John Plamenatz.

A los dos años de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño está claro que allí no se encuentra el epicentro del poder político nacional y que su transitorio huésped oficial está muy lejos de ser el hombre más poderoso de Colombia. Seguramente por lo anterior al presidente Petro no le gusta estar encerrado y menos atrapado en la Casa de Nariño. Allí se siente como un rehén del poder constituido y lo que realmente lo desvela y apasiona es el poder constituyente. Por eso su impuntualidad incorregible a la mayoría de compromisos oficiales. Parece más obsesionado en intentar ser puntual con el poder del pueblo y la historia, que se expresa en giros retóricos tan exagerados como afirmar que “en dos años hemos hecho una revolución”. También ha dicho en varias ocasiones que los aposentos de la Casa de Nariño son fríos y fantasmales, meros fetiches del poder político y social real, que acaso lo reflejan en sus paredes como falsas sombras de la china. De ese poder que, como líder político antes de ser presidente, conoce y sabe muy bien que se encuentra disperso en la sociedad y que por su esencia es cambiante, dinámico y siempre objeto de disputa emocional en las calles, las plazas y en vastos espacios rurales, marginados y sufridos, que hoy controlan múltiples y antagónicos actores armados ilegales. Ese poder ubicuo, que está al mismo tiempo en todas partes y es tan inasible como encausable, es el poder constituyente. Un poder formado por millones de rostros anónimos que, como presidente, quisiera poner en la primera línea de la historia. De allí su ambivalencia y ambigüedad entre la Asamblea Nacional Constituyente y el Poder Constituyente, espejismos que le impiden gobernar eficazmente. También, su enorme dificultad para reconocerse como la cabeza del poder constituido, es decir, presidente de la República y su empeño en convertirse en el líder histórico y providencial que va a redimir en el poder constituyente al pueblo colombiano, en su mayoría excluido y marginado por el poder institucional del País Político. Un poder testaferro del poder económico legal concentrado en pocas manos y del ilegal que irriga todos los mercados, en especial el de las campañas electorales, que al parecer también infiltró la suya. Por todo lo anterior, la figura de Gustavo Petro Urrego es enigmática, desconcertante y muchas veces incomprensible, objeto de amores incondicionales y de odios viscerales. Es la esfinge –“en la mitología griega, monstruo fabuloso representado generalmente como una leona alada con cabeza y pecho de mujer, que planteaba enigmas irresolubles e indescifrables” — del poder político nacional. Una esfinge que tiene rasgos de muchos rostros presidenciales y líderes políticos que lo han antecedido, como López Pumarejo, Jorge Eliecer Gaitán, Belisario Betancur y hasta Álvaro Gómez Hurtado. Vale la pena, así sea sucintamente, detenerse en algunos de esos rasgos y perfiles, para intentar descifrar esa esfinge política que encarna Gustavo Petro Urrego como presidente de la República y líder del Pacto Histórico. Pero ello demandará varios Calicantos. En este comenzaré por la figura de Alfonso López Pumarejo[1], presidente de Colombia entre 1934-38 y 1942-45, con quien tiene en común su espíritu reformista y progresista, guardando la distancia de sus respectivas épocas, ambas internacionalmente convulsas e inciertas. Hoy ignoramos hacia donde pueden llevarnos conflictos y guerras actuales como las de Ucrania y el genocidio del pueblo palestino en Gaza, Cisjordania y el reciente asesinato en Irán del líder político de Hamás, con quien se negociaba la libertad de cientos de rehenes, lo que puede desatar catástrofes humanitarias irreversibles e irreparables con repercusiones en todo el mundo, como aconteció durante la segunda guerra mundial entre 1939-45.

Rasgos sobresalientes de Petro como esfinge política de López Pumarejo

Sin duda, el primer rasgo procede del entonces presidente Alfonso López Pumarejo y su proyecto histórico de la “Revolución en Marcha”[2], quien intento a través de reformas inconclusas, como la política, agraria y laboral, modernizar a Colombia, cuya obra quedó trunca por la oposición virulenta y violenta de intereses privilegiados y sectarismos políticos de ultraderecha que aún subsisten. El paralelo con el actual proyecto de “Colombia, potencial mundial de la vida”, no deja de ser sorprendente, como puede verse en el siguiente informe oficial de los logros sociales alcanzados  en estos dos años: https://www.presidencia.gov.co/AvanzandoEnDignidad/index.html. Con la diferencia de que los desafíos actuales de Petro son mayores y casi insuperables, pues no dependen solo de su liderazgo nacional, como sucede con su principal y ambiciosa bandera de la “Paz Total”. Una paz que está naufragando en ríos de sangre por la codicia y los intereses ilegales de sus principales actores armados, como el llamado Clan del Golfo o “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”[3], cuyos cabecillas son solicitados en extradición por los Estados Unidos; la criminalidad del Estado Mayor Central de las Farc[4], sumadas a las dificultades actuales en las conversaciones de paz con el ELN. De tal suerte que el sometimiento y la desarticulación del Clan del Golfo tendrá que concertarse con el poder del Norte –principal consumidor de cocaína– además de vencer en el Congreso la oposición maniquea y oportunista de un establecimiento político nacional corroído por ese poder ilegal, como lo demostró la parapolítica y el Informe Final de la Comisión de la Verdad[5]. Un asunto “interméstico”[6], pues la “Paz Total” no depende solo de decisiones domésticas, sino de la superación de políticas internacionales como el prohibicionismo y la “guerra contra las drogas”, que geopolíticamente son funcionales a los intereses del Norte. Un desafío mucho mayor que el enfrentado por López Pumarejo, quien reconoció al final de su vida que: “Si la obra quedó trunca, el edificio inconcluso y frustradas muchas esperanzas, la culpa fue de quienes no seguimos avanzando y no de las masas, que instintivamente nos reclamaban nuevas reformas” (El Tiempo, noviembre 21 de 1959). Se comprende, entonces, porque la obsesión de Petro con el poder constituyente y su gusto por la política en las calles y no en la Casa de Nariño. Una Casa que desde hace muchos años se ha convertido en un edificio carcomido por la corrupción y el crimen, como también sucede en el Congreso. Una Casa en donde se han tomado decisiones tan funestas como la operación devastadora del Palacio de Justicia y de gran parte de la cúpula del poder judicial el 6 y 7 de noviembre de 1985 –¡en defensa de la democracia, Maestro! según el Coronel Plaza Vega[7]– sin olvidar el ingreso a los aposentos presidenciales de innumerables delincuentes, como alias Job[8], “asesor político de Don Berna”[9] y la temible oficina de Envigado. Una Casa de Nariño en donde se urdieron estrategias ilegales como la Yidispolítica[10] para cambiar un “articulito” de la Constitución y permitir la reelección presidencial de Álvaro Uribe Vélez que llevó a la cárcel a sus ministros de Justicia y Salud, Sabas Pretelt y Diego Palacio[11], y hoy es nuevamente el epicentro del escándalo de la UNGRD que compromete gravemente al entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Con razón López Pumarejo, quien conoció por dentro el monstruoso establecimiento político, social y económico que presidió, sentenció: “Me inclino a creer que la historia de Colombia podría interpretarse como un proceso contra sus clases dirigentes, las cuales se han sentido en todo tiempo dueñas de preparación y de capacidades superiores a las que han demostrado tener en el manejo de los negocios públicos; y pienso, además, que si se engañan sobre su propio valor, atribuyéndose virtudes que no poseen en el grado que ellas pretenden, su equivocación reviste trágicos caracteres cuando desconocen que muchos de los defectos que esas clases atribuyen al pueblo colombiano son producto del abandono implacable a que este ha vivido sometido”. Y, habría que añadir, al pésimo ejemplo que han dado al frente del Estado, administrándolo como si fuera una extensión de sus haciendas y empresas privadas, subordinando el interés público a los intereses particulares. Juicio de López Pumarejo que de alguna manera suscribe el presidente Petro con su pugnacidad sin límite en su cuenta “X” contra los dirigentes empresariales a quienes no cesa de criticar y hacerlos responsables del bloqueo a sus reformas sociales porque los considera cancerberos inexpugnables de privilegios económicos. Otro rasgo sobresaliente que incorpora Petro a su compleja e indescifrable identidad de esfinge política, proviene de Jorge Eliécer Gaitán y su dicotómica e irreconciliable distinción entre el País Político y el País Nacional, que abordaré en el próximo Calicanto, por obvias razones de espacio y consideración con el tiempo de todos.

[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_L%C3%B3pez_Pumarejo

[2] https://www.comisiondelaverdad.co/la-revolucion-en-marcha

[3] https://insightcrime.org/es/noticias-crimen-organizado-colombia/urabenos-perfil/

[4] https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/estado-mayor-central-asi-funciona-internamente-disidencias-de-farc/

[5] https://www.elespectador.com/colombia-20/informe-final-comision-de-la-verdad/hallazgos-de-la-comision-de-la-verdad-el-narcotrafico-esta-insertado-en-el-regimen-politico/

[6] https://www.resdal.org/producciones-miembros/art-bobea-jun-2011.pdf

[7] https://www.youtube.com/watch?v=mt9HvpTusFM

[8] https://caracol.com.co/radio/2015/06/30/judicial/1435663620_829721.html

[9] https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Fernando_Murillo

[10] https://es.wikipedia.org/wiki/Yidispol%C3%ADtica

[11] https://www.elcolombiano.com/colombia/sabas-pretelt-y-diego-palacio-fueron-condenados-por-cohecho-YE1723991

Uno de los puntos presentados por el presidente Petro para invocar una Asamblea Nacional Constituyente es el atinente a la organización territorial. Debo reiterar, que siempre he planteado la necesidad de una gran reforma constitucional para la cuestión territorial en Colombia, y sobre esto hablaré más adelante. Otra cosa es si estamos en el momento oportuno. Pero vuelvo a la propuesta del presidente Petro, un poco extraña, ya que no suelen ser presentadas por los líderes del poder tan beneficiados por el centralismo en América Latina y el mundo –-reitero mi crítica a la salida de madre de régimen presidencial. ¿O será para mayor centralización ante las voces disonantes de algunos/as gobernadores/as? ¿O para responder a las peticiones  de muchas voces clamando más autonomía territorial, principio territorial tan limitado y conservador, muy en el marco del Estado unitario establecido por la Constitución Política de 1991? Quisiera pensar en esta segunda arista, una que lea desde “la geografía de la esperanza”, pues así como está – la cuestión territorial- no construye vida en los territorios bajo criterios de dignidad. Pero hay mucha tela que cortar sobre este tema tan complejo.

Eso de presidencialismo y territorio es tensionante en el marco de Estado unitario, pero también en uno federal. Para la muestra: las provincias argentinas frente al señor Milei,  la contención de los estados de Brasil frente al señor Bolsonaro en plena pandemia, o incluso, la de los estados de Estados Unidos frente al señor Trump. Aunque Venezuela no suele ser el mejor ejemplo, allá hablamos de un federalismo unitario, así de contradictorio este régimen autoritario que de descentralización y de autonomía local más bien poco. Así las cosas, la nominación de la forma de Estado no es suficiente para garantizar autonomía y democracia local: unitarios, regionales o federales, todos cargan sus pecados.

Así que invocar una Asamblea Constituyente para el tema territorial no es descabellado. Y no es descabellado porque este asunto es de alto calado constitucional, nada más ni nada menos que la distribución del poder en el territorio; un tema tan importante que suele quedar plasmado en el componente de principios. Para el caso de la Constitución Política de 1991: autonomía, descentralización, democracia, pluralismo y el eterno Estado unitario que apenas ha tenido un interregno plasmado, entre otras cosas, en las constituciones de 1858 y 1863; un período satanizado por la literatura regeneradora y conservadora que impulsó la constitución centralista de 1886 y que llevó a la actual situación de debilidad de los territorios, un asunto que no ha podido superar el texto político de 1991. Y que no va a superar, con tantos miedos en materia de territorio que se leen en todo el texto constitucional y la carga centralista que cunde.

El tema territorial suele estar en cada una de las constituciones en diversas partes, y de manera especial en la denominada constitución orgánica; reitero que es una asunto de poder que tiene impacto en varias ramas del poder público, por ejemplo, la legislativa. Pero incluso hay todo un capítulo titulado “de la organización territorial” y otro, sobre el dinero para sostener el modelo, que en nuestro caso aparece en el título XII relacionado con el Régimen Económico y de la Hacienda Pública.

Pues el constituyente, cuando funge como originario en el marco de una Asamblea, define nada más ni nada menos que el modelo de la organización territorial: federal, unitario, regional o autonómico y todas las mixturas posibles sobre esta temática. El ejemplo mayor de mixtura lo encontramos en la definición de la forma de Estado de Bolivia, la cual se lee así:

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

O también la primera apuesta que hizo la convención constitucional chilena –la progresista– de ser un Estado regional, eso sí de carácter único e indivisible junto al reconocimiento de territorios especiales y la organización en regiones y comunas autónomas. Pues esta última no gustó mucho, más cuando Chile ha tenido una tradición centralista desconcentrada que apenas ha tenido un cambio democrático bajo el gobierno de Bachelet –todavía cunden Francia, Napoleón y hasta don Pinochet en ese modelo territorial. En fin, asuntos de gran calado que no podrían ser pensados en clave de constituyente derivado y que solamente serían posibles de intervenir mediante una gran Asamblea Constituyente.

Pero el modelo y los principios apenas serían una parte; la otra estaría dada en repensar la organización territorial como tal: por ejemplo, departamentos sí, pero no así; nacieron para desconcentrar, aunque a la vuelta de unos años ya tienen peso en el camino, cuántos más o cuántos menos –geógrafos y sociólogos más que economistas para este análisis; jugar a la región, pero sin la burla de los últimos treinta años y el modelo afrancesado que adoptamos para impulsarla (suma de departamentos); provincias ¿sí o no? O las pensamos como una simple figura administrativa –toda una traición a Fals Borda en este asunto– ¿más o menos municipios? Mejor repensar esa figura municipal, lo rural, la geografía violentada y del abandono. O avanzar mucho más en el tema del pluralismo: municipios campesinos, municipios indígenas, municipios afro, palenqueros y más -esto les asusta mucho- y para el asunto de los territorios indígenas, repensar esta limitada autonomía territorial. Ni pensar en sacar el tema de los recursos que sabemos suelen quedar en el centro o en una que otra ciudad generando un desequilibrio territorial de la madona.

Federalismo sí, pero no como lo quieren los departamentos ricos, todo pa’ ellos y ¿los demás qué?, como lo decía Darío Restrepo, director de la Comisión de Descentralización DNP:

si cada departamento se queda con las rentas directas que recauda en su jurisdicción (impuesto de renta y al patrimonio), el resultado inevitable es un dramático aumento de las desigualdades socio territoriales; los territorios periféricos –Vaupés, Guanía, San Andrés, Amazonas, Guaviare, Vichada, Arauca, Putumayo, Casanare y Caquetá– solo recaudarían $4,5 billones de más, es decir 11 veces menos que los departamentos desarrollados .

Las desigualdades ya están a la orden del día, y este Estado unitario centralista es bien culpable del asunto que se refleja en las diferencias en la calidad de vida, el desarrollo de proyectos de vida, precariedad o presencia del Estado social de Derecho en los territorios, en la salud, el derecho de las mujeres, niños, niñas y población vulnerable, en el acceso al crédito público, a la educación, a agua potable y saneamiento básico, y hasta en la posible esperanza de vida. Nacer en Bogotá –en el norte de Bogotá– no es lo mismo que nacer en la Amazonía. Deberíamos tener las mismas oportunidades, tocaría leer las diferencias y construir una asimetría territorial de discriminación positiva para lograr la construcción del Estado social de Derecho en toda la geografía.

De pensar en federalismo, las lógicas asimétricas, plurales y de equidad territorial tendrán que primar. De lo contrario, sería una organización blanqueada y centralizada con un bonito título para discriminar más.

Una decisión de este calado es de Asamblea Nacional Constituyente. ¿Pero el centro estará dispuesto a ceder? ¡Lo dudo! Lo veo dispuesto a maquillar el Estado unitario e irnos así por unos 30 o 50 años más –para eso no se necesita Asamblea. Apenas hay que pensar en una reforma al sistema general de participaciones que se puede hacer por Acto Legislativo, o una que otra reforma constitucional de mediano calado, para lo que un Acto Legislativo también les queda de maravilla; una reforma a la LOOT o una nueva LOOT, que siga jugando a la asociatividad territorial y que poco puede hacer frente a la autonomía territorial que ya está diseñada en el texto constitucional; una revisión del estatuto tributario; una Ley orgánica para los territorios indígenas –-no todos los pueblos la conciben igual, ojalá logren acuerdos, de los que denominan fondos de compensación y actualización de códigos. Todo esto en mi criterio es de bajo calado o intensidad –algo así como hagámonos pasito—y se puede hacer en el marco de lo que tenemos sin necesidad de invocar el constituyente originario. Muy conservador todo esto, pero todo apunta para ese norte.

En fin, si nos embarcamos en el asunto de una Asamblea para transformar el modelo territorial, pues que sea en serio, no como lo que pasó en Chile para echarnos para atrás y volver al punto de partida. Recuerden que el centro no suelta en este país y no lo ha hecho por siglos. Otra vez no veo el palo para cerezas. ¡Desafortunadamente el centralismo mata! pero creo que nadie está preparado para dar este debate más allá de sus bolsillos-centro/territorios o individualidades de poder o territoriales.

Nota: Agradecimiento a mi primera lectora, Margarita Suárez Mantilla.

El escenario institucional, económico y social de finales del siglo XX en toda América Latina era más complejo que el actual. Los indicadores de pobreza estaban más marcados y muchos de los países de la región apenas eran proyectos políticos fallidos. Colombia no era la excepción, con una geografía dividida entre guerrillas ya bien creciditas para la época, autodefensas o inicio del paramilitarismo o paraestado, narcotráfico enquistado en toda la sociedad y la institucionalidad, corrupción endémica y más.

En medio de tal caótico escenario, la institucionalidad, las élites junto con un significativo impulso estudiantil y social y el pueblo lograron acuerdo para la construcción de un nuevo texto constitucional que ha tenido éxito en los últimos 30 años, a pesar de albergar un sin número de contradicciones entre Estado social de Derecho, mercado, neoliberalismo, privatización, derechos humanos, antro y ecocentrismo y más. Un texto que a la vuelta de 30 años ha cambiado mucho, al igual que el país político, hoy más institucionalizado y fuerte. Pero el punto de inicio en medio de la crisis estuvo dado en el auge del constitucionalismo democrático, vientos de libertad y de derechos humanos en el mundo. Un escenario bien distinto al de esta fase actual del siglo XXI: populista, polarizado, derechizado, autoritario y de constitucionalismo abusivo hasta de los mismos proyectos progresistas y alternativos: regresión democrática.

Es importante recordar que otros países de América Latina también se dieron a la tarea de construir una nueva fase constitucional a finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, identificadas por algunos/as como de constitucionalismo democrático o nuevo constitucionalismo; procesos marcados por lógicas democráticas en principio, marca originaria del constituyente y algo o un poco de pluralidad, muy diferentes a aquellos procesos constitucionales impulsados hasta por los mismos dictadores –caso chileno, por ejemplo –  o grupos de élite -caso Argentina – muy propios de la marca autoritaria o elitista del constitucionalismo del siglo XX.

En fin, un halo de optimismo constitucional que permitió superar la historia autocrática y la marca espantosa de las dictaduras del Cono Sur y de los viejos modelos de construcción constitucional tan poco vinculados al poder popular y al ambiente plural de una Asamblea Nacional Constituyente o del constituyente primario. Colombia será un buen ejemplo de democracia constitucional, aunque su texto final no fue sometido a refrendación popular y la práctica nuevamente ha estado en manos de las mismas élites de siempre hoy bien acomodadas y negadas a impulsar transformación en clave de distribución de riqueza y buen vivir para millones de colombianos/as que aún no han conocido en la práctica el concepto de la dignidad.

Así como Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia fueron otros procesos constituyentes significativos, estos tres últimos ya con mecanismos de refrendación popular de salida, aunque la práctica política nuevamente llevó a escenarios de corrupción y hasta de autoritarismo, y más identificado como dictadura para el caso de Venezuela. Tremendo desperdició histórico para constituciones en su momento progresistas y plurales que se han venido minado por las lógicas extractivistas, racistas, capitalistas, patriarcales, sexistas, autoritarias y más. Aún así, desde una perspectiva comparada, procesos constituyentes dignos de analizar y revisar. Significativa mención al mejoramiento de los niveles de vida en todas estas últimas décadas en Colombia, Ecuador y Bolivia.

Para el caso de Colombia, la Constitución de 1991 ya no es la misma, ha tenido más de 55 reformas constitucionales vía acto legislativo o de constituyente derivado – el Congreso de la República, un mecanismo posible establecido por el mismo texto constitucional. Otra opción planteada por el texto político para una reforma constitucional es la de referendo, también en clave de constituyente derivado, tan peligrosa cuando de asuntos populistas estamos hablando, una figura debidamente estudiada por la Corte Constitucional (Sentencia C-141 de 2010) cuando a manera de control declaró la inexequibilidad de la Ley 1354 de 2009, por medio de la cual se convocaba un referendo constitucional y se sometía a consideración del pueblo un proyecto de reforma constitucional que daba viabilidad a la segunda reeleción del expresidente Uribe. Una decisión soportada en el principio de separación de poderes, igualdad, pesos y contrapesos, la teoría de la sustitución de la constitución y otros asuntos que han marcado la jurisprudencia constitucional tanto de Colombia como del mundo.

Y el tercer mecanismo señalado por el artículo 374 para la reforma constitucional es el de una Asamblea Nacional Constituyente, el mismo que ahora invoca el presidente Petro en Colombia, ante el bloqueo que percibe frente a la implementación de su agenda social, la mayoría fundamental para la Constitución del Estado social de Derecho en la geografía que ha sido abandonada. Pero la propuesta, como es obvio por el tono, las formas y las condiciones políticas constitucionales tanto en Colombia como en el mundo, no ha gustado nada. Primero, es de alta complejidad en su implementación; si no ha logrado calar en el Congreso para la aprobación de las reformas sociales, tampoco logrará consenso para esta nueva batalla que pretende soportar con lo que el denomina poder popular. Segundo, el mecanismo en estos momentos de crisis democrática mundial está desprestigiado, tocará volver a revisar con lupa esto de los procesos constitucionales. Chile no pudo con las versiones de constituciones de izquierda ni de derecha, las cuales sucumbieron en el proceso de refrendación y dejaron al país en el mismo escenario del estallido social que en algún momento volverá. Tercero, el mecanismo es de alta complejidad tanto desde el punto de vista político como formal: 1. Ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra Cámara para disponer que el pueblo en votación popular decida sobre la convocatoria de una Asamblea; 2. Revisión de la Ley por parte de la Corte Constitucional y con los márgenes de tiempo y de autonomía que esto implica; 3. Superado el control constitucional, la aprobación popular del instrumento democrático que deberá ser de cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral –-unos trece millones aproximadamente (censo electoral de 40.292.068 votantes potenciales); 4. Elección directa de los integrantes de Asamblea; 4. Suspensión del Congreso para reformar la Constitución y así sucesivamente. A ese ritmo, los afanes presidenciales no dan. Sería mejor impulsar el famoso Acuerdo Nacional y volver al inicio del gobierno con una marca más plural.

El palo no está para cerezas, y todas estas salidas dan argumentos para retrasar la negociación y la deliberación de toda la agenda política, social y económica que no puede faltar en estos dos años que quedan de gobierno.

Nota 1: En tiempos democráticos normales, añoraría un proceso constituyente. A diferencia de muchos, no hago de la Constitución de 1991 un fetiche. Muchos temas se deben intervenir a fondo; por ejemplo, el de la organización territorial que sigue al albur del centralismo de marras. Y por supuesto, como constitucionalista feminista, le agregaría la fuerza para que las mujeres sean realmente unas sujetas políticas respetables en este país que las ha vulnerado por siglos, y así… Pero el palo no está para cerezas –ni para cucharas.

Nota 2: Como siempre, agradecimiento total a mi primera lectora y correctora: Margarita Suárez Mantilla.