreas protegidas del sur, Malpelo y Galápagos, se registró mayor abundancia de tiburones martillo (Sphyrna lewini).

Los tiburones de Galápagos (Carcharhinus galapagensis) fueron comunes en casi todas las áreas protegidas. También observaron tiburones tigre (Galeocerdo cuvier), tiburones punta negra (Carcharhinus melanopterus) y tiburones oceánicos (Carcharhinus longimanus).

El hallazgo más preocupante se dio en las áreas marinas costeras. En las dos reservas ecuatorianas, los tiburones y grandes depredadores estuvieron casi ausentes, lo que sugiere que la cadena alimenticia ha sido simplificada por la sobrepesca.

En la Reserva Marina Galera San Francisco ni siquiera se detectaron teleósteos de alto orden. Estos son peces óseos modernos y complejos que ocupan niveles tróficos altos, con comportamientos y funciones ecológicas especializadas. “Muy probablemente la actividad pesquera no ha permitido que se recuperen las especies que hace muchas décadas vivían en esas zonas”, explica Salinas de León.

Mientras tanto, en la Isla del Caño, en la zona costera de Costa Rica, se encontraron mayores abundancias de peces planctívoros y herbívoros. Esta isla se distingue de las otras zonas costeras por su posición un poco más alejada de la costa y cercana al Domo de Costa Rica, una región oceánica rica en nutrientes y productividad. Además, aquí y en Clipperton hay mayor cobertura de coral vivo, una estructura que usualmente alberga mayor abundancia y diversidad que los arrecifes de roca.

Amenazas persistentes

En las islas oceánicas también se encontró una alta proporción de peces comerciales que estaban por debajo de su talla de madurez sexual, incluyendo jureles (Carangidae) y meros (Serranidae). “Este patrón es consistente con la extracción selectiva de individuos adultos, particularmente de especies de gran tamaño y crecimiento lento como tiburones y otros depredadores, que son objetivos frecuentes de la pesca ilegal”, contextualiza Bessudo.

La especialista detalla que la remoción de los adultos reduce el aporte reproductivo y deja poblaciones dominadas por juveniles, limitando su capacidad de recuperación. En el Pacífico Este Tropical, este efecto se ve amplificado, explica, por la alta conectividad y movilidad de las especies.

El tiburón martillo, la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae), la tortuga verde (Chelonia mydas) y el mero de las Galápagos (Mycteroperca olfax) son algunas de las especies migratorias que utilizan un corredor marino que existe entre el Archipiélago de Galápagos; la isla del Coco, en Costa Rica; la isla de Coiba, en Panamá; y la isla de Malpelo.

Aunque tienen resguardo dentro de las áreas marinas protegidas, Bessudo reconoce “la persistencia de una vigilancia limitada en áreas remotas”. Sin embargo, destaca que en Malpelo la pesca ilegal ha disminuido “considerablemente”. Lo atribuye a distintos esfuerzos, como la Ley Contra la Pesca Ilegal de Colombia, que desde 2018 impone a los infractores sanciones fuertes e incluso prisión.

Eduardo Espinoza, especialista en monitoreo de ecosistemas marinos de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, asegura que la institución cuenta con “uno de los mejores centros de monitoreo y vigilancia satelital en la región”. Al detectar actividades irregulares, envían al punto embarcaciones de control y vigilancia. No obstante, los mismos guardaparques han reconocido que hace falta personal y equipamiento para un control efectivo.

Bessudo insiste en que para enfrentar la pesca ilegal “se necesita más vigilancia tecnológica, cooperación regional reforzada, aplicación firme de la ley y participación activa de comunidades y organizaciones ambientales”.

En aguas internacionales y fuera de los límites de las áreas protegidas, las especies migratorias corren mayor riesgo de ser capturadas por las flotas pesqueras industriales. “Esto debilita la protección local”, reconoce Bessudo.

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Protección significativa

El estudio señala que en las últimas décadas se han creado más de 77 áreas marinas protegidas en México, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Estas varían en su nivel de protección, desde reservas de uso múltiple hasta zonas de no captura total, como Malpelo. Las áreas costeras, en oposición a las oceánicas, sufren una mayor presión debido a su proximidad con las poblaciones humanas. Sin embargo, su protección es clave.

Especies altamente migratorias dependen del buen estado de las áreas costeras, explica Espinoza, del Parque Nacional Galápagos. Por ejemplo, los tiburones martillo dan a luz en los manglares y las tortugas marinas desovan en las playas.

“Las reservas marinas siguen siendo pequeñas para proteger a especies altamente migratorias, hay que trabajar en unidades de manejo”, dice Espinoza. Adelanta que en Ecuador se está haciendo énfasis en proteger las primeras ocho millas náuticas de la zona costera, con el fin de que allí se realicen solo actividades de pesca artesanal, dejando afuera a la pesca industrial. “Esto es un aliciente”, asegura.

Para Salinas de León, la recuperación de los ecosistemas depende de medidas más drásticas. “Si uno protege una zona relativamente grande y prohíbe totalmente la pesca, muchas de estas especies se recuperarán solas; el océano tiene un poder de regeneración increíble”, dice.

De hecho, considera que la meta de proteger el 30 % del océano para 2030, establecida en el Marco Mundial Kunming-Montreal, debe contemplar la creación de áreas con protección significativa, donde no se permita ningún tipo de pesca. “Lo que demostramos aquí es que las zonas estrictamente protegidas funcionan muy bien”, insiste.

Espinoza celebra la entrada en vigencia del Tratado de Altamar, a través del cual se podrá llegar a acuerdos internacionales para proteger a los tiburones y otras especies migratorias que corren el riesgo de caer en artes de pesca de las flotas industriales cuando están fuera de las áreas protegidas.

Mientras tanto, científicos como Salinas de León y Bessudo continúan estudiando a los tiburones y otras especies que son indicadores del buen estado del océano. “El objetivo final no es entender por entender, sino usar ese conocimiento para ayudar al manejo y asegurar que tanto los tiburones como el ecosistema se recuperen a un nivel óptimo de conservación”, concluye Salinas.

REFERENCIA

McKinley, S. J., Hansen, S. F., Fierro-Arcos, D., Cundy, M. E., Mossbrucker, M., Vianna, G. M. S., Suarez-Moncada, J., Hoyos-Padilla, M., Bessudo-Lion, S., Sala, E., & Salinas-de-León, P. (2025). Relative abundance and diversity of sharks and predatory fishes across marine protected areas of the Tropical Eastern Pacific. PLoS ONE, 20 (11), e0334164. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0334164

Foto principal: tiburones punta plateada (Carcharhinus albimarginatus) captados en Revillagigedo. Foto: cortesía Pelayo Salinas de León.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El 7 de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para retirar a su país de 66 organismos internacionales, 31 de ellos vinculados a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mientras que los otros 35 son foros, agencias y acuerdos multilaterales.

En un comunicado emitido por el Departamento de Estado de la Casa Blanca se sostuvo que estas organizaciones “operan de manera contraria a los intereses nacionales, la seguridad, la prosperidad económica o la soberanía de Estados Unidos”. El documento también indica que la retirada “pondrá fin a la financiación por parte de los contribuyentes estadounidenses y su participación en entidades que promueven agendas globalistas que están por encima de las prioridades de Estados Unidos”.

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No es la primera vez que algo así sucede durante la administración de Trump. Apenas asumió su mandato, el presidente norteamericano anunció que abandonaría el Acuerdo de París y congeló los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), institución que meses después cerró oficialmente y dejó de contribuir con cientos de proyectos a nivel global. En marzo de 2025 más del 80 % de los programas de USAID fueron cancelados y para julio pasado los que aún permanecían vigentes fueron absorbidos por el Departamento de Estado.

La decisión de retirarse de los 66 organismos internacionales llega en medio de mucha tensión y controversias que rodean a la administración de Trump por su incursión en Venezuela y el anuncio de su interés por anexar Groenlandia a Estados Unidos, entre otras decisiones de política internacional.

Entre los organismos de los que se ha retirado Estados Unidos figuran varios que trabajan en temas de clima y medio ambiente, como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), el Fondo Verde del Clima (GEF) y la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA). También hay organismos internacionales dedicados a los derechos humanos, igualdad de género, construcción de la paz y desarrollo económico.

Cambios en la política mundial

“Esta decisión tiene algunas implicancias más allá de que el país simplemente se retire. Claro que va a tener una serie de repercusiones. Anotaría, en primer lugar, algo que me parece clave y fundamental: estábamos advertidos”, comenta el economista Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador, en conversación con Mongabay Latam.

Acosta recuerda que durante la primera administración de Trump, el presidente norteamericano se retiró de varias instancias relacionadas con temas ambientales y sociales. “Debemos tomar en consideración dos elementos que confluyen. Por un lado, el negacionismo sistemático de Trump sobre el cambio climático. Y por otro lado, el reordenamiento del orden internacional”.

Sobre este último punto, Acosta explica que todo orden mundial, nacional o regional parte de una lógica en la cual los más fuertes imponen “las reglas de juego”. Sin embargo, aclara  que “este orden tenía una visión que se sustentaba en lo que podríamos llamar el multilateralismo”, con ciertas reglas que eran, más o menos, respetadas por países poderosos “o al menos trataban de disimular cuando intentaban cambiar las reglas”.

En cambio, en la actualidad, dice Acosta, los cambios “se hacen sin ninguna hipocresía, sin ninguna vergüenza”. “El multilateralismo como lo conocíamos, el orden mundial como lo conocíamos, que estaba controlado por los más fuertes y Estados Unidos era uno de esos actores, está siendo sustituido por algo nuevo. Aún no sabemos qué sucederá, si los Estados Unidos tratarán de imponer unilateralmente las reglas del juego o si van a dividirse el mundo entre las grandes potencias, sobre todo con China y de alguna manera también con Rusia y quizás algún otro país”, aclara.

En cuanto a los temas ambientales, Acosta asegura que el retiro de Estados Unidos de los organismos internacionales “va a debilitar la limitada acción climática global”. “Ese es un punto medular, yo diría que es clave porque va a tener un impacto global”, asegura.

El economista afirma que los intentos del “manejo coordinado de los bienes públicos globales, como el agua, la biodiversidad, el clima, que estaban marcados bajo ciertas normativas, se va a debilitar aceleradamente”. En ese sentido menciona también la intención de la administración de Trump de intensificar la actividad petrolera, lo que significa que se “van a forzar los extractivismos porque Trump está apostando por mantener los hidrocarburos, el petróleo en particular, el carbón también, pero a la vez está buscando el acceso a las tierras raras. En ese contexto lo que estamos viendo es una ampliación de los extractivismos”.

En una entrevista con Mongabay Latam, David Obura, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) —organismo dedicado a generar conocimiento relevante sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos—, cuenta que Estados Unidos ha sido miembro fundador de IPBES, en 2012, una institución que tenía 152 países miembros hasta el retiro de este país.

“Es un país grande e importante en términos de producción científica y un gran apoyo hasta el momento. Perdemos un miembro muy comprometido y eso es importante porque significa que nuestro acceso a la ciencia estadounidense se vuelve más difícil”, comenta Obura. A ello se suma la pérdida del apoyo financiero, “que ha sido significativo, no el mayor, pero sí significativo”.

Obura también se refiere al nivel de consumo de recursos de Estados Unidos, “uno de los mayores consumidores del mundo, con la mayor economía, lo que implica también la mayor huella ambiental y climática”. Por tanto, considera que su retiro del IPBES no solo significa dejar de participar en la plataforma, sino que, “sus políticas contradicen las recomendaciones y los resultados de nuestras evaluaciones”.

Definitivamente habrá más presión, dice Obura y menciona la evaluación global de IPBES de 2019 en la que se muestra “que la mayor parte de la naturaleza está en declive”. Portanto, dice Obura, “esta decisión, que gira en torno a intereses económicos, tendrá un mayor impacto en la naturaleza porque significa un aumento de la huella ecológica y de los impactos en la naturaleza a nivel mundial, lo que dificulta que resolvamos los desafíos actuales o que los países los resuelvan”.

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El impacto ambiental

“Las implicaciones serán directas en la reducción de fondos para algunos de esos organismos en los que Estados Unidos era el mayor financiador, como es el caso de IRENA [Agencia Internacional de Energías Renovables]”, señala Silvia Calderón, directora del Instituto Ambiente Estocolmo (SEI) en Latinoamérica y ex responsable del portafolio de cambio climático y financiamiento climático en USAID, en Colombia. “Con esa reducción de fondos, seguramente quedarán detenidos proyectos que estaban en marcha. Y la segunda implicación clave será el vacío político”, asegura.

Calderón también menciona otros organismos de los que se ha retirado Estados Unidos como el IPCC, considerado “el órgano científico de máximo nivel para temas climáticos”, el IPBES, también “el más importante para temas de biodiversidad”.

De la lista, Calderón destaca el retiro de ONU Agua, “que ha sido  fundamental para establecer marcos analíticos sobre seguridad hídrica” y el IRENA como “centro de pensamiento en los temas de energías renovables”. “Todavía no vemos noticias sobre el retiro de otros órganos fundamentales para temas ambientales como el UNEP [Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente], pero obviamente no es una buena señal esta primera lista”, afirma.

La experta de SEI recuerda que cuando cesó el financiamiento de USAID el trabajo de muchos proyectos se vieron severamente impactados, como ocurrió en la Amazonía. Sin embargo, dice Calderón, una de las fortalezas de América Latina es que también cuenta con financiamiento de otros organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF).

“Si bien tenemos cierta dependencia [de Estados Unidos], hemos visto el fortalecimiento de algunas instancias, particularmente los bancos de desarrollo, y el liderazgo de los mismos países en estos organismos”, asegura.

Con esa reducción, agrega Calderón, “muchos de los actores que trabajamos y que lideramos los temas ambientales, de desarrollo, de ciencia, hemos venido ajustándonos para hacer más con menos”. Calderón agrega que “los problemas ambientales no dejan de existir o no dejan de ser cada vez más graves porque se deje de hablar de ellos”, por el contrario, comenta, “siguen existiendo”.

Sin embargo, para la experta la capacidad de dar una respuesta más eficiente y más oportuna se reduce cuando hay menos financiamiento. “Cuando se reducen las inversiones, hay un impacto doble porque se reducen los fondos para abordar un problema ambiental y además se reduce la capacidad de entenderlo y de abordarlo”.

Gladys Martínez, directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), comenta que esta decisión “va a generar desajustes financieros porque Estados Unidos contribuye con muchos tratados internacionales”.

Sin embargo, agrega Martínez, “el multilateralismo, las soluciones ambientales y los tratados internacionales están diseñados para que cuando ocurren estos cambios políticos —como el que está tomando Trump— permita pensar en cómo implementar estos acuerdos a través de políticas públicas. “Estados Unidos, por supuesto, es un contribuyente, pero los acuerdos ambientales globales tienen un respaldo de más de 90 países del mundo”.

“Quitar todo el apoyo al IPCC necesariamente va a traer consecuencias. Lo mismo va a pasar con organismos dependientes de las Naciones Unidas, como puede ser el caso de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene a su cargo la secretaría, nada más ni nada menos que del Acuerdo de Escazú”, dice Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina.

Nápoli agrega que esta decisión significa una reducción importante en el financiamiento, considerando, además, que actualmente los acuerdos tienen pocas contribuciones de los países, por lo que el sistema de las Naciones Unidas es muy importante. “En el caso ambiental es muy significativo todo lo que tiene que ver con organismos multilaterales porque es muy complejo abordar la temática ambiental desde el bilateralismo», afirma. Por eso, sostiene que siempre se apuesta fuertemente a estos convenios multilaterales para diversidad biológica y cambio climático, «que son aquellos que eventualmente pueden lograr una escala de decisiones importantísimas y cuando se retira un jugador tan importante van a sufrir”.

Anaid Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), asegura que se trata de “una acción desafortunada que seguramente marcará posturas de otros países para abandonar estos organismos, con lo cual podría debilitarse el multilateralismo”.

En cuanto a implicaciones específicas para América Latina, Velasco señala que “la salida de Estados Unidos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y del Fondo Verde para el Clima debilitará la cooperación internacional. “Partimos de una escasez de financiamiento climático en el que los mecanismos y recursos comprometidos no son suficientes. Dentro de esa falencia, el aporte de Estados Unidos era significativo, siempre entre los primeros cinco lugares de países que más aportaban. Eso debilita la cooperación internacional de estos instrumentos financieros y muchos de ellos direccionados para América Latina”.

Imagen principal: Donald Trump, durante una reunión con funcionarios de energía y ejecutivos de la industria petrolera. Foto: Casa Blanca.

El artículo original fue publicado por Yvette Sierra Praeli en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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La principal herramienta para lograr esa retadora meta es el Combustible de Aviación Sostenible (SAF, por su sigla en inglés) que se produce a partir de materias primas sostenibles, principalmente de residuos agrícolas. Una de sus grandes ventajas es que podrá reducir de manera significativa las emisiones de carbono en el transporte aéreo, sin la necesidad de modificar las aeronaves.

El verdadero reto está en poner en marcha plantas de producción que aporten a suplir la alta demanda de este combustible. Estas fábricas, por supuesto, deben cumplir con ciertas condiciones singulares para ser una realidad, además de ser lo suficientemente competitivas para hacer las inversiones que se necesitan.

Es aquí donde el Valle del Cauca juega un papel protagónico, ya que tiene las condiciones y el potencial para albergar una planta de producción de SAF en su territorio, tal y como lo destaca un reciente estudio de prefactibilidad para determinar la viabilidad de implementación de una planta de SAF en el Valle del Cauca, adelantado por la Unión Europea a través de su programa Global Gateway, en el marco del proyecto de apoyo a la implementación de los ODS en Colombia.

Johan Martínez, consultor en bioenergía y quien junto a Edgar Castillo hace parte del equipo consultor que adelantó el estudio, explica que el documento es un primer paso para que el mundo se dé cuenta de esa enorme posibilidad de inversión en el Valle del Cauca. El departamento tiene todos los elementos para la producción de SAF, pero es necesario que todos los actores se alineen para sacar el proyecto adelante.

El estudio —primero en su tipo en tener un enfoque regional— hace un minucioso recorrido sobre las condiciones y el potencial del Valle del Cauca para albergar una planta de SAF, analizando variables como disponibilidad de materias primas, la ruta tecnológica más idónea para la transformación de esos insumos, los actores involucrados en la cadena de valor, así como las condiciones para que el proyecto sea rentable.

“La implementación de una planta de SAF en el Valle del Cauca es técnicamente factible y estratégicamente atractiva. Sin embargo, su viabilidad económica depende de la creación de un marco de incentivos y una gobernanza efectiva”, concluye el estudio de la Unión Europea. Una excelente noticia, sin duda, que nos anima a acelerar los esfuerzos para hacerla realidad.

Referentes para la producción de hidrógeno verde

Ya en el Valle del Cauca estamos viendo avances significativos que reafirman el interés de países europeos en el potencial que tiene nuestra región para la producción de alternativas energéticas y de movilidad más sostenibles. Tal es el caso de Alemania, que ha puesto sus ojos en el Valle del Cauca como parte de sus apuestas en hidrógeno verde.

De hecho, desde este año, Cali se convirtió en sede de una nueva oficina de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán), entidad que trabaja en proyectos orientados a promover el desarrollo sostenible a nivel global, fortaleciendo alianzas y soluciones que contribuyen al bienestar económico, social y ambiental.

A esa buena noticia, se suma la visita del Dr. Carsten Rolle, jefe del Departamento de Política Energética y Climática de la Confederación de Industrias Alemanas (BDI) y secretario General del Comité Alemán del Consejo Mundial de Energía (WEC), en el marco del cierre del curso formativo de hidrógeno que impartió el proyecto Catalhyst, apoyado por la cooperación alemana y el BDI.

Desde Invest Pacific estamos en la completa disposición de seguir haciendo equipo con todos estos aliados internacionales para acompañar los proyectos que están haciendo del Valle del Cauca un referente y un destino idóneo para el asentamiento de iniciativas que aportan a la descarbonización del planeta, en armonía con la biodiversidad y el medio ambiente.

Todo esto, como parte de la narrativa ‘Valle Verde’, que lideramos en conjunto con la Gobernación del Valle y el ecosistema productivo de la región, y que nos ha impulsado a estrechar relacionamiento con organismos multilaterales y actores estratégicos que también están viendo las oportunidades que ofrece nuestra región. Invito a quienes estén interesados en conocer los pormenores del estudio de SAF en el Valle del Cauca, entregado por la Unión Europea, a hacer clic aquí para conocer sus detalles.

*Por Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.